(1)

El Reglamento (UE) 2019/1009 establece las normas sobre la comercialización de los productos fertilizantes UE. Estos productos contienen materiales componentes de una o varias de las categorías enumeradas en el anexo II de dicho Reglamento.

(2)

De conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/1009, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 con el fin de adaptar el anexo II al progreso técnico. Con arreglo al artículo 42, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/1009, leído en relación con el artículo 6 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la Comisión puede incluir, en las categorías de materiales componentes, materiales que dejen de ser residuos tras una operación de valorización, si dichos materiales van a utilizarse para finalidades específicas, existe mercado para estos materiales o hay demanda para ellos y su uso no vaya a generar efectos adversos globales para el medio ambiente ni para la salud humana.

(3)

El Centro Común de Investigación de la Comisión («JRC») ha identificado determinados materiales de elevada pureza que podrían obtenerse a partir de la valorización de residuos y utilizarse como materiales componentes en los productos fertilizantes UE (3).

(4)

Los materiales de elevada pureza identificados por el JRC son los siguientes: sales de amonio, sales de sulfato, sales de fosfato, azufre elemental, carbonato cálcico y óxido de calcio. Todos estos materiales entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), tienen una importante demanda en el mercado y han demostrado su alto valor agronómico durante su largo historial de uso en el campo.

(5)

Como primera medida para garantizar tanto la seguridad como la eficiencia agronómica, debe fijarse un requisito de pureza mínima de los materiales de elevada pureza. Con arreglo a la información disponible en el informe de evaluación del JRC, un 95 % de pureza, expresada en términos de materia seca del material, garantizaría una alta eficiencia agronómica y unos bajos riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad. Aunque para algunos materiales este elevado grado de pureza se ha fijado en niveles más ambiciosos que los exigidos en el Reglamento (CE) n.o 2003/2003, se considera que este mayor grado de pureza puede alcanzarse sobre la base de las prácticas existentes.

(6)

Además, conviene especificar que los materiales de elevada pureza se valorizan a partir de residuos mediante dos tipos de procesos: procesos que aíslan sales u otros elementos mediante (una combinación de) métodos de purificación avanzados, como la cristalización, el centrifugado o la extracción líquido-líquido, que se aplican con frecuencia en la industria (petro)química; y procesos de depuración de gases o de control de emisiones diseñados para eliminar los nutrientes de los gases de salida.

(7)

Por tanto, sobre la base del informe de evaluación del JRC, debe limitarse el contenido de carbón orgánico o de determinadas impurezas, patógenos o contaminantes específicos de esos materiales. Estos criterios deben aplicarse junto con los criterios de seguridad establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1009 para la categoría funcional de productos correspondiente, y sin perjuicio del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(8)

Por tanto, deben establecerse valores límite adicionales para los contaminantes talio y cromo total. Algunos de los materiales de elevada pureza pueden contener tales contaminantes como resultado de las materias primas utilizadas y los procesos a partir de los cuales se han obtenido. Los valores límite propuestos para estos contaminantes deben garantizar que el uso de productos fertilizantes UE que contengan materiales de elevada pureza no dé lugar a su acumulación en el suelo. Además, deben introducirse requisitos sobre el contenido de patógenos para todos los productos fertilizantes UE que se compongan de materiales de elevada pureza, o los contengan, dada la amplia variedad de procesos de los que podrían obtenerse y flujos de residuos permitidos como materias primas. Los valores límite tanto para los contaminantes como para los patógenos deben determinarse como concentración en el producto final, de forma similar a los requisitos establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1009, debido a que los criterios de seguridad introducidos en respuesta a cualquier riesgo particular identificado se refieren, por regla general, al producto final y no a un material componente. De este modo, también se facilita la vigilancia del mercado de dichos productos, ya que los ensayos deben realizarse únicamente con el producto final.

(9)

Además, deben establecerse criterios de seguridad adicionales para limitar el contenido de dieciséis hidrocarburos aromáticos policíclicos 16 (HAP16) (6) y de policlorodibenzo-p-dioxinas y policlorodibenzofuranos (PCDD/PCDF) (7). El Reglamento (UE) 2019/1021 establece reducciones de las emisiones de HAP16 y PCDD/PCDF como sustancias producidas involuntariamente durante los procesos de fabricación, pero no introduce un valor límite en tales casos. Habida cuenta de los elevados riesgos que genera la presencia de tales contaminantes en los productos fertilizantes, se considera apropiado introducir requisitos más estrictos que los establecidos en dicho Reglamento. Dichos valores límite deben establecerse a nivel de los materiales componentes y no como concentración en el producto final, a fin de velar por la coherencia con el Reglamento (UE) 2019/1021.

(10)

Estos valores límite pueden no ser pertinentes para que todos los materiales de elevada pureza deban incluirse como nueva categoría de materiales componentes. Por consiguiente, los fabricantes deben tener la posibilidad de presumir la conformidad del producto fertilizante con un requisito determinado sin verificación previa, como la realización de pruebas, siempre que el cumplimiento de dicho requisito se derive cierta e indiscutiblemente de la naturaleza o del proceso de valoración del material de elevada pureza en cuestión o del proceso de fabricación del producto fertilizante UE.

(11)

Como medida de seguridad adicional, los materiales de elevada pureza deben registrarse sobre la base del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), en las condiciones extensivas ya establecidas en el Reglamento (UE) 2019/1009 para las sustancias químicas en otras categorías de materiales componentes. Esto debe garantizar que los fabricantes tengan en cuenta el uso como producto fertilizante cuando lleven a cabo la evaluación del riesgo con arreglo a dicho Reglamento y que el registro se realice también para materiales de tonelaje reducido.

(12)

Además, algunos de los materiales de elevada pureza pueden estar disponibles en los mercados locales en cantidades que excedan la demanda. A fin de garantizar que en el mercado exista demanda de materiales de elevada pureza y que su almacenamiento a largo plazo en condiciones que distan de ser óptimas no cause efectos negativos para el medio ambiente, procede limitar el período de tiempo durante el cual pueden utilizarse como materiales componentes de productos fertilizantes UE una vez producidos. Debe exigirse a los fabricantes que firmen la declaración UE de conformidad para el producto fertilizante UE que contenga dicho material dentro de ese plazo.

(13)

Basándose en lo expuesto, la Comisión concluye que los materiales de elevada pureza, si se producen de conformidad con las normas de valorización propuestas en el informe de evaluación del JRC, aseguran la eficiencia agronómica en el sentido del artículo 42, apartado 1, párrafo primero, letra b), inciso ii), del Reglamento (UE) 2019/1009. Además, cumplen los criterios establecidos en el artículo 6 de la Directiva 2008/98/CE. Por último, si cumplen los demás requisitos del Reglamento (UE) 2019/1009 en general, y en su anexo I en particular, no presentan ningún riesgo para la salud humana, animal o vegetal ni para la seguridad o el medio ambiente, en el sentido del artículo 42, apartado 1, párrafo primero, letra b), inciso i), de dicho Reglamento. Estos materiales también tendrían una finalidad útil, puesto que sustituirían a otras materias primas utilizadas en la producción de productos fertilizantes UE. Por tanto, los materiales de elevada pureza obtenidos mediante valorización deben incluirse en el anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009.

(14)

Además, dado que los materiales de elevada pureza pueden considerarse residuos valorizados en el sentido de la Directiva 2008/98/CE, deben quedar excluidos de las categorías de materiales componentes 1 y 11 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/1009, de conformidad con el artículo 42, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento.

(15)

Algunos de los materiales de elevada pureza pueden contener selenio, que puede ser tóxico si está presente en alta concentración. Algunos también pueden contener cloruro, lo que puede suscitar preocupación en relación con la salinidad en el suelo. Cuando dichas sustancias estén presentes en concentraciones que superen un determinado límite, su contenido debe indicarse en la etiqueta para que los usuarios del producto fertilizante estén debidamente informados. Procede modificar el anexo III del Reglamento (UE) 2019/1009 en consecuencia.

(16)

Es importante garantizar que, cuando los productos fertilizantes contengan materiales de elevada pureza, estén sujetos a un procedimiento adecuado de evaluación de la conformidad que incluya un sistema de calidad evaluado y aprobado por un organismo notificado. Por tanto, es necesario modificar el anexo IV del Reglamento (UE) 2019/1009 a fin de establecer una evaluación de la conformidad adecuada para tales productos fertilizantes.

(17)

Dado que los requisitos de los anexos II y III del Reglamento (UE) 2019/1009 y los procedimientos de evaluación de la conformidad del anexo IV de dicho Reglamento deben aplicarse a partir del 16 de julio de 2022, es preciso aplazar la aplicación del presente Reglamento hasta esa misma fecha.

1)

El anexo II se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.

2)

El anexo III se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento.

3)

El anexo IV se modifica de conformidad con el anexo III del presente Reglamento.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/2116 establece las normas básicas relativas, entre otras cosas, al sistema integrado de gestión y control (en lo sucesivo, «sistema integrado») y a la aplicación y el cálculo de las sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del nuevo marco jurídico, deben adoptarse determinadas normas para completar lo dispuesto en dicho Reglamento en los ámbitos referidos.

(2)

Las normas sobre el sistema integrado y la aplicación y el cálculo de las sanciones administrativas en relación con la condicionalidad deben garantizar un sistema eficaz de control de las normas que los Estados miembros y los beneficiarios han de aplicar en el marco de la política agrícola común (PAC) y, por tanto, deben establecerse en un único acto delegado. Estas nuevas normas deben sustituir las disposiciones pertinentes del Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 de la Comisión (2).

(3)

En particular, deben establecerse normas para completar determinados elementos no esenciales del Reglamento (UE) 2021/2116 en relación con el funcionamiento del sistema integrado a que se refiere el artículo 65 de dicho Reglamento; normas sobre las evaluaciones de calidad a que se refieren el artículo 68, apartado 3, el artículo 69, apartado 6, y el artículo 70, apartado 2, de dicho Reglamento; normas sobre el sistema de identificación de parcelas agrícolas a que se refiere el artículo 68 de dicho Reglamento y normas detalladas sobre la aplicación y el cálculo de las sanciones administrativas en relación con la condicionalidad a que se refiere el artículo 85 del mismo Reglamento.

(4)

El sistema de identificación de parcelas agrícolas debe proporcionar información valiosa, completa y fiable que sea pertinente para la elaboración de informes sobre los resultados de las políticas y contribuya a la eficacia de las intervenciones basadas en la superficie y que ayude a los beneficiarios a presentar debidamente las solicitudes de ayuda. Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, es necesario establecer normas que aclaren los requisitos técnicos que los Estados miembros deben cumplir y la forma de estructurar y actualizar la información disponible.

(5)

A fin de que los Estados miembros puedan detectar de manera proactiva posibles deficiencias del sistema integrado y adoptar, en su caso, las medidas correctoras oportunas, procede establecer normas sobre la evaluación anual de la calidad del sistema de identificación de parcelas agrícolas, del sistema de solicitud geoespacial y del sistema de monitorización de superficies. La experiencia adquirida en la evaluación de calidad del sistema de identificación de parcelas agrícolas con arreglo al Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 ha demostrado la notable utilidad de las orientaciones técnicas desarrolladas por la Comisión. Dichas orientaciones técnicas ayudan a los Estados miembros a aplicar una metodología adaptada para realizar sus evaluaciones. Dada la importancia de las evaluaciones de calidad para que el sistema integrado funcione correctamente y ofrezca datos fiables y verificables en el informe anual de rendimiento, la Comisión debe ayudar a los Estados miembros de manera similar a realizar las evaluaciones de calidad contempladas en el Reglamento (UE) 2021/2116.

(6)

Las evaluaciones de calidad deben valorar si el sistema integrado cumple su objetivo de proporcionar información fiable y completa, que sea pertinente para la presentación de informes anuales de rendimiento, tal como se exige en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2116, en particular el número correcto de hectáreas para la producción y la proporción correcta de superficies para los indicadores de resultados de las intervenciones basadas en la superficie. Ello requerirá combinar los resultados pertinentes de la evaluación de calidad del sistema de monitorización de superficies y del sistema de solicitud geoespacial para evitar sobreestimar el impacto causado por aquellas zonas en las que hayan concurrido tanto errores de medición como decisiones incorrectas sobre las condiciones de subvencionabilidad. Para ello, la verificación de la superficie declarada en la evaluación de calidad del sistema de solicitud geoespacial debe basarse en la misma muestra de parcelas que las examinadas en la evaluación de calidad del sistema de monitorización de superficies.

(7)

Además, la evaluación de calidad del sistema de monitorización de superficies debe garantizar que los resultados sean comparables entre los Estados miembros, independientemente de que se pueda posponer la implantación de un sistema de monitorización de superficies plenamente operativo. Por consiguiente, esta evaluación de calidad debe abarcar todas las intervenciones basadas en la superficie y las correspondientes condiciones de subvencionabilidad, independientemente de que el Estado miembro decida no disponer de un sistema de monitorización de superficies plenamente operativo hasta el 1 de enero de 2024, tal como se contempla en el artículo 70, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/2116. La evaluación de la calidad del sistema de monitorización de superficies debe proporcionar información diagnóstica, en relación tanto con las intervenciones como con las condiciones de subvencionabilidad, a partir de la cual los Estados miembros deberán adoptar, en su caso, las medidas correctoras adecuadas.

(8)

En aras de la claridad y con el fin de establecer una base armonizada para el cálculo y la aplicación de las sanciones administrativas en relación con la condicionalidad, es necesario establecer definiciones comunes y principios generales en materia de incumplimiento.

(9)

El Reglamento (UE) 2021/2116 establece que las sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad deben establecerse teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Por consiguiente, las reducciones y exclusiones deben modularse en función de la gravedad del incumplimiento y llegando hasta la exclusión total del beneficiario de todos los pagos y ayudas a que se refiere el artículo 83, apartado 1, letras a), b) y c), de dicho Reglamento en caso de incumplimiento intencionado. Con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los beneficiarios, procede establecer un plazo para la aplicación de sanciones administrativas.

(10)

El artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/2116 establece que el cálculo de la sanción administrativa en el marco de la condicionalidad debe efectuarse sobre la base de los pagos concedidos o por conceder al beneficiario de que se trate respecto de las solicitudes de ayuda o de pago que se hayan presentado o presenten en el transcurso del año natural en el que se haya producido el incumplimiento. Por lo tanto, con el fin de garantizar el vínculo entre el comportamiento del agricultor y la sanción y garantizar la igualdad de trato a todos los agricultores, conviene establecer que, cuando el mismo incumplimiento se produzca de forma continuada a lo largo de varios años naturales, se aplique una sanción administrativa y se calcule para cada año natural en el que pueda determinarse que se ha producido el incumplimiento.

(11)

Con el fin de garantizar que las sanciones administrativas puedan aplicarse e imputarse de manera efectiva, procede establecer que, cuando en el año natural de constatación, la sanción supere el importe total de los pagos concedidos o que vayan a concederse al beneficiario o el beneficiario no presente una solicitud de ayuda, la sanción se aplicará o imputará mediante recuperación.

(12)

De acuerdo con el artículo 85, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/2116, independientemente de que se detecte un incumplimiento a través del sistema de monitorización de superficies u otros medios, no se impondrán sanciones administrativas cuando el incumplimiento no intencionado no tenga consecuencias o estas sean insignificantes para la consecución del objetivo de la norma o requisito de que se trate. Dado el carácter menor de los incumplimientos que no tienen consecuencias o que tienen consecuencias insignificantes para la consecución del objetivo de la norma o requisito en cuestión, y con el fin de reducir la carga administrativa, dichos incumplimientos no deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la reiteración o persistencia de un incumplimiento.

(13)

De acuerdo con el artículo 85, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/2116, si un Estado miembro utiliza el sistema de monitorización de superficies para detectar casos de incumplimiento, puede decidir aplicar un porcentaje de reducción inferior. Procede fijar un porcentaje mínimo de reducción.

(14)

Deben establecerse normas para el cálculo de las sanciones administrativas por incumplimientos reiterados durante el mismo año natural.

(15)

A fin de garantizar una transición armoniosa de las disposiciones previstas en el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), se considera procedente establecer normas transitorias sobre la aplicación del artículo 104, apartado 1, párrafo segundo, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2021/2116, para evitar costes y cargas administrativas excesivos en relación con la condicionalidad y los controles de ecocondicionalidad aplicados a los beneficiarios que reciban pagos por superficie en virtud tanto de un plan estratégico de la PAC, con arreglo al Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), como de un programa de desarrollo rural en el marco del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), hasta el 31 de diciembre de 2025. Para ello debe considerarse que los controles de la condicionalidad en relación con la superficie abarcan también los controles de la ecocondicionalidad a que se refiere el artículo 96 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013. Esto se justifica por el hecho de que las normas de condicionalidad aplicables a los pagos por superficie son generalmente más estrictas que las normas de ecocondicionalidad, tanto en lo que respecta a las obligaciones como a las sanciones. Por lo tanto, puede presumirse que se respetan las normas de ecocondicionalidad si el beneficiario cumple las obligaciones establecidas en las normas de condicionalidad. No obstante, si los controles de la condicionalidad revelan incumplimientos, el Estado miembro ya no puede presumir que se cumple la ecocondicionalidad y debe efectuar, por tanto, los controles a que se refiere el artículo 96 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 y, en este contexto, aplicar las normas sobre el cálculo y la aplicación de sanciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento.

(16)

En interés de la claridad y la seguridad jurídica, el Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 de la Comisión debe ser derogado. No obstante, este debe seguir aplicándose a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023, a las solicitudes de pago presentadas en relación con las medidas de ayuda aplicadas en el marco del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 y al sistema de control y sanciones administrativas en relación con las normas de ecocondicionalidad.

(17)

Visto el artículo 104, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 106 del Reglamento (UE) 2021/2116, el presente Reglamento debe aplicarse a las intervenciones iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 y realizadas en virtud del Reglamento (UE) 2021/2115.

(18)

Por último, a tenor del apartado 31 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, la Comisión considera que existe un vínculo material entre las delegaciones de poderes del Reglamento (UE) 2021/2116 en lo que respecta a las normas sobre el sistema integrado y la aplicación y el cálculo de las sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad, y que existe una interconexión entre ellas. Por consiguiente, procede establecer dichas normas en el mismo acto delegado.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/2116 establece normas básicas, en particular las relativas a la obligación de los Estados miembros de proteger los intereses financieros de la Unión y de elaborar informes sobre el rendimiento de las políticas. A fin de garantizar el buen funcionamiento del nuevo marco jurídico, procede adoptar ciertas normas sobre los informes de evaluación de la calidad de tres elementos (el sistema de identificación de parcelas agrícolas, el sistema de solicitud geoespacial y el sistema de monitorización de superficies) del sistema integrado de gestión y control («sistema integrado») y las medidas correctoras correspondientes, los requisitos aplicables a las solicitudes de ayuda y el sistema de monitorización de superficies, el marco rector de la adquisición de datos de satélite a efectos del sistema de monitorización de superficies y los controles de las organizaciones interprofesionales autorizadas en relación con el pago específico al cultivo del algodón. Las nuevas normas deben sustituir las disposiciones pertinentes del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión (2).

(2)

Los informes de evaluación de calidad del sistema de identificación de parcelas agrícolas, del sistema de solicitud geoespacial y del sistema de monitorización de superficies deben ser exhaustivos para que permitan evaluar la fiabilidad de la información generada por estos elementos del sistema integrado. El contenido de estos informes también debe permitir concluir si está suficientemente garantizada la calidad de la información utilizada en relación con la obligación de los Estados miembros de presentar informes de rendimiento sobre los indicadores de realización y resultados de las intervenciones basadas en la superficie gestionadas en el marco del sistema integrado. Por lo tanto, estos informes deben contener, en particular, información sobre el trabajo realizado en el marco de la evaluación de calidad, las deficiencias detectadas, así como información de diagnóstico sobre las posibles causas profundas de dichas deficiencias. Más concretamente, los informes deben recoger información sobre los datos e imágenes utilizados para las evaluaciones de calidad, así como los resultados de las pruebas realizadas. La experiencia adquirida en los intercambios de información entre los Estados miembros y la Comisión sobre la evaluación de la calidad del sistema de identificación de parcelas agrícolas ha demostrado que el uso de sistemas electrónicos de información específicos es especialmente útil. A fin de facilitar el trabajo de los Estados miembros y su comunicación con la Comisión, conviene seguir utilizando y desarrollando dichos sistemas de información, según proceda, para los informes de las tres evaluaciones de calidad previstas en el Reglamento (UE) 2021/2116.

(3)

Con el fin de cumplir su objetivo de proporcionar datos fiables para el informe anual de rendimiento, deben combinarse los resultados de las tres evaluaciones de calidad, especialmente los del sistema de solicitud geoespacial y los del sistema de monitorización de superficies, para estimar el error de superficie de los datos notificados sobre los indicadores de realización y de resultados derivados de deficiencias de los sistemas. Procede establecer normas sobre las medidas correctoras que puedan resultar necesarias para subsanar las deficiencias en un plazo determinado. Además, los informes elaborados sobre los años 2024 y 2026 deben permitir verificar que el sistema de monitorización de superficies está correctamente implantado en todos los Estados miembros y que la implementación gradual del sistema de monitorización de superficies ha logrado cubrir todas las condiciones de subvencionabilidad y las intervenciones que pueden ser monitorizadas. Para ello, los informes deben incluir una lista de todos los criterios de admisibilidad para todas las intervenciones por superficie en el marco del sistema integrado, junto con información sobre las fuentes de datos utilizadas para el análisis.

(4)

Los Estados miembros deben establecer un sistema fiable y moderno para gestionar las solicitudes de ayuda, que permita la comunicación por medios electrónicos y funcione en un ciclo anual. Los Estados miembros deben tener en cuenta las posibilidades de simplificación para los beneficiarios y la Administración nacional, por ejemplo disponiendo que una solicitud pueda englobar varias intervenciones o varios beneficiarios que presenten una solicitud conjunta, o que se considere una solicitud por explotación en un año determinado en caso de transferirse esa explotación. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta gestión de las intervenciones cuando varios organismos pagadores sean responsables del mismo beneficiario.

(5)

Los Estados miembros deben aprovechar las ventajas de la digitalización utilizando, por norma general, medios electrónicos para todas las comunicaciones con los beneficiarios. Por otra parte, en aras de una mayor simplificación, los Estados miembros deben, en la medida de lo posible, obtener la información necesaria para gestionar las intervenciones de las fuentes de datos a disposición de la Administración pública.

(6)

A fin de facilitar el proceso de presentación de las solicitudes de ayuda, los Estados miembros deben facilitar formularios precumplimentados que incluyan toda la información pertinente y actualizada para los beneficiarios. Los Estados miembros deben prevenir las irregularidades permitiendo que se modifiquen los formularios precumplimentados y previendo avisos orientativos que ayuden al beneficiario a detectar posibles incumplimientos y a cumplimentar debidamente la solicitud. Los Estados miembros deben tener en cuenta las modificaciones introducidas por los beneficiarios para actualizar la información de las bases de datos de la Administración nacional. En aras de la igualdad de trato entre beneficiarios, si un Estado miembro decide utilizar el sistema de solicitud automática, dicho sistema debe garantizar el mismo nivel de detalle que el exigido para la solicitud de ayuda en virtud del presente Reglamento.

(7)

Las solicitudes de ayuda en el marco del sistema integrado deben proporcionar, en la medida de lo posible, toda la información necesaria para una gestión adecuada y fiable de las intervenciones correspondientes y para la correcta notificación de los indicadores de realización y de resultados. Para gestionar adecuadamente las intervenciones, los beneficiarios deben seguir siendo los responsables de la solicitud de ayuda presentada, de modo que puedan asumir incuestionablemente todos los derechos y responsabilidades conexos.

(8)

Para prevenir irregularidades, debe permitirse modificar o retirar las solicitudes de ayuda dentro de un plazo determinado. Cuando todos los beneficiarios de una intervención determinada están cubiertos por controles administrativos o por el sistema de monitorización de superficies, no es necesario el efecto disuasorio de las sanciones. Por lo tanto, deben permitirse las modificaciones o la retirada de solicitudes en cualquier momento en un determinado plazo, necesario para la correcta gestión de las intervenciones. Sin embargo, no deben permitirse las modificaciones o la retirada de solicitudes relacionadas con incumplimientos de las condiciones de subvencionabilidad no monitorizables detectadas por fuentes distintas del sistema de monitorización de superficies y de los controles administrativos. En otras situaciones, no debe permitirse la posibilidad de efectuar modificaciones o de retirar una solicitud cuando el beneficiario haya sido informado de un control sobre el terreno previsto o cuando dicho control, efectuado sin previo aviso, ya haya detectado irregularidades. Además, en aras de la fiabilidad de la información necesaria para las intervenciones contempladas en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) en relación con el ganado bovino, ovino y caprino, el plazo para introducir modificaciones debe fijarse de manera que se permitan cambios en la solicitud de ayuda y actualizaciones en la base de datos informática de animales antes de la fecha fijada por el Estado miembro para el cumplimiento de los requisitos de identificación y registro.

(9)

Los Estados miembros deben garantizar que la solicitud geoespacial incluya la información necesaria para gestionar las intervenciones basadas en la superficie en el marco del sistema integrado y, en la medida necesaria, las intervenciones basadas en la superficie en el sector vitivinícola y para los requisitos de condicionalidad. Debe facilitarse una lista no exhaustiva de los elementos de la solicitud geoespacial para ofrecer orientaciones útiles a los Estados miembros. Por lo que se refiere a la información sobre el uso de productos fitosanitarios que debe facilitar el beneficiario cuando sea pertinente para una intervención en el marco del sistema integrado para el que se solicita ayuda de la política agrícola común (PAC), los Estados miembros podrán decidir utilizar esa información en relación con la obligación de registro del uso de dichos productos a que se refiere el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(10)

Para la adecuada gestión de las intervenciones basadas en los animales, deben establecerse ciertas normas sobre el contenido de las correspondientes solicitudes de ayuda. A fin de garantizar la transparencia y la igualdad de trato entre los beneficiarios, también debe puntualizarse que, cuando se utilice un sistema de solicitud automática, todos los animales que el beneficiario posea y puedan optar potencialmente a una ayuda en el marco de una intervención determinada deben considerarse declarados para esa intervención.

(11)

El Reglamento (UE) 2021/2116 introdujo el sistema de monitorización de superficies como elemento obligatorio del sistema integrado. A fin de garantizar que esta obligación se aplique correctamente y de manera uniforme, el sistema de monitorización de superficies debe tener el mismo ámbito en todos los Estados miembros y abarcar, por tanto, todos los beneficiarios y todas las intervenciones basadas en la superficie gestionadas en el marco del sistema integrado y todas las condiciones monitorizables. Debe darse prioridad a la automatización del análisis de datos en el marco del sistema de monitorización de superficies para contribuir al objetivo transversal de modernización de la PAC. Por estas razones, debe ampliarse paulatinamente el número de condiciones de subvencionabilidad que pueden considerarse monitorizables con los datos de los satélites Sentinel de Copernicus u otros datos con valor al menos equivalente. A tal efecto, los Estados miembros deben velar por que en 2023 y 2024, todas las condiciones de subvencionabilidad que puedan considerarse monitorizables mediante el tratamiento automático de datos de los satélites Sentinel de Copernicus sean objeto del sistema de monitorización de superficies. No obstante, los Estados miembros pueden decidir si estas condiciones de subvencionabilidad monitorizables se gestionan realmente mediante el tratamiento de los datos de los satélites Sentinel de Copernicus o de otros datos con valor al menos equivalente. Cuando las condiciones de subvencionabilidad no puedan considerarse monitorizables a través de los datos de los satélites Sentinel de Copernicus, los Estados miembros podrán decidir gestionarlas mediante el tratamiento de otros datos con valor al menos equivalente o considerarlos no monitorizables. A partir de 2025, los Estados miembros deben garantizar que todas las condiciones de subvencionabilidad que puedan considerarse monitorizables mediante el tratamiento automático de los datos de los satélites Sentinel de Copernicus o de fotografías geoetiquetadas se integren en el sistema de monitorización de superficies. No obstante, teniendo en cuenta el esfuerzo y las inversiones necesarios para incluir las fotografías geoetiquetadas como datos con valor al menos equivalente para el sistema de monitorización de superficies, debe concederse a los Estados miembros un período para llevar a cabo la labor preparatoria necesaria. Por este motivo, los Estados miembros deben garantizar que las condiciones de subvencionabilidad que puedan considerarse monitorizables mediante fotografías geoetiquetadas se vayan incorporando gradualmente a lo largo del período de programación. Este esfuerzo debe garantizar un ritmo de progresión constante a partir de 2025. Los Estados miembros deben decidir anualmente qué condiciones de subvencionabilidad pueden considerarse monitorizables mediante fotos geoetiquetadas. Además, para facilitar a los Estados miembros la integración de esta nueva tecnología en el sistema de monitorización de superficies, los Estados miembros deben, como mínimo, incorporar al sistema de monitorización de superficies un porcentaje de intervenciones cuyas condiciones de subvencionabilidad puedan considerarse monitorizables únicamente por fotografías geoetiquetadas antes del 1 de enero de 2027. Los Estados miembros deben tener flexibilidad para decidir qué intervenciones, que cuenten al menos con una condición de subvencionabilidad que vaya a ser monitorizada por fotografías geoetiquetadas en el marco del sistema de monitorización de superficies, incluirán en el porcentaje. No obstante, en su decisión, los Estados miembros deben velar por que todas las intervenciones por superficie sean objeto del sistema de monitorización de superficies, tal como exige el artículo 70 del Reglamento (UE) 2021/2116.

(12)

Además, debe establecerse un conjunto común de requisitos para garantizar que las superficies objeto de una intervención no incluyan tierras o usos no admisibles ni hayan experimentado cambios de categoría de superficie agrícola que puedan afectar al análisis de las condiciones de subvencionabilidad específicas de la intervención utilizando el sistema de monitorización de superficies. A lo largo de todo el año de solicitud, estos requisitos deben evaluarse en relación con las condiciones de subvencionabilidad de las intervenciones incluidas en una solicitud de ayuda determinada para permitir un análisis posterior significativo por el sistema de monitorización de superficies. El uso de la tierra debe evaluarse dentro de una zona delimitada para determinar si, sobre la base de una solicitud de ayuda determinada y de la intervención de que se trate, se ha producido el comportamiento espacial o temporal esperado. Al desarrollar el sistema de monitorización de superficies, los Estados miembros deben aprovechar plenamente su potencial utilizando la información disponible para actualizar el sistema de identificación de parcelas agrícolas y comunicarse con los beneficiarios a fin de permitir modificaciones de las solicitudes de ayuda. Cuando el Estado miembro deba informar al beneficiario de incumplimientos evidenciados en los resultados del sistema de monitorización de superficies, por la presencia de superficies no admisibles o usos de la tierra no admisibles, la información sobre el incumplimiento debe comunicarse tan pronto como se detecte, de manera que el beneficiario tenga la posibilidad de modificar la solicitud de ayuda lo antes posible y de que el análisis del sistema de monitorización de superficies vuelva a realizarse de manera significativa y en tiempo oportuno. También debe aclararse cómo se lleva a la práctica la posibilidad de una implantación gradual del sistema, especificando las intervenciones que se vayan a cubrir en 2023.

(13)

Para que el sistema de monitorización de superficies pueda cubrir todas las condiciones de subvencionabilidad de la totalidad de las intervenciones por superficie gestionadas en el marco del sistema integrado, que pueden monitorizarse con los datos de los satélites Sentinel de Copernicus u otros datos de valor al menos equivalente, es preciso ampliar los tipos de datos y definir las normas que garanticen su equivalencia con los datos obtenidos por satélite. Para evitar brechas en los esfuerzos de modernización de los Estados miembros, las fotografías geoetiquetadas deben considerarse datos con valor al menos equivalente a efectos del sistema de monitorización de superficies.

(14)

Es necesario establecer normas específicas para definir un procedimiento objetivo y eficaz de adquisición de datos de satélite para el sistema de monitorización de superficies.

(15)

Para una gestión adecuada de las intervenciones relativas al algodón, deben establecerse normas sobre el contenido de los controles de las organizaciones interprofesionales autorizadas que realizan los Estados miembros.

(16)

Por motivos de claridad y seguridad jurídica, procede derogar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión. No obstante, este debe seguir aplicándose a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023 y a las solicitudes de pago presentadas en relación con las medidas de ayuda aplicadas en el marco del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(17)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de los Fondos Agrícolas, el Comité de la Política Agrícola Común y el Comité de la Organización Común de Mercados Agrícolas.

a)

la forma y el contenido de los elementos siguientes, así como las disposiciones aplicables a su transmisión a la Comisión o puesta a disposición de esta:

b)

las características básicas y normas del sistema de solicitudes de ayuda en el marco del artículo 69 del Reglamento (UE) 2021/2116 y del sistema de monitorización de superficies a que se refiere el artículo 70, incluidos los parámetros del incremento gradual del número de intervenciones en el marco del sistema de monitorización de superficies;

c)

el procedimiento aplicable a la adquisición de datos de satélite a que se refiere el artículo 24 del Reglamento (UE) 2021/2116 con el fin de cumplir los objetivos asignados;

d)

el marco regulador de la adquisición, la mejora y el empleo de los datos de satélite y los plazos aplicables; y

e)

un sistema de control de las organizaciones interprofesionales autorizadas en relación con el pago específico al cultivo del algodón a que se refiere el título III, capítulo II, sección 3, subsección 2, del Reglamento (UE) 2021/2115.

a)

las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023;

b)

las solicitudes de pago presentadas en relación con las medidas de ayuda ejecutadas en el marco del Reglamento (UE) n.o 1305/2013;

c)

el sistema de control y las sanciones administrativas en relación con las normas de ecocondicionalidad.

(1)

La experiencia adquirida con la ejecución del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión (2) ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar pequeñas modificaciones en las modalidades de aplicación de determinadas normas básicas comunes.

(2)

Conviene aclarar, armonizar o simplificar determinadas medidas detalladas de seguridad aérea con el fin de mejorar la claridad jurídica, normalizar la interpretación común de la legislación y garantizar aún más la mejor aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea. Además, se ha hecho necesario llevar a cabo algunas modificaciones en consonancia con la evolución del panorama de amenazas y riesgos, y con los últimos cambios en el funcionamiento de los aeropuertos y las compañías aéreas, la tecnología y la política internacional. Tales modificaciones se refieren a la seguridad de los aeropuertos, el transporte seguro y protegido de armas de fuego a bordo, la formación del personal, la seguridad de la carga y el correo aéreos, los proveedores conocidos de suministros de aeropuerto, la verificación de antecedentes, los perros detectores de explosivos (EDD) y las normas de detección de los arcos detectores de metales.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en consecuencia.

(4)

Dado que los miembros de las tripulaciones de vuelo y de cabina que apliquen medidas de seguridad durante el vuelo necesitan un período razonable para poder seguir la formación establecida en el punto 38) del anexo del presente Reglamento, la aplicación de este punto debe aplazarse hasta el 1 de enero de 2023.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 300/2008.

(1)

Las sustancias 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona/oxibenzona (n.o CAS 131-57-7), a la que se ha asignado el nombre de benzophenone-3 en la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI), y éster 2-etilhexílico del ácido 2-ciano-3,3-difenilacrílico/octocrileno (n.o CAS 6197-30-4), a la que se ha asignado el nombre de octocrylene en la INCI, están actualmente autorizadas como filtros ultravioleta en productos cosméticos e incluidas en las entradas 4 y 10, respectivamente, del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1223/2009.

(2)

Ante las preocupaciones en torno a las posibles propiedades de alteración endocrina de la benzophenone-3 y del octocrylene cuando se usan como filtros ultravioleta en productos cosméticos, en 2019 se realizó una petición de datos. Las partes interesadas presentaron pruebas científicas para demostrar la seguridad de la benzophenone-3 y del octocrylene como filtros ultravioleta en productos cosméticos. La Comisión pidió al Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC) que llevara a cabo una evaluación de la seguridad de ambas sustancias a la luz de la información facilitada.

(3)

Sobre la base de la evaluación de la seguridad y teniendo en cuenta las preocupaciones relacionadas con las posibles propiedades de alteración endocrina de la benzophenone-3, el CCSC concluyó en su dictamen de los días 30 y 31 de marzo de 2021 (2) que la benzophenone-3 no es segura para el consumidor cuando se usa como filtro ultravioleta en la concentración actual de hasta el 6 % en productos de protección solar, ya sea en forma de cremas corporales o aerosoles de protección solar de propulsión o de bombeo.

(4)

El CCSC concluyó además que la benzophenone-3 es segura para el consumidor cuando se usa como filtro ultravioleta en una concentración de hasta un 6 % en cremas faciales, cremas de manos y barras de labios, y que el uso de benzophenone-3 en una concentración de hasta un 0,5 % en productos cosméticos para proteger la formulación cosmética es seguro para el consumidor.

(5)

El CCSC también constató que el uso de benzophenone-3 como filtro ultravioleta es seguro para el consumidor en una concentración de hasta un 2,2 % en cremas corporales, aerosoles de propulsión y aerosoles de bombeo, siempre que no haya un uso adicional de benzophenone-3 al 0,5 % en la misma formulación para proteger la formulación cosmética. Asimismo, llegó a la conclusión de que, cuando la benzophenone-3 también se usa al 0,5 % en la misma formulación, los niveles de benzophenone-3 usada como filtro ultravioleta no deben superar el 1,7 % en cremas corporales, en aerosoles de propulsión y en aerosoles de bombeo.

(6)

Por lo que respecta a la sustancia octocrylene, el CCSC concluyó en su dictamen de los días 30 y 31 de marzo de 2021 (3), sobre la base de la evaluación de la seguridad y teniendo en cuenta las preocupaciones relacionadas con sus posibles propiedades de alteración endocrina, que el octocrylene es seguro como filtro ultravioleta en una concentración de hasta un 10 % en productos cosméticos cuando se usan individualmente.

(7)

El CCSC también constató que el uso de octocrylene es seguro para un uso combinado de cremas o lociones de protección solar, aerosoles de protección solar de bombeo, cremas faciales, cremas de manos y barras de labios en una concentración de hasta un 10 %, pero que el uso de octocrylene en concentraciones iguales o superiores al 10 % en aerosoles de protección solar de propulsión no es seguro para su uso combinado. El CCSC consideró que el uso de octocrylene en estos productos es seguro cuando su concentración no supera el 9 %, para su uso combinado con cremas faciales, cremas de manos o barras de labios que contienen un 10 % de octocrylene.

(8)

A la luz de los dictámenes del CCSC, puede concluirse que existe un riesgo potencial para la salud humana derivado del uso de benzophenone-3 y octocrylene como filtros ultravioleta en productos cosméticos en las concentraciones actualmente autorizadas. Por consiguiente, el uso de benzophenone-3 y octocrylene debe limitarse a las concentraciones máximas propuestas por el CCSC.

(9)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 en consecuencia.

(10)

Conviene conceder a la industria períodos de tiempo razonables para que se adapte a los nuevos requisitos, en particular mediante la introducción de los ajustes necesarios en las formulaciones de productos a fin de garantizar que solo se introduzcan en el mercado los productos cosméticos que cumplan los nuevos requisitos. También debe permitirse un período de tiempo razonable para que la industria retire los productos que no cumplan dichos requisitos.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Productos Cosméticos.

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683 de la Comisión (2), mediante plantillas de la ficha de características, de los certificados de homologación de vehículo individual UE y de los certificados de conformidad en formato impreso, establece un formato normalizado de los documentos utilizados para la homologación de tipo de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.

(2)

Es preciso modificar las plantillas de las fichas de características, que figuran en los anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683, para tener en cuenta los nuevos requisitos introducidos mediante el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y los actos reguladores adoptados con arreglo a este.

(3)

Para poder adoptar un enfoque coherente en lo que concierne a la numeración de los certificados de homologación, también es necesario modificar el sistema de numeración establecido en el anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683 de manera que refleje el desarrollo normativo con arreglo al Reglamento (UE) 2019/2144.

(4)

Procede también actualizar la referencia al Reglamento (UE) 2019/2144 en el anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683, en el que se establece el modelo de la marca de homologación de tipo UE de componentes y unidades técnicas independientes.

(5)

El Reglamento (UE) 2019/2144 exige que los vehículos nuevos estén equipados con sistemas de seguridad avanzados, en particular el sistema de emergencia de mantenimiento del carril, el asistente de velocidad inteligente, los sistemas de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor y el registrador de datos de incidencias. Es conveniente exigir que el certificado de conformidad indique qué sistemas están instalados en el vehículo. Por consiguiente, es necesario añadir las entradas pertinentes en las plantillas del certificado de conformidad en formato impreso establecidas en el anexo VIII del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/683 en consecuencia.

(7)

Para que las autoridades de homologación, las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades de matriculación de los Estados miembros, así como los fabricantes, dispongan del tiempo suficiente para aplicar las modificaciones del certificado de conformidad en formato impreso en sus sistemas respectivos, debe aplazarse la fecha de aplicación del anexo V.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Técnico sobre Vehículos de Motor.

1)

El anexo I se modifica de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.

2)

El anexo II se modifica de conformidad con el anexo II del presente Reglamento.

3)

El anexo IV se modifica de conformidad con el anexo III del presente Reglamento.

4)

El anexo V se modifica de conformidad con el anexo IV del presente Reglamento.

5)

El anexo VIII se modifica de conformidad con el anexo V del presente Reglamento.