(1)

La reciente agresión militar por parte de la Federación de Rusia contra Ucrania y el conflicto armado que está ocurriendo han cambiado radicalmente la situación en materia de seguridad en Europa. Como consecuencia de dicha agresión militar, la Unión, en particular sus regiones orientales, se enfrenta a una importante afluencia de personas. Esto supone un reto adicional en un momento en el que las economías de los Estados miembros todavía están recuperándose del impacto de la pandemia de COVID-19.

(2)

Los Estados miembros ya están en condiciones de financiar una amplia gama de inversiones en el marco de sus programas de la política de cohesión para hacer frente a los retos que plantea la migración, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), incluso con cargo a los recursos adicionales que tienen a su disposición como Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. Las medidas pueden abarcar inversiones en los ámbitos de la inclusión social, la salud, la educación, el empleo, la vivienda y la atención a la infancia, y pueden consistir, entre otras, en inversiones en infraestructura, regeneración de zonas urbanas desfavorecidas, medidas para reducir el aislamiento físico y educativo de los migrantes, y la creación de empresas. Los Estados miembros pueden reorientar recursos no utilizados en el marco de sus programas para hacer frente a tales retos migratorios. Además, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) puede utilizarse para proporcionar alimentos y asistencia material básica a las personas, incluidos los nacionales de terceros países, afectadas por la agresión militar por parte de la Federación de Rusia.

(3)

Si bien los recursos adicionales disponibles en el marco de REACT-UE ya son objeto de cierta flexibilidad en sus disposiciones de ejecución, es necesario que el uso de los recursos del FEDER, el FSE y el FEAD procedentes del marco financiero plurianual de 2014-2020 sea más flexible. Habida cuenta de la urgencia con la que debe hacerse frente a los retos migratorios resultantes de la agresión militar de la Federación de Rusia contra Ucrania, los gastos de las operaciones destinadas a hacer frente a dichos retos deben ser subvencionables a partir de la fecha en que se inició dicha agresión militar. Por otro lado, debe incrementarse la flexibilidad en el modo de utilizar el FEDER y el FSE para tales operaciones, de manera que los fondos disponibles en los programas puedan utilizarse rápidamente, siempre que la operación de que se trate esté en consonancia con el programa operativo, tal como haya sido modificado en su caso. Esta flexibilidad debe añadirse a las posibilidades de financiación complementaria de las operaciones ya previstas. También deben introducirse disposiciones simplificadas para comunicar datos sobre los participantes en dichas operaciones.

(4)

A fin de garantizar que las personas afectadas puedan beneficiarse sin demora de la ayuda del FEAD, conviene permitir a los Estados miembros que modifiquen determinados elementos de los programas operativos financiados por el FEAD, sin que sea necesario que la Comisión adopte una decisión.

(5)

La ayuda prestada en el marco de la política de cohesión debe ser complementaria, en particular, de las acciones financiadas en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración, a fin de obtener el mayor provecho de los fondos disponibles.

(6)

Los Estados miembros se han visto afectados de un modo sin precedentes por las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El impacto global de la pandemia ha sido el de ejercer una presión muy fuerte en los presupuestos de los Estados miembros, debido al aumento repentino y significativo de las necesidades de inversión pública en sus sistemas de atención sanitaria y en otros sectores de sus economías. También ha supuesto un riesgo de interrupción de la ayuda prestada a las personas más desfavorecidas. Ello ha generado una situación excepcional que era necesario abordar con medidas específicas.

(7)

Con objeto de responder al impacto del brote de COVID-19, los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 (3) y (UE) n.o 1303/2013 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo fueron modificados mediante el Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), a fin de permitir más flexibilidad en la ejecución de los programas financiados por el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo, «Fondos») y por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Sin embargo, al empeorar los graves efectos negativos de dicha crisis en las economías y sociedades de la Unión, ambos Reglamentos fueron modificados de nuevo mediante el Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

Además, para responder al impacto de la crisis de la COVID-19 en las personas más desfavorecidas, también se modificó el Reglamento (UE) n.o 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) mediante el Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), a fin de introducir medidas específicas relativas al FEAD para hacer frente al brote de COVID-19. Dichas modificaciones han aportado una flexibilidad adicional excepcional que permite a los Estados miembros concentrarse en la necesaria respuesta a esta crisis sin precedentes, aumentando la posibilidad de movilizar la ayuda no utilizada de los Fondos y simplificando los requisitos de procedimiento ligados a la ejecución de los programas para satisfacer la necesidad de responder rápidamente a dicha crisis. Una modificación posterior del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, introducida por el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), dispuso la liberación de recursos adicionales sustanciales a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.

Como parte del mismo paquete, también se modificó el Reglamento (UE) n.o 223/2014 mediante el Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), a fin de permitir la movilización de esos recursos adicionales por parte de los Estados miembros para los más necesitados en el contexto de la ejecución del FEAD.

(8)

Si bien la flexibilidad y los recursos adicionales proporcionados para el período de programación de 2014-2020 han ayudado a los Estados miembros en su respuesta a la crisis y sus esfuerzos de recuperación, la aparición de nuevas variantes del coronavirus, especialmente la variante ómicron, así como el endurecimiento generalizado de las restricciones en el último trimestre de 2021, siguieron teniendo serios efectos negativos en las economías y sociedades de los Estados miembros y obstaculizaron la ejecución normal de los programas de la política de cohesión y de los programas financiados por el FEAD. La reciente agresión militar por parte de la Federación de Rusia y los flujos migratorios resultantes han agudizado esos efectos y existe el riesgo de que se debilite aún más la recuperación de la economía de la Unión. En consonancia con la posibilidad ofrecida por el Reglamento (UE) 2020/558, es necesario, por lo tanto, ampliar con carácter excepcional una de las medidas introducidas por dicho Reglamento, a saber, la opción de aplicar un porcentaje de cofinanciación del 100 % para el ejercicio contable de 2020-2021 al ejercicio contable siguiente.

(9)

Con el fin de aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos causada por la necesidad de responder a la situación de crisis, acelerar la ejecución de los programas y permitir las inversiones necesarias para la recuperación de las regiones, debe darse a los Estados miembros la posibilidad excepcional de aplicar un porcentaje de cofinanciación del 100 % en los programas financiados por el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión o el FEAD también para el ejercicio contable de 2021-2022.

(10)

A fin de respetar los límites máximos de pago del marco financiero plurianual para 2022 y 2023, debe establecerse un límite máximo para esos años en relación con los pagos resultantes de la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100 % en el marco del FEDER, el Fondo de Cohesión o el FSE. Los pagos que no puedan efectuarse como consecuencia de la aplicación de esos límites máximos deben ser abonados por la Comisión lo antes posible, siempre que se disponga de fondos, ya sea mediante la aceptación de las cuentas o por medio de pagos posteriores. Estos pagos aplazados no deben afectar a la aceptación de las cuentas ni generar ningún otro efecto.

(11)

Teniendo en cuenta que la aplicación de la cofinanciación del 100 % no afectará sustancialmente al contenido de los propios programas operativos, procede permitir su rápida ejecución sin necesidad de una decisión de la Comisión por la que se apruebe la modificación de los cuadros financieros del programa operativo por parte de los Estados miembros. No obstante, el Estado miembro debe notificar los cuadros financieros revisados antes de presentar la solicitud final de pago correspondiente al ejercicio contable. Pueden realizarse las consiguientes modificaciones, incluso en los valores de los indicadores, como parte de una modificación posterior del programa una vez finalizado el ejercicio contable.

(12)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, introducir medidas de flexibilidad en el ámbito de la prestación de ayuda procedente de los Fondos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros de forma individual, sino que, debido a la magnitud y los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(13)

Por lo tanto, procede modificar los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 223/2014 en consecuencia.

(14)

Habida cuenta de la urgencia en hacer frente a los retos migratorios resultantes de la reciente agresión militar por parte de la Federación de Rusia y a la crisis de salud pública continuada derivada de la pandemia de COVID-19, conviene aplicar la excepción al plazo de ocho semanas prevista en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(15)

Habida cuenta de la necesidad de permitir a los Estados miembros modificar sus programas a tiempo para beneficiarse de la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100 % para el ejercicio contable de 2021-2022, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1)

En el artículo 25 bis se inserta el apartado siguiente:

2)

En el artículo 65, apartado 10, se añade el párrafo siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el apartado 9, el gasto para las operaciones destinadas a hacer frente a los retos migratorios resultantes de la agresión militar por parte de la Federación de Rusia será subvencionable a partir del 24 de febrero de 2022.».

3)

En el artículo 98 se añade el apartado siguiente:

1)

En el artículo 9, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:

«Los párrafos primero y segundo se aplicarán también a efectos de modificar los elementos de un programa operativo destinado a hacer frente a los retos migratorios resultantes de la agresión militar por parte de la Federación de Rusia.».

2)

En el artículo 20 se inserta el apartado siguiente:

3)

En el artículo 22, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el gasto para las operaciones destinadas a hacer frente a los retos migratorios resultantes de la agresión militar por parte de la Federación de Rusia será subvencionable a partir del 24 de febrero de 2022.».

(1)

Las relaciones entre la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y la República de Moldavia (en lo sucesivo, «Moldavia») continúan desarrollándose en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) y de la Asociación Oriental. Moldavia se incorporó a la Asociación Oriental en 2009, tras lo cual se negoció el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»). El Acuerdo de Asociación, que incluye la introducción gradual de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), fue firmado el 27 de junio de 2014 y entró en vigor el 1 de julio de 2016.

(2)

La economía de Moldavia se ha visto profundamente afectada por la recesión de 2020 provocada por la pandemia de COVID-19, por el prolongado estancamiento político en el país tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, así como por la reciente crisis energética. Esas circunstancias han contribuido al considerable déficit de financiación de Moldavia, al deterioro de la posición exterior y al aumento de las necesidades fiscales.

(3)

Tras las elecciones legislativas de julio de 2021, el nuevo Gobierno moldavo ha demostrado su firme compromiso de aplicar nuevas reformas, con un ambicioso programa titulado «Moldavia en tiempos de bonanza 2021-2025». Dicho programa se centra en ámbitos políticos clave como las reformas del sector judicial, la lucha contra la corrupción, la buena gobernanza y el Estado de Derecho.

(4)

El compromiso renovado de llevar a cabo dichas reformas y una firme voluntad política han llevado a las autoridades moldavas a acelerar la ejecución de las reformas. Ello también ha permitido a las autoridades moldavas completar con éxito la operación de ayuda macrofinanciera en el contexto de la pandemia de COVID-19 en virtud de la Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), ya que se habían cumplido todas las medidas de reforma acordadas con la Unión en el Memorando de Entendimiento, con la excepción de una acción, relativa a la recuperación de activos, para la que se concedió una exención. A tal fin, la Comisión consultó al Comité de Representantes de los Estados miembros y no recibió ninguna objeción.

(5)

Tras haberse estancado la adopción de un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), negociado en 2020, el FMI volvió a colaborar con Moldavia tras las elecciones legislativas de julio de 2021 y alcanzó un acuerdo administrativo sobre un programa en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y del Servicio Ampliado del Fondo por el importe de 564 000 000 USD. El nuevo programa fue adoptado mediante una decisión del Directorio Ejecutivo del FMI el 20 de diciembre de 2021. Dicho programa tiene por objeto apoyar la recuperación económica de Moldavia, poner en marcha un ambicioso proyecto de reformas institucionales y de gobernanza, reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la previsibilidad de las políticas públicas, reforzar las instituciones financieras y fomentar la desregulación.

(6)

Ante el empeoramiento de la situación y las perspectivas económicas, Moldavia solicitó a la Unión una ayuda macrofinanciera complementaria en noviembre de 2021.

(7)

La asignación indicativa de la Unión para Moldavia en virtud del Instrumento Europeo de Vecindad fue de 518 150 000 EUR para el período 2014-2020, incluida la ayuda presupuestaria y la asistencia técnica. Los marcos únicos de apoyo para los períodos 2014-2017 y 2017-2020 determinaron el sector prioritario para la cooperación con Moldavia financiado por el Instrumento Europeo de Vecindad para el período presupuestario anterior. Las prioridades para el período 2021-2027 se establecieron en el nuevo programa indicativo plurianual, que se ha elaborado en estrecha consulta con todas las partes interesadas pertinentes.

(8)

Dado que Moldavia es un país al que se aplica la PEV, debe considerarse que puede recibir la ayuda macrofinanciera de la Unión.

(9)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero excepcional por el que se preste apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de pagos, para hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación exterior del beneficiario, y debe sustentar la aplicación de un programa que contenga medidas firmes y de aplicación inmediata en materia de ajuste y de reformas estructurales, encaminadas a mejorar a corto plazo la posición de la balanza de pagos del beneficiario.

(10)

Habida cuenta de que la balanza de pagos de Moldavia presenta todavía un significativo déficit de financiación residual exterior, por encima de los recursos facilitados por el FMI y otras instituciones multilaterales, la ayuda macrofinanciera de la Unión a Moldavia se considera, en las excepcionales circunstancias actuales, una respuesta apropiada a la solicitud de apoyo de Moldavia a su estabilización económica, conjuntamente con el programa del FMI. La ayuda macrofinanciera de la Unión respaldaría la estabilización económica y el programa de reformas estructurales de Moldavia, lo que complementaría los recursos facilitados en el marco del acuerdo financiero del FMI.

(11)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar encaminada a apoyar el restablecimiento de una situación de financiación exterior sostenible para Moldavia y, de esta manera, respaldar su desarrollo económico y social.

(12)

Se espera que la ayuda macrofinanciera de la Unión vaya acompañada de la ejecución de las operaciones de apoyo presupuestario en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global establecido por el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(13)

La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se basa en una evaluación cuantitativa completa de las necesidades residuales de financiación exterior de Moldavia y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus propios recursos, particularmente con las reservas internacionales de que dispone. La ayuda macrofinanciera de la Unión debe complementar los programas y recursos del FMI y del Banco Mundial. La determinación del importe de la ayuda también tiene en cuenta las contribuciones financieras esperadas de donantes multilaterales y la necesidad de garantizar un reparto equitativo de la carga entre la Unión y los demás donantes, así como el despliegue preexistente de los demás instrumentos de financiación exterior de la Unión en Moldavia y el valor añadido de la participación global de la Unión.

(14)

Teniendo en cuenta las necesidades residuales de financiación exterior de Moldavia, el nivel de su desarrollo económico —medido en renta per cápita e índices de pobreza—, su capacidad de autofinanciarse con sus propios recursos —y en particular con las reservas internacionales a su disposición— y la evaluación de su capacidad de reembolso —basada en análisis de sostenibilidad de la deuda—, cabe considerar que una parte de la ayuda debe concederse en forma de subvenciones.

(15)

La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se ajuste, sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios y los objetivos fundamentales de los distintos ámbitos de la acción exterior, a las medidas adoptadas con respecto a dichos ámbitos y a otras políticas pertinentes de la Unión.

(16)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de la Unión respecto de Moldavia. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) deben colaborar en toda la operación de ayuda macrofinanciera con el fin de coordinar y garantizar la coherencia de la política exterior de la Unión.

(17)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso de Moldavia con los valores compartidos con la Unión, tales como la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, así como su compromiso con los principios de un comercio abierto y equitativo basado en normas.

(18)

Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser que Moldavia respete una serie de mecanismos democráticos eficaces, tales como un sistema parlamentario multipartidista, y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos humanos. Asimismo, la ayuda macrofinanciera de la Unión debe tener como objetivos específicos fortalecer la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de gestión de las finanzas públicas, así como la gobernanza y la supervisión del sector financiero en Moldavia, y debe promover reformas estructurales que persigan favorecer un crecimiento sostenible e integrador, la creación de empleo digno y el saneamiento fiscal. La Comisión y el SEAE deben hacer un seguimiento periódico del cumplimiento de dicha condición previa y la consecución de esos objetivos.

(19)

Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión asociados a su ayuda macrofinanciera, es necesario que Moldavia adopte medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en relación con dicha ayuda. Además, conviene adoptar disposiciones para que la Comisión realice verificaciones, el Tribunal de Cuentas, auditorías, y la Fiscalía Europea ejerza sus competencias.

(20)

El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe realizarse sin perjuicio de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo en su calidad de autoridad presupuestaria.

(21)

Los importes de la ayuda macrofinanciera de la Unión que se concedan en forma de subvención y los importes de las provisiones exigidas por la ayuda macrofinanciera que se concedan en forma de préstamo deben adecuarse a los créditos presupuestarios previstos en el marco financiero plurianual.

(22)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. Con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condiciones de seguir la aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarles regularmente de la evolución de dicha ayuda y facilitarles los documentos pertinentes.

(23)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(24)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento de determinadas condiciones de política económica, que se establecerán en un Memorando de Entendimiento. A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación y por motivos de eficiencia, debe facultarse a la Comisión para negociar tales condiciones con las autoridades moldavas bajo la supervisión del comité de representantes de los Estados miembros, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011. Según lo dispuesto en dicho Reglamento, en todos aquellos casos que difieran de los previstos en él, debe aplicarse, como norma general, el procedimiento consultivo. Considerando que una ayuda superior a 90 000 000 EUR puede tener efectos significativos, conviene utilizar el procedimiento de examen establecido en el Reglamento (UE) n.o 182/2011 para operaciones superiores a dicho umbral. Considerando el importe de la ayuda macrofinanciera a Moldavia, el procedimiento de examen ha de aplicarse a la adopción del Memorando de Entendimiento y a cualquier reducción, suspensión o cancelación de dicha ayuda.

(1)

El Reglamento (UE) n.o 347/2013 establece un marco para la determinación, la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común (en lo sucesivo, «PIC») necesarios para ejecutar los nueve corredores geográficos prioritarios de infraestructura energética estratégica señalados en los campos de la electricidad, el gas y el petróleo, y las tres áreas prioritarias de infraestructuras energéticas a escala de la Unión de redes inteligentes, autopistas de la electricidad y redes de transporte de dióxido de carbono.

(2)

La lista de PIC se establece cada dos años. La última lista se estableció en 2019 y entró en vigor en 2020. Por lo tanto, es necesario reemplazarla.

(3)

Los proyectos propuestos para su inclusión en la lista de la Unión han sido evaluados por los grupos regionales contemplados en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 347/2013, quienes confirmaron que los proyectos en cuestión cumplen los criterios establecidos en el artículo 4 de dicho Reglamento.

(4)

Los proyectos de listas regionales de PIC han sido acordados por los grupos regionales en reuniones de carácter técnico. En vista de los objetivos climáticos y de neutralidad en carbono de la Unión, el Grupo Regional del petróleo acordó no presentar una propuesta de lista con proyectos del sector del petróleo para su inclusión en la lista de la Unión de PIC. Tras los dictámenes que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (en lo sucesivo, «ACER») emitió el 27 de octubre sobre la aplicación coherente de los criterios de evaluación y del análisis de los costes y beneficios en todas las regiones, los órganos decisorios de los grupos regionales adoptaron las listas regionales el 9 de noviembre. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n.o 347/2013, antes de la adopción de las listas regionales, todos los proyectos propuestos fueron aprobados por los Estados miembros con cuyo territorio están relacionados.

(5)

Se consultó a las organizaciones representantes de las partes interesadas, como productores, gestores de las redes de distribución, suministradores, organizaciones de protección de los consumidores y del medio ambiente, sobre los proyectos propuestos para su inclusión en la lista de la Unión.

(6)

Los PIC deben figurar desglosados por prioridades estratégicas en materia de infraestructuras energéticas transeuropeas en el orden establecido en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 347/2013.

(7)

Los PIC deben figurar como PIC autónomos, o como parte de un grupo de varios PIC porque son interdependientes o están en situación de competencia (potencial).

(8)

La lista de la Unión contiene proyectos en diversas fases de desarrollo, como previabilidad, viabilidad, concesión de autorizaciones y construcción. En el caso de los PIC que se hallen en una fase temprana del desarrollo, pueden ser necesarios estudios que demuestren la viabilidad técnica y económica y el cumplimiento de la legislación de la Unión, también en materia de medio ambiente. En este contexto, es necesario determinar, evaluar y evitar o reducir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.

(9)

La inclusión de proyectos en la lista de la Unión se entiende sin perjuicio del resultado de la evaluación ambiental y de la tramitación de las autorizaciones correspondientes.

(10)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 347/2013 en consecuencia.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 regula la autorización de los aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, se presentó una solicitud de autorización de 3-nitrooxipropanol. Dicha solicitud iba acompañada de la información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(3)

La solicitud se refiere a la autorización de un preparado de 3-nitrooxipropanol como aditivo en piensos para vacas lecheras y vacas para reproducción, que debe clasificarse en la categoría de «aditivos zootécnicos» y en el grupo funcional «sustancias que influyen positivamente en el medio ambiente».

(4)

En su dictamen de 30 de septiembre de 2021 (2), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, el 3-nitrooxipropanol no tiene efectos adversos para la salud de las vacas lecheras y las vacas para la reproducción, la seguridad de los consumidores ni el medio ambiente. La Autoridad concluyó que el aditivo debe considerarse irritante para los ojos y la piel, y que el 3-NOP puede ser nocivo si se inhala con un riesgo potencial debido a la exposición por inhalación. Por consiguiente, la Comisión considera que deben adoptarse medidas de protección adecuadas para evitar efectos adversos en la salud humana, en particular en la de los usuarios del aditivo. Además, el riesgo de inhalación debe abordarse comercializando el aditivo granulado con un porcentaje insignificante de partículas inhalables. La Autoridad llegó a la conclusión de que el aditivo tiene la capacidad de reducir la producción de metano entérico en vacas lecheras y vacas para la reproducción. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento posterior a la comercialización. Asimismo, verificó el informe sobre los métodos de análisis del mencionado aditivo en los piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido por el Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(5)

La evaluación del 3-nitrooxipropanol muestra que se cumplen los requisitos de autorización establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. En consecuencia, debe autorizarse el uso de esta sustancia según se especifica en el anexo del presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

En el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) para el flutianilo.

(2)

Se presentó una solicitud de tolerancias en la importación, de conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) n.o 396/2005, en relación con el flutianilo utilizado en los Estados Unidos en manzanas, cerezas (dulces), fresas, pepinos, calabacines y melones. El solicitante presentó datos que muestran que los usos autorizados de dicha sustancia en esos cultivos en los Estados Unidos dan lugar a residuos que exceden de los LMR que figuran en el Reglamento (CE) n.o 396/2005, por lo que, para evitar barreras comerciales a la importación en la UE de dichos cultivos, es necesario establecer LMR más elevados.

(3)

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 396/2005, la solicitud fue evaluada por el Estado miembro al que se presentó, y el informe de evaluación se envió a la Comisión.

(4)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad») estudió la solicitud y el informe de evaluación, prestando especial atención a los riesgos para los consumidores y, en su caso, para los animales, y emitió un dictamen motivado sobre los LMR propuestos (2). Remitió dicho dictamen al solicitante, a la Comisión y a los Estados miembros y lo puso a disposición del público.

(5)

Por lo que se refiere al flutianilo en los melones, la Autoridad concluyó que los datos presentados eran insuficientes para fijar un nuevo LMR. En cuanto a todas las demás modificaciones de los LMR solicitadas por el solicitante, la Autoridad concluyó que los datos presentados eran suficientes para llevar a cabo una evaluación del riesgo. Concluyó otrosí que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. En su conclusión, la Autoridad tuvo en cuenta los datos más recientes sobre las propiedades toxicológicas de la sustancia. Ni la exposición a lo largo de la vida a esta sustancia a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerla, ni una exposición breve derivada del consumo elevado de los productos en cuestión ponen de manifiesto un riesgo de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(6)

De acuerdo con el dictamen motivado de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones de los LMR propuestas por el presente Reglamento cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(7)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 396/2005 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

La Unión celebró el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra (en lo sucesivo, «Acuerdo de Comercio y Cooperación»), mediante la Decisión (UE) 2021/689 del Consejo (1); dicho Acuerdo entró en vigor el 1 de mayo de 2021 y se aplica con carácter provisional desde el 1 de enero de 2021.

(2)

El artículo 14 del Acuerdo de Comercio y Cooperación requiere que el Consejo de Asociación establecido mediante dicho Acuerdo adopte las directrices operativas para el funcionamiento del Foro de la Sociedad Civil (en lo sucesivo, «directrices»).

(3)

Por lo tanto, procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de Asociación con respecto a la adopción de las directrices.

(4)

A fin de permitir la adopción en tiempo oportuno de las directrices, la presente Decisión debe entrar en vigor en la fecha de su adopción.

(1)

El Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE de la SADC, por otra (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), fue firmado por la Unión y sus Estados miembros el 10 de junio de 2016. Este Acuerdo se aplica de forma provisional entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y Botsuana, Lesoto, Namibia, Esuatini y Sudáfrica, por otra, desde el 10 de octubre de 2016, y entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y Mozambique, por otra, desde el 4 de febrero de 2018.

(2)

El Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio se creó por el artículo 50, apartado 1, del Acuerdo.

(3)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra f), del Acuerdo, el Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio debe establecer su propio reglamento interno.

(4)

Procede establecer la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio, dado que la decisión sobre la adopción de su reglamento interno tendrá efectos jurídicos en la Unión.

(5)

La posición de la Unión en el Comité Especial de Aduanas y Facilitación del Comercio en lo que respecta a la adopción de su reglamento interno debe basarse en el proyecto de Decisión de dicho Comité adjunto a la presente Decisión.