(1)

El seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (en lo sucesivo, «seguro de vehículos automóviles») reviste especial importancia para los ciudadanos europeos, independientemente de que sean titulares de una póliza o puedan resultar perjudicados como consecuencia de un accidente. Es también de interés primordial para las entidades aseguradoras, ya que en la Unión constituye una parte importante del mercado de seguros distintos del seguro de vida. El seguro de vehículos automóviles incide también significativamente en la libre circulación de personas, mercancías y vehículos y, por ende, en el mercado interior. El fortalecimiento y la consolidación del mercado interior de seguros de vehículos automóviles deben, por lo tanto, ser un objetivo fundamental de la actuación de la Unión en el sector de los servicios financieros.

(2)

En 2017, la Comisión realizó una evaluación del funcionamiento de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y en particular de su eficiencia, eficacia y coherencia con otras políticas de la Unión. La conclusión de la evaluación ha sido que la Directiva 2009/103/CE cumple globalmente su función y, en la mayoría de los aspectos, no precisa modificación. Sin embargo, se han identificado cuatro ámbitos en los que sería conveniente aportar modificaciones concretas: la indemnización de los perjudicados como consecuencia de accidentes en caso de insolvencia de la entidad aseguradora de que se trate, los importes mínimos obligatorios de cobertura del seguro, los controles del seguro de los vehículos por parte de los Estados miembros, y el uso de las certificaciones de antecedentes siniestrales de los titulares de pólizas por una nueva entidad aseguradora. Además de estos cuatro ámbitos, también se han identificado los siguientes ámbitos en los que sería conveniente aportar modificaciones concretas: los vehículos expedidos, los accidentes en que esté implicado un remolque arrastrado por un vehículo, las herramientas independientes de comparación de precios de seguros de vehículos automóviles, los organismos de información y la información a los perjudicados. Además, debe mejorarse la claridad de la Directiva 2009/103/CE, sustituyendo el término «víctima», que en dicha Directiva se utiliza como sinónimo de «perjudicado», por el término «perjudicado» mediante las modificaciones oportunas. Esas modificaciones tienen por objeto exclusivo armonizar la terminología utilizada en dicha Directiva y no constituyen un cambio sustancial.

(3)

Desde la entrada en vigor de la Directiva 2009/103/CE han llegado al mercado muchos tipos nuevos de vehículos motorizados. Algunos de ellos son impulsados por un motor exclusivamente eléctrico, otros por equipos auxiliares. Estos vehículos deben tenerse en cuenta a la hora de definir qué se entiende por «vehículo». La definición debe basarse en las características generales de dichos vehículos, en particular su velocidad máxima de fabricación y su peso neto, y debe prever que solo estén cubiertos los vehículos accionados exclusivamente mediante una fuerza mecánica. La definición debe aplicarse independientemente del número de ruedas que tenga el vehículo. No deben incluirse en la definición las sillas de ruedas destinadas a ser utilizadas por personas con discapacidad física.

(4)

Los vehículos eléctricos ligeros que no entren en la definición de «vehículo» deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/103/CE. Sin embargo, ningún elemento de dicha Directiva debe impedir que los Estados miembros exijan, en virtud de su Derecho nacional, un seguro de vehículos automóviles, en las condiciones que ellos mismos establezcan, para los equipos motorizados que circulan por el suelo que no estén incluidos en la definición de «vehículo» de dicha Directiva y para los que, por consiguiente, dicha Directiva no exija tal seguro. Dicha Directiva tampoco debe impedir que los Estados miembros establezcan, en su Derecho nacional, que las víctimas de accidentes causados por cualquier otro equipo motorizado tengan acceso al organismo de indemnización del Estado miembro, tal como se determina en el capítulo 4. Los Estados miembros también deben poder decidir que, si una persona que reside en su territorio resulta perjudicada en un accidente causado por cualquier otro equipo motorizado en otro Estado miembro en el que no se exija un seguro de vehículos automóviles para dicho equipo, esa persona residente debe tener acceso al organismo de indemnización, tal como se determina en el capítulo 4, del Estado miembro en el que reside. Los organismos de indemnización de los Estados miembros deben tener la posibilidad de llegar a un acuerdo mutuo sobre las formas en que cooperarán en este tipo de situaciones.

(5)

En resoluciones recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a saber, sus sentencias en los asuntos Vnuk (4), Rodrigues de Andrade (5) y Torreiro (6), se aclara el significado del concepto de «circulación de vehículos». En particular, el Tribunal de Justicia ha aclarado que los vehículos automóviles están destinados normalmente a servir como medio de transporte, con independencia de las características del vehículo, y que la circulación de tales vehículos comprende toda utilización de un vehículo que sea conforme con su función habitual de medio de transporte, con independencia del terreno en el que se utilice y de si está parado o en movimiento. No se aplica la Directiva 2009/103/CE si, en el momento del accidente, la función habitual de dicho vehículo es una utilización distinta de la de medio de transporte. Podría darse este caso si el vehículo no se utiliza en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de dicha Directiva, ya que su función habitual es, por ejemplo, una utilización como fuente de energía con fines industriales o agrícolas. En aras de la seguridad jurídica, procede reflejar esta jurisprudencia en la Directiva 2009/103/CE, mediante la introducción de una definición del concepto de «circulación de un vehículo».

(6)

Algunos vehículos automóviles son más pequeños y, por lo tanto, menos susceptibles que otros de causar daños corporales o materiales significativos. Su inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/103/CE sería desproporcionada y no tendría perdurabilidad en el tiempo. Su inclusión también socavaría la implantación de vehículos más modernos, como las bicicletas eléctricas, que no están accionadas exclusivamente mediante una fuerza mecánica, y desalentaría la innovación. Además, no hay pruebas suficientes de que estos vehículos más pequeños puedan provocar accidentes en los que haya perjudicados en la misma escala que los que puedan provocar otros vehículos, como los automóviles o los camiones. Conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, los requisitos a escala de la Unión solo deben aplicarse por tanto a los vehículos definidos como tales en la Directiva 2009/103/CE.

(7)

En principio, un seguro de vehículos automóviles debe cubrir los accidentes en todo el territorio de los Estados miembros. No obstante, en algunos Estados miembros existen disposiciones que se aplican a los vehículos utilizados exclusivamente en determinadas zonas de acceso restringido. Esos Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer excepciones limitadas a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2009/103/CE en lo que se refiere a las zonas de acceso restringido en las que no deben entrar personas no autorizadas, como lugares específicos y zonas con maquinaria en puertos y aeropuertos. Los Estados miembros que decidan establecer tales excepciones también deben adoptar medidas adecuadas para garantizar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por esos vehículos.

(8)

Los Estados miembros también deben tener la posibilidad de no exigir el seguro obligatorio de vehículos automóviles en el caso de vehículos que no estén autorizados a circular por la vía pública de conformidad con su Derecho nacional. No obstante, dichos Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para garantizar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por esos vehículos, excepto cuando el Estado miembro también decida establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 2009/103/CE en lo que respecta a la indemnización por los daños causados por dichos vehículos en zonas no accesibles al público debido a una restricción legal o física del acceso a dichas zonas, tal como se defina en su Derecho nacional. Dicha excepción a lo dispuesto en el artículo 10 debe aplicarse a los vehículos respecto de los cuales un Estado miembro haya decidido establecer excepciones a la obligación de aseguramiento porque dichos vehículos no están autorizados a circular por la vía pública de conformidad con su Derecho nacional, aun cuando la obligación de aseguramiento de dichos vehículos también pueda ser objeto de una excepción diferente, contemplada en el artículo 5 de la Directiva 2009/103/CE.

(9)

En algunos Estados miembros existen disposiciones relativas a la utilización de vehículos como medio para causar deliberadamente daños corporales o materiales. Cuando proceda, en el caso de los delitos más graves debe permitirse a los Estados miembros seguir aplicando sus prácticas jurídicas consistentes en excluir tales daños del seguro obligatorio de vehículos automóviles o en reclamar al responsable de la lesión o de los daños el importe de la indemnización del seguro abonada al perjudicado. No obstante, para no reducir la protección conferida por la Directiva 2009/103/CE, solo deben autorizarse tales prácticas jurídicas si un Estado miembro garantiza que, en tales casos, los perjudicados sean indemnizados por esos daños de la manera más similar posible a cómo se les indemnizaría en virtud de la Directiva 2009/103/CE. A menos que el Estado miembro haya previsto tal mecanismo o garantía alternativa de indemnización, garantizando la indemnización de los perjudicados por tales daños de la manera más similar posible a cómo se les indemnizaría en virtud de la Directiva 2009/103/CE, dichos daños deben quedar cubiertos de conformidad con dicha Directiva.

(10)

Los Estados miembros no deben aplicar la Directiva 2009/103/CE a la utilización de vehículos en eventos y actividades automovilísticos, incluidas carreras y competiciones, así como entrenamientos, pruebas y demostraciones, en particular de velocidad, fiabilidad o habilidad, que estén autorizados en virtud de su Derecho nacional. Estas actividades exentas deben tener lugar en una zona restringida y demarcada de tal manera que se garantice que el tráfico ordinario, el público y cualquier persona no relacionada con la actividad no puedan compartir efectiva o potencialmente el itinerario recorrido. Estas actividades suelen incluir las que se desarrollan en circuitos o itinerarios destinados al automovilismo y en las zonas que se encuentran en sus inmediaciones, como las zonas de seguridad, las zonas destinadas a las paradas técnicas y los garajes, en las que el riesgo de accidente es mucho mayor en comparación con las carreteras normales y a las que no deberían acceder personas no autorizadas.

(11)

Esta exención relativa a los eventos y actividades automovilísticos solo debe aplicarse cuando el Estado miembro garantice que el organizador del evento o la actividad, o cualquier otra persona, ha suscrito una póliza de seguro o de garantía alternativa que cubra los daños a terceros, incluidos los espectadores y otros transeúntes, aunque no cubra necesariamente los daños a los conductores participantes y sus vehículos. A menos que los organizadores u otras personas, como condición para dicha exención, hayan suscrito una póliza de seguro o de garantía alternativa, los daños, con la posible excepción de los daños a los conductores participantes y sus vehículos, deben cubrirse de conformidad con la Directiva 2009/103/CE.

(12)

Para no reducir la protección que confiere la Directiva 2009/103/CE, los Estados miembros deben garantizar que, en el caso de eventos y actividades automovilísticos autorizados de conformidad con su Derecho nacional y que pueden acogerse a esa exención, los perjudicados sean indemnizados por esos daños de la manera más similar posible a cómo se les indemnizaría en virtud de la Directiva 2009/103/CE.

(13)

Durante la fabricación y el transporte, los vehículos carecen de funciones de transporte y no se considera que estén en circulación en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE. No obstante, si un Estado miembro opta por no aplicar el requisito de disponer de un seguro de vehículos automóviles para tales vehículos con arreglo al artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2009/103/CE, debe existir un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra los daños que puedan causar dichos vehículos.

(14)

Actualmente, el Derecho nacional de muchos Estados miembros vincula la obligación de seguro a la circulación de un vehículo en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE. En esos Estados miembros, los vehículos solo están autorizados a circular si están matriculados. El Derecho de dichos Estados miembros establece que los vehículos deben estar cubiertos por un seguro de vehículos automóviles durante su matriculación y circulación activa en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE. En consecuencia, esos Estados miembros no deben exigir una cobertura de seguro para la circulación de vehículos que se hayan dado de baja de forma permanente o temporal, por ejemplo, porque se encuentren en un museo, estén en fase de restauración o no se hayan utilizado durante un largo período de tiempo por otro motivo, como puede ser el uso estacional. Dichos Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para garantizar el pago de una indemnización acorde con la indemnización disponible en virtud de la Directiva 2009/103/CE por los daños y perjuicios causados en su territorio y en el territorio de otros Estados miembros por vehículos, tal como se definen en dicha Directiva, que estén en circulación en el sentido de su artículo 3, párrafo primero.

(15)

En la actualidad, algunos Estados miembros, en los que la obligación relativa al seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de un vehículo automóvil no está vinculada a la matriculación de un vehículo, optan por no exigir el seguro obligatorio de vehículos automóviles para los vehículos que han sido retirados formalmente de la circulación de conformidad con su Derecho nacional. Entre los ejemplos de retirada formal de la circulación cabe citar el envío de una notificación a la autoridad competente o a otras personas u órganos designados que desempeñen la función de autoridad competente o la adopción de otras medidas físicas verificables. Dichos Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar el pago de una indemnización acorde con la indemnización disponible en virtud de la Directiva 2009/103/CE por los daños y perjuicios causados en su territorio y en el territorio de otros Estados miembros por dichos vehículos.

(16)

Actualmente, los Estados miembros deben abstenerse de realizar controles del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio de otro Estado miembro y de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio de un tercer país y entren en su territorio desde el territorio de otro Estado miembro. Los nuevos avances tecnológicos, como la tecnología de reconocimiento automático de matrículas, permiten comprobar el seguro de los vehículos sin detenerlos y, por tanto, sin interferir con la libre circulación de personas. Procede, por tanto, autorizar los controles del seguro de los vehículos, siempre y cuando no sean discriminatorios, sean necesarios y proporcionados, formen parte de un sistema general de controles en el territorio nacional que se realicen asimismo con respecto a vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio del Estado miembro que realiza los controles y no requieran la detención del vehículo.

(17)

Los Estados miembros que opten por establecer un sistema que procese datos personales que posteriormente puedan compartirse con otros Estados miembros, tales como los datos obtenidos mediante tecnologías de reconocimiento de matrículas, deben legislar para permitir el tratamiento de datos personales a efectos de combatir la conducción de vehículos sin seguro, estableciendo al mismo tiempo medidas adecuadas para preservar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. Las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) son de aplicación al tratamiento de datos personales a efectos de combatir la conducción de vehículos sin seguro. La legislación de los Estados miembros debe, en particular, especificar la finalidad exacta, remitirse a la correspondiente base jurídica, atenerse a los requisitos pertinentes de seguridad y respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y «limitación de la finalidad», y debe asimismo fijar un período de conservación de datos proporcionado. Además, los principios de «protección de datos personales desde el diseño» y de «protección de datos personales por defecto» deben aplicarse a todos los sistemas de tratamiento de datos desarrollados y usados en el marco de la legislación de los Estados miembros.

(18)

En consonancia con dichos principios, los Estados miembros no deben conservar los datos personales tratados exclusivamente con el fin de llevar a cabo un control del seguro durante un período superior al necesario para comprobar si un vehículo posee una cobertura de seguro válida. Cuando se compruebe que un vehículo está cubierto, deben suprimirse todos los datos relativos a esa comprobación. Cuando un sistema de comprobación no permita determinar si un vehículo está asegurado, esos datos solo deben conservarse por un período limitado que no exceda del número de días necesario para determinar si existe la cobertura del seguro. En el caso de los vehículos para los que se haya comprobado que no disponen de una póliza de seguro válida, es razonable exigir que esos datos se conserven hasta que se hayan completado todos los procesos administrativos o judiciales y el vehículo esté cubierto por una póliza de seguro válida.

(19)

La Directiva 2009/103/CE vigente establece distintas fechas de referencia para volver a calcular periódicamente los importes mínimos de cobertura en los distintos Estados miembros, lo que da lugar a disparidades entre los importes mínimos de cobertura en función del Estado miembro. A fin de garantizar a los perjudicados una protección mínima equivalente en toda la Unión, resulta oportuno armonizar dichos importes mínimos e introducir una disposición de revisión uniforme que utilice como referencia el índice de precios de consumo armonizado publicado por Eurostat, así como establecer normas de procedimiento por las que se rija dicha revisión y que fijen un intervalo de tiempo uniforme.

(20)

La protección efectiva y eficiente de los perjudicados como consecuencia de accidentes de tráfico exige que los perjudicados tengan derecho a reclamar una indemnización en su Estado miembro de residencia y a recibir una respuesta en un plazo razonable. También exige, si sus reclamaciones están justificadas, que se abonen siempre a dichos perjudicados los importes debidos por los daños corporales o materiales que se les causen, con independencia de que la entidad aseguradora de la parte responsable sea o no solvente. Por consiguiente, los Estados miembros deben crear o autorizar a un organismo para proporcionar una indemnización inicial a los perjudicados que residan en su territorio, y que tenga la facultad de reclamar dicha indemnización al organismo creado o autorizado para el mismo fin en el Estado miembro de residencia de la entidad aseguradora insolvente que haya emitido la póliza del vehículo de la parte responsable. Cuando en un Estado miembro exista un mecanismo de indemnización, el Estado miembro ha de poder permitir que siga funcionando.

(21)

Una entidad aseguradora puede llegar a ser insolvente de diversas maneras, por ejemplo, por ser declarada en quiebra, por incumplimiento de sus obligaciones tras renunciar a su autorización en su Estado miembro de origen o por haber sido objeto de una medida de revocación o de una decisión de prohibición de su actividad. Si se dicta una orden o se adopta una decisión de inicio del procedimiento de quiebra o liquidación, dicha orden o decisión debe hacerse pública. El organismo creado o autorizado para indemnizar a los perjudicados en caso de insolvencia de una entidad aseguradora en el Estado miembro de origen de la entidad aseguradora debe informar a los organismos homólogos de todos los demás Estados miembros acerca de dicha orden o decisión.

(22)

Los Estados miembros deben velar por que el organismo creado o autorizado para indemnizar a los perjudicados en caso de insolvencia de una entidad aseguradora en el Estado miembro en cuyo territorio resida el perjudicado sea competente en todas las fases del procedimiento para solicitar información a los demás organismos, autoridades y partes interesadas pertinentes en la Unión, informarles, ser informado por ellos y cooperar con ellos. Esa información debe ser suficiente para que el destinatario adquiera por lo menos una compresión general de la situación. Esa información es importante para garantizar que el organismo que indemniza a un perjudicado pueda determinar, antes del pago de la indemnización, por sí solo o junto con todas las partes pertinentes con arreglo a la legislación nacional, si la entidad aseguradora ya ha indemnizado al reclamante por su reclamación. La reclamación presentada ante ese organismo puede transferirse incluso a la entidad aseguradora con miras a un examen complementario o a la adopción de una decisión, cuando así lo exija el Derecho procesal nacional. Los Estados miembros deben velar por que el organismo solicite y reciba información más detallada sobre reclamaciones específicas.

(23)

El sistema de reembolso debe entenderse sin perjuicio del Derecho aplicable en materia de niveles de cobertura de los perjudicados. Deben aplicarse a las reclamaciones los mismos principios, independientemente de si la entidad aseguradora es solvente o insolvente. El organismo del Estado miembro de origen de la entidad aseguradora que haya emitido la póliza de la parte responsable debe efectuar el pago al organismo del Estado miembro en cuyo territorio resida el perjudicado en un plazo razonable después de que el organismo del Estado miembro de origen de la entidad aseguradora reciba una reclamación de indemnización en relación con un pago que el organismo del Estado miembro de residencia del perjudicado haya efectuado al perjudicado.

(24)

En función de las distintas fases de tramitación de las reclamaciones, de los pagos efectuados a los perjudicados y de los procesos de reembolso en diferentes organismos, puede haber obligaciones pendientes entre organismos creados o autorizados para indemnizar a los perjudicados en caso de insolvencia de una entidad aseguradora. El derecho de subrogación debe pasar del organismo que haya pagado la indemnización en primer lugar al organismo del otro Estado miembro a medida que avance el reembolso de los organismos. Por consiguiente, el organismo debe subrogarse en los derechos del perjudicado frente a la persona que haya causado el accidente o frente a su entidad aseguradora, en la medida en que dicho organismo haya indemnizado los daños y perjuicios sufridos y aún no haya sido reembolsado. No obstante, dicho organismo no debe subrogarse en los derechos del perjudicado frente al titular de la póliza u otra persona asegurada que haya causado el accidente en la medida en que la responsabilidad del titular de la póliza o del asegurado esté cubierta por la entidad aseguradora insolvente de conformidad con el Derecho nacional aplicable. Todo Estado miembro debe estar obligado a reconocer esta subrogación tal como esté establecida por cualquier otro Estado miembro.

(25)

Con el fin de garantizar una protección eficiente y efectiva de los perjudicados en caso de insolvencia de una entidad aseguradora, es necesario que los Estados miembros adopten disposiciones adecuadas para garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para indemnizar a los perjudicados cuando deba abonarse una indemnización. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros de origen deben decidir sobre dichas disposiciones a escala nacional. No obstante, esas disposiciones han de ser conformes con el Derecho de la Unión y, en particular, con principios como los de lex specialis y lex posterior. Con el fin de evitar que se imponga una carga injustificada y desproporcionada a los aseguradores, si un Estado miembro exige contribuciones financieras a las entidades aseguradoras, dichas contribuciones deben cobrarse únicamente a las entidades aseguradoras autorizadas por dicho Estado miembro. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la financiación de cualquier otra función que pueda atribuirse al organismo creado o autorizado para indemnizar a los perjudicados en caso de insolvencia de una entidad aseguradora.

(26)

Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los requisitos previstos en la presente Directiva en relación con la indemnización de los perjudicados en caso de insolvencia de una entidad aseguradora, los Estados miembros deben alentar a sus organismos encargados de desempeñar esta tarea a celebrar un acuerdo relativo a sus funciones y obligaciones y a los procedimientos de reembolso. Si no se alcanza un acuerdo en el plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la determinación de las tareas y obligaciones procedimentales de dichos organismos en relación con el reembolso.

(27)

En caso de insolvencia de una entidad aseguradora, los perjudicados deben tener derecho a reclamar una indemnización a un organismo de su Estado miembro de residencia, también cuando sean perjudicados como consecuencia de accidentes que se hayan producido en un Estado miembro que no sea su Estado miembro de residencia. Los Estados miembros deben poder atribuir la función de indemnizar a dichos perjudicados a un nuevo organismo o a un organismo ya existente, incluido el organismo de indemnización creado en virtud del artículo 24 de la Directiva 2009/103/CE. En caso de insolvencia de la entidad aseguradora, los Estados miembros también deben poder atribuir a un único organismo las tareas de indemnizar a los perjudicados como consecuencia de accidentes ocurridos en su Estado miembro de residencia y a los perjudicados como consecuencia de accidentes ocurridos en Estados miembros que no sean su Estado miembro de residencia. En el caso de los perjudicados en Estados miembros que no sean su Estado miembro de residencia, también es importante garantizar el intercambio de información y la cooperación con los organismos de indemnización creados o designados en virtud del artículo 24 de la Directiva 2009/103/CE en todos los Estados miembros y con los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros.

(28)

Los Estados miembros pueden crear o autorizar a más de un organismo de indemnización en virtud de la Directiva 2009/103/CE, lo que podría complicar la identificación del organismo al que deben dirigirse los perjudicados para presentar sus reclamaciones. Por consiguiente, los Estados miembros que creen o autoricen a más de un organismo de indemnización deben garantizar que los perjudicados tengan acceso a información esencial sobre las posibles formas de solicitar una indemnización, de manera que puedan comprender fácilmente a qué organismo deben dirigirse.

(29)

En el caso de un vehículo expedido, la persona responsable de la cobertura de responsabilidad civil debe poder elegir si suscribe una póliza de seguro en el Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo o, durante un período de 30 días a partir de la fecha de aceptación de la entrega por el comprador, en el Estado miembro de destino, aun cuando el vehículo no haya sido matriculado formalmente en el Estado miembro de destino. El organismo de información del Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo y, cuando difieran, del Estado miembro de destino, así como de cualquier otro Estado miembro pertinente, como el Estado miembro en cuyo territorio se haya producido un accidente o en el que resida un perjudicado, deben cooperar entre sí para garantizar que se pone a disposición de los interesados la información necesaria que obre en su poder sobre el vehículo expedido de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2009/103/CE.

(30)

En el caso de accidentes en que estén implicados remolques para los que se haya suscrito un seguro de responsabilidad civil independiente del vehículo tractor, el perjudicado debe poder, cuando así lo disponga el Derecho nacional, presentar su reclamación a la entidad aseguradora del remolque. Previa solicitud, el perjudicado debe poder obtener de la entidad aseguradora del remolque información sobre la identidad del asegurador del vehículo tractor o, en caso de que el asegurador del remolque no pueda identificar al asegurador del vehículo tractor, a pesar de haber realizado esfuerzos razonables a tal fin, información sobre el mecanismo de indemnización contemplado en el artículo 10 de la Directiva 2009/103/CE.

(31)

Con el fin de facilitar el reconocimiento de los antecedentes siniestrales al suscribir nuevas pólizas de seguro, debe ser posible autenticar fácilmente los antecedentes siniestrales de los titulares de pólizas que deseen suscribir nuevos contratos de seguros con entidades aseguradoras. Con el fin de simplificar la verificación y autenticación de las certificaciones de antecedentes siniestrales, es importante que su contenido y formato sean los mismos en todos los Estados miembros. Además, cuando las entidades tengan en cuenta las certificaciones de antecedentes siniestrales con vistas a determinar las primas de los seguros de vehículos automóviles, no deben incurrir en discriminaciones basadas en la nacionalidad o únicamente en el anterior Estado miembro de residencia del titular de la póliza. Por otra parte, las entidades aseguradoras deben tratar una certificación de antecedentes siniestrales de otro Estado miembro como equivalente a una certificación de antecedentes siniestrales nacional y aplicar a un cliente de otro Estado miembro cualquier descuento que se podría aplicar a un cliente nacional idéntico, incluidos los descuentos exigidos por la legislación nacional del Estado miembro, como las reducciones en el marco de los sistemas de bonificación y penalización. Los Estados miembros deben seguir teniendo la facultad de adoptar legislación nacional sobre los sistemas de bonificación y penalización, ya que estos sistemas son de carácter nacional y carecen de elementos transfronterizos, por lo que, en virtud del principio de subsidiariedad, la toma de decisiones en relación con dichos sistemas debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. A fin de permitir a los Estados miembros comprobar si las entidades aseguradoras tratan las certificaciones de antecedentes siniestrales y cómo lo hacen, resulta oportuno que dichas entidades publiquen una sinopsis general de sus políticas en materia de uso de tales certificaciones a la hora de calcular las primas. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), las entidades aseguradoras no están obligadas a publicar información delicada desde el punto de vista comercial, como los pormenores sobre las normas tarifarias.

(32)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directiva 2009/103/CE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con la forma y el contenido de la certificación de antecedentes siniestrales. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(33)

Los Estados miembros deben poder elegir certificar herramientas que permitan a los consumidores comparar precios, tarifas y cobertura entre prestadores del seguro de vehículos automóviles que cumplan las condiciones establecidas en la Directiva 2009/103/CE. Si están debidamente certificadas, esas herramientas podrían denominarse «herramientas independientes de comparación de precios de seguros de vehículos automóviles». Los Estados miembros también deben poder establecer herramientas públicas de comparación de precios que sean gestionadas por una autoridad pública.

(34)

Con el fin de garantizar que las reclamaciones se tramiten sin problemas cuando el Derecho nacional exija un parte de accidente que garantice el derecho del perjudicado a obtener una copia del parte de accidente de las autoridades competentes, es importante que el perjudicado tenga acceso a este en tiempo oportuno.

(35)

Con el fin de garantizar que los importes mínimos de la cobertura del seguro de vehículos automóviles no se vean erosionados con el tiempo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la adaptación de esos importes mínimos para reflejar la evolución de la realidad económica.

(36)

Al adoptar actos delegados con arreglo a la presente Directiva, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (10). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(37)

En el marco de la evaluación del funcionamiento de la Directiva 2009/103/CE, la Comisión debe supervisar su aplicación, teniendo en cuenta el número de perjudicados, el importe de los siniestros pendientes debido a retrasos en los pagos originados por casos transfronterizos de insolvencia, los importes mínimos de cobertura en los Estados miembros, el importe de los siniestros causados por la conducción de vehículos sin seguro en el tráfico transfronterizo y el número de quejas relativas a las certificaciones de antecedentes siniestrales.

(38)

Además, la Comisión debe elaborar un informe en el que se evalúe el funcionamiento, la cooperación y la financiación de los organismos de indemnización creados o autorizados para indemnizar a los perjudicados en caso de insolvencia de una entidad aseguradora. En su caso, dicho informe debe ir acompañado de una propuesta legislativa.

(39)

Con el fin de garantizar que la Directiva 2009/103/CE siga cumpliendo su objetivo, que consiste en proteger a los posibles perjudicados como consecuencia de accidentes en los que estén implicados vehículos automóviles, la Comisión también debe supervisar y revisar dicha Directiva a la luz de la evolución tecnológica, teniendo presente asimismo el mayor uso de vehículos autónomos y semiautónomos. También debe analizar el uso por parte de las entidades aseguradoras de sistemas en los que las certificaciones de antecedentes siniestrales de los titulares de una póliza influyen en la determinación de las primas. Además, la Comisión debe evaluar la eficacia de los sistemas de intercambio de información utilizados para los controles transfronterizos de los seguros.

(40)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, en particular garantizar una protección mínima equivalente de los perjudicados como consecuencia de accidentes de tráfico en la Unión, garantizar su protección en caso de insolvencia de las entidades aseguradoras y garantizar la igualdad de trato por parte de las entidades aseguradoras de las certificaciones de antecedentes siniestrales presentadas por posibles titulares de pólizas de seguros que se trasladen a otro Estado miembro, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(41)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (11), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(42)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/103/CE en consecuencia.

(1)

De conformidad con el artículo 35, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2018/848, el certificado concedido por las autoridades competentes o, en su caso, las autoridades de control u organismos de control a los operadores o grupos de operadores debe expedirse en formato electrónico en la medida de lo posible. Con el desarrollo y la plena implantación del sistema informático veterinario integrado (TRACES) indicado en el artículo 2, punto 36), del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión (2), todas las autoridades competentes, autoridades de control y organismos de control de la Unión podrán expedir certificados en formato electrónico a partir del 1 de enero de 2023. Por este motivo, es necesario establecer que el certificado a que se refiere el artículo 35 del Reglamento (UE) 2018/848 debe expedirse en formato electrónico, utilizando TRACES, a partir del 1 de enero de 2023.

(2)

El Reglamento (UE) 2018/848 exige que los operadores y grupos de operadores lleven registros para acreditar el cumplimiento de dicho Reglamento. En el artículo 9, apartado 10, letra c), y en el artículo 34, apartado 5, del Reglamento (UE) 2018/848 y en los anexos II y III de dicho Reglamento se establecen requisitos mínimos y pormenores relativos al mantenimiento de registros.

(3)

De conformidad con las normas generales de producción del Reglamento (UE) 2018/848, deben adoptarse medidas preventivas y de precaución, cuando proceda, en todas las fases de producción, preparación y distribución. Por esta razón, los controles oficiales pertinentes incluyen, en particular, la verificación de la aplicación de tales medidas por parte de los operadores y grupos de operadores. Aunque la aplicación de algunas de estas medidas puede verificarse mediante inspecciones físicas in situ, en el caso de otras medidas se necesitan registros para acreditar su aplicación. Por consiguiente, los operadores y grupos de operadores deben conservar esos registros para poder aportar pruebas cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden acreditarse las medidas adoptadas para evitar la contaminación con productos y sustancias no autorizados y la mezcla con productos no ecológicos conservando pruebas de limpieza de las instalaciones, equipos y vehículos de transporte y pruebas de formación.

(4)

La contabilidad documentada también es importante a efectos de trazabilidad y balance de materias y, por consiguiente, para evaluar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/848. En los controles de trazabilidad y balance de materias realizados en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2021/771 de la Comisión (3) se comprueba información específica que debe acreditarse con la documentación pertinente. Los operadores y grupos de operadores deben conservar esa documentación para poder demostrar la conformidad de sus actividades.

(5)

Según el artículo 38, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/848, los controles oficiales deben realizarse, en particular, sobre la base de la probabilidad de incumplimiento. Para ello, las autoridades competentes o, en su caso, las autoridades u organismos de control necesitan información pertinente. En consecuencia, el artículo 39, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2018/848 exige a los operadores y grupos de operadores que hagan todas las declaraciones y demás comunicaciones necesarias para los controles oficiales. Además, el artículo 39, apartado 1, letra d), inciso i), de dicho Reglamento exige, entre otras cosas, una descripción completa de las unidades de producción ecológica o en conversión y de sus actividades.

(6)

Para que los controles oficiales puedan planificarse adecuadamente, es preciso especificar la información que debe constar en dichas declaraciones y otras comunicaciones, en particular la relativa a las actividades subcontratadas y a determinados datos de las unidades de producción y otros locales, instalaciones y unidades utilizados para las actividades de los operadores y grupos de operadores, así como la previsión de producción.

(7)

De conformidad con el artículo 1, párrafo primero, y párrafo segundo, letra a), del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378 de la Comisión (4), aplicable a partir del 1 de enero de 2022, las autoridades de control y organismos de control reconocidos de conformidad con el artículo 46, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/848 deben proporcionar a los operadores, grupos de operadores y exportadores de terceros países que hayan sido sometidos a los controles a que se refiere el artículo 45, apartado 1, letra b), inciso i), de dicho Reglamento un certificado, que se expedirá en formato electrónico y utilizando TRACES. Dado que TRACES no podrá utilizarse antes del 1 de enero de 2023, también es necesario aplazar la obligación de utilizarlo en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378.

(8)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378 en consecuencia.

(9)

En aras de la claridad y la seguridad jurídica, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2018/848. No obstante, la disposición sobre el uso de TRACES debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2023.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la producción ecológica,

(1)

El Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación ACP-UE»), fue firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y entró en vigor el 1 de abril de 2003. De conformidad con la Decisión n.o 3/2019 del Comité de embajadores ACP-UE (2) (en lo sucesivo, «Decisión sobre medidas transitorias»), será de aplicación hasta el 30 de noviembre de 2021.

(2)

De conformidad con el artículo 95, apartado 4, párrafo primero, del Acuerdo de Asociación ACP-UE, las negociaciones para un nuevo Acuerdo de Asociación ACP-UE (en lo sucesivo, «nuevo Acuerdo») se iniciaron en septiembre de 2018. El nuevo Acuerdo no estará listo para su aplicación a más tardar el 30 de noviembre de 2021, fecha de expiración del actual marco jurídico. Por lo tanto, es necesario modificar la decisión sobre medidas transitorias para volver a prorrogar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación ACP-UE.

(3)

El artículo 95, apartado 4, párrafo segundo, del Acuerdo de Asociación ACP-UE prevé que el Consejo de Ministros del ACP-UE adopte todas las medidas transitorias que puedan ser necesarias hasta que el nuevo Acuerdo entre en vigor.

(4)

De conformidad con el artículo 15, apartado 4, del Acuerdo de Asociación ACP-UE, el 23 de mayo de 2019, el Consejo de Ministros ACP-UE delegó las competencias para adoptar las medidas transitorias en el Comité de Embajadores ACP-UE (3). En consecuencia, corresponde al Comité de Embajadores ACP-UE modificar las medidas transitorias de conformidad con el artículo 95, apartado 4, del Acuerdo de Asociación ACP-UE.

(5)

Es preciso determinar la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de Ministros ACP-UE, puesto que el acto previsto será vinculante para la Unión.

(6)

Las disposiciones del Acuerdo de Asociación ACP-UE seguirán aplicándose con el fin de mantener la continuidad de las relaciones entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados ACP, por otra. Por consiguiente, la modificación de las medidas transitorias no tiene por objeto modificar el Acuerdo de Asociación ACP-UE, tal y como establece su artículo 95, apartado 3.

(1)

Los documentos en poder de la Comisión constituyen la base de su funcionamiento y de su trabajo diario. Forman parte de los activos de la Comisión y cumplen las funciones de facilitar el intercambio de información, aportar pruebas de las acciones emprendidas, cumplir las obligaciones legales de la institución y conservar su memoria. Por lo tanto, deben gestionarse con arreglo a normas efectivas aplicables a todas las direcciones generales y servicios equivalentes.

(2)

La Comisión mantiene documentos que se crean, reciben y gestionan en el transcurso de sus actividades. Todos los documentos, independientemente del formato y del entorno tecnológico en que se recopilen, creen o generen, se capturan y mantienen en un repositorio electrónico oficial de documentos.

(3)

Las disposiciones relativas a la gestión de documentos y archivos establecen principios para garantizar: la creación, la recepción y la conservación o eliminación adecuadas de los documentos, así como su consulta y comunicación; la autenticidad, fiabilidad, integridad y legibilidad a lo largo del tiempo de los documentos y los metadatos que los acompañan; la identificación de cada documento, junto con la extracción y asignación de metadatos, de manera que pueda clasificarse, buscarse y rastrearse con facilidad; el desarrollo, el mantenimiento y la actualización de la estructura de los sistemas de gestión de documentos y archivos de la Comisión, sus repositorios electrónicos y sus repositorios para medios analógicos.

(4)

Estos principios tienen por objeto cubrir el ciclo de vida de los documentos de la Comisión, sea cual sea su soporte, la puesta a disposición, el intercambio, la puesta en común, la reutilización y la difusión de datos, información y documentos, en consonancia con la política, las disposiciones de gobernanza y la práctica de la gestión de datos e información de la Comisión.

(5)

Una gestión de documentos y archivos eficaz y adecuada contribuye a cumplir las obligaciones de transparencia de la Comisión, en particular facilitando el acceso del público a los documentos y aplicando el principio de rendición de cuentas de las acciones públicas.

(6)

Las disposiciones relativas a la gestión de documentos y archivos deben adaptarse a la obligación de facilitar el acceso a los documentos en poder de la Comisión de conformidad con los principios, disposiciones y límites establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(7)

Mediante la Decisión 2002/47/CE de la Comisión, CECA, Euratom (3), la Comisión modificó su Reglamento interno para incluir disposiciones relativas a la gestión de documentos y, mediante la Decisión 2004/563/CE de la Comisión, Euratom (4), modificó el Reglamento interno para incluir disposiciones sobre documentos electrónicos y digitalizados a fin de establecer la gestión y el archivo electrónicos de documentos, estableciendo un conjunto de normas y procedimientos comunes aplicables a todos los servicios.

(8)

Es necesario actualizar las normas que determinan las condiciones en las que los documentos electrónicos, digitalizados y transmitidos electrónicamente son válidos y quedan almacenados a efectos de la Comisión.

(9)

La política de gestión de documentos y archivos debe tener en cuenta el programa de transformación digital de la Comisión (5). Por lo tanto, debe hacerse especial hincapié en el principio de creación de documentos únicamente en formato electrónico, aunque deben ser posibles excepciones a este principio.

(10)

Se anima a las instituciones, órganos y organismos de la Unión a reconocer la identificación electrónica y los servicios de confianza contemplados en el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) a efectos de la cooperación administrativa, aprovechando, en particular, las buenas prácticas existentes y los resultados de los proyectos en curso en los ámbitos regulados por el presente Reglamento.

(11)

Las normas y procedimientos de la Comisión relativas a la gestión de documentos y archivos deben actualizarse periódicamente, teniendo en cuenta la evolución y los resultados de la investigación académica y científica, incluida la aparición de normas pertinentes y la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación.

(12)

Un sistema de gestión de documentos no solo se ocupa del registro de documentos, sino que, de manera más general, los captura para identificarlos de manera clara y fiable, garantizar su trazabilidad y ponerlos a disposición de otros usuarios mediante la clasificación u otros medios de agregación de documentos a lo largo de su ciclo de vida.

(13)

Los sistemas de información, las redes y las instalaciones de transmisión que alimentan el sistema de documentos de la Comisión deben estar protegidos por medidas de seguridad adecuadas, de conformidad con las normas de seguridad aplicables para la protección de la información.

(14)

Los datos y la información deben estar disponibles y compartirse lo más ampliamente posible dentro de la Comisión, a fin de facilitar el trabajo colaborativo de su personal y la capacidad de recuperación y reutilización de datos e información, promover la sinergia de sus recursos y mejorar la eficiencia.

(15)

Cada institución de la Unión crea y mantiene sus propios archivos históricos y los abre al público de conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 354/83. Además, cada institución adopta normas internas relativas a la aplicación de dicho Reglamento.

(16)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), la Comisión está obligada a facilitar información a los interesados sobre el tratamiento de los datos personales que les conciernan y a respetar sus derechos como interesados. No obstante, la Comisión debe equilibrar estos derechos con los objetivos de archivo en interés público de conformidad con la legislación en materia de protección de datos.

(17)

Los artículos 16, apartado 5, y 19, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725 establecen excepciones al derecho de los interesados a la información y al derecho de supresión en lo que respecta al tratamiento de datos con fines de archivo en interés público. Estos derechos no deben aplicarse, en principio, en el contexto particular de los archivos históricos de la Comisión, teniendo en cuenta el tamaño de la institución y sus documentos y la naturaleza de los archivos en interés público. La supresión de los datos personales contenidos en dichos documentos, en particular, menoscabaría la validez, integridad y autenticidad de los archivos de la Comisión y, por tanto, podría perjudicar gravemente la consecución de los fines de archivo en interés público.

(18)

Es posible que la Comisión no pueda facilitar información sobre el tratamiento una vez que sus expedientes y documentos seleccionados para ser conservados de forma permanente hayan sido transferidos a sus archivos históricos, o que para ello deba hacer un esfuerzo desproporcionado. Debe informarse a los interesados de que los documentos que contengan sus datos personales podrán transferirse a los archivos históricos de la Comisión al final del período de conservación identificado para dichos registros como parte de la información a que se refieren los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725. Esta información se facilita en relación con las operaciones de tratamiento originales para las que se recogieron inicialmente los datos personales.

(19)

El artículo 25, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1725 ofrece a la Comisión la posibilidad de establecer excepciones a los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 20, 21, 22 y 23 de dicho Reglamento, siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de los fines de archivo en interés público, y que esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines. A menos que se prevean excepciones en un acto jurídico adoptado sobre la base de los Tratados, deben adoptarse normas internas en virtud de las cuales la Comisión esté facultada para establecer excepciones a dichos derechos.

(20)

La concesión de acceso a datos personales en el caso de una solicitud de un interesado que no facilite información específica sobre el tratamiento al que se refiere la solicitud puede implicar un esfuerzo administrativo desproporcionado o resultar imposible en la práctica, habida cuenta del tamaño y la naturaleza de los archivos históricos de la Comisión.

(21)

La rectificación de datos personales socavaría la integridad y autenticidad de los archivos de la Comisión y sería contraria a la finalidad de archivo en interés público. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión, en casos debidamente justificados de datos personales inexactos, decida incluir una declaración o anotación adicional en el documento correspondiente.

(22)

Los datos personales forman parte integrante e indispensable de los documentos seleccionados para ser conservados de forma permanente. Por lo tanto, conceder el derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales contenidos en dichos documentos haría imposible la consecución de los fines de archivo en interés público.

(23)

La Comisión debe establecer excepciones de acuerdo con las condiciones y garantías a que se refiere el artículo 13 del Reglamento (UE) 2018/1725.

(24)

En aplicación del principio de responsabilidad, la Comisión debe llevar un registro de su aplicación de las excepciones.

(25)

A fin de garantizar la máxima protección de los derechos y libertades de los interesados y de conformidad con el artículo 44, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, el delegado de protección de datos de la Comisión deberá ser informado lo antes posible de cualquier excepción que se aplique en virtud de la presente Decisión.

(26)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado sobre estas normas y emitió un dictamen con sus recomendaciones el 3 de marzo de 2020.

(27)

Todos los miembros del personal deben rendir cuentas de la creación y la correcta gestión de documentos relativos a las políticas, procesos y procedimientos de los que son responsables.

1.

«c)

las medidas de ayuda excepcionales a que se refiere el artículo 23, apartado 4, para las que la financiación de la Unión no sobrepase los 20 000 000 EUR;»,

«c)

las medidas de ayuda excepcionales a que se refiere el artículo 23, apartado 6, para las que la financiación de la Unión no sobrepase los 20 000 000 EUR;».

2.