(1)

Los artículos 168 y 168 bis de la Directiva 2006/112/CE disponen que los sujetos pasivos tienen derecho a deducir el IVA que grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que vayan a utilizar para las necesidades de sus operaciones gravadas. En virtud del artículo 26, apartado 1, letra a), de dicha Directiva el uso de bienes afectados a una empresa para las necesidades privadas del sujeto pasivo o para las de su personal, o, más generalmente, para fines ajenos a la empresa se asimila a prestaciones de servicios.

(2)

La Decisión de Ejecución (UE) 2015/2429 (2) del Consejo autorizó a Letonia a limitar, hasta el 31 de diciembre de 2018, al 50 % el derecho a deducción del IVA aplicable a la adquisición, el arrendamiento financiero, la adquisición intracomunitaria y la importación de los vehículos de turismo cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3 500 kilogramos y cuyo número de plazas no sea superior a ocho, excluida la del conductor, así como los gastos relacionados con el mantenimiento, la reparación y el carburante de dichos vehículos de turismo. La autorización también exime a los sujetos pasivos de tener que tratar el uso no profesional de dichos vehículos de turismo como una prestación de servicios.

(3)

La Decisión de Ejecución (UE) 2018/1921 del Consejo (3) prorrogó la vigencia de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2429 hasta el 31 de diciembre de 2021.

(4)

Mediante carta de 21 de abril de 2021, Letonia presentó a la Comisión una solicitud para seguir aplicando la medida de excepción al artículo 26, apartado 1, letra a), y a los artículos 168 y 168 bis de la Directiva 2006/112/CE, a fin de limitar el derecho a deducción por lo que respecta a gastos correspondientes a determinados vehículos de turismo no utilizados íntegramente con fines profesionales (en lo sucesivo, «solicitud»).

(5)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión transmitió la solicitud a los demás Estados miembros mediante cartas de 10 de junio de 2021. Mediante carta de 14 de junio de 2021, la Comisión notificó a Letonia que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(6)

Tal como exige el artículo 6, apartado 2, de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2429, Letonia presentó un informe que incluía la revisión del porcentaje establecido para la deducción del IVA. Sobre la base de la información actualmente disponible, a saber, la experiencia en materia de auditorías tributarias y los datos estadísticos relativos a la utilización con fines privados de los vehículos de turismo, Letonia sostiene que el límite del 50 % sigue siendo justificable y adecuado.

(7)

Dado que la medida especial tiene un impacto positivo en la carga administrativa de los contribuyentes y de las autoridades tributarias, al simplificar le recaudación del IVA y prevenir la evasión fiscal que pueda resultar de una incorrecta llevanza de registros, debe autorizarse a Letonia a seguir aplicando la medida especial.

(8)

La prórroga de la medida especial debe tener carácter temporal, de modo que pueda evaluarse su eficacia y determinarse si el porcentaje resulta adecuado.

(9)

En caso de que Letonia considere necesario solicitar una prórroga de la medida especial después de 2024, debe remitir a la Comisión, junto con su solicitud, un informe que incluya una revisión del porcentaje aplicado, a más tardar el 31 de marzo de 2024.

(10)

La medida especial solo tendrá una incidencia insignificante sobre el importe global de los ingresos tributarios percibidos en la fase de consumo final y no tendrá repercusiones negativas sobre los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

(11)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2429 en consecuencia.

(1)

El 11 de julio de 2021 se presentó a la Comisión una solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Llamamiento a la acción – Protección del medio ambiente en todas las políticas».

(2)

El 10 de agosto de 2021, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/788, la Comisión informó al grupo de organizadores de que había concluido que se cumplían los requisitos de registro establecidos en el artículo 6, apartado 3, letras a), d) y e), de dicho Reglamento y de que el requisito establecido en el artículo 6, apartado 3, letra b), no era aplicable. Sin embargo, la Comisión también indicó que el texto de la iniciativa tal como se formuló en la solicitud de 11 de julio de 2021 no le permitía concluir que cumpliera, en su totalidad, el requisito establecido en el artículo 6, apartado 3, letra c). Se invitaba a la Comisión a «declarar una crisis medioambiental y, de este modo, animar a las personas a salir de su zona de confort e impulsar cambios políticos, con el objetivo de adaptar las diferentes políticas teniendo en cuenta los factores medioambientales y sociales en una perspectiva más global», sin especificar qué actos jurídicos de la Unión se pedía a la Comisión que propusiera. La Comisión invitó a los organizadores a revisar su iniciativa para indicar el acto jurídico de la Unión que invitaban a la Comisión a proponer y aclarar el contenido del acto o actos jurídicos.

(3)

Como consecuencia de ello, el 5 de octubre de 2021 se presentó a la Comisión una versión modificada de la iniciativa.

(4)

Los objetivos de la iniciativa modificada se describen como sigue: «La Comisión debe salvaguardar y mejorar la calidad de vida de los europeos, protegiendo al mismo tiempo otras especies y el medio ambiente natural en su conjunto. Por lo tanto, la Comisión debe proponer un acto jurídico o una recomendación que conduzca a una mejor comprensión y cumplimiento de las medidas de protección del medio ambiente en los Estados miembros de la UE. El objetivo de la iniciativa es que la Comisión proponga un acto jurídico que garantice a los europeos que las autoridades nacionales tengan en cuenta las consideraciones medioambientales al introducir nuevas políticas o modificar las políticas existentes».

(5)

En un anexo se ofrecen más datos sobre el asunto, los objetivos y los antecedentes de la iniciativa. Los organizadores también han facilitado más información sobre su iniciativa en un documento adicional.

(6)

En la medida en que la iniciativa invita a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico con el fin de garantizar que los Estados miembros tengan en cuenta las consideraciones medioambientales al adoptar legislación y medidas nacionales, la Comisión tiene competencia para hacerlo sobre la base del artículo 192, apartado 1, del Tratado.

(7)

Por estas razones, ninguna de las partes de la iniciativa propuesta queda manifiestamente fuera del marco de las atribuciones de la Comisión de presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) 2019/788.

(8)

Esta conclusión se entiende sin perjuicio de la evaluación del posible cumplimiento, en el presente caso, de las condiciones concretas, de hecho y de fondo, necesarias para que la Comisión actúe, incluido el cumplimiento del principio de proporcionalidad.

(9)

El grupo de organizadores ha aportado pruebas adecuadas de que cumple los requisitos establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2019/788 y de que ha designado a las personas de contacto de conformidad con el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento.

(10)

La iniciativa no es manifiestamente abusiva, frívola o temeraria, ni manifiestamente contraria a los valores de la Unión establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea ni a los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(11)

En conclusión, la iniciativa titulada «Llamamiento a la acción – Protección del medio ambiente en todas las políticas» cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/788, por lo que debe registrarse.

(12)

La conclusión de que se satisfacen las condiciones para el registro en virtud del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/788 no implica que la Comisión confirme en modo alguno la exactitud material del contenido de la iniciativa, que es responsabilidad exclusiva del grupo de organizadores de la misma. El contenido de la iniciativa únicamente expresa los puntos de vista del grupo de organizadores y en ningún caso puede considerarse que refleja los puntos de vista de la Comisión.

(1)

Las tecnologías digitales han estado cambiando nuestras vidas a un ritmo rápido, brindando nuevas oportunidades a la sociedad, en especial a las instituciones responsables del patrimonio cultural. Las tecnologías digitales ofrecen a las instituciones responsables del patrimonio cultural instrumentos más efectivos con los que pueden digitalizar los bienes del patrimonio cultural y llegar a públicos más amplios. Esto crea más vías para que el público acceda, descubra y disfrute los bienes culturales y crea más posibilidades de reutilización de los bienes culturales para servicios y productos innovadores y creativos en diversos sectores, como otros sectores culturales y creativos, así como el turismo.

(2)

Tal y como señala la Comunicación de la Comisión «Brújula Digital 2030: El enfoque de Europa para el Decenio Digital» (1), las tecnologías digitales se han vuelto más que nunca esenciales para trabajar, aprender, socializar, entretenerse y acceder a una amplia gama de servicios y productos, desde los servicios sanitarios hasta la cultura.

(3)

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las fortalezas y vulnerabilidades del sector del patrimonio cultural y la necesidad de acelerar la transformación digital para aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas. Muchas instituciones culturales sufrieron una pérdida financiera considerable o tuvieron que cerrar. Sin embargo, a pesar de los desafíos financieros que ha planteado la pandemia, muchas también consiguieron retener o incluso ampliar su público con el aumento de sus servicios digitales (por ejemplo, interactuando con el público, compartiendo colecciones, ofreciendo herramientas digitales), demostrando una vez más su elevado valor para la sociedad y para la economía europea.

(4)

El patrimonio cultural no solo es un elemento clave a la hora de construir una identidad europea que se base en valores comunes, sino que también puede contribuir de manera importante a la economía europea, fomentando la innovación, la creatividad y el crecimiento económico. Por ejemplo, el turismo cultural representa hasta el 40 % de todo el turismo en Europa (2), y el patrimonio cultural es una parte esencial del turismo cultural. La digitalización avanzada de los bienes del patrimonio cultural y la reutilización de dichos contenidos puede generar nuevos puestos de trabajo, no solo en el sector del patrimonio cultural, sino también en otros sectores culturales y creativos, como, por ejemplo, las industrias de videojuegos y cinematográficas. Las industrias culturales y creativas contribuyen al 3,95 % del valor añadido de la UE (477 000 millones EUR), dan empleo a 8,02 millones de personas y cuentan con 1,2 millones de empresas, de las cuales el 99,9 % son pymes (3).

(5)

La evaluación (4) de la Recomendación de la Comisión sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital (2011/711/UE) concluyó que varios de los retos a los que se enfrentó el sector del patrimonio cultural hace diez años siguen presentes en la actualidad, como la necesidad urgente de proteger y conservar el patrimonio cultural europeo y, en concreto, el patrimonio cultural en peligro. No obstante, la evaluación también reconoció que el panorama del patrimonio cultural había cambiado considerablemente en los últimos años, con nuevas necesidades, pero, por encima de todo, con nuevas oportunidades que podrían seguir aumentando la contribución del patrimonio cultural a la economía europea. Por tanto, es necesario garantizar una respuesta política que cumpla estas necesidades y expectativas del sector del patrimonio cultural, de los sectores culturales y creativos y de la sociedad en general.

(6)

La presente Recomendación anima a los Estados miembros a poner en marcha marcos adecuados para mejorar la recuperación y la transformación del sector del patrimonio cultural y a apoyar a las instituciones responsables del patrimonio cultural para que se vuelvan más capacitadas y resilientes en el futuro. Esto llevará a una digitalización, reutilización y conservación digital de mayor calidad en toda la UE y tendrá efectos indirectos en otros sectores clave de la economía europea, como el turismo, la investigación y otros sectores culturales y creativos.

(7)

Los Estados miembros tienen diversos enfoques con respecto al patrimonio cultural, abordando en distinta medida las características y necesidades específicas de las instituciones responsables del patrimonio cultural. Una estrategia digital global para el sector del patrimonio cultural, que establezca una visión clara y concreta y los medios más adecuados para ejecutarla, garantizaría una respuesta política más efectiva y reforzaría el sector. Para alcanzar una transformación digital efectiva, generar confianza y establecer una cooperación estrecha, los Estados miembros deben implicar a todas las partes interesadas pertinentes en la preparación de la estrategia.

(8)

El desarrollo de tecnologías digitales avanzadas, como la tecnología 3D, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la computación en la nube, las tecnologías de datos, la realidad virtual y la realidad aumentada, ha ofrecido oportunidades sin precedentes para la digitalización, el acceso en línea y la conservación digital. Las tecnologías digitales avanzadas llevan a procesos más eficientes (por ejemplo, la generación automatizada de metadatos, la extracción de conocimientos, la traducción automática, el reconocimiento de textos mediante sistemas de reconocimiento de caracteres ópticos) y a contenidos de mayor calidad. Permiten formas innovadoras de creación artística, a la vez que abren nuevas vías para interactuar digitalmente con contenidos culturales y disfrutar de estos a través de la gestión conjunta, el diseño conjunto y la colaboración masiva, habilitando la participación pública. También se pueden explorar la inteligencia artificial, la cadena de bloques y otras tecnologías avanzadas para detectar automáticamente el tráfico ilícito de bienes culturales. La utilización de dichas tecnologías avanzadas repercute considerablemente en la recuperación y el crecimiento europeos tras la pandemia de COVID-19, y los Estados miembros deben apoyarla mediante la adopción de medidas adecuadas.

(9)

Asimismo, los Estados miembros y las instituciones responsables del patrimonio cultural deben hacer uso de las oportunidades sin precedentes que ofrecen las tecnologías digitales avanzadas para impulsar la acción por el clima y apoyar la transición hacia una economía de la UE más verde y sostenible, tal y como recoge el Pacto Verde Europeo (5). Por ejemplo, los bienes del patrimonio cultural digitalizados en 3D pueden ser una fuente de conocimiento adecuado sobre la repercusión, la adaptación y la resiliencia relacionadas con el clima (por ejemplo, la tecnología 3D permite el análisis no destructivo de los activos, la visualización de daños y la información para la recuperación, la conservación, etc.). Del mismo modo, los gemelos digitales y las tecnologías de observación de la Tierra pueden ser de vital importancia a la hora de aumentar la resiliencia al cambio climático y de apoyar la conservación preventiva de monumentos, edificios y lugares del patrimonio cultural. En este contexto, la digitalización también es un impulsor del apoyo a los expertos en la lucha contra los delitos medioambientales en sitios específicos.

(10)

Es importante que los Estados miembros sigan esforzándose para digitalizar (6) y conservar los bienes del patrimonio cultural digitalmente. El establecimiento de objetivos específicos para la digitalización y conservación, a partir de una evaluación de las necesidades y sobre criterios claros y objetivos, conduciría a resultados concretos y cuantificables. Esto sería especialmente importante para el patrimonio cultural en riesgo. En tales casos, la digitalización 3D con el mayor nivel de detalle puede ser incluso una necesidad, por ejemplo para fines de conservación y de recuperación. Sin embargo, incluso cuando el riesgo de deterioro o destrucción sea bajo, debe ser una prioridad, dado el elevado potencial de reutilización de los bienes del patrimonio cultural digitalizados, como las experiencias innovadoras y el turismo sostenible, para apoyar la recuperación total y la resiliencia de la economía, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Además, los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos en ámbitos digitalizados, como edificios, monumentos y lugares, y el patrimonio cultural inmaterial.

(11)

Además de responder a fines de conservación y recuperación, las tecnologías 3D también pueden ofrecer mayores oportunidades para que las instituciones responsables del patrimonio cultural lleguen a públicos más amplios con más experiencias de inmersión que incluyan el acceso virtual a lugares que normalmente son inaccesibles (por ejemplo, lugares subacuáticos) o que se encuentran cerrados temporalmente, o llegar a personas con discapacidad visual ofreciendo, por ejemplo, experiencias táctiles accesibles. Por tanto, prestar especial atención a la digitalización 3D del patrimonio cultural en riesgo y de los monumentos, edificios y lugares del patrimonio cultural más visitados mejoraría el valor y el potencial del patrimonio cultural. Esto también estaría en consonancia con la Declaración sobre la cooperación para promover la digitalización del patrimonio cultural, de abril de 2019 (7), en la que los Estados miembros acordaron intensificar los esfuerzos y proseguir conjuntamente los avances, en el marco del pilar de una iniciativa paneuropea para la digitalización 3D de objetos históricos, monumentos y lugares del patrimonio cultural.

(12)

No obstante, la digitalización no implica la conservación digital por defecto. Para garantizar el acceso a los activos digitalizados a largo plazo, los Estados miembros necesitan planificar y llevar a cabo cuidadosamente la conservación digital de sus activos, teniendo en cuenta todos los desafíos financieros, organizativos y técnicos pertinentes a largo plazo. Los objetivos de conservación digital pueden incluir, no solo los bienes del patrimonio cultural que se consideran prioritarios para la digitalización (por ejemplo, activos en riesgo, monumentos y lugares más visitados, o en ámbitos digitalizados), sino también activos previamente digitalizados.

(13)

El marco financiero actual ofrece oportunidades sin precedentes para que los Estados miembros utilicen diferentes canales de financiación a fin de impulsar significativamente la digitalización y la conservación y desarrollar una capacidad significativamente mayor en el sector del patrimonio cultural. Los Estados miembros deben aumentar la concienciación entre los agentes del sector acerca de las oportunidades de financiación ofrecidas por Europa Digital, Horizonte Europa (8), los fondos de la política de cohesión (9), la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) (10), el instrumento de apoyo técnico (11) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (12) para apoyar las inversiones necesarias para la recuperación y la transformación digital del sector, para dar un mayor acceso a la cultura y para repercutir positivamente en las comunidades locales.

(14)

Para digitalizar el patrimonio cultural europeo se requiere una cantidad significativa de recursos financieros. A fin de compartir los esfuerzos financieros y, a su vez, acelerar el acceso público al patrimonio cultural, las instituciones responsables del patrimonio cultural están cooperando con agentes privados. Aun así, muchos de estos acuerdos de cooperación conceden derechos exclusivos a los socios privados. La Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) establece un conjunto de normas mínimas que regula la reutilización y determina dispositivos prácticos para facilitar la reutilización de los documentos existentes que obran en poder de los organismos del sector público de los Estados miembros. En concreto, exige a las instituciones responsables del patrimonio cultural que entran en su ámbito de aplicación (por ejemplo, museos, archivos, bibliotecas) que cumplan las disposiciones específicas sobre los acuerdos exclusivos, tal como se establece en el artículo 12 de la Directiva. Para facilitar que todos tengan un acceso justo y no discriminatorio a los bienes del patrimonio cultural, las instituciones responsables del patrimonio cultural que colaboran con el sector privado, en particular aquellas que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva antes mencionada, deben procurar aplicar los principios expuestos en dicho artículo 12.

(15)

Tal y como se pone de relieve en la Agenda de Capacidades Europea (14), la pandemia de COVID-19 ha ampliado la ya existente brecha en materia de capacidades digitales, a la vez que han ido surgiendo nuevas desigualdades, ya que muchos profesionales no tienen el nivel exigido de competencias digitales necesarias en los lugares de trabajo. Esto también es válido para el sector del patrimonio cultural, donde la brecha digital dificulta, sobre todo a las pequeñas instituciones (por ejemplo, museos), la utilización de tecnologías avanzadas como la tecnología 3D o la inteligencia artificial. Por tanto, en consonancia con la Agenda de Capacidades Europea y su primera iniciativa emblemática, el Pacto por las Capacidades, y para apoyar el plan de acción del pilar europeo de derechos sociales (15), los Estados miembros deben fijar objetivos específicos para la capacitación o reciclaje profesional de los profesionales en el ámbito del patrimonio cultural. De forma complementaria, y basándose en la Alianza del Plan para el Patrimonio Cultural (CHARTER), las industrias culturales y creativas, siendo uno de los catorce ecosistemas reconocidos por la estrategia del mercado único, están actualmente estableciendo una asociación a gran escala para el desarrollo de las capacidades que deben incorporarse al Pacto por las Capacidades.

(16)

Las instituciones responsables del patrimonio cultural se han enfrentado a diferentes obstáculos relacionados con los derechos de autor a la hora de digitalizar y compartir el patrimonio cultural, como los costes asociados a la obtención de derechos, la falta de conocimientos especializados suficientes en materia de derechos de autor entre los profesionales del patrimonio cultural y las limitaciones a la cooperación transfronteriza entre instituciones. Por tanto, se han adoptado medidas específicas a escala de la UE para abordar dichos desafíos. Por ejemplo, la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital establece diversas disposiciones por las que se moderniza el marco en materia de derechos de autor que regula la forma en la que trabajan las instituciones responsables del patrimonio cultural en el entorno digital. Uno de los cambios más importantes introducidos por la Directiva es un marco claro para la digitalización y difusión de obras que están fuera del circuito comercial que las instituciones responsables del patrimonio cultural tienen en sus colecciones. Además, la Directiva introduce excepciones armonizadas y obligatorias para la realización de copias de conservación por parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural y para la extracción de datos y textos para la investigación científica. Por último, la Directiva aclara la situación de las obras de arte visual de dominio público con el objetivo de ampliar la seguridad jurídica. En concreto, las nuevas normas en materia de derechos de autor facilitarán una misión principal de interés público de las instituciones con la mejora de la conservación y la disponibilidad del patrimonio cultural y facilitando considerablemente la utilización de obras que ya no están comercialmente disponibles en beneficio de la cultura europea y de todos los ciudadanos. Los Estados miembros deben garantizar, por tanto, una ejecución y aplicación efectiva de la legislación de la Unión en materia de derechos de autor para que las instituciones responsables del patrimonio cultural puedan beneficiarse plenamente del marco en materia de derechos de autor, tal y como fue actualizado concretamente por la Directiva (UE) 2019/790.

(17)

Europeana (17) ha sido clave para el refuerzo de las actividades de normalización y cooperación transfronterizas, en la Unión y en el resto del mundo. Sus marcos normalizados para el intercambio de metadatos y contenidos digitales en línea —en especial, el modelo de datos de Europeana (18), las declaraciones de derechos (19) y el marco de publicación de Europeana (20)— han tenido una amplia aceptación en el sector del patrimonio cultural en Europa y a escala internacional. Por ejemplo, el modelo de datos de Europeana permite una representación normalizada de datos suministrados en Europeana por las instituciones responsables del patrimonio cultural de diferentes ámbitos utilizando diferentes formatos. El marco RightsStatements.org ofrece una serie de declaraciones de derechos normalizadas que pueden ser utilizadas por las instituciones responsables del patrimonio cultural para comunicar al público los derechos de autor y el estado de reutilización de los objetos digitales. Sin embargo, la interoperabilidad sigue siendo un esfuerzo continuo en términos de formatos y normas para los metadatos y contenidos digitales, como en el caso de la tecnología 3D o la utilización de entidades contextuales y listas oficiales de encabezamiento para la interoperabilidad semántica. En la Declaración sobre la cooperación para promover la digitalización del patrimonio cultural, de abril de 2019, los Estados miembros acordaron intensificar sus esfuerzos para seguir desarrollando y fomentando marcos y normas de interoperabilidad en las iniciativas sobre digitalización. Por tanto, los Estados miembros y las instituciones responsables del patrimonio cultural deben redoblar sus esfuerzos para apoyar o cumplir las normas y marcos pertinentes a fin de acelerar el intercambio y la reutilización de datos.

(18)

La creación de un espacio común europeo de datos para el patrimonio cultural ofrecerá a las instituciones responsables del patrimonio cultural la posibilidad de desarrollarse adaptándose a la dimensión del mercado interior, en consonancia con la Estrategia Europea de Datos (21). Fomentará la reutilización de los contenidos y estimulará la creatividad en diversos sectores, con valor para el conjunto de la economía y de la sociedad. En concreto, ofrecerá contenidos de alta calidad y acceso eficiente, fiable y de fácil uso a los bienes de patrimonio cultural europeos. Potenciará más colaboraciones, asociaciones e interacciones con la red de socios facilitadores de datos (por ejemplo, museos, galerías, bibliotecas, archivos en toda Europa), agregadores y expertos que trabajen en el ámbito del patrimonio cultural digital. El espacio de datos se basará en la estrategia actual de Europeana para 2020-2025 (22), cuyo objetivo es capacitar a las instituciones responsables del patrimonio cultural en su transformación digital.

(19)

Actualmente, Europeana da acceso a 52 millones de bienes del patrimonio cultural, de los cuales el 45 % pueden ser reutilizados en diversos sectores. Las imágenes y el texto constituyen el 97,5 % de los bienes, con solo el 2,47 % de contenido audiovisual y el 0,03 % en 3D. El aumento de las contribuciones de activos digitalizados de alta calidad, como en la tecnología 3D, mejoraría la innovación y la creación a través de la utilización y reutilización de los bienes del patrimonio cultural en diversos ámbitos clave (por ejemplo, la educación, las ciudades inteligentes y la modelización medioambiental, el turismo sostenible y los sectores culturales y creativos). Aportar otros 40 millones de tipos de activos de alta calidad, digitalizados y diversificados a través del espacio de datos aumentaría la riqueza del material disponible en línea, a la vez que se seguiría promocionando nuestro patrimonio cultural europeo. Este aumento también permitiría una mayor reutilización y, por tanto, posibles nuevos servicios y aplicaciones. Es importante que las instituciones responsables del patrimonio cultural realicen contribuciones significativas al espacio de datos, con el apoyo de los Estados miembros.

(20)

Los agregadores nacionales y de dominio o temáticos tienen un papel fundamental en el panorama del patrimonio cultural, tendiendo puentes entre los diversos actores dentro y fuera del sector del patrimonio cultural, a escala nacional y europea. Por ejemplo, los agregadores nacionales agregan y enriquecen los contenidos para Europeana, facilitan el acceso a los bienes del patrimonio cultural de su país y los promueven, y ponen en común los conocimientos y los recursos valiosos para el sector del patrimonio cultural. Sin embargo, aunque la mayoría de agregadores de toda la UE tienen un mandato oficial para sus actividades, sigue habiendo muchos otros que necesitan uno y que tienen dificultades para garantizar recursos suficientes y sostenibles o apoyo organizativo. Los Estados miembros deben abordar este desafío reforzando la función de los agregadores, proporcionando apoyo adecuado y apoyando su contribución al espacio común europeo de datos para el patrimonio cultural.

(21)

El aumento previsto en el número y la complejidad de activos digitales requerirá soluciones basadas en la nube que sean seguras, resilientes, eficientes y sostenibles para el tratamiento, el acceso y la gestión de dichos conjuntos de datos. Por tanto, el apoyo de los Estados miembros (23) a la federación europea de las infraestructuras y servicios nube/borde será clave para un acceso efectivo a los bienes del patrimonio cultural digitalizados.

(22)

La presente Recomendación se basa en la Recomendación 2011/711/UE, y la sustituye.