(1)

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «El Pacto Verde Europeo», en la que trazó una hoja de ruta en la que se establece una nueva estrategia de crecimiento para Europa y objetivos ambiciosos contra el cambio climático y para la protección del medio ambiente. En consonancia con la determinación de alcanzar el objetivo climático de la Unión para 2030 establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y el Consejo (4) y de lograr la neutralidad climática en la Unión a más tardar en 2050 de manera efectiva y socialmente justa, en el Pacto Verde Europeo se anunció un Mecanismo para una Transición Justa a fin de proporcionar recursos para hacer frente al desafío del proceso de transición hacia el objetivo climático de la Unión para 2030 y el objetivo de neutralidad climática en la Unión a más tardar en 2050 sin dejar a nadie atrás. Las regiones y personas más vulnerables son quienes están más expuestas a los efectos nocivos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. La transición hacia una economía climáticamente neutra brinda nuevas oportunidades económicas, con un gran potencial de creación de empleo, en particular en los territorios que actualmente dependen de los combustibles fósiles. También puede contribuir a aumentar la seguridad y la resiliencia energéticas. Sin embargo, la transición también puede generar a corto plazo costes sociales y económicos en territorios que están experimentando un intenso proceso de descarbonización y que ya están debilitados por los perturbadores efectos económicos y sociales de la crisis de la COVID-19.

(2)

Para gestionar la transición serán necesarios importantes cambios estructurales, tanto a nivel nacional como regional. Para que esa transición culmine con éxito, tiene que contribuir a reducir las desigualdades, tener un efecto neto sobre el empleo mediante la creación de nuevos puestos de trabajo de alta calidad y ser justa y socialmente aceptable para todos, además de contribuir a reforzar la competitividad. A este respecto, es fundamental que se pueda apoyar a los territorios más negativamente afectados por la transición, en particular las regiones dedicadas a la minería del carbón, para diversificar y revitalizar sus economías locales y a crear oportunidades de empleo sostenibles para los trabajadores afectados.

(3)

El 14 de enero de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible – Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo», en la que proponía un Mecanismo para una Transición Justa centrado en las regiones y los sectores que se ven más afectados por la transición debido a su dependencia de los combustibles fósiles, como el carbón, la turba y el esquisto bituminoso, o a su dependencia de procesos industriales que generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero, pero que tienen menos capacidad para financiar las inversiones necesarias. La creación del Mecanismo para una Transición Justa también fue afirmada en las Conclusiones del Consejo Europeo del 21 de julio de 2020. El Mecanismo para una Transición Justa consta de tres pilares: un Fondo de Transición Justa ejecutado en régimen de gestión compartida, un Régimen de Transición Justa específico en el marco del Programa InvestEU, y un instrumento de préstamo al sector público para movilizar inversiones adicionales en favor de las regiones afectadas. Esos tres pilares proporcionan una ayuda complementaria a dichas regiones a fin de fomentar la transición hacia una economía climáticamente neutra a más tardar en 2050.

(4)

Para una mejor programación y ejecución del Fondo de Transición Justa, se deben establecer planes territoriales de transición justa, en los que se fijen las etapas clave y el calendario del proceso de transición y se determinen los territorios que se ven más negativamente afectados por la transición hacia una economía climáticamente neutra y que tienen menos capacidad para hacer frente a los desafíos de la transición. Los planes territoriales de transición justa se han de elaborar conjuntamente con las autoridades locales y regionales correspondientes y con la participación de todos los socios pertinentes de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Dichos planes pueden modificarse, junto con los correspondientes programas que reciben apoyo del Fondo de Transición Justa, de conformidad con el artículo 24 de dicho Reglamento, a fin de incluir a nuevos territorios que vayan a verse gravemente afectados por la transición de una manera no prevista en el momento de su adopción inicial.

(5)

Debe establecerse un instrumento de préstamo al sector público (en lo sucesivo, «Instrumento»). Constituye el tercer pilar del Mecanismo para una Transición Justa, destinado a prestar apoyo a las inversiones de las entidades del sector público, dado el papel clave de dicho sector a la hora de tratar las deficiencias del mercado. Dichas inversiones deben responder a las necesidades de desarrollo derivadas de los desafíos de la transición, según lo descrito en los planes territoriales de transición justa aprobados por la Comisión. Las actividades que se prevea apoyar en el marco del Instrumento deben ser coherentes con las que reciben apoyo en el marco de los otros dos pilares del Mecanismo para una Transición Justa y complementarlas. A fin de adaptar su duración al período del marco financiero plurianual comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 (en lo sucesivo, «MFP 2021-2027»), establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (6), el Instrumento debe establecerse por un período de siete años.

(6)

Con el fin de reforzar la cohesión y la diversificación económica de los territorios afectados por la transición, el Instrumento debe cubrir una amplia gama de inversiones sostenibles, siempre que dichas inversiones contribuyan a satisfacer las necesidades de dichos territorios provocadas por la transición hacia el objetivo climático de la Unión para 2030 establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119 y la neutralidad climática en la Unión a más tardar en 2050, según lo descrito en los planes territoriales de transición justa. Con el fin de mejorar la eficacia del Instrumento, este debe poder apoyar proyectos admisibles cuya ejecución se haya iniciado antes de que los beneficiarios hubieran presentado su solicitud al Instrumento. El Instrumento no debe apoyar inversiones en las que figure alguna de las actividades excluidas en virtud del artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), pero puede apoyar inversiones en energías renovables y en movilidad ecológica y sostenible, incluido el fomento del hidrógeno verde, redes de calefacción urbana eficientes, investigación pública, digitalización, infraestructuras medioambientales de gestión inteligente de residuos y del agua, y puede apoyar medidas de energía sostenible, eficiencia energética e integración, que incluyan la renovación y la transformación de edificios, la renovación y la regeneración urbanas, la transición a una economía circular, la rehabilitación y la descontaminación de tierras y ecosistemas — teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga—, la biodiversidad, así como el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales, la formación y las infraestructuras sociales, incluidas las instalaciones de cuidados y la vivienda social.

(7)

El desarrollo de las infraestructuras también podría incluir proyectos y soluciones transfronterizos que conduzcan a una mayor resiliencia ante las catástrofes ecológicas, en particular las agravadas por el cambio climático. Debe favorecerse un planteamiento global de la inversión, en particular para los territorios con importantes necesidades de transición. También podrían apoyarse inversiones en otros sectores si son coherentes con los planes territoriales de transición justa aprobados. Mediante su apoyo a inversiones que no generen flujos de ingresos suficientes para cubrir sus costes de inversión, el Instrumento debe aspirar a proporcionar a las entidades del sector público los recursos adicionales necesarios para hacer frente a los desafíos territoriales, sociales, económicos y medioambientales derivados de la adaptación a la transición. Con el fin de contribuir a determinar qué inversiones son admisibles en el marco del Instrumento y tienen un impacto medioambiental muy positivo, también en materia de biodiversidad, la Comisión, en su evaluación del Instrumento, debe tener en cuenta la taxonomía de la UE sobre las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Todos los socios financieros deben utilizar, cuando proceda, la taxonomía de la UE sobre las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, incluido el principio de «no causar un perjuicio significativo», a fin de garantizar la transparencia respecto de los proyectos sostenibles.

(8)

A lo largo de todo el proceso de preparación, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos admisibles en el marco del Instrumento debe asegurarse, según corresponda, el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular de la igualdad de género. Del mismo modo, los beneficiarios y la Comisión deben evitar también cualquier discriminación por razón de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual durante la ejecución del Instrumento. Los objetivos del Instrumento deben perseguirse en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el pilar europeo de derechos sociales, el principio de que quien contamina paga, el Acuerdo de París, adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (8) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), y el principio de «no causar un perjuicio significativo».

(9)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dichas normas se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso de expertos nacionales, y prevén comprobaciones de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(10)

El Instrumento debe prestar apoyo en forma de subvenciones concedidas por la Unión en combinación con préstamos concedidos por un socio financiero de conformidad con sus normas, políticas de préstamo y procedimientos. La dotación financiera del componente de subvención, ejecutada por la Comisión en régimen de gestión directa, debe revestir la forma de financiación no vinculada a los costes, de conformidad con el artículo 125 del Reglamento Financiero. Esta forma de financiación debe ayudar a incentivar la participación de los promotores de proyectos y su contribución a la consecución de los objetivos del Instrumento de una manera eficiente en relación con la cuantía del préstamo. El componente de préstamo debe proporcionarlo el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Debe ser posible ampliar el Instrumento también a fin de que otros socios financieros puedan proporcionar el componente de préstamo, cuando se disponga de recursos adicionales para el componente de subvención o cuando sea necesario para una correcta ejecución del Instrumento. En tales casos, la Comisión debe informar a los Estados miembros y al Parlamento Europeo sobre la intención de ampliar el Instrumento y debe seleccionar socios financieros adicionales teniendo en cuenta la capacidad de estos para cumplir los objetivos del Instrumento, aportar sus recursos propios y garantizar una cobertura geográfica adecuada.

(11)

La Comisión y los socios financieros deben firmar acuerdos administrativos. Estos acuerdos deben establecer las disposiciones de ejecución aplicables a la evaluación y el seguimiento de los proyectos, así como los derechos y las obligaciones respectivos de cada parte, incluidas disposiciones detalladas en materia de auditoría, informes y comunicación. Los acuerdos sobre comunicación deben incluir, en particular, la obligación de publicar información sobre cada proyecto individual o cada sistema de préstamos que reciban apoyo en el marco del Instrumento.

(12)

Al abordar las necesidades de inversión de los territorios más negativamente afectados por la transición hacia una economía climáticamente neutra, el Instrumento debe aportar una contribución clave a la integración de las acciones relativas al clima. Los recursos del componente de subvención del Instrumento contribuirán, por lo tanto, a la consecución de los objetivos climáticos en la misma medida que el Fondo de Transición Justa.

(13)

Del componente de subvención del Instrumento250 000 000 EUR deben financiarse con cargo al presupuesto de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093, y esa cantidad debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del punto 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (10).

(14)

Del componente de subvención del Instrumento 275 000 000 EUR deben financiarse mediante reembolsos procedentes de los instrumentos financieros establecidos con arreglo a los programas enumerados en el anexo I del presente Reglamento. Estos ingresos proceden de programas finalizados independientes del Instrumento, y deben considerarse ingresos afectados externos como excepción a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3, letra f), del Reglamento Financiero, sobre la base del artículo 322, apartado 1, del TFUE.

(15)

Del componente de subvención del Instrumento, 1 000 000 000 EUR debe financiarse con el excedente previsible de la provisión para la garantía de la UE establecida por el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Por consiguiente, debe hacerse una excepción a lo dispuesto en el artículo 213, apartado 4, letra a), del Reglamento Financiero, que establece la obligación de devolver al presupuesto todo excedente de provisiones para una garantía presupuestaria, a fin de afectar ese excedente al Instrumento. Estos ingresos afectados deben considerarse ingresos afectados externos como excepción a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3, letra f), del Reglamento Financiero, sobre la base del artículo 322, apartado 1, del TFUE.

(16)

De conformidad con el artículo 12, apartado 4, letra c), del Reglamento Financiero, los créditos correspondientes a ingresos afectados externos pueden prorrogarse automáticamente al programa o acción siguiente. Esta disposición permite adecuar la programación plurianual de ingresos afectados a la trayectoria de ejecución de los proyectos financiados por el Instrumento.

(17)

También deben preverse recursos para prestar apoyo en forma de asesoramiento con el fin de promover la preparación, el desarrollo y la ejecución de proyectos admisibles y la preparación anticipada de proyectos previa a la presentación por parte del beneficiario de la solicitud al Instrumento. Una parte de dichos recursos debe destinarse a apoyar la capacidad endógena de los beneficiarios, para garantizar la sostenibilidad de los proyectos admisibles.

(18)

A fin de garantizar que todos los Estados miembros puedan beneficiarse del componente de subvención, debe crearse un mecanismo para preasignar las cuotas nacionales durante una primera fase, tal como se establece en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/1056. No obstante, con el fin de conciliar este objetivo con la necesidad de optimizar el impacto económico del Instrumento y su ejecución, no deben preasignarse tales cuotas nacionales para el período posterior al 31 de diciembre de 2025. Después de esa fecha, los recursos restantes disponibles para el componente de subvención deben proporcionarse sin cuotas nacionales preasignadas y sobre una base competitiva a nivel de la Unión, garantizando al mismo tiempo la previsibilidad para la inversión y siguiendo un planteamiento basado en las necesidades y en la convergencia regional.

(19)

En el programa de trabajo y en la convocatoria de propuestas deben establecerse de manera específica las condiciones de admisibilidad y los criterios de adjudicación. Dichas condiciones y criterios deben tener en cuenta la pertinencia de los proyectos en el contexto de las necesidades de desarrollo descritas en los planes territoriales de transición justa, el objetivo general de promover la convergencia regional y territorial y la importancia del componente de subvención para la viabilidad del proyecto. Además, los programas de trabajo deben establecer los criterios de adjudicación aplicables para casos en los que los recursos sean insuficientes para apoyar a proyectos admisibles. Debe darse prioridad a los proyectos situados en las regiones menos desarrolladas, a los proyectos que contribuyan directamente al logro de los objetivos climáticos de la Unión y a los proyectos promovidos por entidades del sector público que hayan aprobado planes de descarbonización con esta jerarquía de criterios correspondiente, cuando proceda. Por consiguiente, el apoyo de la Unión proporcionado en el marco del Instrumento solamente debe ponerse a disposición de los Estados miembros que hayan aprobado al menos un plan territorial de transición justa. El programa de trabajo y las convocatorias de propuestas también deben tener en cuenta los planes territoriales de transición justa presentados por los Estados miembros, a fin de garantizar la coherencia entre los distintos pilares del Mecanismo. Con el fin de optimizar el impacto del Instrumento, los proyectos concretos que reciban apoyo en el marco de este último no deben recibir apoyo de otros programas de la Unión, salvo en lo que respecta a la preparación de proyectos. No obstante, en las operaciones que se componen de proyectos diferentes e identificables, dichos proyectos pueden recibir apoyo de distintos programas de la Unión de conformidad con las normas de admisibilidad aplicables.

(20)

A fin de optimizar la eficacia de la ayuda de la Unión e impedir la sustitución de posibles ayudas e inversiones procedentes de otras fuentes, solo debe proporcionarse apoyo en el marco del Instrumento a proyectos que no generen flujos de ingresos suficientes para cubrir sus costes de inversión. Dichos ingresos deben corresponderse con ingresos (excluidas las transferencias presupuestarias) generados directamente por las actividades realizadas en el marco del proyecto, como ventas, tasas o peajes, y los ahorros suplementarios derivados de la mejora de los activos existentes.

(21)

Dado que el componente de subvención debe tener en cuenta las diferentes necesidades de desarrollo de las regiones en los distintos Estados miembros, el apoyo en forma de subvenciones debe ajustarse en favor de las regiones menos desarrolladas. Teniendo en cuenta que las entidades del sector público suelen tener menor capacidad de inversión pública en las regiones menos desarrolladas, los porcentajes de subvención aplicados a los préstamos concedidos a dichas entidades deben ser comparativamente superiores.

(22)

Con el fin de garantizar la ejecución eficaz del Instrumento, puede ser necesario prestar apoyo en forma de asesoramiento para la preparación, el desarrollo y la ejecución de los proyectos. Dicho apoyo debe prestarse a través del Centro de Asesoramiento InvestEU, en beneficio de los proyectos admisibles y de la preparación de proyectos antes de la presentación de las solicitudes, prestando especial atención a los beneficiarios con menor capacidad administrativa o situados en regiones menos desarrolladas. También debe caber la posibilidad de que ese tipo de apoyo se conceda en el marco de otros programas de la Unión.

(23)

Con el fin de medir la eficacia del Instrumento y su capacidad para cumplir sus objetivos y de apoyar la preparación de su posible prórroga más allá de 2027, la Comisión debe realizar una evaluación intermedia y una evaluación final, incluida una evaluación de la posibilidad de adoptar disposiciones en materia de evaluación del impacto de género, si procede, y debe presentar los informes de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. En virtud de los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (12), el Instrumento debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación.

(24)

A fin de acelerar la ejecución y garantizar que los recursos se utilicen a su debido tiempo, el presente Reglamento debe establecer unas salvaguardias específicas que han de incluirse en los convenios de subvención. Habida cuenta de este objetivo, la Comisión, en consonancia con el principio de proporcionalidad, debe poder reducir o poner fin a cualquier apoyo de la Unión en caso de falta significativa de progreso en la ejecución del proyecto. El Reglamento Financiero es aplicable al Instrumento. A fin de garantizar la coherencia en la ejecución de los programas de financiación de la Unión, el Reglamento Financiero debe aplicarse al componente de subvención y a los recursos para prestar apoyo en forma de asesoramiento facilitados en el marco del Instrumento.

(25)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (14), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (15) y (UE) 2017/1939 (16) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(26)

A fin de modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a los indicadores clave de rendimiento para realizar un seguimiento de la ejecución y de los progresos del Instrumento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(27)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a los programas de trabajo y a las condiciones y procedimientos de selección de socios financieros distintos del BEI. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (18).

(28)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, beneficiar a los territorios más negativamente afectados por la transición hacia la neutralidad climática, atendiendo a las necesidades de desarrollo correspondientes a través del impulso a las inversiones públicas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos dadas las dificultades que encuentran las entidades del sector público para apoyar inversiones que no generan flujos de ingresos suficientes para cubrir sus costes de inversión, sino que, debido a la necesidad de un marco de aplicación coherente en régimen de gestión directa, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha sido modificado en varias ocasiones y de forma sustancial (5). En aras de la claridad y la racionalidad, conviene proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

Para el buen funcionamiento del mercado interior y a fin de facilitar los intercambios transfronterizos en la Unión, resulta indispensable que las comisiones aplicadas a los pagos transfronterizos en euros sean las mismas que las de los correspondientes pagos en el interior de un Estado miembro.

(3)

No es oportuno aplicar el principio de igualdad de comisiones a los instrumentos de pago que se materializan principal o exclusivamente en soporte papel, como los cheques, pues, por su propia naturaleza, no permiten un tratamiento tan eficiente como los pagos electrónicos.

(4)

El principio de igualdad de comisiones debe aplicarse a los pagos que se inician o se terminan en soporte papel o en efectivo que se tratan por medios electrónicos en el curso de la cadena de ejecución del pago, excluidos los cheques, y a todas las comisiones vinculadas, tanto directa como indirectamente, a una operación de pago, incluidas las comisiones vinculadas a un contrato. Entre las comisiones indirectas se incluyen las comisiones cobradas por la creación de una orden permanente de pago o las comisiones cobradas por la utilización de una tarjeta de pago, de débito o de crédito, que deben ser idénticas para las operaciones de pago nacionales y transfronterizas dentro de la Unión.

(5)

A fin de evitar la fragmentación de los mercados de pagos, resulta oportuno aplicar el principio de igualdad de comisiones. Para ello, cada categoría de operaciones de pago transfronterizo ha de hacerse corresponder con un pago nacional de iguales o muy similares características. Para determinar la equivalencia entre el pago nacional y un pago transfronterizo deben poder utilizarse, entre otros, los siguientes criterios: el canal utilizado para iniciar, ejecutar y terminar el pago, el grado de automatización, toda garantía de pago, categoría de cliente y relación con el proveedor de servicios de pago o el instrumento de pago utilizado, tal y como se define en el artículo 4, punto 14, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Estos criterios no deben considerarse exhaustivos.

(6)

Las autoridades competentes deben emitir unas directrices para determinar los pagos equivalentes cuando lo consideren necesario. La Comisión, asistida cuando proceda por el Comité de pagos establecido por el artículo 85, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) debe facilitar una orientación y una asistencia adecuadas a las autoridades competentes.

(7)

A fin de facilitar el funcionamiento del mercado interior y evitar desigualdades entre los usuarios de los servicios de pago en los Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro en relación con los pagos transfronterizos en euros, es necesario garantizar que las comisiones por los pagos transfronterizos en euros dentro de la Unión se igualen con las percibidas por los pagos nacionales equivalentes efectuados en la moneda nacional del Estado miembro en el que esté radicado el proveedor de servicios de pago del usuario del servicio de pago. Se considera que un proveedor de servicios de pago está radicado en el Estado miembro en el que presta sus servicios al usuario de servicios de pago.

(8)

Cuando las monedas del Estado miembro del ordenante y el Estado miembro del beneficiario son distintas, las comisiones por conversión de divisas encarecen significativamente el coste de los pagos transfronterizos. El artículo 45 de la Directiva (UE) 2015/2366 exige que las comisiones y los tipos de cambio utilizados sean transparentes, su artículo 52, punto 3, especifica los requisitos de información relativos a las operaciones de pago cubiertas por un contrato marco, y su artículo 59, apartado 2, se refiere a los requisitos de información exigibles a las partes que presten servicios de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta. Es necesario establecer medidas adicionales para proteger a los consumidores frente a las comisiones excesivas por servicios de conversión de divisas y velar por que a los consumidores se les dé la información que necesitan para elegir la mejor opción de conversión de divisa.

(9)

Las medidas que deben aplicarse deben ser adecuadas, apropiadas y rentables en términos de coste-beneficio. Al mismo tiempo, en los casos en que el ordenante tenga que hacer frente a diferentes opciones de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta, la información facilitada debe ser comparable, de modo que el ordenante pueda tomar una decisión informada.

(10)

Para lograr dicha comparabilidad, las comisiones por conversión de divisas para todos los pagos con tarjeta deben expresarse de la misma manera, es decir, como un margen porcentual sobre los últimos tipos de cambio de referencia del euro disponibles publicados por el Banco Central Europeo (BCE). El margen podría tener que calcularse sobre un tipo de cambio derivado de dos tipos de cambio del BCE en el caso de una conversión entre dos divisas distintas del euro.

(11)

De conformidad con los requisitos generales de información relativos a las comisiones por conversión de divisas establecidos en la Directiva (UE) 2015/2366, los proveedores de servicios de conversión de divisas deben informar sobre sus comisiones por conversión de divisas antes del inicio de una operación de pago. Las partes que ofrezcan servicios de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta deben informar sobre las comisiones que aplican por dichos servicios de manera clara y accesible, por ejemplo, exponiendo sus comisiones en el mostrador, en formato digital a través del terminal, o en pantalla en el caso de las compras en línea. Además de la información indicada en el artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, dichas partes deben facilitar, antes del inicio del pago, información explícita sobre el importe que se haya de abonar al beneficiario en la divisa utilizada por el beneficiario y el importe total que deba abonar el ordenante en la divisa de la cuenta del ordenante. El importe que se haya de abonar en la divisa utilizada por el beneficiario debe reflejar el precio de los bienes o servicios que se vayan a adquirir y puede mostrarse en la caja en lugar de hacerse a través del terminal de pago. La divisa utilizada por el beneficiario es, en general, la divisa local, pero, según el principio de libertad contractual, en algunos casos podría ser otra divisa de la Unión. El importe total que deba abonar el ordenante en la divisa de la cuenta del ordenante debe incluir el precio de los bienes o servicios y la comisión por conversión de divisas. Además, ambos importes deben documentarse en el recibo o en otro soporte duradero.

(12)

En lo que respecta al artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, cuando se ofrezca un servicio de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta, el ordenante debe tener la posibilidad de rechazar el servicio y de pagar, en su lugar, en la divisa utilizada por el beneficiario.

(13)

Para que los ordenantes puedan comparar las comisiones de las distintas opciones de conversión de divisas disponibles en un cajero automático o en el punto de venta, el proveedor de servicios de pago del ordenante no solo debe incluir información plenamente comparable sobre las comisiones aplicables a la conversión de divisas en los términos y condiciones establecidos en su contrato marco, sino que debe, asimismo, hacer pública esa información en un soporte electrónico ampliamente disponible y de fácil acceso, en particular en su sitio web transaccional, en su sitio web de banca en línea y en su aplicación de banca móvil, de manera fácilmente comprensible y accesible. Esto permitiría el desarrollo de sitios web de comparación a fin de facilitar a los consumidores la comparación de los precios al viajar o hacer compras en el extranjero. Además, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe recordar al ordenante las comisiones por conversión de divisas aplicables cuando un pago con tarjeta se haga en otra divisa, mediante el uso de canales de comunicación electrónica ampliamente disponibles y de fácil acceso, como mensajes SMS, correos electrónicos o notificaciones a través de la aplicación de banca móvil del ordenante. Los proveedores de servicios de pago deben acordar con los usuarios de servicios de pago el canal electrónico de comunicación a través del cual proporcionarán la información sobre las comisiones por conversión de divisas, teniendo en cuenta el canal más eficaz para llegar al ordenante. Los proveedores de servicios de pago deben aceptar asimismo las solicitudes de los usuarios de servicios de pago de no recibir los mensajes electrónicos que contengan información sobre las comisiones por conversión de divisas.

(14)

Los recordatorios periódicos son adecuados en situaciones en las que el ordenante permanece en el extranjero por períodos de tiempo más largos, por ejemplo cuando el ordenante está destinado o estudia en el extranjero o cuando utiliza regularmente una tarjeta para realizar compras en línea en la divisa local. La obligación de proporcionar estos recordatorios garantizaría que el ordenante estuviera informado a la hora de sopesar las diferentes opciones de conversión de divisas.

(15)

Es importante facilitar a los proveedores de servicios de pago la ejecución de los pagos transfronterizos. A este respecto, deben impulsarse avances en materia de normalización, en especial el uso del número identificador de una cuenta de pago internacional (IBAN) y del código identificador de la entidad (BIC). Por tanto, es preciso que los proveedores de servicios de pago proporcionen a los usuarios de servicios de pago el IBAN y el BIC para la cuenta de que se trate.

(16)

A fin de garantizar que las estadísticas de la balanza de pagos sigan produciéndose ininterrumpida, oportuna y eficientemente en el contexto de la zona única de pagos en euros (SEPA), procede garantizar que puedan seguir recopilándose aquellos datos sobre los pagos que sean de inmediata disposición, como el IBAN, el BIC y el importe de la operación, o datos básicos agregados sobre los pagos en relación con los diferentes instrumentos de pago, a condición de que el proceso de recopilación no perturbe el tratamiento automatizado de los pagos y pueda efectuarse de forma totalmente automática. El presente Reglamento no afecta a las obligaciones de información con otros fines políticos, como la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o con fines fiscales.

(17)

Las autoridades competentes deben estar facultadas para cumplir de manera eficiente sus obligaciones de supervisión y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los proveedores de servicios de pago cumplan el presente Reglamento.

(18)

A fin de garantizar la posibilidad de reparación en caso de aplicación incorrecta del presente Reglamento, los Estados miembros deben establecer procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso para la resolución de posibles litigios entre el usuario de los servicios de pago y el proveedor de dichos servicios. Es importante asimismo designar autoridades competentes y organismos de resolución extrajudicial de reclamaciones y recursos.

(19)

Es esencial garantizar que las autoridades competentes y los organismos de resolución extrajudicial de reclamaciones y recursos dentro de la Unión cooperen de forma activa de cara a una eficaz y rápida resolución de los litigios transfronterizos en el ámbito regulado por el presente Reglamento. Esta cooperación debe poder realizarse en forma de intercambios de información sobre la normativa o la práctica jurídica en sus jurisdicciones o, si procede, de transferencia o asunción de procedimientos de reclamación y de recurso.

(20)

Es necesario que los Estados miembros prevean en su normativa nacional sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, aplicables en caso de incumplimiento del presente Reglamento.

(21)

Extender la aplicación del presente Reglamento a otras monedas distintas del euro aportaría ventajas claras, especialmente por lo que atañe al número de pagos cubierto. A fin de que los Estados miembros que no tengan el euro como moneda puedan incluir en la aplicación del presente Reglamento los pagos transfronterizos denominados en su moneda nacional, ha de establecerse un procedimiento de notificación.

(22)

La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo, al Consejo, al BCE y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la norma que iguala el coste de los pagos transfronterizos en euros con el coste de las operaciones nacionales en monedas nacionales y la eficacia de los requisitos de información sobre conversión de divisas establecidos en el presente Reglamento. Asimismo, la Comisión debe analizar otras posibilidades, así como la viabilidad técnica de estas posibilidades, de hacer extensiva la norma de igualdad de comisiones a la totalidad de las monedas de la Unión, y de seguir mejorando la transparencia y la comparabilidad de las comisiones por conversión de divisas, así como la posibilidad de desactivar y activar la opción de aceptar la conversión de divisas ofrecida por partes distintas del proveedor de servicios de pago del ordenante.

(23)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(1)

Después de la adopción del Reglamento (UE) 2019/833 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) adoptó en sus 41.a y 42.a reuniones anuales, en 2019 y 2020 respectivamente, una serie de decisiones jurídicamente vinculantes para la conservación de los recursos pesqueros dentro de su ámbito de competencia.

(2)

Estas decisiones están destinadas a las Partes contratantes de la NAFO, aunque también contienen obligaciones para los operadores (por ejemplo, el capitán del buque). Han entrado en vigor nuevas medidas de conservación y control (MCC) de la NAFO que son vinculantes para todas sus Partes contratantes. Deben incorporarse al Derecho de la Unión en la medida en que no estén ya establecidas en este.

(3)

Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2019/833 debe adaptarse para aplicar las normas de la NAFO relativas a la medición de mallas, para introducir la definición de «buque pesquero» utilizada por la NAFO a fin de que las autoridades de control y ejecución de la Unión puedan trabajen en consonancia con otras Partes contratantes de la NAFO, y para mejorar el flujo de información entre las autoridades de los Estados miembros, la Comisión y el secretario ejecutivo de la NAFO.

(4)

Con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) tiene por misión, entre otras cosas, organizar la coordinación operativa de las actividades de control e inspección de la pesca de los Estados miembros para la implantación de programas de control e inspección internacionales, como el programa conjunto de inspección y vigilancia de la NAFO, así como ayudar a los Estados miembros a transmitir a la Comisión y a terceros información sobre las actividades pesqueras y las actividades de control e inspección. Procede, por tanto, que la AECP sea el organismo que reciba de los Estados miembros y transmita al secretario ejecutivo de la NAFO la información sobre control e inspección, como los informes de inspección en el mar y las notificaciones en el marco del programa de observadores encargados del control.

(5)

El procedimiento de las MCC para que las Partes contratantes transmitan la información al sitio web sobre seguimiento, control y vigilancia de la NAFO implica enviar la información que debe transmitirse al secretario ejecutivo de la NAFO. Por tanto, es necesario actualizar las disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 2019/833 para reflejar ese cambio y especificar los canales que deben utilizar los Estados miembros para transmitir la información pertinente.

(6)

También es necesario introducir las disposiciones de las MCC para la protección del tiburón boreal (Somniosus microcephalus), armonizar las disposiciones de los acuerdos de fletamento con las de las MCC y precisar que es necesario que la Parte contratante que sea el Estado rector del puerto dé su consentimiento al envío de inspectores de otra Parte contratante.

(7)

Es probable que determinadas disposiciones de las MCC se modifiquen en las reuniones anuales de la NAFO debido a la introducción de nuevas medidas técnicas relacionadas con la evolución de la biomasa de las poblaciones y con la revisión de las restricciones geográficas aplicables a las actividades de pesca de fondo. Por lo tanto, a fin de incorporar rápidamente al Derecho de la Unión futuras modificaciones de las MCC antes del inicio de la campaña de pesca, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la regulación de los tamaños de malla, las rejillas separadoras y los intercaladores con cadenas en la pesca de la gamba nórdica, y por lo que respecta a las restricciones geográficas aplicables a las actividades de pesca de fondo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (5). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(8)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) 2019/833.

(1)

La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece normas que garantizan el derecho a la intimidad y la confidencialidad en lo que respecta al tratamiento de datos personales en los intercambios de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas. Dicha Directiva desarrolla y completa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(2)

La Directiva 2002/58/CE se aplica al tratamiento de datos personales en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas puestos a disposición del público. Hasta el 21 de diciembre de 2020 era aplicable la definición de «servicio de comunicaciones electrónicas» establecida en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). En esa fecha, la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) derogó la Directiva 2002/21/CE. La definición de «servicios de comunicaciones electrónicas» del artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/1972 incluye los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, tal como se definen en el artículo 2, punto 7, de dicha Directiva. Los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, que incluyen, por ejemplo, los servicios de voz por protocolo de Internet, la mensajería y los servicios de correo electrónico basados en la web, se incluyeron, por lo tanto, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/58/CE el 21 de diciembre de 2020.

(3)

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). El artículo 7 de la Carta protege el derecho fundamental de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones, derecho que incluye la confidencialidad de las comunicaciones. El artículo 8 de la Carta consagra el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

(4)

El artículo 3, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y el artículo 24, apartado 2, de la Carta establecen que, en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. El artículo 3, apartado 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y el artículo 24, apartado 1, de la Carta contemplan, además, el derecho de los niños a tales protección y cuidados necesarios para su bienestar.

(5)

La protección de los menores, tanto fuera de línea como en línea, es una de las prioridades de la Unión. El abuso sexual y la explotación sexual de los menores constituyen graves violaciones de los derechos humanos y fundamentales, en particular de los derechos de los menores a ser protegidos contra cualquier forma de violencia, abuso y abandono, maltrato o explotación, incluido el abuso sexual, tal como establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta. La digitalización ha traído consigo muchas ventajas para la sociedad y la economía, pero también ha traído consigo desafíos, como el aumento del abuso sexual de menores en línea. El 24 de julio de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores» (en lo sucesivo, «Estrategia»). La Estrategia tiene por objeto ofrecer una respuesta eficaz, a escala de la Unión, al delito de abuso sexual de menores.

(6)

En consonancia con la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), el presente Reglamento no regula las políticas de los Estados miembros con respecto a los actos sexuales consentidos en los que puedan participar menores y que pueden considerarse como el descubrimiento normal de la sexualidad en el proceso de desarrollo personal, habida cuenta de las diferentes tradiciones culturales y jurídicas y de las nuevas formas de entablar y mantener relaciones de los menores y adolescentes, incluso mediante tecnologías de la información y de las comunicaciones.

(7)

Algunos proveedores de determinados servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración (en lo sucesivo, «proveedores»), como el correo web y los servicios de mensajería, ya utilizan de forma voluntaria tecnologías específicas con el fin de detectar el abuso sexual de menores en línea cometido en sus servicios y denunciarlo a las autoridades policiales y a las organizaciones que actúan en interés público contra los abusos sexuales de menores, escaneando el contenido, incluidas imágenes y texto, o los datos de tráfico de las comunicaciones, mediante el uso, en algunos casos, de datos históricos. La tecnología utilizada para dichas actividades podría consistir en tecnología de funciones de resumen (hashing) para imágenes y vídeos, y en clasificadores e inteligencia artificial para el análisis de textos o datos de tráfico. Cuando se usa una tecnología de funciones de resumen, el material de abuso sexual de menores en línea se detecta cuando se obtiene una respuesta positiva, es decir, una coincidencia que resulta de comparar una imagen o un vídeo y una firma digital única y no reconvertible («hash») de una base de datos gestionada por una organización que actúa en interés público contra los abusos sexuales de menores y que contiene material verificado de abuso sexual de menores en línea. Dichos proveedores se remiten a líneas directas nacionales que permiten denunciar la existencia de material de abuso sexual de menores en línea y a organizaciones, establecidas ambas tanto dentro de la Unión como en terceros países, cuyo objetivo es identificar a los menores y reducir la explotación sexual y el abuso sexual de menores y prevenir la victimización de menores. Estas organizaciones podrían no estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/679. En conjunto, este tipo de actividades voluntarias tienen un gran valor, al permitir la identificación y el rescate de las víctimas, cuyos derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad física y mental han sido gravemente vulnerados. Asimismo tales actividades voluntarias tienen su importancia para reducir la difusión de material relacionado con el abuso sexual de menores, y contribuir a la identificación e investigación de los delincuentes y a la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de abuso sexual de menores.

(8)

A pesar de que su objetivo sea legítimo, las actividades voluntarias de los proveedores para detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en sus servicios y denunciarlos representan una injerencia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de los datos personales de todos los usuarios de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración (en lo sucesivo, «usuarios»). Ninguna limitación del ejercicio del derecho fundamental al respeto a la vida privada y familiar, incluida la confidencialidad de las comunicaciones, puede encontrar justificación en el mero hecho de que los proveedores empleasen determinadas tecnologías en un momento en el que los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración no estaban comprendidos en la definición de «servicios de comunicaciones electrónicas». Dichas limitaciones son posibles únicamente en determinadas circunstancias. En virtud del artículo 52, apartado 1, de la Carta, dichas limitaciones deben estar establecidas por la ley y respetar el contenido esencial de los derechos a la protección de la vida privada y familiar y a la protección de los datos personales y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesarias y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. Cuando tales limitaciones impliquen con carácter permanente el seguimiento y análisis general e indiscriminado del contenido de las comunicaciones de todos los usuarios, constituyen una injerencia en el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones.

(9)

Hasta el 20 de diciembre de 2020, el tratamiento de datos personales por parte de los proveedores mediante medidas voluntarias destinadas a detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en sus servicios y denunciarlos y a retirar el material de abuso sexual de menores en línea de sus servicios se regía únicamente por el Reglamento (UE) 2016/679. La Directiva (UE) 2018/1972, cuyo plazo de transposición expiró el 20 de diciembre de 2020, incluyó a los proveedores en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/58/CE. Con el fin de seguir utilizando dichas medidas voluntarias después del 20 de diciembre de 2020, los proveedores deben cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento. El Reglamento (UE) 2016/679 seguirá aplicándose al tratamiento de datos personales efectuado mediante tales medidas voluntarias.

(10)

La Directiva 2002/58/CE no contiene ninguna disposición específica relativa al tratamiento de datos personales por los proveedores en relación con la prestación de servicios de comunicación electrónica con el fin de detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en sus servicios y denunciarlos y de retirar el material de abuso sexual de menores en línea de sus servicios. No obstante, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros pueden adoptar medidas legislativas para restringir el alcance de los derechos y obligaciones establecidos, entre otros, en los artículos 5 y 6 de dicha Directiva, que se refieren a la confidencialidad de las comunicaciones y los datos de tráfico, con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con el abuso sexual de menores. A falta de tales medidas legislativas nacionales, y a la espera de la adopción de un marco jurídico a más largo plazo para luchar contra el abuso sexual de menores a escala de la Unión, los proveedores ya no pueden acogerse al artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 para seguir empleando medidas voluntarias para detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en sus servicios y denunciarlos y retirar el material de abuso sexual de menores en línea de sus servicios después del 21 de diciembre de 2020. El presente Reglamento no proporciona una base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de los proveedores con el único fin de detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en sus servicios y denunciarlos y de retirar de sus servicios el material de abuso sexual de menores en línea, pero establece una excepción a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE. El presente Reglamento establece nuevas salvaguardias que deben ser respetadas por los proveedores si desean acogerse a él.

(11)

El tratamiento de datos a efectos del presente Reglamento podría implicar el tratamiento de categorías especiales de datos personales establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679. El tratamiento de imágenes y vídeos mediante medios técnicos específicos que permiten la identificación o autenticación unívocas de una persona física se considera tratamiento de categorías especiales de datos personales.

(12)

El presente Reglamento establece una excepción temporal al artículo 5, apartado 1, y al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE, que protegen la confidencialidad de las comunicaciones y los datos de tráfico. La utilización voluntaria por parte de los proveedores de tecnologías para el tratamiento de datos personales y de otro tipo en la medida necesaria para detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en sus servicios y denunciarlos y para retirar material de abuso sexual de menores en línea de sus servicios está comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción establecida por el presente Reglamento, siempre que tal utilización cumpla las condiciones establecidas en el presente Reglamento y, por tanto, esté sujeta a las salvaguardias y condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.

(13)

La Directiva 2002/58/CE se adoptó sobre la base del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Además, no todos los Estados miembros han adoptado medidas legislativas de conformidad con la Directiva 2002/58/CE para restringir el alcance de los derechos y obligaciones relacionados con la confidencialidad de las comunicaciones y los datos de tráfico como se dispone en dicha Directiva, y la adopción de tales medidas entraña un riesgo significativo de fragmentación que puede afectar negativamente al mercado interior. Por ello, el presente Reglamento debe basarse en el artículo 114 TFUE.

(14)

Dado que los datos relativos a comunicaciones electrónicas que impliquen a personas físicas se consideran generalmente datos personales, el presente Reglamento también debe basarse en el artículo 16 del TFUE, que proporciona una base jurídica específica para la adopción de normas sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de esos datos.

(15)

El Reglamento (UE) 2016/679 se aplica al tratamiento de datos personales en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por los proveedores con el único fin de detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en sus servicios y denunciarlos y de retirar el material de abuso sexual de menores en línea de sus servicios en la medida en que dicho tratamiento esté comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción establecida en el presente Reglamento.

(16)

Los tipos de tecnologías utilizadas a efectos del presente Reglamento deben ser los menos intrusivos para la intimidad a la vista del estado de la técnica en el sector. Dichas tecnologías no deben emplearse para filtrar y escanear sistemáticamente el texto de las comunicaciones, salvo con el fin de detectar pautas que apunten a posibles razones concretas para sospechar de abuso sexual de menores en línea, y no deben poder deducir la sustancia del contenido de las comunicaciones. En el caso de la tecnología utilizada para identificar el embaucamiento de menores, tales razones concretas de sospecha deben basarse en factores de riesgo identificados objetivamente, como la diferencia de edad y la probable participación de un menor en la comunicación escaneada.

(17)

Deben establecerse procedimientos y mecanismos de recurso adecuados para garantizar que los particulares puedan presentar reclamaciones ante los proveedores. Dichos procedimientos y mecanismos son especialmente pertinentes cuando se hayan retirado contenidos que no constituyan abusos sexuales de menores en línea, o cuando se hayan denunciado tales contenidos a las autoridades policiales o a una organización que actúe en interés público contra los abusos sexuales de menores.

(18)

Con el fin de garantizar en la medida de lo posible la exactitud y fiabilidad, la tecnología utilizada a efectos del presente Reglamento, a la vista del estado de la técnica en el sector, debe limitar al máximo el número y las tasas de errores (falsos positivos) y debe, en caso necesario, corregir sin demora los errores que, no obstante, podrían producirse.

(19)

Los datos de contenido y los datos de tráfico tratados y los datos personales generados en la realización de las actividades cubiertas por el presente Reglamento, y el período durante el cual se almacenan los datos en caso de detectarse un presunto abuso sexual de menores en línea, deben seguir limitados a lo estrictamente necesario para realizar dichas actividades. Los datos deben suprimirse inmediatamente y de manera permanente cuando ya no sean estrictamente necesarios para alguno de los fines enunciados en el presente Reglamento, también en el caso de que no se detecte ningún presunto abuso sexual de menores en línea, y, en cualquier caso, a más tardar doce meses a partir de la fecha de detección del presunto abuso sexual de menores en línea. Esto debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de almacenar los datos de contenido y datos de tráfico pertinentes de conformidad con la Directiva 2002/58/CE. El presente Reglamento no afecta a la aplicación de las obligaciones legales de conservación de datos impuestas por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros impuestas a los proveedores.

(20)

El presente Reglamento no impide a los proveedores que hayan denunciado abusos sexuales de menores en línea a las autoridades policiales solicitar un acuse de recibo de la denuncia a dichas autoridades.

(21)

A fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a las actividades realizadas en virtud de la excepción prevista en el presente Reglamento, los proveedores deben, a más tardar el 3 de febrero de 2022 y, posteriormente, a más tardar, el 31 de enero de cada año, publicar y presentar informes a la autoridad de control competente designada con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 (en lo sucesivo, «autoridad de control») y a la Comisión sobre el tratamiento comprendido en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, incluidos el tipo y el volumen de datos tratados, los motivos específicos invocados para el tratamiento de datos personales de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, los motivos invocados para las transferencias de datos personales fuera de la Unión de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679, en su caso, el número de casos detectados de abusos sexuales de menores en línea, diferenciando entre material de abuso sexual de menores en línea y embaucamiento de menores, el número de casos en los que un usuario haya presentado una reclamación ante el mecanismo de recurso interno o interpuesto una acción judicial y el resultado de dichas reclamaciones y causas judiciales, el número y las tasas de errores (falsos positivos) de las diferentes tecnologías utilizadas, las medidas aplicadas para limitar la tasa de error y la tasa de error alcanzada, la política de conservación de los datos y las salvaguardias de protección de datos aplicadas conforme al Reglamento (UE) 2016/679, y el nombre de las organizaciones que actúan en interés público contra los abusos sexuales de menores con las que se hayan compartido datos en virtud del presente Reglamento.

(22)

A fin de apoyar en su labor a las autoridades de control, la Comisión debe solicitar al Comité Europeo de Protección de Datos que emita directrices sobre el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 en lo que respecta al tratamiento comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción establecida en el presente Reglamento. Cuando las autoridades de control evalúen si una tecnología consolidada o nueva que se vaya a utilizar corresponde al estado de la técnica en el sector, es la menos intrusiva para la intimidad y opera sobre una base jurídica adecuada con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679, dichas directrices deben, en particular, ayudar a las autoridades de control a prestar asesoramiento en el marco del procedimiento de consulta previa establecido en el Reglamento (UE) 2016/679.

(23)

El presente Reglamento restringe el derecho a la protección de la confidencialidad de las comunicaciones y establece una excepción a la decisión adoptada en el marco de la Directiva (UE) 2018/1972 de someter los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración a las mismas normas que se aplican a todos los demás servicios de comunicaciones electrónicas en lo que respecta a la privacidad, con el único fin de detectar abusos sexuales de menores en línea cometidos en dichos servicios y denunciarlos a las autoridades policiales o a organizaciones que actúen en interés público contra los abusos sexuales de menores y de retirar el material de abuso sexual de menores en línea de dichos servicios. Por consiguiente, el período de aplicación del presente Reglamento debe limitarse a tres años a partir de su fecha de aplicación, de modo que se deje el tiempo necesario para adoptar un nuevo marco jurídico a largo plazo. En caso de que el marco jurídico a largo plazo se adopte y entre en vigor antes de esa fecha, dicho marco jurídico a largo plazo debe derogar el presente Reglamento.

(24)

Por lo que se refiere a todas las demás actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/58/CE, los proveedores deben estar sujetos a las obligaciones específicas establecidas en dicha Directiva, y, por tanto, a los poderes de control e investigación de las autoridades competentes designadas en virtud de esa Directiva.

(25)

El cifrado de extremo a extremo es un instrumento importante para garantizar la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones de los usuarios, incluidas las de los menores. Todo debilitamiento del cifrado puede ser aprovechado por terceros malintencionados. Por tanto, ninguna disposición del presente Reglamento debe interpretarse en el sentido de que prohíbe o debilita el cifrado de extremo a extremo.

(26)

El derecho al respeto de la vida privada y familiar, incluida la confidencialidad de las comunicaciones, es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta. Por tanto, también es una condición necesaria para que haya comunicaciones seguras entre las víctimas de abusos sexuales de menores y un adulto de confianza o las organizaciones que se dedican a la lucha contra los abusos sexuales de menores, y comunicaciones entre las víctimas y sus abogados.

(27)

El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las normas sobre secreto profesional de Derecho nacional, por ejemplo, las normas sobre la protección de las comunicaciones profesionales, entre médicos y sus pacientes, entre periodistas y sus fuentes, o entre abogados y sus clientes, en particular porque la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y sus clientes es fundamental para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa, que son parte esencial del derecho a un juicio justo. El presente Reglamento, debe entenderse también sin perjuicio de las normas nacionales sobre registros de autoridades públicas u organizaciones que ofrecen asesoramiento a personas en dificultades.

(28)

Los proveedores deben comunicar a la Comisión los nombres de las organizaciones que actúan en interés público contra los abusos sexuales de menores a las que denuncian posibles abusos sexuales de menores en línea en virtud del presente Reglamento. Si bien es responsabilidad exclusiva de los proveedores que actúan como responsables del tratamiento evaluar con qué tercero pueden compartir datos personales con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679, la Comisión debe garantizar la transparencia respecto de la transferencia de posibles casos de abusos sexuales de menores en línea publicando en su sitio web una lista de las organizaciones que actúan en interés público contra los abusos sexuales de menores que se le hayan comunicado. Dicha lista pública debe ser de fácil acceso. También debe ser posible para los proveedores utilizar dicha lista a fin de conocer las organizaciones pertinentes en la lucha mundial contra los abusos sexuales de menores en línea. Dicha lista debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los proveedores que actúen como responsables del tratamiento en virtud del Reglamento (UE) 2016/679, en particular en lo que se refiere a su obligación de respetar el capítulo V de dicho Reglamento en las transferencias de datos personales fuera de la Unión y a su obligación de cumplir todas las obligaciones previstas en el capítulo IV de dicho Reglamento.

(29)

Las estadísticas que han de ser presentadas por los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento son indicadores importantes para evaluar la política en este ámbito, incluidas las medidas legislativas. Además, es importante tener presente el impacto de la victimización secundaria inherente al intercambio de imágenes y vídeos de víctimas de abusos sexuales de menores, que podrían haber estado circulando desde hace años, impacto que no se refleja plenamente en dichas estadísticas.

(30)

En consonancia con las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, en particular con la obligación de que los Estados miembros velen por que las autoridades de control dispongan de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el cumplimiento efectivo de sus funciones y el ejercicio de sus poderes, los Estados miembros deben velar por que las autoridades de control dispongan de los recursos suficientes para el cumplimiento efectivo de las funciones y el ejercicio de los poderes que prevé el presente Reglamento.

(31)

Cuando un proveedor haya realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos y haya consultado a las autoridades de control en relación con una tecnología de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, dicho proveedor no debe estar obligado, en virtud del presente Reglamento, a efectuar una nueva evaluación de impacto relativa a la protección de datos o una nueva consulta, siempre que las autoridades de control hayan indicado que el tratamiento de datos por dicha tecnología no entrañaría un riesgo elevado para los derechos y libertades de las personas físicas o que el responsable del tratamiento haya adoptado medidas para mitigar dicho riesgo.

(32)

Los usuarios deben tener derecho a la tutela judicial efectiva cuando sus derechos hayan sido vulnerados como consecuencia del tratamiento de datos personales o de otro tipo con fines de detección de abusos sexuales de menores en línea en servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración y de su denuncia y de retirada de material de abuso sexual de menores en línea de dichos servicios, como en los casos en que el contenido o la identidad de los usuarios hayan sido comunicados a una organización que actúe en interés público contra los abusos sexuales de menores o a las autoridades policiales, o en que se hayan retirado contenidos o bloqueado la cuenta de un usuario o suspendido un servicio que se le ofrecía.

(33)

De acuerdo con la Directiva 2002/58/CE y con el principio de minimización de datos, el tratamiento de datos personales y de otro tipo debe limitarse a datos de contenido y datos de tráfico conexos, en la medida que sea estrictamente necesaria para alcanzar el objetivo del presente Reglamento.

(34)

La excepción establecida en el presente Reglamento debe extenderse a las categorías de datos a que se refieren los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE, que son aplicables al tratamiento de datos personales y no personales tratados en el contexto de la prestación de un servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración.

(35)

El objetivo del presente Reglamento es establecer una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE sin crear fragmentación en el mercado interior. Además, es improbable que los Estados miembros puedan adoptar medidas legislativas nacionales a tiempo. Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. El presente Reglamento introduce una excepción temporal y estrictamente limitada a la aplicabilidad de los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE, con una serie de salvaguardias que garantizan que dicha excepción no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo fijado.

(36)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), emitió su dictamen el 10 de noviembre de 2020.

(1)

La Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece medidas transitorias para garantizar la continuidad de la validez de los certificados de cualificación, las libretas de servicio y los diarios de navegación expedidos antes del final de su período de transposición, y para conceder a los miembros cualificados de una tripulación un tiempo prudencial para que puedan solicitar un certificado de cualificación de la Unión, u otro certificado reconocido como equivalente. No obstante, a excepción de los títulos de patrón para la navegación en el Rin a que se refiere el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 96/50/CE del Consejo (4), esas medidas transitorias no se aplican a los certificados de cualificación, las libretas de servicio ni a los diarios de navegación expedidos por terceros países y actualmente reconocidos por los Estados miembros con arreglo a los requisitos nacionales, o a los acuerdos internacionales, aplicables antes de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2017/2397.

(2)

El artículo 10, apartados 3, 4 y 5, de la Directiva (UE) 2017/2397 establece el procedimiento y las condiciones para el reconocimiento de los certificados, las libretas de servicio o los diarios de navegación expedidos por las autoridades de un tercer país.

(3)

Dado que el procedimiento de reconocimiento de los documentos de terceros países se basa en la evaluación de los sistemas de certificación del tercer país solicitante con el fin de determinar si la expedición de los certificados, las libretas de servicio y los diarios de navegación mencionados en la solicitud está sujeta a requisitos idénticos a los establecidos en la Directiva (UE) 2017/2397, es poco probable que el procedimiento de reconocimiento finalice antes del 17 de enero de 2022.

(4)

A fin de garantizar una transición fluida al sistema de reconocimiento de documentos de terceros países previsto en el artículo 10 de la Directiva (UE) 2017/2397, es necesario establecer medidas transitorias que concedan a los terceros países el tiempo que necesitan para armonizar sus requisitos con los establecidos en esa Directiva y permitan a la Comisión evaluar sus sistemas de certificación y, en su caso, adoptar un acto de ejecución con arreglo al artículo 10, apartado 5, de esa Directiva. Esas medidas también garantizarían seguridad jurídica a las personas físicas y a los operadores económicos que operan en el sector del transporte por vías navegables interiores. A la luz de esos objetivos, procede fijar la fecha límite para los documentos de terceros países que entren en el ámbito de aplicación de dichas medidas transitorias tomando como referencia el período de transposición de esa Directiva prorrogado por dos años.

(5)

Para garantizar la coherencia con las medidas transitorias aplicables a los Estados miembros con arreglo al artículo 38 de la Directiva (UE) 2017/2397, las medidas transitorias aplicables a los certificados de cualificación, las libretas de servicio y los diarios de navegación expedidos por terceros países y reconocidos por los Estados miembros no deben aplicarse después del 17 de enero de 2032. Además, el reconocimiento de dichos certificados de cualificación, libretas de servicio y diarios de navegación debe limitarse a las vías navegables interiores de la Unión situadas en el Estado miembro de que se trate.

(6)

Para garantizar la coherencia con las medidas transitorias aplicables a los certificados de cualificación expedidos por los Estados miembros, conviene aclarar que, en lo que respecta a los certificados de terceros países, los requisitos a que se refiere el artículo 10, apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/2397 incluyen también los requisitos para el intercambio de los certificados existentes establecidos en el artículo 38, apartados 1 y 3, de dicha Directiva.

(7)

Por consiguiente, con el fin de proporcionar claridad y seguridad jurídicas a las empresas y trabajadores del transporte por vías navegables interiores, la Directiva (UE) 2017/2397 debe modificarse en consecuencia.

(8)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, apartado 4, de la Directiva (UE) 2017/2397, los Estados miembros en los que la navegación por vías navegables interiores no sea técnicamente posible no están obligados a transponer dicha Directiva. Tal excepción debe aplicarse a la presente Directiva, mutatis mutandis.

(9)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer las medidas transitorias para el reconocimiento de los certificados de terceros países, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(10)

A fin de que los Estados miembros puedan proceder rápidamente a la transposición de las medidas previstas en la presente Directiva, esta debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

El 15 de junio de 2018, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con el Reino de Tailandia para la firma de un acuerdo sobre la modificación de las concesiones de todos los contingentes arancelarios de la lista CLXXV de la Unión Europea como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión.

(2)

Finalizadas las negociaciones, el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Tailandia en virtud del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio («GATT de 1994») sobre la modificación de las concesiones de todos los contingentes arancelarios de la lista CLXXV de la Unión Europea como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Acuerdo») se rubricó el 7 de enero de 2021.

(3)

De conformidad con la Decisión (UE) 2021/373 del Consejo (2), el Acuerdo se firmó el 7 de mayo de 2021.

(4)

El Acuerdo debe ser aprobado.