(1)

En el contexto de la evolución de los retos migratorios caracterizada por la necesidad de respaldar sistemas robustos de acogida, asilo, integración y migración en los Estados miembros, de prevenir y gestionar adecuadamente y de forma solidaria las situaciones de presión y de sustituir las llegadas irregulares y peligrosas por vías legales y seguras, la inversión en una gestión eficiente y coordinada de la migración en la Unión es fundamental para alcanzar el objetivo de la Unión de constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia de conformidad con el artículo 67, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2)

La importancia de un enfoque coordinado por parte de la Unión y de los Estados miembros se refleja en la Agenda Europea de Migración de 13 de mayo de 2015, que hacía hincapié en la necesidad de una política común coherente y clara a fin de restablecer la confianza en la capacidad de la Unión de aunar los esfuerzos europeos y nacionales para abordar la migración y cooperar de manera eficaz, de conformidad con el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros establecido en el artículo 80 del TFUE; así fue confirmada en la revisión intermedia de 27 de septiembre de 2017 y en los informes de situación de 14 de marzo de 2018 y de 16 de mayo de 2018.

(3)

En sus Conclusiones de 19 de octubre de 2017, el Consejo Europeo reiteró la necesidad de aplicar un planteamiento amplio, pragmático y decidido a la gestión de la migración con el objetivo de garantizar el control de las fronteras exteriores y reducir el número de llegadas irregulares y las muertes en el mar. Dicho planteamiento debe basarse en la utilización flexible y coordinada de todos los instrumentos disponibles de la Unión y de los Estados miembros. El Consejo Europeo instó además a garantizar un aumento significativo de los retornos mediante acciones tanto en el nivel de la Unión como en el de los Estados miembros, por ejemplo acuerdos y disposiciones de readmisión efectivos.

(4)

A fin de respaldar los esfuerzos para garantizar un planteamiento general de la gestión de la migración basado en la confianza mutua, la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión, que tenga por objetivo garantizar una política común de la Unión sostenible en materia de asilo e inmigración, los Estados miembros deben contar con el apoyo de recursos financieros suficientes a través de un Fondo de Asilo, Migración e Integración (en lo sucesivo, «Fondo»).

(5)

Todas las acciones financiadas en el marco del Fondo, incluidas las llevadas a cabo en terceros países, deben ejecutarse respetando plenamente los derechos y principios reconocidos en el acervo de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y deben estar en consonancia con las obligaciones internacionales que atañen a la Unión y a los Estados miembros, derivadas de los instrumentos internacionales de los que son parte, en particular garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad de género, no discriminación y el interés superior del menor.

(6)

El interés superior del menor debe ser la principal consideración en todas las acciones o decisiones que afecten a menores migrantes, incluidos los retornos, teniendo en cuenta plenamente el derecho del menor a expresar su opinión.

(7)

El Fondo debe basarse en los resultados conseguidos y las inversiones realizadas con el apoyo de sus instrumentos precedentes: el Fondo Europeo para los Refugiados creado por la Decisión n.o 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) en el período 2008-2013, el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países creado por la Decisión 2007/435/CE del Consejo (5) en el período 2007-2013, el Fondo Europeo para el Retorno creado por la Decisión n.o 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) en el período 2008-2013 y el Fondo de Asilo, Migración e Integración creado por el Reglamento (UE) n.o 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) en el período 2014-2020. Al mismo tiempo, debe tener en cuenta todas las novedades pertinentes.

(8)

El Fondo debe apoyar la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros y la gestión eficiente de los flujos migratorios, entre otras cosas mediante el fomento de medidas comunes en el ámbito del asilo, también de esfuerzos de los Estados miembros en la acogida de las personas que necesitan protección internacional a través del reasentamiento, la admisión humanitaria y el traslado de solicitantes de protección internacional o de beneficiarios de protección internacional entre Estados miembros, mediante el aumento de la protección de solicitantes de asilo vulnerables, como los menores de edad, mediante el apoyo a estrategias de integración y mediante el desarrollo y refuerzo de la política de migración legal, por ejemplo, proporcionando vías seguras y legales de entrada en la Unión que también deben contribuir a garantizar la competitividad de la Unión a largo plazo y el futuro de su modelo social y reducir los incentivos a la migración irregular con una política sostenible en materia de retorno y readmisión.

(9)

Dado el carácter interno del Fondo y que constituye el principal instrumento de financiación para el asilo y la migración a escala de la Unión, el Fondo debe apoyar fundamentalmente acciones que sirvan a la política interna de la Unión en materia de asilo y migración en consonancia con los objetivos del Fondo. No obstante, dado que ciertas acciones emprendidas fuera de la Unión contribuyen a la consecución de los objetivos del Fondo y que, en determinadas circunstancias, pueden aportar valor añadido de la UE, el Fondo debe apoyar el refuerzo de la cooperación y la asociación con los terceros países a efectos de gestionar la migración para consolidar las vías de migración legal y potenciar el retorno y la readmisión efectivos, seguros y dignos, además de promover la reintegración inicial en los terceros países. La ayuda proporcionada con arreglo al Fondo se entiende sin perjuicio del carácter actualmente voluntario del reasentamiento y la reubicación de los solicitantes de protección internacional y de los beneficiarios de protección internacional con arreglo al marco jurídico del Sistema Europeo Común de Asilo aplicable en el momento de la adopción del presente Reglamento.

(10)

A fin de aprovechar los conocimientos técnicos de las agencias descentralizadas pertinentes, la Comisión debe velar por que, en el desarrollo de programas de los Estados miembros, se tengan en cuenta los conocimientos y pericia de aquellas en lo que atañe a sus ámbitos de competencia. Además, el Fondo debe poder complementar las siguientes actividades que reciben apoyo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), creada por el Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), con el fin de facilitar y mejorar el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo: reforzando la cooperación práctica, en particular el intercambio de información en materia de asilo y de buenas prácticas; fomentando el Derecho de la Unión y el Derecho internacional y contribuyendo a la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en materia de asilo basándose en niveles de protección elevados en lo que respecta a los procedimientos de protección internacional, las condiciones de acogida y la evaluación de las necesidades de protección en toda la Unión; propiciando la distribución equitativa y sostenible de las solicitudes de protección internacional; facilitando la convergencia en la evaluación de las solicitudes de protección internacional en toda la Unión; apoyando los esfuerzos de reasentamiento de los Estados miembros; y proporcionando asistencia técnica y operativa a los Estados miembros para la gestión de sus sistemas de asilo y acogida, en particular a aquellos cuyos sistemas estén sometidos a una presión desproporcionada.

(11)

El Fondo debe apoyar los esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros por reforzar la capacidad de estos últimos de desarrollar, supervisar y evaluar sus políticas de asilo de conformidad con sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.

(12)

El Fondo debe apoyar los esfuerzos de los Estados miembros y de la Unión por aplicar plenamente y seguir desarrollando el Sistema Europeo Común de Asilo, incluida su dimensión exterior.

(13)

Las asociaciones y la cooperación con terceros países son un componente esencial de la política de la Unión en materia de gestión de la migración. El Fondo debe contribuir a sustituir las llegadas irregulares y peligrosas por llegadas legales y seguras de nacionales de terceros países o apátridas que necesiten protección internacional al territorio de los Estados miembros, expresar solidaridad con los países de las regiones a las cuales o dentro de las cuales han sido desplazadas muchas personas necesitadas de protección internacional ayudando a aliviar la presión en dichos países, y debe contribuir eficazmente a las iniciativas mundiales de reasentamiento con la Unión y los Estados miembros, hablando con una sola voz en los foros internacionales y con los terceros países. El Fondo debe prestar apoyo, en forma de incentivos económicos, a los esfuerzos realizados por los Estados miembros con el fin de proporcionar protección internacional y una solución duradera para los refugiados y las personas desplazadas que hayan sido admitidas en el marco de programas de reasentamiento o de admisión humanitaria.

(14)

Teniendo en cuenta los flujos migratorios hacia la Unión y la importancia de garantizar la integración y la inclusión para las personas que llegan a Europa, para las comunidades locales y para el bienestar a largo plazo de nuestras sociedades y la estabilidad de nuestras economías, es crucial apoyar las políticas de los Estados miembros en materia de integración de los nacionales de terceros países en situación regular, en particular en los ámbitos prioritarios indicados en el Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027. El Fondo debe apoyar medidas de integración adaptadas a las necesidades de los nacionales de terceros países, así como medidas horizontales destinadas a potenciar la capacidad de los Estados miembros para desarrollar estrategias de integración, reforzar el intercambio y la cooperación, y promover el contacto, el diálogo constructivo y la aceptación entre los nacionales de terceros países y la sociedad de acogida.

(15)

A fin de aumentar la eficiencia, lograr el mayor valor añadido de la Unión posible y garantizar la coherencia de la respuesta de la Unión en cuanto al fomento de la integración de los nacionales de terceros países, las acciones financiadas en el marco del Fondo deben ser coherentes con las acciones financiadas por otros instrumentos de la Unión y complementarlas, en particular con los instrumentos externos, con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), establecido por el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), establecido por el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). El Fondo debe apoyar las medidas adaptadas a las necesidades de los nacionales de terceros países que suelen aplicarse en las fases iniciales de la integración, y las medidas horizontales de apoyo a las capacidades de los Estados miembros en el ámbito de la integración, mientras que las intervenciones dirigidas a nacionales de terceros países con efectos a largo plazo deben financiarse en el marco del FSE+ y del FEDER. En este contexto, las autoridades de los Estados miembros responsables de la ejecución del Fondo deben estar obligadas a cooperar y a establecer una coordinación con las autoridades indicadas por los Estados miembros para gestionar las intervenciones del FSE+ y del FEDER y, cuando proceda, cooperar y coordinarse con sus autoridades de gestión y las autoridades de gestión de otros fondos de la Unión que contribuyen a la integración de los nacionales de terceros países.

(16)

El alcance de las medidas de integración también debe incluir a las personas beneficiarias de protección internacional, con el fin de garantizar un enfoque global de la integración que tenga en cuenta las peculiaridades de ese grupo destinatario. Cuando las medidas de integración estén combinadas con la acogida, también deben permitir, si procede, que se incluya a los solicitantes de asilo.

(17)

La ejecución del Fondo en el ámbito de la integración debe ser coherente con los principios básicos comunes de la Unión en materia de integración, según se especifican en el Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027.

(18)

Debe existir la posibilidad, para aquellos Estados miembros que así lo deseen, de establecer en sus programas que las medidas de integración incluyan a los familiares directos de nacionales de terceros países, apoyando, así, la reunificación familiar, en la medida en que resulte necesario para la ejecución efectiva de dichas medidas. Por «familiares directos» se debe entender los cónyuges, parejas y cualquier persona que tenga lazos directos de parentesco en la línea descendente o ascendente con el nacional de un tercer país que sea objeto de la medida de integración y que de otro modo no entraría en el ámbito de aplicación del Fondo.

(19)

Considerando el papel fundamental que desempeñan las autoridades de los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la integración y con el fin de facilitar el acceso de dichas entidades a la financiación de la Unión, el Fondo debe facilitar la ejecución de acciones en el ámbito de la integración por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, y las organizaciones de la sociedad civil, también mediante la utilización del mecanismo temático y con un mayor porcentaje de cofinanciación para esas acciones. A este respecto, debe destinarse al menos el 5 % de la asignación inicial del mecanismo temático a la ejecución de medidas de integración por parte de las autoridades locales y regionales.

(20)

Además del porcentaje de cofinanciación que el Fondo aporta a los proyectos, se anima a los Estados miembros a que proporcionen financiación con cargo a los presupuestos de sus correspondientes autoridades públicas cuando esta sea esencial para la realización de un proyecto, especialmente en aquellos casos en los que sea una organización de la sociedad civil la que se encargue de su ejecución.

(21)

Teniendo en cuenta los retos económicos y demográficos a largo plazo a los que se enfrenta la Unión y el carácter cada vez más globalizado de la migración, es crucial establecer el buen funcionamiento de los canales de migración legal a la Unión para que siga siendo un destino atractivo para la migración regular, de conformidad con las necesidades económicas y sociales de los Estados miembros, y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social y el crecimiento de la economía de la Unión al tiempo que se protege a los trabajadores migrantes de la explotación laboral.

(22)

El Fondo debe apoyar a los Estados miembros en el establecimiento de estrategias y en el refuerzo y elaboración de las políticas en materia de migración legal, y potenciando su capacidad para elaborar, aplicar, seguir y evaluar las estrategias, políticas y medidas en materia de inmigración e integración relativas a nacionales de terceros países en situación regular, en particular los instrumentos jurídicos de la Unión para la migración legal. Asimismo, el Fondo debe apoyar el intercambio de información y buenas prácticas y la cooperación entre diferentes departamentos administrativos y niveles de gobierno y entre Estados miembros.

(23)

Una política de retorno eficaz y digna es parte integrante del enfoque global que la Unión y sus Estados miembros buscan en materia de migración. El Fondo debe apoyar y fomentar los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar efectivamente y mejorar las normas comunes sobre retorno, especialmente con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), haciendo hincapié en los retornos voluntarios, así como un enfoque integrado y coordinado de la gestión del retorno. Con vistas a la sostenibilidad de las políticas de retorno, el Fondo debe apoyar también medidas afines en terceros países, entre otras, medidas que faciliten y garanticen el retorno y la readmisión seguros y dignos así como la reintegración sostenible de los retornados, también concediendo ayudas en efectivo o en especie.

(24)

Los Estados miembros deben dar preferencia al retorno voluntario y garantizar los retornos efectivos, seguros y dignos. A fin de fomentar el retorno voluntario, los Estados miembros deben prever incentivos tales como un trato preferente que se plasme en una mejor asistencia para el retorno y apoyo a la reintegración inicial. Dicho tipo de retorno voluntario redunda en interés tanto de los retornados como de las autoridades, en términos de su relación coste-eficacia.

(25)

Si bien el retorno voluntario debe tener prioridad frente al retorno forzoso, los dos están interrelacionados y tienen un efecto de refuerzo mutuo y, por lo tanto, debe alentarse a los Estados miembros a que refuercen la complementariedad entre esas dos formas de retorno. La posibilidad de expulsiones es un elemento importante que contribuye a la integridad de los sistemas de asilo y migración legal. El Fondo debe respaldar, por tanto, las acciones de los Estados miembros destinadas a facilitar y llevar a cabo las expulsiones de acuerdo con las normas establecidas en el Derecho de la Unión que sean aplicables y respetando plenamente los derechos fundamentales y la dignidad de los retornados.

(26)

La aplicación de medidas específicas de ayuda para los retornados, dedicando una atención especial a sus necesidades humanitarias y de protección en los Estados miembros y en los países de retorno, puede mejorar las condiciones de retorno y facilitar la reintegración de los retornados. Ha de prestarse una atención particular a las personas vulnerables.

(27)

La readmisión efectiva por parte de terceros países de los nacionales de terceros países en situación irregular es un componente integrante de la política de la Unión en materia de política de retorno y un instrumento fundamental para la gestión eficiente de los flujos migratorios, ya que facilita el rápido retorno de los migrantes irregulares. La cooperación en materia de readmisión es un elemento importante en el marco del diálogo y la cooperación con terceros países de origen y del tránsito de los migrantes irregulares, y se debe apoyar su aplicación en terceros países en interés de la eficacia de las estrategias de retorno en los niveles nacional y de la Unión.

(28)

Además de prestar apoyo al retorno de personas conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, el Fondo debe apoyar también otras medidas de lucha contra la migración irregular y la trata de migrantes e impulsar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de migración legal, salvaguardando así la integridad de los sistemas de inmigración de los Estados miembros.

(29)

El empleo de migrantes irregulares socava el desarrollo de una política de movilidad laboral basada en sistemas de migración legal y pone en peligro los derechos de los trabajadores migrantes, ya que los hace vulnerables a los abusos y violaciones de sus derechos. Por consiguiente, el Fondo debe apoyar a los Estados miembros, ya sea directa o indirectamente, en su aplicación de la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), que prohíbe el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular y prevé sanciones contra los empleadores que no respeten dicha prohibición.

(30)

El Fondo debe apoyar a los Estados miembros, ya sea directa o indirectamente, en su aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), que establece disposiciones sobre la asistencia, el apoyo y la protección de las víctimas de la trata de seres humanos. Dichas medidas, incluidas las medidas para la identificación precoz de víctimas de la trata de seres humanos y su remisión a servicios especializados, deben tener en cuenta las características asociadas al género que tienen la trata de seres humanos y las víctimas menores de edad.

(31)

El Fondo debe complementar las actividades emprendidas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que se regula en el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), sin proporcionar una línea de financiación adicional a dicha Agencia.

(32)

Teniendo presente el principio de eficiencia, se deben buscar sinergias y coherencia con otros Fondos de la Unión, y evitar los solapamientos entre acciones.

(33)

Para optimizar el valor añadido de las inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presupuesto de la Unión, deben buscarse sinergias, en particular, entre el Fondo y otros programas de la Unión, incluidos los ejecutados en régimen de gestión compartida. Para maximizar esas sinergias, deben garantizarse mecanismos clave que las fomenten, en particular la financiación acumulativa de una acción a partir del Fondo y a partir de otro programa de la Unión. Dicha financiación acumulativa no debe exceder el total de los costes subvencionables de la acción. A tal fin, el presente Reglamento debe establecer normas adecuadas, en particular sobre la posibilidad de declarar a prorrata el mismo coste o gasto en el marco tanto del Fondo como de otro programa de la Unión.

(34)

Las acciones adoptadas en terceros países y en relación con estos que reciban apoyo con arreglo al Fondo deben efectuarse en sinergia y coherencia con otras actividades fuera de la Unión que reciban ayudas de los instrumentos de financiación exterior de la Unión. En particular, en la ejecución de dichas acciones debe buscarse la plena coherencia con los principios y los objetivos generales de la política exterior de la Unión, con el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo y con los documentos de programación estratégica correspondientes al país o región en cuestión, y con los compromisos internacionales de la Unión. En relación con la dimensión exterior, el Fondo debe centrarse en apoyar acciones que no estén orientadas al desarrollo y que sirvan a los intereses de las políticas internas de la Unión y debe ser coherente con las actividades emprendidas dentro de la Unión. El Fondo debe prestar apoyo focalizado para mejorar la cooperación con terceros países y reforzar aspectos clave de la gestión de la migración en ámbitos de interés para la política de migración de la Unión.

(35)

La financiación con cargo al presupuesto de la Unión debe centrarse en acciones en las que la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido frente a la actuación de los Estados miembros por sí solos. El apoyo financiero prestado en virtud del presente Reglamento debe contribuir, en particular, a reforzar las capacidades nacionales y de la Unión en los ámbitos del asilo y la migración de conformidad con el artículo 80 del TFUE.

(36)

Cuando promuevan acciones apoyadas por el Fondo, los perceptores de fondos de la Unión deben facilitar información en la lengua o las lenguas del público destinatario. Para garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión, sus perceptores deben mencionar el origen de esta en sus comunicaciones sobre la acción. Para ello, deben asegurarse de que todas las comunicaciones a los medios de comunicación y al público exhiban el emblema de la Unión y mencionen expresamente el apoyo financiero de esta.

(37)

La Comisión debe poder utilizar recursos financieros en el marco del Fondo para promover las mejores prácticas e intercambiar información sobre la ejecución de este.

(38)

La Comisión debe publicar puntualmente información sobre el apoyo prestado a través del mecanismo temático en régimen de gestión directa o indirecta, y debe actualizar esa información cuando proceda. Los datos deben poder clasificarse por objetivo específico, nombre del beneficiario, importe legalmente comprometido y naturaleza y finalidad de la medida.

(39)

Se debe poder determinar que un Estado miembro no cumple el acervo de la Unión pertinente, también en lo que se refiere al uso del apoyo operativo en el marco del Fondo, cuando haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados en el ámbito del asilo y el retorno, cuando exista un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores de la Unión al aplicar el acervo en materia de asilo y retorno, o cuando un informe de evaluación en el marco del mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen establecido por el Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo (15) haya detectado deficiencias en el ámbito pertinente.

(40)

El Fondo debe garantizar que haya una distribución equitativa y transparente de los recursos para cumplir los objetivos establecidos en el presente Reglamento. Para cumplir los requisitos de transparencia, la Comisión debe publicar información sobre los programas de trabajo anuales y plurianuales del mecanismo temático. En consonancia con el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), cada Estado miembro debe garantizar que, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de su programa, exista un sitio web en el que esté disponible información relativa a su programa, que incluya los objetivos, las actividades, las oportunidades de financiación disponibles y los logros del programa.

(41)

El presente Reglamento debe establecer los importes iniciales para los programas de los Estados miembros que consisten en un importe fijo establecido en el anexo I y un importe calculado con arreglo a los criterios establecidos en dicho anexo y que reflejan las necesidades y la presión que soporta cada Estado miembro en los ámbitos del asilo, la migración, la integración y el retorno. Habida cuenta de las necesidades especiales de los Estados miembros que han recibido el mayor número de solicitudes de asilo per cápita en 2018 y 2019, procede aumentar los importes fijos para Chipre, Malta y Grecia.

(42)

Los importes iniciales para los programas de los Estados miembros deben constituir la base de las inversiones a largo plazo de los Estados miembros. A fin de tener en cuenta los cambios en los flujos migratorios, abordar las necesidades de la gestión de los sistemas de asilo y acogida y de la integración de nacionales de terceros países en situación regular y desarrollar la migración legal, así como para luchar contra la migración irregular mediante un retorno eficiente, seguro y digno, debe asignarse a los Estados miembros un importe adicional en la fase intermedia del período de programación que tenga en cuenta criterios objetivos. Dicho importe debe basarse en datos estadísticos con arreglo al anexo I a fin de reflejar los cambios en la situación de partida de los Estados miembros.

(43)

A fin de contribuir al logro del objetivo de política («objetivo político») del Fondo, los Estados miembros deben garantizar que sus programas atiendan a los objetivos específicos del Fondo, que las prioridades escogidas concuerden con las medidas de ejecución del anexo II y que la asignación de recursos entre los diferentes objetivos garantice la consecución del objetivo político. A tal fin, los Estados miembros deben garantizar, en principio, una asignación mínima para reforzar y desarrollar el Sistema Europeo Común de Asilo, reforzar y desarrollar la migración legal a los Estados miembros en función de sus necesidades económicas y sociales, y promover la integración efectiva y la inclusión social de los nacionales de terceros países así como contribuir a estas.

(44)

Puesto que los retos en el ámbito de la migración están en constante evolución, es necesario adaptar la asignación de los fondos a los cambios en los flujos migratorios. Parte de la financiación debe asignarse periódicamente, a través de un mecanismo temático, a acciones específicas, acciones de la Unión, acciones de entes locales y regionales, ayuda de emergencia, reasentamiento y admisión humanitaria, así como ayuda adicional a los Estados miembros que contribuyan a los esfuerzos de solidaridad y responsabilidad, a fin de responder a las necesidades urgentes y a los cambios en las políticas y prioridades de la Unión y de orientar la financiación hacia acciones con elevado valor añadido de la Unión. El mecanismo temático ofrece flexibilidad en la gestión del Fondo y también debe poder ejecutarse a través de los programas de los Estados miembros.

(45)

Se debe alentar a los Estados miembros a que utilicen parte de las asignaciones de sus programas para financiar las acciones mencionadas en el anexo IV, mediante la recepción de una mayor contribución de la Unión.

(46)

Además de la asignación inicial, a los programas de los Estados miembros se le podría asignar parte de los recursos disponibles en el marco del Fondo para la ejecución de acciones específicas. Esas acciones específicas deben detallarse en el nivel de la Unión y deben referirse a las acciones que exijan un esfuerzo de cooperación o a acciones necesarias para atender a cambios en la Unión que requieran la disponibilidad de financiación adicional para uno o varios Estados miembros.

(47)

El Fondo debe contribuir a soportar los costes operativos relacionados con los objetivos específicos del Fondo a fin de permitir que los Estados miembros mantengan capacidades que sean cruciales para las tareas y servicios que constituyan servicios públicos para el conjunto de la Unión. Dicha contribución debe consistir en el reembolso íntegro de costes específicos relacionados con los objetivos del Fondo y debe ser una parte integral de los programas de los Estados miembros.

(48)

El Fondo debe apoyar también acciones a escala de la Unión para contribuir al cumplimiento del objetivo político del Fondo en el ámbito nacional a través de los programas de los Estados miembros. Tales acciones deben contribuir a fines estratégicos generales en el ámbito de intervención del Fondo en relación con el análisis de las políticas y la innovación, el aprendizaje mutuo y los acuerdos de colaboración transnacionales, y el ensayo de nuevas iniciativas y acciones en toda la Unión.

(49)

Con el fin de reforzar la capacidad de la Unión para atender de forma inmediata a aquellas situaciones migratorias excepcionales en uno o más Estados miembros caracterizadas por una afluencia grande o desproporcionada de nacionales de terceros países y generadoras de exigencias significativas y urgentes para los centros de acogida e internamiento y para los sistemas y procedimientos de gestión de la migración y el asilo de los Estados miembros, o para gestionar de inmediato situaciones migratorias excepcionales en terceros países debidas a acontecimientos políticos o conflictos, debe ser posible prestar ayuda de emergencia de conformidad con el marco establecido en el presente Reglamento.

(50)

El presente Reglamento debe garantizar la continuidad de la Red Europea de Migración creada por la Decisión 2008/381/CE del Consejo (17) y proporcionar ayuda financiera en consonancia con sus objetivos y funciones.

(51)

El objetivo político del Fondo se abordará también mediante instrumentos financieros y garantías presupuestarias con arreglo a los ámbitos de actuación del Programa InvestEU establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (18). El apoyo financiero debe emplearse para corregir fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas de manera proporcionada, y las acciones no deben solaparse con la financiación privada ni ahuyentarla, ni distorsionar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben tener un claro valor añadido de la Unión.

(52)

Las operaciones de financiación mixta tienen carácter voluntario y son operaciones que reciben ayuda del presupuesto de la Unión, que combinan formas de apoyo no reembolsables, formas de apoyo reembolsables o ambas, procedentes del presupuesto de la Unión, con formas reembolsables de ayuda de entidades de promoción o desarrollo o de otras entidades financieras públicas, así como apoyo procedente de entidades financieras comerciales e inversores.

(53)

El presente Reglamento establece, para toda la duración del Fondo, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (19), constituirá el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(54)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») es aplicable al Fondo. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(55)

A efectos de la ejecución de las acciones en régimen de gestión compartida, el Fondo debe formar parte de un marco coherente integrado por el presente Reglamento, el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE) 2021/1060.

(56)

El Reglamento (UE) 2021/1060 fija el marco para la actuación del FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el Fondo de Transición Justa, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, y establece, en particular, las normas relacionadas con la programación, el seguimiento y la evaluación, la gestión y el control de los fondos de la UE ejecutados en régimen de gestión compartida. Además, es necesario, especificar los objetivos del Fondo en el presente Reglamento y establecer disposiciones específicas en relación con las acciones que pueden financiarse en el marco del Fondo.

(57)

En el Reglamento (UE) 2021/1060 se establece un régimen de prefinanciación para el Fondo y en el presente Reglamento se fija un porcentaje de prefinanciación específico. Asimismo, con el fin de garantizar que se pueda reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia, conviene fijar un porcentaje de prefinanciación específico para la ayuda de emergencia. El régimen de prefinanciación debe garantizar que los Estados miembros dispongan de los medios para prestar apoyo a los beneficiarios desde el inicio de la ejecución de sus programas.

(58)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución del presente Reglamento deben escogerse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento. Para hacer esa elección debe tomarse en consideración la utilización de sumas a tanto alzado, la financiación a tipo fijo y los costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(59)

Con el fin de aprovechar al máximo el principio de auditoría única, conviene establecer normas específicas sobre el control y la auditoría de los proyectos en los que los beneficiarios sean organizaciones internacionales cuyos sistemas de control interno hayan sido objeto de una evaluación positiva por parte de la Comisión. En el caso de tales proyectos, las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de limitar sus verificaciones de gestión siempre y cuando el beneficiario facilite en tiempo oportuno todos los datos e información necesarios sobre el progreso del proyecto y sobre la admisibilidad de los gastos subyacentes. Además, cuando un proyecto ejecutado por una de dichas organizaciones internacionales forme parte de una muestra de auditoría, la autoridad de auditoría debe poder llevar a cabo su trabajo de conformidad con los principios de la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR) 4400 «Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera».

(60)

De conformidad con el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (22), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (23) y (UE) 2017/1939 (24) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (25). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben cooperar plenamente y prestar toda la asistencia necesaria a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión.

(61)

Los terceros países que hayan celebrado un acuerdo con la Unión sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o presentadas en ese tercer país deben poder participar en el Fondo, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

(62)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base de lo dispuesto en el artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(63)

Con arreglo a la Decisión 2013/755/UE del Consejo (26), las personas y entidades establecidas en los países o territorios de ultramar pueden optar a la financiación conforme a las normas y los objetivos del Fondo y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(64)

Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», respaldada por el Consejo en sus Conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes deben velar por que sus estrategias y programas nacionales den respuesta a las amenazas específicas a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas en la gestión de la migración. El Fondo debe apoyar a esos Estados miembros con recursos adecuados para ayudar a dichas regiones a gestionar la migración de forma sostenible y abordar las posibles situaciones de presión.

(65)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (27), el presente Fondo debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Fondo en la práctica. Con el fin de medir los logros del Fondo, se deben establecer indicadores y metas conexas en relación con cada uno de los objetivos específicos del Fondo. Dichos indicadores deben ser cualitativos y cuantitativos.

(66)

La Comisión y los Estados miembros deben supervisar la ejecución del Fondo a través indicadores e informes financieros, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2021/1060 y del presente Reglamento. A partir de 2023, los Estados miembros deben presentar a la Comisión informes anuales de rendimiento que abarquen el último ejercicio contable. Dichos informes deben incluir información sobre los progresos realizados en la ejecución de los programas de los Estados miembros. Los Estados miembros también deben presentar a la Comisión resúmenes de esos informes. La Comisión debe traducir los resúmenes a todas las lenguas oficiales de la Unión y ponerlos a disposición del público en su sitio web, junto con enlaces a los sitios web de los Estados miembros a que se refiere el Reglamento (UE) 2021/1060.

(67)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (28) y con la adhesión de esta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las acciones previstas en el presente Reglamento deben contribuir a que se alcance el objetivo de destinar el 30 % del gasto total del marco financiero plurianual a la integración de los objetivos climáticos en las políticas y a alcanzar el objetivo más ambicioso de que en 2024 el 7,5 % del presupuesto se destine a gastos en biodiversidad y que en 2026 y en 2027 ese porcentaje ascienda al 10 %, teniendo en cuenta al mismo tiempo los solapamientos existentes entre los objetivos en materia de clima y de biodiversidad. El Fondo debe apoyar actividades que respeten las normas y prioridades en materia de clima y medio ambiente de la Unión y que no causen un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (29).

(68)

El Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) y cualquier otro acto aplicable al período de programación 2014-2020 debe seguir aplicándose a los programas y los proyectos financiados con arreglo al Fondo en el período de programación 2014-2020. Puesto que el período de ejecución del Reglamento (UE) n.o 514/2014 se solapa con el período de programación correspondiente al presente Reglamento, y con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de determinados proyectos aprobados con arreglo al citado Reglamento, conviene establecer disposiciones de ejecución escalonada de los proyectos. Cada una de las fases del proyecto debe ejecutarse con arreglo a las normas del período de programación en virtud del cual recibe financiación.

(69)

A fin de completar o modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la lista de las acciones que pueden optar a financiación con arreglo al anexo III, la lista de acciones que pueden optar a un porcentaje de cofinanciación mayor con arreglo al anexo IV, el apoyo operativo con arreglo al anexo VII, y el desarrollo posterior del marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(70)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (31). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de los actos de ejecución que imponen obligaciones comunes a los Estados miembros, especialmente obligaciones en materia de suministro de información a la Comisión, y el procedimiento consultivo debe utilizarse para la adopción de actos de ejecución relativos a las disposiciones pormenorizadas para suministrar información a la Comisión en el marco de la programación y la presentación de informes, dada su naturaleza puramente técnica. La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la adopción de decisiones de concesión de ayudas urgentes según lo dispuesto en el presente Reglamento, cuando, en casos debidamente justificados en relación con la naturaleza y la finalidad de dichas ayudas, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(71)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(72)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(73)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(74)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no son subvencionables por la Unión, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible que los gastos en los que se haya incurrido en relación con acciones que reciben apoyo en virtud del presente Reglamento en régimen de gestión directa y que ya se hayan iniciado puedan optar a la financiación de la Unión desde el 1 de enero de 2021, por tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, aun cuando se hubiera incurrido en dichos gastos antes de la presentación de la solicitud de subvención o de la solicitud de ayuda.

(75)

Procede ajustar el período de aplicación del presente Reglamento al del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (32).

(76)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir que comience la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y ser aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.

(1)

El objetivo de la Unión consistente en garantizar un nivel elevado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia, conforme al artículo 67, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), debe lograrse, entre otras cosas, mediante medidas comunes sobre el cruce de personas a través de las fronteras interiores y sobre los controles fronterizos en las fronteras exteriores y la política común de visados, preservando al mismo tiempo el delicado equilibrio entre la libre circulación de personas, por un lado, y la seguridad, por el otro.

(2)

Conforme al artículo 80 del TFUE, las políticas de la Unión sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración y su ejecución deben regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero.

(3)

En la Declaración de Roma, firmada el 25 de marzo de 2017, los dirigentes de veintisiete Estados miembros expresaron su compromiso de obrar en pro de una Europa segura y protegida y de crear una Unión en la que todos los ciudadanos se sientan seguros y puedan circular libremente, en la que las fronteras exteriores estén protegidas, por medio de una política migratoria eficiente, responsable y sostenible que respete las normas internacionales, así como una Europa decidida a luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

(4)

Todas las acciones financiadas en el marco del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (en lo sucesivo, «Instrumento»), creado por el presente Reglamento, incluidas las llevadas a cabo en terceros países, deben ejecutarse respetando plenamente los derechos y principios reconocidos en el acervo de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y deben estar en consonancia con las obligaciones internacionales que atañen a la Unión y a los Estados miembros, derivadas de los instrumentos internacionales de los que son parte, en particular garantizando el cumplimiento de los principios de no discriminación y no devolución.

(5)

El objetivo de las políticas (en lo sucesivo, «objetivo político») del Instrumento es desarrollar y aplicar en las fronteras exteriores una gestión europea integrada de las fronteras exteriores sólida y eficaz, contribuyendo así a garantizar un alto nivel de seguridad interior en la Unión, salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de personas dentro de ella y respetando plenamente el acervo pertinente de la Unión y las obligaciones internacionales de la Unión y de los Estados miembros derivadas de los instrumentos internacionales de los que son parte.

(6)

La gestión europea integrada de las fronteras, que lleva a cabo la Guardia Europea de Fronteras y Costas creada por el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), es una responsabilidad compartida de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en la que realicen tareas de control fronterizo. Debe contribuir a facilitar el cruce legítimo de las fronteras, impedir y detectar la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza y gestionar eficazmente los flujos migratorios.

(7)

La facilitación de los viajes legítimos, previniendo al mismo tiempo la migración irregular y los riesgos para la seguridad, constituía uno de los principales objetivos del planteamiento de la Unión presentado en la Comunicación de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

(8)

El apoyo financiero con cargo al presupuesto de la Unión es indispensable para la aplicación de la gestión europea integrada de las fronteras con el fin de ayudar a los Estados miembros, al actuar en el pleno respeto de los derechos fundamentales, a gestionar eficientemente el cruce de las fronteras exteriores y a hacer frente a los futuros desafíos en dichas fronteras, lo que contribuiría a combatir las formas graves de delincuencia con una dimensión transfronteriza.

(9)

Los Estados miembros deben contar con apoyo financiero adecuado de la Unión para promover la aplicación de la gestión europea integrada de las fronteras y para garantizar que dicha gestión se convierta en una realidad operativa. La gestión europea integrada de las fronteras consiste, entre otros, en los siguientes elementos establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1896: control fronterizo; operaciones de búsqueda y salvamento durante la vigilancia de las fronteras; análisis de los riesgos; cooperación entre los Estados miembros, incluidos el apoyo coordinado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y la cooperación interorgánica, incluido el intercambio periódico de información; cooperación con terceros países; medidas técnicas y operativas en el interior del espacio Schengen relacionadas con el control fronterizo y diseñadas para abordar la inmigración ilegal y luchar mejor contra la delincuencia transfronteriza; empleo de tecnología punta; un mecanismo de control de calidad y mecanismos de solidaridad.

(10)

El Instrumento debe poder proporcionar a los Estados miembros el apoyo necesario para la aplicación de unas normas mínimas comunes para la vigilancia de las fronteras exteriores, conforme a las competencias respectivas de los Estados miembros, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Comisión.

(11)

Dado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros han ido asumiendo un número cada vez mayor de responsabilidades, que a menudo se extienden al ámbito de la seguridad y se ejercen en las fronteras exteriores, es importante fomentar la cooperación interorgánica como elemento de la gestión europea integrada de las fronteras de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1896. Es preciso garantizar la complementariedad en la realización de los controles fronterizos y aduaneros en las fronteras exteriores proporcionando un apoyo financiero suficiente de la Unión a los Estados miembros. La cooperación interorgánica no solo reforzará los controles aduaneros a fin de luchar contra todas las formas de tráfico, sino que facilitará también el comercio y los viajes legítimos y contribuirá a una unión aduanera segura y eficiente.

(12)

Es necesario, por lo tanto, establecer el fondo que sucederá al Fondo de Seguridad Interior para el período 2014-2020 establecido por los Reglamentos (UE) n.o 513/2014 (4) y (UE) n.o 515/2014 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo, mediante la creación, entre otros, de un Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras (en lo sucesivo, «Fondo»).

(13)

Debido a las particularidades jurídicas del título V del TFUE y a las diferentes bases jurídicas aplicables en los ámbitos de las fronteras exteriores y el control aduanero, no es jurídicamente posible establecer el Fondo como un instrumento único.

(14)

El Fondo debe establecerse, por tanto, como un marco general de apoyo financiero de la Unión en el ámbito de la gestión de fronteras y de la política de visados, que comprende el Instrumento y el Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Dicho marco debe ser complementado por el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), al que debe remitir el presente Reglamento por lo que se refiere a las normas sobre gestión compartida.

(15)

El Instrumento debe basarse en los resultados e inversiones de sus predecesores, el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013, establecido por la Decisión n.o 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior para el período 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 515/2014, y debe ampliarse para tener en cuenta la evolución en este ámbito.

(16)

A fin de garantizar un control de las fronteras exteriores uniforme y de gran calidad y de facilitar los viajes legítimos que impliquen el cruce de las fronteras exteriores, el Instrumento debe contribuir al desarrollo de una gestión europea integrada de las fronteras que abarque las medidas relativas a las políticas, el Derecho, la cooperación sistemática, el reparto de la responsabilidad, la evaluación de la situación y de las circunstancias cambiantes en relación con los pasos fronterizos de los migrantes irregulares, el personal, los equipos y la tecnología, que pueden ser adoptadas a diferentes niveles por las autoridades competentes de los Estados miembros y por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en cooperación con otros agentes, como otros órganos y organismos de la Unión, en particular la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), creada por el Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), creada por el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y, en su caso, terceros países y organizaciones internacionales.

(17)

El Instrumento debe contribuir a mejorar la eficiencia de la tramitación de los visados en lo que respecta a la simplificación de los procedimientos de expedición para los viajeros de buena fe y a la detección y evaluación de los riesgos de seguridad y de migración irregular. En particular, el Instrumento debe facilitar ayuda financiera que contribuya a la digitalización de la tramitación de los visados con el fin de ofrecer procedimientos rápidos, seguros y adaptados a las necesidades de los solicitantes, lo que redundará en beneficio tanto de los solicitantes de visados como de los consulados. El Instrumento debe servir asimismo para garantizar una amplia cobertura de los servicios consulares en todo el mundo. El Instrumento también debe cubrir la ejecución uniforme y la modernización de la política común de visados, así como las medidas derivadas del Reglamento (CE) n.o 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), al igual que la ayuda a los Estados miembros para la expedición de visados, incluidos los visados de validez territorial limitada por motivos humanitarios, por razones de interés nacional o debido a obligaciones internacionales, en consonancia con el acervo de la Unión en materia de visados.

(18)

El Instrumento debe respaldar medidas relacionadas con el control de las fronteras exteriores en el territorio de los países que aplican el acervo de Schengen como parte de la aplicación de la gestión europea integrada de las fronteras, que refuerza el funcionamiento general del espacio Schengen.

(19)

El Instrumento debe apoyar el desarrollo de sistemas informáticos de gran magnitud con arreglo al Derecho de la Unión en el ámbito de la gestión de las fronteras, con el fin de mejorar la gestión de las fronteras exteriores, facilitar los viajes legítimos, contribuir a prevenir y combatir las entradas ilegales, aplicar la política común de visados y contribuir a lograr un nivel elevado de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión. Asimismo, debe apoyar el establecimiento de la interoperabilidad, según lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2019/817 (12) y (UE) 2019/818 (13) del Parlamento Europeo y del Consejo, en los Estados miembros entre los sistemas de información de la Unión, en concreto el Sistema de Entradas y Salidas (SES), establecido por el Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), el Sistema de Información de Visados (VIS), establecido por el Reglamento (CE) n.o 767/2008, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), establecido por el Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), Eurodac, creado por el Reglamento (UE) n.o 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), el Sistema de Información de Schengen (SIS), establecido por los Reglamentos (UE) 2018/1860 (17), (UE) 2018/1861 (18) y (UE) 2018/1862 (19) del Parlamento Europeo y del Consejo y el sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN), establecido por el Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), para que dichos sistemas de información de la Unión y sus datos se complementen entre sí. El Instrumento también debe contribuir a los cambios necesarios en el ámbito nacional tras la aplicación de los componentes de interoperabilidad a nivel central, en concreto el portal europeo de búsqueda, el servicio de correspondencia biométrica compartido, el registro común de datos de identidad y el detector de identidades múltiples.

(20)

A fin de aprovechar los conocimientos y la pericia de las agencias descentralizadas con competencias en los ámbitos de la gestión de fronteras, la política de visados y los sistemas informáticos de gran magnitud, la Comisión debe asociar en tiempo oportuno a los organismos competentes en el trabajo del Comité de los Fondos de Interior creado por el presente Reglamento, especialmente en el período inicial e intermedio de programación. Cuando proceda, la Comisión también debe poder asociar a órganos y organismos de la Unión competentes en el seguimiento y la evaluación, en particular con el fin de garantizar que las acciones apoyadas por el Instrumento se ajusten al acervo aplicable de la Unión y a las prioridades de la Unión que se hayan acordado. El Instrumento debe complementar y reforzar las actividades de ejecución de la gestión europea integrada de las fronteras, en consonancia con el principio de responsabilidad compartida y solidaridad entre los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que constituyen los dos pilares de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Esto significa, en particular, que al elaborar sus programas ejecutados en régimen de gestión compartida, los Estados miembros deben tener en cuenta las herramientas analíticas y las orientaciones operativas y técnicas elaboradas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como los programas de formación desarrollados por esta, por ejemplo, los planes de estudios comunes para la formación de los guardias de fronteras, incluidos los componentes de dichos planes relativos a los derechos fundamentales y el acceso a la protección internacional. Con el fin de desarrollar la complementariedad entre sus tareas y las responsabilidades de los Estados miembros en el control de las fronteras exteriores, y para garantizar la coherencia y evitar la ineficacia en el gasto, la Comisión debe consultar puntualmente a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas sobre los proyectos de programa presentados por los Estados miembros, en la medida en que sean de competencia de dicha Agencia, en particular con respecto a las actividades financiadas en el marco del apoyo operativo.

(21)

En la medida en que los Estados miembros afectados así lo soliciten, el Instrumento debe contribuir a la aplicación del enfoque de puntos críticos mencionado en la Comunicación de la Comisión de 13 de mayo de 2015 titulada «Una Agenda Europea de Migración», y confirmado por el Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio de 2015 y especificado de forma más pormenorizada en el Reglamento (UE) 2019/1896. El enfoque de puntos críticos proporciona apoyo operativo a los Estados miembros que hacen frente a desafíos migratorios desproporcionados en las fronteras exteriores. Ofrece asistencia integrada, global y específica, con espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida.

(22)

En el espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida en cuanto a la protección de las fronteras exteriores, en caso de que se detecten vulnerabilidades o riesgos, especialmente a raíz de una evaluación de Schengen de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo (21), el Estado miembro de que se trate debe dar una respuesta adecuada al asunto utilizando los recursos de su programa para aplicar las recomendaciones adoptadas con arreglo a dicho Reglamento y en consonancia con las evaluaciones de la vulnerabilidad realizadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1896.

(23)

El Instrumento debe prestar ayuda financiera a aquellos Estados miembros que apliquen plenamente las disposiciones del acervo de Schengen sobre fronteras exteriores y visados y a aquellos Estados miembros que se estén preparando para su plena participación en Schengen, y debe ser utilizado por los Estados miembros en beneficio de la política común de la Unión para la gestión de las fronteras exteriores.

(24)

Aun cuando preste apoyo a las inversiones de los Estados miembros en la gestión de las fronteras, el Instrumento no debe proporcionar financiación para infraestructuras y edificios nuevos y permanentes en las fronteras interiores en las que aún no se hayan suprimido los controles. No obstante, en esas fronteras, el Instrumento debe apoyar las inversiones en infraestructuras móviles para el control de fronteras y el mantenimiento, modernización limitada o sustitución de las infraestructuras existentes, que sean necesarias para seguir cumpliendo el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (22).

(25)

De acuerdo con el Protocolo n.o 5 del Acta de Adhesión de 2003 relativo al tránsito de personas por vía terrestre entre la región de Kaliningrado y otras partes de la Federación de Rusia, el Instrumento debe soportar los costes adicionales en los que se incurra al aplicar las disposiciones específicas del acervo de la Unión relativas a dicho tránsito, esto es, los Reglamentos (CE) n.o 693/2003 (23) y (CE) n.o 694/2003 (24) del Consejo. La necesidad de apoyo financiero continuado para compensar los derechos no percibidos, sin embargo, debe depender del régimen de visados de la Unión en vigor con la Federación de Rusia.

(26)

Para contribuir al logro del objetivo político del Instrumento, los Estados miembros deben garantizar que sus programas incluyan acciones que se refieran a todos los objetivos específicos de este y que el reparto de los recursos entre los distintos objetivos específicos garantice que puedan cumplirse dichos objetivos.

(27)

Teniendo presente el principio de eficiencia, se deben buscar sinergias y coherencia con otros Fondos de la Unión y evitar los solapamientos entre acciones.

(28)

El retorno de los nacionales de terceros países que sean objeto de una decisión de retorno emitida por un Estado miembro es uno de los elementos de la gestión europea integrada de las fronteras establecida en el Reglamento (UE) 2019/1896. Sin embargo, debido a su naturaleza y su objetivo, las medidas en materia de retorno no entran en el ámbito de aplicación del apoyo del Instrumento y se rigen por el Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento y del Consejo (25).

(29)

A fin de reconocer el importante papel de las autoridades aduaneras de los Estados miembros en las fronteras exteriores y de garantizar que dispongan de medios suficientes para realizar su amplia gama de tareas en dichas fronteras, el Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero debe proporcionar a dichas autoridades nacionales la financiación necesaria para invertir en equipo para llevar a cabo los controles aduaneros, así como en equipo que se pueda destinar a otros fines además del control aduanero, como el control de las fronteras.

(30)

La mayor parte de los equipos de control y los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aduaneros podría servir igualmente, o de manera puntual, para realizar controles del cumplimiento de otros actos jurídicos de la Unión, como las disposiciones sobre gestión de fronteras, visados o cooperación policial. El Fondo ha sido diseñado, por tanto, con una estructura integrada por dos instrumentos complementarios, con ámbitos de aplicación distintos pero congruentes respecto de la adquisición de equipos. Por un lado, el Instrumento prestará apoyo financiero para los equipos y sistemas de TIC cuyo fin principal sea la gestión integrada de las fronteras, y también permitirá su uso en el ámbito complementario del control aduanero. Por otro lado, el Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero ofrecerá apoyo financiero para los equipos cuyo fin principal sea el control aduanero, y también permitirá su uso para fines adicionales como el control fronterizo y la seguridad. Esta distribución de funciones fomentará la cooperación interorgánica, uno de los elementos de que consta la gestión europea integrada de las fronteras, según se establece en el Reglamento (UE) 2019/1896, y con ello se posibilitará que las autoridades aduaneras y fronterizas colaboren y maximicen la incidencia del presupuesto de la Unión mediante el uso compartido y la interoperabilidad de los equipos de control.

(31)

La vigilancia de las fronteras en el mar es una de las funciones realizadas por guardacostas en el ámbito marítimo de la Unión. Las autoridades nacionales que llevan a cabo funciones de guardacostas también son responsables de una gran variedad de tareas, entre las que se pueden incluir, aunque sin carácter exhaustivo, la seguridad, la protección, las operaciones de búsqueda y salvamento, el control fronterizo, el control de la pesca, el control aduanero, las funciones de policía y seguridad en general y la protección del medio ambiente en el ámbito marítimo. El amplio alcance de las funciones de guardacostas las subsume en el ámbito de diferentes políticas de la Unión, que deben buscar sinergias para lograr resultados más eficaces y eficientes.

(32)

Al llevar a cabo acciones financiadas con cargo al Instrumento que guarden relación con la vigilancia de las fronteras marítimas, los Estados miembros deben prestar especial atención a sus obligaciones internacionales en materia de operaciones de búsqueda y salvamento en el mar. A este respecto, los equipos y sistemas que reciban apoyo en virtud del Instrumento deben poder utilizarse en operaciones de búsqueda y salvamento en situaciones que puedan surgir durante una operación de vigilancia de fronteras en el mar.

(33)

Además de la cooperación a escala de la Unión en cuanto a las funciones de guardacostas entre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, creada por el Reglamento (CE) n.o 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (26), y la Agencia Europea de Control de la Pesca, creada por el Reglamento (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo (27), se debe mejorar asimismo la coherencia de las actividades en el ámbito marítimo a escala nacional. Las sinergias entre los diferentes agentes del medio marítimo deben ser acordes con las estrategias de gestión europea integrada de las fronteras y de seguridad marítima.

(34)

A fin de aumentar la complementariedad y la coherencia de las actividades marítimas, evitar la duplicación de los esfuerzos y reducir las restricciones presupuestarias en un ámbito de actividades de coste elevado como el marítimo, el Instrumento también debe poder utilizarse adicionalmente para apoyar las operaciones marítimas de carácter polivalente.

(35)

Los equipos y sistemas de TIC financiados en el marco del Instrumento también deben poder utilizarse para alcanzar los objetivos del Fondo de Seguridad Interior, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo (28), y del Fondo de Asilo, Migración e Integración, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1147. Dichos equipos y sistemas de TIC deben seguir estando disponibles y pudiendo desplegarse para actividades de control fronterizo eficaces y seguras, y el uso de dichos equipos y sistemas para los objetivos del Fondo de Seguridad Interior y del Fondo de Asilo, Migración e Integración debe ser limitado en el tiempo.

(36)

El Instrumento debe servir principalmente a la política interna de la Unión, en consonancia con sus objetivos específicos. Al mismo tiempo, debe poder apoyar, cuando convenga, acciones coherentes con las prioridades de la Unión en terceros países y en relación con estos. Tales acciones deben ejecutarse logrando una sinergia y coherencia plenas con otras acciones fuera de la Unión apoyadas a través de los instrumentos de financiación exterior de la Unión y complementar dichas acciones. En particular, dichas acciones deben ejecutarse de tal forma que se garantice la plena coherencia con la política exterior de la Unión, se respete el principio de la coherencia de las políticas para el desarrollo y sea compatible con los documentos de programación estratégica correspondientes al país o región en cuestión. Dichas acciones deben centrarse también en medidas que no estén orientadas al desarrollo, servir a los intereses de la política interna de la Unión y ser compatibles con las actividades emprendidas dentro de la Unión. En sus evaluaciones intermedias y retrospectivas, la Comisión debe prestar especial atención a la ejecución de acciones en terceros países o en relación con estos.

(37)

La financiación con cargo al presupuesto de la Unión debe centrarse en acciones en las que la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido en comparación con las actuaciones de los Estados miembros por sí solos. Dado que la Unión está en mejor posición que los Estados miembros para ofrecer un marco que permita articular la solidaridad de la Unión en los ámbitos de la gestión de las fronteras y de la política común de visados, así como una plataforma para el desarrollo de sistemas informáticos comunes de gran magnitud que sustenten esas políticas, el apoyo financiero prestado en virtud del presente Reglamento debe contribuir en particular a reforzar las capacidades nacionales y de la Unión en esos ámbitos.

(38)

Cuando promuevan acciones apoyadas por el Instrumento, los perceptores de fondos de la Unión deben facilitar información en la lengua o lenguas del público destinatario. Para garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión, los perceptores de dicha financiación deben mencionar el origen de esta en sus comunicaciones sobre la acción. Para ello, deben asegurarse de que todas las comunicaciones a los medios de comunicación y al público exhiban el emblema de la Unión y mencionen expresamente el apoyo financiero de esta.

(39)

La Comisión debe poder utilizar recursos financieros en el marco del Instrumento para promover las mejores prácticas e intercambiar información sobre la ejecución de este.

(40)

La Comisión debe publicar puntualmente información sobre el apoyo prestado a través del mecanismo temático en régimen de gestión directa o indirecta, y debe actualizar esta información cuando proceda. Los datos deben poder clasificarse por objetivo específico, nombre del beneficiario, importe legalmente comprometido y naturaleza y finalidad de la medida.

(41)

Se debe poder considerar que un Estado miembro no cumple el acervo de la Unión pertinente, también en lo que se refiere al uso del apoyo operativo en virtud del Instrumento, cuando haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados en los ámbitos de la gestión de fronteras y la política de visados, incluso en lo que respecta a los obligaciones relativas a los derechos fundamentales, cuando exista un riesgo claro de violación grave por parte de tal Estado miembro de valores de la Unión al aplicar el acervo en materia de gestión de fronteras y política de visados o cuando un informe de evaluación en el marco del mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen establecido en el Reglamento (UE) n.o 1053/2013 haya detectado deficiencias en el ámbito pertinente.

(42)

El Instrumento debe garantizar que haya una distribución equitativa y transparente de los recursos a fin de cumplir los objetivos establecidos en el presente Reglamento. Para cumplir los requisitos de transparencia, la Comisión debe publicar información sobre los programas de trabajo anuales y plurianuales del mecanismo temático. En consonancia con el Reglamento (UE) n.o 2021/1060, cada Estado miembro debe garantizar que, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de su programa, exista un sitio web en el que esté disponible la información sobre su programa, que incluya los objetivos, las actividades, las oportunidades de financiación disponibles y los logros de dicho programa.

(43)

El presente Reglamento debe establecer los importes iniciales para los programas de los Estados miembros, consistentes en importes fijos establecidos en el anexo I y un importe calculado con arreglo a los criterios establecidos en el anexo I y que reflejan la extensión de las secciones de las fronteras terrestres y marítimas y los niveles de impacto en dichas secciones, la carga de trabajo de los aeropuertos y los consulados, y el número de consulados. Habida cuenta de las necesidades especiales de los Estados miembros que han recibido el mayor número de solicitudes de asilo per cápita en 2018 y 2019, procede aumentar los importes fijos para Chipre, Malta y Grecia.

(44)

Los importes iniciales para los programas de los Estados miembros deben constituir la base de las inversiones a largo plazo de los Estados miembros. A fin de tener en cuenta los cambios en la situación de referencia, como la presión sobre las fronteras exteriores y la carga de trabajo en estas y en los consulados, debe asignarse un importe adicional a los Estados miembros en la fase intermedia del período de programación y basarse en datos estadísticos, con arreglo al anexo I, en función del estado de ejecución de sus programas.

(45)

La Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia del presente Reglamento. Dicha evaluación debe servir para evaluar la eficacia y el valor añadido de la Unión del Instrumento y ofrecer una visión de conjunto transparente de la forma en que se ha ejecutado el Instrumento.

(46)

Dado que los desafíos en el ámbito de la gestión de las fronteras y la política de visados están en constante evolución, es necesario adaptar la asignación de fondos a los cambios en las prioridades de la política de visados y la gestión de las fronteras, incluidos los cambios derivados de un aumento de la presión en las fronteras, y la necesidad de orientar la financiación hacia las prioridades con mayor valor añadido de la Unión. Parte de la financiación se debe asignar periódicamente, a través de un mecanismo temático, a acciones específicas, acciones de la Unión y ayuda de emergencia, a fin de responder a las necesidades urgentes y a los cambios en las políticas y prioridades de la Unión y de orientar la financiación hacia acciones con elevado valor añadido de la Unión. El mecanismo temático ofrece flexibilidad en la gestión del Instrumento y puede también ejecutarse a través de los programas de los Estados miembros.

(47)

Se debe alentar a los Estados miembros a que utilicen parte de las asignaciones de sus programas para financiar las acciones mencionadas en el anexo IV mediante la recepción de una mayor contribución de la Unión.

(48)

El Instrumento debe contribuir a financiar los costes operativos relacionados con la gestión de las fronteras, la política común de visados y los sistemas informáticos de gran magnitud, a fin de permitir a los Estados miembros mantener capacidades que son cruciales para la Unión en su conjunto. Dicho apoyo debe consistir en el reembolso íntegro de costes específicos relacionados con los objetivos del Instrumento y debe formar parte integrante de los programas de los Estados miembros.

(49)

Además de la asignación inicial, a los programas de los Estados miembros se le podría asignar parte de los recursos disponibles en el marco del Instrumento para la ejecución de acciones específicas. Esas acciones específicas deben detallarse a nivel de la Unión y deben referirse a acciones con valor añadido de la Unión que requieran cooperación entre los Estados miembros o a acciones necesarias para atender a cambios en la Unión que requieran la disponibilidad de financiación adicional para uno o varios Estados miembros, como la adquisición a través de los programas de los Estados miembros del equipo técnico que necesite la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para llevar a cabo sus actividades operativas, la modernización de la tramitación de las solicitudes de visado, el desarrollo de sistemas informáticos de gran magnitud y el establecimiento de una interoperabilidad efectiva entre dichos sistemas. La Comisión debe establecer tales acciones específicas en sus programas de trabajo.

(50)

A fin de contribuir al cumplimiento del objetivo político del Instrumento en el ámbito nacional a través de los programas de los Estados miembros, el Instrumento debe apoyar asimismo acciones a escala de la Unión. Estas acciones deben contribuir a fines estratégicos generales, dentro del ámbito de intervención del Instrumento, relativos al análisis de las políticas y la innovación, el aprendizaje mutuo y los acuerdos de colaboración transnacionales, y el ensayo de nuevas iniciativas y acciones en toda la Unión.

(51)

Debe ser posible prestar ayuda de emergencia, de conformidad con el marco establecido en el presente Reglamento, con el fin de reforzar la capacidad de la Unión de atender de manera inmediata necesidades urgentes y específicas en caso de situación de emergencia, como una afluencia numerosa o desproporcionada de nacionales de terceros países, en particular en las secciones de las fronteras a las que se haya atribuido un nivel de impacto elevado y crítico, en consonancia con el Reglamento (UE) 2019/1896, u otras situaciones en la que esté debidamente justificada la necesidad de una actuación inmediata en las fronteras exteriores.

(52)

El presente Reglamento establece, para toda la duración del Instrumento, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (29), constituirá el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual. El importe de referencia privilegiado asignado al Instrumento se incrementa en un importe adicional de 1 000 millones de euros a precios de 2018, tal como se especifica en el anexo II del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (30).

(53)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (31) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») es aplicable al Instrumento. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(54)

A efectos de la ejecución de las acciones en régimen de gestión compartida, el Instrumento debe formar parte de un marco coherente integrado por el presente Reglamento, el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE) 2021/1060.

(55)

El Reglamento (UE) 2021/1060 fija el marco para la actuación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el Fondo de Asilo, el Fondo de Transición Justa, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, y establece, en particular, las normas relacionadas con la programación, el seguimiento y la evaluación, la gestión y el control de los fondos de la Unión ejecutados en régimen de gestión compartida. Además, es necesario especificar los objetivos del Instrumento con respecto al apoyo financiero a la gestión de fronteras y la política de visados en el presente Reglamento y establecer disposiciones específicas en relación con las acciones que puedan financiarse en el marco del Instrumento.

(56)

En el Reglamento (UE) 2021/1060 se establece un régimen de prefinanciación para el Instrumento y en el presente Reglamento se fija un porcentaje de prefinanciación específico. Asimismo, con el fin de garantizar que se pueda reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia, conviene fijar un porcentaje de prefinanciación específico para la ayuda de emergencia. El régimen de prefinanciación debe garantizar que los Estados miembros dispongan de los medios para prestar apoyo a los beneficiarios desde el inicio de la ejecución de sus programas.

(57)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución conforme al presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento. Al hacer esta elección debe tomarse en cuenta la utilización de sumas a tanto alzado, la financiación a tipo fijo y los costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(58)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no son subvencionables por la Unión, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudiera perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, que los gastos en que se haya incurrido respecto de acciones respaldadas por el presente Reglamento en régimen de gestión directa y que ya hayan comenzado se consideren subvencionables por la Unión a partir del 1 de enero de 2021, aun cuando se hubiera incurrido en dichos gastos antes de la presentación de la solicitud de subvención o de la solicitud de ayuda.

(59)

Con el fin de aprovechar al máximo el principio de auditoría única, conviene establecer normas específicas sobre el control y la auditoría de los proyectos en los que los beneficiarios sean organizaciones internacionales cuyos sistemas de control interno hayan sido evaluados positivamente por la Comisión. En el caso de tales proyectos, las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de limitar sus verificaciones de gestión siempre que el beneficiario facilite puntualmente todos los datos e información necesarios sobre el progreso del proyecto y sobre la admisibilidad de los gastos subyacentes. Además, cuando un proyecto ejecutado por una de esas organizaciones internacionales forme parte de una muestra de auditoría, la autoridad de auditoría debe poder llevar a cabo su trabajo de conformidad con los principios de la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (NISR) 4400 «Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera».

(60)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (32) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (33), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (34) y (UE) 2017/1939 (35) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (36). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben cooperar plenamente y prestar toda la asistencia necesaria a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en lo relacionado con la protección de los intereses financieros de esta.

(61)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(62)

De conformidad con la Decisión 2013/755/UE del Consejo (37), las personas y entidades establecidas en los países o territorios de ultramar pueden optar a financiación, con sujeción a las normas y los objetivos del Instrumento y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro con el que esté vinculado el país o territorio de ultramar de que se trate.

(63)

Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017 titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», que fue respaldada por el Consejo en sus Conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes deben velar por que sus programas den respuesta a las amenazas emergentes a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas. El Instrumento debe apoyar a dichos Estados miembros con recursos suficientes para que ayuden a las regiones ultraperiféricas según proceda.

(64)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (38), el Instrumento debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Instrumento en la práctica. Con el fin de medir los logros del Instrumento, se deben establecer indicadores y metas conexas en relación con cada uno de sus objetivos específicos. Entre los indicadores debe haber indicadores cualitativos y cuantitativos.

(65)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático, en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (39), y la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las acciones con arreglo al presente Reglamento deben contribuir a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % del gasto total del marco financiero plurianual a la integración de los objetivos climáticos en las políticas y a trabajar con la intención de destinar, en 2024, el 7,5 % del presupuesto a gastos en biodiversidad y el 10 % en 2026 y en 2027, teniendo en cuenta los solapamientos existentes entre los objetivos relativos al clima y los relativos a la biodiversidad. El Instrumento debe apoyar actividades que respetan las normas y prioridades climáticas y medioambientales de la Unión y que no causen un perjuicio significativo a objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (40).

(66)

El Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (41) y cualquier otro acto aplicable al período de programación 2014-2020 debe seguir aplicándose a los programas y los proyectos financiados con arreglo al Instrumento durante el período de programación 2014-2020. Puesto que el período de ejecución del Reglamento (UE) n.o 514/2014 se solapa con el período de programación cubierto por el presente Reglamento, y con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de determinados proyectos aprobados con arreglo al citado Reglamento, conviene establecer disposiciones de ejecución escalonada de los proyectos. Cada una de las fases del proyecto debe ejecutarse con arreglo a las normas del período de programación en virtud del cual recibe financiación.

(67)

La Comisión y los Estados miembros deben supervisar la ejecución del Instrumento de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2021/1060 y del presente Reglamento a través de indicadores e informes financieros. A partir de 2023, los Estados miembros deben presentar a la Comisión informes anuales de rendimiento que abarquen el último ejercicio contable. Dichos informes deben incluir información sobre los progresos realizados en la ejecución de los programas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben presentar asimismo resúmenes de dichos informes a la Comisión. Esta debe traducir dichos resúmenes a todas las lenguas oficiales de la Unión y ponerlos a disposición del público en su sitio web, junto con enlaces a los sitios web de los Estados miembros a que se refiere el Reglamento (UE) 2021/1060.

(68)

A fin de completar o modificar los elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la lista de las acciones del anexo III, la lista de las acciones que pueden optar a porcentajes más elevados de cofinanciación del anexo IV, el apoyo operativo en virtud del artículo VII y el desarrollo ulterior del marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(69)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (42). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de actos de ejecución que establezcan obligaciones comunes para los Estados miembros, especialmente obligaciones en materia de suministro de información a la Comisión, y debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución relativos a las modalidades de suministro de información a la Comisión en el marco de la programación y la presentación de informes, habida cuenta de su naturaleza puramente técnica. La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables con respecto a la adopción de decisiones de concesión de la ayuda de emergencia establecida en el presente Reglamento, cuando, en casos debidamente justificados, relacionados con la naturaleza y la finalidad de dicha ayuda, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(70)

La participación de un Estado miembro en el Instrumento no debe coincidir con su participación en un instrumento financiero temporal de la Unión que apoye a los Estados miembros beneficiarios para financiar, entre otras, acciones en las nuevas fronteras exteriores de la Unión en favor de la aplicación del acervo de Schengen sobre fronteras y el control de los visados y las fronteras exteriores.

(71)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(72)

Por lo que respecta a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (43), que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos A y B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (44).

(73)

Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen (45), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos A y B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (46).

(74)

Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen (47), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos A y B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (48).

(75)

A fin de especificar la naturaleza y las modalidades de la participación en el Instrumento de los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, deben celebrarse más acuerdos entre la Unión y esos países con arreglo a las disposiciones pertinentes de sus respectivos acuerdos de asociación. Dichos acuerdos deben constituir acuerdos internacionales en el sentido del artículo 218 del TFUE. Con objeto de minimizar cualquier posible desfase entre el momento en que el Instrumento pase a ser vinculante en el país de que se trate y la entrada en vigor de los acuerdos, conviene comenzar las negociaciones sobre estos lo antes posible una vez que el país en cuestión haya notificado al Consejo y a la Comisión su decisión de aceptar los contenidos del Instrumento y de incorporarlo a su ordenamiento jurídico interno. La celebración de tales acuerdos debe llevarse a cabo después de que el país en cuestión haya informado por escrito del cumplimiento de todos los requisitos internos.

(76)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(77)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (49). Por consiguiente, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(78)

Procede adaptar el período de aplicación del presente Reglamento al del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093.

(79)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir que comience la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe ser aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.