(1)

La Unión tiene competencia exclusiva en lo relativo a materia monetaria y cambiaria en los Estados miembros cuya moneda es el euro. Cuando los Tratados atribuyen a la UE una competencia exclusiva en un ámbito determinado, solo la UE puede legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente pueden hacerlo si son habilitados por la UE.

(2)

De conformidad con el artículo 219, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo decide sobre las modalidades de negociación y de celebración de los acuerdos en materia de régimen monetario o cambiario.

(3)

Antes de la introducción del euro, Francia había celebrado acuerdos sobre el régimen cambiario con la unión económica y monetaria del África Occidental (en lo sucesivo, «UEMOA», por sus siglas en francés de «Union économique et monétaire ouest-africaine»), la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (en lo sucesivo, «CEMAC», por sus siglas en francés de «Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale»), y con Las Comoras, con el objeto de garantizar la convertibilidad entre el franco CFA y el franco comorano y el franco francés a una paridad fija (2); A raíz de la sustitución del franco francés por el euro el 1 de enero de 1999, el Consejo autorizó a Francia a mantener los acuerdos en vigor en dicha fecha (en lo sucesivo, «actuales acuerdos») con arreglo al marco establecido en la Decisión 98/683/CE (3).

(4)

Los artículos 4 y 5 de la Decisión 98/683/CE, establecen diferentes procedimientos relativos a la negociación y modificación de los acuerdos vigentes en función de que se modifique o no su naturaleza o alcance.

(5)

Francia y los Estados de la UEMOA están sustituyendo el acuerdo vigente entre ellos de 4 de diciembre de 1973 por un nuevo acuerdo de cooperación en materia de régimen cambiario. Dicho nuevo acuerdo de cooperación se firmó el 21 de diciembre de 2019 y se acompaña de un nuevo acuerdo de garantía que se celebrará con el Banco Central de los Estados de la UEMOA. El 22 de mayo de 2020, el Gobierno francés presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional francesa para ratificar el nuevo acuerdo de cooperación.

(6)

La sustitución de los acuerdos actuales en materia de régimen cambiario entre Francia y la UEMOA, la CEMAC y Las Comoras no está cubierta en el ámbito de los artículos 4 y 5 de la Decisión 98/683/CE. Así es incluso si la naturaleza y el alcance de dichos nuevos acuerdos de cooperación se mantienen inalterados, a saber, para garantizar la convertibilidad entre el euro y las monedas de la UEMOA, la CEMAC y Las Comoras en una paridad fija respaldada por un compromiso presupuestario de Francia.

(7)

Debe habilitarse a Francia para sustituir los acuerdos actuales con la UEMOA, la CEMAC y Las Comoras. De acuerdo con la Decisión 98/683/CE del Consejo, los diferentes procedimientos deben seguir aplicándose dependiendo de si la sustitución afecta o no a la naturaleza o alcance de dichos acuerdos. En ambos procedimientos será necesaria la participación de los organismos competentes de la Unión de conformidad con el vigente régimen de intercambio de información y aprobación antes de sustituir los actuales acuerdos por nuevos acuerdos de cooperación.

(8)

Por tanto procede modificar en consecuencia la Decisión 98/683/CE.

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 287, punto 8, de la Directiva 2006/112/CE, Estonia puede conceder una franquicia del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no exceda del contravalor en moneda nacional de 16 000 EUR al tipo de conversión vigente el día de su adhesión.

(2)

Mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2017/563 del Consejo (2), se autorizó a Estonia a aplicar una medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 287, punto 8, de la Directiva 2006/112/CE (en lo sucesivo, «medida de excepción»), con el fin de conceder una franquicia del IVA a los sujetos pasivos cuyo volumen de negocios anual no exceda de 40 000 EUR. Se autorizó a Estonia a aplicar la medida de excepción desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la entrada en vigor de una directiva que modificase los artículos 281 a 294 de la Directiva 2006/112/CE, si esta fecha fuera anterior.

(3)

El 18 de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Directiva (UE) 2020/285 (3) por la que se modifican los artículos 281 a 294 de la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas y por la que se establecen nuevas normas para las pequeñas empresas, incluida la fijación del umbral máximo del volumen de negocios anual de los sujetos pasivos establecidos en el Estado miembro en 85 000 EUR o su contravalor en moneda nacional.

(4)

Mediante carta registrada en la Comisión el 9 de octubre de 2020, Estonia solicitó una autorización para seguir aplicando la medida de excepción hasta el 31 de diciembre de 2024.

(5)

Mediante carta de 15 de octubre de 2020, la Comisión informó a los demás Estados miembros, de conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, de la solicitud presentada por Estonia. Mediante carta de 19 de octubre de 2020, la Comisión notificó a Estonia que disponía de toda la información que consideraba necesaria para examinar la solicitud.

(6)

La medida de excepción está en consonancia con los objetivos de la Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008 titulada «“Pensar primero a pequeña escala”“Small Business Act” para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas».

(7)

Según la información facilitada por Estonia, la medida de excepción tendrá una incidencia insignificante sobre el importe global de los ingresos en concepto del IVA de Estonia recaudados en la fase de consumo final. Los sujetos pasivos podrán seguir optando por el régimen normal del IVA, de conformidad con el artículo 290 de la Directiva 2006/112/CE.

(8)

La medida de excepción no afectará negativamente a los recursos propios de la Unión procedentes del IVA, porque Estonia efectuará un cálculo de compensación de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo (4).

(9)

Habida cuenta de la potencial incidencia positiva de la medida de excepción a la hora de simplificar las obligaciones relativas al IVA al reducir la carga administrativa y los costes para las pequeñas empresas, debe autorizarse a Estonia a seguir aplicando la medida por un período adicional.

(10)

La autorización para aplicar la medida de excepción debe limitarse en el tiempo. El límite debe ser suficiente para permitir valorar la eficacia y la adecuación del umbral. Por otra parte, de conformidad con la Directiva (UE) 2020/285, los Estados miembros están obligados a adoptar y publicar, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de dicha Directiva, y aplicar dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2025. Por consiguiente, procede autorizar a Estonia a aplicar la medida de excepción hasta el 31 de diciembre de 2024.

(11)

Con el fin de evitar efectos perturbadores, debe permitirse a Estonia aplicar la medida de excepción de modo ininterrumpido. Por consiguiente, la autorización solicitada debe otorgarse con efectos a partir del 1 de enero de 2021, de modo que haya continuidad respecto de las disposiciones previas autorizadas mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2017/563.

(12)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2017/563 en consecuencia.

(1)

Mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2266 del Consejo (2) se autorizó a los Países Bajos, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2020, un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a las estaciones utilizada directamente para la recarga de vehículos eléctricos.

(2)

El 30 de marzo de 2020, los Países Bajos solicitaron autorización para seguir aplicando un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a estaciones de recarga para vehículos eléctricos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2025. El 20 de noviembre de 2020, los Países Bajos aportaron, a petición de la Comisión, información adicional en apoyo de su solicitud.

(3)

El tipo impositivo reducido tiene por objeto seguir promoviendo la utilización de vehículos eléctricos mediante la reducción de los costes de la electricidad utilizada para propulsar dichos vehículos.

(4)

El uso de los vehículos eléctricos no implica la emisión de contaminantes atmosféricos causada por la combustión de la gasolina y el gasóleo y otros combustibles fósiles y, por lo tanto, contribuye a la mejora de la calidad del aire en las ciudades. El uso de los vehículos eléctricos también puede reducir las emisiones de CO2, especialmente si la electricidad utilizada se produce a partir de fuentes de energía renovables. Se prevé, por tanto, que la aplicación de un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a estaciones de recarga para vehículos eléctricos contribuirá a la consecución de los objetivos de la Unión en materia de medio ambiente, salud y clima.

(5)

Los Países Bajos destacaron que el tipo impositivo reducido se aplicaría al suministro de electricidad a estaciones de recarga para vehículos eléctricos con una conexión directa a la red eléctrica, incluidas las estaciones de recarga de uso público y algunas estaciones de recarga de uso privado o profesional.

(6)

Los Países Bajos solicitaron que se aplicara un tipo impositivo reducido únicamente a las estaciones de recarga en las que la electricidad se utiliza para recargar un vehículo eléctrico directamente y que no se aplicara a la electricidad que se ofrece a través del intercambio de baterías.

(7)

La aplicación de un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a los vehículos eléctricos a través de las estaciones de recarga mejorará las perspectivas de negocio de los puntos de recarga accesibles al público en los Países Bajos, lo que hará más atractivo el uso de vehículos eléctricos y dará lugar a una mejora de la calidad del aire.

(8)

Teniendo en cuenta el número relativamente limitado de vehículos eléctricos y el hecho de que el nivel de imposición de la electricidad suministrada a los vehículos eléctricos a través de estaciones de recarga para uso profesional está por encima del nivel mínimo de imposición establecido en el artículo 10 de la Directiva 2003/96/CE, es improbable que el tipo impositivo reducido produzca distorsiones en la competencia durante el período por el que se solicita la autorización y, por lo tanto, cabe afirmar que no afectará negativamente al buen funcionamiento del mercado interior.

(9)

El nivel de imposición aplicable a la electricidad suministrada a través de puntos de recarga a los vehículos eléctricos de uso no profesional será superior al nivel mínimo de imposición establecido en el artículo 10 de la Directiva 2003/96/CE para el uso no profesional.

(10)

Toda autorización concedida en virtud del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE debe estar estrictamente limitada en el tiempo. A fin de garantizar que el período de autorización sea lo suficientemente largo para no disuadir a los agentes económicos pertinentes de realizar las inversiones necesarias, procede conceder la autorización para el período solicitado. Sin embargo, la autorización debe dejar de aplicarse a partir de la fecha en que sean aplicables disposiciones generales sobre ventajas fiscales para la electricidad suministrada a vehículos eléctricos que adopte el Consejo de conformidad con el artículo 113 o cualquier otra disposición pertinente del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el supuesto de que tales disposiciones fueran aplicables antes del 1 de enero de 2025.

(11)

A fin de evitar un posible aumento de la carga administrativa para los distribuidores y redistribuidores de electricidad que se derive de cambios en los tipos impositivos aplicables, los Países Bajos deberían poder aplicar el tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a vehículos eléctricos sin interrupción. Por consiguiente, la autorización solicitada debe otorgarse con efectos a partir del 1 de enero de 2021, sin interrupción respecto de las disposiciones previas autorizadas mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2266.

(12)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.

(1)

El Reglamento (UE) 2020/1042 establece medidas temporales en relación con la iniciativa ciudadana europea para abordar los retos a los que se enfrentaban los organizadores de iniciativas ciudadanas, las administraciones nacionales y las instituciones de la Unión después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara en marzo de 2020 que el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia mundial. En los meses siguientes a dicho anuncio, los Estados miembros adoptaron medidas restrictivas para luchar contra la crisis de salud pública. Como consecuencia de ello, la vida pública se paralizó en casi todos los Estados miembros. En consecuencia, mediante el Reglamento (UE) 2020/1042 se ampliaron determinados plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2019/788.

(2)

El Reglamento (UE) 2020/1042 también faculta a la Comisión para ampliar en tres meses los plazos de recogida de las iniciativas cuyo período de recogida esté en curso en el momento de un nuevo brote de COVID-19 en determinadas circunstancias. Las condiciones aplicables a cualquier nueva ampliación son similares a las que dieron lugar a la ampliación inicial tras el brote de COVID-19 en marzo de 2020, a saber, que al menos una cuarta parte de los Estados miembros o un número de Estados miembros que represente más del 35 % de la población de la Unión apliquen medidas en respuesta a la pandemia de COVID-19 que obstaculicen sustancialmente la capacidad de los organizadores para recoger declaraciones de apoyo en papel e informar a la población acerca de sus iniciativas en curso.

(3)

Desde la adopción del Reglamento (UE) 2020/1042 en julio de 2020, la Comisión ha seguido de cerca la situación en los Estados miembros.

(4)

El 17 de diciembre de 2020, la Comisión concedió una nueva ampliación de tres meses a las iniciativas que estaban en proceso de recogida de declaraciones de apoyo el 1 de noviembre de 2020 (3), tras considerar que se cumplían las condiciones para la concesión de dicha ampliación con arreglo al Reglamento (UE) 2020/1042. Se concedió una ampliación proporcionada a las iniciativas que comenzaron su período de recogida entre el 1 de noviembre y el 17 de diciembre de 2020.

(5)

Desde el 1 de noviembre de 2020, la situación pandémica provocada por la COVID-19 en varios Estados miembros no ha cambiado de manera significativa. A finales de enero de 2021, un número considerable de Estados miembros seguía aplicando medidas que restringían la libre circulación de los ciudadanos en su territorio con el fin de detener o frenar la transmisión de la COVID-19. Cinco Estados miembros informaron de que, a 1 de febrero de 2021, aplicaban medidas nacionales de confinamiento por las que se prohibía o restringía sustancialmente la libertad de los ciudadanos de circular libremente por su territorio, y once Estados miembros informaron de que estaban aplicando medidas locales de confinamiento. Estas medidas de confinamiento se han combinado con medidas adicionales con efectos restrictivos similares para la vida pública en su territorio o, al menos, en partes sustanciales del mismo, tales como restricciones a la accesibilidad de los espacios públicos, cierre o apertura limitada de tiendas, restaurantes y bares, amplias restricciones de aforo de las reuniones públicas y privadas e imposición de toques de queda. La combinación de estas medidas también afecta sustancialmente a la capacidad de los organizadores para recoger declaraciones de apoyo en papel e informar a la población acerca de sus iniciativas en curso. A juzgar por la información actualmente disponible, es probable que esas medidas, o medidas de efecto similar, sigan vigentes durante un período mínimo de tres meses.

(6)

Los Estados miembros afectados representan al menos una cuarta parte de los Estados miembros y más del 35 % de la población de la Unión.

(7)

Por estas razones, puede concluirse que se cumplen las condiciones para conceder una ampliación de los plazos de recogida en relación con las iniciativas cuyo período de recogida estaba en curso el 1 de febrero de 2021. Por consiguiente, esos plazos de recogida deben ampliarse tres meses.

(8)

En el caso de las iniciativas cuyo período de recogida comenzó entre el 1 de febrero de 2021 y la fecha de adopción de la presente Decisión, el plazo de recogida debe ampliarse hasta el 1 de mayo de 2022.

(9)

Por lo que se refiere a las iniciativas cuyo plazo de recogida finalizó entre el 1 de febrero de 2021 y la fecha de adopción de la presente Decisión, la presente Decisión debe aplicarse con carácter retroactivo.

(1)

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) es un hongo patógeno de las salamandras que afecta a poblaciones en cautividad y silvestres y puede causar una morbilidad y mortalidad significativas en esas poblaciones. Si bien Bsal es letal para algunas especies de salamandras, otras son parcial o totalmente resistentes a este hongo, aunque pueden llevarlo en la piel, actuando así como reservorio y fuente de infección para otras especies de salamandras o como fuente de contaminación para el medio ambiente.

(2)

Se tiene constancia de la infección por Bsal en Alemania, Bélgica, España, Países Bajos y Reino Unido, tanto en poblaciones en cautividad como en poblaciones silvestres de salamandras, de acuerdo con los datos recopilados en el contexto del proyecto europeo «Mitigating a new infectious disease in salamanders to counteract the loss of European biodiversity» («Mitigación de una nueva enfermedad infecciosa en las salamandras para contrarrestar la pérdida de biodiversidad europea») (2). Se cree que Bsal tuvo su origen en Asia Oriental y está allí muy extendido, siendo endémico al menos en Japón, Tailandia y Vietnam. Al mismo tiempo, falta información sobre su distribución en otras partes de la Unión y a nivel mundial. El comercio de salamandras infectadas o portadoras contribuye a la propagación de Bsal y la enfermedad representa un riesgo importante para la biodiversidad en las zonas que coloniza.

(3)

La Decisión de Ejecución (UE) 2018/320 de la Comisión (3), modificada por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1998 de la Comisión (4), establece las medidas zoosanitarias de protección para los intercambios comerciales de partidas de salamandras en el interior de la Unión y para la introducción de tales partidas en la Unión. La Decisión de Ejecución (UE) 2018/320 se adoptó sobre la base de un dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de 25 de octubre de 2017 (5) («el dictamen de la EFSA») y de la asistencia científica y técnica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de 21 de febrero de 2017 (6) («la asistencia científica y técnica de la EFSA»). Dicha Decisión es aplicable hasta el 20 de abril de 2021.

(4)

El dictamen de la EFSA, la asistencia científica y técnica de la EFSA y las publicaciones científicas más recientes (7) también han puesto de manifiesto numerosas lagunas e incertidumbres en el estado de los conocimientos relativos a con muchos aspectos de la naturaleza del hongo Bsal. Las normas comerciales internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) aún no están plenamente desarrolladas en lo que respecta a los métodos de diagnóstico de la infección por Bsal y tampoco se han revisado en lo que respecta a las recomendaciones para el comercio internacional de salamandras.

(5)

Bsal figura en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/429 y, por tanto, se considera «enfermedad de la lista» a efectos del Reglamento (UE) 2016/429. Asimismo, se considera «enfermedad de categoría D» con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión (8) para los animales del orden Caudata, que incluye las salamandras. Sin embargo, las normas relativas a los desplazamientos dentro de la Unión y a la entrada en la Unión de partidas de animales terrestres y acuáticos establecidas en los actos delegados y de ejecución de la Comisión adoptados en virtud del Reglamento (UE) 2016/429 no se aplican a los Caudata, ya que estos se consideran «otros animales» a los efectos de dicho Reglamento. Ante la actual falta de conocimientos sobre muchos aspectos de la naturaleza de Bsal, así como la ausencia de directrices y recomendaciones internacionales adecuadas en relación con el comercio de estos animales, todavía no se han adoptado actos delegados y de ejecución de la Comisión para los Caudata, aunque sí se han adoptado tales actos en relación con animales terrestres y acuáticos.

(6)

La Comisión ha examinado la situación zoosanitaria de Bsal en la Unión y las medidas zoosanitarias de protección establecidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/320 con las autoridades competentes de los Estados miembros. Dado que las medidas establecidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/320 se han considerado adecuadas, los Estados miembros no han adoptado ninguna medida comercial adicional para luchar contra la infección por Bsal. Aunque los brotes de Bsal parecen estar limitados actualmente a determinadas regiones de determinados Estados miembros, la propagación de este hongo debido al comercio en el interior de la Unión representa un riesgo significativo.

(7)

En consecuencia, procede adoptar medidas de emergencia a escala de la Unión para evitar la propagación del hongo y evitar perturbaciones injustificadas en el comercio de salamandras. Teniendo en cuenta la eficacia de las medidas establecidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/320, procede adoptar medidas similares sobre los desplazamientos en el interior de la Unión y la entrada en la Unión de partidas de salamandras a partir del 21 de abril de 2021 por un período de tiempo limitado, a la espera de la adopción de medidas zoosanitarias más permanentes, como es el caso de las enfermedades que afectan a los animales terrestres y acuáticos.

(8)

El hongo Bsal puede transmitirse entre especies de salamandras autóctonas de distintas regiones, y puede producirse contaminación cruzada en diversos establecimientos gestionados por operadores que mantienen e intercambian salamandras. Con ello se aumenta su riesgo de transmisión por las salamandras comercializadas, independientemente de la situación sanitaria de su lugar de origen y de su situación sanitaria en la naturaleza. Por consiguiente, las partidas de salamandras destinadas a desplazamientos entre Estados miembros o a su entrada en la Unión deben estar sujetas a medidas que mitiguen ese riesgo. No obstante, las medidas no deben aplicarse a los desplazamientos sin ánimo comercial de salamandras como animales de compañía, ya que tales desplazamientos están regulados por el Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Estos desplazamientos sin ánimo comercial se refieren y se limitan a animales que se encuentren bajo el cuidado de sus propietarios o de personas autorizadas y que los acompañen, y no implican la transmisión de la propiedad. Por lo tanto, los desplazamientos sin ánimo comercial de salamandras como animales de compañía representan un riesgo insignificante de propagación de Bsal, ya sea a las salamandras comercializadas o a las salamandras que viven en la naturaleza.

(9)

Las salamandras intercambiadas únicamente entre establecimientos de confinamiento autorizados por la autoridad competente de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 no deben someterse a cuarentena ni a pruebas, ya que las medidas de bioprotección en vigor en tales establecimientos de confinamiento son adecuadas para mitigar el riesgo de propagación de Bsal.

(10)

Las partidas de salamandras que hayan entrado en la Unión y que ya hayan sido sometidas a cuarentena y a pruebas con resultados negativos, o que hayan recibido un tratamiento satisfactorio en la Unión en un establecimiento adecuado después de su entrada en la Unión, no deben someterse a más cuarentenas o pruebas si se prevé su traslado a otro Estado miembro, siempre que se hayan mantenido aisladas de salamandras con una situación sanitaria diferente.

(11)

Falta información sobre las capacidades técnicas de los servicios veterinarios y los laboratorios de todo el mundo para realizar pruebas de detección de Bsal, aunque varios organismos de la Unión Europea se encuentran a la vanguardia de los avances en diagnóstico y tratamiento de este hongo. Procede, por tanto, disponer que las partidas de salamandras que entren en la Unión se pongan en cuarentena en un establecimiento adecuado y sean sometidas a pruebas y tratamiento después de su entrada en la Unión.

(12)

Los terceros países y territorios autorizados para expedir certificados zoosanitarios para la entrada en la Unión de partidas de salamandras deben limitarse a los que son miembros de la OIE y, por tanto, están obligados a cumplir las normas internacionales para la expedición de certificados zoosanitarios.

(13)

Los tratamientos deben especificarse y estar en consonancia con los protocolos ya descritos en la bibliografía con revisión científica u otros similares, como expone la asistencia científica y técnica de la EFSA.

(14)

La autoridad competente del puesto de control fronterizo de llegada a la Unión solo debe autorizar la entrada en la Unión de partidas de salamandras si dicha autoridad recibe una declaración de la persona física o jurídica responsable del establecimiento de destino en la que se confirme que las partidas serán aceptadas.

(15)

Las medidas de emergencia previstas en la presente Decisión deben aplicarse a partir de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 y deben revisarse teniendo en cuenta la gravedad de la situación epidemiológica en función de los nuevos acontecimientos y de la presentación de informes anuales por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros.

(16)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.