(1)

Las propuestas legislativas de la Comisión sobre la política agrícola común (PAC) después de 2020 tenían por objeto establecer el sólido marco de la Unión esencial para garantizar que la PAC siga siendo una política común con unas condiciones de competencia equitativas, otorgando al mismo tiempo a los Estados miembros una mayor responsabilidad en cuanto a la manera en que cumplen los objetivos y alcanzan las metas establecidas. Por consiguiente, los Estados miembros deben elaborar planes estratégicos de la PAC y aplicarlos una vez que hayan sido aprobados por la Comisión.

(2)

El procedimiento legislativo relativo a las propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC más allá de 2020 no se concluyó a tiempo para permitir que los Estados miembros y la Comisión prepararan todos los elementos necesarios para aplicar el nuevo marco jurídico y los planes estratégicos de la PAC a partir del 1 de enero de 2021, tal como había propuesto inicialmente la Comisión. Ese plazo ha creado incertidumbre y riesgos para los agricultores de la Unión y para todo el sector agrícola de la Unión. A fin de reducir esa incertidumbre y mantener la vitalidad de las zonas y regiones rurales, así como de contribuir a la sostenibilidad medioambiental, el presente Reglamento debe prever la aplicación continuada de las normas del marco de la PAC actual para el período 2014-2020 (en lo sucesivo, «marco de la PAC actual») y los pagos ininterrumpidos a los agricultores y otros beneficiarios, ofreciendo así previsibilidad y estabilidad durante el período transitorio de los años 2021 y 2022 (en lo sucesivo, «período transitorio») hasta la fecha de aplicación del nuevo marco jurídico, que cubre a partir del 1 de enero de 2023 (en lo sucesivo, «nuevo marco jurídico»).

(3)

Dado que aún debe llevarse a cabo el procedimiento legislativo relativo a las propuestas legislativas de la Comisión sobre la PAC después de 2020 y los planes estratégicos de la PAC todavía deben ser desarrollados por los Estados miembros, y las partes interesadas deben ser consultadas, el marco de la PAC actual debe seguir aplicándose para el período adicional de dos años. El objetivo del período transitorio es facilitar a los beneficiarios una transición fluida a un nuevo período de programación y prever la posibilidad de que se tenga en cuenta la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde Europeo (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo»).

(4)

A fin de garantizar que puedan concederse ayudas a los agricultores y otros beneficiarios del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en los años 2021 y 2022, la Unión debe seguir concediendo esas ayudas durante el período transitorio en las condiciones del marco de la PAC actual. El marco de la PAC actual se estableció, en particular, en los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 (4), (UE) n.o 1305/2013 (5), (UE) n.o 1306/2013 (6), (UE) n.o 1307/2013 (7) y (UE) n.o 1308/2013 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(5)

El presente Reglamento debe proporcionar a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar sus respectivos planes estratégicos de la PAC, así como facilitar la creación de las estructuras administrativas necesarias para la aplicación satisfactoria del nuevo marco jurídico, en particular permitiendo un aumento de la asistencia técnica. Todos los planes estratégicos del PAC deben estar listos para entrar en vigor una vez que finalice el período transitorio, a fin de proporcionar la tan necesaria estabilidad y certidumbre al sector agrícola.

(6)

Habida cuenta de que la Unión debe seguir apoyando el desarrollo rural durante el período transitorio, los Estados miembros deben tener la posibilidad de financiar sus programas de desarrollo rural prorrogados con cargo a la asignación presupuestaria correspondiente para los años 2021 y 2022. Los programas prorrogados deben garantizar que al menos la misma proporción global de la contribución del Feader se reserve para las medidas contempladas en el artículo 59, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, en consonancia con las nuevas ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo.

(7)

El Reglamento (UE) n.o 1303/2013 establece normas comunes aplicables al Feader y a otros fondos, que operan con arreglo a un marco común. Dicho Reglamento debe seguir aplicándose a los programas que reciben ayuda del Feader para el período de programación 2014-2020 y a los años de programación 2021 y 2022.

(8)

Los plazos establecidos en el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en relación con los informes de ejecución, las reuniones de examen anuales, los informes de síntesis y evaluaciones ex post, la admisibilidad de los gastos y la liberación, así como los compromisos presupuestarios, se limitan al período de programación 2014-2020. Estos plazos deben adaptarse con el fin de tener en cuenta la duración ampliada del período durante el cual deben ejecutarse los programas relativos al apoyo del Feader.

(9)

El Reglamento (UE) n.o 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y el Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014 de la Comisión (10) establecen que los gastos para determinados compromisos a largo plazo contraídos en virtud de determinados Reglamentos por los que se concedió la ayuda al desarrollo rural antes del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 deben seguir pagándose por el Feader en el período de programación 2014-2020 en determinadas condiciones. Dichos gastos también deben seguir siendo admisibles durante el período de vigencia de sus respectivos compromisos jurídicos en las mismas condiciones en los años de programación 2021 y 2022. Por razones de claridad y seguridad jurídicas, también debe aclararse que los compromisos jurídicos contraídos con arreglo a medidas anteriores que correspondan a medidas del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 a las que se aplique el sistema integrado de gestión y control deben estar sujetos a dicho sistema integrado de gestión y control y que los pagos relacionados con esos compromisos jurídicos deben efectuarse en el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente.

(10)

El Feader debe poder apoyar los gastos de desarrollo de capacidades y acciones preparatorias en apoyo del diseño y la futura aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo bajo el nuevo marco jurídico.

(11)

En 2015, al asignar los derechos de pago o al volver a calcular los derechos de pago de los Estados miembros que mantienen derechos existentes en virtud del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, algunos Estados miembros cometieron errores en el establecimiento del número o el valor de los derechos de pago. Muchos de esos errores, aun cuando se hayan producido en relación con un único agricultor, influyen en el valor de los derechos de pago para todos los agricultores y para todos los años. Algunos Estados miembros también cometieron errores después de 2015 al asignar derechos de pago, por ejemplo en el cálculo del valor medio. Tal incumplimiento se somete normalmente a una corrección financiera hasta que el Estado miembro de que se trate adopte las medidas correctoras necesarias. Habida cuenta del tiempo transcurrido desde la primera asignación, los esfuerzos realizados por los Estados miembros para establecer y, en su caso, corregir los derechos, así como en aras de la seguridad jurídica, el número y el valor de los derechos de pago deben considerarse legales y regulares con efecto a partir de una fecha determinada.

(12)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, se ofreció a los Estados miembros la opción de solicitar, para la asignación de derechos de pago, un coeficiente de reducción a las hectáreas admisibles consistentes en pastos permanentes ubicados en zonas con condiciones climáticas adversas. Los pastos alpinos suelen gestionarse colectivamente y, por lo tanto, las zonas se asignan con una periodicidad anual, lo que crea un grado considerable de incertidumbre entre los agricultores de los Estados miembros afectados. La aplicación de ese sistema ha demostrado ser particularmente compleja, especialmente en lo que se refiere a la definición exacta de las zonas correspondientes. Dado que el valor de los derechos de pago en las zonas en las que no se aplica el coeficiente de reducción depende de la suma de los derechos de pago en las zonas designadas, esa incertidumbre afecta posteriormente a todos los agricultores de los Estados miembros de que se trate. Con el fin de estabilizar el sistema que se aplica actualmente en dichos Estados miembros, y con vistas a garantizar lo antes posible la seguridad jurídica de todos los agricultores de los Estados miembros de que se trate, estos deben poder considerar legal y regular el valor y el número de todos los derechos asignados a todos los agricultores antes del 1 de enero de 2020. El valor de esos derechos debe ser, sin perjuicio de los recursos jurídicos a disposición de beneficiarios concretos, el valor correspondiente al año natural 2019, válido al 31 de diciembre de 2019.

(13)

La confirmación de los derechos de pago no constituye una exención de la responsabilidad de los Estados miembros, en el marco de la gestión compartida del FEAGA, de garantizar la protección del presupuesto de la Unión frente a los gastos irregulares. Por lo tanto, la confirmación de los derechos de pago asignados a los agricultores antes del 1 de enero de 2021 o, como excepción, antes del 1 de enero de 2020 no debe afectar a la facultad de la Comisión de adoptar las decisiones a que se refiere el artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 en relación con los pagos irregulares concedidos respecto de cualquier año natural hasta 2020 o, como excepción, hasta 2019 inclusive, resultantes de errores en el número o valor de dichos derechos de pago.

(14)

Habida cuenta de que el nuevo marco jurídico para la PAC no ha sido todavía adoptado debe quedar claro que deben establecerse disposiciones transitorias para regular la transición de los regímenes de ayuda existentes concedidas con carácter plurianual al nuevo marco jurídico.

(15)

Con el fin de limitar una prórroga significativa de los compromisos del actual período de programación para el desarrollo rural a los planes estratégicos de la PAC, la duración de los nuevos compromisos plurianuales en materia de agroambiente y clima, agricultura ecológica y bienestar de los animales debe limitarse, por regla general, a un período máximo de tres años. A partir de 2022, la ampliación de los compromisos existentes debe limitarse a un año.

(16)

El artículo 31, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 estableció disposiciones transitorias para facilitar la eliminación gradual de los pagos en ámbitos que, debido a la aplicación de nuevos criterios de delimitación, dejaban de considerarse zonas con limitaciones naturales. Estos pagos debían pagarse hasta 2020 y por un período máximo de cuatro años. El Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) amplió hasta 2019 el plazo inicial para la nueva delimitación de dichas zonas. En el caso de los agricultores de los Estados miembros que establecieron la delimitación en 2018 y 2019, la eliminación gradual de los pagos no podía prolongarse más de cuatro años. Con el fin de continuar con la eliminación gradual de los pagos, debe permitirse a los Estados miembros seguir efectuándolos en los años 2021 y 2022, cuando proceda. A fin de garantizar un nivel adecuado de pagos por hectárea de conformidad con el artículo 31, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1305/2013, el nivel de los pagos en los años 2021 y 2022 debe fijarse en 25 EUR por hectárea.

(17)

Dado que los agricultores están expuestos a riesgos económicos y ambientales cada vez mayores como consecuencia del cambio climático y de la mayor volatilidad de los precios, el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 prevé una medida de gestión de riesgos para ayudar a los agricultores a hacerles frente. Dicha medida incluye contribuciones financieras a fondos de inversión y un instrumento de estabilización de ingresos. Para garantizar la igualdad de trato a los agricultores en toda la Unión, evitar el falseamiento de la competencia y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión, se previeron condiciones específicas a la concesión de la ayuda con arreglo a esa medida. A fin de seguir promoviendo el recurso a esta medida entre los agricultores de todos los sectores, debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de reducir el umbral del 30 % que da lugar a la compensación de los agricultores por caída de la producción o los ingresos aplicable al instrumento correspondiente, aunque no por debajo del 20 %.

(18)

Los agricultores y las empresas rurales se han visto afectados por las consecuencias del brote de COVID-19 de un modo sin precedentes. La prórroga de las limitaciones generalizadas de la libertad de circulación impuestas en los Estados miembros, así como los cierres obligatorios de comercios, mercados al aire libre, restaurantes y otros establecimientos de hostelería, han ocasionado perturbaciones económicas en el sector agrícola y las comunidades rurales y han generado problemas de liquidez y flujo de tesorería a los agricultores y las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. A fin de responder a los efectos de la crisis provocada por el brote de COVID-19, procede prorrogar la medida a que se refiere el artículo 39 ter del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 para subsanar los problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de las actividades agrícolas y de las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. La ayuda para dicha medida debe financiarse hasta un 2 % por los fondos del Feader asignados a los Estados miembros en el período de programación 2014-2020.

(19)

A fin de evitar una situación en que no se utilicen los fondos para el desarrollo local participativo en los años de programación 2021 y 2022, los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad de transferir cantidades de los pagos directos al desarrollo rural deben poder aplicar el 5 %, y en el caso de Croacia el 2,5 %, la asignación mínima destinada al desarrollo local participativo, únicamente a la contribución del Feader al desarrollo rural prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022, calculada antes de que se haya hecho la transferencia de los importes de los pagos directos.

(20)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (12) por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE) para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (Reglamento IRUE), deben facilitarse recursos adicionales para los años 2021 y 2022 a fin de abordar las repercusiones de la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias en el sector agrícola y las zonas rurales de la Unión.

(21)

Dados los retos sin precedentes a los que se enfrentan el sector agrícola y las zonas rurales de la Unión a causa de la crisis de la COVID-19, los recursos adicionales proporcionados por el IRUE deben utilizarse para financiar medidas en virtud del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 que allanen el camino para una recuperación económica resiliente, sostenible y digital, en consonancia con los objetivos de los compromisos medioambientales y climáticos de la Unión y con las nuevas ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo.

(22)

Por consiguiente, los Estados miembros no deben reducir la ambición medioambiental de sus actuales programas de desarrollo rural. Deben garantizar que, por lo que respecta a los recursos adicionales, se reserve el mismo porcentaje global a medidas especialmente beneficiosas para el medio ambiente y el clima que el que reservaron a dichas medidas en sus programas de desarrollo rural en relación con la contribución del Feader (en lo sucesivo, «principio de no regresión»). Además, al menos el 37 % de los recursos adicionales facilitados sobre la base del IRUE debe destinarse a medidas que sean especialmente beneficiosas para el medio ambiente y el clima, así como al bienestar animal y a la Iniciativa comunitaria de desarrollo rural. Asimismo, al menos el 55 % de esos recursos adicionales debe destinarse a medidas que promuevan el desarrollo económico y social en las zonas rurales: en particular, inversiones en activos físicos, desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, ayuda a los servicios básicos y a la renovación de poblaciones en las zonas rurales y cooperación.

(23)

En caso de que los Estados miembros no puedan respetar el principio de no regresión, deben tener la posibilidad de establecer excepciones a la obligación de asignar al menos el 55 % de los recursos adicionales del IRUE a medidas que promuevan el desarrollo económico y social de las zonas rurales y deben apoyar preferentemente medidas que sean especialmente beneficiosas para el medio ambiente y el clima. No obstante, con el fin de ofrecer a los Estados miembros suficiente flexibilidad, estos también deben tener la posibilidad de establecer excepciones al principio de no regresión con respecto a esos recursos adicionales en la medida necesaria para cumplir la mencionada obligación del 55 %.

(24)

Los recursos adicionales del IRUE están sujetos a condiciones específicas. Por consiguiente, estos recursos adicionales deben programarse y supervisarse de forma separada a la ayuda de la Unión al desarrollo rural, al mismo tiempo que se aplican, por regla general, las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1305/2013. Por lo tanto, esos recursos adicionales deben ejecutarse mediante el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 y considerarse, en el marco de dicho Reglamento, importes que financian medidas en el marco del Feader. En consecuencia, deben aplicarse las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 —incluidas las normas relativas a las modificaciones de los programas de desarrollo rural—, el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 —incluidas las normas sobre la liberación automática— y el Reglamento (UE) n.o 1307/2013, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa.

(25)

Deben establecerse un porcentaje máximo específico de cofinanciación de la Unión y un porcentaje de ayuda más elevado para aquellas inversiones que contribuyan a lograr una recuperación económica resiliente, sostenible y digital, así como ayudas más elevadas a los jóvenes agricultores, a fin de garantizar el adecuado efecto de palanca de los recursos adicionales proporcionados por el IRUE.

(26)

Para garantizar la continuidad durante el período transitorio, debe mantenerse la reserva para crisis en el sector agrícola para los años 2021 y 2022 y debe incluirse en dicha reserva el importe correspondiente a la reserva para los años 2021 y 2022.

(27)

Por lo que se refiere a las disposiciones de prefinanciación del Feader, debe quedar claro que ni la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de los programas apoyados por el Feader de conformidad con el presente Reglamento ni los recursos adicionales facilitados sobre la base del Reglamento IRUE, deben dar lugar a ninguna prefinanciación adicional concedida para los programas de que se trate.

(28)

Actualmente, el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 solo prevé una obligación de notificación para los Estados miembros por lo que se refiere a sus decisiones adoptadas de conformidad con dicho artículo y el producto estimado en relación con la reducción de la parte del importe de los pagos directos que deba concederse a un agricultor por un año natural superior a 150 000 EUR para los años 2015 a 2020. A fin de garantizar la continuidad del sistema actual, los Estados miembros también deben notificar sus decisiones adoptadas de conformidad con dicho artículo y el producto estimado relativo a la reducción para los años naturales 2021 y 2022.

(29)

El artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 permite a los Estados miembros transferir fondos entre los pagos directos y el desarrollo rural en lo relativo a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto de garantizar que los Estados miembros pueden seguir su propia estrategia, es conveniente que también pueda recurrirse a la flexibilidad entre pilares con respecto al año natural 2021, correspondiente al ejercicio 2022, y con respecto al año natural 2022 (ejercicio 2023).

(30)

A fin de que la Comisión pueda fijar los límites presupuestarios de conformidad con el artículo 22, apartado 1; el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, apartado 2; el artículo 49, apartado 2; el artículo 51, apartado 4, y el artículo 53, apartado 7 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, es necesario que los Estados miembros notifiquen sus decisiones sobre las asignaciones financieras por régimen para el año natural 2021 a más tardar el 19 de febrero de 2021 y para el año natural 2022 a más tardar el 1 de agosto de 2021.

(31)

El artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 prevé un ajuste lineal del valor de los derechos de pago en caso de modificación del límite máximo del régimen de pago básico de un año a otro debido a determinadas decisiones adoptadas por los Estados miembros y que afectan al límite máximo del régimen de pago básico. La prórroga del anexo II de dicho Reglamento sobre límites máximos nacionales después del año natural 2020 y los posibles cambios anuales a partir de esa fecha podrían repercutir en el límite máximo del régimen de pago básico. Por consiguiente, para que los Estados miembros puedan respetar la obligación de igualdad de la suma del valor de los derechos de pago y de las reservas con el límite máximo del régimen de pago básico establecido en el artículo 22, apartado 4, de dicho Reglamento, conviene prever un ajuste lineal para adaptarse a la prórroga o las modificaciones del anexo II de dicho Reglamento durante el período transitorio. Además, para ofrecer una mayor flexibilidad a los Estados miembros, parece conveniente permitirles que adapten el valor de los derechos de pago o de la reserva, posiblemente con diferentes tipos de ajuste.

(32)

De conformidad con el marco jurídico actual, los Estados miembros notificaron en 2014 sus decisiones hasta el año 2020, sobre la división del límite máximo nacional anual para el régimen de pago básico entre las regiones y las posibles modificaciones progresivas anuales para el período cubierto por el Reglamento (UE) n.o 1307/2013. Es necesario que los Estados miembros también notifiquen esas decisiones para los años naturales 2021 y 2022.

(33)

El mecanismo de convergencia interna es el principal proceso para una distribución más equitativa de la ayuda directa a la renta entre los agricultores. Las diferencias significativas individuales basadas en antiguas referencias históricas son progresivamente más difíciles de justificar. En el Reglamento (UE) n.o 1307/2013, el modelo básico de convergencia interna consiste en la aplicación, por parte de los Estados miembros, de un tipo fijo uniforme para todos los derechos de ayuda, a escala nacional o regional, a partir de 2015. No obstante, para garantizar una transición más fluida a un valor uniforme, se estableció una excepción que permitía a los Estados miembros diferenciar los valores de los derechos de pago aplicando la convergencia parcial, también denominada «modelo de túnel», entre 2015 y 2019. Algunos Estados miembros han hecho uso de dicha excepción. Para continuar el proceso hacia una distribución más equitativa de los pagos directos, los Estados miembros deben poder seguir convergiendo hacia una media nacional o regional después de 2019, en lugar de ir a un tipo fijo uniforme o mantener el valor de los derechos en su nivel de 2019. Por tanto, dicha posibilidad para los Estados miembros debe ser de aplicación a partir del 1 de enero de 2021. Los Estados miembros deben notificar anualmente a la Comisión su decisión para el año siguiente.

(34)

Las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 sobre la adaptación de todos los derechos de pago modificados por el presente Reglamento deben aplicarse con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2020 para aclarar que los Estados miembros podían converger después de 2019.

(35)

El artículo 30 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 establece las modificaciones progresivas anuales en el valor de los derechos de pago asignados de la reserva para reflejar las etapas anuales del límite máximo nacional fijado en el anexo II de dicho Reglamento, lo que refleja una gestión «plurianual» de la reserva. Dichas normas deben adaptarse para reflejar que es posible modificar tanto el valor de todos los derechos de pago asignados como el de la reserva para adaptarlos a un cambio en el importe establecido en el anexo II de dicho Reglamento entre dos años. En los Estados miembros en los que se haya decidido alcanzar la convergencia interna, esta se aplicaría anualmente. Para los años naturales 2020, 2021 y 2022, solo el valor del derecho de ayuda del año en curso debe determinarse en el año de asignación. El valor unitario de los derechos de pago que deben asignarse de la reserva en un año determinado debe calcularse tras el posible ajuste de la reserva de conformidad con el artículo 22, apartado 5, de dicho Reglamento. En cualquier año posterior, el valor de los derechos de pago asignados de la reserva debe adaptarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 5, de dicho Reglamento.

(36)

El artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 prevé la aplicación del régimen de pago único por superficie hasta el 31 de diciembre de 2020. Procede autorizar la prórroga del régimen de pago único por superficie en los años 2021 y 2022.

(37)

Dado que la modificación del anexo II del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 en virtud del presente Reglamento entrará en vigor demasiado tarde para que los Estados miembros puedan respetar el plazo del plan original para determinadas obligaciones de notificación en 2020, es necesario aplazar el plazo para que los Estados miembros adopten la decisión de introducir por primera vez el pago redistributivo a partir de 2021 o 2022 y para la notificación de esa decisión a la Comisión. Procede establecer dicho plazo de forma que coincida con el plazo para las decisiones relativas a la flexibilidad entre pilares.

(38)

Con arreglo al artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013, los Estados miembros que apliquen el régimen de pago único por superficie podrán decidir conceder una ayuda nacional transitoria durante el período 2015-2020 para evitar una disminución repentina y sustancial de la ayuda en los sectores que se beneficiaron de ayudas nacionales transitorias hasta 2014. Para garantizar que, durante el período transitorio, esta ayuda siga desempeñando su papel de apoyo a los ingresos de los agricultores en esos sectores específicos, debe preverse la continuación de dicha ayuda en las mismas condiciones y limitaciones que en el período 2015-2020.

(39)

En aras de la seguridad jurídica, debe precisarse que los artículos 41 y 42 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 permiten a los Estados miembros revisar anualmente sus decisiones sobre el pago redistributivo. El plazo para la revisión aplicable en 2021 y 2022 debe establecerse de forma que coincida con el plazo para las decisiones relativas a la flexibilidad entre pilares.

(40)

El artículo 52, apartado 10, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 faculta a la Comisión para adoptar actos delegados que permitan a los Estados miembros decidir que la ayuda asociada voluntaria pueda continuar pagándose hasta 2020 en función de las unidades de producción por las que se concedió dicha ayuda en un período de referencia previo. Con esa atribución de facultades se persigue asegurar la mayor coherencia posible entre los programas de la Unión destinados a sectores que se pueden ver afectados por los desequilibrios estructurales del mercado. Procede, por tanto, prorrogar dicha atribución de facultades para que abarque también los años 2021 y 2022.

(41)

Dado que la modificación del anexo II del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 en virtud del presente Reglamento entrará en vigor demasiado tarde para que los Estados miembros puedan respetar el plazo del plan original para determinadas obligaciones de notificación en 2020, es necesario aplazar el plazo para que los Estados miembros adopten la decisión de introducir por primera vez la ayuda asociada voluntaria a partir de 2021 o 2022 y para la notificación de esa decisión a la Comisión. Procede establecer dicho plazo de forma que coincida con el plazo para las decisiones relativas a la flexibilidad entre pilares. Del mismo modo, la decisión de los Estados miembros de continuar o dejar de conceder la ayuda asociada voluntaria durante los años 2021 y 2022, así como la notificación de dicha decisión a la Comisión, deben aplazarse a la misma fecha.

(42)

El artículo 54 del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 establece los elementos de las notificaciones de los Estados miembros relativas a la ayuda asociada voluntaria. Conviene aclarar que esas notificaciones para los años naturales 2021 y 2022 deben incluir el porcentaje del límite máximo nacional utilizado para financiar dicha ayuda para los años 2021 y 2022.

(43)

El Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece las normas de la organización común de los mercados agrícolas e incluye determinados regímenes de ayuda. Según la propuesta legislativa de la Comisión sobre la PAC después de 2020, tales regímenes de ayuda deben integrarse en los futuros planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros. Para garantizar la integración fluida de estos regímenes de ayuda en la futura PAC, deben establecerse normas relativas a la duración de cada uno de ellos cuando deban renovarse durante el período transitorio. Por lo tanto, en lo que se refiere al régimen de ayudas en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, los programas de trabajo existentes para el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2021 deben ir seguidos por nuevos programas de trabajo que abarquen desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Los programas operativos existentes en el sector de las frutas y hortalizas que no hayan alcanzado su duración máxima de cinco años solo podrán ampliar su duración hasta el 31 de diciembre de 2022. Los nuevos programas operativos en el sector de las frutas y hortalizas solo deben aprobarse por un período máximo de tres años. Procede prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 los programas nacionales existentes en el sector de la apicultura, establecidos para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2022.

(44)

Debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, gran parte de los viticultores que disponían de autorizaciones de plantación para nuevas plantaciones o para replantación que expiraban en 2020 no pudieron hacer el uso previsto de esas autorizaciones en su último año de validez. Para evitar la pérdida de dichas autorizaciones y reducir el riesgo de deterioro de las condiciones en las que tendría que llevarse a cabo la plantación, es necesario permitir una prórroga de la validez de las autorizaciones de plantación para nuevas plantaciones o para replantación que expiran en 2020. Por lo tanto, todas las autorizaciones de plantación o para replantación que expiran en 2020 deben prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, teniendo en cuenta los cambios en las perspectivas de mercado, los titulares de autorizaciones de plantación que expiran en 2020 deben tener la posibilidad de no utilizar sus autorizaciones sin estar sujetos a sanciones administrativas.

(45)

La disposición del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 relativa a las autorizaciones de plantación para nuevas plantaciones o para replantación que debían expirar en 2020, modificada por el presente Reglamento, debe aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2020, debido a las perturbaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y las dificultades causadas relativas al uso de dichas autorizaciones de plantación.

(46)

En 2013 se establecieron disposiciones transitorias para garantizar la transición fluida del régimen anterior de derechos de plantación de uva de vinificación al nuevo régimen de autorizaciones de plantación, en particular con el fin de evitar plantaciones excesivas antes del inicio de ese nuevo régimen. El plazo último para la presentación de solicitudes de conversión de derechos de plantación en autorizaciones es el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, las autorizaciones deben ser utilizadas por el propio solicitante y no son negociables como lo eran los antiguos derechos de plantación. Además, se podría exigir a los solicitantes de autorizaciones que dispongan de la superficie vitícola correspondiente, lo que puede dar lugar a situaciones en las que los titulares de derechos de plantación no hayan conseguido todavía adquirir las superficies vitícolas correspondientes para utilizar las autorizaciones que hayan resultado de la conversión de sus derechos de plantación. El grave impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el sector vitivinícola ha provocado problemas de tesorería a los viticultores y también incertidumbre en cuanto a la futura demanda de vino. Los viticultores que sigan teniendo derechos de plantación no deben verse obligados a decidir si desean convertir sus derechos de plantación en autorizaciones mientras se enfrentan a dificultades excepcionales debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, tanto más cuando se exponen a una sanción administrativa si no utilizan sus autorizaciones de plantación resultantes de la conversión. Por consiguiente, los Estados miembros que hayan permitido a los viticultores presentar sus solicitudes de conversión de derechos de plantación hasta el 31 de diciembre de 2020 deben poder prorrogar el plazo de presentación de esas solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2022. En consecuencia, debe modificarse el plazo para la validez de dichas autorizaciones convertidas y fijarse al 31 de diciembre de 2025.

(47)

El artículo 214 bis del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 permitía a Finlandia conceder, en determinadas condiciones, una ayuda nacional al sur del país hasta 2020, supeditada a la autorización de la Comisión. Para garantizar la continuidad de los pagos de dicha ayuda durante el período transitorio, la concesión de dicha ayuda nacional debe seguir permitiéndose en las mismas condiciones y por los mismos importes que en 2020.

(48)

Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado del aceite de oliva, los Estados miembros deben poder decidir sobre la aplicación de normas de comercialización para regular la oferta. No obstante, las prácticas que puedan falsear la competencia deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de esas decisiones.

(49)

Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que los agricultores se enfrentan cada vez más a riesgos de volatilidad de las rentas, en parte debido a la exposición a los mercados y, por otra parte, a episodios climatológicos extremos y a crisis sanitarias y fitosanitarias frecuentes que afectan al ganado y a los activos agronómicos de la Unión. Para paliar los efectos de la volatilidad de las rentas alentando a los agricultores a ahorrar durante los años buenos para hacer frente a los años malos, las medidas fiscales nacionales mediante las cuales se calcula el impuesto sobre la renta aplicado a los agricultores sobre la base de un período plurianual deben quedar exentas de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales.

(50)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, prever la aplicación continuada de las normas del marco de la PAC actual y los pagos ininterrumpidos a los agricultores y otros beneficiarios, ofreciendo así previsibilidad y estabilidad durante el período transitorio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(51)

Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esas normas, que se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), determinan, en particular, el procedimiento de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(52)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013, (UE) n.o 1306/2013, (UE) n.o 1307/2013 y (UE) n.o 1308/2013.

(53)

Con el fin de garantizar que los recursos adicionales facilitados sobre la base del Reglamento IRUE estén disponibles a partir del 1 de enero de 2021, las disposiciones sobre la ayuda del Reglamento IRUE deben tener efecto retroactivo a partir de esa fecha.

(54)

En vista de la necesidad imperiosa de garantizar de inmediato la seguridad jurídica para el sector de la producción ecológica en las circunstancias actuales, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

Los Estados miembros se han visto afectados por la crisis derivada de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia de COVID-19 de un modo que no tiene precedentes. La crisis dificulta el crecimiento en los Estados miembros, lo que a su vez agudiza la grave escasez de liquidez debida al incremento repentino y significativo de las inversiones públicas que se necesitan en los sistemas sanitarios de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías. La crisis también ha exacerbado la situación de las personas en riesgo de pobreza, reduciendo así la cohesión social en los Estados miembros. Además, el cierre de las fronteras interiores también ha tenido graves repercusiones en la cooperación económica, en especial en las zonas fronterizas, al afectar a los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo y a la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). Ello ha generado una situación excepcional que es necesario abordar con medidas específicas, inmediatas y extraordinarias que incidan rápidamente en la economía real.

(2)

A fin de responder al impacto de la crisis, se modificaron los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 (4) y (UE) n.o 1303/2013 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), para permitir una mayor flexibilidad en la ejecución de los programas operativos financiados con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC) (en conjunto, «Fondos»), y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). No obstante, dado que se agudizaron los graves efectos negativos en las economías y las sociedades de la Unión, ambos Reglamentos fueron modificados de nuevo mediante el Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Esas modificaciones han proporcionado una mayor flexibilidad de carácter excepcional para permitir a los Estados miembros que puedan concentrarse en la necesaria respuesta a la crisis sin precedentes aumentando la posibilidad de movilizar los recursos no utilizados de los Fondos y simplificando los requisitos de procedimiento relativos a la ejecución y las auditorías de los programas.

(3)

El 23 de abril de 2020, el Consejo Europeo refrendó una «hoja de ruta para la recuperación» con el fin de reparar las enormes perturbaciones de la economía y mitigar, por un lado, las consecuencias sociales y económicas en la Unión derivadas de las restricciones excepcionales establecidas por los Estados miembros para contener la propagación de la COVID-19 y, por otro, el riesgo de una recuperación asimétrica, suscitado por los distintos medios de que disponen los Estados miembros a nivel nacional, lo que a su vez ha tenido graves repercusiones en el funcionamiento del mercado interior. La hoja de ruta para la recuperación tiene un fuerte componente de inversión e insta a la creación del Fondo Europeo de Recuperación. Además, y tal como reiteran las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, encomienda a la Comisión que analice las necesidades con el fin de orientar los recursos hacia esos sectores y partes geográficas de la Unión más afectados, y aclara también el vínculo con el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

(4)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (8) y dentro de los límites de los recursos en él asignados, deben aplicarse medidas de recuperación y resiliencia en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de hacer frente al impacto sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Esos recursos adicionales deben utilizarse para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2020/2094.

(5)

El presente Reglamento establece normas y disposiciones de ejecución referentes a los recursos adicionales aportados en calidad de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. Debe ponerse a disposición a título de REACT-UE un importe excepcional adicional de hasta 47 500 000 000 EUR (a precios de 2018) para los compromisos presupuestarios de los Fondos Estructurales para los años 2021 y 2022, a fin de ayudar a los Estados miembros y las regiones que se han visto más afectados por la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales, y que están preparando una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (en lo sucesivo, «recursos REACT-UE»), con vistas a canalizar los recursos rápidamente hacia la economía real a través de los programas operativos existentes. Los recursos REACT-UE proceden del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea. A iniciativa de la Comisión, una parte de los recursos REACT-UE debe asignarse a la asistencia técnica. La Comisión debe establecer el desglose de los recursos REACT-UE para cada Estado miembro siguiendo un método de asignación basado en los últimos datos estadísticos objetivos disponibles sobre la prosperidad relativa de los Estados miembros y el alcance de los efectos de la crisis de la COVID-19 en sus economías y sociedades. Antes de la aplicación del método de asignación de los recursos REACT-UE para el año 2021 y para proporcionar apoyo a los sectores más importantes tras la crisis de la COVID-19 en determinados Estados miembros, debe asignarse un importe de 100 000 000 EUR y 50 000 000 EUR a Luxemburgo y Malta, respectivamente. El método de asignación debe incluir un importe específico adicional para las regiones ultraperiféricas, debido a la vulnerabilidad específica de sus economías y sociedades. A fin de reflejar la naturaleza cambiante de los efectos de la crisis de la COVID-19, el desglose debe revisarse en 2021 sobre la base del mismo método de asignación y utilizando los últimos datos estadísticos disponibles a 19 de octubre de 2021 para distribuir el tramo de recursos REACT-UE correspondiente a 2022.

(6)

Habida cuenta de la importancia de abordar el cambio climático de forma acorde con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos van a contribuir a integrar la dimensión climática y a alcanzar el objetivo global de que el 30 % de los gastos presupuestarios de la Unión se destine a objetivos climáticos. Se espera que REACT-UE contribuya con el 25 % de la dotación financiera global a los objetivos climáticos. Dada la naturaleza de REACT-UE como instrumento de reparación de la crisis y la flexibilidad que ofrece el presente Reglamento, incluida la ausencia de requisitos de concentración temática y la posibilidad de que los Estados miembros, según sus necesidades, destinen los recursos REACT-UE a apoyar operaciones FEDER o FSE, el nivel de las contribuciones de los Estados miembros a la aspiración de alcanzar ese objetivo puede diferir en función de las prioridades nacionales.

(7)

Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esas normas, que se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), determinan, en particular, el procedimiento de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, premios, ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(8)

A fin de que los Estados miembros dispongan de la máxima flexibilidad al adaptar las medidas de reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y al preparar una recuperación verde, digital y resiliente de sus economías, la Comisión debe establecer las asignaciones a nivel de los Estados miembros. Asimismo, debe preverse la posibilidad de utilizar cualesquiera recursos REACT-UE para reforzar la ayuda a las personas más desfavorecidas y a la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). Además, es necesario fijar límites máximos relativos a los importes asignados a la asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros, al mismo tiempo que se concede a estos la máxima flexibilidad para asignarlos dentro de los programas operativos financiados por el FEDER o el FSE. Debe mantenerse la fortaleza operativa del FSE cuando se asignen los recursos REACT-UE en los ámbitos de la política de empleo —en particular el empleo juvenil, en consonancia con el refuerzo de la Garantía Juvenil—, las capacidades y la educación, la inclusión social y la salud, poniendo un empeño especial en llegar a los grupos desfavorecidos y a los niños. Dado que se prevé que los recursos REACT-UE se gasten rápidamente, los compromisos vinculados a ellos solo deben liberarse al cierre de los programas operativos.

(9)

Dado que la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera diferente a las regiones y municipios de los Estados miembros, la participación de los agentes regionales y locales de autoridades, interlocutores económicos y sociales y sociedad civil, de conformidad con el principio de asociación, es importante en la preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la reparación de la crisis que apoya la iniciativa REACT-UE.

(10)

También debe introducirse la posibilidad de que los recursos REACT-UE sean objeto de transferencias financieras entre el FEDER y el FSE en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo de conformidad con el artículo 25 bis del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. Esas transferencias no deben afectar a los recursos disponibles en el marco del objetivo de cooperación territorial europea ni a la asignación específica para la IEJ.

(11)

Con el fin de complementar las acciones ya disponibles en el ámbito de apoyo del FEDER, tal como lo amplían los Reglamentos (UE) 2020/460 y (UE) 2020/558, se debe seguir permitiendo a los Estados miembros utilizar los recursos REACT-UE principalmente para inversiones en productos y servicios para los servicios de salud, incluidos los servicios transfronterizos y la atención institucional o basada en la comunidad o la familia, para prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes, incluido apoyo mediante asesoramiento, en particular en los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 y que necesitan un revitalización rápida, como el turismo o la cultura, para inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde, para inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos no discriminatorios a los ciudadanos, y para medidas de ayuda económica para las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19. También debe fomentarse una cooperación, una coordinación y una resiliencia más sólidas en el ámbito de la salud. Asimismo, debe apoyarse la asistencia técnica. Conviene que los recursos REACT-UE se centren exclusivamente en el nuevo objetivo temático «Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía», que también debería constituir una prioridad única de inversión, a fin de permitir una programación y aplicación simplificadas de dichos recursos.

(12)

En el caso del FSE, los Estados miembros deben utilizar principalmente los recursos REACT-UE para apoyar el acceso al mercado de trabajo y los sistemas sociales, garantizando el mantenimiento del empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores y los profesionales independientes, los artistas y los trabajadores creativos. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares, en particular para los trabajadores por cuenta propia, tienen por objeto proteger a los trabajadores por cuenta propia y ajena contra el riesgo de desempleo, manteniendo el mismo nivel de condiciones de trabajo y empleo y, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los salarios. Los recursos REACT-UE asignados a estos regímenes se deben utilizar exclusivamente para apoyar a los trabajadores. En el contexto de las actuales circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia de COVID-19, debe existir la posibilidad de prestar apoyo a regímenes de reducción del tiempo de trabajo para los trabajadores por cuenta propia y ajena, incluso cuando dicho apoyo no se combine con medidas activas del mercado laboral, a menos que tales medidas vengan impuestas por el Derecho nacional. Esa regla también debe aplicarse de manera uniforme a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo que hayan recibido apoyo de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1303/2013, en su versión modificada por los Reglamentos (UE) 2020/460 y (UE) 2020/558 a raíz de la crisis de la COVID-19, y que sigan recibiéndolo en el marco de la prioridad de inversión específica «Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía». El apoyo de la Unión a esos regímenes de reducción del tiempo de trabajo debe estar limitado en el tiempo.

(13)

También debe apoyarse la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, así como las medidas de inclusión social y erradicación de la pobreza. Las medidas de fomento del empleo juvenil deben ampliarse en consonancia con el refuerzo de la Garantía Juvenil. Deben preverse inversiones en educación, formación y desarrollo de capacidades, incluido el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales, en particular para los grupos desfavorecidos. Debe fomentarse la igualdad de acceso a los servicios sociales de interés general, también para los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y las personas sin hogar.

(14)

Además, los Estados miembros deben seguir prestando especial atención a los habitantes de las regiones rurales, fronterizas, menos desarrolladas, insulares, montañosas, escasamente pobladas y ultraperiféricas y de las zonas afectadas por la transición industrial y la despoblación, y cuando sea adecuado destinar los recursos REACT-UE a prestarles apoyo.

(15)

Dado que el cierre temporal de las fronteras entre los Estados miembros ha planteado graves problemas a las comunidades y las empresas transfronterizas, procede permitir a los Estados miembros que también dediquen recursos REACT-UE a los programas transfronterizos existentes en el marco del objetivo de cooperación territorial europea.

(16)

A fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de suficientes medios financieros para aplicar rápidamente las medidas de reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de sus economías, es necesario proporcionar un nivel más elevado de pago de la prefinanciación inicial para que las acciones apoyadas por los recursos REACT-UE se ejecuten con rapidez. La prefinanciación inicial que deba pagarse ha de garantizar que los Estados miembros dispongan de medios para realizar pagos por adelantado a los beneficiarios cuando sea necesario y para abonarles los reembolsos con prontitud tras la presentación de las solicitudes de pago.

(17)

Los Estados miembros deben poder asignar los recursos REACT-UE a nuevos programas operativos específicos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo o a nuevos ejes prioritarios dentro de los programas existentes en el marco de los objetivos de inversión en crecimiento y empleo y de cooperación territorial europea. A fin de permitir una ejecución rápida, para los nuevos programas operativos específicos solo se deben poder especificar autoridades que ya hayan sido designadas para los programas operativos existentes con cargo al FEDER, al FSE o a Fondo de Cohesión. No debe exigirse una evaluación ex ante a los Estados miembros y deben limitarse los elementos necesarios para la presentación del programa operativo a la aprobación de la Comisión.

(18)

Los recursos REACT-UE deben utilizarse de conformidad con los principios de desarrollo sostenible y de «no ocasionar daños», teniendo en cuenta el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Asimismo, la igualdad entre hombres y mujeres, la transversalidad de la dimensión del género y la integración de la perspectiva de género deben tomarse en consideración y promoverse a lo largo de la ejecución de los programas operativos.

(19)

Con el fin de aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos en relación con la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía, el gasto en operaciones debe ser subvencionable desde el 1 de febrero de 2020 y los Estados miembros deben tener la posibilidad excepcional de solicitar la aplicación de un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % para los distintos ejes prioritarios de los programas operativos que reciben apoyo de los recursos REACT-UE.

(20)

Si bien es importante garantizar que el 31 de diciembre de 2023 siga siendo la fecha final de subvencionabilidad para el período de programación 2014-2020, debe quedar claro que durante 2023 aún se pueden seleccionar operaciones para recibir apoyo.

(21)

Al objeto de garantizar la continuidad en la ejecución de determinadas operaciones apoyadas por los recursos REACT-UE, deben aplicarse las disposiciones de ejecución escalonada de un reglamento por el que se establezcan disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados.

(22)

En consonancia con las medidas específicas de flexibilidad en respuesta al brote de COVID-19 incorporadas al Reglamento (UE) n.o 1303/2013 por el Reglamento (UE) 2020/558, también debe ser subvencionable el gasto en operaciones concluidas materialmente o íntegramente ejecutadas que favorezcan la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparen una recuperación verde, digital y resiliente de la economía y reciban apoyo en el marco del correspondiente nuevo objetivo temático, siempre que las operaciones de que se trate se hayan iniciado desde el 1 de febrero de 2020.

(23)

A fin de que los Estados miembros puedan movilizar rápidamente los recursos REACT-UE dentro del período de programación actual, está justificado eximir a los Estados miembros, con carácter excepcional, de la obligación de cumplir las condiciones ex ante y los requisitos relativos a la reserva de rendimiento y a la aplicación del marco de rendimiento, los relativos a la concentración temática, también en relación con los umbrales establecidos para el FEDER en materia de desarrollo urbano sostenible, y los requisitos de elaboración de una estrategia de comunicación para los recursos REACT-UE. No obstante, es necesario que los Estados miembros realicen al menos una evaluación, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, sobre la eficacia, la eficiencia, el impacto y la inclusividad de los recursos REACT-UE, así como el modo en que estos han contribuido a lograr el nuevo objetivo temático específico. Para facilitar la disponibilidad de información comparable a escala de la Unión, debe exigirse a los Estados miembros que utilicen, cuando sea pertinente, los indicadores específicos de programa relativos a la COVID-19 que la Comisión ha dispuesto. Además, en el ejercicio de sus responsabilidades en materia de información, comunicación y visibilidad, los Estados miembros y las autoridades de gestión deben fomentar la visibilidad de las medidas y recursos excepcionales aportados por la Unión, garantizando especialmente que los beneficiarios potenciales, los beneficiarios, los participantes, los destinatarios finales de los instrumentos financieros y el público en general sean conscientes de la existencia y el volumen de los recursos REACT-UE y del apoyo adicional que estos proporcionan.

(24)

A fin de permitir que los recursos REACT-UE se destinen a las zonas geográficas donde más se necesiten, como medida excepcional y sin perjuicio de las normas generales para la asignación de los recursos de los Fondos Estructurales, no debe exigirse que los recursos REACT-UE asignados al FEDER y al FSE se desglosen por categoría de región. No obstante, se espera de los Estados miembros que tengan en cuenta las distintas necesidades y niveles de desarrollo de cada región a fin de garantizar que el apoyo encuentre un equilibrio entre las necesidades de las regiones y ciudades más afectadas por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de prestar especial atención a las regiones menos desarrolladas, en consonancia con los objetivos de la cohesión económica, social y territorial establecidos en el artículo 174 del TFUE. Los Estados miembros también deben involucrar a las autoridades locales y regionales, así como a los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil y los interlocutores sociales, de conformidad con el principio de asociación.

(25)

Salvo en los casos en que el presente Reglamento establezca excepciones, los gastos en el marco de REACT-UE deben estar sujetos a las mismas obligaciones y garantías que el conjunto de la financiación de la cohesión. Estas obligaciones y garantías comprenden el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la aplicación de medidas eficaces para combatir el fraude con el apoyo de las agencias de lucha contra el fraude existentes al nivel de los Estados miembros y de la Unión, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y, en su caso, la Fiscalía Europea.

(26)

Cuando se adoptan medidas para proteger el presupuesto de la Unión, es esencial salvaguardar adecuadamente el interés legítimo de los destinatarios y beneficiarios finales.

(27)

Con el fin de facilitar las transferencias autorizadas por las modificaciones introducidas en el marco del presente Reglamento, no debe aplicarse a esas transferencias la condición establecida en el artículo 30, apartado 1, letra f), del Reglamento Financiero en relación con la utilización de créditos para el mismo objetivo.

(28)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder al impacto de la crisis de la COVID-19 introduciendo medidas de flexibilidad en el ámbito de la concesión de ayudas con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(29)

Dada la urgencia de la situación relacionada con la pandemia de COVID-19, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(30)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en consecuencia.

(31)

El artículo 135, apartado 2, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (10) establece que las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (11) o la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo (12) que se adopten en la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo o con posterioridad a ella no se han de aplicar al Reino Unido en la medida en que dichas modificaciones incidan en las obligaciones financieras del Reino Unido. El apoyo previsto en el presente Reglamento para 2021 y 2022 se financia mediante un aumento del límite máximo de los recursos propios de la Unión, lo que afectaría a las obligaciones financieras del Reino Unido. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe aplicarse al Reino Unido ni en su territorio.

1)

Se insertan los artículos siguientes:

(*1)  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (DO L 433 de 22.12.2020, p. 23).»."

2)

En el artículo 154 se añade el párrafo siguiente:

«Los artículos 92 bis y 92 ter no se aplicarán al Reino Unido ni en su territorio. Se entenderá que las referencias a los Estados miembros contenidas en esas disposiciones no incluyen al Reino Unido.».

3)

El texto del anexo del presente Reglamento se inserta como anexo VII bis.

(1)

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») fue celebrado por la Unión mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo (3) y entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El período transitorio contemplado en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada, durante el cual el Derecho de la Unión sigue siendo de aplicación al y en el Reino Unido de conformidad con el artículo 127 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «período transitorio»), expira el 31 de diciembre de 2020.

(2)

El artículo 10 del Tratado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa relativo a la construcción y la explotación por concesionarios privados de una conexión fija a través del canal de la Mancha, firmado en Canterbury el 12 de febrero de 1986 (en lo sucesivo, «Tratado de Canterbury»), estableció una Comisión Intergubernamental para supervisar todas las cuestiones relativas a la construcción y la explotación de dicha conexión fija.

(3)

Hasta la expiración del período transitorio, la Comisión Intergubernamental es la autoridad nacional de seguridad, en el sentido de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). En calidad de tal, aplica a la totalidad de la conexión fija a través del canal de la Mancha las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes en materia de seguridad ferroviaria y, al amparo de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), de interoperabilidad ferroviaria.

(4)

Salvo que se disponga de otro modo, una vez expire el período transitorio, el Derecho de la Unión dejará de ser aplicable a la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción del Reino Unido y, por lo que se refiere a la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de Francia, la Comisión Intergubernamental dejará de ser una autoridad nacional de seguridad con arreglo al Derecho de la Unión. La autorización de seguridad para el administrador de infraestructuras de la conexión fija a través del canal de lao Mancha y los certificados de seguridad para las empresas ferroviarias que operen a través de la conexión fija del canal de la Mancha, expedidos por la Comisión Intergubernamental con arreglo a los artículos 11 y 10, respectivamente, de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consej (6) van a dejar de ser válidos a partir del 1 de enero de 2021.

(5)

Mediante la Decisión (UE) 2020/1531 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) se otorgaron poderes a Francia para negociar, firmar y celebrar un acuerdo internacional con el Reino Unido relativo a la aplicación de las normas de seguridad e interoperabilidad ferroviarias de la Unión a la conexión fija a través del canal de la Mancha, a fin de mantener un régimen unificado de seguridad. El Reglamento (UE) 2020/1530 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) modificó la Directiva (UE) 2016/798, en lo que atañe, entre otros aspectos, a las normas relativas a las autoridades nacionales de seguridad.

(6)

Sobre la base del Reglamento (UE) 2020/1530, y a reserva de un acuerdo previsto por la Decisión (UE) 2020/1531 y celebrado con arreglo a determinadas condiciones establecidas en dicha Decisión, la Comisión Intergubernamental tenía que seguir siendo la autoridad de seguridad única para la totalidad de la conexión fija a través del canal de la Mancha, al mismo tiempo que constituía la autoridad de seguridad nacional en el sentido del artículo 3, punto 7, de la Directiva (UE) 2016/798 por lo que respecta a la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de Francia. Sin embargo, no es probable que el acuerdo previsto por la Decisión (UE) 2020/1531 haya entrado en vigor antes de que expire el período transitorio.

(7)

Sin tal acuerdo, a partir del 1 de enero de 2021, la Comisión Intergubernamental ya no va a tener la condición de autoridad nacional de seguridad en el sentido del artículo 3, punto 7, de la Directiva (UE) 2016/798 por lo que respecta a la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de Francia. Las autorizaciones de seguridad y los certificados de seguridad expedidos por la Comisión Intergubernamental van a dejar de ser válidos. La autoridad de seguridad francesa pasará a ser la autoridad nacional de seguridad competente para la sección de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de Francia.

(8)

A la luz de la importancia económica para la Unión de la conexión fija a través del canal de la Mancha, es fundamental que dicha conexión siga funcionando después del 1 de enero de 2021. Para ello, la autorización de seguridad para el administrador de infraestructuras de la conexión fija a través del canal de la Mancha expedida por la Comisión Intergubernamental debe seguir siendo válida durante un período máximo de dos meses a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, lo cual es tiempo suficiente para permitir que la autoridad nacional de seguridad francesa expida su propia autorización de seguridad.

(9)

Las licencias expedidas en virtud del capítulo III de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) a las empresas ferroviarias establecidas en el Reino Unido ya no serán válidas una vez expire el período transitorio. El 10 de noviembre de 2020, con arreglo al artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE, Francia notificó a la Comisión su intención de entablar negociaciones sobre un acuerdo transfronterizo con el Reino Unido. El objetivo de dicho acuerdo sería permitir que las empresas ferroviarias establecidas en el Reino Unido, y titulares de una licencia expedida por dicho país, utilicen las infraestructuras transfronterizas que comunican entre sí a la Unión y el Reino Unido a través de la conexión fija del canal de la Mancha hasta la estación fronteriza y la terminal de Calais-Fréthun (Francia) sin que deban obtener una licencia en virtud de la Directiva 2012/34/UE expedida por una autoridad responsable de la concesión de licencias de la Unión.

(10)

A fin de garantizar la conectividad entre la Unión y el Reino Unido, es fundamental que las empresas ferroviarias establecidas en el Reino Unido y titulares de una licencia expedida por dicho país sigan funcionando. Para ello, el período de validez de sus licencias, expedidas por el Reino Unido en virtud de la Directiva 2012/34/UE, y de sus certificados de seguridad, expedidos por la Comisión Intergubernamental, debe prorrogarse por un período de nueve meses a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, lo cual es tiempo suficiente para permitir que el Estado miembro afectado tome las medidas necesarias para garantizar la conectividad de conformidad con las Directivas 2012/34/UE y (UE) 2016/798 y sobre la base del acuerdo previsto en la Decisión (UE) 2020/1531.

(11)

A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a la retirada del beneficio conferido a los titulares de las autorizaciones, los certificados y las licencias, en caso de que el cumplimiento de los requisitos de la Unión no esté garantizado. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de dichas medidas, dado su impacto potencial en la seguridad ferroviaria. La Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata cuando, en casos debidamente justificados, así sea necesario por razones imperativas de urgencia.

(12)

Teniendo en cuenta la urgencia impuesta por la expiración del período transitorio, conviene establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(13)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de medidas provisionales sobre determinados aspectos de la seguridad ferroviaria y la conectividad en relación con la expiración del período transitorio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(14)

El presente Reglamento deben entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse a partir del día siguiente al del final del período transitorio.

(1)

La adopción de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (4) ha reforzado sustancialmente los medios disponibles de la Unión para proteger sus intereses financieros a través del Derecho penal. La creación de la Fiscalía Europea es una prioridad clave en la esfera de la justicia penal y la lucha contra el fraude en la Unión, al estar facultada para llevar a cabo investigaciones penales y formular acusaciones relacionadas con infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, en el sentido de la Directiva (UE) 2017/1371, en los Estados miembros participantes.

(2)

A fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «Oficina») lleva a cabo investigaciones administrativas sobre irregularidades administrativas y sobre conductas constitutivas de delito. Al término de sus investigaciones, puede formular recomendaciones judiciales a las fiscalías nacionales, con el fin de permitirles ejercer la actividad acusatoria y acciones penales en los Estados miembros. En los Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, la Oficina denunciará las presuntas infracciones penales ante la citada Fiscalía y colaborará con esta en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía Europea.

(3)

En vista de la adopción del Reglamento (UE) 2017/1939 se hace necesario modificar y adaptar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1939 que regulan la relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea deben quedar reflejadas en las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, que también deben complementarlas, con objeto de garantizar el máximo nivel de protección de los intereses financieros de la Unión a través de las sinergias entre ellas, a la vez que se garantizan los principios de cooperación estrecha, intercambio de información, complementariedad y evitación de duplicaciones.

(4)

En vista de su objetivo común de preservar la integridad del presupuesto de la Unión, la Oficina y la Fiscalía Europea deben establecer y mantener una relación estrecha basada en el principio de cooperación leal y que persiga garantizar la complementariedad de sus respectivos mandatos y la coordinación de sus actuaciones, en particular en lo que respecta al alcance de la cooperación reforzada de cara a la creación de la Fiscalía Europea. La relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea debe contribuir a garantizar que se utilicen todos los medios disponibles para proteger los intereses financieros de la Unión.

(5)

El Reglamento (UE) 2017/1939 exige a la Oficina, así como a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a las autoridades competentes de los Estados miembros, que informen a la Fiscalía Europea, sin demoras indebidas, de toda sospecha de conducta constitutiva de delito respecto de la cual la Fiscalía Europea pueda ejercer sus competencias. Dado que el mandato de la Oficina consiste en efectuar investigaciones administrativas sobre casos de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, goza de una posición y de recursos idóneos para actuar como socio de la Fiscalía Europea y como fuente privilegiada de información para esta.

(6)

En la práctica, en las denuncias iniciales que reciba la Oficina puede haber elementos que apunten a la existencia de una posible conducta constitutiva de delito que entre dentro del ámbito competencial de la Fiscalía Europea o puede que dichos elementos únicamente emerjan en el transcurso de una investigación administrativa abierta por la Oficina basándose en una sospecha de comisión de una irregularidad administrativa. Para cumplir con su deber de informar a la Fiscalía Europea, la Oficina debe notificar la conducta sospechosa de ser constitutiva de delito en cualquier momento antes de una investigación o en el transcurso de esta.

(7)

El Reglamento (UE) 2017/1939 especifica los elementos mínimos que deben contener esos informes. Puede que la Oficina tenga que llevar a cabo un examen preliminar de las denuncias para establecer esos elementos y recabar la información necesaria. La Oficina debe realizar ese examen con rapidez y utilizando medios que no comprometan una posible investigación penal futura. Al término de su examen, la Oficina debe informar a la Fiscalía Europea cuando se haya detectado un presunto delito que esté dentro de su ámbito de competencias.

(8)

En consideración a los conocimientos especializados de la Oficina, las instituciones, órganos y organismos establecidos por los Tratados o sobre la base de estos (en lo sucesivo, «instituciones, órganos y organismos») deben poder recurrir a la Oficina para que lleve a cabo dicho examen preliminar de las denuncias que les hayan sido notificadas.

(9)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina no debe abrir, en principio, una investigación administrativa paralela a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea en relación con los mismos hechos. Sin embargo, en determinados casos, la protección de los intereses financieros de la Unión puede requerir que la Oficina realice una investigación administrativa complementaria antes de que concluyan los procedimientos penales incoados por la Fiscalía Europea con el propósito de determinar si es necesario adoptar medidas cautelares o bien de carácter financiero, disciplinario o administrativo. Esa investigación complementaria puede resultar adecuada, entre otras cosas, para recuperar cantidades adeudadas al presupuesto de la Unión que estén sujetas a normas de prescripción específicas, cuando las sumas en juego sean muy elevadas o cuando sea necesario evitar un gasto mayor en situaciones de riesgo por medio de medidas administrativas.

(10)

A efectos de la aplicación del requisito de no duplicar las investigaciones, el concepto de «mismos hechos» debe entenderse, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa al principio non bis in idem, en el sentido de que los hechos materiales objeto de investigación son idénticos o sustancialmente iguales, entendiéndose estos en el sentido de la existencia de un conjunto de circunstancias concretas indisociablemente vinculadas en el tiempo y en el espacio.

(11)

El Reglamento (UE) 2017/1939 dispone que la Fiscalía Europea puede solicitar a la Oficina la realización de investigaciones administrativas complementarias. En caso de no solicitarlo, la Oficina puede poner en marcha una investigación complementaria por iniciativa propia, en condiciones específicas y previa consulta con la Fiscalía Europea. En particular, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de oponerse a la apertura o la continuación de una investigación por parte de la Oficina, o a la ejecución de determinados actos referentes a una de sus investigaciones, en particular con el fin de preservar la eficacia de su investigación y sus competencias. La Oficina debe abstenerse de llevar a cabo una acción a la que se haya opuesto la Fiscalía Europea. Si la Oficina abre una investigación sin que haya habido esa oposición, debe efectuar dicha investigación en constante consulta con la Fiscalía Europea.

(12)

La Oficina debe apoyar activamente las investigaciones de la Fiscalía Europea. A tal efecto, la Fiscalía Europea debe poder solicitar a la Oficina que apoye o complemente sus investigaciones penales a través del ejercicio de las competencias previstas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013. La Oficina debe prestar ese apoyo dentro de los límites de sus competencias y del marco previsto en dicho Reglamento.

(13)

Para garantizar una coordinación y cooperación eficaces y transparencia, la Oficina y la Fiscalía Europea deben intercambiar información constantemente. El intercambio de información antes de la apertura de investigaciones por parte de la Oficina o de la Fiscalía Europea es particularmente importante para garantizar una correcta coordinación entre sus respectivas actuaciones que asegure la complementariedad y evite duplicaciones. A tal fin, la Oficina y la Fiscalía Europea deben hacer uso de las funciones de respuesta positiva o negativa en sus respectivos sistemas de tramitación de casos. La Oficina y la Fiscalía Europea deben especificar los procedimientos y las condiciones de ese intercambio de información en sus acuerdos de colaboración. A fin de garantizar la correcta aplicación de las normas que persiguen evitar duplicaciones y garantizar la complementariedad, la Oficina y la Fiscalía Europea deben acordar determinados plazos para sus intercambios de información.

(14)

El informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 de 2 de octubre de 2017 (en lo sucesivo, «informe de evaluación de la Comisión»), concluyó que las modificaciones introducidas en 2013 en el marco jurídico habían aportado mejoras claras en cuanto a la realización de las investigaciones, la cooperación con los socios y los derechos de las personas implicadas. Sin embargo, el informe de evaluación de la Comisión puso de manifiesto algunas deficiencias que afectan a la eficiencia y la eficacia de las investigaciones.

(15)

Es necesario abordar las conclusiones más claras del informe de evaluación de la Comisión mediante la modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013. Se trata de cambios necesarios a corto plazo para fortalecer el marco en el que la Oficina lleva a cabo sus investigaciones, con objeto de que la Oficina conserve su fuerza y siga siendo plenamente operativa y que complemente la perspectiva de la Fiscalía Europea basada en el Derecho penal, con investigaciones administrativas, sin cambiar el mandato ni las competencias de la Oficina. Las modificaciones conciernen principalmente a ámbitos en los que la falta de claridad del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 podría dificultar la realización eficaz de las investigaciones de la Oficina, como son la realización de controles y verificaciones in situ, la posibilidad de acceder a la información sobre las cuentas bancarias o la admisibilidad de los informes de caso redactados por la Oficina como elemento de prueba en procedimientos administrativos o judiciales.

(16)

Las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 no afectan a las garantías procedimentales aplicables en el marco de las investigaciones. La Oficina está obligada a aplicar las garantías procedimentales recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (6) y las contenidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese marco exige que la Oficina realice sus investigaciones de manera objetiva, imparcial y confidencial, buscando pruebas de cargo y de descargo, y que lleve a cabo labores de investigación basándose en una habilitación escrita y tras un control de legalidad. La Oficina debe garantizar el respeto de los derechos de las personas implicadas en sus investigaciones, incluida la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse. Cuando se entreviste a las personas implicadas estas tienen, entre otros derechos, derecho a contar con la asistencia de una persona de su elección, a aprobar el acta de la entrevista y a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. Asimismo, las personas implicadas tienen derecho a formular observaciones sobre los hechos del asunto antes de que se redacten las conclusiones.

(17)

Las personas que denuncien fraudes, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión deben gozar de la protección de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(18)

Cuando la Oficina ejecute, en el marco de su mandato, medidas de apoyo a petición de la Fiscalía Europea, con el fin de proteger la admisibilidad de las pruebas, así como los derechos fundamentales y las garantías procedimentales, y al mismo tiempo evitar la duplicación de investigaciones y procurar una cooperación eficaz y complementaria, la Oficina y la Fiscalía Europea, actuando en estrecha cooperación, deben garantizar el respeto de las garantías procesales aplicables del capítulo VI del Reglamento (UE) 2017/1939.

(19)

La Oficina está facultada para llevar a cabo controles y verificaciones in situ, lo que le permite acceder a las instalaciones y la documentación de los operadores económicos en el marco de sus investigaciones sobre presuntos casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Estos controles y verificaciones in situ se realizan de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, que en algunas circunstancias supedita la aplicación de dichas competencias a condiciones del Derecho nacional. El informe de evaluación de la Comisión ha constatado que no siempre está totalmente claro el alcance de la aplicación del Derecho nacional, lo que, como consecuencia, socava la eficacia de las actividades de investigación de la Oficina.

(20)

Por consiguiente, conviene aclarar los supuestos en los que debe aplicarse el Derecho nacional en el curso de las investigaciones de la Oficina, sin alterar las competencias de esta ni el funcionamiento del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en relación con los Estados miembros, y reflejar así la sentencia del Tribunal General, de 3 de mayo de 2018, en el asunto T-48/16, Sigma Orionis SA / Comisión Europea (8).

(21)

La realización de controles y verificaciones in situ por parte de la Oficina en situaciones en las que el operador económico afectado se someta al control o verificación in situ se debe regir exclusivamente por el Derecho de la Unión. Esto permitirá a la Oficina ejercer sus competencias de investigación de un modo eficaz y coherente en todos los Estados miembros, con miras a contribuir a un alto nivel de protección de los intereses financieros de la Unión en todo el territorio de esta, de conformidad con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(22)

En aquellas situaciones en que la Oficina necesite solicitar asistencia a las autoridades competentes de los Estados miembros, sobre todo cuando un operador económico se resista a un control o verificación in situ, los Estados miembros deben garantizar la eficacia de la actuación de la Oficina y deben prestarle la asistencia necesaria con arreglo a las normas pertinentes del Derecho procesal nacional. A fin de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe tener en cuenta cualquier incumplimiento de un Estado miembro de su deber de cooperar con la Oficina, cuando la Comisión deba considerar si recuperar los importes correspondientes mediante la aplicación de correcciones financieras a los Estados miembros, de conformidad con las normas aplicables del Derecho de la Unión.

(23)

La Oficina puede celebrar, con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, acuerdos administrativos con las autoridades competentes de los Estados miembros, como por ejemplo los servicios de coordinación antifraude, y con las instituciones, órganos y organismos de la Unión, a fin de especificar las disposiciones de cooperación en virtud de dicho Reglamento, en particular en lo que se refiere a la transmisión de información, y la realización de las investigaciones y cualquier actividad de seguimiento.

(24)

Debe modificarse el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 para introducir el deber de los operadores económicos de cooperar con la Oficina en consonancia con la obligación que les incumbe en virtud del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 de permitir, para la realización de controles y verificaciones in situ, el acceso a sus locales, fincas, medios de transporte u otros lugares, de uso profesional, así como con la obligación recogida en el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) de que cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, también en el contexto de las investigaciones que lleve a cabo la Oficina.

(25)

En el marco de ese deber de cooperación, la Oficina debe poder exigir a los operadores económicos la transmisión de información pertinente cuando hayan podido estar involucrados en el asunto investigado o puedan poseer esa información. Cuando respondan a dichas solicitudes, los operadores económicos no deben estar obligados a hacer declaraciones autoinculpatorias, pero sí a responder a las preguntas relativas a los hechos y a proporcionar documentos, incluso si dicha información puede ser utilizada contra ellos o contra otro operador económico para confirmar la existencia de una actividad ilegal. Para garantizar la eficacia de las investigaciones en el contexto de las prácticas profesionales vigentes, la Oficina debe poder solicitar acceso a la información en dispositivos privados utilizados con fines profesionales. Se debe conceder a la Oficina el acceso en las mismas condiciones y con el mismo alcance que se apliquen a las autoridades nacionales de control, y solo si la Oficina tiene razones fundadas para suponer que el contenido de dichos dispositivos puede ser pertinente para la investigación, de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, y debe realizarse únicamente respecto a la información pertinente para la investigación.

(26)

Durante los controles y verificaciones in situ, los operadores económicos deben tener la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que tenga lugar el control y deben tener derecho a contar con la asistencia de una persona de su elección, incluido un asesor jurídico externo. No obstante, la presencia de un asesor jurídico no debe constituir un requisito legal para que los controles y verificaciones in situ sean válidos. A fin de garantizar la eficacia de los controles y verificaciones in situ, en particular en lo que respecta al riesgo de desaparición de las pruebas, la Oficina debe poder acceder a los locales, fincas, medios de transporte y demás lugares de uso profesional sin esperar a que el operador económico consulte al asesor jurídico. Para iniciar el control o verificación in situ, la Oficina debe aceptar solo un pequeño plazo razonable de espera para la consulta al asesor jurídico. Dicho plazo debe ser el mínimo estrictamente necesario.

(27)

Con el fin de garantizar la transparencia a la hora de efectuar los controles y verificaciones in situ, la Oficina debe proporcionar a los operadores económicos información adecuada sobre su deber de cooperar y las consecuencias de negarse a hacerlo, así como sobre el procedimiento aplicable, incluidas las garantías procedimentales.

(28)

En las investigaciones internas y, cuando sea necesario, también en las externas, la Oficina tiene acceso a toda información pertinente que posean las instituciones, órganos y organismos. Tal como apunta el informe de evaluación de la Comisión, resulta necesario aclarar que dicho acceso debe ser posible con independencia del tipo de soporte en el que estén almacenados la información o los datos, a fin de reflejar la evolución del progreso tecnológico. En el transcurso de las investigaciones internas, la Oficina debe poder solicitar acceso a la información almacenada en dispositivos privados utilizados con fines profesionales en los casos en que la Oficina tenga razones fundadas para suponer que su contenido puede ser pertinente para la investigación. Debe existir la posibilidad de que la institución, órgano u organismo de que se trate supedite a condiciones específicas el acceso por parte de la Oficina. Dicho acceso debe cumplir los principios de necesidad y proporcionalidad y realizarse únicamente respecto a la información pertinente para la investigación. Para garantizar un nivel de acceso eficaz y coherente de la Oficina, así como un elevado nivel de protección de los derechos fundamentales de las personas implicadas, las instituciones, órganos y organismos deben garantizar la coherencia de las normas relativas al acceso a los dispositivos privados adoptadas por las diferentes instituciones, órganos y organismos, con el fin de establecer condiciones equivalentes de conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (10).

(29)

A fin de crear un marco más coherente para las investigaciones de la Oficina, es conveniente armonizar en mayor medida las normas aplicables a las investigaciones internas y externas para resolver algunas incoherencias señaladas en el informe de evaluación de la Comisión, relativas a divergencias injustificadas en las normas. Por ejemplo, los informes y las recomendaciones que se elaboren como resultado de una investigación externa deben enviarse, si fuese necesario, a la institución, órgano u organismo afectado para que este adopte las medidas adecuadas, como se hace con las investigaciones internas. Cuando sea posible de conformidad con su mandato, la Oficina debe apoyar a la institución, órgano u organismo afectado para seguir sus recomendaciones. En caso de que la Oficina no inicie una investigación, debe poder remitir la información pertinente a las autoridades de los Estados miembros o a las instituciones, órganos y organismos para que se adopten las medidas adecuadas. Debe remitir dicha información cuando decida no iniciar una investigación pese a existir sospechas suficientes de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Con carácter previo, la Oficina debe tener debidamente en cuenta una posible interferencia con las investigaciones en curso de la Fiscalía Europea.

(30)

Debido a la gran diversidad de marcos institucionales nacionales, los Estados miembros deben tener, sobre la base del principio de cooperación leal, la posibilidad de notificar a la Oficina las autoridades competentes para adoptar medidas a propuesta de la Oficina, así como las autoridades que necesiten ser informadas (por ejemplo, con fines financieros, estadísticos o de seguimiento) para el ejercicio de sus funciones correspondientes. Dichas autoridades pueden incluir a los servicios nacionales de coordinación antifraude. De conformidad con jurisprudencia reiterada del TJUE, las recomendaciones de la Oficina contenidas en sus informes no tienen efectos jurídicos vinculantes para dichas autoridades de los Estados miembros o para las instituciones, órganos y organismos.

(31)

La Oficina debe disponer de los medios necesarios para seguir el rastro del dinero a fin de desvelar el modus operandi característico de muchas conductas fraudulentas. La Oficina puede obtener la información de cuentas bancarias que resulte pertinente para su actividad investigadora y que obre en poder de las entidades de crédito de varios Estados miembros a través de la cooperación con las autoridades nacionales y de la asistencia que estas le prestan. Con objeto de garantizar un enfoque eficaz en toda la Unión, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe especificar el deber de las autoridades nacionales competentes de proporcionar información sobre cuentas bancarias a la Oficina, como parte de su deber general de prestarle asistencia. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión las autoridades competentes a través de las cuales tendrá lugar dicha cooperación. Cuando presten dicha asistencia a la Oficina, las autoridades nacionales deben actuar en las mismas condiciones que se apliquen a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de que se trate.

(32)

A fin de proteger y cumplir las garantías procedimentales y los derechos fundamentales, la Comisión debe crear una función interna en forma de controlador de las garantías procedimentales (en lo sucesivo, «controlador»), que —con miras a la utilización eficiente de los recursos— debe depender administrativamente del Comité de Vigilancia y contar con recursos adecuados. El controlador debe tramitar las denuncias de forma totalmente independiente, incluso del Comité de Vigilancia y de la Oficina, y debe contar con acceso a toda la información necesaria para cumplir sus funciones.

(33)

Las personas implicadas deben poder presentar reclamaciones ante el controlador en relación con el cumplimiento por parte de la Oficina de las garantías procedimentales, así como por motivos de infracción de las normas aplicables a las investigaciones de la Oficina, en particular las infracciones de los requisitos procedimentales y de los derechos fundamentales. Debe establecerse un mecanismo de reclamación a tales efectos. El controlador debe ser responsable de formular recomendaciones en respuesta a tales reclamaciones, recomendaciones en las que, de ser necesario, sugiera soluciones a las cuestiones planteadas en tales reclamaciones. El controlador debe examinar las reclamaciones en el marco de un procedimiento contradictorio rápido, al mismo tiempo que se permite a la Oficina continuar la investigación en curso. El controlador debe dar al reclamante y a la Oficina la oportunidad de formular observaciones o de resolver las cuestiones planteadas en las reclamaciones. El Director General debe tomar las medidas adecuadas que la recomendación del controlador justifique. En casos debidamente justificados, el Director General debe poder apartarse de las recomendaciones del controlador. Los motivos por los que lo haga deben adjuntarse al informe final de la investigación.

(34)

Con el fin de aumentar la transparencia y reforzar la obligación de rendir cuentas, el controlador debe informar sobre el mecanismo de reclamación en su informe anual. El informe anual debe incluir, en particular, el número de reclamaciones recibidas, los tipos de infracciones de requisitos procedimentales y de derechos fundamentales a que se refieren, las actividades en cuestión y, siempre que sea posible, las medidas de seguimiento adoptadas por la Oficina.

(35)

La transmisión temprana de información por parte de la Oficina con objeto de adoptar medidas cautelares constituye una herramienta esencial para proteger los intereses financieros de la Unión. Con el objetivo de asegurar una estrecha cooperación en este aspecto entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos, conviene que estas tengan la oportunidad de consultar en cualquier momento a la Oficina para decidir sobre cualquier medida cautelar oportuna, incluidas las de aseguramiento de las pruebas.

(36)

Los informes que elabora la Oficina constituyen elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales, del mismo modo y en las mismas condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las administraciones nacionales. Según el informe de evaluación de la Comisión, esta norma no garantiza suficientemente la eficacia de las actividades de la Oficina en determinados Estados miembros. Para aumentar la eficacia de los informes de la Oficina y su utilización coherente, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe exigir que dichos informes sean admisibles en procedimientos judiciales de naturaleza no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en procedimientos administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros. La norma que dispone la equivalencia de dichos informes con los que elaboran los inspectores de las administraciones nacionales debe continuar aplicándose en el caso de los procedimientos judiciales nacionales de naturaleza penal. El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe exigir también que los informes elaborados por la Oficina sean admisibles en procedimientos administrativos y judiciales a nivel de la Unión.

(37)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 introdujo los servicios de coordinación antifraude de los Estados miembros para facilitar una cooperación y un intercambio de información eficaces —incluida información de naturaleza operativa— entre la Oficina y los Estados miembros. El informe de evaluación de la Comisión concluyó que estos servicios han contribuido de manera positiva al trabajo de la Oficina. El informe de evaluación de la Comisión señaló también la necesidad de aclarar en mayor medida la función de dichos servicios de coordinación antifraude, con objeto de garantizar que la Oficina reciba la asistencia necesaria para asegurar que sus investigaciones resulten eficaces, dejando al mismo tiempo a cada Estado miembro la decisión sobre la organización y las competencias de los servicios de coordinación antifraude. A este respecto, los servicios de coordinación antifraude deben poder proporcionar o coordinar la asistencia que necesite la Oficina para poder llevar a cabo eficazmente sus tareas antes de una investigación interna o externa, durante su transcurso o una vez que finalice.

(38)

El deber de la Oficina de prestar asistencia a los Estados miembros para coordinar sus actuaciones en favor de la protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento clave de su mandato de apoyar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. Deben establecerse normas más detalladas para facilitar las actividades de coordinación de la Oficina y su colaboración en este contexto con las autoridades de los Estados miembros, con terceros países y con organizaciones internacionales. Esas normas no deben menoscabar el ejercicio, por parte de la Oficina, de las facultades conferidas a la Comisión en virtud de las disposiciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión, en particular el Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (11) y el Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), así como las actividades de coordinación relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

(39)

Conviene aclarar que las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de coordinación antifraude, siguen estando vinculadas por el Derecho nacional aun cuando actúen en cooperación con la Oficina o con otras autoridades competentes con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión.

(40)

Los servicios de coordinación antifraude deben tener la posibilidad de proporcionar asistencia a la Oficina en el contexto de las actividades de coordinación, y estos servicios deben poder cooperar entre ellos para reforzar aún más los mecanismos disponibles para la cooperación en la lucha contra el fraude.

(41)

Las autoridades competentes de los Estados miembros, así como las instituciones, órganos y organismos, deben adoptar las medidas justificadas en las recomendaciones de la Oficina. Para que la Oficina pueda hacer un seguimiento de la evolución de sus casos, cuando esta haya formulado recomendaciones en materia judicial a la fiscalía nacional de un Estado miembro, este debe, a petición de la Oficina, remitirle la sentencia firme del órgano jurisdiccional nacional. A fin de mantener plenamente la independencia del poder judicial, esa transmisión debe tener lugar solamente una vez que el procedimiento judicial de que se trate se haya resuelto definitivamente y que la resolución firme del órgano jurisdiccional se haya hecho pública.

(42)

Con el fin de complementar las normas procedimentales relativas a la realización de las investigaciones establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina debe determinar las directrices sobre el procedimiento de investigación que debe seguir el personal de la Oficina.

(43)

Conviene aclarar que la Oficina puede participar en equipos conjuntos de investigación creados con arreglo al Derecho de la Unión y que puede intercambiar información operativa obtenida en dicho marco. El uso de dicha información está sujeto a las condiciones y garantías establecidas en el Derecho de la Unión sobre cuya base se hayan creado los equipos conjuntos de investigación. Cuando la Oficina participa en tales equipos conjuntos de investigación, tiene una función de apoyo y asume el papel de socio sujeto a las limitaciones legales que puedan existir en el Derecho de la Unión o nacional.

(44)

A más tardar cinco años después de la fecha que se determine de conformidad con el artículo 120, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Comisión debe evaluar la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y, en particular, la eficiencia de la cooperación entre la Oficina y la Fiscalía Europea, a fin de determinar si las modificaciones están justificadas sobre la base de la experiencia adquirida por lo que respecta a dicha cooperación. La Comisión debe presentar, en su caso, una nueva propuesta legislativa exhaustiva a más tardar dos años después de dicha evaluación.

(45)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, fortalecer la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la adaptación del funcionamiento de la Oficina a la creación de la Fiscalía Europea y la mejora de la eficacia de las investigaciones de la Oficina, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, mediante la adopción de normas que regulen la relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea para mejorar la eficacia en la realización de las investigaciones que efectúen, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(46)

El presente Reglamento no modifica las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para adoptar medidas de lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

(47)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y presentó comentarios formales el 23 de julio de 2018.

(48)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en consecuencia.

1)

El artículo 1 se modifica como sigue:

2)

El artículo 2 se modifica como sigue:

3)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

4)

El artículo 4 se modifica como sigue:

5)

El artículo 5 se modifica como sigue:

6)

El artículo 7 se modifica como sigue:

7)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

(*)  Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).»."

8)

El artículo 9 se modifica como sigue:

9)

Se insertan los artículos siguientes:

10)

El artículo 10 se modifica como sigue:

11)

El artículo 11 se modifica como sigue:

12)

El artículo 12 se modifica como sigue:

13)

Se insertan los artículos siguientes:

14)

En el artículo 13, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

15)

El artículo 15 se modifica como sigue:

16)

En el artículo 16, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

17)

El artículo 17 se modifica como sigue:

18)

El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») fue celebrado por la Unión mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo (3) y entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El período transitorio previsto en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada, durante el cual el Derecho de la Unión sigue siendo aplicable al y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») de conformidad con el artículo 127 del Acuerdo de Retirada, finaliza el 31 de diciembre de 2020. El de 25 de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE, Euratom) 2020/266 (4), por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido para un nuevo acuerdo de asociación. Como se desprende de las directrices de negociación, la autorización cubre, entre otros, los elementos necesarios para abordar de manera exhaustiva las relaciones con el Reino Unido en el ámbito del transporte por carretera tras el final del período transitorio. Sin embargo, no es seguro que para entonces haya entrado en vigor un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido que regule su relación futura en el ámbito del transporte de mercancías y viajeros por carretera.

(2)

Finalizado el período transitorio y a falta de disposiciones especiales, todos los derechos y obligaciones derivados del Derecho de la Unión en materia de acceso al mercado según lo establecido en los Reglamentos (CE) n.o 1072/2009 (5) y (CE) n.o 1073/2009 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo van a dejar de estar vigentes en lo que respecta a la relación entre el Reino Unido y la Unión y sus Estados miembros.

(3)

En tal situación, el transporte internacional de mercancías y viajeros por carretera entre la Unión y el Reino Unido sufriría graves perturbaciones.

(4)

Gibraltar no está incluido en el ámbito de aplicación territorial del presente Reglamento y las referencias al Reino Unido no incluyen Gibraltar.

(5)

El sistema de cuotas multilaterales del Foro Internacional del Transporte (ITF) es el único marco jurídico alternativo disponible que podría servir de base para el transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido. No obstante, debido al número limitado de autorizaciones disponibles en la actualidad con arreglo al régimen del ITF y su restringido ámbito de aplicación en lo referente a los tipos de operaciones de transporte por carretera que cubre, actualmente el sistema es insuficiente para responder por completo a las necesidades de transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido.

(6)

También se esperan perturbaciones graves, incluido en relación con el orden público, en el contexto de los servicios de transporte de viajeros por carretera. El Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (7) («Convenio Interbus») es el único marco jurídico disponible que podría proporcionar una base para el transporte de viajeros en autobús y autocar entre la Unión y el Reino Unido tras el final del período transitorio. El Reino Unido pasará a ser Parte contratante por derecho propio del Convenio Interbus el 1 de enero de 2021. Sin embargo, el Convenio Interbus cubre únicamente los servicios discrecionales y, por lo tanto, es inadecuado para hacer frente a las perturbaciones relacionadas con los servicios internacionales de autocar y autobús entre el Reino Unido y la Unión resultantes del final del período transitorio. Se ha negociado un Protocolo del Convenio Interbus en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y está previsto que el Reino Unido lo ratifique lo antes posible. Sin embargo, no se espera que el Protocolo entre en vigor a tiempo para ofrecer una solución alternativa viable para el período inmediatamente posterior al final del período transitorio. Por consiguiente, los instrumentos disponibles no satisfacen las necesidades relacionadas con los servicios regulares y regulares especiales de transporte de viajeros en autobús y autocar entre la Unión y el Reino Unido.

(7)

Por lo tanto, a fin de evitar posibles perturbaciones graves, en particular en materia de orden público, es necesario establecer una serie de medidas de carácter temporal que permitan a los transportistas de mercancías por carretera y a los transportistas de viajeros en autocar y autobús con licencia en el Reino Unido transportar mercancías y viajeros por carretera entre el Reino Unido y la Unión, o desde el territorio del Reino Unido al territorio del Reino Unido con tránsito en uno o más Estados miembros. A fin de garantizar un equilibrio adecuado entre el Reino Unido y la Unión, los derechos conferidos de este modo deben condicionarse a que se atribuyan derechos equivalentes y estar sujetos a determinadas condiciones que garanticen la competencia leal.

(8)

El derecho a realizar operaciones de transporte en el territorio de un Estado miembro y entre Estados miembros constituye un logro fundamental del mercado interior y, tras el final del período transitorio y en ausencia de cualquier disposición específica en contrario, debe dejar de aplicarse a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido. No obstante, en el período inmediatamente posterior al período transitorio y a falta de un futuro acuerdo que regule el transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unión, cabe esperar perturbaciones en los flujos de tráfico y el consiguiente riesgo para el orden público, en particular en los puntos fronterizos, que son escasos y es donde han de efectuarse los controles adicionales de vehículos y de su carga. Ya se produjo un aumento de la congestión en los puntos fronterizos antes de la expiración del período transitorio. La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 también tuvo efectos negativos en el transporte por carretera, con un aumento de los desplazamientos de vacío, una tendencia que podría agravarse si no existe flexibilidad que permita a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido llevar a cabo, incluso de forma muy limitada, operaciones dentro de la Unión durante un período de tiempo estrictamente limitado. Tales perturbaciones podrían dar lugar a situaciones con un impacto negativo en las cadenas de suministro críticas que se consideran necesarias para gestionar la actual pandemia de COVID-19. Para reducir el alcance de tales perturbaciones, debe permitirse temporalmente a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido realizar un número limitado de operaciones adicionales en el territorio de la Unión en el contexto de las operaciones entre el Reino Unido y la Unión. En tal caso, sus vehículos no tendrían que regresar inmediatamente al Reino Unido y tendrían menos probabilidades de estar vacíos al regresar al Reino Unido, lo que reduciría el número total de vehículos y, por tanto, la presión en los puntos fronterizos. El derecho a realizar tales operaciones adicionales debe ser proporcionado, no debe reproducir el mismo nivel de derechos de que disfrutan los transportistas de mercancías por carretera de la Unión en virtud de las normas del mercado interior y debe eliminarse progresivamente.

(9)

Los servicios transfronterizos de autocar y autobús entre Irlanda e Irlanda del Norte revisten especial importancia para las comunidades que viven en las regiones fronterizas, a fin de garantizar la conectividad básica entre las comunidades, entre otras cosas, como parte de la Zona de Viaje Común. Por tanto, la recogida y el depósito de viajeros por los servicios de transporte en autocar y autobús deben seguir estando autorizados en las regiones fronterizas de Irlanda en el marco de los servicios de transporte internacional de viajeros en autocar y autobús entre Irlanda e Irlanda del Norte.

(10)

Con el propósito de reflejar su carácter temporal, y sin que sirva de precedente, el conjunto de medidas contenidas en el presente Reglamento debe aplicarse durante un breve período. Por lo que respecta a las operaciones de transporte de mercancías por carretera, ese breve período está diseñado para permitir las posibles disposiciones relativas a la conectividad básica que deben fijarse en el régimen del ITF, y se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor de un acuerdo en el futuro que regule el transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido y de las futuras normas de la Unión en materia de transporte. En lo relativo al transporte de viajeros en autobús o autocar, dicho breve período está diseñado para permitir que entre en vigor el Protocolo del Convenio Interbus en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús y que se aplique en el Reino Unido, bien mediante la ratificación de dicho Protocolo por parte de este país, o bien mediante la adhesión a dicho Protocolo, y se entiende sin perjuicio de cualquier posible acuerdo futuro en esta materia entre la Unión y el Reino Unido.

(11)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer medidas provisionales que regulen el transporte de mercancías y de viajeros por carretera entre la Unión y el Reino Unido en caso de una falta de acuerdo que regule su relación futura en el ámbito del transporte por carretera al final del período transitorio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12)

Teniendo en cuenta la urgencia que conlleva el final del período transitorio, conviene establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(13)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe aplicarse a partir del día siguiente al final del período transitorio establecido por el Acuerdo de Retirada, a menos que, a más tardar en esa fecha, haya entrado en vigor un acuerdo celebrado con el Reino Unido que regule el transporte por carretera o, en su caso, se aplique de manera provisional. El presente Reglamento debe aplicarse hasta el día antes de la entrada en vigor o hasta el día antes de la aplicación provisional de un acuerdo internacional que regule el transporte por carretera para ambas Partes. Con excepción de las disposiciones específicas aplicables en la región fronteriza de Irlanda en el marco de los servicios regulares y regulares especiales internacionales entre Irlanda e Irlanda del Norte, el derecho a llevar a cabo servicios regulares y regulares especiales de autocar y autobús debe dejar de aplicarse en la fecha de entrada en vigor para la Unión y para el Reino Unido del Protocolo del Convenio Interbus en relación con el transporte internacional regular y regular especial de los viajeros en autocar y autobús. En cualquier caso, el presente Reglamento debe dejar de aplicarse el 30 de junio de 2021.

(14)

En caso de que sea necesario para hacer frente a las necesidades del mercado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a restablecer la equivalencia de derechos concedidos por la Unión a los transportistas de mercancías por carretera y de viajeros en autocar o autobús del Reino Unido, con los derechos concedidos por el Reino Unido a los transportistas de mercancías por carretera y de viajeros en autocar o autobús de la Unión, incluso cuando los derechos concedidos por el Reino Unido se otorguen sobre la base del Estado miembro de origen o, de otro modo, no estén disponibles en igualdad de condiciones para todos los transportistas de la Unión, así como por lo que respecta a subsanar situaciones de competencia desleal que vayan en detrimento de los transportistas de mercancías por carretera y de viajeros en autocar o autobús de la Unión.

(15)

Dichos actos delegados deben respetar el principio de proporcionalidad, por lo que sus condiciones deben ser proporcionadas en relación con los problemas que se planteen como consecuencia de no haberse concedido derechos equivalentes o como consecuencia de darse unas condiciones de competencia desleales. La Comisión solo debe prever suspender la aplicación del presente Reglamento en los casos más graves, cuando el Reino Unido no conceda derechos equivalentes a los transportistas de mercancías por carretera y de viajeros en autocar o autobús de la Unión, cuando los derechos así concedidos sean mínimos, o cuando las condiciones de competencia que se apliquen a los transportistas de mercancías por carretera y de viajeros en autocar o autobús del Reino Unido difieran tanto de las que se apliquen a los transportistas de la Unión que a estos no les resulte económicamente viable la prestación de los servicios en cuestión.

(16)

Al adoptar esos actos delegados, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular a nivel de expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (8). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de los actos delegados. La Comisión debe velar por que cualquiera de estos actos delegados adoptados no afecte indebidamente al buen funcionamiento del mercado interior.

(17)

A fin de garantizar que los derechos concedidos por el Reino Unido a los transportistas de mercancías por carretera y de viajeros en autocar o autobús de la Unión sean equivalentes a los concedidos por el presente Reglamento a los transportistas de mercancías por carretera y de viajeros en autocar o autobús del Reino Unido, debe ampliarse temporalmente el ámbito de aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 1072/2009 y (CE) n.o 1073/2009. Estos Reglamentos ya cubren la parte del desplazamiento entre un Estado miembro y un tercer país realizada en el territorio de cualquier Estado miembro que se atraviese en tránsito. No obstante, es preciso garantizar, en tales casos, que el Reglamento (CE) n.o 1072/2009 se aplique también a la parte del desplazamiento que tenga lugar en el territorio del Estado miembro de carga o de descarga, y que el Reglamento (CE) n.o 1073/2009 se aplique a la parte del desplazamiento que tenga lugar en el territorio del Estado miembro en el que se recojan o depositen viajeros. Esta ampliación del ámbito de aplicación tiene por objeto garantizar que los transportistas de la Unión puedan realizar operaciones de transporte internacional a partir de o con destino al Reino Unido, así como paradas adicionales en sus actividades de transporte de viajeros.

1)

«vehículo»:

2)

«transporte autorizado de mercancías»:

3)

«transporte autorizado de viajeros en autocar o autobús»:

4)

«región fronteriza de Irlanda»: los condados de Irlanda adyacentes a la frontera terrestre entre Irlanda e Irlanda del Norte;

5)

«transportista de mercancías por carretera de la Unión»: una empresa que se dedique al transporte de mercancías por carretera y esté en posesión de una licencia comunitaria válida de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1072/2009;

6)

«transportista de mercancías por carretera del Reino Unido»: una empresa establecida en el Reino Unido que esté autorizada a efectuar transportes de mercancías por carretera y esté en posesión de una licencia válida expedida para el transporte internacional respecto al transporte autorizado de mercancías;

7)

«licencia del Reino Unido»: cuando se expida a un transportista británico de mercancías por carretera, una licencia expedida por el Reino Unido para el transporte internacional respecto al transporte autorizado de mercancías y, cuando se expida a un transportista británico de servicios de autocar y autobús, una licencia expedida por el Reino Unido para el transporte internacional respecto al transporte autorizado de viajeros en autocar o autobús;

8)

«autocar o autobús»: un vehículo matriculado en el Reino Unido con capacidad, por sus características de construcción y su equipo, para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor, y destinado a esta finalidad:

9)

«servicios regulares»: los servicios que aseguran el transporte de viajeros con una frecuencia y un itinerario determinados, recogiendo y depositando viajeros en paradas que se han fijado previamente;

10)

«servicios regulares especiales»: los servicios regulares, quienquiera que sea su organizador, que aseguren el transporte de determinadas categorías de viajeros con exclusión de otros;

11)

«transportista de viajeros en autocar o autobús de la Unión»: una empresa que se dedique al transporte de viajeros en autocar o autobús y esté en posesión de una licencia comunitaria válida de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1073/2009;

12)

«transportista de viajeros en autocar o autobús del Reino Unido»: una empresa establecida en el Reino Unido que está autorizada a efectuar el transporte de viajeros en autocar o autobús y esté en posesión de una licencia válida para el transporte internacional respecto al transporte autorizado de viajeros en autocar o autobús;

13)

«transportista»: un transportista de mercancías por carretera o bien de viajeros en autocar o autobús;

14)

«Derecho de la competencia»: las normas jurídicas que regulen la conducta que se detalla a continuación, en los casos en los que esta pueda afectar a la prestación de los servicios de transporte de mercancías por carretera o de viajeros en autocar o autobús:

15)

«subsidio»: toda contribución financiera otorgada a un transportista por el gobierno u otro organismo público a cualquier nivel, que confiera un beneficio, y en particular:

No se considerará que una contribución financiera hecha por el gobierno u otro organismo público confiere un beneficio si un operador privado en una economía de mercado guiado únicamente por las perspectivas de rentabilidad y en la misma situación que el organismo público en cuestión hubiera hecho la misma contribución financiera;

16)

«autoridad independiente de defensa de la competencia»: una autoridad encargada de aplicar y hacer cumplir el Derecho de la competencia, así como de controlar los subsidios, y que cumple las siguientes condiciones:

17)

«discriminación»: la diferenciación de cualquier tipo sin justificación objetiva respecto al suministro de mercancías o servicios, incluidos los servicios públicos, que se aplique a los servicios de transporte de mercancías por carretera o de viajeros en autocar o autobús, con respecto a su trato por parte de las autoridades públicas responsables de dichos servicios;

18)

«territorio de la Unión»: el territorio de los Estados miembros en el que sean aplicables el TUE y el TFUE en las condiciones establecidas en dichos Tratados.