(1)

La globalización y la digitalización han aumentado el riesgo de que gran número de consumidores se vean perjudicados por una misma práctica ilícita. Las infracciones del Derecho de la Unión pueden causar perjuicios al consumidor. Sin medios eficaces para que los consumidores puedan poner fin a las prácticas ilícitas y ser resarcidos, la confianza de los consumidores en el mercado interior se debilita.

(2)

La falta de medios eficaces para hacer cumplir el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores también podría provocar la distorsión de la competencia leal entre aquellos empresarios que ejercen su actividad a escala nacional o transfronteriza que incumplen la normativa y aquellos que sí la cumplen. Dichas distorsiones pueden dificultar el funcionamiento correcto del mercado interior.

(3)

A tenor del artículo 26, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la existencia del mercado interior debe implicar un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías y servicios esté garantizada. El mercado interior debe proporcionar a los consumidores un valor añadido en forma de mejor calidad, mayor variedad, precios razonables y normas estrictas de seguridad respecto de los productos y servicios, contribuyendo así a un alto nivel de protección de los consumidores.

(4)

El artículo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del TFUE establece que la Unión ha de contribuir a alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores mediante medidas que adopte en virtud del artículo 114 del TFUE. El artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») dispone que en las políticas de la Unión ha de garantizarse un nivel elevado de protección de los consumidores.

(5)

La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) permitía a las entidades habilitadas el ejercicio de acciones de representación destinadas principalmente a la cesación o prohibición de infracciones del Derecho de la Unión que fuesen perjudiciales para los intereses colectivos de los consumidores. No obstante, dicha Directiva no abordaba suficientemente las dificultades relativas a hacer cumplir la normativa en materia de consumo. Para reforzar la disuasión de las prácticas ilícitas y reducir el perjuicio al consumidor en un mercado cada vez más globalizado y digitalizado, es necesario reforzar los mecanismos procesales de protección de los intereses colectivos de los consumidores, para incluir tanto medidas de cesación como medidas resarcitorias. Habida cuenta de los numerosos cambios que se precisan, procede derogar la Directiva 2009/22/CE y sustituirla por la presente Directiva.

(6)

Los mecanismos procesales para las acciones de representación, tanto para las medidas de cesación como para las resarcitorias, son diversos dentro de la Unión y ofrecen a los consumidores grados diferentes de protección. Además, algunos Estados miembros no disponen actualmente de ningún mecanismo procesal para las acciones colectivas que persigan medidas resarcitorias. Dicha situación debilita la confianza de los consumidores y empresas en el mercado interior, y su capacidad para ejercer su actividad en este. Distorsiona la competencia y dificulta la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en el ámbito de la protección de los consumidores.

(7)

Por consiguiente, la presente Directiva tiene por objeto garantizar que en todos los Estados miembros los consumidores dispongan, a escala de la Unión y nacional, de al menos un mecanismo procesal efectivo y eficiente de acciones de representación para obtener medidas de cesación y medidas resarcitorias. La existencia de al menos un mecanismo procesal de esas características para las acciones de representación potenciaría la confianza de los consumidores y los capacitaría para ejercitar sus derechos, contribuiría a una competencia más leal y crearía unas condiciones de competencia equitativas para los empresarios que ejercen su actividad en el mercado interior.

(8)

La presente Directiva tiene por finalidad contribuir al funcionamiento del mercado interior y alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores, para lo cual se permite a las entidades habilitadas que representen los intereses colectivos de los consumidores el ejercicio de acciones de representación para obtener tanto medidas de cesación como medidas resarcitorias frente a los empresarios que infrinjan disposiciones del Derecho de la Unión. Dichas entidades habilitadas deben poder solicitar la cesación o la prohibición de esa conducta ilícita y soluciones resarcitorias, según corresponda y sea posible conforme al Derecho de la Unión o nacional, como la indemnización, la reparación o la reducción del precio.

(9)

Toda acción de representación debe ofrecer una manera efectiva y eficiente de proteger los intereses colectivos de los consumidores. Debe permitir a las entidades habilitadas actuar con el fin de garantizar que los empresarios cumplan las disposiciones correspondientes del Derecho de la Unión y superar los obstáculos a los que se enfrentan los consumidores en las acciones individuales, tales como los relativos a la incertidumbre acerca de sus derechos y acerca de los mecanismos procesales de que disponen, la reticencia psicológica a iniciar acciones y el saldo negativo de los costes previstos frente a los beneficios de la acción individual.

(10)

Es importante garantizar el equilibrio necesario entre mejorar el acceso de los consumidores a la justicia y proporcionar a los empresarios salvaguardias adecuadas para evitar un ejercicio abusivo de la acción procesal, lo que obstaculizaría injustificadamente la capacidad de las empresas para ejercer su actividad en el mercado interior. Para prevenir un uso indebido de las acciones de representación, debe evitarse la concesión de indemnizaciones punitivas y deben establecerse normas sobre determinados aspectos procesales, como la designación y la financiación de las entidades habilitadas.

(11)

La presente Directiva no debe sustituir los mecanismos procesales nacionales existentes para proteger los intereses colectivos o individuales de los consumidores. Teniendo en cuenta las tradiciones jurídicas de los Estados miembros, debe quedar a criterio de los Estados miembros integrar el mecanismo procesal para las acciones de representación que se exige en la presente Directiva como un elemento de un mecanismo procesal existente para la obtención de medidas colectivas de cesación o resarcitorias, o como un elemento de un nuevo mecanismo procesal para la obtención de esas medidas, o como un mecanismo procesal distinto, siempre que al menos un mecanismo procesal nacional para las acciones de representación cumpla lo dispuesto en la presente Directiva. Por ejemplo, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros adopten normativa sobre acciones para solicitar que los órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas dicten resoluciones declarativas, aunque la presente Directiva no establezca normas sobre este tipo de acciones. Cuando existan mecanismos procesales a escala nacional además del mecanismo procesal que exige la presente Directiva, la entidad habilitada debe poder elegir qué mecanismo procesal utilizar.

(12)

De conformidad con el principio de autonomía procesal, la presente Directiva no debe contener disposiciones sobre cada aspecto del procedimiento en las acciones de representación. Por consiguiente, corresponde a los Estados miembros establecer normas, por ejemplo, sobre admisibilidad, prueba o vías de recurso, aplicables a las acciones de representación. Por ejemplo, debe corresponder a los Estados miembros determinar el grado de similitud exigido entre las pretensiones individuales o el número mínimo de consumidores afectados por una acción de representación para obtener medidas resarcitorias para que el asunto se admita a trámite en tanto que acción de representación. Esas normas nacionales no deben obstaculizar el funcionamiento efectivo del mecanismo procesal para las acciones de representación que exige la presente Directiva. De conformidad con el principio de no discriminación, los presupuestos de admisibilidad aplicables a determinadas acciones de representación transfronterizas no deben ser diferentes de los que se aplican a determinadas acciones de representación nacionales. La decisión de inadmisión de la acción de representación no debe afectar a los derechos de los consumidores a los que afecte la acción.

(13)

El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe reflejar la evolución reciente en el ámbito de la protección de los consumidores. Dado que los consumidores actúan ahora en un mercado cada vez más globalizado y digitalizado, conseguir un alto nivel de protección para ellos requiere que el alcance de la presente Directiva se extienda, además de a la normativa general de protección de los consumidores, a ámbitos como la protección de datos, los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía y las telecomunicaciones. En particular, toda vez que la demanda de servicios financieros y de inversión por parte de los consumidores ha aumentado, es importante mejorar la aplicación de la normativa sobre protección de los consumidores en estos ámbitos. El mercado de consumo ha evolucionado también en el ámbito de los servicios digitales y existe una mayor necesidad de que la normativa sobre protección de los consumidores, incluida la protección de datos, se aplique de manera más eficaz.

(14)

La presente Directiva debe aplicarse a las infracciones de las disposiciones del Derecho de la Unión que se recogen en el anexo I, en la medida en que esas disposiciones protejan los intereses de los consumidores, independientemente de si se hace referencia a ellos como consumidores o como viajeros, usuarios, clientes, inversores minoristas, clientes minoristas, titulares de datos o de otro modo. No obstante, la presente Directiva solo debe proteger los intereses de las personas físicas que se hayan visto o puedan verse perjudicadas por dichas infracciones, si esas personas pueden considerarse consumidores con arreglo a la presente Directiva. Las infracciones que perjudiquen a las personas físicas consideradas empresarios con arreglo a la presente Directiva no deben incluirse en su ámbito de aplicación.

(15)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los actos legislativos enumerados en el anexo I y, por lo tanto, no debe modificar ni ampliar las definiciones establecidas en dichos actos, ni tampoco sustituir los mecanismos de control del cumplimiento que puedan contener. Por ejemplo, los mecanismos de control del cumplimiento previstos o basados en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) podrían seguir utilizándose, cuando sean de aplicación, para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.

(16)

A fin de disipar toda duda, el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe establecerse con la mayor precisión posible en el anexo I. Cuando los actos legislativos enumerados en dicho anexo contengan disposiciones que no estén relacionadas con la protección de los consumidores, el anexo I debería indicar las disposiciones específicas que protegen los intereses de los consumidores. Sin embargo, no siempre es posible hacerlo debido a la estructura de determinados actos legislativos, en particular en el ámbito de los servicios financieros, incluidos los servicios de inversión.

(17)

Para garantizar una respuesta adecuada a las infracciones del Derecho de la Unión, cuya forma y escala evolucionan rápidamente, cada vez que se adopte un nuevo acto de la Unión que sea pertinente para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, el legislador debe considerar si es necesario modificar el anexo I para incluir el nuevo acto de la Unión en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(18)

La decisión de aplicar las disposiciones de la presente Directiva a aspectos distintos de los incluidos en su ámbito de aplicación ha de seguir siendo competencia de los Estados miembros. Por ejemplo, los Estados miembros deben poder mantener o establecer legislación nacional que corresponda a las disposiciones de la presente Directiva con respecto a litigios no incluidos en el ámbito de aplicación del anexo I.

(19)

Puesto que tanto los procedimientos judiciales como los administrativos pueden ponerse, de forma efectiva y eficiente, al servicio de la protección de los intereses colectivos de los consumidores, se deja al criterio de los Estados miembros decidir si la acción de representación puede ejercitarse en procedimientos judiciales o administrativos, o en ambos, dependiendo del ámbito jurídico o económico en cuestión. Esto debe entenderse sin perjuicio del derecho a una tutela judicial efectiva conforme al artículo 47 de la Carta, en virtud del cual los Estados miembros deben velar por que consumidores y empresarios tengan derecho a una tutela judicial efectiva frente a cualquier decisión administrativa adoptada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva. Ello debe incluir que una de las partes en un litigio pueda obtener una resolución de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, de conformidad con el Derecho nacional.

(20)

Partiendo de la Directiva 2009/22/CE, la presente Directiva debe aplicarse a infracciones tanto nacionales como transfronterizas, en particular cuando los consumidores afectados por una infracción residan en Estados miembros distintos del Estado miembro en el que esté establecido el empresario que haya cometido la infracción. También debe aplicarse a las infracciones que hayan cesado antes de que se haya ejercitado o haya concluido la acción de representación, ya que puede ser necesario prevenir la repetición de la práctica mediante su prohibición, declarar que una determinada práctica constituye una infracción o facilitar soluciones para los consumidores.

(21)

La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de las normas de Derecho internacional privado en materia de competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales o ley aplicable, ni debe establecer ese tipo de normas. Los instrumentos legislativos vigentes del Derecho de la Unión deben aplicarse al mecanismo procesal para las acciones de representación que exige la presente Directiva. En particular, el Reglamento (CE) n.o 864/2007 (6), el Reglamento (CE) n.o 593/2008 (7) y el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo deben aplicarse al mecanismo procesal para las acciones de representación que exige la presente Directiva.

(22)

Procede señalar que el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 no regula la competencia de las autoridades administrativas ni el reconocimiento ni la ejecución de decisiones de dichas autoridades. Estas cuestiones deben dejarse al Derecho nacional.

(23)

Cuando sea adecuado, podría ser posible, de conformidad con las normas de Derecho internacional privado, que una entidad habilitada ejercite una acción de representación en el Estado miembro en el que haya sido designada o en otro Estado miembro. Partiendo de la Directiva 2009/22/CE, la presente Directiva debe establecer una distinción entre estos dos tipos de acciones de representación. Cuando una entidad habilitada ejercite una acción de representación en un Estado miembro distinto de aquel en el que haya sido designada, dicha acción debe considerarse una acción de representación transfronteriza. Cuando una entidad habilitada ejercite una acción de representación en el Estado miembro en el que haya sido designada, dicha acción debe considerarse una acción de representación nacional, aun cuando se ejercite frente a un empresario domiciliado en otro Estado miembro o mediante dicha acción se represente a consumidores de varios Estados miembros. A fin de determinar el tipo de acción de representación que se ejercita, debe utilizarse como criterio determinante en qué Estado miembro se ejercita la acción de representación. Por esta razón, una acción de representación nacional no debe poder transformarse en una acción de representación transfronteriza en el curso de un procedimiento, ni viceversa.

(24)

Las organizaciones de consumidores, en particular, deben desempeñar un papel activo a la hora de garantizar que se cumplan las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. Se debe considerar que todas ellas se encuentran en buena posición para solicitar la condición de entidad habilitada con arreglo al Derecho nacional. Dependiendo de las tradiciones jurídicas nacionales, los organismos públicos también podrían desempeñar un papel activo a la hora de garantizar que se cumplan las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, ejercitando acciones de representación tal como se establecen en la presente Directiva.

(25)

A efectos de las acciones de representación transfronterizas, las entidades habilitadas deben cumplir los mismos criterios de designación en toda la Unión. En particular, deben ser personas jurídicas debidamente constituidas con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro designante, deben tener un grado determinado de permanencia y actividad pública, no pueden tener ánimo de lucro y deben tener un interés legítimo, habida cuenta de su finalidad estatutaria, en la protección de los intereses de los consumidores según lo establecido en el Derecho de la Unión. Las entidades habilitadas no pueden estar incursas en procedimientos de insolvencia ni estar declaradas insolventes. Deben ser independientes y no estar influidas por personas, distintas de los consumidores, que tengan un interés económico en el ejercicio de una acción de representación, en particular por empresarios o fondos de inversión especulativos, también en un supuesto de financiación por terceros. Las entidades habilitadas deben haber establecido procedimientos que eviten tal influencia, así como los conflictos de intereses entre ellas, sus financiadores y los intereses de los consumidores. Deben hacer pública en términos claros y comprensibles, por cualquier medio adecuado, en particular en su sitio web, información que demuestre el cumplimiento de los criterios de designación como entidad habilitada e información general sobre las fuentes de su financiación en general, la estructura de su organización, gestión y composición, su finalidad estatutaria y sus actividades.

(26)

Los Estados miembros deben poder establecer libremente con arreglo al Derecho nacional los criterios de designación que se apliquen a las entidades habilitadas para ejercitar acciones de representación nacionales. No obstante, los Estados miembros también deben poder aplicar los criterios de designación que se establecen en la presente Directiva para designar a las entidades habilitadas para ejercitar acciones de representación transfronterizas a las entidades habilitadas designadas únicamente para ejercitar acciones de representación nacionales.

(27)

Ninguno de los criterios aplicados para la designación de las entidades habilitadas para ejercitar acciones de representación nacionales o transfronterizas debe obstaculizar el funcionamiento efectivo de las acciones de representación tal como se establecen en la presente Directiva.

(28)

Los Estados miembros deben poder designar con antelación a entidades habilitadas para ejercitar acciones de representación. La presente Directiva no debería incentivar a los Estados miembros a introducir la posibilidad de designar a entidades habilitadas con carácter ad hoc. No obstante, a los efectos de las acciones de representación nacionales, los Estados miembros también deben poder designar a entidades habilitadas con carácter ad hoc para ejercitar una determinada acción de representación nacional. Debe existir la posibilidad de que dicha designación la realice el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa que conozca del asunto, incluso mediante aceptación, cuando proceda. Ahora bien, a los efectos de las acciones de representación transfronterizas, se necesitan unas salvaguardias comunes. Por lo tanto, las entidades habilitadas designadas con carácter ad hoc no deben poder ejercitar acciones de representación transfronterizas.

(29)

Debe corresponder al Estado miembro designante velar por que las entidades cumplan los criterios de designación como entidad habilitada para ejercitar acciones de representación transfronterizas, evaluar si la entidad habilitada sigue cumpliéndolos y, en caso necesario, revocar dicha designación. Los Estados miembros deben evaluar, al menos cada cinco años, si las entidades habilitadas siguen cumpliendo los criterios de designación.

(30)

En caso de que surjan dudas sobre el cumplimiento de los criterios de designación por parte de una entidad habilitada, el Estado miembro que la haya designado debe investigar al respecto y, en su caso, revocar la designación de esa entidad habilitada. Los Estados miembros deben designar puntos de contacto nacionales para transmitir y recibir solicitudes de investigación.

(31)

Los Estados miembros deben velar por que las entidades habilitadas que hayan sido designadas en otro Estado miembro para ejercitar acciones de representación transfronterizas puedan ejercitar dichas acciones de representación ante sus órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas. Por otra parte, las entidades habilitadas de distintos Estados miembros deben poder unir fuerzas en una única acción de representación ante un único foro, de conformidad con las correspondientes normas en materia de competencia judicial. Esto debe entenderse sin perjuicio de la prerrogativa del órgano jurisdiccional o autoridad administrativa que conozca del asunto de examinar si la acción de representación es apta para ser tramitada como acción de representación única.

(32)

Debe garantizarse el reconocimiento mutuo de la legitimación procesal de las entidades habilitadas designadas para ejercitar acciones de representación transfronterizas. La identidad de estas entidades habilitadas debe comunicarse a la Comisión, y la Comisión debe elaborar una lista de dichas entidades designadas y publicarla. La inclusión en la lista debe servir como prueba de la legitimación procesal de la entidad habilitada que ejercite la acción de representación. Esto debe entenderse sin perjuicio de la prerrogativa del órgano jurisdiccional o autoridad administrativa de examinar si la finalidad estatutaria de la entidad habilitada justifica que ejercite una acción en un caso concreto.

(33)

Las medidas de cesación tienen por objeto la protección de los intereses colectivos de los consumidores independientemente de cualquier pérdida, daño o perjuicio efectivo que pueda haber sufrido un consumidor concreto. Las medidas de cesación pueden obligar a los empresarios a hacer algo concreto, como proporcionar a los consumidores la información previamente omitida en contravención de alguna obligación legal. Una decisión sobre una medida de cesación no debe depender de que la práctica se realizase con dolo o por negligencia.

(34)

A la hora de ejercitar una acción de representación, la entidad habilitada debe proporcionar al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa información suficiente sobre los consumidores afectados por esa acción. Dicha información debe permitir al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa determinar si es competente y la ley aplicable. En los casos de responsabilidad civil, dicha obligación implicaría comunicar al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa el lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso que afecte a los consumidores. El grado de detalle de la información exigida puede diferir en función de la medida que solicite la entidad habilitada y de si se aplica un mecanismo de inclusión o exclusión voluntarias. Además, a la hora de ejercitar una acción de representación para obtener medidas de cesación, la posible suspensión o interrupción de los plazos de prescripción aplicables a las subsiguientes solicitudes para obtener soluciones obligaría a la entidad habilitada a proporcionar información suficiente sobre el grupo de consumidores afectados por la acción de representación.

(35)

Los Estados miembros deben velar por que las entidades habilitadas puedan solicitar medidas de cesación y medidas resarcitorias. A fin de garantizar la eficacia procesal de las acciones de representación, los Estados miembros deben poder disponer que las entidades habilitadas puedan solicitar medidas de cesación y medidas resarcitorias en una única acción de representación o en acciones de representación distintas. Si se piden en una única acción de representación, las entidades habilitadas deben poder solicitar todas las medidas pertinentes en el momento de ejercitar la acción de representación, o bien solicitar primero las medidas de cesación y, posteriormente, las medidas resarcitorias, si procede.

(36)

La entidad habilitada que ejercite la acción de representación que dispone la presente Directiva debe solicitar las medidas pertinentes, incluidas medidas resarcitorias, en interés y en nombre de los consumidores afectados por la infracción. La entidad habilitada debe tener los derechos y obligaciones procesales que corresponden a la parte demandante en el procedimiento. Debe corresponder a los Estados miembros la decisión de reconocer a los consumidores individuales afectados por la acción de representación determinados derechos en el marco de la acción de representación, pero esos consumidores individuales no pueden ser parte demandante en el procedimiento. Los consumidores individuales no deben poder interferir en ningún caso en las decisiones relativas al procedimiento que tomen las entidades habilitadas, solicitar individualmente pruebas en el marco del procedimiento ni recurrir individualmente las decisiones de procedimiento del órgano jurisdiccional o autoridad administrativa ante el que se ejercite la acción de representación. Tampoco deben tener obligaciones procesales en el marco de la acción de representación ni soportar las costas procesales, excepto en circunstancias excepcionales.

(37)

Ahora bien, los consumidores afectados por una acción de representación deben tener derecho a beneficiarse de esta. En las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias, los beneficios deben obtenerse en forma de soluciones, como la indemnización, la reparación, la sustitución, la reducción del precio, la resolución del contrato o el reembolso del precio pagado. En las acciones de representación para obtener medidas de cesación, el beneficio para los consumidores afectados sería la cesación o prohibición de la práctica que constituya una infracción.

(38)

En las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias, la parte perdedora debe soportar las costas procesales causadas por la parte vencedora, de conformidad con las condiciones y excepciones previstas en el Derecho nacional. No obstante, el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa no debe condenar en costas a la parte perdedora en la medida en que dichas costas se hayan causado innecesariamente. Los consumidores individuales afectados por una acción de representación no deben soportar las costas procesales. No obstante, en circunstancias excepcionales, debe ser posible que los consumidores individuales afectados por una acción de representación para obtener medidas resarcitorias puedan ser condenados a pagar las costas procesales causadas como consecuencia de la conducta dolosa o negligente de esos consumidores concretos, como prolongar el procedimiento con una conducta ilícita. Las costas procesales deben incluir, por ejemplo, todo gasto derivado del hecho de que cualquiera de las partes esté representada por un letrado u otro profesional de la Justicia, y todo coste derivado de la notificación o traslado o de la traducción de documentos.

(39)

A fin de evitar un ejercicio abusivo de la acción procesal, los Estados miembros deben adoptar nuevas normas o aplicar normas vigentes de Derecho nacional para que el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa pueda decidir desestimar los asuntos manifiestamente infundados tan pronto como reciba la información necesaria a fin de motivar dicha decisión. Los Estados miembros no deben estar obligados a introducir normas especiales aplicables a las acciones de representación, sino que deben poder aplicar las normas procesales generales, cuando estas cumplan el objetivo de evitar tal ejercicio abusivo.

(40)

Las medidas de cesación deben comprender medidas definitivas y medidas provisionales. Las medidas provisionales podrían consistir en medidas temporales, cautelares y preventivas para poner fin a una práctica en curso o prohibir una práctica en caso de que aún no se haya producido, pero exista el riesgo de que, de producirse, provoque daños o perjuicios graves o irreversibles a los consumidores. Las medidas de cesación también podrían consistir en medidas declarativas de que una práctica concreta constituye una infracción, en los casos en que esa práctica haya cesado antes de que se ejerciten acciones de representación, pero siga siendo necesario declarar que la práctica constituye una infracción, por ejemplo, para facilitar actuaciones de seguimiento de las medidas resarcitorias. Además, las medidas de cesación podrían consistir en la obligación de que el empresario que haya cometido la infracción publique total o parcialmente la resolución al respecto dictada por el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa, en la forma que se considere conveniente, o de que publique una declaración de rectificación.

(41)

Partiendo de la Directiva 2009/22/CE, los Estados miembros han de poder establecer la obligación de que toda entidad habilitada que vaya a ejercitar una acción de representación para obtener medidas de cesación emprenda una consulta previa con el fin de que el empresario de que se trate tenga la oportunidad de poner fin a la infracción que sería objeto de la acción de representación. Los Estados miembros deben poder exigir que dicha consulta previa se efectúe conjuntamente con un organismo público independiente designado por ellos. Cuando los Estados miembros hayan establecido una obligación de consulta previa, debe establecerse un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la solicitud de consulta, tras el cual, si no hubiera cesado la infracción, el solicitante debe poder ejercitar de inmediato una acción de representación para obtener una medida de cesación ante el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente. Estos requisitos podrían aplicarse también a las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias, de conformidad con el Derecho nacional.

(42)

Con la presente Directiva se persigue establecer un mecanismo procesal que no afecta a las normas que establecen derechos sustantivos de los consumidores a obtener soluciones contractuales y extracontractuales en caso de que sus intereses se hayan visto perjudicados por una infracción, como el derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la resolución del contrato, el reembolso, la sustitución, la reparación o la reducción del precio, según corresponda y se disponga de ellas en virtud del Derecho de la Unión o nacional. Solo debe ser posible ejercitar acciones de representación para obtener medidas resarcitorias según dispone la presente Directiva cuando el Derecho de la Unión o nacional prevea dichos derechos sustantivos. La presente Directiva no debe posibilitar que se impongan indemnizaciones punitivas al empresario que haya cometido la infracción, de conformidad con el Derecho nacional.

(43)

Los consumidores afectados por una acción de representación para obtener medidas resarcitorias deben tener oportunidades adecuadas, una vez ejercitada la acción de representación, de manifestar su voluntad de ser representados o no por la entidad habilitada para ejercitar esa acción de representación concreta, y de beneficiarse o no de sus correspondientes resultados. Para atenerse mejor a sus tradiciones jurídicas, los Estados miembros deben prever un mecanismo de inclusión voluntaria o de exclusión voluntaria, o una combinación de ambos. En un mecanismo de inclusión voluntaria, los consumidores deben estar obligados a manifestar expresamente su voluntad de ser representados por la entidad habilitada para ejercitar la acción de representación para obtener medidas resarcitorias. En un mecanismo de exclusión voluntaria, los consumidores deben estar obligados a manifestar expresamente su voluntad de no ser representados por la entidad habilitada para ejercitar la acción de representación para obtener medidas resarcitorias. Los Estados miembros deben poder decidir en qué fase del procedimiento los consumidores individuales pueden ejercitar su derecho a decidir ser incluidos o excluidos de la acción de representación.

(44)

Los Estados miembros que establezcan un mecanismo de inclusión voluntaria deben poder exigir que algunos consumidores se incluyan en la acción de representación para obtener medidas resarcitorias, antes de que esta se ejercite, siempre que otros consumidores tengan asimismo una posibilidad de inclusión una vez ejercitada dicha acción.

(45)

Ahora bien, para garantizar una buena administración de justicia y evitar resoluciones contradictorias, debe exigirse un mecanismo de inclusión voluntaria respecto de las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias cuando los consumidores afectados por la infracción no tengan su residencia habitual en el Estado miembro del órgano jurisdiccional o autoridad administrativa ante el que se ejercite la acción de representación. En tales situaciones, los consumidores deben estar obligados a manifestar expresamente su voluntad de ser representados en dicha acción de representación para quedar vinculados por el resultado de esta.

(46)

Cuando un consumidor manifieste expresa o tácitamente su voluntad de ser representado por una entidad habilitada para ejercitar una acción de representación para obtener medidas resarcitorias, con independencia de que dicha acción se ejercite en el contexto de un mecanismo de inclusión o exclusión voluntarias, no debe poder seguir siendo representado en otras acciones de representación con el mismo objeto y causa contra el mismo empresario, ni ejercitar acciones individuales con el mismo objeto y causa contra el mismo empresario. No obstante, esto no debe ser de aplicación cuando un consumidor, tras haber manifestado expresa o tácitamente su voluntad de ser representado en una acción de representación para obtener medidas resarcitorias, se excluya después voluntariamente de dicha acción de conformidad con el Derecho nacional, por ejemplo, cuando posteriormente un consumidor rechace quedar vinculado por un acuerdo.

(47)

Por motivos de diligencia y eficiencia, los Estados miembros, con arreglo al Derecho nacional, han de poder ofrecer a los consumidores la posibilidad de beneficiarse directamente de una medida resarcitoria después de que haya sido dictada, sin que se le exijan requisitos relativos a su participación previa en la acción de representación.

(48)

Los Estados miembros deben establecer normas para la coordinación entre acciones de representación, acciones individuales ejercitadas por los consumidores y cualquier otra acción destinada a proteger los intereses individuales y colectivos de los consumidores tal como se disponga en el Derecho de la Unión y nacional. Las medidas de cesación ordenadas en el marco de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de las acciones individuales para obtener medidas resarcitorias ejercitadas por consumidores perjudicados por la práctica objeto de las medidas de cesación.

(49)

Los Estados miembros deben obligar a las entidades habilitadas a proporcionar información suficiente para fundar las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias, incluida una descripción del grupo de consumidores afectados por la infracción y las cuestiones de hecho y de Derecho que deben resolverse en el marco de la acción de representación. La entidad habilitada no puede estar obligada a identificar individualmente a todos los consumidores afectados por la acción de representación para iniciar dicha acción. En las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias, el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa debe comprobar en la fase más temprana posible del procedimiento si el asunto es apto para serle sometido mediante una acción de representación, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las características de los daños o perjuicios sufridos por los consumidores afectados.

(50)

Las medidas resarcitorias deben identificar a los consumidores individuales o, al menos, describir el grupo de consumidores que tienen derecho a las soluciones que esas medidas resarcitorias proporcionan y, en su caso, indicar el método de cuantificación del daño o perjuicio y los trámites correspondientes que deban cumplir los consumidores y los empresarios para que se apliquen las soluciones. Los consumidores que tengan derecho a esas soluciones deben poder beneficiarse de ellas sin tener que iniciar un procedimiento distinto. Por ejemplo, la exigencia de un procedimiento distinto implica la obligación de que el consumidor ejercite una acción individual ante un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa para cuantificar el daño o perjuicio. Por el contrario, para que un consumidor pueda obtener sus soluciones, debe ser posible en el marco de la presente Directiva obligar a los consumidores a cumplir determinados trámites, como presentarse ante una entidad encargada de la ejecución de la medida resarcitoria.

(51)

Los Estados miembros deben establecer o mantener normas sobre plazos, como los de prescripción u otros límites temporales que deban cumplir los consumidores considerados individualmente para ejercitar su derecho a beneficiarse de las medidas resarcitorias. Los Estados miembros deben poder establecer normas sobre el destino de cualquier cuantía restante de fondos indemnizatorios que no se haya recuperado en los plazos establecidos.

(52)

Las entidades habilitadas deben ser totalmente transparentes frente a los órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas respecto de la fuente de financiación de sus actividades en general y respecto de los fondos que apoyen una acción de representación específica para obtener medidas resarcitorias. Esa transparencia es necesaria a fin de permitir que los órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas valoren si la financiación por terceros, en la medida en que lo permita el Derecho nacional, cumple las condiciones establecidas en la presente Directiva, si existe un conflicto de intereses entre el tercero financiador y la entidad habilitada que pueda suponer un riesgo de ejercicio abusivo de la acción procesal, y si la financiación por parte de un tercero que tenga un interés económico en el ejercicio o el resultado de la acción de representación para obtener medidas resarcitorias no aparta la acción de representación de la protección de los intereses colectivos de los consumidores. La información proporcionada por la entidad habilitada al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa debe permitir a estos valorar si el tercero podría influir indebidamente en las decisiones relativas al procedimiento de la entidad habilitada en el contexto del ejercicio de la acción de representación, incluidas decisiones sobre acuerdos, de tal manera que resulte perjudicial para los intereses colectivos de los consumidores afectados, y valorar si el tercero proporciona financiación para una acción de representación para obtener medidas resarcitorias contra un demandado que es competidor de ese tercero financiador o contra un demandado del que depende el tercero financiador. Se debe considerar que la financiación directa de una acción de representación concreta procedente de un empresario que opera en el mismo mercado que el demandado supone un conflicto de intereses, dado que el competidor podría tener un interés económico en el resultado de la acción de representación que no coincida con el interés del consumidor.

La financiación indirecta de una acción de representación por organizaciones financiadas mediante contribuciones iguales de sus miembros o mediante donaciones, incluidas las donaciones de empresarios en el marco de iniciativas de responsabilidad social de las empresas o de financiación colectiva, debe considerarse una financiación por terceros siempre que esta financiación cumpla los requisitos de transparencia, independencia y ausencia de conflictos de intereses. Si se confirma la existencia de un conflicto de intereses, el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa debe estar facultado para tomar las medidas adecuadas, como exigir a la entidad habilitada que rechace o modifique la financiación en cuestión y, en su caso, denegar la legitimación procesal de la entidad habilitada o inadmitir una acción de representación específica para obtener medidas resarcitorias. Esa denegación o inadmisión no debe afectar a los derechos de los consumidores afectados por la acción de representación.

(53)

En el marco de las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias, deben fomentarse los acuerdos colectivos destinados a resarcir a los consumidores que hayan sufrido un daño o perjuicio.

(54)

El órgano jurisdiccional o autoridad administrativa debe poder proponer al empresario y a la entidad habilitada que haya ejercitado la acción de representación para obtener medidas resarcitorias que entablen negociaciones con objeto de alcanzar un acuerdo sobre las soluciones que se ofrecerán a los consumidores afectados por la acción de representación.

(55)

Todo acuerdo alcanzado en el marco de una acción de representación para obtener medidas resarcitorias debe ser homologado por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, a menos que las condiciones del acuerdo no puedan cumplirse o que el acuerdo sea contrario a normas imperativas de Derecho nacional aplicables a la causa de la acción, para las que no exista posibilidad de excepción mediante cláusulas contractuales en detrimento de los consumidores. Por ejemplo, podría ser contrario a normas imperativas de Derecho nacional un acuerdo que expresamente mantenga inalterada una cláusula contractual por la que se otorgue al empresario el derecho exclusivo a interpretar cualquier otra cláusula de ese contrato.

(56)

Los Estados miembros deben poder establecer normas que permitan al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa rechazar también la homologación de un acuerdo cuando considere que no es equitativo.

(57)

Los acuerdos homologados deben ser vinculantes para la entidad habilitada, el empresario y los consumidores individuales afectados. No obstante, los Estados miembros deben poder establecer normas con arreglo a las cuales se ofrezca a los consumidores individuales afectados la posibilidad de aceptar un acuerdo o de rechazar quedar vinculado por este.

(58)

Para que una acción de representación resulte eficaz es esencial garantizar que los consumidores reciban información sobre ella. En sus sitios web, las entidades habilitadas deben informar a los consumidores acerca de las acciones de representación que hayan decidido ejercitar ante los órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas, acerca de la situación de las acciones de representación que hayan ejercitado y de los resultados de dichas acciones, para permitir a los consumidores tomar decisiones informadas sobre si quieren participar a efectos de una acción de representación y permitirles cumplir los trámites correspondientes en el momento oportuno. La información que las entidades habilitadas están obligadas a proporcionar a los consumidores debe incluir, cuando sea pertinente y adecuado, una explicación en lenguaje claro del objeto y de las consecuencias jurídicas posibles o reales de la acción de representación, la intención de la entidad habilitada de ejercitar la acción de representación, una descripción del grupo de consumidores afectados por la acción de representación, así como los trámites necesarios que deben cumplir los consumidores afectados, incluido el aseguramiento de las pruebas necesarias, a fin de que los consumidores puedan beneficiarse de las medidas de cesación, de las medidas resarcitorias o de los acuerdos homologados tal como se establece en la presente Directiva. Dicha información debe ser adecuada y proporcionada a las circunstancias del caso.

(59)

Sin perjuicio de la obligación de las entidades habilitadas de proporcionar información, los consumidores afectados deben recibir información sobre la acción de representación en curso para obtener medidas resarcitorias a fin de que puedan manifestar expresa o tácitamente su voluntad de ser representados en dicha acción. Los Estados miembros deben posibilitarlo adoptando normas adecuadas relativas a la difusión de información a los consumidores sobre las acciones de representación. Corresponde a los Estados miembros decidir quién debe encargarse de difundir la información.

(60)

Los consumidores deben ser informados asimismo de las resoluciones firmes por las que se dicten medidas de cesación o medidas resarcitorias o se homologuen acuerdos, de sus derechos una vez declarada una infracción y de todo trámite que deban cumplir posteriormente los consumidores afectados por la acción de representación, en particular para obtener resarcimiento. Los riesgos para la reputación asociados a la divulgación de información sobre la infracción también son importantes a la hora de disuadir a los empresarios de vulnerar los derechos de los consumidores.

(61)

Para que sea eficaz, la información sobre las acciones de representación en curso y las concluidas debe ser adecuada y proporcionada a las circunstancias del caso. Esta información puede facilitarse, por ejemplo, en el sitio web de la entidad habilitada o del empresario, en bases de datos electrónicas nacionales, en las redes sociales, en mercados en línea o en periódicos de gran difusión, incluidos los periódicos publicados exclusivamente por medios de comunicación electrónicos. Si es posible y adecuado, se debe informar a los consumidores individualmente mediante carta transmitida por medios electrónicos o en formato papel. Esta información debe proporcionarse, previa solicitud, en formatos accesibles para personas con discapacidad.

(62)

Corresponde al empresario que haya cometido la infracción informar, a su cargo, a todos los consumidores afectados, sobre las medidas de cesación y las medidas resarcitorias definitivas. El empresario debe informar asimismo a los consumidores de todo acuerdo homologado por un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa. Los Estados miembros deben poder adoptar normas con arreglo a las cuales dicha obligación dependa de la solicitud de la entidad habilitada. Si, con arreglo al Derecho nacional, es la entidad habilitada o el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa quien debe proporcionar a los consumidores afectados por la acción de representación la información sobre las resoluciones firmes y los acuerdos homologados, el empresario no debe tener que facilitársela de nuevo. Corresponde a la entidad habilitada informar a los consumidores afectados sobre las resoluciones firmes de inadmisión o de desestimación de las acciones de representación para obtener medidas resarcitorias.

(63)

Los Estados miembros deben poder crear bases de datos electrónicas nacionales, de acceso público a través de sitios web que proporcionen información sobre las entidades habilitadas designadas con antelación para ejercitar acciones de representación nacionales y transfronterizas, así como información general sobre las acciones de representación en curso y concluidas.

(64)

Los Estados miembros deben velar por que la resolución firme de un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa de cualquier Estado miembro que declare la existencia de una infracción que perjudique los intereses colectivos de los consumidores pueda ser alegada por todas las partes como prueba en el contexto de cualquier otra acción ante los órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas de dichos Estados miembros, con objeto de obtener medidas resarcitorias contra el mismo empresario por la misma práctica. En consonancia con la independencia del poder judicial y la libre valoración de la prueba, esto debe entenderse sin perjuicio de la normativa nacional sobre valoración de la prueba.

(65)

Por lo general, los plazos de prescripción se suspenden cuando se ejercita una acción. Sin embargo, las acciones para obtener medidas de cesación no tienen necesariamente ese efecto respecto a las medidas resarcitorias subsiguientes que puedan derivarse de la misma infracción. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que una acción de representación en curso para obtener medidas de cesación tenga por efecto suspender o interrumpir los plazos de prescripción aplicables a los consumidores afectados por la acción de representación, de manera que no se impida a esos consumidores el ejercicio posterior, ya sea por sí mismos o representados por una entidad habilitada, de una acción para obtener medidas resarcitorias por la presunta infracción, debido a la expiración de los plazos de prescripción en el transcurso de la acción de representación para obtener medidas de cesación. A la hora de ejercitar una acción de representación para obtener medidas de cesación, la entidad habilitada debe determinar suficientemente el grupo de consumidores cuyos intereses se vean afectados por la presunta infracción, los cuales podrían tener una pretensión derivada de esta y a los que podría afectar la expiración de los plazos de prescripción durante dicha acción de representación. A fin de disipar toda duda, también una acción de representación en curso para obtener medidas resarcitorias debe tener efectos suspensivos o interrumpir los plazos de prescripción aplicables respecto de los consumidores afectados por la acción de representación.

(66)

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la suspensión o interrupción de los plazos de prescripción fijados de conformidad con la presente Directiva solo debe aplicarse a las pretensiones de resarcimiento frente a infracciones cometidas el 25 de junio de 2023 o después de esta fecha. Ello no debe impedir que las disposiciones nacionales en materia de suspensión o interrupción de los plazos de prescripción que eran de aplicación antes del 25 de junio de 2023 se apliquen a las pretensiones de resarcimiento frente a infracciones cometidas antes de dicha fecha.

(67)

Las acciones de representación para obtener medidas de cesación deben tratarse con la debida diligencia procesal. Cuando la infracción se esté produciendo, la necesidad de diligencia podría ser mayor. Las acciones de representación para obtener medidas de cesación con efecto provisional deben tramitarse mediante un procedimiento acelerado para evitar que la infracción cause algún daño o perjuicio o lo agrave, en su caso.

(68)

Las pruebas son esenciales para determinar si una acción de representación para obtener medidas de cesación o medidas resarcitorias está fundada. Sin embargo, las relaciones entre empresa y consumidor se caracterizan a menudo por la asimetría de la información y las pruebas necesarias pueden estar exclusivamente en poder del empresario, de manera que sean inaccesibles para la entidad habilitada. Por tanto, las entidades habilitadas deben tener derecho a pedir al órgano jurisdiccional o autoridad administrativa que ordene al empresario exhibir las pruebas pertinentes para su pretensión. Por otra parte, teniendo en cuenta el principio de igualdad de armas, el empresario debe tener un derecho similar a solicitar pruebas que obren en poder de la entidad habilitada. La necesidad, el alcance y la proporcionalidad de las órdenes de exhibir pruebas deben ser valorados detenidamente por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa que conozca de la acción de representación, de conformidad con el Derecho procesal nacional, teniendo en cuenta la protección de los intereses legítimos de terceros y conforme a las normas de la Unión y nacionales aplicables en materia de confidencialidad.

(69)

Con el fin de garantizar la eficacia de las acciones de representación, los empresarios que hayan cometido una infracción deben enfrentarse a sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas por incumplimiento o negativa a cumplir una medida de cesación. Los Estados miembros deben velar por que dichas sanciones puedan consistir en multas, por ejemplo, multas condicionales, pagos periódicos o multas coercitivas. También debe haber sanciones por incumplimiento o negativa a cumplir una orden de proporcionar información a los consumidores afectados sobre las resoluciones o acuerdos que hayan cobrado firmeza, o por incumplimiento o negativa a cumplir una orden de exhibir pruebas. También se debe poder aplicar otro tipo de sanciones, como, por ejemplo, consecuencias procesales, a la negativa a cumplir una orden de exhibir pruebas.

(70)

Teniendo en cuenta que las acciones de representación persiguen el interés público mediante la protección de los intereses colectivos de los consumidores, los Estados miembros deben mantener o adoptar medidas con objeto de garantizar que los costes asociados a los procedimientos no sean un obstáculo para que las entidades habilitadas ejerciten acciones de representación en el marco de la presente Directiva. Dichas medidas podrían incluir la limitación de las tasas judiciales o administrativas aplicables, conceder a las entidades habilitadas acceso a asistencia jurídica, cuando sea necesario, o facilitarles financiación pública para el ejercicio de acciones de representación, incluido apoyo estructural u otros medios de apoyo. No obstante, no debe exigirse a los Estados miembros que financien las acciones de representación.

(71)

La cooperación y el intercambio de información entre entidades habilitadas de diferentes Estados miembros han demostrado ser útiles, especialmente a la hora de abordar infracciones transfronterizas. Es necesario mantener las medidas de desarrollo de las capacidades y cooperación, y ampliarlas a un mayor número de entidades habilitadas en el conjunto de la Unión, con el fin de aumentar el ejercicio de las acciones de representación con implicaciones transfronterizas.

(72)

A los efectos de la evaluación de la presente Directiva, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión datos sobre las acciones de representación ejercitadas con arreglo a la presente Directiva. Los Estados miembros deben proporcionar información sobre el número y el tipo de acciones de representación ejercitadas cuyos procedimientos hayan concluido ante sus órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas. También debe proporcionarse información sobre el resultado de las acciones de representación, como por ejemplo si fueron admitidas y si prosperaron o concluyeron en un acuerdo homologado. Con el fin de aliviar la carga administrativa de los Estados miembros en el cumplimiento de esas obligaciones, debe ser suficiente proporcionar a la Comisión información general sobre el tipo de infracciones y las partes, en particular en relación con las medidas de cesación. En cuanto a las partes, por ejemplo, debe bastar con informar a la Comisión de si la entidad habilitada era una organización de consumidores o un organismo público y sobre el ámbito de actividad del empresario, por ejemplo, servicios financieros. Como alternativa, los Estados miembros deben poder facilitar a la Comisión copias de las resoluciones o acuerdos pertinentes. No debe proporcionarse información sobre la identidad concreta de los consumidores afectados por las acciones de representación.

(73)

La Comisión debe elaborar un informe, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa, en el que se evalúe si las acciones de representación transfronterizas podrían abordarse mejor a escala de la Unión, mediante la creación de un Defensor del Pueblo Europeo en materia de acciones de representación para obtener medidas de cesación y medidas resarcitorias.

(74)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta. Por consiguiente, la presente Directiva debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, incluidos los relativos al derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio equitativo, así como al derecho de defensa.

(75)

Por lo que respecta a la normativa medioambiental, la presente Directiva tiene en cuenta el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («Convenio de Aarhus»).

(76)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que en todos los Estados miembros se disponga de un mecanismo de acción de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, con el fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las implicaciones transfronterizas de las infracciones, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(77)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (9), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(78)

Conviene establecer normas para la aplicación temporal de la presente Directiva.

(79)

Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 2009/22/CE.

(1)

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (en lo sucesivo, «Convenio») entró en vigor en 1992 y fue celebrado por la Unión mediante la Decisión 93/98/CEE del Consejo (1).

(2)

El Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) aplica en la Unión el Convenio y la Decisión C(2001) 107/FINAL del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relativa a la revisión de la Decisión C(92)39/FINAL sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de valorización (en lo sucesivo, «Decisión de la OCDE»). Las operaciones de eliminación relacionadas en el anexo IV del Convenio se recogen en varios actos de la Unión, entre otros, en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(3)

En virtud del Convenio, la Conferencia de las Partes debe examinar y adoptar, según proceda, las enmiendas al Convenio. Las enmiendas al Convenio deben adoptarse en una reunión de la Conferencia de las Partes.

(4)

La Conferencia de las Partes, en su decimoquinta reunión programada para tener lugar en julio de 2021, examinará, de conformidad con el artículo 18 del Convenio, propuestas presentadas por la Unión o por cualesquiera otras Partes en el Convenio, de enmiendas de los anexos II, IV, VIII y IX del Convenio.

(5)

Debe presentarse una propuesta en nombre de la Unión para modificar el anexo IV del Convenio, con objeto de incluir una introducción general que distinga claramente los términos «que no son de recuperación» y «de recuperación» y aclarar que están incluidas todas las operaciones de eliminación que se realizan o podrían realizarse en la práctica independientemente de su situación legal y de que se consideren ambientalmente correctas, así como las operaciones previas a otras operaciones; incluir un encabezado y un texto introductorio en los que se explique qué se entiende por operaciones que no son de recuperación (sección A del anexo IV) y por operaciones de recuperación (sección B del anexo IV); actualizar y aclarar las descripciones de las operaciones en función de la evolución científica, técnica y de otro tipo desde la adopción del Convenio en 1989, y garantizar, mediante la introducción de disposiciones genéricas, que los requisitos del Convenio se apliquen a todas las operaciones no mencionadas específicamente.

(6)

Las descripciones de las operaciones de eliminación contenidas en el anexo IV del Convenio son generales y podrían aclararse más. La Unión debe, por tanto, proponer la elaboración de explicaciones u orientaciones por la Conferencia de las Partes para aclarar el contenido de esas operaciones, o apoyar una propuesta de esa índole proveniente de otras Partes. Esas explicaciones u orientaciones deben contener aclaraciones y ejemplos de las operaciones abarcadas, y no deben incluirse en el texto del Convenio. Tales explicaciones u orientaciones deben adoptarse preferentemente antes de que entren en vigor las enmiendas del anexo IV del Convenio.

(7)

Las propuestas relativas al anexo IV del Convenio tienen por objeto garantizar que los mecanismos de control adecuados del Convenio sean plenamente aplicables y, por tanto, si se adoptan, mejorarán los controles de los envíos de desechos; facilitar la prevención de envíos ilícitos; aumentar la claridad jurídica y conseguir un entendimiento e interpretación comunes de las operaciones de eliminación por las Partes en el Convenio; y contribuir al manejo ambientalmente racional de los desechos a nivel mundial y a la transición hacia una economía circular en todo el mundo.

(8)

Como consecuencia de la propuesta de modificación del anexo IV del Convenio, deben presentarse propuestas en nombre de la Unión para modificar las entradas sobre desechos plásticos de los anexos II y IX del Convenio, pues hacen referencia a determinada operación de eliminación contemplada en el anexo IV del Convenio.

(9)

La Unión debe apoyar en principio las enmiendas que propongan otras Partes en el Convenio en relación con la lista de operaciones de eliminación que figura en el anexo IV del Convenio, las entradas correspondientes a los desechos de equipos eléctricos y electrónicos relacionados actualmente en los anexos VIII y IX del Convenio y las nuevas entradas propuestas para dichos desechos en el anexo II (categorías de desechos que requieren una consideración especial) del Convenio, siempre que permitan alcanzar los mismos objetivos que los de la propuestas de la Unión relativas al anexo IV del Convenio.

(10)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes respecto a las propuestas de modificación por otras Partes en el Convenio, del anexo IV y determinadas entradas de los anexos II, VIII y IX del mismo, dado que el acto previsto (modificación de los anexos del Convenio) será vinculante para la Unión y afectará al ámbito de aplicación y al contenido del Derecho de la Unión, en particular, al Reglamento (CE) n.o 1013/2006 y la Directiva 2008/98/CE.

(11)

Procede mantener la situación actual en relación con los traslados de desechos de equipos eléctricos y electrónicos no peligrosos dentro de la Unión y en el Espacio Económico Europeo (EEE) y, por consiguiente, no utilizar el sistema de control resultante de la posible incorporación de nuevas entradas en el anexo II del Convenio para tales envíos. A tal fin, la Unión, en la medida en que sea necesario, debe recurrir a los procedimientos establecidos en la Decisión de la OCDE, sin perjuicio de la notificación efectuada de conformidad con el artículo 11 del Convenio, a fin de garantizar que no se imponga ningún control adicional a los traslados de desechos no peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos dentro de la Unión y en el EEE como consecuencia de la adopción de enmiendas del anexo II del Convenio.

(1)

El Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa («Convenio») fue celebrado por la Unión en virtud de la Decisión 82/72/CEE (1) del Consejo, y entró en vigor el 1 de septiembre de 1982.

(2)

De conformidad con el Convenio, el Comité Permanente creado por el Convenio (en lo sucesivo, «Comité Permanente») puede adoptar enmiendas a los artículos 13 a 24 del Convenio para su presentación al Comité de Ministros del Consejo de Europa (en lo sucesivo, «Comité de Ministros») para su aprobación y, posteriormente, a las Partes contratantes (en lo sucesivo, «Partes») para su aceptación.

(3)

De conformidad con el Convenio, el Comité Permanente queda encargado del seguimiento de la aplicación del Convenio y, en particular, puede formular propuestas para mejorar la eficacia del Convenio.

(4)

Durante su cuadragésima reunión de los días 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2020, el Comité Permanente debe adoptar decisiones sobre la modificación del Convenio para introducir cláusulas financieras y sobre el establecimiento de un acuerdo parcial ampliado relativo al Fondo para la aplicación del Convenio.

(5)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Comité Permanente, ya que sus decisiones son actos que surten efectos jurídicos.

(6)

La Secretaría del Convenio (en lo sucesivo, «Secretaría») ha presentado una propuesta de enmienda del Convenio para introducir un mecanismo financiero mediante el cual el Comité Permanente determinará una escala de contribuciones financieras obligatorias de las Partes para complementar la asignación presupuestaria ordinaria del Consejo de Europa.

(7)

De conformidad con el Convenio, las enmiendas al mismo, tienen que ser aprobadas primero por el Comité de Ministros y posteriormente entrarán en vigor para todas las Partes el trigésimo día desde la notificación de su aceptación por todas las Partes.

(8)

La Secretaría también ha presentado una propuesta para reforzar la cooperación intergubernamental para la aplicación del Convenio mediante el establecimiento de un acuerdo parcial ampliado, que incluiría una contribución financiera obligatoria para las Partes en dicho acuerdo parcial ampliado.

(9)

De conformidad con el Estatuto del Consejo de Europa y la Guía del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre procedimientos y métodos de trabajo, tras una decisión del Comité Permanente, el acuerdo parcial ampliado propuesto entrará en vigor para todas las partes en el mismo tras su adopción por el Comité de Ministros por mayoría de dos tercios de los representantes que emitan un voto y por una mayoría de los representantes con derecho a formar parte del Comité de Ministros, una vez alcanzado un número mínimo de firmantes.

(10)

Una vez adoptado el acuerdo parcial ampliado, corresponderá a las Partes en el Convenio decidir si se convierten en partes en el mismo.

(11)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de cualquier futura decisión del Consejo sobre la conveniencia de que la Unión se convierta en parte en el acuerdo parcial ampliado propuesto.

(12)

Teniendo en cuenta la disminución de la financiación proporcionada a través de la contribución ordinaria del Consejo de Europa, así como la disminución de las contribuciones voluntarias de las Partes, existe una necesidad acuciante de establecer una fuente de financiación segura y fiable para el funcionamiento del Convenio.

(13)

Una enmienda del Convenio para introducir un mecanismo financiero se ajusta a la manera en que se financian otros acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente y garantizaría una contribución justa de todas las Partes en el Convenio. Sin embargo, el texto para la enmienda deja incertidumbre en lo que respecta al mecanismo financiero que debe establecerse, en particular en lo que se refiere a la distinción entre presupuesto de base y presupuesto programático, y en cuanto al nivel de las contribuciones necesarias.

(14)

El apoyo de la Unión a una enmienda del Convenio para introducir un mecanismo financiero deberá estar sujeta al procedimiento establecido en el artículo 218, apartados 2 a 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(15)

El período de tiempo necesario para la negociación y entrada en vigor de una enmienda al Convenio indica la necesidad de una solución financiera más inmediata para que el Convenio de Berna pueda seguir funcionando eficazmente entretanto. Dicha necesidad se conseguiría con el acuerdo parcial ampliado propuesto.

(16)

Así pues, la posición del Consejo deberá ser la de proponer una moción para aplazar la decisión sobre la modificación del Convenio, y en apoyar el establecimiento de un acuerdo parcial ampliado.

(1)

El Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE de la SADC, por otra (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), fue firmado por la Unión y sus Estados miembros el 10 de junio de 2016.

(2)

A la espera de su entrada en vigor, el Acuerdo se ha aplicado de forma provisional entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Botsuana, el Reino de Lesoto, la República de Namibia, la República de Sudáfrica y el antiguo Reino de Suazilandia, actualmente Reino de Esuatini, por otra, desde el 10 de octubre de 2016, y entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Mozambique, por otra, desde el 4 de febrero de 2018.

(3)

De conformidad con el artículo 102, apartado 1, del Acuerdo, el Consejo Conjunto de la UE y los Estados del AAE de la SADC (en lo sucesivo, «Consejo Conjunto») tiene el poder de adoptar decisiones con respecto a todas las cuestiones cubiertas por el Acuerdo.

(4)

El artículo 35 del Acuerdo prevé la posibilidad de que la Unión Aduanera del África Meridional (en lo sucesivo, «UAAM») aplique una medida de salvaguardia en forma de un derecho de importación si, durante un período dado de doce meses, el volumen de importaciones en la UAAM de un producto agrícola contemplado en el anexo IV del Acuerdo y originario de la Unión supera la cantidad de referencia para el producto indicada en dicho anexo.

(5)

La nota a pie de página 1 del anexo IV del Acuerdo prevé que determinadas cantidades de referencia para las líneas arancelarias señaladas con un asterisco deben ajustarse proporcionalmente en caso de que el Acuerdo entre en vigor después de 2015.

(6)

Procede establecer la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el Consejo Conjunto, dado que esta decisión del ajuste de determinadas cantidades de referencia de los productos que figuran en el anexo IV del Acuerdo será vinculante para la Unión.