(1)

La Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) exige que cada Estado miembro establezca una autoridad nacional de seguridad encargada de las funciones especificadas en relación con la seguridad ferroviaria. Según dicha Directiva, una autoridad nacional de seguridad puede ser un organismo establecido unilateralmente por el Estado miembro de que se trate o, alternativamente, un organismo al que varios Estados miembros hayan encomendado tales funciones para garantizar un régimen unificado de seguridad.

(2)

El Tratado entre Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la construcción y la explotación por concesionarios privados de una conexión fija a través del canal de la Mancha, firmado en Canterbury el 12 de febrero de 1986 (en lo sucesivo, «Tratado de Canterbury»), estableció una Comisión Intergubernamental para supervisar todas las cuestiones relativas a la construcción y la explotación de dicha conexión fija (en lo sucesivo, «Comisión Intergubernamental»).

(3)

Hasta el final del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (4) (en lo sucesivo, «período transitorio»), la Comisión Intergubernamental es la autoridad nacional de seguridad, en el sentido de la Directiva (UE) 2016/798, responsable de la conexión fija a través del canal de la Mancha.

(4)

A partir del final del período transitorio, la Comisión Intergubernamental será un organismo constituido mediante un acuerdo internacional entre un Estado miembro, a saber, Francia, y un tercer país, a saber, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido»). A no ser que en un acuerdo internacional que vincule al Reino Unido se disponga otra cosa, dejará de ser una autoridad nacional de seguridad con arreglo al Derecho de la Unión, y este Derecho dejará de ser aplicable a la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción del Reino Unido.

(5)

Para garantizar la explotación segura y eficiente de la conexión fija a través del canal de la Mancha procede que la Comisión Intergubernamental continúe siendo la única autoridad responsable de la seguridad de toda la infraestructura.

(6)

A tal efecto, la Decisión (UE) 2020/1531 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) faculta a Francia, en determinadas condiciones, para negociar, firmar y celebrar un acuerdo internacional que complete el Tratado de Canterbury y mantenga a la Comisión Intergubernamental como única autoridad de seguridad competente para la aplicación del Derecho de la Unión en la conexión fija a través del canal de la Mancha.

(7)

A tal efecto, deben adoptarse normas específicas en relación con las autoridades de seguridad específicas, así como con la obligación de que el Estado miembro adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la autoridad de seguridad específica o, en su defecto, su autoridad nacional de seguridad aplique en todo momento el Derecho de la Unión.

(8)

La resolución de litigios entre el Estado miembro y el tercer país en materia de seguridad ferroviaria puede plantear cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión. En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe ser competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre tales cuestiones.

(9)

La Directiva (UE) 2016/798 debe por lo tanto modificarse en consecuencia.

(10)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar la explotación segura y eficiente de la conexión fija a través del canal de la Mancha tras concluir el período transitorio, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(11)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

El Tratado entre Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la construcción y la explotación por concesionarios privados de una conexión fija a través del canal de la Mancha, firmado en Canterbury el 12 de febrero de 1986 (en lo sucesivo, «Tratado de Canterbury»), estableció una Comisión Intergubernamental para supervisar todas las cuestiones relativas a la construcción y la explotación de dicha conexión fija (en lo sucesivo, «Comisión Intergubernamental»).

(2)

Hasta el final del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (3) (en lo sucesivo, «período transitorio»), la Comisión Intergubernamental es un organismo al que varios Estados miembros han encomendado las funciones relativas a la seguridad ferroviaria con respecto a la conexión fija a través del canal de la Mancha. A este respecto, la Comisión Intergubernamental es, por consiguiente, la autoridad nacional de seguridad en el sentido de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). En calidad de tal, aplica las disposiciones del Derecho de la Unión pertinentes en materia de seguridad ferroviaria y, al amparo de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), de interoperabilidad ferroviaria.

(3)

Al concluir el período transitorio, la Comisión Intergubernamental será un organismo constituido mediante un acuerdo internacional entre un Estado miembro, a saber, Francia, y un tercer país, a saber, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido»). Además, y a no ser que un acuerdo internacional que vincule al Reino Unido disponga otra cosa, el Derecho de la Unión dejará de ser aplicable a la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción del Reino Unido.

(4)

Un acuerdo internacional con un tercer país sobre la aplicación de las normas de seguridad e interoperabilidad ferroviarias en situaciones transfronterizas puede afectar a una zona sometida en gran medida al Derecho de la Unión, y en particular al Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798. Por lo tanto, todo acuerdo de este tipo corresponde al ámbito de la competencia externa exclusiva de la Unión. De conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros únicamente pueden negociar o celebrar tales acuerdos si son facultados por la Unión para hacerlo. Debido a la interacción con la legislación existente de la Unión, es también necesario que el legislador de la Unión otorgue tales poderes de conformidad con el procedimiento legislativo contemplado en el artículo 91 del TFUE.

(5)

Mediante carta de 16 de julio de 2020, Francia solicitó a la Unión que le otorgara poderes para negociar y celebrar un acuerdo internacional con el Reino Unido que completase el Tratado de Canterbury.

(6)

Para garantizar la explotación segura y eficiente de la conexión fija a través del canal de la Mancha, procede mantener la Comisión Intergubernamental como la única autoridad de seguridad responsable de toda la infraestructura. Teniendo en cuenta el caso especial de la conexión fija a través del canal de la Mancha como enlace ferroviario que implica una estructura de ingeniería única y compleja situada en parte en el territorio de Francia y en parte en el territorio de un tercer país, es adecuado facultar a Francia para negociar, firmar y celebrar un acuerdo internacional con el Reino Unido relativo a la aplicación de las normas de seguridad ferroviaria de la Unión a la conexión fija a través del canal de la Mancha con el fin de mantener un régimen unificado de seguridad, a reserva de determinadas condiciones.

(7)

La Comisión Intergubernamental puede desempeñar el papel de autoridad nacional de seguridad responsable de la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de Francia, siempre que se modifique la Directiva (UE) 2016/798 y se cumplan determinadas condiciones.

(8)

La Comisión Intergubernamental debe aplicar las mismas normas a toda la conexión fija a través del canal de la Mancha. Tales normas deben ser las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/796 y las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798, según hayan sido modificados o sustituidos por otros actos, así como de los actos que se adopten sobre la base de dichos actos jurídicos.

(9)

De conformidad con el Tratado de Canterbury, los litigios entre Francia y el Reino Unido relativos a la interpretación o a la aplicación de dicho Tratado han de ser resueltos por un tribunal de arbitraje. Si en tales litigios se plantean cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión, a fin de garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión, el tribunal de arbitraje debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») que se pronuncie con cáracter prejudicial sobre tales cuestiones y debe quedar vinculado por la resolución de este último.

(10)

Es necesario establecer normas específicas en relación con la aplicación del Derecho de la Unión en la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de Francia, a fin de garantizar que el Derecho de la Unión se aplique correctamente en todo momento y que la Comisión pueda supervisar su aplicación bajo el control del Tribunal de Justicia, incluso en circunstancias de urgencia o en caso de que la Comisión Intergubernamental no cumpla una resolución del tribunal de arbitraje. Para ello, Francia debe conservar el derecho a actuar unilateralmente, en caso necesario, para garantizar la plena, correcta y rápida aplicación del Derecho de la Unión en la parte de la conexión fija bajo su jurisdicción.

(11)

Con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos sometidos al Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales a los que se aplique el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) deben tener competencia exclusiva en relación con las solicitudes presentadas por concesionarios y usuarios de la conexión fija a través del canal de la Mancha contra decisiones de la Comisión Intergubernamental.

(12)

Los elementos descritos en los considerandos 8 a 11 deben reflejarse en los acuerdos internacionales entre Francia y el Reino Unido relativos a la conexión fija a través del canal de la Mancha. Tales acuerdos internacionales deben ser compatibles con el Derecho de la Unión en todos los aspectos.

(1)

Mediante la Decisión 87/369/CEE del Consejo (1), la Unión aprobó el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (2), así como su Protocolo de enmienda (3) (en lo sucesivo, «Convenio del Sistema Armonizado»), por el que se creó el Comité del Sistema Armonizado (CSA).

(2)

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Convenio del Sistema Armonizado, el CSA está encargado, entre otras funciones, de preparar notas explicativas, criterios de clasificación y otros criterios para la interpretación del Sistema Armonizado, así como de preparar recomendaciones para asegurar la interpretación y aplicación uniforme del Sistema Armonizado.

(3)

Se espera que, en su sesión de septiembre de 2020, el CSA decida sobre los criterios de clasificación, las decisiones de clasificación, las modificaciones de las notas explicativas u otros criterios para la interpretación del Sistema Armonizado y sobre las recomendaciones para garantizar la uniformidad en la interpretación del Sistema Armonizado en el marco del Convenio del Sistema Armonizado.

(4)

Es importante recordar que, de conformidad con jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aras de la seguridad jurídica y de la facilidad de verificación, el criterio decisivo para la clasificación de las mercancías a efectos aduaneros debe buscarse, en general, en sus características y propiedades objetivas, tal como se definen en el texto de la partida correspondiente de la nomenclatura aduanera y de las notas de la sección y capítulo correspondientes.

(5)

Teniendo en cuenta los criterios de clasificación, las decisiones de clasificación, las modificaciones de las notas explicativas y otros criterios para la interpretación del Sistema Armonizado, y las recomendaciones para asegurar la interpretación uniforme del Convenio del Sistema Armonizado, procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión, ya que, una vez aceptados, dichos criterios de clasificación, y determinadas de dichas decisiones de clasificación y modificaciones se publicarán en una comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 34, apartado 7, letra a), inciso iii), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y serán aplicables a los Estados miembros. Esta posición se expresará en el seno del CSA.

(6)

La presente Decisión completa la Decisión (UE) 2020/1410 del Consejo (5).