(1)

El 29 de septiembre de 2015, el Consejo autorizó a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a iniciar negociaciones con la República de Armenia sobre un acuerdo marco.

(2)

Las negociaciones culminaron con éxito y el Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra (en lo sucesivo, «Acuerdo») fue rubricado el 21 de marzo de 2017.

(3)

El Acuerdo se firmará en nombre de la Unión y se aplicará de manera provisional de conformidad con su artículo 385, a la espera de su entrada en vigor en una fecha posterior.

(4)

El Acuerdo abarca también asuntos que entran en el ámbito de competencias de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(5)

La firma y la celebración del Acuerdo están sujetas a un procedimiento por separado en lo que respecta a los asuntos que entran en el ámbito de aplicación del Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(6)

Por consiguiente, el Acuerdo debe celebrarse también en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en lo que respecta a los asuntos que entran en el ámbito de aplicación del Tratado Euratom.

(7)

Con arreglo al artículo 102 del Tratado Euratom, el Acuerdo no podrá entrar en vigor para la Comunidad Europea de la Energía Atómica hasta que los Estados miembros hayan notificado a la Comisión Europea que el Acuerdo resulta aplicable de conformidad con las disposiciones de sus Derechos internos respectivos.

(8)

Debe aprobarse la celebración del Acuerdo por la Comisión Europea, actuando en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en lo que respecta a los asuntos que son competencia de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(1)

Una serie de normas sobre ayudas estatales adoptadas en el marco de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales de 2012 expirarán al término de 2020. En concreto, los Reglamentos (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión (2) y (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (3) expirarán el 31 de diciembre de 2020.

(2)

En aras de la previsibilidad y la seguridad jurídica, al tiempo que se prepara la posible futura actualización de la normativa sobre ayudas estatales adoptada en el marco de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales, la Comisión debe adoptar una serie de medidas en dos etapas.

(3)

En una primera etapa, la Comisión debe prorrogar el período de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, que de lo contrario expirarían al término de 2020. En una segunda etapa, en consonancia con sus Directrices para la mejora de la legislación (4), la Comisión ha de evaluar esas normas junto con las demás normas sobre ayudas estatales adoptadas en el marco de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales. La Comisión inició la evaluación de esas normas el 7 de enero de 2019 en forma de «control de adecuación». En el contexto del Pacto Verde Europeo (5) y de la Agenda Digital para Europa, la Comisión ya ha anunciado su intención de revisar una serie de directrices para finales de 2021. Sobre esta base, la Comisión decidirá si procede volver a prorrogar o actualizar las normas.

(4)

Teniendo en cuenta el gran alcance del ejercicio de control de adecuación y el hecho de que los resultados de las evaluaciones no estarán disponibles antes de finales de 2020, es imposible adoptar a tiempo una decisión política acerca de la configuración de las normas sobre ayudas estatales después de 2020 que proporcione seguridad jurídica y estabilidad a las partes interesadas en lo que respecta a las normas aplicables después de 2020. Por tanto, la prórroga es necesaria para permitir una evaluación adecuada de la normativa sobre ayudas estatales y asegurar su previsibilidad y estabilidad de cara a los Estados miembros.

(5)

Habida cuenta de lo anterior, el período de aplicación de los Reglamentos (UE) n.o 1407/2013 y (UE) n.o 651/2014 debe prorrogarse por un período de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2023.

(6)

Procede, pues, modificar los Reglamentos (UE) n.o 1407/2013 y (UE) n.o 651/2014 en consecuencia.

(7)

Es posible que, como consecuencia de la prórroga del período de aplicación del Reglamento (UE) n.o 651/2014, haya Estados miembros que deseen prolongar la vigencia de medidas de ayuda exentas en virtud de dicho Reglamento y sobre las que se haya presentado información resumida de conformidad con su artículo 11, letra a). En aras de la transparencia, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión la información resumida actualizada sobre la prórroga de tales medidas.

(8)

Los regímenes establecidos al amparo del capítulo III, secciones 1 (a excepción del artículo 15), 2, 3, 4, 7 (a excepción del artículo 44) y 10, del Reglamento (UE) n.o 651/2014, con un presupuesto anual medio en ayudas estatales superior a 150 millones EUR, que hayan estado exentos durante un período superior a seis meses con arreglo a una decisión de la Comisión y que el Estado miembro respectivo desee prorrogar después del 31 de diciembre de 2020 deben seguir exentos hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre y cuando los Estados miembros hayan facilitado a la Comisión la información resumida actualizada y hayan presentado un informe de evaluación final acorde con el plan de evaluación aprobado por la Comisión.

(9)

A la vista de las consecuencias económicas y financieras del brote de COVID-19 en las empresas y a fin de garantizar la coherencia con la respuesta política general adoptada por la Comisión, especialmente en el período 2020-2021, el Reglamento (UE) n.o 651/2014 debe modificarse en consecuencia. En particular, las empresas que, como consecuencia del brote de COVID-19, hayan pasado a ser empresas en crisis deben seguir siendo subvencionables en virtud de dicho Reglamento durante un período limitado. Asimismo, no debe considerarse que las empresas que se vean obligadas a despedir personal de forma temporal o permanente como consecuencia del brote de COVID-19 han infringido los compromisos de reubicación asumidos antes del 31 de diciembre de 2019 al recibir ayuda regional. Esas disposiciones excepcionales deben aplicarse durante un período limitado, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

(10)

Procede, pues, modificar los Reglamentos (UE) n.o 1407/2013 y (UE) n.o 651/2014 en consecuencia.

(1)

El Reglamento (UE) 2015/2283 establece que solo los nuevos alimentos autorizados e incluidos en la lista de la Unión pueden comercializarse en la Unión.

(2)

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2015/2283, se adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión (2), que establece una lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados.

(3)

El 29 de febrero de 2012, la empresa Sciotec Diagnostic Technologies GmbH comunicó a la Comisión, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), su intención de comercializar «extracto proteico de riñones de cerdo» como nuevo ingrediente alimentario destinado a ser utilizado en alimentos para usos médicos especiales, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y en complementos alimenticios, tal como se definen en la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). En consecuencia, se incluyó el extracto proteico de riñones de cerdo en la lista de nuevos alimentos de la Unión.

(4)

El 14 de mayo de 2019, la empresa Dr Health Care España SL presentó una solicitud a la Comisión para ampliar las condiciones de uso del extracto proteico de riñones de cerdo, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2283. En la solicitud se pedía la inclusión de comprimidos con recubrimiento entérico como forma autorizada del extracto proteico de riñones de cerdo destinada a ser utilizada en alimentos para usos médicos especiales y en complementos alimenticios, además de los pellets encapsulados con recubrimiento entérico autorizados actualmente.

(5)

La Comisión no solicitó un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, dado que no parece probable que la modificación de las condiciones de uso del nuevo alimento autorizado «extracto proteico de riñones de cerdo», mediante la inclusión de comprimidos con recubrimiento entérico como forma autorizada de dicho extracto destinada a ser utilizada en alimentos para usos médicos especiales y en complementos alimenticios, modifique los efectos de dicho nuevo alimento en la salud humana.

(6)

El nivel máximo de extracto proteico de riñones de cerdo como nuevo alimento autorizado actualmente para su uso en pellets encapsulados con recubrimiento entérico en alimentos para usos médicos especiales y en complementos alimenticios es de 3 cápsulas diarias, lo que corresponde a 12,6 mg diarios de extracto de riñones de cerdo. El uso propuesto de los comprimidos con recubrimiento entérico no supondrá un cambio en el nivel máximo autorizado actualmente del nuevo alimento. Procede, por tanto, modificar la sección de la lista de la Unión sobre las condiciones de uso del extracto proteico de riñones de cerdo para autorizar su uso también en comprimidos con recubrimiento entérico al mismo nivel máximo autorizado que en las formas de uso ya autorizadas de este nuevo alimento.

(7)

Procede, por tanto, modificar el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro de la denominación «Pecorino del Monte Poro» presentada por Italia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar la denominación «Pecorino del Monte Poro».

(3)

Mediante escrito recibido el 20 de enero de 2020, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que la empresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola establecida en su territorio llevaba comercializando legalmente y de forma continuada durante más de cinco años el producto acogido a la denominación de venta «Pecorino Monteporo» y que esa circunstancia había sido planteada en el marco del procedimiento nacional de oposición.

(4)

Dado que la empresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola reúne las condiciones previstas en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 para la concesión de un período transitorio con vistas a utilizar legalmente la denominación de venta tras su registro, procede concederle durante un período transitorio de tres años autorización para utilizar la denominación «Pecorino Monteporo».

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Política de Calidad de los Productos Agrícolas.

(1)

La Unión es el principal productor de vino del mundo. En las campañas de comercialización de 2014/15 a 2018/19, la producción anual media de vino de la Unión ascendió a 167,6 millones de hectolitros. La campaña vitícola se extiende del 1 de agosto al 31 de julio del año siguiente. La Unión posee el 45 % de las zonas vitícolas mundiales y representa el 65 % de la producción mundial, el 60 % del consumo mundial y el 70 % de las exportaciones a terceros países. Los cinco primeros países productores de vino de la Unión son, en orden decreciente de volúmenes de producción, Italia, Francia, España, Alemania y Portugal.

(2)

Debido a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones generalizadas de los desplazamientos impuestas en los Estados miembros, los vitivinicultores experimentan perturbaciones económicas que han ocasionado dificultades financieras y problemas de liquidez.

(3)

La propagación de la enfermedad y las medidas vigentes han limitado la disponibilidad de mano de obra, lo cual compromete, en particular, las fases de producción, elaboración y transporte de uvas de vinificación y vino.

(4)

El cierre obligatorio de restaurantes, hoteles y bares, así como la anulación de actos festivos y celebraciones como bodas, cumpleaños y eventos empresariales en la Unión y en terceros países, han interrumpido durante varios meses la actividad de los sectores de la hostelería y la restauración. Además, el turismo y las actividades de enoturismo tales como las degustaciones, las ferias y las compras y el consumo en el lugar de producción se han visto muy perturbados en la mayoría de los Estados miembros desde marzo de 2020.

(5)

Como consecuencia de ello, las pautas de la demanda de vino han experimentado cambios significativos. La demanda de los consumidores se ha orientado hacia el consumo doméstico de vino. Aunque los consumidores hayan aumentado el consumo doméstico de determinados productos vitivinícolas, ese aumento no ha compensado la caída de la demanda en el sector de la hostelería y la restauración.

(6)

El cierre de restaurantes y otros establecimientos de hostelería ha provocado una caída del volumen de negocios de los productores de vino. En Alemania, los productores de vinos perdieron el 50 % de su volumen de negocios en el primer trimestre de 2020, ya que las ventas a restaurantes no tuvieron lugar. Asimismo, las ventas a tiendas especializadas, que a menudo comercializan vinos de gama alta, registraron un descenso de un 23 %. Según las estimaciones del sector para la Unión en su conjunto, los cierres de restaurantes, bares y hoteles han tenido como consecuencia, desde el inicio del cierre de los restaurantes a mediados de marzo hasta finales de mayo de 2020, una reducción del 30 % del volumen de vino vendido y una disminución del valor del 50 % en comparación con las ventas antes del cierre.

(7)

A pesar de la reciente relajación de algunas medidas y de la atenuación de determinadas restricciones de circulación, incluida la reapertura de restaurantes y establecimientos de hostelería, no se espera que la situación se normalice en los próximos seis meses. Los restaurantes y otros establecimientos de hostelería tendrán que respetar las condiciones de distanciamiento social, que limitan el número de clientes. Además, en muchos Estados miembros persisten algunas restricciones en cuanto al número de asistentes a las reuniones sociales, entre ellas los actos privados como las bodas, en que tradicionalmente se consume vino.

(8)

Tampoco cabe esperar que el turismo mundial, cuyo volumen de negocios experimentará, según las previsiones, una caída del 70 % en el segundo trimestre de 2020, reemprenda en los próximos seis meses sus actividades en medida suficiente para compensar la falta de consumo en los restaurantes durante el período en que se aplicaron las restricciones generalizadas de los desplazamientos.

(9)

En general, se calcula que el consumo de vino en la Unión en la campaña de comercialización 2019/20 se reducirá a 108 millones de hectolitros. Se trata de una reducción global del consumo de más del 8 % en la campaña de comercialización 2019/20 con respecto a la media de las últimas cinco campañas.

(10)

Las exportaciones a terceros países son especialmente importantes para el sector vitivinícola de la Unión. En 2019, ascendieron a un importe total de 12 100 millones EUR. Durante la pandemia de COVID-19, las exportaciones se han visto afectadas por problemas logísticos y por la reducción del consumo como consecuencia de las restricciones de circulación impuestas también en terceros países. El brote de la pandemia de COVID-19 en China dio lugar a importantes congestiones en los puertos, tanto dentro como fuera del país, así como al aumento de las cancelaciones en el transporte marítimo, debido a lo cual se redujo el número de contenedores, los fletes registraron fuertes subidas y se aplazaron los envíos de los exportadores. Además, las exportaciones de vino de la Unión ya se habían visto afectadas negativamente por el aumento de los derechos de importación que los Estados Unidos impusieron sobre determinadas importaciones de vino de la Unión. Desde octubre de 2019, ese país, que es el principal mercado de exportación de vino de la Unión, impone derechos de importación del 25 % ad valorem sobre los vinos tranquilos de la Unión.

(11)

En conjunto, se prevé que las exportaciones de vino de la Unión a terceros países se reduzcan un 14 % en la campaña de comercialización 2019/20, en comparación tanto con la campaña anterior como con la media de las cinco últimas campañas. Con respecto a mayo de 2019, las exportaciones de vinos franceses, italianos y españoles a terceros países disminuyeron considerablemente en mayo de 2020: las exportaciones de vinos franceses a terceros países disminuyeron un 33 % en volumen y un 55 % en valor; las exportaciones de vinos italianos a terceros países se redujeron un 22 % en volumen y un 26 % en valor; y las exportaciones de vinos españoles a terceros países experimentaron un descenso de un 63 % en volumen y un 43 % en valor. Las exportaciones de vinos espumosos se vieron especialmente afectadas durante los mismos períodos de referencia. Según las estimaciones del sector vinícola, en mayo de 2020 las exportaciones de champán a los Estados Unidos y China disminuyeron un 64 % en volumen y un 55 % en valor, las exportaciones de prosecco a terceros países se redujeron un 27 % en volumen y un 32 % en valor, y las exportaciones de cava a terceros países experimentaron un descenso de un 40 % en volumen y valor.

(12)

Actualmente existen, además, grandes volúmenes de vino almacenados debido a la cosecha excepcional de 174,4 millones de hectolitros de la campaña de comercialización 2018/19, que han incrementado las existencias iniciales de la campaña de comercialización 2019/20 en un 14 % en comparación con la de 2018/19. El vino no vendido se deberá almacenar.

(13)

Las circunstancias expuestas han llevado a calificar estos acontecimientos de período de graves desequilibrios del mercado.

(14)

Con el fin de ayudar a los vitivinicultores a encontrar un equilibrio en este período de graves desequilibrios del mercado, procede autorizar temporalmente, por un período de seis meses, los acuerdos y decisiones relativos a la producción de uvas de vinificación y vino celebrados o adoptados por los agricultores, las asociaciones de agricultores o las asociaciones de dichas asociaciones, o bien las organizaciones de productores reconocidas, las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas, y las organizaciones interprofesionales reconocidas. Estas medidas incluyen: i) la transformación y la elaboración; ii) el almacenamiento; iii) la promoción conjunta; iv) los requisitos de calidad, y v) la planificación temporal de la producción.

(15)

Tales acuerdos y decisiones pueden incluir, por ejemplo: i) la transformación de vino con otros fines, como la destilación de vino en alcohol; ii) la creación y localización de capacidades de almacenamiento para el mayor volumen de vino que deba almacenarse; iii) el fomento del consumo de vino; iv) el establecimiento de requisitos de calidad que restrinjan la comercialización de vinos a aquellos que respeten dichos requisitos, y v) la planificación de medidas para reducir volúmenes en la futura cosecha.

(16)

Todo acuerdo o decisión debe autorizarse temporalmente por un período de seis meses. La cosecha de la campaña de comercialización 2020/21, que se iniciará en agosto de 2020, y el período previo a las celebraciones de fin de año, en las que se consumen y exportan vinos, en particular los de gama alta y los espumosos, son los períodos en los que cabe esperar que las citadas medidas tengan mayor repercusión.

(17)

De conformidad con el artículo 222, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, debe concederse una autorización siempre y cuando esta no comprometa el funcionamiento del mercado interior y los acuerdos y decisiones tengan como única finalidad estabilizar el sector. Estas condiciones específicas excluyen los acuerdos y decisiones que, directa o indirectamente, ocasionen una segmentación de los mercados, una discriminación por razón de la nacionalidad o una fijación de los precios. A los acuerdos y decisiones que no reúnan esas condiciones, o que dejen de hacerlo, se les aplicará el artículo 101, apartado 1, del Tratado.

(18)

La autorización prevista en el presente Reglamento debe abarcar el territorio de la Unión por cuanto los graves desequilibrios del mercado son comunes al conjunto de la Unión.

(19)

Para que los Estados miembros estén en condiciones de valorar si los acuerdos y las decisiones relativos a la producción de uvas de vinificación y vino no menoscaban el funcionamiento del mercado interior y tienen como única finalidad estabilizar el sector vitivinícola, ha de facilitarse a las autoridades competentes, incluidas las responsables de la competencia, del Estado miembro que posea el mayor porcentaje del volumen estimado de producción de uvas de vinificación y vino cubierto por tales acuerdos o decisiones información sobre los acuerdos celebrados y las decisiones adoptadas, así como sobre el volumen de producción de uvas de vinificación y vino y el período de tiempo previstos en ellos.

(20)

Teniendo en cuenta el grave desequilibrio del mercado, la necesidad de tomar en consideración las actuales existencias de vino, la caída del consumo y la pérdida de mercados de exportación, y con el fin de ayudar al sector vitivinícola a recuperarse durante el período de relajación de las restricciones debidas a la pandemia de COVID-19, hasta las celebraciones de fin de año y después de ellas, el presente Reglamento debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación.

(21)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

(1)

De conformidad con el procedimiento fijado en los artículos 19 a 22 del Reglamento (UE) 2018/1877, la Comisión presentará, a más tardar el 15 de junio de 2020, una propuesta que especifique: a) el importe del segundo tramo de la contribución para el ejercicio 2020, y b) el importe anual modificado de la contribución para el ejercicio 2020, en los casos en que el importe diverja de las necesidades efectivas.

(2)

De conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2018/1877, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) transmitió a la Comisión el 8 de abril de 2020 sus previsiones actualizadas de los compromisos y los pagos relativos a los instrumentos que gestiona.

(3)

El artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1877 dispone que las solicitudes de contribuciones agotarán primero las cantidades establecidas para Fondos Europeos de Desarrollo (FED) anteriores. Por consiguiente, debe realizarse una solicitud de fondos con cargo al Décimo Fondo Europeo de Desarrollo (10.° FED) para el BEI y con cargo al Undécimo Fondo Europeo de Desarrollo (11.° FED) para la Comisión.

(4)

El artículo 55 del Reglamento (UE) 2018/1877 establece que los importes procedentes de los proyectos en el marco del 10.° FED o de otros FED anteriores que no se hubieran comprometido con arreglo al artículo 1, apartado 3, del Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o que hubieran sido liberados con arreglo al artículo 1, apartado 4, del Acuerdo interno, salvo decisión en contra del Consejo adoptada por unanimidad, reducirán la parte correspondiente a las contribuciones de los Estados miembros indicadas en el artículo 1, apartado 2, letra a), del Acuerdo interno.

(5)

Mediante la Decisión (UE) 2019/1800 (3), el Consejo, a propuesta de la Comisión, fijó, el 24 de octubre de 2019, el importe anual de las contribuciones de los Estados miembros al FED para el ejercicio 2020 en 4 400 000 000 EUR en el caso del importe a abonar a la Comisión y 300 000 000 EUR en el caso del importe a abonar al BEI.

(1)

La ECCS2 lleva a cabo sus actividades de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 558/2014.

(2)

De conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, las limitaciones a la aplicación de los artículos 14 a 22, 35 y 36, así como del artículo 4 de dicho Reglamento, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones que disponen los artículos 14 a 22, deben basarse en normas internas que debe adoptar la ECCS2 cuando no se encuentren fundamentadas en actos jurídicos adoptados con arreglo a los Tratados.

(3)

Esas normas internas, incluidas sus disposiciones sobre la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de la limitación, no deben aplicarse cuando un acto jurídico adoptado con arreglo a los Tratados prevea una limitación de los derechos de los interesados.

(4)

En el marco de su funcionamiento administrativo, la ECCS2 puede hacer indagaciones administrativas, incoar procedimientos disciplinarios, llevar a cabo actividades preliminares relacionadas con casos de posibles irregularidades puestas en conocimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), tramitar casos de denuncia de irregularidades, tramitar procedimientos (formales e informales) en casos de acoso, tramitar reclamaciones internas y externas, realizar auditorías internas, llevar a cabo investigaciones a través del delegado de protección de datos en consonancia con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 y llevar a cabo investigaciones internas sobre seguridad (informática).

(5)

La ECCS2 trata diversas categorías de datos personales, incluidos los datos sólidos (datos «objetivos», como los datos de identificación, los datos de contacto, los datos profesionales, los datos administrativos, los datos recibidos de determinadas fuentes y los datos de las comunicaciones y el tráfico electrónicos) y los datos frágiles (datos «subjetivos» relacionados con el caso, como el razonamiento, los datos de comportamiento, las valoraciones, los datos de actuación y conducta, y los datos relacionados con el objeto del procedimiento o la actividad o presentados en relación con estos) (4).

(6)

La ECCS2, representada por su director ejecutivo, actúa como responsable del tratamiento de datos, con independencia de las posteriores delegaciones de esta función dentro de la ECCS2, al objeto de reflejar las diversas responsabilidades operativas con respecto a las tareas específicas de tratamiento de datos personales.

(7)

Los datos personales se almacenan de un modo seguro en un entorno electrónico o en papel que garantice las salvaguardias necesarias para impedir el acceso ilícito o la transferencia ilícita a las personas que no tengan un derecho legítimo a acceder a dichos datos personales. Los datos personales tratados no se conservan durante un tiempo superior al necesario y al adecuado para los fines para los que se hubieran tratado durante el período especificado en los avisos de protección de datos, las declaraciones de confidencialidad o los registros de la ECCS2.

(8)

Las normas internas deben aplicarse a todas las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo por la ECCS2 en el ejercicio de sus indagaciones administrativas, procedimientos disciplinarios, actividades preliminares relacionadas con casos de posibles irregularidades puestas en conocimiento de la OLAF, procedimientos de denuncia de irregularidades, procedimientos (formales e informales) en casos de acoso, tramitación de reclamaciones internas y externas, auditorías internas, investigaciones llevadas a cabo por el delegado de protección de datos en consonancia con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 e investigaciones en materia de seguridad (informática) realizadas internamente o con la participación de agentes externos (por ejemplo, CERT-UE).

(9)

Las normas internas deben aplicarse a las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo antes del inicio de los procedimientos citados anteriormente, durante estos y durante el seguimiento de la actuación consecutiva a los resultados de dichos procedimientos. También deben ser aplicables a la asistencia y la cooperación prestadas por la ECCS2 a las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales al margen de sus propias investigaciones administrativas.

(10)

En los casos en que resulten aplicables estas normas internas, la ECCS2 deberá justificar que las limitaciones son estrictamente necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática y que respetan el contenido esencial de los derechos y las libertades fundamentales.

(11)

En este contexto, la ECCS2 debe respetar, en la medida de lo posible y ateniéndose plenamente a los actos legislativos y orientaciones pertinentes, los derechos fundamentales de los interesados durante los procedimientos citados, en particular los relativos a la comunicación de información, el derecho de acceso, de rectificación y de supresión, el derecho a la limitación del tratamiento, a la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado o a la confidencialidad de las comunicaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725.

(12)

Sin embargo, la ECCS2 puede verse obligada a limitar la comunicación de información a los interesados y otros derechos de los interesados para proteger, en particular, sus propias investigaciones, las investigaciones y los procedimientos de otras autoridades públicas y los derechos de otras personas relacionadas con sus investigaciones o con los procedimientos de otro tipo que se lleven a cabo.

(13)

En consecuencia, la ECCS2 puede limitar la comunicación de información a efectos de proteger la investigación y los derechos y libertades fundamentales de otros interesados.

(14)

La ECCS2 debe controlar de manera periódica que se cumplan las condiciones que justifiquen la aplicación de la limitación y levantar la limitación en cuanto dejen de cumplirse.

(15)

El responsable del tratamiento debe informar al delegado de protección de datos en el momento del aplazamiento y durante las revisiones.