(1)

Los agricultores y las empresas rurales se han visto afectados por las consecuencias del brote de COVID-19 de un modo sin precedentes. Las limitaciones generalizadas de la libertad de circulación impuestas en los Estados miembros, así como los cierres obligatorios de comercios, mercados al aire libre, restaurantes y otros establecimientos de hostelería, han ocasionado perturbaciones económicas en el sector agrícola y las comunidades rurales y han generado problemas de liquidez y flujo de tesorería a los agricultores y las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas. Todo ello ha dado origen a una situación excepcional que es necesario afrontar.

(2)

A fin de responder a los efectos de la crisis provocada por el brote de COVID-19 (en lo sucesivo, «crisis»), procede adoptar una nueva medida excepcional y temporal para subsanar los problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de las actividades agrícolas y de las pequeñas empresas que se dedican a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas.

(3)

La medida debe permitir a los Estados miembros hacer uso de los fondos disponibles en virtud de los programas de desarrollo rural existentes, a fin de ayudar a los agricultores y a las pymes particularmente afectados por la crisis. Al objeto de concentrar los recursos disponibles en los beneficiarios más afectados por la crisis, es preciso que la ayuda, cuyo objetivo es garantizar la competitividad de las empresas agrícolas y la viabilidad de las explotaciones, se conceda sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios. En el caso de los agricultores, dichos criterios pueden incluir los sectores de producción, los tipos de agricultura, las estructuras agrícolas, el tipo de comercialización de los productos agrícolas y el número de trabajadores eventuales empleados y, en el caso de las pymes, pueden incluir los tipos de sectores, los tipos de actividad, el tipo de región y otras limitaciones específicas.

(4)

Habida cuenta de la urgencia y del carácter excepcional de la medida, es adecuado fijar un pago único y un tiempo límite de aplicación de la medida, al tiempo que procede recordar el principio de que los pagos de la Comisión se han de efectuar de acuerdo con los créditos presupuestarios y a reserva de la financiación disponible.

(5)

Con el fin de ofrecer un apoyo más amplio a los agricultores o las pymes más gravemente afectados, conviene autorizar a los Estados miembros a adaptar el nivel de las cantidades a tanto alzado correspondiente a determinadas categorías de beneficiarios admisibles, y ello sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios.

(6)

A fin de garantizar una financiación adecuada de la nueva medida sin por ello comprometer los demás objetivos de los programas de desarrollo rural, según se establece en el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), debe fijarse un porcentaje máximo de la contribución de la Unión a esta medida.

(7)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder a los efectos de la crisis introduciendo medidas específicas destinadas a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Feader no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(8)

Por tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en consecuencia.

(9)

Teniendo en cuenta la urgencia de afrontar la crisis, se ha considerado conveniente establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(10)

Dada la urgencia de la situación relacionada con la crisis, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1)

Se añade el artículo siguiente:

2)

En el artículo 49, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

3)

En el artículo 59, se añade el apartado siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece, junto con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el marco normativo prudencial para las entidades de crédito y las empresas de inversión (en lo sucesivo, «entidades») que operan en la Unión. Adoptado a raíz de la crisis financiera que estalló en 2007-2008 y basado en gran medida en las normas internacionales acordadas en 2010 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), conocido como «marco de Basilea III», este marco normativo prudencial ha contribuido a aumentar la resiliencia de las entidades que operan en la Unión y a que estén mejor preparadas para hacer frente a posibles dificultades, incluidas las derivadas de posibles crisis futuras.

(2)

Desde su entrada en vigor, el Reglamento (UE) n.o 575/2013 ha sido modificado varias veces a fin de resolver las carencias que perduraban en el marco normativo prudencial y de incorporar algunos elementos pendientes de la reforma de los servicios financieros a escala mundial que resultan esenciales para garantizar la resiliencia de las entidades. Entre esos cambios, el Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) introdujo en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 disposiciones transitorias para mitigar el impacto de la introducción de la Norma Internacional de Información Financiera – Instrumentos Financieros (NIIF 9) en los fondos propios. El Reglamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) introdujo en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 un requisito relativo a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas, el llamado mecanismo de protección prudencial.

(3)

Además, el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) introdujo en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 algunos de los elementos finales del marco de Basilea III. Dichos elementos incluyen, entre otras cosas, una nueva definición de la ratio de apalancamiento y un colchón de la ratio de apalancamiento, los cuales impiden a las entidades aumentar el apalancamiento de forma excesiva, así como disposiciones para un tratamiento prudencial más favorable de determinados activos consistentes en programas informáticos, un tratamiento más favorable de determinados préstamos garantizados mediante pensiones o salarios, un factor de apoyo revisado para los préstamos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) (en lo sucesivo, «factor de apoyo a las pymes») y un nuevo ajuste de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito para las exposiciones frente a entidades que gestionan o financian estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes que prestan o apoyan servicios públicos esenciales (en lo sucesivo, «factor de apoyo a las infraestructuras»).

(4)

Las graves perturbaciones económicas causadas por la pandemia de COVID-19 y las excepcionales medidas de contención afectan de manera significativa a la economía. Las empresas afrontan disrupciones en las cadenas de suministro, cierres temporales y reducciones de la demanda, mientras que los hogares se enfrentan al desempleo y a una disminución de sus ingresos. Los poderes públicos a escala de la Unión y de los Estados miembros han actuado de manera enérgica para ayudar a los hogares y a las empresas solventes a resistir a la ralentización intensa pero temporal de la actividad económica y a la consiguiente escasez de liquidez.

(5)

Las entidades desempeñarán una función clave a la hora de contribuir a la recuperación. Al mismo tiempo, es probable que se vean afectadas por el deterioro de la situación económica. La Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) creada por el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) creada por el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y las autoridades competentes han rebajado temporalmente las exigencias de liquidez, de capital y operativas aplicables a las entidades para garantizar que estas puedan seguir desempeñando su papel de aportar financiación a la economía real pese a una situación más difícil. En particular, la Comisión, el Banco Central Europeo y la ABE han aportado claridad por lo que respecta a la aplicación de la flexibilidad ya integrada en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 mediante la publicación de interpretaciones y orientaciones sobre la aplicación del marco prudencial en el contexto de la COVID-19. De dichas orientaciones forma parte la Comunicación interpretativa de la Comisión, de 28 de abril de 2020, sobre la aplicación de los marcos contable y prudencial para facilitar los préstamos bancarios en la UE – Apoyar a las empresas y los hogares frente a la COVID-19. En respuesta a la pandemia de COVID-19, el CSBB ha aportado también cierta flexibilidad en la aplicación de las normas internacionales.

(6)

Es importante que las entidades empleen su capital allí donde este sea más necesario, algo que el marco normativo de la Unión facilita al mismo tiempo que garantiza que las entidades obren de forma prudente. Además de la flexibilidad que ya permiten las normas en vigor, los cambios selectivos en los Reglamentos (UE) n.o 575/2013 y (UE) 2019/876 garantizarían que el marco normativo prudencial interactúe sin problemas con las diversas medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

(7)

Las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 y la magnitud inusitada de los retos planteados exigen la adopción de medidas inmediatas para garantizar que las entidades sean capaces de canalizar de forma efectiva los fondos hacia las empresas y los hogares, y para mitigar el impacto económico provocado por la pandemia de COVID-19.

(8)

Las garantías concedidas en el contexto de la pandemia de COVID-19 por los gobiernos nacionales u otros entes públicos, que se consideran solventes en igual medida con arreglo al método estándar relativo al riesgo de crédito que se regula en la parte tercera del Reglamento (UE) n.o 575/2013, son comparables en cuanto a sus efectos de reducción del riesgo a las garantías proporcionadas por las agencias oficiales de crédito a la exportación a que se refiere el artículo 47 quater del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Está justificado, por tanto, que los requisitos mínimos de cobertura aplicables a las exposiciones dudosas que se benefician de garantías concedidas por los gobiernos nacionales u otros entes públicos se armonicen con los requisitos aplicables a aquellas exposiciones dudosas que se benefician de garantías concedidas por agencias oficiales de crédito a la exportación.

(9)

Los acontecimientos que se han producido en el contexto de la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto que la posibilidad de excluir temporalmente determinadas exposiciones frente a bancos centrales del cálculo de la medida de la exposición total de una entidad, tal como se establece en el artículo 429 bis del Reglamento (UE) n.o 575/2013, modificado por el Reglamento (UE) 2019/876, podría ser esencial en una situación de crisis. No obstante, la facultad discrecional de excluir tales exposiciones no será aplicable sino a partir del 28 de junio de 2021. Por lo tanto, antes de esa fecha, las autoridades competentes no podrían hacer uso de ese instrumento para hacer frente al aumento de las exposiciones frente a bancos centrales que se prevé se produzca debido a las medidas de política monetaria aplicadas para limitar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Además, la eficacia de esa medida parece verse obstaculizada por la reducción de la flexibilidad derivada del mecanismo de compensación vinculado a tales exclusiones temporales, lo que limitaría la capacidad de las entidades para incrementar las exposiciones frente a bancos centrales en una situación de crisis. En última instancia, lo anterior podría obligar a las entidades a reducir el nivel de préstamos a hogares y empresas. En consecuencia, a fin de evitar consecuencias indeseadas relacionadas con el mecanismo de compensación y de garantizar la eficacia de dicha exclusión frente a posibles perturbaciones y crisis futuras, el mecanismo de compensación debe modificarse. Además, con el fin de garantizar la disponibilidad de dicha facultad discrecional durante la actual pandemia de COVID-19, debe poder aplicarse ya la posibilidad de exclusión temporal de determinadas exposiciones frente a bancos centrales antes de que el requisito de ratio de apalancamiento establecido en el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 comience a ser aplicable el 28 de junio de 2021. En tanto no se apliquen las disposiciones modificadas relativas al cálculo de la ratio de apalancamiento, introducidas por el Reglamento (UE) 2019/876, debe seguir aplicándose el artículo 429 bis, con el tenor que estableció el Reglamento Delegado (UE) 2015/62 de la Comisión (11).

(10)

En 2017, el CSBB revisó el cálculo del valor de exposición de la ratio de apalancamiento de las compras y ventas convencionales pendientes de liquidación con el fin de garantizar que el tratamiento reflejase adecuadamente el apalancamiento inherente ligado a esas operaciones y que las posibles diferencias contables no afectasen al cálculo entre entidades con posiciones comparables. En la Unión, el Reglamento (UE) 2019/876 introdujo dicha revisión. Sin embargo, ese tratamiento más favorable no será aplicable hasta el 28 de junio de 2021. Por lo tanto, dado que el cálculo revisado reflejaría de forma más adecuada el apalancamiento real de una operación y, al mismo tiempo, aumentaría la capacidad de las entidades de conceder préstamos y absorber pérdidas en medio de la pandemia de COVID-19, las entidades deben tener ya la posibilidad de aplicar temporalmente el cálculo revisado antes de que la disposición introducida por el Reglamento (UE) 2019/876 sea aplicable para todas las entidades de la Unión.

(11)

Desde el 1 de enero de 2018, muchas entidades que operan en la Unión han estado sujetas a la NIIF 9. En consonancia con las normas internacionales adoptadas por el CSBB, el Reglamento (UE) 2017/2395 introdujo en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 disposiciones transitorias para mitigar el posible impacto negativo significativo en el capital de nivel 1 ordinario de las entidades resultante de la contabilización de las pérdidas crediticias esperadas conforme a la NIIF 9.

(12)

La aplicación de la NIIF 9 durante la ralentización económica causada por la pandemia de COVID-19 podría dar lugar a un repentino y significativo aumento en las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, dado que es posible que sea necesario calcular las pérdidas esperadas durante la vida de muchas exposiciones. El CSBB, la ABE y la AEVM aclararon que se prevé que las entidades no apliquen de forma mecánica sus actuales enfoques respecto de las pérdidas crediticias esperadas en situaciones excepcionales como la de la pandemia de COVID-19, sino que hagan uso de la flexibilidad inherente a la NIIF 9, por ejemplo, para dar la debida importancia a las tendencias económicas a largo plazo. El CSBB acordó, el 3 de abril de 2020, permitir una mayor flexibilidad en la aplicación de las disposiciones transitorias que introducen paulatinamente el impacto de la NIIF 9. Con el fin de limitar la posible volatilidad del capital reglamentario que podría darse si la pandemia de COVID-19 se traduce en un aumento significativo de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, es necesario prorrogar la validez de las disposiciones transitorias también en el Derecho de la Unión.

(13)

A fin de mitigar el posible impacto que un aumento repentino de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas pueda tener en la capacidad de las entidades de conceder préstamos a clientes en los momentos en que esto resulta más necesario, la validez de las disposiciones transitorias debe prorrogarse por dos años y se ha de permitir a las entidades que vuelvan a añadir a su capital de nivel 1 ordinario cualquier incremento en las nuevas provisiones por pérdidas crediticias esperadas que reconozcan en 2020 y 2021 para sus activos financieros sin deterioro crediticio. Esos cambios mitigarían aún más el impacto de la pandemia de COVID-19 en el posible incremento de las necesidades de provisión de las entidades con arreglo a la NIIF 9, manteniendo al mismo tiempo las disposiciones transitorias para los importes de pérdidas crediticias esperadas establecidos antes de la pandemia de COVID-19.

(14)

Las entidades que hayan decidido anteriormente acogerse o no acogerse a las disposiciones transitorias, deben poder revocar dicha decisión en cualquier momento del nuevo período transitorio, previa autorización de la autoridad competente que corresponda. La autoridad competente debe velar por que tal revocación no esté motivada por consideraciones de búsqueda de la normativa más ventajosa. Posteriormente, y previa autorización de la autoridad competente, las entidades deben tener la posibilidad de decidir dejar de acogerse a las disposiciones transitorias.

(15)

El extraordinario impacto de la pandemia de COVID-19 también se observa en relación con los niveles extremos de volatilidad en los mercados financieros, que, junto con la incertidumbre, están provocando un aumento de los rendimientos de la deuda pública que, a su vez, genera pérdidas no realizadas en la deuda pública en poder de entidades. A fin de mitigar el considerable impacto negativo de la volatilidad en los mercados de deuda de las administraciones centrales durante la pandemia de COVID-19, sobre el capital reglamentario de las entidades y, por consiguiente, sobre la capacidad de estas de conceder préstamos a los clientes, debe restablecerse un filtro prudencial temporal que neutralice ese impacto.

(16)

Las entidades tienen la obligación de realizar a diario pruebas retrospectivas de sus modelos internos, para evaluar si esos modelos generan suficientes requisitos de capital para absorber las pérdidas derivadas de la negociación. Si los incumplimientos del requisito de realizar pruebas retrospectivas, también denominados «excesos», superasen un determinado número al año, darían lugar a la aplicación de un multiplicador cuantitativo adicional a los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado calculados mediante modelos internos. El requisito de realizar pruebas retrospectivas es muy procíclico en un período de volatilidad extrema, como la provocada por la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de la crisis, el multiplicador cuantitativo del riesgo de mercado aplicado a los modelos internos ha aumentado considerablemente. Si bien el marco de Basilea III para el riesgo de mercado permite a las autoridades competentes suavizar esos acontecimientos extraordinarios en los modelos internos de riesgo de mercado, esa discrecionalidad supervisora no está plenamente disponible en el marco del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Por consiguiente, debe introducirse una flexibilidad adicional para que las autoridades competentes puedan mitigar los efectos negativos de la extrema volatilidad del mercado observada durante la pandemia de COVID-19 a fin de excluir los excesos que se produzcan entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, que no se deben a deficiencias en los modelos internos. A partir de la experiencia adquirida con la pandemia de COVID-19, la Comisión ha de valorar si debe ofrecerse ese tipo de flexibilidad también durante episodios futuros de volatilidad extrema del mercado.

(17)

En marzo de 2020, el Grupo de Gobernadores de los Bancos Centrales y Jefes de Supervisión revisó el calendario de aplicación de los elementos finales del marco de Basilea III. Aunque la mayoría de los elementos finales aún están pendientes de incorporarse al Derecho de la Unión, el requisito de colchón de ratio de apalancamiento para las entidades de importancia sistémica mundial ya se ha incorporado mediante las modificaciones introducidas por el Reglamento (UE) 2019/876. Por lo tanto, con el fin de garantizar unas condiciones equitativas a escala internacional para las entidades establecidas en la Unión que operen también fuera de esta, la fecha de aplicación del requisito de colchón de ratio de apalancamiento establecida en dicho Reglamento debe posponerse un año hasta el 1 de enero de 2023. Como consecuencia del retraso en la aplicación del requisito de colchón de ratio de apalancamiento, durante el período de aplazamiento no se derivaría ninguna consecuencia del incumplimiento de ese requisito, que se recoge en el artículo 141 quater de la Directiva 2013/36/UE, ni ninguna restricción de las distribuciones en caso de incumplimiento, que establece el artículo 141 ter de dicha Directiva.

(18)

Con respecto a los préstamos concedidos por entidades de crédito a pensionistas o a empleados con un contrato indefinido garantizados por la transferencia incondicional de parte de la pensión o del sueldo del prestatario a dicha entidad de crédito, el artículo 123 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 fue modificado por el Reglamento (UE) 2019/876 con el fin de permitir un trato más favorable para dichos préstamos. La aplicación de dicho tratamiento en el contexto de la pandemia de COVID-19 incentivaría a las entidades a conceder más préstamos a empleados y pensionistas. Por consiguiente, es necesario adelantar la fecha de aplicación de esa disposición para que las entidades ya puedan aplicarla durante la pandemia de COVID-19.

(19)

Dado que el factor de apoyo a las pymes y el factor de apoyo a las infraestructuras permiten un tratamiento más favorable de determinadas exposiciones frente a pymes e infraestructuras, su aplicación en el contexto de la pandemia de COVID-19 incentivaría a las entidades a incrementar los muy necesarios préstamos. Por consiguiente, es necesario adelantar la fecha de aplicación de los dos factores de apoyo para que las entidades ya puedan aplicarlos durante la pandemia de COVID-19.

(20)

El tratamiento prudencial de determinados activos consistentes en programas informáticos fue modificado por el Reglamento (UE) 2019/876 con el fin de seguir apoyando la transición hacia un sector bancario más digitalizado. En el contexto de la aceleración en la utilización de servicios digitales como consecuencia de las medidas públicas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, debe adelantarse la fecha de aplicación de esos cambios.

(21)

La financiación pública mediante la emisión de bonos del Estado denominados en la moneda de otro Estado miembro podría ser necesaria para apoyar medidas de lucha contra las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Para evitar restricciones innecesarias a las entidades que invierten en esos bonos, es conveniente volver a introducir las disposiciones transitorias para las exposiciones frente a administraciones centrales y bancos centrales, cuando dichas exposiciones estén denominadas en la moneda nacional de otro Estado miembro, en lo que respecta al tratamiento de dichas exposiciones en el marco del riesgo de crédito, y prorrogar las disposiciones transitorias en lo que respecta al tratamiento de dichas exposiciones en el marco de los límites para grandes exposiciones.

(22)

En las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de COVID-19, se prevé que las partes interesadas contribuyan a las iniciativas para la recuperación. La ABE, el Banco Central Europeo y otras autoridades competentes han publicado recomendaciones para que las entidades suspendan los pagos de dividendos y las operaciones de recompra de acciones durante la pandemia de COVID-19. A fin de garantizar la aplicación coherente de dichas recomendaciones, las autoridades competentes deben ejercer plenamente sus facultades de supervisión, incluidas las de imponer restricciones vinculantes sobre las distribuciones que efectúen las entidades o limitaciones relativas a la remuneración variable, en su caso, de conformidad con la Directiva 2013/36/UE. A partir de la experiencia adquirida con la pandemia de COVID-19, la Comisión ha de valorar si deben otorgarse otras facultades vinculantes a las autoridades competentes para imponer restricciones a las distribuciones en circunstancias excepcionales.

(23)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, maximizar la capacidad de las entidades para conceder préstamos y absorber pérdidas relacionadas con la pandemia de COVID-19, garantizando al mismo tiempo que dichas entidades conserven su resiliencia, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(24)

Con el fin de que las medidas extraordinarias de apoyo adoptadas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 sean plenamente eficaces a la hora de velar por que el sector bancario siga siendo más resiliente y de incentivar a las entidades para que continúen concediendo préstamos, es necesario que el efecto mitigador de dichas medidas se refleje inmediatamente en la forma en que se determinan los requisitos de capital reglamentario. Habida cuenta de la urgencia de esas adaptaciones del actual marco normativo prudencial, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(25)

Teniendo en cuenta la urgencia provocada por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia de COVID-19, conviene establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(26)

Por lo tanto, procede modificar los Reglamentos (UE) n.o 575/2013 y (UE) 2019/876 en consecuencia.

1)

En el artículo 47 quater, apartado 4, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

2)

En el artículo 114, se suprime el apartado 6.

3)

En el artículo 150, apartado 1, párrafo primero, letra d), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:

4)

El artículo 429 bis, modificado por el Reglamento (UE) 2019/876, se modifica como sigue:

5)

Se suprime el artículo 467.

6)

El artículo 468 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 468

Tratamiento temporal de pérdidas y ganancias no realizadas valoradas al valor razonable con cambios en otro resultado global en vista de la pandemia de COVID-19

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 35, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 (en lo sucesivo, «período de tratamiento temporal»), las entidades podrán retirar del cálculo de los elementos de su capital de nivel 1 ordinario el importe A determinado de acuerdo con la fórmula siguiente:

donde:

a	=	el importe de pérdidas y ganancias no realizadas acumuladas a partir del 31 de diciembre de 2019, contabilizadas como «cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global» del balance de situación, correspondientes a las exposiciones frente a las administraciones centrales, las administraciones regionales o las autoridades locales de conformidad con el artículo 115, apartado 2, del presente Reglamento, y a las exposiciones frente a entes del sector público de conformidad con el artículo 116, apartado 4, del presente Reglamento, con exclusión de los activos financieros con deterioro crediticio que se definen en el apéndice A del anexo del Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión (en lo sucesivo, «anexo relativo a la NIIF 9»); y
f	=	el factor aplicable para cada año de referencia durante el período del tratamiento temporal de conformidad con el apartado 2.

2.   Las entidades aplicarán los siguientes factores para el cálculo del importe A mencionado en el apartado 1:

a)	1 durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020;

b)	0,7 durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021;

c)	0,4 durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

3.   Cuando una entidad decida aplicar el tratamiento temporal previsto en el apartado 1, informará de su decisión a la autoridad competente en un plazo de cuarenta y cinco días antes de la fecha de comunicación de la información que se derive de dicho tratamiento. Previa autorización de la autoridad competente, la entidad podrá revocar su decisión inicial una sola vez durante el período del tratamiento temporal. Las entidades pondrán en conocimiento público si aplican dicho tratamiento.

4.   Cuando una entidad retire de sus elementos del capital de nivel 1 ordinario un importe correspondiente a pérdidas no realizadas de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, recalculará todos los requisitos previstos en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE que se calculen con cualquiera de los elementos siguientes:

a)	el importe de los activos por impuestos diferidos que se deduzca de los elementos del capital de nivel 1 ordinario de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra c), o sujeto a ponderación de riesgo de conformidad con el artículo 48, apartado 4;

b)	el importe de los ajustes por riesgo de crédito específico.

Al recalcular el requisito de que se trate, la entidad no tendrá en cuenta los efectos que tengan sobre tales elementos las provisiones por pérdidas crediticias esperadas relativas a las exposiciones del artículo 115, apartado 2, del presente Reglamento frente a administraciones centrales, administraciones regionales o autoridades locales, y a las exposiciones del artículo 116, apartado 4, del presente Reglamento frente a entes del sector público, con exclusión de los activos financieros con deterioro crediticio que se definen en el apéndice A del anexo relativo a la NIIF 9.

5.   Durante los períodos establecidos en el apartado 2 del presente artículo, además de hacer pública la información exigida en la parte octava, las entidades que hayan decidido aplicar el tratamiento temporal del apartado 1 del presente artículo pondrán en conocimiento público los importes de los fondos propios, el capital de nivel 1 ordinario y el capital de nivel 1, la ratio total de capital, la ratio de capital de nivel 1 ordinario, la ratio de capital de nivel 1 y la ratio de apalancamiento que tendrían en caso de que no aplicasen dicho tratamiento.».

7)

El artículo 473 bis se modifica como sigue:

a)

el apartado 1 se modifica como sigue: i) en el párrafo primero, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: «1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 50, y hasta el final de los períodos transitorios establecidos en los apartados 6 y 6 bis del presente artículo, las siguientes entidades podrán añadir a su capital de nivel 1 ordinario el importe calculado de conformidad con el presente apartado:», ii) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: «El importe a que se refiere el párrafo primero se calculará mediante la suma siguiente: a) para las exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, el importe (ABSA) se calcula mediante la fórmula siguiente: donde: A2,SA = el importe calculado de conformidad con el apartado 2; A4,SA = el importe calculado de conformidad con el apartado 4, basado en los importes calculados de conformidad con el apartado 3; = la suma de las pérdidas crediticias esperadas sobre doce meses, determinada de conformidad con el párrafo 5.5.5 del anexo relativo a la NIIF 9, y el importe de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos, determinado de conformidad con el párrafo 5.5.3 del anexo relativo a la NIIF 9, con exclusión de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos financieros con deterioro crediticio que se definen en el apéndice A del anexo relativo a la NIIF 9, a 1 de enero de 2020; = la suma de las pérdidas crediticias esperadas sobre doce meses, determinada de conformidad con el párrafo 5.5.5 del anexo relativo a la NIIF 9, y el importe de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos, determinado de conformidad con el párrafo 5.5.3 del anexo relativo a la NIIF 9, con exclusión de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos financieros con deterioro crediticio que se definen en el apéndice A del anexo relativo a la NIIF 9, a 1 de enero de 2018 o en la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 9, si esta última fuere posterior; f1 = el factor aplicable establecido en el apartado 6; f2 = el factor aplicable establecido en el apartado 6 bis; t1 = el aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal del importe A2,SA; t2 = el aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal del importe A4,SA; t3 = el aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal del importe ; b) para las exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, el importe (ABIRB) se calcula mediante la fórmula siguiente: donde: A2,IRB = el importe calculado de conformidad con el apartado 2, ajustado de conformidad con el apartado 5, letra a); A4,IRB = el importe calculado de conformidad con el apartado 4, basado en los importes calculados de conformidad con el apartado 3 y ajustados de conformidad con el apartado 5, letras b) y c); = la suma de las pérdidas crediticias esperadas sobre doce meses, determinada de conformidad con el párrafo 5.5.5 del anexo relativo a la NIIF 9, y el importe de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos, determinado de conformidad con el párrafo 5.5.3 del anexo relativo a la NIIF 9, con exclusión de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos financieros con deterioro crediticio que se definen en el apéndice A del anexo relativo a la NIIF 9, y deducida la suma de los importes de las pérdidas esperadas relacionadas para las mismas exposiciones calculadas de conformidad con el artículo 158, apartados 5, 6 y 10, del presente Reglamento, a 1 de enero de 2020. Cuando el cálculo tenga por resultado un número negativo, la entidad fijará en cero el valor de ; = la suma de las pérdidas crediticias esperadas sobre doce meses, determinada de conformidad con el párrafo 5.5.5 del anexo relativo a la NIIF 9, y el importe de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos, determinado de conformidad con el párrafo 5.5.3 del anexo relativo a la NIIF 9, con exclusión de la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos financieros con deterioro crediticio que se definen en el apéndice A del anexo relativo a la NIIF 9, a 1 de enero de 2018 o en la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 9, si esta última fuere posterior, y deducida la suma de los importes de las pérdidas esperadas relacionadas para las mismas exposiciones calculadas de conformidad con el artículo 158, apartados 5, 6 y 10, del presente Reglamento. Cuando el cálculo tenga por resultado un número negativo, la entidad fijará en cero el valor de ; f1 = el factor aplicable establecido en el apartado 6; f2 = el factor aplicable establecido en el apartado 6 bis; t1 = el aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal del importe A2,IRB; t2 = el aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal del importe A4,IRB; t3 = el aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal del importe .»;

h)

el apartado 9 se modifica como sigue: i) los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente: «9.   Las entidades decidirán si aplican las disposiciones establecidas en el presente artículo durante el período transitorio e informarán a la autoridad competente de su decisión a más tardar el 1 de febrero de 2018. Previa autorización de la autoridad competente, una entidad podrá revocar su decisión durante el período transitorio. Las entidades harán pública cualquier decisión adoptada de conformidad con el presente párrafo. Las entidades que hayan decidido aplicar las disposiciones transitorias establecidas en el presente artículo podrán decidir no aplicar el apartado 4, en cuyo caso informarán a la autoridad competente de su decisión a más tardar el 1 de febrero de 2018. En dicho caso, la entidad fijará en cero los elementos A4,SA, A4,IRB, , , t2 y t3 a que se refiere el apartado 1. Previa autorización de la autoridad competente, una entidad podrá revocar su decisión durante el período transitorio. Las entidades harán pública cualquier decisión adoptada de conformidad con el presente párrafo.», ii) se añaden los párrafos siguientes: «Las entidades que hayan decidido aplicar las disposiciones transitorias establecidas en el presente artículo podrán decidir no aplicar el apartado 2, en cuyo caso informarán sin demora de su decisión a la autoridad competente. En dicho caso, la entidad fijará en cero los elementos A2,SA, A2,IRB y t1 a que se refiere el apartado 1. Previa autorización de la autoridad competente, una entidad podrá revocar su decisión durante el período transitorio. Las autoridades competentes informarán a la ABE, al menos una vez al año, sobre la aplicación del presente artículo por parte de las entidades sujetas a su supervisión.».

8)

En el artículo 495, se suprime el apartado 2.

9)

Se insertan los artículos siguientes:

10)

Se inserta el artículo siguiente:

1)

Se inserta el apartado siguiente:

2)

El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

3)

El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

Con el fin de garantizar un suministro suficiente e ininterrumpido de determinados productos agrícolas e industriales que no se producen en la Unión y, de este modo, evitar perturbaciones en el mercado de dichos productos, los derechos del arancel aduanero común del tipo contemplado en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «derechos del arancel aduanero común») sobre dichos productos han sido suspendidos por el Reglamento (UE) n.o 1387/2013 del Consejo (2). Estos productos pueden importarse en la Unión exentos de derechos o a un tipo de derecho reducido.

(2)

La producción en la Unión de determinados productos que no figuran en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 es actualmente insuficiente o nula. Redunda por lo tanto en interés de la Unión conceder una suspensión total de los derechos del arancel aduanero común que se les aplican.

(3)

Con el fin de promover una producción integrada de baterías en la Unión de conformidad con la comunicación de la Comisión de 17 de mayo de 2018 titulada «Europa en movimiento — Una movilidad sostenible para Europa: segura, conectada y limpia», procede conceder una suspensión parcial de los derechos del arancel aduanero común respecto a determinados productos que no figuran en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013. Además, resulta oportuno que determinados productos sujetos actualmente a suspensiones completas de los derechos del arancel aduanero común solo estén sujetos a una suspensión parcial de los mismos. La fecha para la revisión obligatoria de estas suspensiones debe fijarse a 31 de diciembre de 2020, a fin de que el examen de las mismas tenga en cuenta la evolución del sector de las baterías en la Unión.

(4)

Por lo que respecta a los productos de la lista contemplada en el artículo 59 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), solo debe concederse una suspensión parcial de los derechos del arancel aduanero común. La fecha para la revisión obligatoria de dichas suspensiones debe ser el 31 de diciembre de 2021, a fin de que los agentes económicos puedan sustituir estos productos por alternativas.

(5)

Es preciso modificar la designación de los productos correspondientes, su clasificación y los requisitos para el destino final a determinadas suspensiones de derechos del arancel aduanero común en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado, así como las tendencias económicas del mercado.

(6)

Ya no redunda en interés de la Unión mantener suspensiones de los derechos del arancel aduanero común para ciertos productos que figuran en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013. Por lo tanto, deben retirarse las suspensiones correspondientes a tales productos.

(7)

Así pues, procede modificar en consecuencia el Reglamento (UE) n.o 1387/2013.

(8)

Con el fin de evitar cualquier interrupción en la aplicación del régimen de suspensiones autónomas y cumplir las orientaciones de la comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2011 relativa a las suspensiones y los contingentes arancelarios autónomos, las modificaciones que establece el presente Reglamento en relación con las suspensiones para los productos en cuestión deben aplicarse a partir del 1 de julio de 2020. En consecuencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

(1)

A fin de garantizar suministros suficientes e ininterrumpidos de determinados productos agrícolas e industriales producidos en cantidades insuficientes en la Unión y, en consecuencia, evitar perturbaciones en el mercado de esos productos, se han abierto contingentes arancelarios autónomos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1388/2013 del Consejo (1). Los productos cubiertos por dichos contingentes arancelarios pueden importarse en la Unión exentos de derechos o a un tipo de derecho reducido.

(2)

Dado que garantizar un suministro adecuado de determinados productos industriales redunda en interés de la Unión, y teniendo en cuenta que dentro de ella no se producen en cantidades suficientes productos idénticos, equivalentes o de sustitución, es necesario abrir nuevos contingentes arancelarios para los números de orden 09.2580, 09.2581 y 09.2583 exentos de derechos para cantidades adecuadas de tales productos.

(3)

Dado que garantizar un suministro adecuado de determinados productos industriales redunda en interés de la Unión, deben aumentarse las cantidades de los contingentes arancelarios para los números de orden 09.2634 y 09.2668.

(4)

Dado que el ámbito de aplicación del contingente arancelario para el número de orden 09.2652 ya no resulta adecuado para satisfacer las necesidades de los operadores económicos de la Unión, resulta oportuno modificar la descripción del producto regulado por dicho contingente arancelario.

(5)

Para el contingente arancelario con el número de orden 09.2588, el período del contingente debe prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que dicho contingente arancelario fue abierto únicamente por un período de seis meses pero mantenerlo aún redunda en interés de la Unión.

(6)

Las sustancias Sulfato de Dimetilo (CAS RN 77-78-1) con una pureza de al menos el 99 %, 2-Metilanilina (CAS RN 95-53-4) con una pureza en peso de al menos el 99 % y 4,4’ -Metanodiildianilina (CAS RN 101-77-9) con una pureza en peso de al menos el 97 % están incluidas en la lista a la que se refiere el artículo 59 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y la sustancia con CAS RN 101-77-9 está incluida en el anexo XIV de dicho Reglamento. Por tal motivo, los contingentes arancelarios existentes para dichas sustancias se cerrarán progresivamente, y todos los nuevos contingentes arancelarios abiertos se aplicarán durante un período limitado. En consecuencia, los contingentes arancelarios con los números de orden 09.2648 y 09.2730 deben aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2020 con un tipo de derecho convencional del 2 %. Además, los contingentes arancelarios con los números de orden 09.2590 se cerrarán, y debe abrirse un nuevo contingente arancelario con el número de orden 09.2582 hasta el 31 de diciembre de 2020 con un tipo de derecho convencional del 2 %.

(7)

Teniendo en cuenta las modificaciones que deben introducirse y en aras de la claridad, es preciso sustituir el anexo del Reglamento (UE) n.o 1388/2013.

(8)

A fin de evitar cualquier interrupción en la aplicación del régimen de contingentes arancelarios y cumplir las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2011 relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos, las modificaciones de los contingentes arancelarios para los productos correspondientes que establece el presente Reglamento tienen que aplicarse a partir del 1 de julio de 2020. En consecuencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.