(1)

Con el fin de garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones de aeronaves y aeródromos, de la gestión del tránsito aéreo, de la navegación aérea y de la red europea de gestión del tránsito aéreo, es necesario introducir determinadas mejoras en las normas de funcionamiento relacionadas con el uso del espacio aéreo, los equipos de las aeronaves y los sistemas de servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea, y sus componentes necesarios para el uso del espacio aéreo. Por consiguiente, en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1206/2011 de la Comisión (2) y en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1207/2011 de la Comisión (3) deben establecerse requisitos de interoperabilidad y seguridad nuevos y actualizados.

(2)

Teniendo en cuenta la experiencia obtenida a partir de la aplicación actual de la capacidad de vigilancia aerotransportada y la capacidad de procesamiento de datos de los sistemas de vigilancia en tierra, es necesario instalar efectiva y oportunamente determinados equipos en las aeronaves para que toda la cadena de vigilancia pueda alcanzar los beneficios previstos en los plazos establecidos. Los criterios para eximir de los requisitos relativos a los equipos de las aeronaves deben modificarse para aclarar qué aeronaves deben estar equipadas y cuáles han de acogerse a una exención de dichos requisitos. Al mismo tiempo, el número total de aeronaves equipadas debe seguir siendo eficaz y no debe imponer una carga económica indebida.

(3)

Numerosas aeronaves equipadas ya están certificadas conforme a la norma internacional aplicable a las piezas y los equipos aerotransportados para los sistemas de vigilancia, que corresponde al anexo 10 del Convenio de Chicago, volumen IV, tercera edición, incluidas todas las enmiendas hasta la n.o 77. Esta norma es plenamente compatible con los sistemas de vigilancia existentes. Exigir el uso de la norma correspondiente al anexo 10 del Convenio de Chicago, volumen IV, cuarta edición, incluidas todas las enmiendas hasta la n.o 85, como se establece actualmente en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1207/2011, impondría una carga económica indebida. En consecuencia, la norma correspondiente al anexo 10 del Convenio de Chicago, volumen IV, tercera edición, incluidas todas las enmiendas hasta la n.o 77, debe considerarse el requisito mínimo. Por tanto, conviene modificar las normas técnicas mínimas que deben cumplir los operadores de aeronaves establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1207/2011.

(4)

Las aeronaves de Estado que operen en régimen de tránsito aéreo general deben estar equipadas con transpondedores de radar secundario de vigilancia operativos que cumplan los requisitos aplicables a las aeronaves civiles según el artículo 5, apartado 5, letras a) y c), del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1207/2011. Los procedimientos y las condiciones relativos a las aeronaves de Estado que no puedan estar equipadas con transpondedores de radar secundario de vigilancia operativos deben seguir siendo los establecidos en el artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1207/2011.

(5)

Los requisitos aplicables a los acuerdos formales para la transferencia de datos de vigilancia entre los proveedores de servicios de navegación aérea deben modificarse de modo que reflejen los actuales escenarios de distribución de datos, a fin de facilitar el intercambio de datos de vigilancia y evitar limitaciones costosas y excesivas para el proveedor que los aporta.

(6)

Con objeto de garantizar la eficacia de las operaciones de las aeronaves de Estado, debe establecerse la capacidad del sistema europeo de gestión del tránsito aéreo para garantizar que las aeronaves de Estado que participen en operaciones y formación sensibles puedan operar con la asignación de códigos SSR discretos; por tanto, conviene modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1206/2011 en consecuencia.

(7)

La pandemia de COVID-19 y su impacto en el sector de la aviación han traído consigo obstáculos imprevisibles para que los explotadores de aeronaves prosigan sus actividades de manera que las aeronaves cumplan determinados requisitos del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1207/2011. Por consiguiente, conviene prorrogar hasta el 7 de diciembre de 2020 el plazo fijado para los operadores de aeronaves en el artículo 5, apartado 5, y el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1207/2011, y dicho Reglamento debe modificarse en consecuencia.

(8)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1206/2011 y (UE) n.o 1207/2011.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité al que se refiere el artículo 127, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1139.

(1)

Como resultado de la ampliación del derecho antidumping establecido sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China («China») mediante el Reglamento (CE) n.o 71/97, está en vigor un derecho antidumping aplicable a las importaciones en la Unión de piezas esenciales de bicicleta originarias de China («el derecho ampliado»).

(2)

Con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 71/97, la Comisión está facultada para adoptar las medidas necesarias para autorizar la exención de las importaciones de piezas esenciales de bicicleta que no eludan el derecho antidumping.

(3)

Dichas medidas de ejecución están recogidas en el Reglamento (CE) n.o 88/97, por el que se establece el sistema de exención específico.

(4)

Sobre esa base, la Comisión ha eximido a varios montadores de bicicletas del derecho ampliado («las partes eximidas»).

(5)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 88/97, la Comisión ha publicado posteriormente listas de las partes eximidas en el Diario Oficial de la Unión Europea (5).

(6)

El 19 de junio de 2019, la Comisión adoptó su Decisión de Ejecución más reciente acerca de las exenciones del derecho ampliado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 88/97, esto es, la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1087 de la Comisión (6).

(7)

A los efectos de la presente Decisión, se aplican las definiciones que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 88/97.

(8)

Entre el 19 de diciembre de 2016 y el 17 de octubre de 2019, la Comisión recibió de las partes que figuran en los cuadros 1 y 3 solicitudes de exención con toda la información necesaria para determinar su admisibilidad de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 88/97.

(9)

Se ofreció a las partes que solicitaron la exención la posibilidad de presentar observaciones con respecto a las conclusiones de la Comisión relativas a la admisibilidad de sus solicitudes.

(10)

De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 88/97, hasta la adopción de una decisión sobre la pertinencia de las solicitudes de exención de las partes, el pago del derecho ampliado con respecto a cualquier importación de piezas esenciales de bicicleta declaradas a libre práctica por las partes que figuran en los cuadros 1 y 3 se suspendió a partir del día en el que la Comisión recibió las solicitudes.

(11)

Ha concluido el examen de la pertinencia de las solicitudes presentadas por las partes que figuran en el cuadro 1.

Cuadro 1

(12)

Durante su examen, la Comisión determinó que el valor de las piezas originarias de China representaba menos del 60 % del valor total de las piezas de todas las bicicletas montadas por ambas partes. Este también era el caso de la mayoría de las bicicletas montadas por ambas partes.

(13)

Por consiguiente, la Comisión concluyó que las respectivas operaciones de montaje de Merida Polska Sp. Z o.o. y de Juan Luna Cabrera no entraban en el ámbito de aplicación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036.

(14)

Por esa razón, y de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 88/97, las partes citadas en el cuadro 1 cumplen las condiciones para acogerse a la exención del derecho ampliado.

(15)

De conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 88/97, las exenciones tendrán efecto a partir de la fecha de recepción de las solicitudes. Por tanto, las deudas aduaneras con respecto al derecho ampliado de las partes que solicitaron la exención deben considerarse inexistentes a partir de esa fecha.

(16)

Se informó a las partes de las conclusiones de la Comisión sobre la pertinencia de sus solicitudes y se les ofreció la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto.

(17)

Dado que las exenciones solo se aplican a las partes mencionadas expresamente en el cuadro 1, es preciso que las partes eximidas notifiquen inmediatamente a la Comisión (7) cualquier modificación de esos datos (por ejemplo, una modificación de nombre, la forma jurídica o la dirección, o el establecimiento de nuevas entidades de montaje).

(18)

En caso de que se modifique la referencia, las partes eximidas deben facilitar toda la información pertinente, en particular la relativa a cualquier modificación de las actividades relacionadas con las operaciones de montaje. Cuando proceda, la Comisión actualizará las referencias según corresponda.

(19)

Entre el 2 de mayo de 2019 y el 20 de febrero de 2020, las partes eximidas o suspendidas que figuran en el cuadro 2 notificaron a la Comisión modificaciones de sus referencias (nombres, formas jurídicas y direcciones). Tras examinar la información presentada, la Comisión concluyó que dichas modificaciones no afectan a las operaciones de montaje desde el punto de vista de las condiciones de exención o suspensión establecidas en el Reglamento (CE) n.o 88/97.

(20)

Aunque la exención o la suspensión, para dichas partes, del derecho ampliado autorizado de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 88/97 no cambian, es preciso actualizar sus referencias.

Cuadro 2

(21)

Está pendiente de finalización el examen de la pertinencia de las solicitudes presentadas por las partes que figuran en el cuadro 3. A la espera de una decisión sobre la pertinencia de sus solicitudes, se suspende el pago del derecho ampliado efectuado por dichas partes.

(22)

Dado que las suspensiones solo se aplican a las partes mencionadas expresamente en el cuadro 3, es preciso que estas partes notifiquen inmediatamente a la Comisión (8) cualquier modificación de esos datos (por ejemplo, una modificación del nombre, la forma jurídica o la dirección, o el establecimiento de nuevas entidades de montaje).

(23)

En caso de que se modifique la referencia, la parte en cuestión debe facilitar toda la información pertinente, en particular la relativa a cualquier modificación de las actividades relacionadas con las operaciones de montaje. Cuando proceda, la Comisión actualizará las referencias de esa parte.

Cuadro 3

(24)

La suspensión del pago de los derechos por las partes examinadas debe anularse respecto de la parte mencionada en el cuadro 4.

Cuadro 4

(25)

El 3 de julio de 2019, la Comisión recibió de dicha parte una petición de que se retirara la solicitud de exención mientras estuviera en curso el examen de su pertinencia y el pago del derecho ampliado estuviera suspendido.

(26)

La Comisión aceptó la retirada y, por tanto, debe anularse la suspensión del pago ampliado. El derecho ampliado debe recaudarse a partir de la fecha de recepción de la solicitud de exención presentada por dicha parte, es decir, la fecha a partir de la cual surtió efecto la suspensión, en concreto, el 25 de octubre de 2018.

(27)

Se informó a la parte de las conclusiones de la Comisión y se le dio la oportunidad de presentar sus observaciones. No se presentaron observaciones.

(28)

Las partes eximidas que figuran en el cuadro 5 notificaron a la Comisión, entre el 30 de junio de 2019 y el 3 de febrero de 2020, lo siguiente: el cese de sus actividades (Bicicletas Monty SA), y la renuncia a la exención del pago del derecho ampliado (Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o).

(29)

Por tanto, de conformidad con el principio de buena administración, debe revocarse la autorización de exención del pago del derecho ampliado para las dos partes eximidas que figuran en el cuadro 5.

Cuadro 5

(1)

Con arreglo al artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE, los Estados miembros únicamente pueden permitir el envío a las autoridades competentes de un tercer país de los papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría autorizados por ellos, así como de informes de inspección o investigación relativos a las auditorías de que se trate, cuando estas autoridades cumplan los requisitos que la Comisión haya declarado adecuados y existan acuerdos de trabajo basados en la reciprocidad entre tales autoridades y las de los Estados miembros correspondientes.

(2)

Las decisiones sobre la adecuación adoptadas con arreglo al artículo 47, apartado 3, de la Directiva 2006/43/CE no atienden a otros requisitos específicos para el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría o de informes de inspección o investigación, como la celebración, entre las autoridades competentes, de acuerdos de trabajo sobre una base de reciprocidad según lo establecido en el artículo 47, apartado 1, letra d), de dicha Directiva, o los requisitos para la transferencia de datos personales que se contemplan en la letra e) de dicho apartado.

(3)

La cooperación en el envío a las autoridades competentes de un tercer país de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación refleja la considerable importancia que reviste, desde el punto de vista del interés general, el ejercicio de una supervisión pública independiente. En consecuencia, las autoridades competentes de los Estados miembros deben garantizar, en el marco de los acuerdos de trabajo a que se refiere el artículo 47, apartado 2, de la Directiva 2006/43/CE, que la autoridad competente de Sudáfrica utilice los documentos que se le envíen de conformidad con el artículo 47, apartado 1, de dicha Directiva únicamente para el ejercicio de sus funciones de supervisión pública, control externo de calidad e investigación de los auditores y las sociedades de auditoría.

(4)

Cuando se llevan a cabo inspecciones o investigaciones, los auditores legales y las sociedades de auditoría no están autorizados a conceder acceso a sus papeles de trabajo de auditoría u otros documentos a las autoridades competentes de Sudáfrica ni a transmitírselos en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE y en la presente Decisión.

(5)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, apartado 4, de la Directiva 2006/43/CE, los Estados miembros deben garantizar que, a efectos de supervisión pública, control de calidad e investigación de los auditores legales y las sociedades de auditoría, los contactos entre los auditores legales o las sociedades de auditoría autorizados por ellos y la autoridad competente de Sudáfrica tengan lugar a través de las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes.

(6)

De conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/43/CE, la posibilidad de que los Estados miembros permitan el envío a la autoridad competente de Sudáfrica de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría autorizados por ellos y de informes de inspección o investigación está supeditada a la celebración de acuerdos de trabajo entre las autoridades competentes correspondientes.

(7)

Los Estados miembros deben velar por que tales acuerdos de trabajo entre sus autoridades competentes y la de Sudáfrica se celebren sobre una base de reciprocidad y conforme a las condiciones del artículo 47, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/43/CE, incluida la protección de los secretos profesionales y los intereses comerciales contenidos en dichos documentos, en particular los derechos de propiedad industrial e intelectual, que correspondan a las entidades auditadas o a los auditores legales y sociedades de auditoría que las hayan auditado.

(8)

Cuando el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación a la autoridad competente de Sudáfrica suponga la transferencia de datos personales, el envío únicamente será lícito si cumple asimismo los requisitos para las transferencias internacionales de datos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). En consecuencia, el artículo 47, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que garanticen que la transferencia de datos personales entre sus autoridades competentes y la de Sudáfrica se atenga a todos los principios y normas aplicables en materia de protección de datos y, en particular, a las disposiciones del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679. Los Estados miembros deben velar por que existan garantías adecuadas para la transferencia de datos personales, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679. Además, los Estados miembros deben velar por que la autoridad competente de Sudáfrica no divulgue posteriormente los datos personales contenidos en los documentos enviados sin el acuerdo previo de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

(9)

El Independent Regulatory Board for Auditors (Consejo Regulador Independiente de Auditores, IRBA) es la autoridad competente de Sudáfrica responsable de la supervisión pública, el control externo de calidad y la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría. Impone salvaguardias adecuadas que prohíben y sancionan la divulgación de información confidencial a terceras personas o autoridades por parte de los miembros o antiguos miembros de su personal. En virtud de la Ley sudafricana de la Profesión de Auditoría de 2005 y del Código de Conducta del IRBA, este último puede enviar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE.

(10)

Los documentos obtenidos por el IRBA en el curso de las inspecciones y los informes de inspección solo pueden compartirse con el consentimiento del auditor o la sociedad de auditoría registrados ante el IRBA. Esa obligación puede dificultar la aplicación de los requisitos relativos a la cooperación normativa establecidos en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE. Por tanto, la cooperación normativa entre el IRBA y las autoridades competentes de los Estados miembros debe someterse a una vigilancia estrecha y a revisión por parte de la Comisión, con el fin de evaluar si el requisito de consentimiento supone un obstáculo para el intercambio de información en la práctica.

(11)

El IRBA es la autoridad competente responsable de cooperar con las autoridades competentes de los Estados miembros y de celebrar acuerdos bilaterales con ellas en lo que respecta al envío de papeles de trabajo de auditoría. La confidencialidad de los papeles de trabajo de auditoría está garantizada por el common law sudafricano relativo al secreto profesional, que establece para el auditor un deber general de profesionalidad y la obligación de mantener la confidencialidad con respecto a los materiales de los clientes.

(12)

Con arreglo a las leyes y reglamentos de Sudáfrica, el IRBA puede estar sujeto a la obligación de compartir la información a la que hace referencia el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE con un «regulador adecuado», pero tiene la facultad discrecional de decidir si el hecho de compartirla redundaría en beneficio de la protección del público y del interés general. Al firmar acuerdos de trabajo bilaterales con el IRBA, las autoridades competentes de los Estados miembros podrían exigir al IRBA que solicite su consentimiento previo si se ve obligado a enviar a un «regulador adecuado» cualquier información no pública recibida en el curso de la cooperación. Además, deberían considerar establecer el requisito de que el IRBA pueda compartir esa información solamente con aquellas entidades mencionadas en los acuerdos, especificando que esas entidades deben tratar esa información como confidencial y privilegiada. Por otro lado, solamente podrá llevarse a cabo el tratamiento de datos personales con el propósito específico mencionado en la presente Decisión, tal como se establece en su considerando 3 y en su artículo 1, y de conformidad con las condiciones citadas, en particular, en su considerando 8.

(13)

De conformidad con el artículo 1 de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1010 de la Comisión (3), varias autoridades competentes de terceros países o territorios, incluido el IRBA, fueron declarados adecuados en el sentido del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE a efectos de los envíos de papeles de trabajo u otros documentos y de informes de investigación e inspección. En virtud del artículo 3 de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1010, dicha Decisión de Ejecución dejó de aplicarse con respecto al IRBA el 1 de agosto de 2019.

(14)

Si bien el IRBA no celebró ningún acuerdo de trabajo bilateral con ninguna de las autoridades competentes de los Estados miembros antes del 31 de julio de 2019, algunos Estados miembros han mostrado interés en establecer una cooperación con el IRBA.

(15)

La Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores (COESA) ha reexaminado el marco legal de Sudáfrica, basándose en la Ley de la Profesión de Auditoría de 2005, que no se ha modificado desde la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1010. Teniendo en cuenta la evaluación técnica de la COESA a que se refiere el artículo 30, apartado 7, letra c), del Reglamento (UE) n.o 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), el IRBA cumple los requisitos que deben considerarse adecuados a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE.

(16)

La presente Decisión no afecta a los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 25, apartado 4, de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(17)

Las conclusiones sobre la adecuación de los requisitos satisfechos por las autoridades competentes de un tercer país de conformidad con el artículo 47, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2006/43/CE se entienden sin perjuicio de cualquier decisión que la Comisión pueda adoptar sobre la equivalencia de los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicables a los auditores y entidades auditoras de ese tercer país con arreglo al artículo 46, apartado 2, de dicha Directiva.

(18)

La presente Decisión tiene por objeto facilitar una cooperación eficaz entre las autoridades competentes de los Estados miembros y el IRBA. Obedece al doble propósito de permitir que dichas autoridades ejerzan sus funciones de supervisión pública, control externo de calidad e investigación, y, al mismo tiempo, de proteger los derechos de las partes interesadas. Cuando una autoridad competente decida celebrar un acuerdo de trabajo sobre una base de reciprocidad con el IRBA a fin de permitir el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de auditores legales o sociedades de auditoría, así como de informes de inspección o investigación, el Estado miembro de que se trate está obligado a comunicar a la Comisión los acuerdos de trabajo recíprocos celebrados con el IRBA con el fin de que la Comisión pueda evaluar si la cooperación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE.

(19)

El objetivo último de la cooperación en materia de supervisión de las auditorías entre las autoridades competentes de los Estados miembros y el IRBA es alcanzar la confianza mutua en los respectivos sistemas de supervisión y fomentar la convergencia de la calidad de las auditorías. Esa confianza mutua y mayor convergencia ha de fundamentarse en la equivalencia de los sistemas de supervisión de las auditorías de la Unión y de Sudáfrica. En consecuencia, el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación debe convertirse en última instancia en la excepción.

(20)

Dada la falta de experiencia práctica en la cooperación con el IRBA en lo que respecta a la supervisión, y la consecuente incapacidad actual de evaluar si el requisito de que el IRBA obtenga el consentimiento previo del auditor o la sociedad de auditoría para poder compartir los documentos obtenidos durante la realización de inspecciones e informes de inspección supone un obstáculo para el intercambio de información en la práctica, la presente Decisión debe ser de aplicación durante un período de tiempo limitado.

(21)

A pesar de la limitación temporal, la Comisión hará un seguimiento periódico de la evolución del mercado y de los marcos de regulación y supervisión, y de la eficacia de la cooperación en materia de supervisión, teniendo en cuenta la experiencia adquirida a través de dicha cooperación y basándose en la información que aporten los Estados miembros. En particular, la Comisión puede llevar a cabo una revisión específica de la presente Decisión en cualquier momento antes de que expire su período de vigencia, cuando hechos relevantes hagan necesario reevaluar la declaración de adecuación contenida en la presente Decisión. La reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(22)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 3 de diciembre de 2019.

(23)

Las medidas establecidas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido con arreglo al artículo 48, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE.

(1)

La Decisión de Ejecución (UE) 2019/784 de la Comisión (2) armoniza las condiciones técnicas fundamentales para la disponibilidad y el uso eficiente de la banda de frecuencias de 24,25-27,5 GHz en la Unión para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas de banda ancha.

(2)

La banda de frecuencias de 24,25-27,5 GHz (en adelante, «26 GHz») fue armonizada globalmente para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (3) (IMT) en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19) mediante modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R).

(3)

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R, en su versión modificada (4), introdujo límites globales de las emisiones fuera de banda («límites de protección») aplicables en dos fases a los sistemas inalámbricos terrenales de la próxima generación (5G), capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica en la banda de frecuencia de 26 GHz para la protección del servicio pasivo de exploración de la Tierra por satélite [SETS (pasivo)] en la banda de frecuencias de 23,6-24 GHz (5). Estos límites de protección son menos estrictos que los límites armonizados de la UE (6). La aplicación de los límites de protección de la primera fase en la Unión debe garantizar la oportuna disponibilidad de equipos 5G y facilitar la aceleración de las inversiones en infraestructura 5G en el mercado único. Los límites de la segunda fase, junto con el requisito de que no se desplegarán sistemas terrenales de alta densidad para la prestación de servicios de acceso inalámbrico en una gama de frecuencias adecuada por debajo de 23,6 GHz, garantizan la protección adecuada del SETS (pasivo), así como de los servicios de meteorología por satélite en la banda de frecuencias 23,6-24 GHz.

(4)

Los límites de protección de la primera fase aplicables hasta el 1 de septiembre de 2027 en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R pueden aumentar el riesgo de interferencia perjudicial para el SETS (pasivo) que opera a escala mundial (por ejemplo, el sistema Copernicus y determinados satélites meteorológicos), en función del ritmo de despliegue de los sistemas inalámbricos terrenales de la próxima generación (5G) en la banda de 26 GHz. Por lo tanto, resulta esencial que los límites de protección de la segunda fase se apliquen antes del inicio del despliegue masivo de la 5G en la Unión, previsto a partir de 2025 (7).

(5)

La aplicación continuada en el mercado único de los actuales límites de protección armonizados en la UE, más estrictos, proporcionaría una mayor protección al SETS (pasivo) en todo el territorio de la Unión. Sin embargo, la aplicación de límites de protección en la Unión distintos de los aplicados en el resto del mundo, en particular por ser más estrictos, puede afectar al grado de disponibilidad y elección del equipamiento, lo que a su vez puede repercutir negativamente en los costes de los equipos y en la escala de inversiones en redes de gran capacidad (5G).

(6)

La Resolución 242 de la CMR-19, que forma parte integrante del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R, reconoce que las bandas de frecuencias inmediatamente por debajo de la banda de frecuencias de 23,6-24 GHz no están destinadas a ser utilizadas con aplicaciones móviles de alta densidad. Este reconocimiento a nivel internacional contribuye a la protección del SETS (pasivo) en dicha banda, además de los límites de protección de la segunda fase aplicables a la banda de frecuencias de 26 GHz en virtud del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R. Estas medidas mejoran la protección del SETS (pasivo) y la calidad de los datos obtenidos vía satélite necesarios para las previsiones meteorológicas. A tal fin, no debe producirse un nuevo despliegue de sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas dentro de la gama de frecuencias 22-23,6 GHz en la Unión. Además, en caso de que tales sistemas puedan desplegarse con una densidad elevada en esa gama de frecuencias fuera de la Unión, podrán estudiarse medidas pertinentes para garantizar la protección del SETS (pasivo).

(7)

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Decisión n.o 676/2002/CE y teniendo en cuenta la urgente necesidad de preservar la seguridad jurídica en el mercado único con vistas a la aplicación del artículo 54 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), la Comisión solicitó a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) (9), en el marco del mandato de la Comisión a la CEPT para desarrollar condiciones técnicas armonizadas para el uso del espectro con el fin de contribuir a la introducción de sistemas inalámbricos terrenales de la próxima generación (5G) en la Unión (10), que evaluase y comunicase adaptaciones posibles de los límites de protección en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/784.

(8)

En respuesta, la CEPT presentó una contribución técnica en una carta de 6 de marzo de 2020 (11) que ofrece aclaraciones sobre una parte de la solicitud de la Comisión y también recomienda un enfoque preferido para la protección del SETS (pasivo) en la banda de frecuencias 23,6-24 GHz, teniendo en cuenta los resultados de la CMR-19 y la necesidad de protección a largo plazo del SETS (pasivo). Este enfoque incluye, en particular, adelantar la fecha para la transición a los límites aplicables en la segunda fase, a fin de evitar el riesgo de que se desarrollen a gran escala equipos 5G que utilicen los límites aplicables en la primera fase, así como el requisito de prevenir el despliegue de alta densidad de sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica en la banda de frecuencias 22-23,6 GHz.

(9)

Por lo tanto, debe modificarse la Decisión de Ejecución (UE) 2019/784 para mantener el equilibrio de las políticas de la Unión sobre el despliegue de la 5G y la supervisión de la atmósfera y la superficie terrestres y fomentar el papel de la Unión como líder en el ecosistema mundial de equipos y servicios 5G.

(10)

Además, la CEPT ha estado desarrollando un conjunto de herramientas técnicas (12) para abordar el despliegue de la 5G en la banda de frecuencias de 26 GHz, sobre la base del uso del espectro al amparo de regímenes de autorización distintos de los derechos individuales de uso, como una autorización general o una autorización combinada individual/general. Este conjunto de herramientas ofrece orientaciones a los Estados miembros acerca de algunas posibles soluciones que deben aplicarse a nivel nacional, en consonancia con sus obligaciones en dicha banda, y teniendo en cuenta el despliegue continuo de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite en el SETS, el servicio de investigación espacial (SRS) y el servicio fijo por satélite (SFS).

(11)

Las medidas contempladas en la presente Decisión son conformes al dictamen del Comité del Espectro Radioeléctrico establecido por la Decisión n.o 676/2002/CE.