1.   Cada una de las Partes reducirá o eliminará sus derechos de aduana sobre las mercancías importadas originarias de la otra Parte de conformidad con las Listas que figuran en el anexo 2-A. A efectos del presente capítulo, por «originaria» se entenderá que el origen de una mercancía determinada es conforme con las normas de origen y los otros requisitos establecidos en el Protocolo 1.

2.   El tipo básico de derechos de aduana sobre las importaciones, al que deberán aplicarse las reducciones sucesivas conforme al apartado 1, será el especificado en las Listas que figuran en el anexo 2-A.

3.   Si, en algún momento, una Parte reduce el tipo de derecho de aduana que aplica a las naciones más favorecidas (denominado en lo sucesivo «NMF») después de que el presente Acuerdo haya entrado en vigor, se aplicará dicho tipo de derecho siempre y cuando sea inferior al tipo de derecho de aduana sobre las importaciones, calculado con arreglo a su Lista del anexo 2-A.

4.   Una vez que hayan transcurrido tres años desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, a petición de cualquiera de las Partes, estas se consultarán para estudiar si aceleran o amplían el alcance de la reducción y eliminación de los derechos de aduana sobre las importaciones. Una decisión de las Partes en el Comité de Comercio de Mercancías sobre dicha aceleración o ampliación derogará cualquier otro tipo de derecho o categoría de escalonamiento determinada con arreglo a sus Listas para dicha mercancía.

1.   Ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener ninguna prohibición o restricción sobre la importación de cualquier mercancía de la otra Parte o sobre la exportación o la venta para la exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de la otra Parte, de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias. Con este fin, el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2.   Las Partes entienden que, antes de adoptar cualquiera de las medidas establecidas en el apartado 2, letras a) y c), del artículo XI del GATT de 1994, la Parte que tenga intención de adoptarlas facilitará a la otra Parte toda la información pertinente, a fin de encontrar una solución aceptable para ambas. Las Partes podrán acordar cualquier medio que sea necesario para superar las dificultades. Si en un plazo de treinta días a partir de la comunicación de dicha información no se llega a ningún acuerdo, en virtud del presente artículo la Parte exportadora podrá aplicar medidas a la exportación de la mercancía de que se trate. Cuando concurran circunstancias excepcionales y críticas que exijan una reacción inmediata que haga imposible la información o el examen previos, la Parte que tenga la intención de adoptar medidas, podrá aplicar sin dilación las medidas cautelares necesarias para hacer frente a la situación e informará inmediatamente de ello a la otra Parte.

1.   Cada Parte garantizará, de conformidad con el artículo VIII del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias, que todas las tasas y todos los gravámenes de cualquier naturaleza [distintos de los aranceles aduaneros y de las medidas que figuran en las letras a), b) y c) del artículo 2.4 (Derechos de aduana)] impuestos a la importación o exportación de mercancías o en relación con las mismas, se limiten al costo aproximado de los servicios prestados, que no se calcularán sobre una base ad valorem, y no representarán una protección indirecta a las mercancías nacionales ni un impuesto a las importaciones o exportaciones para propósitos fiscales.

2.   Cada Parte dará a conocer, a través de un medio de comunicación designado oficialmente, incluso mediante internet, las tasas y los gravámenes que impone en relación con la importación y exportación.

3.   Ninguna Parte exigirá formalidades consulares (2), incluidos los pagos de tasas y gravámenes conexos, en relación con la importación de cualquier mercancía de la otra Parte.

1.   Las Partes afirman sus derechos y obligaciones vigentes en virtud del Acuerdo sobre Licencias de Importación.

2.   Las Partes introducirán y gestionarán los procedimientos de concesión de licencias de importación o exportación (3) de conformidad con:

Con este fin, las disposiciones a que se refieren las letras a), b) y c) del presente apartado se incorporan e integran en el presente Acuerdo. Las Partes aplicarán dichas disposiciones, mutatis mutandis, para cualquier procedimiento de concesión de licencias de exportación.

3.   Cada Parte se asegurarán que todos los procedimientos de concesión de licencias de exportación se apliquen de manera neutral y se gestionen de forma justa, equitativa, transparente y no discriminatoria.

4.   Cada Parte solo podrán adoptar o mantener procedimientos de concesión de licencias como condición para la importación en su territorio o la exportación desde su territorio a la otra Parte cuando no se disponga razonablemente de otros procedimientos adecuados para lograr un fin administrativo.

5.   Las Partes no adoptarán ni mantendrán procedimientos no automáticos de concesión de licencias de importación o exportación, salvo que sea necesario para aplicar una medida que sea compatible con el presente Acuerdo. Cualquier Parte que adopte procedimientos no automáticos de concesión de licencias indicará claramente la medida que se aplica mediante dicho procedimiento de concesión de licencias.

6.   Cualquiera de las Partes que establezca procedimientos no automáticos de concesión de licencias de exportación o modificaciones de estos procedimientos notificará al Comité de Comercio de Mercancías sesenta días antes de la publicación de estos procedimientos. Esta notificación deberá contener los datos requeridos con arreglo al artículo 5 del Acuerdo sobre Licencias de Importación.

7.   Cada Parte responderá en el plazo de sesenta días a las consultas de la otra Parte respecto de cualquier procedimiento de concesión de licencias que la Parte a la que se dirige la solicitud tenga previsto adoptar o haya adoptado o mantenido, así como de los criterios de concesión y asignación de licencias de importación o exportación.

1.   Las Partes afirman sus derechos y obligaciones vigentes en virtud del artículo XVII del GATT de 1994, sus notas y disposiciones complementarias, y el Entendimiento Relativo a la Interpretación del Artículo XVII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que figura en el anexo 1-A del Acuerdo de la OMC, que se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2.   Cada Parte podrá solicitar información a la otra Parte de manera bilateral según lo previsto en apartado 4, letras c) y d), del artículo XVII del GATT de 1994.

1.   Las Partes adoptarán nuevos compromisos sobre las medidas sectoriales no arancelarias aplicadas a las mercancías que figuran en los anexos 2-B y 2-C (denominados en lo sucesivo «anexos sectoriales»). A tal fin, las Partes podrán, mediante Decisión del Comité de Comercio de Mercancías, modificar los anexos sectoriales.

2.   A petición de una de las Partes, las Partes iniciarán negociaciones con el fin de ampliar el alcance de sus compromisos relativos a las medidas sectoriales no arancelarias aplicadas a las mercancías.

1.   Ninguna disposición del presente capítulo impedirá la adopción de medidas de conformidad con el artículo XX del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias, que se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

2.   Las Partes entienden que, antes de adoptar cualquiera de las medidas establecidas en las letras i) y j) del artículo XX del GATT de 1994, la Parte exportadora que tenga intención de adoptarlas facilitará a la otra Parte toda la información pertinente, a fin de encontrar una solución aceptable para ambas. Las Partes podrán acordar cualquier medio que sea necesario para superar las dificultades. Si en un plazo de treinta días no se llega a ningún acuerdo, la Parte exportadora podrá aplicar medidas en virtud de este artículo a la exportación de la mercancía de que se trate. Cuando concurran circunstancias excepcionales y críticas que exijan una reacción inmediata que haga imposible la información o el examen previos, la Parte que tenga la intención de adoptar medidas, podrá aplicar sin dilación las medidas cautelares necesarias para hacer frente a la situación e informará inmediatamente de ello a la otra Parte.

1.   El Comité de Comercio de Mercancías, creado de conformidad con el artículo 16.2 (Comités especializados), se reunirá, a instancias de una Parte o del Comité de Comercio, para estudiar cualquier cuestión que surja en virtud del presente capítulo y contará con representantes de las Partes.

2.   Entre las funciones del Comité se encontrarán:

1.   Las Partes afirman sus derechos y obligaciones que se derivan del artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC, y aplicarán las medidas antidumping y compensatorias de conformidad con las disposiciones del presente capítulo.

2.   Las Partes, reconociendo que podría abusarse de las medidas compensatorias y antidumping para obstaculizar el comercio, convienen en que:

3.   A efectos de la presente sección, el origen de las mercancías se determinará de acuerdo con las normas de origen no preferenciales de las Partes.

1.   Una vez que las autoridades competentes de una Parte hayan recibido una solicitud antidumping correctamente documentada respecto a las importaciones de la otra Parte y, como muy tarde, quince días antes del inicio de una investigación, la Parte proporcionará por escrito a la otra Parte un acuse de recibo de la solicitud.

2.   Una vez que las autoridades competentes de una Parte hayan recibido una solicitud de derecho compensatorio correctamente documentada respecto a las importaciones de la otra Parte y no después de quince días antes del inicio de una investigación, dicha Parte proporcionará por escrito a la otra Parte un acuse de recibo de la solicitud y le facilitará la posibilidad de consultar con sus autoridades competentes en relación con la solicitud con objeto de clarificar los hechos y llegar a una solución consensuada. Las Partes se esforzarán por mantener estas consultas tan pronto como sea posible a partir de ese momento.

3.   Inmediatamente después de que se impongan medidas provisionales y, en todo caso, antes de la determinación final, ambas Partes garantizarán que se comunican plena y significativamente todos los hechos y consideraciones esenciales en las que se fundamenta la decisión de aplicar medidas. Ello se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo antidumping y el Artículo 12.4 del Acuerdo SMC. La comunicación se realizará por escrito y las partes interesadas tendrán tiempo suficiente para formular observaciones.

4.   Se dará a cada parte interesada la oportunidad de ser escuchada, para que pueda expresar sus opiniones durante las investigaciones de las soluciones comerciales.

1.   Cada Parte mantendrá sus derechos y obligaciones en virtud del artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias y el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura. A menos que en la presente sección se especifique lo contrario, el presente Acuerdo no confiere ningún derecho ni obligación adicional a las Partes por lo que se refiere a las medidas adoptadas con arreglo al artículo XIX del GATT de 1994 y al Acuerdo sobre Salvaguardias.

2.   Ninguna de las Partes podrá aplicar al mismo tiempo, a la misma mercancía:

3.   A efectos de la presente sección, el origen de las mercancías se determinará de acuerdo con las normas de origen no preferenciales de las Partes.

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 3.6 (Disposiciones generales), a petición de la otra Parte y a condición de que esta última tenga un interés sustancial, la Parte, cuando inicie una investigación de salvaguardia o cuando tenga la intención de adoptar medidas de salvaguardia, proporcionará inmediatamente, y al menos siete días antes de la fecha de inicio o establecimiento, una notificación ad hoc por escrito con toda la información pertinente que condujo al inicio de la investigación o la imposición de medidas de salvaguardia, en particular con las constataciones provisionales y finales de la investigación, si procede. Esta disposición se aplicará sin perjuicio del artículo 3.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

2.   Al imponer medidas de salvaguardia, las Partes se esforzarán por imponerlas de la forma que menos afecte a su comercio bilateral.

3.   A efectos del apartado 2, si una de las Partes considera que se cumplen los requisitos legales para la imposición de medidas de salvaguardia definitivas y tiene la intención de aplicar tales medidas, lo notificará a la otra Parte y le brindará la posibilidad de celebrar consultas bilaterales. Si no se hubiera alcanzado una solución satisfactoria en un plazo de treinta días a partir de su notificación, la Parte importadora podrá adoptar medidas de salvaguardia definitivas. Debe ofrecerse también a la otra Parte la posibilidad de mantener consultas con el fin de intercambiar opiniones sobre la información a que se refiere el apartado 1.

1.   Si, como consecuencia de la reducción o la eliminación de un derecho de aduana de conformidad con el presente Acuerdo, las importaciones de mercancías originarias de una Parte en el territorio de la otra Parte aumentan, en términos absolutos o en términos relativos respecto a la producción interna, de forma y en condiciones tales que causen o amenacen con causar un perjuicio grave a una industria nacional que produce mercancías similares o directamente competidoras, la Parte importadora podrá, solo durante el periodo de transición, adoptar las medidas establecidas en el apartado 2 conforme a las condiciones y los procedimientos fijados en la presente sección.

2.   La Parte importadora podrá adoptar cualquier medida bilateral de salvaguardia que:

1.   Una Parte notificará por escrito a la otra el inicio de una investigación, tal como se describe en el apartado 2, y le consultará con la máxima antelación posible sobre la aplicación de una medida bilateral de salvaguardia, con objeto de:

2.   Una Parte solo podrá aplicar medidas bilaterales de salvaguardia después de una investigación realizada por sus autoridades competentes de conformidad con el artículo 3 y el artículo 4.2, letras a) y c), del Acuerdo sobre Salvaguardias. A tal efecto, el artículo 3 y el artículo 4.2, letras a) y c), del Acuerdo sobre Salvaguardias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.

3.   La determinación a que se refiere el artículo 3.10 (Aplicación de una medida bilateral de salvaguardia) no se efectuará a menos que la investigación demuestre con pruebas objetivas la existencia de un nexo causal entre el aumento de las importaciones de la otra Parte y el perjuicio grave o a la amenaza de este. A este respecto, se prestará la debida atención a otros factores, incluidas las importaciones del mismo producto procedentes de otros países.

4.   Cada Parte garantizará que sus autoridades competentes finalicen todas las investigaciones de este tipo en el plazo de un año a partir de sus fechas de inicio.

5.   Ninguna de las Partes podrá aplicar una medida bilateral de salvaguardia, tal como se establece en el apartado 1 del artículo 3.10 (Aplicación de una medida bilateral de salvaguardia):

6.   No se aplicará ninguna medida de nuevo a la importación de la misma mercancía durante el periodo de transición, a menos que haya transcurrido un periodo de tiempo igual a la mitad del periodo durante el que se aplicó la medida de salvaguardia. En este caso, no se aplicará el apartado 3 del artículo 3.13 (Compensación).

7.   Cuando una Parte concluya una medida bilateral de salvaguardia, el tipo de derecho de aduana será el tipo que, según la Lista del anexo 2-A, habría sido efectivo a no ser por la medida.

1.   En circunstancias críticas en las que un retraso causaría un perjuicio difícil de reparar, una Parte podrá aplicar provisionalmente una medida bilateral de salvaguardia, tras haber determinado previamente que existen pruebas claras de que las importaciones de una mercancía originaria de la otra Parte han aumentado como resultado de la reducción o la eliminación de un derecho de aduana con arreglo al presente Acuerdo y de que tales importaciones causan o amenazan con causar un perjuicio grave a la industria nacional. Ninguna medida provisional durará más de doscientos días y, en ese tiempo, la Parte cumplirá los requisitos de los apartados 2 y 3 del artículo 3.11 (Condiciones y limitaciones). La Parte reembolsará inmediatamente cualquier aumento arancelario si a raíz de la investigación descrita en el apartado 2 del artículo 3.11 (Condiciones y limitaciones), no se constata que se cumplen los requisitos del artículo 3.10 (Aplicación de una medida bilateral de salvaguardia). La duración de cualquier medida provisional contará como parte del periodo que se prescribe en el apartado 5, letra b), del artículo 3.11 (Condiciones y limitaciones).

2.   Si una Parte adopta una medida provisional en aplicación del presente artículo, dicha Parte notificará a la otra Parte por escrito antes de adoptar dicha medida e iniciará consultas con la otra Parte inmediatamente después de la adopción de dicha medida.

1.   Una Parte que aplique una medida bilateral de salvaguardia consultará a la otra Parte para ponerse de acuerdo en la compensación comercial de liberalización apropiada en forma de concesiones que tendrán efectos comerciales sustancialmente equivalentes o en forma de concesiones que equivaldrán al valor de los derechos adicionales que se prevé que resulten de la medida de salvaguardia. La Parte propiciará tales consultas como muy tarde treinta días a partir de la aplicación de la medida bilateral de salvaguardia.

2.   Si las consultas con arreglo al apartado 1 no dan lugar a un acuerdo sobre la compensación comercial de liberalización en un plazo de treinta días a partir del inicio de las consultas, la Parte cuyas mercancías están sujetas a la medida de salvaguardia podrán suspender la aplicación de concesiones sustancialmente equivalentes a la Parte que aplica la medida de salvaguardia. La Parte exportadora deberá notificarlo a otra Parte por escrito en un plazo mínimo de treinta días antes de suspender las concesiones con arreglo al presente apartado.

3.   El derecho de suspensión mencionado en el apartado 2 no se ejercerá durante los primeros veinticuatro meses en que una medida bilateral de salvaguardia esté en vigor, siempre que esta sea conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo.

1.   El presente capítulo se aplica a la elaboración, la adopción y la aplicación de todas las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad definidos en el anexo 1 del Acuerdo OTC que puedan afectar al comercio de mercancías entre las Partes, independientemente del origen de dichas mercancías.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente capítulo no se aplica a:

3.   A los efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones del anexo 1 del Acuerdo OTC.

1.   Las Partes reforzarán su cooperación en el ámbito de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad a fin de aumentar la comprensión mutua de sus respectivos sistemas y facilitar el acceso a sus respectivos mercados.

2.   Las Partes intentarán identificar y desarrollar iniciativas de cooperación en materia de reglamentación adecuadas a los problemas o sectores específicos, que podrán incluir, sin que esta enumeración sea exhaustiva:

3.   Previa petición, cada Parte dará la debida consideración a las propuestas de cooperación de la otra Parte en las condiciones del presente capítulo.

1.   Las Partes afirman sus obligaciones con arreglo al artículo 4.1 del Acuerdo OTC para garantizar que sus organismos de normalización acepten y cumplan el Código de Buena Conducta para la Elaboración, la Adopción y la Aplicación de Normas del anexo 3 del Acuerdo OTC.

2.   Con vistas a armonizar las normas sobre una base lo más amplia posible, cada Parte animará a sus organismos de normalización, así como a los organismos de normalización regionales, de las que ellos mismos o sus organismos de normalización son miembros, a cooperar con los organismos de normalización pertinentes de la otra Parte en actividades internacionales de normalización.

3.   Las Partes se comprometen a intercambiar información sobre:

1.   Las Partes reconocen que existe una gran variedad de mecanismos para facilitar la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad, entre los que se encuentran:

2.   Teniendo lo anterior especialmente en cuenta, las Partes:

3.   Las Partes reafirman su obligación, en virtud del artículo 5.2.5 del Acuerdo OTC, de que las tasas impuestas por evaluaciones de la conformidad obligatorias de los productos importados sean equitativas en relación con las tasas aplicables por la evaluación de la conformidad de los productos similares de origen nacional u originarios de otros países, y se tengan en cuenta los costes de comunicación, transporte y otros costes que se deriven de la distancia entre los locales del solicitante y del organismo de evaluación de la conformidad.

4.   A petición de cualquiera de las Partes, las Partes podrán decidir entablar consultas para definir iniciativas sectoriales sobre utilización de procedimientos de evaluación de la conformidad o facilitación de la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad pertinentes para los respectivos sectores. La Parte que presente la solicitud deberá justificarla con información pertinente sobre la forma en que esta iniciativa sectorial facilitaría el comercio entre las Partes. En estas consultas, podrán considerarse todos los mecanismos descritos en el apartado 1. Si una Parte declinara una solicitud de la otra Parte, deberá, previa solicitud, explicar sus razones para ello.

1.   Las Partes señalan que, con arreglo al punto 1 del anexo 1 del Acuerdo OTC, se dispone que un reglamento técnico podrá bien incluir o bien tratar exclusivamente los requisitos de marcado o de etiquetado, y acuerdan que en caso de que sus reglamentos técnicos contengan marcado o etiquetado obligatorio, garantizarán que estos no se elaboraren con el fin o el efecto de crear obstáculos innecesarios para el comercio internacional ni ser más restrictivos para el comercio de lo necesario para cumplir un objetivo legítimo, como figura en el artículo 2.2 del Acuerdo OTC.

2.   Las Partes acuerdan que, en caso de que una Parte requiera un marcado o un etiquetado obligatorio de los productos:

3.   Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Acuerdo de la OMC, el apartado 2 se aplicará a los productos agrícolas, los productos industriales y los productos alimenticios agrícolas transformados, incluidas las bebidas y bebidas espirituosas.

1.   Las Partes podrán debatir en el Comité de Comercio de Mercancías, creado de conformidad con el artículo 16.2 (Comités especializados), las disposiciones de ejecución derivadas del presente capítulo. Las Partes podrán adoptar, mediante decisión en dicho Comité, cualquier medida de ejecución necesaria a tal efecto.

2.   Las Partes han adoptado otros compromisos sobre las medidas sectoriales no arancelarias aplicadas a las mercancías tal como se establece en el anexo 4-A y sus apéndices correspondientes.

1.   El presente capítulo se aplica a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias de una Parte que puedan afectar, directa o indirectamente, al comercio entre las Partes.

2.   El presente capítulo se aplicará también a la colaboración entre las Partes sobre cuestiones de bienestar animal de interés mutuo para las Partes.

3.   Ninguna disposición del presente capítulo afectará a los derechos de las Partes en virtud del Acuerdo OTC con respecto a las medidas que no entran en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

1.   Los requisitos de importación de una Parte se aplicarán en todo el territorio de la otra Parte.

2.   La Parte exportadora se asegurará de que los productos exportados a la Parte importadora cumplen los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la Parte importadora.

3.   La Parte importadora se asegurará de que sus requisitos de importación se aplican a los productos importados de la Parte exportadora de forma proporcional y no discriminatoria.

4.   Las tasas impuestas por los procedimientos a los productos importados de la Parte exportadora serán proporcionales a las cobradas a los productos nacionales similares y no podrán ser superiores al coste real del servicio.

5.   La Parte importadora tendrá derecho a realizar controles de importación de los productos importados de la Parte exportadora a efectos de la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias.

6.   Los controles efectuados sobre las importaciones de los productos importados procedentes de la Parte exportadora se basarán en los riesgos sanitarios y fitosanitarios asociados a dichas importaciones. Se llevarán a cabo sin tardanza indebida, y con un impacto mínimo sobre el comercio entre las Partes.

7.   La Parte importadora pondrá a disposición de la Parte exportadora, a petición de esta última, información sobre la frecuencia de los controles de importación efectuados a los productos procedentes de esta última. La Parte importadora podrá cambiar la frecuencia de los controles físicos realizados a los envíos, según proceda, como consecuencia de i) las verificaciones, ii) los controles de importación, o iii) un acuerdo mutuo entre las Partes, incluso tras las consultas previstas en el presente capítulo.

8.   Si los controles de importación demuestran que los productos no cumplen los requisitos de importación correspondientes de la Parte importadora, cualquier actuación emprendida por la Parte importadora debe ser proporcional al riesgo sanitario y fitosanitario asociado a la importación de los productos no conformes.

1.   Para obtener y mantener la confianza en la aplicación efectiva del presente capítulo, la Parte importadora tendrá derecho a llevar a cabo verificaciones en cualquier momento, en particular:

2.   La Parte importadora deberá compartir con la Parte exportadora los resultados y las conclusiones de las verificaciones llevadas a cabo con arreglo al apartado 1. La Parte importadora podrá hacer públicos estos resultados.

3.   Si la Parte importadora decide llevar a cabo una visita de verificación en la Parte exportadora, la Parte importadora notificará a la Parte exportadora dicha visita, al menos sesenta días naturales antes de que esta se realice, excepto en casos de urgencia o si las Partes acuerdan otra cosa. Toda modificación de dicha visita será acordada por las Partes.

4.   Los costes en que se incurra al llevar a cabo una verificación de la totalidad o parte de los sistemas de inspección y certificación de las autoridades competentes de la otra Parte y en la inspección de cada establecimiento concreto correrán a cargo de la Parte importadora.

5.   La Parte importadora proporcionará a la Parte exportadora información por escrito de la verificación en el plazo de sesenta días naturales. La Parte exportadora dispondrá de cuarenta y cinco días naturales para formular observaciones sobre esta información. Las observaciones presentadas por la Parte exportadora se adjuntarán y, en su caso, incluirán en el documento final resultante.

6.   No obstante lo dispuesto en el apartado 5, cuando durante una verificación se detecte un riesgo importante para la vida y la salud de las personas, de los animales o para los vegetales, la Parte importadora informará a la Parte exportadora en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de los diez días naturales siguientes a la finalización de la verificación.

1.   Si la Parte importadora exige una verificación sobre el terreno para autorizar las importaciones de una determinada categoría o categorías de productos de origen animal de la Parte exportadora, se aplicará lo siguiente:

2.   En caso de que la Parte importadora haya autorizado las importaciones de una determinada categoría o de determinadas categorías de productos de origen animal a que se refiere el apartado 1, letra b), la Parte exportadora comunicará a la Parte importadora la lista de establecimientos que cumplen los requisitos de la Parte importadora, en particular de conformidad con el artículo 5.7 (Requisitos de importación) y el artículo 5.8 (Verificaciones). Además se aplicará lo siguiente:

1.   Las Partes reconocen el concepto de zonas libres de plagas o enfermedades y de zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades, de conformidad con las normas, directrices o recomendaciones del Acuerdo MSF, de la OIE y de la CIPF. El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias al que se hace referencia en el artículo 5.15 (Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) podrá definir información adicional sobre el procedimiento de reconocimiento de tales zonas, incluidos los procedimientos de reconocimiento de dichas zonas cuando se haya producido un brote, teniendo en cuenta las normas, directrices o recomendaciones pertinentes del Acuerdo MSF, de la OIE y de la CIPF.

2.   Al determinar las zonas libres de plagas o enfermedades y las zonas de baja prevalencia de plagas o enfermedades, las Partes considerarán factores como la localización geográfica, los ecosistemas, la vigilancia epidemiológica y la eficacia de los controles sanitarios o fitosanitarios en tales zonas.

3.   Las Partes establecerán una estrecha colaboración para determinar las zonas libres de plagas o enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades con objeto de adquirir confianza en los procedimientos que siga la otra Parte para determinar dichas zonas. Al aceptar la determinación de tales zonas realizada por la Parte exportadora, la Parte importadora basará, en principio, su propia determinación de la situación zoosanitaria o fitosanitaria de la Parte exportadora o de partes de la misma en la información facilitada por la Parte exportadora, de conformidad con las normas, directrices o recomendaciones del Acuerdo MSF, de la OIE y de la CIPF.

4.   Si la Parte importadora no acepta lo que haya determinado la Parte exportadora, explicará los motivos y se mostrará dispuesta a establecer consultas.

5.   Cuando la Parte exportadora que afirme que zonas situadas en su territorio son zonas libres de plagas o enfermedades o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades aportarán pruebas pertinentes para demostrar objetivamente a la Parte importadora que esas zonas son zonas libres de plagas o enfermedades o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades, según el caso, y no es probable que varíen. A tal efecto, se facilitará a la Parte importadora que lo solicite un acceso razonable para las inspecciones, las pruebas y los demás procedimientos pertinentes.

6.   Las Partes reconocen el principio de compartimentación de la OIE y el de sitios de producción libres de plagas de la CIPF. El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias al que se hace referencia en el artículo 5.15 (Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) analizará todas las recomendaciones de la OIE y la CIPF que reciba sobre este tema en el futuro y podrá formular recomendaciones en consecuencia.

1.   Las Partes:

2.   Los puntos de contacto responsables de la información a que se refiere el apartado 1 serán los que designen las Partes de conformidad con el apartado 1 del artículo 13.4 (Solicitudes de información y puntos de contacto). La información se enviará por correo postal o electrónico o por fax. La información remitida por correo electrónico podrá llevar una firma electrónica y se enviará únicamente entre los puntos de contacto.

3.   Cuando la información con arreglo al apartado 1, letra c) se haya puesto a disposición mediante notificación a la OMC de conformidad con sus normas y procedimientos pertinentes o cuando esta información se haya facilitado en los sitios web oficiales, gratuitos y públicamente accesibles de las Partes, se considerará que ha tenido lugar el intercambio de información mencionada en dicho párrafo.

4.   Todas las comunicaciones previstas en el presente capítulo se transmitirán a los puntos de contacto a que se refiere el apartado 2.

1.   Cada una de las Partes notificará por escrito a la otra Parte en un plazo de dos días naturales cualquier riesgo considerable o significativo para la vida o la salud de las personas o de los animales o para los vegetales, incluidas las emergencias alimentarias.

2.   Si una de las Partes tuviere serias preocupaciones acerca de un riesgo para la vida o la salud de las personas o de los animales o para los vegetales que afecte a mercancías intercambiadas, se celebrarán consultas al respecto, previa petición y lo antes posible. En este caso, cada Parte procurará facilitar a su debido tiempo toda la información necesaria para evitar alteraciones del comercio.

3.   Las consultas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo podrán celebrarse por correo electrónico, videoconferencia o conferencia telefónica. La Parte requirente elaborará las actas de la consulta.

1.   En caso de riesgo grave para la vida o la salud de las personas o de los animales o para los vegetales, la Parte importadora podrá adoptar, sin notificación previa, las medidas necesarias para proteger la vida o la salud de las personas o de los animales o para preservar los vegetales. Para las partidas en transporte entre las Partes, la Parte importadora considerará la solución más conveniente y proporcionada para evitar perturbaciones innecesarias del comercio.

2.   La Parte que adopte las medidas informará a la otra Parte, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, a más tardar veinticuatro horas tras la adopción de la medida. Cualquiera de las Partes podrá solicitar cualquier información relativa a la situación de la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias o a cualesquiera medida adoptada. La otra Parte responderá tan pronto como la información esté disponible.

3.   A petición de una de las Partes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.12 (Consultas), las Partes se consultarán acerca de la situación, en el plazo de quince días naturales desde la notificación. Se llevarán a cabo estas consultas para evitar perturbaciones innecesarias del comercio. Las Partes podrían contemplar opciones para facilitar la aplicación o sustitución de las medidas.

1.   Las Partes reconocerán la equivalencia de medidas concretas, grupos de medidas o regímenes aplicables a un sector o parte de un sector, de acuerdo con los apartados 4 a 7. El reconocimiento de la equivalencia se aplicará al comercio de animales, productos de origen animal, plantas, productos vegetales entre las Partes, o si procede a mercancías relacionadas con ellos.

2.   En los casos en que no se haya reconocido la equivalencia, el comercio se llevará a cabo en las condiciones exigidas por la Parte importadora para ajustarse a su grado adecuado de protección.

3.   El reconocimiento de la equivalencia requerirá la evaluación y aceptación de:

4.   Al realizar su evaluación, las Partes tendrán en cuenta la experiencia adquirida.

5.   La Parte importadora aceptará como equivalente una medida sanitaria de la Parte exportadora si la Parte exportadora demuestra objetivamente que su medida alcanza el grado adecuado de protección de la Parte importadora. A tal efecto, se facilitará a la Parte importadora que lo solicite un acceso razonable para las inspecciones, las pruebas y los demás procedimientos pertinentes.

6.   Las Partes tendrán en cuenta las orientaciones del Codex Alimentarius, la OIE, la CIPF y el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC en el reconocimiento de la equivalencia.

7.   Además, cuando haya sido reconocida la equivalencia, las Partes podrán acordar un modelo simplificado de certificados sanitarios o fitosanitarios oficiales necesarios para cada envío de animales o productos de origen animal, plantas, productos vegetales u otras mercancías relacionadas destinadas a la importación.

1.   El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en lo sucesivo denominado, «Comité MSF»), creado de conformidad con el artículo 16.2 (Comités especializados), constará de representantes de las autoridades competentes de las Partes.

2.   El Comité MSF se reunirá en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. A continuación se reunirá al menos una vez al año o según lo acordado por las Partes. El Comité SFS adoptará su reglamento interno en su primera reunión. Se reunirá en persona, por conferencia telefónica, videoconferencia, o a través de cualquier otro medio, según lo acordado por las Partes.

3.   El Comité MSF podrá acordar el establecer grupos de trabajo técnicos, integrados por expertos de ambas Partes, quienes deberán localizar y examinar los problemas técnicos y científicos que surjan en el marco del presente capítulo y explorar las posibilidades de una mayor colaboración en cuestiones sanitarias y fitosanitarias de interés mutuo. Cuando se necesiten conocimientos especializados adicionales, podrán participaren los trabajos personas distintas de los representantes de las Partes.

4.   El Comité MSF podrá tratar cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del presente capítulo. En particular, dicho Comité tendrá las siguientes funciones y competencias:

5.   En el Comité MSF se intercambiará información, conocimientos especializados y experiencias en el ámbito del bienestar de los animales, con el fin de fomentar la colaboración sobre el bienestar de los animales entre las Partes.

6.   Mediante decisión del Comité MSF, las Partes podrán adoptar recomendaciones y decisiones relativas a la autorización de las importaciones, el intercambio de información, la transparencia, el reconocimiento de la regionalización, la equivalencia y medidas alternativas, y a cualquier otro asunto a que se hace referencia en los apartados 4 y 5.

1.   Cuando una de las Partes considere que una medida de la otra Parte es o podría ser contraria a las obligaciones en virtud del presente capítulo y considere que la medida causa o puede causar perturbaciones del comercio injustificadas, podrá solicitar consultas técnicas en el Comité MSF con el fin de llegar a soluciones mutuamente aceptables. Las autoridades competentes definidas en el anexo 5-A facilitarán las consultas.

2.   Las consultas técnicas en el Comité MSF se considerarán concluidas treinta días después de la fecha de presentación de la solicitud de consultas técnicas, salvo que las Partes que se consultan acuerden continuar las consultas. Las consultas técnicas podrán hacerse mediante conferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro instrumento acordado por las Partes.

1.   Las Partes reconocen la importancia de los asuntos aduaneros y de facilitación del comercio en el contexto evolutivo del comercio mundial. Las Partes están de acuerdo en reforzar la cooperación en este ámbito a fin de garantizar que la legislación y los procedimientos pertinentes, así como la capacidad administrativa de las administraciones correspondientes, cumplan los objetivos de promover la facilitación del comercio al tiempo que se garantiza un control aduanero eficaz.

2.   A tal efecto, las Partes acuerdan que la legislación deberá ser no discriminatoria y que los procedimientos aduaneros se basarán en la utilización de métodos modernos y controles eficaces para luchar contra el fraude y proteger el comercio legítimo.

3.   Las Partes reconocen que los objetivos legítimos de política pública, incluidos los objetivos de seguridad y prevención del fraude, no quedarán comprometidos en modo alguno.

1.   Las Partes convienen en que sus respectivas disposiciones y procedimientos aduaneros deberán basarse en:

2.   Para mejorar los métodos de trabajo y garantizar que se respeten los principios de no discriminación, transparencia, eficacia, integridad y responsabilidad, las Partes:

1.   Las Partes cooperarán en el ámbito aduanero entre sus autoridades respectivas para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 6.1 (Objetivos).

2.   Para mejorar la cooperación en materia de aduanas, las Partes, entre otras cosas:

1.   Cada Parte asegurarán la facilitación y el control efectivo de las operaciones de transbordo y los movimientos de tránsito en sus territorios.

2.   Las Partes promoverán e implementarán regímenes de tránsito regional para facilitar el comercio.

3.   Las Partes garantizarán la cooperación y coordinación en sus territorios de todas las autoridades y agencias afectadas, a fin de facilitar el tráfico en tránsito en sus territorios respectivos.

1.   Cada Parte establecerá procedimientos simplificados de importación y exportación transparentes y eficientes, a fin de reducir los costes y aumentar la previsibilidad para los agentes económicos, incluidas las pequeñas y medianas empresas. También se hará que los operadores autorizados tengan un acceso más fácil a simplificaciones aduaneras, con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios.

2.   Se utilizará un único documento de declaración aduanera o su equivalente electrónico a efectos de completar las formalidades necesarias para la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero.

3.   Las Partes deberán aplicar técnicas aduaneras modernas, en particular la evaluación del riesgo y métodos de auditoría a posteriori, para simplificar y facilitar la entrada y el despacho de las mercancías.

4.   Las Partes fomentarán el desarrollo y uso progresivo de sistemas, incluidos los basados en tecnologías de la información, para facilitar el intercambio electrónico de datos entre sus respectivos operadores, autoridades aduaneras y otros organismos.

1.   Solo se impondrán tasas y gravámenes por los servicios prestados en relación con la importación o la exportación en cuestión y por las formalidades exigidas para realizar tal importación o exportación. No superarán el coste aproximado del servicio prestado ni se calcularán sobre una base ad valorem.

2.   La información sobre tasas y gravámenes se publicará a través de un medio de comunicación designado oficialmente, que podrá incluir internet. Dicha información incluirá el motivo de la tasa o el gravamen por el servicio prestado, la autoridad responsable, la tasa o el gravamen que se aplicará, así como cuándo y cómo debe hacerse el pago.

3.   No se impondrán tasas ni gravámenes, nuevos o modificados, hasta que la información mencionada en el apartado 2 se publique y sea fácil acceder a la misma.

1.   Las Partes deberán determinar el valor en aduana de las mercancías de conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana.

2.   Las Partes cooperarán con objeto de alcanzar un enfoque común sobre cuestiones relativas al valor en aduana.

1.   Cada Parte deberá basar su examen y sus procedimientos de despacho y verificación subsiguiente a la entrada en principios y auditorías de evaluación de riesgos, en lugar de examinar totalmente para cada envío el cumplimiento de todos los requisitos de importación.

2.   Las Partes convienen en adoptar y aplicar sus requisitos y procedimientos de control de la importación, la exportación, el tránsito y el transbordo de mercancías, sobre la base de principios de gestión de riesgos, que deberán aplicarse para centrar las medidas de cumplimiento en las transacciones que merezcan atención.

1.   Cada Parte establecerá procedimientos efectivos, rápidos, no discriminatorios y fácilmente accesibles que garanticen el derecho de recurso contra acciones, resoluciones y decisiones administrativas de las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes que afecten a la importación o exportación de mercancías o a las mercancías en tránsito.

2.   Los procedimientos de recurso podrán incluir la revisión administrativa por parte de la autoridad supervisora y el control judicial de las decisiones tomadas a nivel administrativo con arreglo a la legislación de las Partes.

1.   Cada Parte publicará o pondrá a disposición de otro modo, incluso por medios electrónicos, su legislación, reglamentos y procedimientos administrativos y otros requisitos relativos a las aduanas y la facilitación del comercio.

2.   Cada Parte designará o mantendrá uno o más puntos de consulta o información para responder a las preguntas de las personas interesadas en relación con asuntos aduaneros y de facilitación del comercio.

1.   El Comité Aduanero establecido por el artículo 16.2 (Comités especializados), constará de representantes de las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes de las Partes. El Comité Aduanero garantizará el correcto funcionamiento del presente capítulo, el Protocolo 1 y cualquier otra disposición adicional relacionada con las aduanas, según lo acordado entre las Partes. Las Partes podrán examinar y adoptar decisiones, en el Comité Aduanero, sobre todos los temas que en él se planteen.

2.   Las Partes podrán, adoptar recomendaciones y tomar decisiones en el Comité Aduanero sobre reconocimiento mutuo de técnicas de gestión de riesgos, normas sobre riesgos, controles de seguridad y programas de asociación comercial, incluso sobre aspectos como la transmisión de datos y los beneficios de mutuo acuerdo y cualquier otro asunto a que se refiere el apartado 1.

3.   Las Partes podrán acordar celebrar reuniones ad hoc sobre cualquier materia aduanera, incluidas las normas de origen y otras disposiciones relacionadas con las aduanas, según lo acordado entre las Partes. Podrán también establecer subgrupos para cuestiones específicas, cuando proceda.

1.   El presente capítulo se aplicará a las medidas que puedan afectar al comercio y a la inversión entre las Partes con respecto a la generación de energía a partir de fuentes no fósiles renovables y sostenibles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogases, pero no a los productos a partir de los cuales se genera la energía.

2.   El presente capítulo no se aplicará a los proyectos de investigación y desarrollo ni de demostración sin ánimo comercial.

3.   El presente capítulo se entiende sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente Acuerdo, incluidas, mutatis mutandis, las eventuales excepciones, reservas o restricciones a dichas disposiciones, a las medidas mencionadas en el apartado 1. En aras de una mayor seguridad, en caso de incompatibilidad entre el presente capítulo y las demás disposiciones del presente Acuerdo, prevalecerán las demás disposiciones del presente Acuerdo respecto de la incompatibilidad.

1.   Cuando existan normas internacionales o regionales en lo que respecta a los productos para la generación de energía a partir de fuentes no fósiles renovables y sostenibles, las Partes usarán dichas normas, o sus partes pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo cuando tales normas internacionales, o sus partes pertinentes, constituyan un medio ineficaz o inadecuado para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos. A efectos de la aplicación del presente apartado, la Organización Internacional de Normalización (en lo sucesivo, «ISO») y la Comisión Electrotécnica Internacional (en lo sucesivo, «CEI») se considerarán, en particular, organismos internacionales de normalización pertinentes.

2.   En su caso, las Partes especificarán la reglamentación técnica sobre la base de requisitos de producto en términos de resultados, incluidos resultados medioambientales, y no en características de diseño o descriptivas.

3.   En lo que respecta a los productos enumerados en el capítulo 84 del Sistema Armonizado (excepto 8401) y en SA 850231 y 854140:

Para mayor seguridad, el presente apartado no impedirá que cualquiera de las Partes exija requisitos no relacionados con los productos mencionados en el presente apartado, como normas en materia de zonificación o códigos de construcción.

1.   El presente capítulo queda sujeto a las excepciones previstas en el artículo 2.14 (Excepciones generales), el artículo 8.62 (Excepciones generales), el artículo 9.3 (Seguridad y excepciones generales) y, para mayor seguridad, a las disposiciones pertinentes del capítulo dieciséis (Disposiciones institucionales, generales y finales).

2.   Para mayor seguridad, a condición de que dichas medidas no se apliquen de modo que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los productos, proveedores de servicios o inversores de las Partes cuando existan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio y la inversión entre las Partes, ninguna disposición del presente capítulo se interpretará de modo que impida la adopción o aplicación por una Parte de las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la explotación de las redes de energía de que se trate o la seguridad del abastecimiento energético.

1.   Las Partes cooperarán e intercambiarán información sobre toda cuestión pertinente para la aplicación del presente capítulo en el Comité de Comercio creado de conformidad con el artículo 16.1 (Comité de Comercio). Mediante Decisión del Comité de Comercio, las Partes podrán adoptar de común acuerdo las medidas de ejecución oportunas a tal efecto y actualizar el presente capítulo según proceda.

2.   La cooperación podrá incluir:

1.   Las Partes, reafirmando sus compromisos respectivos en virtud del Acuerdo de la OMC, establecen las disposiciones necesarias para la liberalización recíproca y progresiva del comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico.

2.   Salvo que se disponga lo contrario, el presente capítulo:

3.   De conformidad con el presente capítulo, cada Parte sigue teniendo derecho a regular e introducir nuevas normas para alcanzar objetivos políticos legítimos, respetando las disposiciones del presente capítulo.

4.   El presente capítulo no se aplicará a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de una Parte ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente. Ninguna disposición del presente capítulo impedirá que una Parte aplique medidas para regular la entrada o la estancia temporal de personas físicas de la otra Parte en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas físicas a través de las mismas, siempre que esas medidas no se apliquen de manera que anulen o menoscaben las ventajas (4) resultantes para la otra Parte de conformidad con los términos del presente capítulo

1.   Respecto al acceso a los mercados mediante el suministro transfronterizo de servicios, cada Parte concederá a los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato que no sea menos favorable que el establecido conforme a los términos, las limitaciones y las condiciones acordadas y especificadas en su Lista de Compromisos Específicos.

2.   En los sectores en que se asuman compromisos de acceso a los mercados, ninguna Parte mantendrá ni adoptará, ni a escala de una subdivisión regional ni en todo su territorio, a menos que en su Lista de Compromisos Específicos se especifique otra cosa, las medidas siguientes:

1.   En los sectores inscritos en su Lista de Compromisos Específicos y con las condiciones y salvedades que en ella puedan consignarse, cada Parte otorgará a los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro transfronterizo de servicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.

2.   Una Parte podrá cumplir lo prescrito en el apartado 1 otorgando a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra Parte un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios similares.

3.   Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o proveedores de servicios de una Parte, en comparación con los servicios similares o los proveedores de servicios similares de la otra Parte.

4.   No se interpretará que los compromisos específicos asumidos en virtud del presente artículo obligan a cualquier Parte a compensar desventajas competitivas intrínsecas que resulten del carácter extranjero de los servicios o proveedores de servicios pertinentes.

1.   Los sectores liberalizados por una Parte en virtud de la presente sección, así como las limitaciones de acceso a los mercados y de trato nacional, establecidas mediante reservas, aplicables a los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte en dichos sectores figuran en su Lista de Compromisos Específicos.

2.   Ninguna de las Partes podrá adoptar medidas discriminatorias nuevas o adicionales respecto a los servicios o proveedores de servicios de la otra Parte en relación con los compromisos específicos asumidos con arreglo al apartado 1.

1.   Respecto al acceso a los mercados mediante establecimiento, cada Parte concederá a los establecimientos y empresarios de la otra Parte un trato que no sea menos favorable que el establecido conforme a los términos, las limitaciones y las condiciones acordadas y especificadas en su Lista de Compromisos Específicos.

2.   En los sectores en que se asuman compromisos de acceso a los mercados, ninguna Parte mantendrá ni adoptará, ni a escala de una subdivisión regional ni en todo su territorio, a menos que en su Lista de Compromisos Específicos se especifique otra cosa, las medidas siguientes:

1.   En los sectores que figuran en su Lista de Compromisos Específicos y conforme a las condiciones y cualificaciones expuestas en el mismo respecto a todas las medidas que afectan al establecimiento (16), cada Parte concederá a los establecimientos y empresarios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que concede a sus propios establecimientos y empresarios similares.

2.   Cada Parte podrá cumplir lo estipulado en el apartado 1 otorgando a los establecimientos y empresarios de la otra Parte un trato formalmente idéntico, o bien otorgándoles un trato formalmente diferente, o formalmente diferente al que otorgue a sus propios establecimientos y empresarios similares.

3.   Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia a favor de los establecimientos y empresarios de la Parte, en comparación con los establecimientos y empresarios similares de la otra Parte.

4.   No se interpretará que los compromisos específicos asumidos en virtud del presente artículo obligan a cualquier Parte a compensar por las desventajas competitivas intrínsecas debidas al carácter extranjero de los establecimientos o y empresarios pertinentes.

1.   Los sectores liberalizados por una Parte en virtud de la presente sección, así como las limitaciones de acceso a los mercados y de trato nacional, establecidas mediante reservas, aplicables a los establecimientos y empresarios de la otra Parte en dichos sectores figuran en la Lista de Compromisos Específicos de la primera Parte.

2.   Ninguna de las Partes podrá adoptar medidas discriminatorias nuevas o adicionales respecto a los establecimientos y empresarios de la otra Parte en relación con los compromisos específicos asumidos con arreglo al apartado 1.

1.   La presente sección es aplicable a las medidas de las Partes relativas a la entrada y la estancia temporal en sus territorios respectivos del personal clave, los becarios con titulación universitaria y los vendedores de servicios a empresas de conformidad con el apartado 4 del artículo 8.1 (Objetivo y ámbito de aplicación).

2.   A efectos de la presente sección:

1.   Respecto a cada sector liberalizado conforme a la sección C (Establecimiento) y sin perjuicio de las reservas enumeradas en la Lista de Compromisos Específicos, cada Parte permitirá a los empresarios de la otra Parte emplear temporalmente en sus establecimientos a personas físicas de esa otra Parte, siempre que tales trabajadores sean personal clave o becarios con titulación universitaria, tal como se definen en el artículo 8.13 (Ámbito de aplicación y definiciones). Se permitirán su entrada y estancia temporal durante un periodo máximo de tres años en el caso de las personas trasladadas dentro de la misma empresa, de noventa días en cualquier periodo de doce meses en el caso de las personas en visita de negocios a efectos de establecimiento, y de un año en el caso de los becarios con titulación universitaria. Para las personas trasladadas dentro de la misma empresa, este plazo podrá ampliarse a un máximo de dos años adicionales, con arreglo al Derecho interno (18).

2.   Respecto a cada sector liberalizado conforme a la sección C (Establecimiento), a no ser que en su Lista de Compromisos Específicos se especifique lo contrario, las medidas que una Parte no mantendrá ni adoptará se definen como limitaciones del número total de personas físicas que un empresario puede trasladar como personal clave o becarios con titulación universitaria en un sector específico, mediante el establecimiento de contingentes numéricos o la exigencia de una prueba de necesidades económicas, y como limitaciones discriminatorias.

1.   Ninguna disposición del presente artículo impedirá a una Parte exigir que las personas físicas posean las cualificaciones necesarias y/o la experiencia profesional especificadas en el territorio donde se suministra el servicio para el sector de la actividad en cuestión.

2.   Las Partes alentarán a los organismos profesionales pertinentes de sus respectivos territorios a elaborar y facilitar conjuntamente recomendaciones sobre reconocimiento mutuo al Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública creado en virtud del artículo 16.2 (Comités especializados) Dicha recomendación deberá basarse en pruebas sobre:

3.   Cuando reciba una recomendación conjunta, el Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública reconsiderará la recomendación conjunta en un plazo razonable a fin de determinar si es compatible con el presente Acuerdo.

4.   Cuando, sobre la base de la información contemplada en el apartado 2, la recomendación se considere compatible con el presente Acuerdo, las Partes adoptarán las medidas necesarias para negociar, a través de sus autoridades competentes o representantes autorizados por una Parte, un Acuerdo de reconocimiento mutuo.

1.   La presente subsección se aplica a las medidas de las Partes relativas a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias o los requisitos y procedimientos de cualificación que afectan a:

2.   La presente subsección solo se aplicará a los sectores en que una Parte haya contraído compromisos específicos y si estos compromisos específicos son aplicables.

3.   La presente subsección no se aplica a las medidas que constituyan limitaciones según lo previsto en los artículos 8.5 (Acceso a los mercados) y 8.10 (Acceso a los mercados) y/o los artículos 8.6 (Trato nacional) y 8.11 (Trato nacional).

4.   A los efectos de la presente subsección:

1.   Cada Parte garantizará que las medidas relativas a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias y los requisitos y procedimientos de cualificación se basen en criterios:

2.   La autorización o licencia deberán concederse, en función de la disponibilidad, cuando se haya determinado, tras un examen adecuado, que se han cumplido las condiciones.

3.   Cada Parte mantendrá o instituirá tribunales o procedimientos judiciales, de arbitraje o administrativos que proporcionen, a petición de un empresario o un proveedor de servicios afectados, una reconsideración rápida de las decisiones administrativas relativas al establecimiento, el suministro transfronterizo de servicios o la estancia temporal de personas físicas con fines empresariales y, cuando esté justificado, las soluciones jurídicas apropiadas. En caso de que tales procedimientos no sean independientes del organismo encargado de la decisión administrativa de que se trate, cada Parte garantizará que los procedimientos permitan, de hecho, una reconsideración objetiva e imparcial.

El presente apartado no se interpretará en el sentido de que imponga a ninguna Parte la obligación de establecer tales tribunales o procedimientos cuando ello sea incompatible con su estructura constitucional o con la naturaleza de su sistema jurídico.

1.   Cada Parte garantizará que los procedimientos y trámites de concesión de licencias y cualificación sean lo más simples posible y no compliquen ni retrasen indebidamente el suministro del servicio. Las tasas de licencia (20) impuestas a los solicitantes deberán ser razonables y no restringir por sí mismas el suministro del servicio.

2.   Cada Parte garantizará que los procedimientos utilizados y las decisiones de la autoridad competente en el proceso de concesión de licencias o autorización son imparciales con respecto a todos los solicitantes. La autoridad competente debe adoptar una decisión al respecto de manera independiente y sin rendir cuentas ante ningún proveedor de servicios al que se exija la licencia o autorización.

3.   Si existen plazos específicos de presentación de solicitudes, se concederá al solicitante un plazo razonable para presentar la solicitud. La autoridad competente deberá iniciar la tramitación de las solicitudes sin demoras injustificadas. Cuando sea posible, las solicitudes deben ser aceptadas en formato electrónico en las mismas condiciones de autenticidad que en papel.

4.   Cada Parte garantizará que el examen de las solicitudes, incluyendo la decisión definitiva, se complete dentro de un plazo razonable a partir de la presentación de una solicitud completa. Cada Parte procurará establecer un plazo normal para la tramitación de las solicitudes.

5.   La autoridad competente, en un plazo razonable tras la recepción de una solicitud que considere incompleta, informará al solicitante de ello y, en la medida en que sea posible, determinará la información adicional necesaria para completar la solicitud, y ofrecerá una oportunidad de corregir las deficiencias.

6.   Cuando sea posible, se aceptarán copias autenticadas en vez de los documentos originales.

7.   Si la autoridad competente deniega la solicitud, el solicitante será informado por escrito y sin demoras indebidas. En principio, los solicitantes que lo soliciten también deben ser informados de las razones por las que se desestima su solicitud y de los plazos para recurrir tal decisión. En su caso, debe permitirse que el solicitante vuelva a presentar una solicitud en un plazo razonable.

8.   Cada Parte garantizará que la licencia o autorización, una vez concedida, surta efecto, sin demoras indebidas, de conformidad con los términos y condiciones especificados en las mismas.

1.   Las Partes acuerdan lo que se expone en los siguientes apartados en el caso de los servicios informáticos liberalizados conforme a las secciones B (Suministro transfronterizo de servicios), C (Establecimiento) y D (Presencia temporal de personas físicas con fines empresariales).

2.   Las Partes entienden que el código (21) CCP 84 de las Naciones Unidas, utilizado para describir los servicios informáticos y conexos, abarca todos los servicios informáticos y conexos. Como resultado de la evolución tecnológica, cada vez con más frecuencia se ofrecen estos servicios en un paquete de servicios conexos que pueden incluir algunas de las funciones básicas enumeradas en el apartado 3 o todas ellas. Por ejemplo, servicios como el hospedaje de páginas web o de dominios, los servicios de minería de datos y computación distribuida consisten en una combinación de funciones básicas de servicios informáticos.

3.   Los servicios informáticos y los servicios conexos, independientemente de que se suministren mediante una red, incluida internet, comprenden la prestación de todos o cualquier combinación de los siguientes servicios:

4.   Las Partes entienden que, en muchos casos, los servicios informáticos y conexos permiten suministrar otros servicios (23) por medios electrónicos y de otro tipo. Sin embargo, en esos casos, se establece una diferencia importante entre el servicio informático o conexo (como el alojamiento de sitios web o de aplicaciones) y el otro servicio (24) prestado a través del servicio informático o conexo. Ese otro servicio, a pesar de prestarse a través de un servicio informático o un servicio conexo, no se incluye en el código CCP 84.

1.   La presente subsección se aplica a las medidas que afectan al comercio de servicios de telecomunicaciones y expone los principios del marco reglamentario de los servicios de telecomunicaciones, liberalizados de conformidad con las secciones B a D.

2.   La presente subsección no se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en lo relativo a la distribución por cable o la difusión de programas de radio o televisión.

3.   Ninguna disposición de la presente subsección se interpretará en el sentido de exigir a una de las Partes:

4.   Cada Parte deberá imponer, mantener, modificar o retirar los derechos y las obligaciones de los proveedores de servicios contempladas en los artículos 8.26 (Acceso a redes y servicios públicos de telecomunicaciones y utilización de los mismos), 8.28 (Interconexión), 8.29 (Interconexión con los proveedores principales), 8.30 (Conducta de los proveedores principales), 8.32 (Elementos de red disociados), 8.33 (Coubicación), 8.34 (Reventa), 8.35 (Uso compartido de instalaciones), 8.36 (Suministro de servicios de circuitos arrendados) y 8.38 (Estaciones de terminación de cables submarinos) de manera coherente con su Derecho interno y sus procedimientos internos de regulación de los mercados de telecomunicaciones. Para la Unión, dichos procedimientos implicarán el análisis por parte de los reguladores de la Unión de los mercados de los productos y servicios relevantes previstos en la legislación correspondiente de la Unión, la designación de un proveedor de servicios como poseedor de un peso significativo en el mercado, y la decisión de los reguladores, a partir de dicho análisis, de imponer, mantener, modificar o retirar tales derechos y obligaciones.

1.   Cada Parte garantizará que todos los proveedores de servicios de la otra Parte puedan acceder a cualquier red y servicio público de telecomunicaciones y utilizarlo, ofrecidos en su territorio o a través de sus fronteras, incluidos los servicios de circuitos privados arrendados, en términos y condiciones razonables, no discriminatorios y transparentes, incluidos los establecidos en los apartados 2 y 3.

2.   Cada Parte garantizará que se autorice a los proveedores de servicios a:

3.   Cada parte garantizará que todos los proveedores de servicios de la otra Parte puedan utilizar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones para la circulación de información dentro de su territorio o transfronterizos, incluidas las comunicaciones intraempresariales de dichos proveedores de servicios y para el acceso a la información contenida en bases de datos o almacenada de otro modo en forma legible por máquina en el territorio de cualquiera de las Partes. Toda medida nueva o modificada de una Parte que afecte significativamente a esa utilización se notificará a la otra Parte y será objeto de consultas.

1.   Cada Parte garantizará que todo proveedor de servicios autorizado para ofrecer redes o servicios públicos de telecomunicaciones tenga el derecho y la obligación de negociar la interconexión con otros proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones. Debe acordarse la interconexión sobre la base de negociaciones comerciales entre las partes en cuestión.

2.   Las autoridades reguladoras garantizarán que los proveedores que obtengan información de otra empresa durante el proceso de negociación de acuerdos de interconexión utilicen dicha información únicamente para el propósito para el que fue facilitada y respeten en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada.

1.   Cada una de las Partes garantizará que cualquier proveedor principal de su territorio facilite la interconexión de las instalaciones y los equipos de los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones de la otra Parte en cualquier punto técnicamente viable de la red del proveedor principal. Esta interconexión se facilitará:

2.   Cada Parte garantizará que los proveedores principales de su territorio pongan a disposición del público sus acuerdos de interconexión o una oferta de interconexión de referencia.

3.   Se pondrán a disposición del público los procedimientos aplicables a la interconexión con un proveedor principal.

4.   Cuando los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones sean incapaces de resolver diferencias con respecto a los términos, las condiciones y las tarifas de interconexión que debe ofrecer el proveedor principal, deberán recurrir a la autoridad reguladora, que tratará de resolver las diferencias en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, en un plazo de 180 días a partir de la petición de pronunciamiento sin perjuicio de que la resolución de diferencias complejas pueda demorarse más de 180 días.

1.   Cada una de las Partes podrá imponer a los proveedores principales obligaciones de no discriminación en relación con la interconexión o el acceso.

2.   Las obligaciones de no discriminación garantizarán, en particular, que el proveedor principal aplique condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a otros proveedores que presten servicios equivalentes y proporcionen a terceros servicios e información de la misma calidad que los que proporcione para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados, y en condiciones equivalentes.

1.   Cada Parte deberá obligar a los proveedores principales a cumplir exigencias razonables de acceso y uso de elementos de redes e infraestructuras asociadas específicas en cualquier punto técnicamente viable, sobre una base desagregada, en el momento oportuno y en condiciones razonables, transparentes y no discriminatorias, en particular a:

2.   Cuando una Parte esté considerando las obligaciones previstas en el apartado 1, podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

1.   Cada Parte garantizará que los proveedores principales de su territorio ofrezcan a los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones de la otra Parte una coubicación física del equipo necesario para la interconexión o el acceso a los elementos de red desagregados en el momento oportuno y en términos y condiciones razonables y no discriminatorios.

2.   Cada Parte podrá determinar, de conformidad con su Derecho interno, los emplazamientos en los que exige que los proveedores principales de su territorio faciliten la coubicación con arreglo al apartado 1.

1.   Cada una de las Partes podrá, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, imponer a cualquier proveedor principal que tenga derecho a instalar infraestructuras, por encima o por debajo de la propiedad pública o privada, el uso compartido de las infraestructuras o de la propiedad, incluidos los edificios, las entradas de los edificios, el cableado de los edificios, los mástiles, las antenas, las torres y otras construcciones de soporte, los postes, los conductos, las canalizaciones, los accesos y los distribuidores.

2.   Cada Parte podrá determinar, de conformidad con su Derecho interno, las infraestructuras a las que exige que los proveedores principales de su territorio faciliten acceso en virtud del apartado 1, sobre la base de que no es viable económica o técnicamente sustituir dichas infraestructuras para prestar un servicio competidor.

1.   Cada Parte garantizará que su organismo regulador de las telecomunicaciones sea independiente de cualquier proveedor de redes o servicios públicos de telecomunicaciones o de equipos de telecomunicaciones, y que no les tenga que rendir cuentas. Con este fin, cada una de las Partes garantizará que su organismo regulador de las telecomunicaciones no tenga ningún interés financiero en ninguno de estos proveedores ni ningún control sobre ellos.

2.   Cada Parte garantizará que las decisiones y los procedimientos de sus organismos reguladores de las telecomunicaciones sean justos e imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado, y que se lleven a cabo y se apliquen sin demora injustificada. A tal fin, cada Parte garantizará que cualquier interés financiero que tenga en un proveedor de redes o servicios públicos de telecomunicaciones no influya en las decisiones y los procedimientos de su organismo regulador de las telecomunicaciones.

3.   Las prerrogativas de las autoridades reguladoras deberán ejercerse de forma transparente, de conformidad con el Derecho nacional aplicable.

4.   Las autoridades reguladoras estarán habilitadas para garantizar que los proveedores de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones de su territorio respectivo les proporcionen, en cuanto la soliciten, toda la información, incluso financiera, necesaria para que los organismos reguladores realicen sus tareas de conformidad con la presente subsección. La información solicitada deberá ser razonablemente proporcional a la realización de las tareas de las autoridades reguladoras y se tratará de conformidad con los requisitos de confidencialidad.

5.   La autoridad reguladora tendrá facultades suficientes para regular el sector. Las tareas que debe asumir la autoridad reguladora se harán públicas de forma fácilmente accesible y clara, en particular en caso de que dichas tareas se asignen a más de un organismo.

1.   Cada Parte tiene derecho a definir el tipo de obligaciones de servicio universal que desea mantener.

2.   No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son contrarias a la competencia per se, a condición de que sean administradas de manera transparente, objetiva, no discriminatoria y neutralidad en cuanto a competencia y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por la Parte.

3.   Si una Parte exige a un proveedor de servicios de telecomunicaciones que facilite las guías de abonados, dicha Parte garantizará que el proveedor aplica el principio de no discriminación al tratamiento de la información que le hayan facilitado los demás proveedores de dichos servicios de telecomunicaciones.

1.   Cada Parte garantizará que los procedimientos de concesión de licencias sean lo más simples posible y no compliquen ni retrasen indebidamente el suministro del servicio.

2.   Si una Parte exige a un proveedor de redes o servicios públicos de telecomunicaciones que posea una licencia, dicha Parte hará públicos:

3.   Cada Parte garantizará que un solicitante reciba por escrito, cuando se requiera, las razones de denegación de la licencia.

4.   Cuando se le ha denegado indebidamente una licencia el solicitante de una licencia podrá recurrir a un organismo de apelación.

5.   Las tasas de licencia o autorización (29) impuestas a los solicitantes deberán ser razonables y no restringir por sí mismas el suministro del servicio.

1.   Todo procedimiento para la asignación y la utilización de recursos escasos, como las frecuencias, los números y los derechos de paso, se llevará a la práctica de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. Se pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas de frecuencia asignadas, pero no es preciso identificar detalladamente las frecuencias asignadas a usos oficiales específicos.

2.   Las Partes entienden que las decisiones sobre la atribución y la asignación de la gestión de las radiofrecuencias y del espectro no son medidas incompatibles per se con los artículos 8.5 (Acceso a los mercados) y 8.10 (Acceso a los mercados). En consecuencia, cada Parte sigue teniendo derecho a aplicar sus políticas de gestión de frecuencias y del espectro que puedan afectar al número de proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, a condición de que lo hagan de forma coherente con el presente capítulo. Las Partes también conservan el derecho a asignar bandas de frecuencias teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras.

1.   Cada Parte garantizará que su organismo regulador de las telecomunicaciones mantiene autoridad y procedimientos apropiados y para hacer cumplir las medidas nacionales relativas a las obligaciones con arreglo a la presente subsección. Dichos procedimientos y dicha autoridad incluirán la facultad de imponer sanciones oportunas, proporcionadas y eficaces, o de modificar, suspender y revocar licencias.

2.   Si un proveedor principal se niega a aplicar los derechos y las obligaciones que figuran en los artículos 8.29 (Interconexión con los proveedores principales), 8.30 (Conducta de los proveedores principales), 8.31 (Salvaguardias competitivas respecto a los proveedores principales), 8.32 (Elementos de red desagregados), 8.33 (Coubicación), 8.34 (Reventa), 8.35 (Uso compartido de infraestructuras) o 8.36 (Prestación de servicios de circuitos arrendados), el proveedor solicitante del servicio podrá pedir la intervención del organismo regulador, que deberá emitir, una decisión vinculante en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, en un plazo razonable.

1.   Cada Parte garantizará que los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones de la otra Parte puedan recurrir de forma oportuna a un organismo regulador de las telecomunicaciones o a otro organismo pertinente para resolver las diferencias que surjan en el marco de las medidas nacionales para abordar una cuestión contemplada en la presente subsección.

2.   Cada Parte garantizará que los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones de la otra Parte afectados por una decisión de un organismo regulador de las telecomunicaciones podrán interponer recurso contra dicha decisión ante una autoridad administrativa o judicial independiente de las partes implicadas.

3.   En caso de que el organismo de apelación no tenga carácter judicial, se darán por escrito las razones de su decisión, y su decisión estará sujeta a revisión por parte de una autoridad judicial imparcial e independiente.

4.   Las partes interesadas implementarán de forma efectiva las decisiones adoptadas por los organismos de apelación con arreglo a lo dispuesto en el Derecho nacional aplicable y los procedimientos internos. Un recurso no será razón suficiente para el incumplimiento de la decisión reglamentaria, salvo si una autoridad adecuada suspende dicha decisión reglamentaria.

1.   Las Partes, reconociendo la rápida evolución de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, tanto en contextos nacionales como internacionales, cooperarán para fomentar el desarrollo de dichos servicios, con vistas a obtener el máximo beneficio para las Partes de la utilización de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones.

2.   Esta cooperación podrá incluir especialmente las áreas siguientes:

3.   Esta cooperación podrá incluir especialmente las formas siguientes:

1.   En la presente subsección se exponen los principios del marco reglamentario de todos los servicios financieros liberalizados de conformidad con las secciones B (Suministro transfronterizo de servicios), C (Establecimiento) y D (Presencia temporal de personas físicas para actividades empresariales).

2.   A los efectos de la presente subsección:

1.   Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas razonables por motivos prudenciales, entre ellas:

2.   Estas medidas no serán más gravosas de lo necesario para alcanzar su objetivo y no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable contra los proveedores de servicios financieros de la otra Parte, en comparación con sus propios proveedores de servicios financieros similares, ni una restricción encubierta del comercio de servicios.

3.   Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará de manera que se obligue a una Parte a revelar información relativa a las actividades y a las cuentas de consumidores individuales o que revelan cualquier información confidencial o de dominio privado en poder de entidades públicas.

4.   Cada una de las Partes hará todo lo posible para garantizar que se implementen y apliquen en su territorio los principios básicos del Comité de Basilea para una supervisión bancaria eficaz, las normas y los principios de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, los objetivos y principios de la reglamentación en materia de valores de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y las normas internacionalmente acordadas de transparencia e intercambio de información a efectos fiscales recogidas en el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE de 20017.

5.   Sin perjuicio del artículo 8.6 (Trato nacional) y de otros medios de regulación cautelar del comercio transfronterizo de servicios financieros, una Parte podrá exigir el registro o la autorización de los proveedores transfronterizos de servicios financieros de la otra Parte y de los instrumentos financieros.

1.   Sin perjuicio de las garantías apropiadas de la intimidad y confidencialidad, cada Parte permitirá a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte transferir información hacia el interior o el exterior de su territorio para su tratamiento, por vía electrónica o en otra forma, cuando ello sea necesario para llevar a cabo las actividades ordinarias de negocios de tales proveedores de servicios financieros.

2.   Cada una de las Partes adoptará o mantendrá las salvaguardias adecuadas para proteger la intimidad y los datos personales, incluidos los registros y cuentas individuales, siempre que dichas medidas no se utilicen para eludir las disposiciones del presente Acuerdo.

1.   Ninguna disposición del presente capítulo se interpretará en el sentido de impedir que cualquiera de las Partes, incluidas sus entidades públicas, realicen o presten exclusivamente en su territorio actividades o servicios que formen parte de un plan público de jubilación o de un sistema reglamentario de seguridad social, salvo en caso de que dichas actividades puedan ser realizadas por prestadores de servicios financieros en competencia con entidades públicas o instituciones privadas, conforme a lo dispuesto en la normativa interna de la Parte.

2.   Ninguna disposición del presente Acuerdo se aplicará a las actividades realizadas por un banco central, autoridad monetaria o cualquier otra entidad pública en la conducción de políticas monetarias o cambiarias.

3.   Ninguna disposición del presente capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte, incluidas sus entidades públicas, realicen o suministren exclusivamente actividades o servicios en su territorio por cuenta o con garantía o con los recursos financieros de la Parte o sus entidades públicas, salvo si, conforme a lo dispuesto en la normativa interna de la Parte, dichas actividades pueden ser realizadas por proveedores de servicios financieros en competencia con entidades públicas o instituciones privadas.

1.   En la presente subsección se exponen los principios relativos a la liberalización de los servicios de transporte marítimo internacional de conformidad con las secciones B (Suministro transfronterizo de servicios), C (Establecimiento) y D (Presencia temporal de personas físicas para actividades empresariales).

2.   A efectos de la presente subsección, «transporte marítimo internacional» incluye las operaciones de transporte puerta a puerta y multimodales, es decir, el transporte de mercancías a través de más de un medio de transporte, que incluya un trayecto marítimo, cuando dicho transporte se realiza en base a un único documento de transporte, y a este efecto conlleva el derecho a suscribir directamente contratos con proveedores de otros modos de transporte.

3.   Por lo que respecta al transporte marítimo internacional, las Partes acuerdan garantizar la aplicación efectiva de los principios de libre acceso a los cargamentos sobre una base comercial, la libre prestación de servicios de transporte marítimo internacional y el trato nacional en el marco del suministro de tales servicios.

Considerando los niveles existentes de liberalización entre las Partes en el transporte marítimo internacional:

4.   Al aplicar estos principios, las Partes:

5.   Cada Parte permitirá que los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la otra Parte tengan un establecimiento en su territorio en condiciones de establecimiento y operación conformes a las que figuren en su Lista de Compromisos Específicos.

6.   Las Partes pondrán a disposición de los proveedores de transporte marítimo internacional de la otra Parte el uso de los siguientes servicios portuarios en condiciones razonables y no discriminatorias:

1.   Las Partes, reconociendo que el comercio electrónico aumenta las oportunidades comerciales en numerosos sectores, están de acuerdo en la importancia de facilitar su uso y desarrollo y la aplicabilidad de las normas de la OMC al comercio electrónico.

2.   Las Partes acuerdan promover el desarrollo del comercio electrónico entre ellas, en particular cooperando en las cuestiones planteadas por el comercio electrónico con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo. En este contexto, ambas Partes deben evitar imponer regulaciones o restricciones innecesarias al comercio electrónico.

3.   Las Partes reconocen la importancia de la libre circulación de la información en internet, pero acuerdan que ello no debe afectar a los derechos de los titulares de la propiedad intelectual e industrial, dada la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en internet.

4.   Las Partes convienen en que el desarrollo del comercio electrónico debe ser plenamente compatible con las normas internacionales de protección de datos a fin de garantizar la confianza de los usuarios en el comercio electrónico.

1.   Las Partes adoptarán medidas para facilitar una mejor comprensión del marco de firmas electrónicas de la otra Parte y, sujetas a las correspondientes condiciones y la legislación nacionales, examinarán la viabilidad de tener un acuerdo de reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas en el futuro.

2.   Al aplicar los principios del apartado 1, cada Parte:

1.   Las Partes mantendrán un diálogo sobre las cuestiones reglamentarias planteadas por el comercio electrónico, en el que se abordarán, entre otras, las cuestiones siguientes:

2.   Esta cooperación podrá adoptar la forma de un intercambio de información sobre la legislación respectiva de las Partes acerca de estas cuestiones, así como sobre la aplicación de dicha legislación.

1.   El Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública será responsable de la la aplicación efectiva del presente capítulo y a tal fin:

2.   Las funciones del Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública en relación con el capítulo nueve (Contratación pública) se establecen en el artículo 9.19 (Responsabilidades del Comité).

1.   El presente capítulo se aplica a las medidas relativas a una contratación que entra dentro del ámbito de aplicación, independientemente de que se realice, exclusiva o parcialmente, por medios electrónicos.

2.   A efectos del presente capítulo, se entenderá por «contratación que entra dentro del ámbito de aplicación» la contratación a efectos gubernamentales:

3.   Excepto cuando se disponga lo contrario en los anexos 9-A a 9-G, el presente capítulo no se aplicará a:

4.   Cada Parte facilitará la siguiente información en los anexos 9-A a 9-G:

5.   En caso de que una entidad contratante, en el contexto de una contratación que entre dentro del ámbito de aplicación exija a personas que no figuran en los anexos 9-A a 9-C que contraten con arreglo a requisitos especiales, el artículo 9.4 (Principios generales) se aplicará, mutatis mutandis, a tales requisitos.

6.   Al calcular el valor de una contratación con miras a determinar si se trata de una contratación que entra dentro del ámbito de aplicación, la entidad contratante:

7.   Si una convocatoria de licitación para una contratación da lugar a la adjudicación de más de un contrato o a la adjudicación fraccionada de contratos (en lo sucesivo, «contratos recurrentes»), la base para calcular el valor total máximo será:

8.   Cuando se trate de contratos de compra a plazos o de arrendamiento, financiero o no, de bienes o servicios, o de contratos en los que no se especifique un precio total, la base para la valoración será la siguiente:

1.   Ninguna disposición del presente capítulo se interpretará en el sentido de que impide a una Parte adoptar medidas o no revelar información para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad en relación con la adquisición de armas, municiones o material de guerra, o cualquier otra contratación indispensable para la seguridad nacional o para fines de defensa nacional.

2.   A reserva de que no se apliquen tales medidas de forma que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes cuando prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que las Partes impongan medidas de ejecución forzosa:

1.   En lo que respecta a cualquier medida relativa a las actividades de contratación que entran dentro del ámbito de aplicación, cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, concederá inmediata e incondicionalmente a los bienes y servicios de la otra Parte y a los proveedores de la otra Parte un trato en ningún caso menos favorable que el trato que dicha Parte, incluidas sus entidades contratantes, conceden a los bienes, servicios y proveedores nacionales.

2.   En lo que respecta a cualquier medida relativa a la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación, las Partes, incluidas sus entidades contratantes:

3.   Al efectuar una contratación que entra dentro del ámbito de aplicación por medios electrónicos, la entidad contratante:

4.   Las entidades contratantes realizarán las contrataciones que entren dentro del ámbito de aplicación de una manera transparente e imparcial que:

5.   A efectos de la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación, ninguna Parte aplicará normas de origen a los bienes o servicios importados o suministrados de otra Parte que sean diferentes de las normas de origen que la Parte aplica en el curso normal del comercio a las importaciones o suministros de los mismos bienes o servicios de la otra Parte.

6.   Con respecto a las contrataciones que entran dentro del ámbito de aplicación, ninguna Parte, incluidas sus entidades contratantes, solicitará, tendrá en cuenta, impondrá ni exigirá ninguna compensación.

7.   Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los derechos de aduana y exacciones de cualquier tipo aplicados a la importación o en relación con ella, al método de percepción de dichos derechos y gravámenes, a otras reglamentaciones y formalidades de importación ni a las medidas que afectan al comercio de servicios distintas de las medidas relativas a la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación.

1.   Cada Parte:

2.   Cada Parte enumerará en el anexo 9-H:

3.   Cada Parte notificará rápidamente al Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública creado en virtud del artículo 16.2 (Comités especializados) cualquier modificación de de los medios para la información de la Parte que figure en el anexo 9-H.

1.   Para cada contratación que entre dentro del ámbito de aplicación, la entidad contratante publicará un anuncio de contratación prevista, al que se podrá acceder directa y gratuitamente por medios electrónicos a través de un punto de acceso único, excepto en las circunstancias descritas en el artículo 9.12 (Procedimiento de licitación restringida). El anuncio de contratación prevista seguirá estando fácilmente accesible al público, al menos hasta la expiración del plazo indicado en el anuncio. Cada Parte enumerará el medio de comunicación electrónico apropiado en su sección del anexo 9-H.

2.   Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, cada anuncio de contratación prevista incluirá:

3.   Para cada procedimiento de contratación pública prevista, la entidad contratante publicará, al mismo tiempo que la publicación del anuncio de contratación prevista, un resumen del anuncio que sea fácilmente accesible en una de las lenguas de la OMC. En el anuncio figurarán como mínimo los siguientes datos:

4.   Se anima a las entidades contratantes a publicar por medios electrónicos a través del punto de acceso único utilizado para la publicación de los anuncios de contratación prevista, tan pronto como sea posible en cada ejercicio fiscal, un anuncio relativo a sus planes futuros de contratación (en lo sucesivo denominado «anuncio de contratación programada»). El anuncio deberá incluir el asunto objeto de contratación y la fecha prevista de publicación del anuncio de contratación prevista.

5.   Las entidades contratantes comprendidas en el anexo 9-B o 9-C podrán utilizar un anuncio de contratación programada como si fuera un anuncio de contratación prevista a condición de que el anuncio de contratación programada incluya toda la información mencionada en el apartado 2 de que disponga, así como una indicación de que los proveedores interesados deberán manifestar a la entidad contratante su interés en la contratación.

1.   Las entidades contratantes limitarán las condiciones para participar en una contratación a aquellas que sean esenciales para asegurarse de que el proveedor tiene la capacidad jurídica, comercial, técnica y financiera para hacerse cargo de la contratación de que se trate.

2.   Al establecer las condiciones de participación, la entidad contratante:

3.   Para evaluar si un proveedor satisface las condiciones de participación, la entidad contratante:

4.   Cuando haya pruebas que lo justifiquen, una Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá excluir a un proveedor por motivos tales como los siguientes:

1.   Cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá mantener un sistema de registro de proveedores con arreglo al cual los proveedores interesados deberán inscribirse y proporcionar determinada información.

2.   Cada Parte se asegurará de que:

3.   Ninguna Parte, incluidas sus entidades contratantes, adoptará o aplicará sistemas de registro o procedimientos de cualificación que tengan el propósito o el efecto de crear obstáculos innecesarios a la participación de proveedores de otra Parte en sus contrataciones.

4.   En caso de que una entidad contratante utilice el procedimiento de licitación selectiva:

5.   Las entidades contratantes permitirán que todos los proveedores cualificados participen en una contratación determinada, a menos que la entidad contratante indique, en el anuncio de contratación prevista, alguna limitación del número de proveedores que podrán presentar ofertas y los criterios para seleccionar ese número limitado de proveedores. En cualquier caso, el número de proveedores autorizados a presentar una oferta deberá ser suficiente para garantizar la competencia sin que ello afecte a la eficacia operativa del sistema de contratación.

6.   Cuando el pliego de condiciones no se ponga a disposición del público a partir de la fecha de publicación del anuncio mencionado en el apartado 4, la entidad contratante se asegurará de que esa documentación se ponga simultáneamente a disposición de todos los proveedores cualificados seleccionados conforme al apartado 5.

7.   Las entidades contratantes podrán mantener una lista de uso múltiple de proveedores, a condición de que, a fin de invitar a los proveedores interesados a formar parte de la lista:

8.   El anuncio mencionado en el apartado 7 incluirá:

9.   No obstante lo dispuesto en el apartado 7, cuando el periodo de validez de una lista de uso múltiple sea de tres años o menos, las entidades contratantes podrán publicar el anuncio mencionado en el apartado 7 una sola vez, al comienzo del periodo de validez de la lista, a condición de que el anuncio:

10.   Las entidades contratantes permitirán que los proveedores soliciten su inclusión en una lista de uso múltiple en todo momento, e incorporará en la lista a todos los proveedores cualificados, en un plazo razonablemente breve.

11.   Cuando un proveedor no incluido en una lista de uso múltiple presente una solicitud de participación en una contratación basada en una lista de uso múltiple junto con todos los documentos correspondientes dentro del plazo establecido en el apartado 2 del artículo 9.10 (Plazos), la entidad contratante examinará la solicitud. La entidad contratante no dejará de considerar al proveedor para la contratación alegando falta de tiempo para examinar la solicitud, a menos que, en casos excepcionales, debido a la complejidad de la contratación, la entidad contratante no pueda completar el examen de la solicitud dentro del plazo establecido para la presentación de las ofertas.

12.   Las entidades contratantes enumeradas en el anexo 9-C podrán utilizar un anuncio por el que se invite a los proveedores a solicitar que se los incluya en una lista de uso múltiple como anuncio de contratación prevista, a condición de que:

13.   Las entidades contratantes comprendidas en el anexo 9-C podrán permitir que los proveedores que hayan solicitado su inclusión en la lista de uso múltiple de conformidad con el apartado 10 presenten ofertas en una contratación determinada cuando haya suficiente tiempo para que la entidad contratante examine si los proveedores reúnen las condiciones de participación requeridas.

14.   Las entidades contratantes informarán rápidamente a cualquier proveedor que presente una solicitud de participación o una solicitud de inclusión en una lista de uso múltiple sobre su decisión con respecto a la solicitud.

15.   Cuando una entidad contratante rechace la solicitud de participación o la solicitud de inclusión en una lista de uso múltiple presentada por un proveedor, deje de reconocer como cualificado a un proveedor o suprima a un proveedor de una lista de uso múltiple, le informará prontamente y, si el proveedor lo solicita, le proporcionará sin demora una explicación escrita de las razones de su decisión.

1.   Las entidades contratantes no prepararán, adoptarán ni aplicarán ninguna especificación técnica, ni prescribirán ningún procedimiento de evaluación de la conformidad con el propósito o el efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.

2.   Al prescribir especificaciones técnicas para los bienes o servicios contratados, las entidades contratantes, cuando proceda:

3.   Cuando se usen el diseño o las características descriptivas en las especificaciones técnicas, las entidades contratantes deberían indicar, cuando proceda, que considerarán las ofertas de bienes o servicios equivalentes que se pueda demostrar que cumplen los requisitos de la contratación, mediante la inclusión en el pliego de condiciones de la expresión «o equivalente» u otra similar.

4.   Las entidades contratantes no prescribirán especificaciones técnicas que exijan o hagan referencia a marcas registradas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, dibujos o modelos, tipos, orígenes, productores o proveedores específicos, a menos que no exista ninguna otra manera suficientemente precisa o comprensible de describir los requisitos de contratación pública y siempre que en tales casos se incluyan en el pliego de condiciones expresiones como «o equivalente».

5.   Ninguna de las entidades contratantes pedirá ni aceptará, de tal forma que se imposibilite la competencia, consejos que puedan utilizarse para elaborar o adoptar especificaciones técnicas a una persona que pueda tener un interés comercial en la contratación para una contratación específica.

6.   Para mayor certeza, cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá, conforme al presente artículo, preparar, adoptar o aplicar especificaciones técnicas con el fin de promover la conservación de los recursos naturales o proteger el medio ambiente.

7.   Cuando las entidades adjudicadoras prescriban características medioambientales en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, como se contempla en el apartado 2, letra a), podrán plantearse la posibilidad de utilizar especificaciones detalladas o, en caso necesario, partes de estas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas que existen en la Unión y las etiquetas ecológicas existentes en Singapur, siempre que:

8.   Las entidades contratantes facilitarán a los proveedores un expediente de licitación que incluya toda la información necesaria para que estos puedan elaborar y presentar ofertas acordes a las condiciones del pliego de condiciones. Si esa información no se ha facilitado en el anuncio de contratación prevista, el pliego de condiciones incluirá una descripción completa de lo siguiente:

9.   Al establecer las fechas de entrega de los bienes o del suministro de los servicios que se contratan, las entidades contratantes tendrán en cuenta factores tales como la complejidad de la contratación, el grado previsto de subcontratación y el tiempo que, con criterio realista, se estime necesario para la producción, despacho de almacén y transporte de las mercancías desde los diferentes lugares de suministro, o para el suministro de los servicios.

10.   Las entidades contratantes podrán establecer las condiciones medioambientales relacionadas con la ejecución de un contrato, siempre que sean compatibles con las normas establecidas en el presente capítulo y se indiquen en el anuncio de contratación prevista o en otro anuncio utilizado como anuncio de contratación prevista (33) o en el pliego de condiciones.

11.   Entre los criterios de evaluación indicados en el anuncio de contratación prevista o en otro anuncio utilizado como anuncio de contratación prevista o pliego de condiciones pueden constar los precios y otros factores de coste, la calidad, la perfección técnica, las características medioambientales y las condiciones de entrega.

12.   Las entidades contratantes procederán con prontitud a:

13.   En caso de que, antes de la adjudicación de un contrato, la entidad contratante modifique los criterios o los requisitos establecidos en el anuncio de contratación prevista o en otro anuncio utilizado como anuncio de contratación prevista o pliego de condiciones proporcionado a los proveedores participantes, o modifique o vuelva a publicar un anuncio o pliego de condiciones, transmitirá por escrito todas las modificaciones, o el anuncio o pliego de condiciones modificado o publicado de nuevo:

1.   Las entidades contratantes, en forma compatible con sus propias necesidades razonables, darán tiempo suficiente para que los proveedores puedan preparar y presentar solicitudes de participación y ofertas adecuadas, teniendo en cuenta factores tales como los siguientes:

Tales plazos, incluida cualquier prórroga de los mismos, serán idénticos para todos los proveedores interesados o participantes.

2.   Las entidades contratantes que utilicen el método de las licitaciones selectivas establecerán una fecha límite para la presentación de solicitudes de participación, que será como mínimo veinticinco días posterior a la fecha de la publicación del anuncio de contratación prevista. Cuando una situación de urgencia debidamente motivada por la entidad contratante haga imposible respetar ese plazo, este podrá reducirse a un mínimo de diez días.

3.   Salvo lo dispuesto en los apartados 4, 5, 7 y 8, las entidades contratantes establecerán una fecha límite para la presentación de ofertas que será, como mínimo, cuarenta días posterior a la fecha en que:

4.   Las entidades contratantes podrán acortar el plazo de presentación de ofertas establecido en el apartado 3 hasta un plazo mínimo de diez días en caso de que:

5.   Las entidades contratantes podrán acortar el plazo de presentación de ofertas establecido en el apartado 3 en cinco días cuando se dé cada una de las siguientes circunstancias:

6.   En ningún caso la aplicación del apartado 5, leído en relación con el apartado 4, dará lugar a la reducción del plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el apartado 3 a menos de diez días contados a partir de la fecha de publicación del anuncio de contratación prevista.

7.   No obstante cualquier otra disposición del presente artículo, cuando una entidad contratante adquiera bienes o servicios comerciales, o cualquier combinación de estos, podrá acortar el plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el apartado 3 a un mínimo de trece días, a condición de que publique por medios electrónicos, al mismo tiempo, tanto el anuncio de contratación prevista como el pliego de condiciones. Además, si la entidad también acepta ofertas de bienes o servicios comerciales por medios electrónicos, podrá reducir el plazo establecido en el apartado 3 a diez días como mínimo.

8.   Cuando una entidad contratante comprendida en el anexo 9-B o en el anexo 9-C haya seleccionado a todos los proveedores cualificados o a un número limitado de ellos, la entidad contratante y los proveedores seleccionados podrán fijar de mutuo acuerdo el plazo para la presentación de ofertas. A falta de acuerdo, el período no será inferior a diez días.

1.   Una Parte podrá establecer que sus entidades contratantes lleven a cabo negociaciones:

2.   Las entidades contratantes:

1.   Siempre que no se utilice la presente disposición con el fin de evitar la competencia entre proveedores o de manera que se discrimine a los proveedores de la otra Parte o se proteja a los proveedores internos, las entidades contratantes podrá utilizar el método de licitación restringida y optar por no aplicar el artículo 9.6 (Anuncios), el artículo 9.7 (Condiciones de participación), el artículo 9.8 (Cualificación de los proveedores), los apartados 8 a 13 del artículo 9.9 (Especificaciones técnicas y pliego de condiciones), el artículo 9.10 (Plazos), el artículo 9.11 (Negociaciones), el artículo 9.13 (Subastas electrónicas) y artículo 9.14 (Tramitación de las ofertas y adjudicación de los contratos) solo en alguna de las circunstancias siguientes:

2.   Las entidades contratantes prepararán por escrito un informe sobre cada contrato adjudicado de conformidad con las disposiciones del apartado 1. El informe contendrá el nombre de la entidad contratante, el valor y la clase de los bienes o servicios objeto del contrato y una indicación de las circunstancias y condiciones descritas en el apartado 1 que justificaban el uso de la licitación restringida.

1.   Las entidades contratantes recibirán, abrirán y gestionarán todas las ofertas mediante procedimientos que garanticen la regularidad e imparcialidad del proceso de contratación y la confidencialidad de las ofertas.

2.   Las entidades contratantes no penalizarán a ningún proveedor cuya oferta sea recibida una vez vencido el plazo fijado para la recepción de ofertas si el retraso es responsabilidad exclusiva de la entidad contratante.

3.   En caso de que la entidad contratante ofrezca a un proveedor la posibilidad de corregir errores formales involuntarios en el período comprendido entre la apertura de las ofertas y la adjudicación del contrato, la entidad contratante brindará la misma posibilidad a todos los proveedores participantes.

4.   A fin de que una oferta pueda ser tomada en consideración a efectos de adjudicación, debe presentarse por escrito y cumplir, en el momento de la apertura, los requisitos esenciales establecidos en los anuncios y en el pliego de condiciones, y debe proceder de un proveedor que reúna las condiciones para la participación.

5.   Salvo que decida no adjudicar un contrato por motivos de interés público, la entidad contratante adjudicará el contrato al proveedor que, según ella, tiene capacidad para cumplir lo estipulado en el contrato y que, únicamente sobre la base de los criterios de evaluación establecidos en los anuncios y el pliego de condiciones, haya presentado:

6.   En caso de que una entidad contratante reciba una oferta con un precio que sea anormalmente más bajo que los de otras ofertas presentadas, podrá verificar si el proveedor cumple las condiciones para la participación y es capaz de cumplir los términos del contrato y si el precio tiene en cuenta la concesión de subvenciones.

7.   Cuando la entidad adjudicadora compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido subvenciones, solo podrá rechazar la oferta por esa única razón si consulta al proveedor y este no puede demostrar, en un plazo suficiente, fijado por la entidad adjudicadora, que la subvención en cuestión se había concedido de conformidad con las disciplinas en materia de subvenciones establecidas en el presente Acuerdo.

8.   Ninguna entidad contratante utilizará opciones, cancelará una contratación pública o modificará contratos concedidos de tal manera que eluda las obligaciones derivadas del presente capítulo.

1.   Las entidades contratantes informarán con prontitud a los proveedores participantes de las decisiones que adopten sobre las adjudicaciones de contratos y, previa petición de un proveedor, lo harán por escrito. Con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 9.16 (Divulgación de información), la entidad contratante facilitará a cualquier proveedor no seleccionado, previa petición, una explicación de las razones por las que la entidad contratante no seleccionó su oferta y las ventajas relativas de la oferta del proveedor seleccionado.

2.   A más tardar setenta y dos días después de la adjudicación de cada contrato cubierto por el presente capítuloy la entidad contratante publicará un anuncio en el medio de comunicación impreso o electrónico apropiado de entre los que figuran en el anexo 9-H. Cuando la entidad contratante publique el anuncio solo por un medio electrónico, la información podrá consultarse fácilmente durante un período razonable. En el anuncio figurarán como mínimo los siguientes datos:

3.   Durante un plazo mínimo de tres años contados a partir de la fecha en que adjudique un contrato, cada entidad contratante conservará:

4.   Cada una de las Partes se compromete a comunicar a la otra Parte los datos estadísticos comparables de que disponga y que sean pertinentes para los contratos públicos contemplados en el presente capítulo.

1.   A petición de una Parte, la otra Parte facilitará rápidamente cualquier información necesaria para determinar si una contratación pública se ha llevado a cabo con equidad, imparcialidad y de conformidad con el presente capítulo, incluida la información sobre las características y las ventajas relativas de la oferta ganadora. En caso de que la comunicación de dicha información perjudicara a la competencia en licitaciones futuras, la Parte que reciba la información no la revelará a ningún proveedor, excepto después de haber consultado a la Parte que proporcionó la información y con el acuerdo de esta.

2.   Ninguna de las disposiciones del presente capítulo permitirá que una Parte, incluidas sus entidades contratantes, facilite a un proveedor concreto información que pudiera perjudicar a la competencia leal entre proveedores.

3.   Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de que exige a una Parte, incluidas sus entidades contratantes, autoridades y órganos de recurso, que revele información confidencial, si esa divulgación pudiera:

1.   Cada Parte establecerá un procedimiento de recurso administrativo o judicial rápido, efectivo, transparente y no discriminatorio mediante el cual un proveedor pueda apelar contra:

que se produzcan en el contexto de una contratación que entra dentro del ámbito de aplicación, en la que el proveedor tenga o haya tenido interés. En cualquier caso, cada Parte velarán por que, en caso de recurso de un proveedor, el órgano de recurso pueda examinar las decisiones adoptadas por sus respectivas entidades contratantes sobre si un contrato específico entra dentro de la contratación contemplada en el presente capítulo.

Las normas de procedimiento aplicables a todos los recursos constarán por escrito y estarán generalmente disponibles a través de un medio electrónico o impreso.

2.   En caso de que un proveedor presente, en el contexto de una contratación que entra dentro del ámbito de aplicación en la que tiene o ha tenido interés, una reclamación por una infracción o falta de cumplimiento mencionada en el apartado 1, la Parte de la entidad contratante que realice la contratación alentará a la entidad y al proveedor a que traten de resolver esa reclamación mediante consultas. La entidad examinará de forma imparcial y a su debido tiempo cualquier reclamación de ese tipo a fin de que no afecte a la participación del proveedor en contrataciones en curso o futuras, ni a los derechos del proveedor de solicitar medidas correctivas de conformidad con el procedimiento de recurso administrativo o judicial.

3.   Se concederá a cada proveedor un plazo suficiente para preparar y presentar un recurso; dicho plazo en ningún caso será inferior a diez días contados a partir del momento en que el proveedor haya tenido conocimiento o en que razonablemente debería haber tenido conocimiento del fundamento del recurso.

4.   Cada Parte establecerá o designará por lo menos una autoridad administrativa o judicial imparcial, independiente de sus entidades contratantes, que recibirá y examinará los recursos de proveedores que se presenten en el marco de la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación.

5.   En caso de que un organismo distinto de la autoridad citada en el apartado 4 examine inicialmente un recurso, la Parte en cuestión se asegurará de que el proveedor pueda recurrir la decisión inicial ante una autoridad judicial imparcial que sea independiente de la entidad contratante cuya contratación pública sea objeto del recurso.

6.   Cada Parte se asegurará de que, en caso de que el órgano de recurso no sea un tribunal, la decisión del mismo estará sometida a recurso judicial o sus actuaciones se ajustarán a un procedimiento que asegure que:

7.   Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos relativos amedidas cautelares inmediatas para ofrecer al proveedor la oportunidad de participar en la contratación pública; tales medidas cautelares podrán dar lugar a una suspensión de la contratación pública; los procedimientos podrán prever la posibilidad de que, al decidir si deben aplicarse esas medidas, se tengan en cuenta las consecuencias adversas sobre intereses afectados que deban prevalecer, incluido el interés público; se consignará por escrito la justa causa para no adoptar esas medidas,

8.   Cada Parte establecerá que cuando el órgano de recurso haya determinado la existencia de una infracción o falta de cumplimiento mencionada en el apartado 1 podrá imponer medidas correctivas o conceder una compensación por las pérdidas o los daños y perjuicios sufridos, que podrán limitarse bien a los costes de preparación de la oferta o bien a los relacionados con el recurso. En caso de que un contrato ya haya sido adjudicado, las Partes podrán disponer que las medidas correctoras no son posibles.

1.   Cada Parte deberá notificar a la otra Parte cualquier propuesta de rectificación de los anexos 9-A a 9-I, transferencia de una entidad de dichos anexos a otro, retirada de una entidad de estos anexos, o cualquier otra modificación de los mismos(todos ellos denominados en conjunto en lo sucesivo como, «modificación»).

2.   Respecto a cualquier proyecto de una Parte relativo a la retirada de una entidad contratante de los anexos 9-A a 9-C debido a que se han eliminado efectivamente el control o la influencia del Gobierno sobre la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación de la entidad contratante, la Parte que proponga la modificación (en lo sucesivo, «Parte modificante») deberá incluir en la notificación pruebas de que tal control o influencia del Gobierno se han eliminado efectivamente. Se considerará que se han eliminado efectivamente el control o la influencia del Gobierno durante la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación realizada por entidades enumeradas en el anexo 9-C si:

En caso de que se hayan eliminado efectivamente el control o la influencia del Gobierno durante la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación realizada por la entidad contratante de una Parte, la otra Parte no tendrá derecho a ajustes compensatorios.

3.   Para cualquier otra propuesta de modificación, la Parte modificante deberá incluir en la notificación información sobre las consecuencias probables de la modificación del alcance que se establece en el presente capítulo. En caso de que la Parte modificante proponga introducir pequeñas modificaciones técnicas o rectificaciones de carácter meramente formal que no afecten a la contratación que entra dentro del ámbito de aplicación, deberá notificar estas modificaciones al menos cada dos años.

4.   En caso de objeción de la otra Parte (en lo sucesivo, «Parte objetante») a la notificación de la Parte modificante, las Partes procurarán resolver la objeción mediante consultas que incluyan, si fuera necesario, consultas en el Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública creado en virtud del artículo 16.2 (Comités especializados). En dichas consultas, las Partes tendrán en cuenta:

5.   Las Partes podrán recurrir al mecanismo de solución de diferencias con arreglo al capítulo catorce (Solución de diferencias) cuando la Parte objetante, tras consultas con arreglo al apartado 4, considere que concurren una o varias de las situaciones siguientes:

6.   Una modificación propuesta solo entrará en vigor cuando:

1.   En el Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública creado en virtud del artículo 16.2 (Comités especializados) las partes podrán:

2.   En el marco del Comité de Comercio de Servicios, Inversión y Contratación Pública creado de conformidad con el artículo 16.2 (Comités especializados), las Partes podrán adoptar todas las decisiones necesarias a los efectos de las letras a) a h).

1.   Los objetivos del presente capítulo son:

2.   Los objetivos y principios establecidos en la parte I del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en particular en su artículo 7 (Objetivos) y su artículo 8 (Principios) serán aplicables, mutatis mutandis, al presente capítulo.

1.   Las Partes recuerdan los compromisos contraídos en virtud de los tratados internacionales que tratan sobre propiedad intelectual e industrial, incluidos el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 15 de julio de 1967 y (denominado en lo sucesivo el «Convenio de París»). Las disposiciones del presente capítulo complementarán los derechos y las obligaciones entre las Partes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y otros tratados internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial en los que ambos sean Partes.

2.   A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por «derechos de propiedad intelectual e industrial»:

1.   Cada una de las Partes garantizará que, si la duración de la protección de una obra se calcula sobre la base de la vida del autor, dicha duración no será inferior a la vida del autor más los setenta años posteriores a su muerte.

2.   En el caso de una obra común a varios autores, el plazo previsto en el apartado 1 se calculará a partir de la muerte del último autor superviviente.

3.   El plazo de protección de las obras cinematográficas (36) no será inferior a setenta años desde que se hayan puesto a disposición del público con el consentimiento del autor o, en caso de que esto no haya tenido lugar en un plazo de cincuenta años a partir de la realización de la obra, al menos setenta años después de su realización (37).

4.   El plazo de protección de los derechos sobre los fonogramas no podrá ser inferior a cincuenta años después de la realización del fonograma y, en caso de publicarse en dicho período, como mínimo setenta años después de la primera publicación lícita del fonograma.

5.   El plazo de protección de los derechos sobre los programas de radio y televisión no será inferior a cincuenta años después de la primera transmisión o de la realización del programa.

6.   Los plazos establecidos en el presente artículo se calcularán a partir del 1 de enero del año siguiente al de su hecho generador.

1.   Cada Parte proporcionará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva (41) que sea utilizada por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos, y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas restrinjan actos que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes, o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por el Derecho interno (42).

2.   Para proporcionar la protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos mencionados en el apartado 1, cada Parte proporcionará protección al menos:

3.   Con el fin de proporcionar una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos eficaces conforme a lo dispuesto en el apartado 1, una Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o excepciones adecuadas a las medidas de aplicación de los apartados 1 y 2. Las obligaciones en virtud de los apartados 1 y 2 son sin perjuicio de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas a la infracción de derechos de autor o derechos conexos con arreglo al Derecho interno de cada Parte.

1.   Con el fin de proteger la información electrónica sobre la gestión de derechos (44), cada Parte otorgará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que realice sin autorización cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saberlo, que tales actos inducen, permiten, facilitan u ocultan una infracción de cualquier derecho de autor o derechos conexos. Tales actos son:

2.   Con el fin de proporcionar una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos eficaces conforme a lo dispuesto en el apartado 1, una Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o excepciones adecuadas a las medidas de aplicación del apartado 1. Las obligaciones en virtud del apartado 1 son sin perjuicio de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas de cada Parte con arreglo al Derecho interno relativo a la infracción de derechos de autor o de derechos conexos.

1.   La subsección C (Indicaciones geográficas) es aplicable para el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas de los vinos, las bebidas espirituosas, los productos agrícolas y los alimentos que sean originarios de los territorios de las Partes.

2.   Las indicaciones geográficas de una Parte que deben ser protegidas por la otra Parte solo estarán sujetas a la subsección C (Indicaciones geográficas) si han sido reconocidas y declaradas como indicaciones geográficas en su país de origen.

1.   A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cada Parte establecerá los sistemas para el registro y la protección de las indicaciones geográficas de su territorio de las categorías de vinos y bebidas espirituosas y con los productos agrícolas y alimentos que considere oportunos.

2.   Los sistemas mencionados en el apartado 1 deberán contener elementos como:

3.   Tan pronto como sea posible en cuanto se hayan concluido los procedimientos de protección de las indicaciones geográficas de cada Parte (48) para todas las denominaciones enumeradas en el anexo 10-A, las Partes se reunirán en el Comité de Comercio mencionado en el artículo 16.1 (Comité de Comercio) para adoptar una decisión en lo que respecta a la inclusión en la lista del anexo 10-B de las denominaciones procedentes del anexo 10-A de cada Parte que han estado y se mantienen protegidas como indicaciones geográficas con arreglo al sistema de la Parte respectiva mencionado en el apartado 2.

1.   Sin perjuicio del artículo 10.22 (Normas generales), en lo que se refiere a las indicaciones geográficas de los vinos, las bebidas espirituosas, los productos agrícolas y los alimentos incluidos en la lista del anexo 10-B y que siguen estando protegidas como indicaciones geográficas con arreglo a su sistema, tal como se indica en el artículo 10.17, apartado 2 (Sistema de protección de las indicaciones geográficas), cada Parte establecerá los medios jurídicos para que las partes interesadas puedan impedir:

2.   Sin perjuicio del artículo 10.22 (Normas generales), en lo que se refiere a las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas incluidas en la lista del anexo 10-B y que sigan protegidas como indicaciones geográficas con arreglo a su sistema, tal como se indica en el artículo 10.17 apartado 2 (Sistema de protección de las indicaciones geográficas), cada Parte establecerá los medios jurídicos para que las partes interesadas puedan impedir que se utilice cualquier indicación geográfica de identificación de vinos para vinos que no sean originarios del lugar evocado por la indicación geográfica en cuestión, o de identificación de bebidas espirituosas para bebidas espirituosas que no sean originarias del lugar evocado por la indicación geográfica en cuestión, aun cuando:

3.   Sin perjuicio del artículo 10.22 (Normas generales), en lo que se refiere a las indicaciones geográficas de los vinos y los alimentos incluidas en la lista del anexo 10-B y que sigan protegidas como indicaciones geográficas con arreglo al sistema de la Parte tal como se indica en el artículo 10.17, apartado 2 (Sistema de protección de las indicaciones geográficas), cada Parte establecerá los medios jurídicos para que las partes interesadas puedan impedir que se utilice dicha indicación geográfica de identificación de una mercancía para una mercancía similar (49) que no sea originaria del lugar evocado por la indicación geográfica en cuestión, aun cuando:

4.   Ninguna disposición de la subsección C (Indicaciones geográficas) obligará a una Parte a aplicar sus disposiciones respecto a una indicación geográfica en caso de que el titular del derecho: