(1)

El 6 de diciembre de 2018, el Consejo autorizó a la Comisión a que entablara negociaciones al amparo del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 relativas a compensaciones adecuadas tras la decisión de Suiza de modificar las concesiones arancelarias de la Lista LIX-Suiza-Liechtenstein relativas a la carne sin preparar que, a lo sumo, ha sido condimentada.

(2)

Finalizadas con éxito las negociaciones, el 17 de julio de 2019 se rubricó un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la Confederación Suiza en el marco de las negociaciones al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994 sobre la modificación de las concesiones de Suiza a la OMC relativas a la carne condimentada (en lo sucesivo, «Acuerdo»).

(3)

La presente Decisión del Consejo se refiere exclusivamente a la política comercial de la Unión y ejecuta un acuerdo alcanzado tras las negociaciones celebradas al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994, lo que constituye un derecho de la Unión en virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

(4)

Procede, por lo tanto, firmar el Acuerdo.

(1)

La versión en lengua rumana del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión (2) contiene un error en el anexo XVII, parte F, punto 2, letra g), en lo que respecta al significado inverso de una frase.

(2)

Procede, por tanto, corregir el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en consecuencia. Esta corrección no afecta a las demás versiones lingüísticas.

(1)

Con arreglo al artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1286/2014, las sociedades de gestión, tal y como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 27 de dicha Directiva y las personas que asesoren sobre participaciones en las OICVM a que hace referencia el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, o vendan esas participaciones, están exentas hasta el 31 de diciembre de 2019 de las obligaciones que impone el citado Reglamento. Cuando un Estado miembro aplique las normas sobre el formato y el contenido del documento de datos fundamentales establecidas en los artículos 78 a 81 de la Directiva 2009/65/CE a los fondos no OICVM ofrecidos a inversores minoristas, la exención establecida en el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1286/2014 se aplicará a las sociedades de gestión, las sociedades de inversión y las personas que asesoren a inversores minoristas sobre participaciones en dichos fondos o que se las vendan. Con el fin de dotar a esos fondos de un régimen jurídico transitorio coherente, el artículo 18, párrafo tercero, del Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la Comisión (3) permite a los productores de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros continuar usando los documentos elaborados de conformidad con esos artículos hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando al menos una de las opciones de inversión subyacentes sea un fondo OICVM o un fondo no OICVM.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 1286/2014 ha sido modificado para ampliar las disposiciones transitorias a que se refiere su artículo 32 hasta el 31 de diciembre de 2021 (4). Con el fin de que los productores de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros tengan certeza en lo que respecta a la determinación de las obligaciones que les incumben, debe modificarse en consecuencia la fecha establecida en el artículo 18, párrafo tercero, del Reglamento Delegado (UE) 2017/653.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2017/653 en consecuencia.

(4)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados a la Comisión por la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo, «Autoridades Europeas de Supervisión»).

(5)

Las Autoridades Europeas de Supervisión no han llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en los que se basa el presente Reglamento, ni han analizado los posibles costes y beneficios conexos, puesto que ya se ha realizado una evaluación de impacto en relación con las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/653. El presente Reglamento no altera la esencia de ese Reglamento Delegado ni impone nuevas obligaciones a los productores de productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros o a las personas que asesoran sobre esos productos o los venden, incluidas aquellas a las que se hace referencia en el artículo 32 del Reglamento (UE) n.o 1286/2014. Las Autoridades Europeas de Supervisión han recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido en virtud del artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el Grupo de partes interesadas del sector de seguros y reaseguros establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y el Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados establecido en virtud del artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(1)

Con miras a simplificar el uso de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y reducir tanto la carga administrativa como el riesgo de error, conviene establecer un tipo fijo para el reembolso de costes a uno o varios beneficiarios de las operaciones subvencionadas en el marco de la asistencia técnica sin que sea necesario justificar el tipo. Esto incluye los casos en que la autoridad de gestión, el organismo pagador u otro organismo estén llevando a cabo operaciones de asistencia técnica.

(2)

El nivel del tipo fijo se basa en los límites máximos y en la asignación real para la asistencia técnica en los programas, así como en los datos de absorción de los períodos de programación anteriores. El método de reembolso a tipo fijo no afecta a la asignación financiera destinada a la asistencia técnica en los programas adoptados. Puede usarse también en programas subvencionados por más de un fondo, incluso si la prioridad de asistencia técnica recibe ayuda de un fondo distinto del que subvenciona otras prioridades distintas de la asistencia técnica en el marco del mismo programa.

(3)

Además, con el fin de facilitar la gestión financiera en el contexto de las disposiciones de programación vigentes, debe especificarse en el caso del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, así como del FEMP, que la base para la aplicación del tipo es el gasto subvencionable en los ejes prioritarios distintos del eje prioritario de asistencia técnica del programa en el que se utiliza el método de reembolso del tipo fijo. Por consiguiente, este tipo fijo no se emplea cuando un programa abarca exclusivamente la asistencia técnica. Asimismo, en el caso de los fondos mencionados no existe ninguna obligación de modificar el programa al recurrir a este método de reembolso a tipo fijo.

(4)

Es necesario especificar que la base para la aplicación del tipo fijo es el gasto subvencionable una vez que la autoridad de gestión o el organismo de control pertinente hayan finalizado las verificaciones de gestión o, en el caso del Feader, los controles administrativos que correspondan.

(5)

A fin de evitar el riesgo de doble financiación cuando los Estados miembros hagan uso de esta opción, la financiación a tipo fijo solo debe aplicarse a los gastos que hayan sido sometidos a una verificación de gestión con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento y hasta el final del período de subvencionabilidad. Por la misma razón, en el caso del Feader, la financiación a tipo fijo solo debe aplicarse a los gastos que hayan sido sometidos a controles administrativos a partir del inicio del ejercicio financiero agrícola, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que comienza el 16 de octubre de 2019 (o ejercicios financieros agrícolas posteriores) y hasta el final del período de subvencionabilidad. Para garantizar una buena gestión financiera, los Estados miembros deben asegurarse de que los importes reembolsados en forma de financiación a tipo fijo se calculan sobre la base de gastos legales y regulares correspondientes a proyectos de asistencia no técnica.

(6)

El mecanismo de financiación a tipo fijo solo puede utilizarse en ejercicios contables que en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento aún no se hayan cerrado. A fin de permitir los controles contemplados en el artículo 9 y el artículo 47 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 de la base para el cálculo de la financiación a tipo fijo, en el caso del Feader el mecanismo de financiación a tipo fijo solo puede utilizarse para los gastos a partir del inicio del ejercicio financiero agrícola que comienza el 16 de octubre de 2019 o ejercicios financieros agrícolas posteriores.

(7)

Al objeto de a permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento lo antes posible en el ejercicio contable en curso, y en el caso del Feader en el ejercicio financiero agrícola que comienza el 16 de octubre de 2019, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea,

(1)

Desde 2012, los derechos de emisión se subastan de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 de la Comisión (2). La subasta la realiza una plataforma común de subastas para 25 Estados miembros y 3 Estados AELC del EEE, así como un pequeño número de plataformas propias.

(2)

La Directiva 2003/87/CE fue modificada por la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas a través del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión (en lo sucesivo, «RCDE UE») a partir de 2021. La subasta de derechos de emisión sigue siendo la norma general para la asignación de derechos, por la cual la cuota de derechos de emisión que se sacan a subasta debe ser el 57 % de la cantidad total de derechos de emisión.

(3)

Procede incorporar en el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 los nuevos elementos introducidos por la Directiva (UE) 2018/410, relacionados con la determinación del volumen anual de subastas. En particular, es necesario tener en cuenta la posibilidad de reducir el volumen de subasta hasta un 3 % de la cantidad total de derechos de emisión para aumentar el importe disponible de asignación gratuita (margen de asignación gratuita). Además, la Directiva 2003/87/CE revisada permite introducir cambios en los volúmenes anuales de subasta debido a: la cancelación voluntaria de derechos por parte de los Estados miembros en caso de cierre de capacidad de producción de electricidad; la reintroducción en el RCDE UE de las instalaciones que emitan menos de 2 500 toneladas de dióxido de carbono; y la flexibilidad establecida entre los sectores incluidos en el RCDE y los no incluidos para facilitar el logro de los objetivos nacionales de reducción de los Estados miembros en los sectores no incluidos en el RCDE, tal como se establece en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(4)

La Directiva 2003/87/CE establece el Fondo de Modernización para mejorar la eficiencia energética y modernizar los sistemas de energía de algunos Estados miembros, y el Fondo de Innovación para apoyar las inversiones en tecnologías innovadoras. Ambos fondos se financian mediante la subasta de derechos de emisión en la plataforma de subastas común por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con este fin, el BEI debe convertirse en el subastador para los dos fondos, sin participar en el procedimiento de contratación pública común de la plataforma de subastas común. Los volúmenes de derechos de emisión pertinentes deben subastarse en las mismas subastas que los volúmenes subastados por los Estados miembros y los Estados AELC del EEE que participan en la plataforma de subastas común.

(5)

Con el fin de establecer el Fondo de Modernización, la Directiva 2003/87/CE prevé que se subaste el 2 % de la cantidad total de derechos de emisión y que, además, los Estados miembros elegibles puedan añadir a este fondo los derechos de emisión con arreglo al artículo 10, apartado 2, letra b), y al artículo10 quater, de la Directiva 2003/87/CE. El BEI debe garantizar que esos derechos de emisión se subasten de conformidad con los principios y modalidades del proceso de subasta, cuando la distribución equitativa de los volúmenes de subastas sea un elemento clave.

(6)

Para garantizar la disponibilidad de fondos para la innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono y el correcto funcionamiento del mercado del carbono, los volúmenes del Fondo de Innovación deben subastarse, en principio, en volúmenes anuales iguales. No obstante, la Comisión debe revisar cada 2 años la distribución de derechos de emisión a subastar en el Fondo de Innovación teniendo en cuenta los resultados de cada convocatoria de propuestas. La primera revisión se llevará a cabo a más tardar el 30 de junio de 2022.

(7)

Con vistas a permitir que un Estado miembro pueda cancelar derechos de emisión de sus volúmenes de subasta en caso de cierre de capacidad de producción de electricidad en su territorio, debe establecerse un procedimiento de notificación. El Estado miembro de que se trate debe notificar a la Comisión su intención de cancelar derechos utilizando una plantilla uniforme que facilite pruebas e información sobre la instalación cerrada, el volumen y el calendario previstos para la cancelación. Con objeto de preservar el funcionamiento de la reserva de estabilidad del mercado («REM») establecida por la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), el volumen de la cancelación solo debe deducirse de los volúmenes de subasta del Estado miembro después de que se realicen los ajustes en la REM para el año correspondiente. Para garantizar la transparencia, la Comisión debe publicar la información facilitada por los Estados miembros de acuerdo con el modelo, salvo que esta información esté protegida por razones de confidencialidad.

(8)

Con el fin de reforzar la integridad del mercado del carbono, desde 2018 los derechos de emisión se clasifican como instrumentos financieros en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Anteriormente, la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) reconocía únicamente los derivados de derechos de emisión como instrumentos financieros. La nueva clasificación introduce las operaciones al contado en el mercado secundario de derechos de emisión en el ámbito de, entre otros, la Directiva 2014/65/UE, el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). No obstante, el proceso de subasta de derechos (mercado primario) solo entra en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 596/2014.

(9)

Para adaptar la subasta de derechos de emisión al nuevo régimen regulador del mercado financiero, deberá revisarse el sistema establecido para el seguimiento y la notificación de las subastas. Dado que el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 596/2014 se ha ampliado y se aplica también a la subasta de derechos de emisión, las funciones de seguimiento y prevención del abuso de mercado con respecto a las subastas son responsabilidad de las autoridades nacionales competentes. El Reglamento (UE) n.o 596/2014 exige a las autoridades nacionales competentes que detecten e investiguen activamente los casos de abuso de mercado. Las necesarias funciones de seguimiento de las subastas deben ser llevadas a cabo por las plataformas de subastas, la Comisión, los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes, y deben suprimirse las disposiciones por las que se establece la obligación de nombrar a una entidad supervisora de las subastas. Además, dado que el Reglamento (UE) n.o 596/2014 se aplica directamente a las subastas, las disposiciones sobre abuso de mercado del Reglamento (UE) n.o 1031/2010 han quedado obsoletas y deben suprimirse.

(10)

A fin de que las autoridades nacionales competentes responsables de la vigilancia del abuso de mercado dispongan de los datos necesarios para la vigilancia de los abusos de mercado de manera rentable y proporcionada, el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 debe reflejar las obligaciones de notificación de operaciones necesarias establecidas en el Reglamento (UE) n.o 600/2014 y aplicarlas a las plataformas de subastas en lo que respecta a la notificación de las operaciones de subasta. Esto es necesario puesto que el Reglamento (UE) n.o 596/2014, actualmente aplicable a las subastas, no establece un mecanismo de información independiente sobre las operaciones, sino que se basa en la recopilación de datos con arreglo al Reglamento (UE) n.o 600/2014.

(11)

Es esencial garantizar un procedimiento de contratación pública competitivo para las plataformas de subastas y que los criterios pertinentes se establezcan en consecuencia. En relación con las tarifas que deberán abonar los adjudicatarios, deberá ser posible aumentar el nivel máximo actual de la tarifa de manera limitada cuando así lo prevea el procedimiento de contratación y los volúmenes anuales de subasta se reduzcan en más de 200 millones de derechos de emisión debido al funcionamiento de la reserva de estabilidad del mercado.

(12)

La contratación pública de la plataforma de subastas común puede prever la ampliación de los criterios de selección también a los mercados regulados de productos energéticos que todavía no han establecido un mercado secundario de derechos de emisión. En caso de que el mercado regulado sea seleccionado para convertirse en plataforma de subastas, debe estar obligado a ponerla en marcha al menos 60 días de negociación antes de la primera subasta. Esto es necesario para establecer el precio del mercado secundario en el momento de las subastas («precio de reserva») para los casos de cancelación de subastas, y las tarifas del ofertante, que están vinculadas a la tarifa comparable abonada en el mercado secundario. Además, la Comisión y los Estados miembros participantes deben poder prorrogar a 7 años los 5 años de duración máxima de los contratos de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) («Reglamento Financiero») en circunstancias difíciles de prever por un órgano de contratación diligente. A fin de verificar las condiciones del mercado y preparar las nuevas contrataciones durante el período de vigencia del contrato, la Comisión debe poder realizar consultas preliminares del mercado de conformidad con el Reglamento Financiero.

(13)

Para simplificar el proceso de subasta, la fijación de los volúmenes anuales de subasta debe hacerse más flexible en caso de que sean necesarios cambios de hasta 50 000 derechos de emisión. Cualquier cambio por debajo de dicho umbral no debe dar lugar a que se modifique el volumen de subastas del año siguiente, a menos que un Estado miembro lo solicite explícitamente. Además, debe simplificarse el procedimiento para la determinación y publicación de los calendarios de subastas, en el sentido de que la Comisión ya no emitirá un dictamen al respecto. No obstante, el calendario de subastas debe publicarse después de que la Comisión adopte una decisión interna sobre el cuadro de subastas correspondiente al calendario de subastas conforme a los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE.

(14)

Para simplificar la renovación del mandato de las plataformas de subastas propias, debe exigirse una modificación del anexo III del Reglamento (UE) n.o 1031/2010 únicamente para la inclusión de nuevas entidades como plataformas de subastas propias, o para una nueva lista con nuevas condiciones. Por consiguiente, en caso de que el Estado miembro designe la misma plataforma de subastas propia en las mismas condiciones, su inclusión en la lista debe prorrogarse en las mismas condiciones que la lista inicial sin modificar el anexo III del Reglamento (UE) n.o 1031/2010. El Estado miembro y la Comisión deben confirmar que se cumplen los requisitos del Reglamento y los objetivos del artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

(15)

Para evitar la acumulación de volúmenes cancelados en caso de que se cancelen varias subastas, debe permitirse que los volúmenes cancelados se distribuyan de manera uniforme a lo largo de las siguientes subastas que no incluyan volúmenes cancelados de subastas canceladas previamente.

(16)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 en consecuencia.

(1)

La Directiva 2002/32/CE prohíbe el uso de productos destinados a la alimentación animal cuyo contenido de sustancias indeseables sea superior a los contenidos máximos fijados en su anexo I.

(2)

Se han recibido datos de las autoridades competentes y de los explotadores de empresas de piensos afectados que indican que el contenido máximo general de 2 mg/kg de arsénico en las materias primas para piensos de origen vegetal no se puede cumplir en el caso de las materias primas específicas leonardita y turba. Procede, por tanto, aumentar el contenido máximo de arsénico total en estas materias primas para piensos a fin de garantizar el suministro. Este aumento no afecta negativamente a la salud pública o animal, ya que no varía el contenido máximo de arsénico fijado para los piensos complementarios y los piensos completos.

(3)

Se han recibido datos de los explotadores de empresas de piensos afectados que indican que el contenido general máximo de 30 mg/kg de arsénico en los aditivos para piensos pertenecientes al grupo funcional de los compuestos de oligoelementos no se puede cumplir para el oligoelemento trihidroxicloruro de dimanganeso. Procede, por tanto, aumentar el contenido máximo de arsénico en el trihidroxicloruro de dimanganeso, sobre la base de los datos obtenidos mediante el método analítico «espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)». El Laboratorio Europeo de Referencia para metales y compuestos nitrogenados ha confirmado que este método proporciona los resultados correctos por lo que se refiere a la presencia de arsénico en los oligoelementos. Este aumento no afecta negativamente a la salud pública o animal, ya que no varía el contenido máximo de arsénico fijado para los piensos complementarios y los piensos completos.

(4)

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha examinado, en colaboración con las partes afectadas, algunas conclusiones relativas al flúor en las algas marinas calcáreas. Este examen ha puesto de manifiesto que la presencia de flúor en las algas marinas calcáreas supera en algunos casos el contenido máximo establecido. Procede, por tanto, aumentar el contenido máximo de flúor en las algas marinas calcáreas de 1 1 000 mg/kg a 1 250 mg/kg. Este aumento no afecta negativamente a la salud pública o animal, ya que no varía el contenido máximo de flúor fijado para los piensos complementarios y los piensos completos.

(5)

Mediante el Reglamento (UE) 2017/2229 de la Comisión (2) se modificó el anexo I de la Directiva 2002/32/CE en lo que se refiere, entre otros, al plomo. En aras de la claridad se sustituyó íntegramente la entrada relativa al plomo. Al proceder a esta sustitución, en la lista de materias primas para piensos a las que es aplicable el contenido máximo de 15 mg/kg se omitieron por error las conchas marinas calcáreas utilizadas como materias primas para piensos. El Reglamento (UE) 2017/2229 estableció también un nuevo contenido máximo de plomo en el óxido de dicobre. No obstante, la denominación del aditivo según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) es óxido de cobre (I). En consonancia con la recomendación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en su dictamen sobre el óxido cúprico (3), el aditivo debe denominarse óxido de cobre (I); esta denominación no se reflejó en la versión inglesa, italiana ni eslovaca del Reglamento. Es preciso corregir estos errores.

(6)

Algunas materias primas para la alimentación animal pertenecientes a la categoría de «peces, otros animales acuáticos y sus productos derivados» se comercializan como piensos húmedos enlatados para la alimentación directa de perros y gatos. Dado que estas materias primas para piensos húmedos enlatados sustituyen a los piensos compuestos, conviene aplicar el mismo contenido máximo de mercurio a estas materias primas que el que se aplica a los piensos compuestos, ya que este cambio no afecta negativamente a la salud animal.

(7)

La EFSA adoptó una declaración científica sobre la presencia de gosipol libre en la semilla entera de algodón (4), en la que concluyó que no era necesario actualizar el dictamen científico sobre los riesgos para la salud animal derivados de la presencia de gosipol como sustancia indeseable en la alimentación animal. Teniendo en cuenta los datos de presencia a que se hace referencia en dicha declaración, conviene fijar un contenido máximo más elevado de gosipol libre en la semilla de algodón para piensos. Este aumento no afecta negativamente a la salud animal, ya que no varía el contenido máximo de gosipol libre fijado para los piensos completos.

(8)

La Directiva 2002/32/CE establece un contenido máximo de dioxinas, suma de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas únicamente en determinados aditivos para piensos pertenecientes a los grupos funcionales de los aglutinantes y antiaglomerantes. Sin embargo, las recientes conclusiones notificadas a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos ponen de manifiesto la presencia de contenidos elevados de dioxinas y PCB similares a las dioxinas en otros aditivos para piensos pertenecientes a dicho grupo funcional. Por consiguiente, procede establecer el contenido máximo de dioxinas y PCB para todos los aditivos para piensos pertenecientes a los grupos funcionales de los aglutinantes y antiaglomerantes. Además, dichos contenidos máximos deben aplicarse también cuando se autoricen los mismos aditivos para piensos en los grupos funcionales «sustancias para el control de la contaminación por radionucleidos» y «sustancias para la reducción de la contaminación de los piensos por micotoxinas».

(9)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2002/32/CE en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1881/2006 de la Comisión (2) fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, incluido el ácido erúcico en determinados productos alimenticios.

(2)

El 21 de septiembre de 2016, la Comisión Técnica Científica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (CONTAM) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen científico sobre la presencia de ácido erúcico en los piensos y alimentos (3). La EFSA estableció una ingesta diaria tolerable (IDT) de ácido erúcico de 7 mg/kg de peso corporal (pc) por día. Se detectó que los lactantes y otros niños con niveles de exposición alimentaria por encima de la IDT presentaban el nivel de exposición más alto. Esto puede suponer un indicio de riesgo para los jóvenes con alta exposición al ácido erúcico.

(3)

Los datos sobre la presencia de ácido erúcico en aceites y grasas vegetales indican que, generalmente, se puede reducir su contenido mediante la aplicación de buenas prácticas, como por ejemplo la utilización de variedades con bajo contenido en ácido erúcico. Por lo tanto, conviene reducir el contenido máximo en los aceites vegetales, con excepción del aceite de camelina, el aceite de mostaza y el aceite de borraja, al contenido establecido por el Codex Alimentarius para el aceite de colza con bajo contenido de ácido erúcico (4).

(4)

En el caso del aceite de camelina, el aceite de mostaza y el aceite de borraja, se han aportado pruebas que demuestran que no es posible alcanzar un contenido más bajo mediante la aplicación de buenas prácticas, puesto que no existen variedades de estas especies cuyos aceites vegetales extraídos de estas plantas presenten un contenido de ácido erúcico inferior al contenido máximo que se ha propuesto para los demás aceites vegetales. Por lo tanto, y dado que estos aceites no tienen el mismo impacto en la exposición humana que otros aceites vegetales, el contenido máximo de ácido erúcico en aceite de camelina, aceite de mostaza y aceite de borraja debe seguir siendo el mismo. Asimismo, para evitar el cierre de pequeñas empresas y microempresas en determinados Estados miembros, conviene excluir de la aplicación del contenido máximo al aceite de mostaza producido y consumido a escala local en pequeñas cantidades, con la aprobación de las autoridades competentes.

(5)

Dado que el contenido máximo en aceites y grasas vegetales también se aplica a los aceites vegetales que se utilizan como ingredientes alimentarios, no es necesario establecer un contenido máximo de ácido erúcico en alimentos con adición de aceites y grasas vegetales.

(6)

Dada la alta concentración de ácido erúcico en la mostaza, existe un riesgo importante de exposición al ácido erúcico mediante el consumo de este alimento. Por lo tanto, conviene establecer un contenido máximo de ácido erúcico en la mostaza.

(7)

El Reglamento Delegado (UE) 2016/127 de la Comisión (5) establece los contenidos máximos de ácido erúcico en los preparados para lactantes y los preparados de continuación. En aras de la claridad, procede suprimir el contenido máximo de ácido erúcico en preparados para lactantes y preparados de continuación que se establece en el Reglamento (CE) n.o 1881/2006.

(8)

En el Reglamento (UE) 2017/1237 de la Comisión (6) no se fija una unidad de medida para el contenido máximo de ácido cianhídrico. Por lo tanto, procede corregir este error con el fin de aportar seguridad jurídica.

(9)

Por lo tanto, el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 debe modificarse en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

Cuando sea necesario para los controles oficiales de los alimentos de origen animal, la Comisión puede establecer valores de referencia en relación con los residuos en los alimentos de origen animal de sustancias activas para las que no se ha establecido un límite máximo de residuos. Deben aplicarse valores de referencia a los alimentos de origen animal importados de terceros países y a los alimentos de origen animal producidos en la Unión.

(2)

A petición de la Comisión, la Comisión Técnica de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (Contam) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha adoptado orientaciones sobre los principios metodológicos y los métodos científicos que deben tenerse en cuenta al evaluar la seguridad de los valores de referencia («las orientaciones de la EFSA») (2). Las orientaciones de la EFSA describen un proceso cuya finalidad es evaluar si la concentración de una sustancia activa que los laboratorios oficiales encargados de los controles pueden determinar utilizando un método analítico validado es lo suficientemente baja para que la salud humana quede adecuadamente protegida.

(3)

Las orientaciones de la EFSA detallan otras situaciones en las que la EFSA debe evaluar específicamente los riesgos de determinadas sustancias de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 470/2009. En particular, para garantizar un nivel adecuado de protección de la salud conviene llevar a cabo evaluaciones específicas de los riesgos planteados por las sustancias activas que causan discrasias sanguíneas (anemia aplásica) o alergias (excluida la sensibilización cutánea) o son carcinógenos de alta potencia o sustancias inorgánicas.

(4)

Por consiguiente, deben adoptarse principios metodológicos y métodos científicos para evaluar la seguridad de los valores de referencia.

(5)

La Decisión 2002/657/CE de la Comisión (3) establece los límites mínimos de funcionamiento exigidos de los métodos analíticos utilizados para detectar un pequeño grupo de sustancias cuyo uso no está autorizado o está prohibido específicamente en la Unión. Estos límites mínimos de funcionamiento exigidos corresponden al límite medio por encima del cual la detección de una sustancia o de sus residuos puede considerarse significativa desde un punto de vista metodológico. Los límites mínimos de funcionamiento exigidos son aplicables a las matrices que figuran en el anexo II de dicha Decisión.

(6)

A tenor de la Decisión 2005/34/CE de la Comisión (4), los límites mínimos de funcionamiento exigidos establecidos en la Decisión 2002/657/CE deben utilizarse como valores de referencia a efectos de intervención independientemente de la matriz alimentaria analizada en relación con alimentos de origen animal importados de terceros países. Debe considerarse que los alimentos de origen animal que contengan residuos de una sustancia activa en una concentración igual o superior a los valores de referencia no cumplen la legislación de la Unión, mientras que no debe prohibirse la entrada en la cadena alimentaria de los alimentos de origen animal que contengan concentraciones inferiores a los valores de referencia. No obstante, la fijación de valores de referencia no debe ser un pretexto para permitir el uso ilegal de sustancias prohibidas o no autorizadas. Por consiguiente, todo residuo de tales sustancias en los alimentos de origen animal debe considerarse indeseable. Los puntos de referencia establecidos en la Decisión 2005/34/CE se basaron únicamente en consideraciones analíticas, teniendo en cuenta la concentración más baja de residuos que puede detectarse y confirmarse con un método analítico validado, sin tener en cuenta el potencial tóxico de las sustancias en cuestión.

(7)

La Decisión 2005/34/CE establece puntos de referencia para el cloranfenicol, el verde de malaquita y los metabolitos de nitrofuranos. Sin embargo, en relación con estas sustancias, la EFSA llegó a la conclusión de que, en lugar de la metodología estándar de evaluación de riesgos, era necesaria una evaluación del riesgo específica para cada sustancia. Por lo tanto, a petición de la Comisión, la Comisión Técnica Contam de la EFSA adoptó sendos dictámenes científicos sobre el cloranfenicol en los alimentos y los piensos (5), sobre los nitrofuranos y sus metabolitos en los alimentos (6) y sobre el verde de malaquita en los alimentos (7).

(8)

Por tanto, procede establecer, en relación con estas sustancias, valores de referencia que tengan en cuenta tanto las consideraciones analíticas como el potencial tóxico de estas sustancias. Habida cuenta de las incertidumbres que la EFSA constató en sus evaluaciones de riesgos sobre el cloranfenicol y los metabolitos de nitrofuranos, conviene mejorar la sensibilidad de los métodos analíticos de manera que sea posible exigir las concentraciones más bajas posibles.

(9)

La detección de residuos de sustancias prohibidas o no autorizadas, incluso por debajo de los valores de referencia establecidos, puede ser señal de un uso indebido de tales sustancias. En esos casos, el Reglamento (CE) n.o 470/2009 exige a los Estados miembros y, si procede, a la Comisión, la adopción de medidas consecutivas. A tal fin, los Estados miembros y la Comisión deben disponer de información a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (8).

(10)

Con objeto de que los laboratorios oficiales puedan adaptar sus métodos a los valores de referencia actualizados para el cloranfenicol, el verde de malaquita y los metabolitos de nitrofuranos, debe permitirse que transcurra un período de tres años antes de que estos valores de referencia más bajos sean aplicables.

(11)

Dado que el presente Reglamento recoge las disposiciones de la Decisión 2005/34/CE, las actualiza y las amplía, procede derogar la Decisión 2005/34/CE en aras de la seguridad jurídica.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 798/2008 de la Comisión (3) establece requisitos de certificación veterinaria para la importación en la Unión y el tránsito por esta, incluido el almacenamiento en tránsito, de aves de corral y productos derivados («las mercancías»). Con arreglo a dicho Reglamento, las mercancías pueden importarse en la Unión o transitar por esta únicamente cuando proceden de los terceros países, territorios, zonas o compartimentos que figuran en las columnas 1 y 3 del cuadro de la parte 1 de su anexo I.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 798/2008 también establece las condiciones para que un tercer país, territorio, zona o compartimento sea considerado libre de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP).

(3)

Japón figura en la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 como tercer país desde cuyo territorio entero se permiten las importaciones en la Unión y el tránsito por esta de huevos y ovoproductos.

(4)

Japón también había solicitado autorización para que se permitiera la importación en la Unión y el tránsito por ella de carne de aves de corral, y había presentado la información pertinente. La Comisión realizó una auditoría en ese país para evaluar los controles zoosanitarios existentes para la carne de aves de corral destinada a la exportación a la Unión, y el resultado fue favorable. No obstante, en razón de un brote de IAAP del subtipo H5N6 en enero de 2018, Japón no pudo satisfacer las condiciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 798/2008 para ser considerado libre de dicha enfermedad, por lo que no recibió autorización para esa mercancía.

(5)

Ahora que han transcurrido más de doce meses desde el brote de IAAP en el territorio de Japón, el país puede ser considerado libre de dicha enfermedad, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 798/2008. Por tanto, vista la actual situación epidemiológica, procede modificar la entrada correspondiente a Japón en el cuadro de la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 y autorizar la importación en la Unión y el tránsito por ella de carne de aves de corral procedente de dicho tercer país.

(6)

Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El Reglamento (UE) 2017/625 somete determinadas categorías de animales y mercancías a controles sistemáticos en los puestos de control fronterizos antes de su entrada en la Unión.

(2)

Del artículo 65, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/625 se desprende que, en caso de sospecha de prácticas fraudulentas o engañosas por parte de un operador o en caso de que se infrinjan de forma grave o reiterada las normas contempladas en el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento, deberán intensificarse los controles oficiales de las partidas con el mismo origen o utilización realizados por las autoridades competentes en los puestos de control fronterizos. De conformidad con el artículo 65, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/625, las autoridades competentes deben notificar a la Comisión y a los Estados miembros su decisión de intensificar dichos controles a través del sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales (SGICO) contemplado en el artículo 131 de dicho Reglamento.

(3)

Con el fin de garantizar un enfoque armonizado para la realización coordinada de los controles oficiales intensificados de determinadas mercancías que entran en la Unión, deben establecerse procedimientos detallados que permitan lograr dicha coordinación, como normas sobre la función del SGICO a este respecto. Por motivos prácticos, la realización coordinada de los controles intensificados en las fronteras debe limitarse a las categorías de partidas para las que existe un establecimiento de origen identificable y registrado, a saber, partidas de productos de origen animal, productos reproductivos, subproductos animales y productos compuestos.

(4)

Al recibir notificaciones de las autoridades competentes de conformidad con el artículo 65, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/625, la Comisión debe evaluar particularmente si el incumplimiento tiene como base la sospecha de prácticas fraudulentas o engañosas o la infracción reiterada o potencialmente grave de las normas contempladas en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/625, como la comercialización de productos de origen animal que contengan niveles de contaminantes o residuos de medicamentos veterinarios superiores al límite máximo de residuos, o de productos que incumplan el Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión (2).

(5)

Con el fin de reducir el riesgo de la existencia de prácticas fraudulentas o engañosas mediante la presentación de partidas pequeñas a los controles oficiales, el peso total de las partidas conformes necesario para completar la realización coordinada de los controles oficiales intensificados debe ser, como mínimo, diez veces el peso de la partida que propició la activación de la medida. No obstante, a fin de evitar que las autoridades competentes y los operadores deban asumir una carga administrativa y financiera inaceptable, debe establecerse un límite máximo del peso total de las partidas conformes necesario para completar la realización coordinada de los controles oficiales intensificados.

(6)

En caso de que, durante la realización coordinada de los controles oficiales intensificados, tres partidas que entren en la Unión presenten el mismo tipo de infracción indicado en la notificación presentada en virtud del artículo 65, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/625, debe continuarse la realización coordinada de dichos controles hasta que los resultados y la actuación de las autoridades competentes de los terceros países afectados resulten satisfactorios. En tal caso, la Comisión debe solicitar a las autoridades competentes de los terceros países que lleven a cabo las investigaciones pertinentes, tomen las medidas necesarias para corregir la situación en el establecimiento de origen e informen de ello a la Comisión.

(7)

En aras de la eficiencia del sistema de control, los Estados miembros deben tener la posibilidad de excluir ciertas partidas de la realización coordinada de los controles oficiales intensificados en caso de que se vaya a denegar su entrada en la Unión por motivos distintos de la infracción por la cual se llevan a cabo tales controles.

(8)

Habida cuenta de que el Reglamento (UE) 2017/625 es aplicable a partir del 14 de diciembre de 2019, el presente Reglamento debe ser de aplicación también a partir de esa fecha.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

Con arreglo al artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE, los Estados miembros únicamente pueden permitir el envío a las autoridades competentes de un tercer país de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de auditores legales o sociedades de auditoría autorizados por ellos, así como de informes de inspección o investigación relativos a las auditorías de que se trate, cuando estas autoridades cumplan requisitos que la Comisión haya declarado adecuados y existan acuerdos de trabajo basados en la reciprocidad entre tales autoridades y las de los Estados miembros correspondientes. Los Estados miembros tienen un creciente interés por seguir desarrollando la cooperación con las autoridades competentes de la República Popular China en el ámbito de la auditoría legal. A la luz de ese interés, es necesario determinar si las autoridades competentes de la República Popular China cumplen los requisitos adecuados para esos fines.

(2)

Las decisiones sobre la adecuación adoptadas con arreglo al artículo 47, apartado 3, de la Directiva 2006/43/CE no atienden a otros requisitos específicos para el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría o de informes de inspección o investigación, como la celebración, entre las autoridades competentes, de acuerdos de trabajo sobre una base de reciprocidad según lo establecido en el artículo 47, apartado 1, letra d), de dicha Directiva, o los requisitos para la transferencia de datos personales que se contemplan en la letra e) de dicho apartado.

(3)

La cooperación en el envío a las autoridades competentes de un tercer país de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación refleja la considerable importancia que reviste, desde el punto de vista del interés general, el ejercicio de una supervisión pública independiente. En consecuencia, las autoridades competentes de los Estados miembros deben garantizar, en el marco de los acuerdos de trabajo a que se refiere el artículo 47, apartado 2, de la Directiva 2006/43/CE, que las autoridades competentes de la República Popular China utilicen los documentos que se les envíen de conformidad con el artículo 47, apartado 1, de dicha Directiva únicamente para el ejercicio de sus funciones de supervisión pública, control externo de calidad e investigación de los auditores y las sociedades de auditoría.

(4)

Cuando se llevan a cabo inspecciones o investigaciones, los auditores legales y las sociedades de auditoría no están autorizados a conceder acceso a sus papeles de trabajo de auditoría u otros documentos a las autoridades competentes de la República Popular China ni a transmitírselos en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE y en la presente Decisión.

(5)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, apartado 4, de la Directiva 2006/43/CE, los Estados miembros deben garantizar que, a efectos de supervisión pública, control de calidad e investigación de los auditores legales y las sociedades de auditoría, los contactos entre los auditores legales o las sociedades de auditoría autorizados por ellos y las autoridades competentes de la República Popular China tengan lugar a través de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate.

(6)

De conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/43/CE, la posibilidad de que los Estados miembros permitan el envío, a las autoridades competentes de la República Popular China, de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría autorizados por ellos y de informes de inspección o investigación está supeditada a la celebración de acuerdos de trabajo entre las autoridades competentes afectadas.

(7)

Los Estados miembros deben velar por que tales acuerdos de trabajo entre sus autoridades competentes y las de la República Popular China se celebren sobre una base de reciprocidad y conforme a las condiciones del artículo 47, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/43/CE, incluida la protección de los secretos profesionales y los intereses comerciales contenidos en dichos documentos, en particular los derechos de propiedad industrial e intelectual, que correspondan a las entidades auditadas o a los auditores legales y sociedades de auditoría que las hayan auditado.

(8)

Cuando el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación a las autoridades competentes de la República Popular China suponga la transferencia de datos personales, el envío únicamente es lícito si cumple asimismo los requisitos para las transferencias internacionales de datos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). En consecuencia, el artículo 47, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/43/CE exige a los Estados miembros que garanticen que la transferencia de datos personales entre sus autoridades competentes y las de la República Popular China se atenga a todos los principios y normas aplicables en materia de protección de datos y, en particular, a las disposiciones del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679. Los Estados miembros deben velar por que existan garantías adecuadas para la transferencia de datos personales, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679. Además, los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes de la República Popular China no divulguen posteriormente los datos personales contenidos en los documentos enviados sin el acuerdo previo de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

(9)

El Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de Valores (CRV) de la República Popular China son los dos organismos de supervisión pública competentes para la investigación de los auditores y las sociedades de auditoría, de conformidad con la Ley de Contabilidad, la Ley de Contables Públicos Certificados y la Ley sobre Valores de la República Popular China. En el Ministerio de Finanzas recae la responsabilidad de expedir licencias de actividad a las empresas de contabilidad, hacer cumplir las normas contables, establecer normas de auditoría, llevar a cabo inspecciones e investigaciones de las empresas de contabilidad y los contables públicos certificados, y celebrar acuerdos de cooperación reglamentaria relativos a la supervisión de la profesión de contable público certificado. La CRV, bajo los auspicios del Consejo de Estado, es responsable de la supervisión del mercado de valores y de la aplicación de la legislación sobre valores. Está facultada para fiscalizar a las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghái o en la Bolsa de Shenzhen y a las empresas de contabilidad que realizan auditorías de esas empresas cotizadas. Es la autoridad responsable de la supervisión y administración de los valores emitidos en cualquiera de esas bolsas. Entre sus funciones de supervisión, la CRV es competente para gestionar los asuntos de cooperación internacional en el sector de valores y futuros. La CRV está facultada para establecer un mecanismo de cooperación con las correspondientes autoridades de otros países o territorios con vistas a la supervisión transfronteriza de los mercados de valores, incluida la cooperación en materia de auditoría.

(10)

Tanto el Ministerio de Finanzas como la CRV tomarán parte en la firma de los futuros acuerdos bilaterales para el envío de papeles de trabajo de auditoría. El Ministerio de Finanzas toma la iniciativa en la celebración de acuerdos con los Estados miembros y determina la participación de la CRV en las negociaciones y la firma de los acuerdos en función de su alcance y contenido. El personal que trabaja o ha trabajado en el Ministerio de Finanzas y la CRV tiene una obligación de confidencialidad respecto de los secretos de Estado, comerciales y de trabajo de los que haya tenido conocimiento durante las actividades de supervisión, y le está prohibido utilizar dicha información para cuestiones que no guarden relación con esas actividades.

(11)

Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de la República Popular China, el Ministerio de Finanzas y la CRV pueden facilitar a las autoridades competentes de los Estados miembros documentos equivalentes a los mencionados en el artículo 47, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE que guarden relación con investigaciones que puedan llevar a cabo sobre los auditores y sociedades de auditoría.

(12)

Sobre esta base, y teniendo también en cuenta el asesoramiento técnico de la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores a que se refiere el artículo 30, apartado 7, letra c), del Reglamento (UE) n.o 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), el Ministerio de Finanzas y la CRV cumplen los requisitos que deben considerarse adecuados a efectos del artículo 47, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/43/CE.

(13)

La presente Decisión no afecta a los acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 25, apartado 4, de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(14)

Las conclusiones sobre la adecuación de los requisitos satisfechos por las autoridades competentes de un tercer país de conformidad con el artículo 47, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2006/43/CE se entienden sin perjuicio de cualquier decisión que la Comisión pueda adoptar sobre la equivalencia de los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicables a los auditores y sociedades de auditoría de ese tercer país con arreglo al artículo 46, apartado 2, de dicha Directiva.

(15)

La presente Decisión tiene por objeto facilitar una cooperación eficaz entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las de la República Popular China. Obedece al doble propósito de permitir que dichas autoridades ejerzan sus funciones de supervisión pública, control externo de calidad e investigación, y, al mismo tiempo, de proteger los derechos de las partes interesadas. Cuando una autoridad competente decida celebrar un acuerdo de trabajo sobre una base de reciprocidad con las autoridades competentes de la República Popular China a fin de permitir el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de auditores legales o sociedades de auditoría, así como de informes de inspección o investigación, el Estado miembro de que se trate estará obligado a comunicar a la Comisión los acuerdos de trabajo recíprocos celebrados con dichas autoridades para permitir a esta evaluar si la cooperación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 47 de la Directiva 2006/43/CE.

(16)

El objetivo último de la cooperación en materia de supervisión de las auditorías entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las de la República Popular China es alcanzar la confianza mutua en los respectivos sistemas de supervisión y fomentar la convergencia de la calidad de las auditorías. Esa confianza mutua y mayor convergencia se fundamentarían en la equivalencia de los sistemas de supervisión de las auditorías de la Unión y de la República Popular China. En consecuencia, el envío de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos en poder de auditores legales o sociedades de auditoría y de informes de inspección o investigación debería convertirse en última instancia en la excepción.

(17)

La presente Decisión refleja el creciente interés de los Estados miembros por seguir desarrollando la cooperación con las autoridades competentes de la República Popular China en el ámbito de la auditoría legal, como medio para facilitar el acceso de las entidades de la Unión al mercado de capitales de dicho país y para fomentar las actividades en los mercados de capitales de los Estados miembros de empresas con domicilio social en la República Popular China.

(18)

Dada la actual falta de experiencia práctica en la cooperación en materia de supervisión con las autoridades competentes de la República Popular China, la presente Decisión debe ser aplicable durante un período de tiempo limitado.

(19)

A pesar de la limitación temporal, la Comisión hará un seguimiento periódico de la evolución del mercado y de los marcos de regulación y supervisión, y de la eficacia de la cooperación en materia de supervisión, teniendo en cuenta la experiencia adquirida a través de dicha cooperación, a la luz también de la información aportada por los Estados miembros. En particular, la Comisión puede llevar a cabo una revisión específica de la presente Decisión en cualquier momento antes de que expire su período de vigencia, cuando hechos relevantes hagan necesaria una reevaluación de la declaración de adecuación contenida en la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(20)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 20 de mayo de 2019.

(21)

Las medidas establecidas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 48, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE.