ANEXO

1.   INTRODUCCIÓN

La presente Recomendación expresa únicamente la opinión de la Comisión; no modifica los efectos jurídicos de las Directivas y Reglamentos y se entiende sin perjuicio de la interpretación vinculante realizada por el Tribunal de Justicia de los artículos 7, 7 bis y 7 ter y del anexo V de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética modificada («DEE»). La presente Recomendación se basa en la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros desde la transposición de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y en lo que la Comisión ha aprendido de las notificaciones de los Estados miembros, la evaluación de los planes nacionales de acción para la eficiencia energética y los informes anuales (1).

Resumen: Modificaciones importantes de la Directiva 2012/27/UE

1.

Estructura de la obligación de ahorro de energía y disposiciones conexas — Artículos 7 (normas generales sobre la obligación de ahorro), 7 bis [normas relativas a los sistemas de obligaciones de eficiencia energética (SOEE)] y 7 ter (normas relativas a las medidas de actuación alternativas); — Anexo V (métodos y principios comunes de cálculo); y — obligaciones de planificación y de comunicación de información en virtud del Reglamento sobre la gobernanza.

2.

Alcance de la obligación de ahorro de energía (2021–2030) — un nuevo período de obligación de ahorro de energía 2021–2030 y la prórroga de la obligación más allá de 2030 sin fecha de finalización, pero sujeto a revisión en 2027 y cada 10 años a partir de entonces; — la obligación de lograr un ahorro acumulado de uso final de la energía en el período 2021–2030 equivalente a un nuevo ahorro anual de al menos el 0,8 % del consumo de energía final (excepto en el caso de Chipre y Malta, que deben lograr un nuevo ahorro del 0,24 % del consumo de energía final), es decir, un nivel superior al del período actual; — opciones para que los Estados miembros calculen el ahorro de forma diferente, siempre que logren el ahorro acumulado de uso final de la energía requerido; y — la exigencia de que los Estados miembros tengan en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética a la hora de diseñar las medidas de actuación, de acuerdo con los criterios que deben establecer.

3.

Calcular el impacto de las medidas de actuación — los Estados miembros no pueden computar el ahorro de energía derivado de la aplicación del Derecho de la UE, excepto cuando esté relacionado con la renovación de edificios. No obstante, y con sujeción a determinadas condiciones, pueden contabilizar el ahorro realizado con arreglo a los requisitos mínimos nacionales para los edificios nuevos como parte del ahorro requerido únicamente para el primer período de obligación (2014-2020).

4.

Aclaraciones — los SOEE y las medidas de actuación alternativas son igualmente medios válidos para transponer la DEE; — el ahorro de energía derivado de cada tipo de medida de actuación se debe calcular con arreglo a los principios y métodos comunes del anexo V de la DEE; — aclaración sobre los requisitos de medición y verificación y la importancia de tomar una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética; — los Estados miembros pueden crear un Fondo nacional de eficiencia energética (FNEE), de conformidad con el artículo 20, apartado 6, de la DEE, ya sea como medida de actuación alternativa o como parte de un SOEE que exija a las partes obligadas que logren la totalidad o parte de su ahorro como contribución al fondo; — aclaración sobre el requisito de adicionalidad (el ahorro de energía debe ser adicional al que se habría obtenido en cualquier caso sin la actividad de la parte obligada o participante), incluidos ciertos factores: oportunistas, efectos de mercado e impacto de las políticas existentes; — el cálculo del ahorro de energía debe tener en cuenta la duración de las medidas y la tasa de disminución del ahorro a lo largo del tiempo; y — el ahorro de energía derivado de tecnologías renovables a pequeña escala instaladas sobre o en el interior de edificios puede ser admisible, siempre que se cumpla lo dispuesto en el anexo V.

2.   CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA REQUERIDO EN EL PERÍODO DE OBLIGACIÓN 2021–2030

En la letra b), anterior se exige a los Estados miembros que logren lo siguiente:

—	un ahorro acumulado de uso final de la energía (es decir, la cantidad total de ahorro de energía) en 2021–2030; y

—	un nuevo ahorro cada año en ese período (cuya cantidad no se especifica).

Si bien el porcentaje de nuevo ahorro anual de energía en el primer período de obligación (2014-2020) es el mismo para todos los Estados miembros (es decir, el 1,5 %), no ocurre lo mismo en el segundo período (2021–2030), ya que Chipre y Malta tienen que lograr un ahorro acumulado en el uso final equivalente a un nuevo ahorro del 0,24 % del consumo de energía final (1).

Cada Estado miembro debe lograr la cantidad calculada de ahorro acumulado de uso final de la energía (es decir, el ahorro total de energía para 2021–2030) antes del 31 de diciembre de 2030. A diferencia del primer período de obligación, dicha cantidad no puede reducirse como resultado de cualquier flexibilidad utilizada por el Estado miembro (2).

Los Estados miembros no tienen que lograr un nuevo ahorro equivalente al 0,8 % (el 0,24 % en el caso de Malta y Chipre) del consumo anual de energía final (3) cada año del segundo período de obligación. La flexibilidad actual, que permite repartir la cantidad de nuevo ahorro a lo largo del período, sigue siendo aplicable para el segundo período y los períodos subsiguientes (4).

2.1.   Cálculo del ahorro acumulado de uso final de la energía requerido en el segundo período de obligación

Para calcular la cantidad de ahorro acumulado de uso final de la energía requerida en el segundo período de obligación, cada Estado miembro debe calcular primero el consumo de energía final medio de los tres años anteriores a 2019 (es decir, en el período 2016-2018) (5).

El paso siguiente es multiplicar ese promedio por el 0,8 % (el 0,24 % en el caso de Chipre y Malta) para establecer la cantidad equivalente de «nuevo» ahorro anual.

Ejemplo

Un Estado miembro tiene un consumo de energía de 102 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2016, 98 Mtep en 2017 y 100 Mtep en 2018, lo cual supone para los 3 años un promedio de 100 Mtep.

Para el cálculo de la cantidad acumulada de ahorro de uso final de la energía (2021–2030), la cantidad mínima de nuevo ahorro cada año es, por tanto, de 0,8 Mtep (100 Mtep × 0,8 %).

Los Estados miembros pueden entonces calcular la cantidad acumulada de ahorro de uso final necesaria para todo el período de obligación.

Ejemplo

Un Estado miembro calcula su consumo promedio de energía final para 2016-2018 en 100 Mtep. Por tanto, el ahorro total en el uso final en relación con 2021 sería de (100 × 0,8 % × 1) = 0,8 Mtep.

Dado que es necesario lograr un ahorro acumulado de uso final de la energía equivalente, como mínimo, a un nuevo ahorro cada año de 2021 a 2030, el Estado miembro debe calcular un nuevo ahorro para cada año subsiguiente hasta 2030.

La cantidad total calculada para 2022 sería (100 × 0,8 % × 2) = ahorro acumulado de uso final de la energía de 1,6 Mtep [incluido el 0,8 Mtep de nuevo ahorro en 2022 (marcado en gris a continuación)].

Los importes para cada año subsiguiente hasta 2030 pueden calcularse del mismo modo. La cantidad total de ahorro acumulado de uso final de la energía requerida durante el período de 10 años es de 44 Mtep (100 × 0,8 % × 55).

Año	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ahorro de uso final de la energía (Mtep)										0,8	Ahorro total acumulado de uso final de la energía (para 2030)
									0,8	0,8
								0,8	0,8	0,8
							0,8	0,8	0,8	0,8
						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Total (Mtep)	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	44,0  (6)

2.2.   Conjunto de datos estadísticos

2.2.1.   Uso del conjunto de datos de Eurostat

Para establecer los conjuntos de datos estadísticos que se deben utilizar en el período de obligación 2021–2030, los Estados miembros deberían utilizar el conjunto de datos de Eurostat, que se considera la fuente por defecto para el cálculo de las cantidades de ahorro requeridas [véase el anexo III, punto 1, letra c), del Reglamento sobre la gobernanza].

En 2019, Eurostat examinó el balance energético sobre la base de las recomendaciones internacionales en materia de estadísticas de energía publicadas por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (7). Para las contribuciones de los Estados miembros a la eficiencia energética y las obligaciones de ahorro de energía, estableció una categoría específica: «consumo de energía final (20202030)»  (8) (código FEC2020-2030). Esta contiene los elementos exigidos en artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE y los Estados miembros deben utilizarla a efectos de la obligación de ahorro de energía (9).

La nueva categoría incluye las siguientes definiciones aritméticas basadas en las últimas modificaciones del Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (10):

Consumo de energía final (Europa 2020-2030) [Total de todos los productos]=

Consumo de energía final [Total de todos los productos]

– Consumo de energía final [Calor ambiental (bombas de calor)]

+ Aviación internacional [Total de todos los productos]

+ Insumos para la transformación en los altos hornos [Total de todos los productos]

+ Producción de la transformación en los altos hornos [Total de todos los productos]

+ Energía sector de los Altos hornos [Combustibles fósiles sólidos]

+ Energía sector de los Altos hornos[Gases manufacturados]

+ Energía sector de los Altos hornos [Turba y productos de turba]

+ Energía sector de los Altos hornos [Esquisto bituminoso y arenas bituminosas]

+ Energía sector de los Altos hornos [Petróleo y productos petrolíferos]

+ Energía sector de los Altos hornos [Gas natural]

2.2.2.   Uso de fuentes estadísticas alternativas y estimaciones de expertos

Los Estados miembros pueden utilizar fuentes estadísticas alternativas, pero deben explicar y justificar su uso y cualquier diferencia en las cantidades resultantes en su notificación a la Comisión [véase el anexo III, punto 1, letra c), del Reglamento sobre la gobernanza].

Si los datos correspondientes a determinados años no están disponibles en el momento en que los Estados miembros deben presentar su informe, estos pueden utilizar estimaciones de expertos (que también deben justificarse en la notificación). Cuando se disponga de los datos oficiales, si existen discrepancias significativas entre las cifras estimadas y las reales, la cantidad de ahorro necesario debe ajustarse respecto de las segundas.

Se recomienda que los Estados miembros ajusten las estimaciones a los datos oficiales tan pronto como sea posible en el marco del mecanismo de gobernanza, mediante la siguiente presentación o comunicación obligatoria de información con arreglo al Reglamento sobre la gobernanza [por ejemplo, en la actualización del plan nacional de energía y clima (PNEC) antes del 30 de junio de 2023, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento].

2.2.3.   Energía consumida en el transporte

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, letra b), de la DEE (11), los Estados miembros ya no pueden excluir el consumo de energía final en el transporte de su base de referencia del cálculo para el segundo período de obligación y períodos subsiguientes.

2.2.4.   Energía generada para uso final propio

El ahorro acumulado de uso final de la energía en el primer período de obligación se basa en las «ventas de energía a clientes finales», pero la DEE cambia deliberadamente la base para el segundo período y los períodos siguientes a «consumo de energía final».

En consecuencia, los Estados miembros deben incluir la energía generada para uso final propio (por ejemplo, la electricidad generada por sistemas fotovoltaicos, el calor generado por colectores solares térmicos o la combustión combinada de residuos en la industria) en el cálculo de referencia para dichos períodos.

La categoría de «consumo de energía final» de Eurostat (código B 101700 (12)), aplicable en el momento de la negociación y adopción de la DEE, incluía determinadas energías renovables pertinentes para su uso a pequeña escala sobre o en el interior de edificios (energía solar fotovoltaica y térmica, energía eólica, biomasa sólida, biogás y biocombustibles líquidos (13)). Por ejemplo, el calor ambiental utilizado en las bombas de calor no se incluyó en la categoría de «consumo de energía final». Con el fin de garantizar que la obligación de ahorro de energía con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la DEE, tal y como fue acordada por los colegisladores no se modifique por la revisión de los balances energéticos, a efectos de la eficiencia energética Eurostat estableció y publicó la categoría específica «consumo de energía final (Europa 2020-2030)» (código FEC2020-2030), que sigue excluyendo al calor ambiental de esta categoría hasta 2030 (14).

Sin embargo, mientras que el anexo III, punto 1, letra c), del Reglamento sobre la gobernanza establece que el conjunto de datos de Eurostat debe utilizarse como fuente por defecto, los Estados miembros deben tener en cuenta todos los datos disponibles a nivel nacional. Cuando estos difieran de los datos de Eurostat, los Estados miembros deben citar sus fuentes nacionales si son más exactas. Deben incluirlos en su base de referencia del cálculo y notificar y explicar en su PNEC qué fuentes de datos han utilizado, incluidos los volúmenes adicionales oficiales o estimados de consumo de energía final que no estén incluidos en el conjunto de datos de Eurostat.

2.3.   Repartir el ahorro de energía a lo largo del período 2021–2030

El artículo 7, apartado 1, último párrafo, de la DEE establece que los Estados miembros «decidirán cómo calcular la cantidad de nuevo ahorro para repartir [a lo largo de cada período de obligación] el nuevo ahorro, siempre que al término de cada período se haya alcanzado el total del ahorro energético acumulado requerido».

Ejemplos

Un Estado miembro puede optar por un aumento lineal del ahorro a lo largo del tiempo; otro puede decidir comenzar más tarde, pero necesitará un ahorro mayor hacia la mitad o el final del segundo período de obligación.

Otro Estado miembro puede decidir repartir la cantidad requerida de ahorro acumulado de uso final de la energía (por ejemplo, 44,0 Mtep) como se indica a continuación, siempre que la cantidad acumulada de ahorro requerido se logre entre 2021 y 2030 (suponiendo que todas las medidas tengan efectos duraderos que proporcionen ahorro todos los años al menos hasta 2030):

Año	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ahorro de uso final de la energía (Mtep)										0,8	Ahorro total acumulado de uso final de la energía (para 2030)
									1,1	1,1
								0,5	0,6	0,6
							0,7	0,7	0,7	0,7
						0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Total (Mtep)	0,4	1,3	2,5	3,5	4,3	4,9	5,6	6,1	7,3	8,1	44

Si un Estado miembro establece o mantiene un sistema de obligaciones de eficiencia energética (SOEE), no está obligado a informar sobre la forma en que repartirá el esfuerzo a lo largo del período de obligación. Sin embargo, se recomienda a los Estados miembros que definan y comuniquen cómo lo harán. Con arreglo al anexo III, punto 3.1, letra b), del Reglamento sobre la gobernanza, los Estados miembros deben notificar la cuantía acumulada y anual de ahorro prevista y la duración de sus sistemas.

Los Estados miembros que establezcan o mantengan medidas de actuación alternativas con arreglo al artículo 7 ter de la DEE o a un Fondo nacional de eficiencia energética (FNEE) en virtud del artículo 20, apartado 6, de la misma, tendrán plena discreción para repartir el ahorro acumulado de uso final de la energía requerido a lo largo del segundo período de obligación. Pueden, aunque no están obligados a ello, introducir períodos intermedios, que no tienen por qué ser de la misma duración. Sin embargo, el anexo III, punto 3.2, letra c), del Reglamento sobre la gobernanza estipula que notifiquen la «cantidad total prevista acumulada y anual del ahorro por cada medida y/o cantidad de ahorro de energía en relación con los períodos intermedios».

3.   OTRAS FORMAS DE CALCULAR LOS REQUESITOS DE AHORRO

3.1.   Porcentaje y alcance

Las opciones del artículo 7, apartado 2, de la DEE, no afectan a la obligación de ahorro de energía establecida en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la misma. El artículo 7, apartados 2 y 4, de la DEE, permite que los Estados miembros utilicen distintos métodos de cálculo (por ejemplo, para abordar determinadas circunstancias nacionales), pero ello no debe dar lugar a una reducción de la cuantía de ahorro de energía requerida, es decir, los Estados miembros deben garantizar que el cálculo mediante uno o varios de los métodos establecidos en el artículo 7, apartado 2, de la DEE, se traduzca en el mismo ahorro mínimo de energía acumulado que el exigido en virtud de lo dispuesto en su artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b).

Por tanto, en relación con el período de obligación de 2021 a 2030, independientemente de que los Estados miembros utilicen o no las opciones previstas en el artículo 7, apartados 2 y 4, de la DEE, estos deben asegurarse de que para el 31 de diciembre de 2030 logran la cantidad requerida de ahorro acumulado de uso final de la energía equivalente a un nuevo ahorro anual de, como mínimo, un 0,8 % (15). Con el fin de garantizar que las flexibilidades aplicadas de conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 4, de la DEE, no reduzcan la cantidad neta mínima calculada de nuevo ahorro de energía que se debe lograr en el consumo de energía final durante el período de obligación, los porcentajes de ahorro anual de los propios Estados miembros deben, por tanto, ser superiores al necesario para lograr el ahorro acumulado de energía establecido en el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE (16). Los Estados miembros no están obligados a hacer uso de las opciones previstas en el artículo 7, apartado 2, de la DEE.

3.2.   Opciones en virtud del artículo 7, apartado 2, de la DEE

El artículo 7, apartado 2, de la DEE, permite a los Estados miembros calcular la cantidad requerida de ahorro de energía mediante los siguientes métodos:

—	la aplicación de un porcentaje anual de ahorro en venta de energía a clientes finales o en consumo de energía final, como promedio del período 2016-2018; y/o

—	excluyendo de la base de referencia del cálculo, de forma total o parcial, la energía empleada para el transporte; y/o

—	empleando cualquiera de las opciones que figuran en el artículo 7, apartado 4, de la DEE.

3.3.   Tasa de ahorro anual propia y base de referencia del cálculo

Cuando los Estados miembros hacen uso de una o varias de las opciones, el artículo 7, apartado 3, de la DEE, estipula que establezcan:

—	su propia tasa anual de ahorro: se aplica en el cálculo de su ahorro acumulado de uso final de la energía para asegurarse de que el ahorro requerido no sea inferior al exigido con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE; y

—	su propia base de referencia del cálculo que puede excluir, total o parcialmente, la energía empleada en el transporte (17).

Esto se suma (18) a los cálculos de la nueva tasa anual de ahorro y al ahorro acumulado de uso final, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la Directiva.

En el artículo 7, apartado 5, párrafo segundo, de la DEE, se establece que, independientemente de si los Estados miembros excluyen la energía empleada en el transporte, de forma total o parcial, de su base de referencia del cálculo o de si emplean cualquiera de las opciones detalladas en el artículo 7, apartado 4, estos garantizarán que la cantidad neta calculada de nuevo ahorro de consumo de energía final a obtener en el período de obligación 2021–2030 no será inferior a la cantidad resultante de la aplicación de la tasa anual de ahorro indicada en el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), es decir, el 0,8 % (el 0,24 % para Chipre y Malta).

3.4.   Opciones en virtud del artículo 7, apartado 4, de la DEE

Para el período de obligación 2021–2030, los Estados miembros pueden utilizar una o varias de las opciones siguientes (artículo 7, apartado 4, de la DEE):

b)	exclusión total o parcial de la industria del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE);

c)	contabilización de determinados ahorros de energía procedentes de los sectores de la transformación y el transporte de energía;

d)	actuaciones tempranas después del final de 2008 que sigan permitiendo lograr un ahorro con posterioridad a 2020;

e)	actuaciones individuales llevadas a cabo desde principios de 2018 hasta finales de 2020 que sigan logrando un ahorro después de 2020;

f)	exclusión del 30 % de la energía generada en el exterior o el interior de edificios para uso propio como resultado de medidas de actuación que promuevan la nueva instalación de tecnologías basadas energías renovables; y

g)	contabilizar un determinado ahorro de energía que supere al requerido para el período de obligación 2014-2020.

De conformidad con el artículo 7, apartado 5, letra b), de la DEE, estas opciones solo se pueden utilizar para la « cantidad de ahorro de energía calculada conforme al artículo 7, apartados 2 y 3 » y, consideradas en conjunto, « no deberán conducir a una reducción de más del 35 % » de dicha cantidad.

Fundamentalmente, las opciones no pueden utilizarse para reducir la cantidad total de ahorro acumulado de uso final de la energía establecida en el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE. En otras palabras, independientemente de si los Estados miembros excluyen total o parcialmente la energía empleada en el transporte de su base de referencia del cálculo o de si emplean cualquiera de las opciones detalladas, estos deben garantizar que la cantidad neta calculada de nuevo ahorro de consumo de energía final en el período de obligación 2021–2030 no es inferior a la cantidad resultante de la aplicación de la tasa anual de ahorro indicada en el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE (19). Para garantizarlo, el artículo 7, apartado 5, de la DEE dispone que calculen el efecto de la decisión de hacer uso de una o varias de las opciones en el período de obligación (20).

Las opciones indicadas en el artículo 7, apartado 4, letras b) y f), de la DEE, solo pueden utilizarse para el cálculo de la propia base de referencia, de conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3 de la misma. Las cantidades pueden deducirse de dicho cálculo (con sujeción a las restricciones establecidas).

Las opciones previstas en las letras c), d), e) y g) se refieren al ahorro de energía y solo pueden contabilizarse en la cantidad calculada de ahorro requerido en virtud del artículo 7, apartados 2 y 3, de la DEE. Por consiguiente, no pueden utilizarse para reducir el nivel de la obligación de ahorro de energía con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE, pero pueden utilizarse para contribuir a su cumplimiento.

3.4.1.   Las opciones en profundidad

3.4.1.1.   Exclusión total o parcial de la industria del RCDE [artículo 7, apartado 4, letra b)]

Si un Estado miembro recurre únicamente a la opción de excluir total o parcialmente las ventas de energía consumida en la industria del RCDE [artículo 7, apartado 4, letra b), de la DEE], debe establecer qué volúmenes de energía suministrada o vendida al por menor se utilizan para esas actividades industriales. El cálculo se basa en la energía consumida en las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva sobre el RCDE (21).

La energía utilizada para las «actividades energéticas» enumeradas en dicho anexo [instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW (excepto las instalaciones de residuos peligrosos o municipales], refinerías de hidrocarburos y coquerías) y la energía empleada en la aviación se deducirán de esa cantidad (22).

3.4.1.2.   Ahorro de energía en los sectores de la transformación y el transporte de energía [artículo 7, apartado 4, letra c)]

El artículo 7, apartado 4, letra c), de la DEE, permite a los Estados miembros que contabilicen el ahorro de energía logrado en los sectores de la transformación, la distribución y el transporte de energía, entre ellos una infraestructura de calefacción y refrigeración urbana eficiente, como resultado de la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 4, el artículo 14, apartado 5, letra b), y el artículo 15, apartados 1 a 6 y 9 de la DEE, en la cantidad de ahorro de energía calculada con arreglo al artículo 7, apartados 2 y 3 de la misma (23).

3.4.1.3.   Ahorro de energía derivado de las nuevas actuaciones individuales llevadas a cabo desde el 31 de diciembre de 2008 [artículo 7, apartado 4, letra d)]

Si un Estado miembro contabiliza el ahorro de energía derivado de toda nueva actuación individual llevada a cabo desde el 31 de diciembre de 2008 en la cantidad de ahorro de energía requerido de conformidad con el artículo 7, apartados 2 y 3, de la DEE, dichas actuaciones deben seguir teniendo un impacto después de 2020 con respecto al período de obligación 2021–2030, es decir, deben dar lugar a un nuevo ahorro de energía con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. Con arreglo al artículo 2, apartado 19, de la DEE se entiendo por « actuación individual » una actuación que da lugar a mejoras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables, y que se lleva a cabo como consecuencia de una medida de actuación. Además, el ahorro de energía debe medirse y verificarse.

3.4.1.4.   Actuaciones individuales realizadas entre principios de 2018 y finales de 2020 [artículo 7, apartado 4, letra e)]

De conformidad con el artículo 7, apartado 4, letra e), de la DEE, un Estado miembro puede contabilizar en la cantidad de ahorro calculado con arreglo al artículo 7, apartados 2 y 3, el ahorro de energía derivado de medidas de actuación, siempre y cuando demuestre que dichas medidas se traducen en nuevas actuaciones individuales emprendidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 que generen ahorro con posterioridad a esta fecha.

Mientras que el artículo 7, apartado 4, letra d), de la DEE hace referencia las actuaciones individuales llevadas a cabo entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, el artículo 7, apartado 4, letra e), de la misma, solo es aplicable a las actuaciones individuales realizadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. Esta diferencia es pertinente cuando los Estados miembros consideran la duración de una actuación de hasta 21 años llevada a cabo en 2008, respecto de la duración de una actuación de hasta 12 años realizada en 2018. En la práctica, esto significa que el primer caso sea pertinente, por ejemplo, para medidas con una larga duración como el aislamiento de la envolvente de un edificio.

3.4.1.5.   Energía generada en el exterior o el interior de edificios para uso propio procedente de la nueva instalación de tecnologías basadas en energías renovables [artículo 7, apartado 4, letra f)]

Esta opción permite a los Estados miembros excluir una cantidad verificable de energía generada para uso propio mediante nuevas instalaciones de energías renovables en el exterior o el interior de los edificios del cálculo del ahorro de energía requerido en virtud del artículo 7, apartados 2 y 3, de la DEE.

Su uso está restringido en tres aspectos:

—	no podrá excluirse de la base de referencia del cálculo más del 30 % de la energía generada para uso propio mediante nuevas instalaciones basadas en energías renovables en el exterior o el interior de edificios;

—	no debe dar lugar a una reducción superior al 35 % de la cantidad calculada con arreglo al artículo 7, apartados 2 y 3 de la DEE; y

—	la cantidad de dicha energía no debe excluirse del cálculo de la obligación de ahorro con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE.

En el anexo V, punto 2, letra e), de la DEE, se establece cómo puede computarse el ahorro de energía resultante de medidas que promuevan la instalación de tecnologías basadas en energías renovables a pequeña escala sobre o el interior de los edificios para el ahorro requerido con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la DEE (24). Este punto no está sujeto a restricciones de volumen.

Dado que el artículo 7, apartado 4, letra f), de la DEE, hace referencia a la « cantidad verificable de energía generada en el exterior o el interior de edificios para uso propio »  (25) (y no la cantidad realmente utilizada), los Estados miembros deben determinar y verificar el volumen de energía renovable (en ktep, MW o equivalente) que se generará en los edificios para uso propio como resultado de políticas que promuevan nuevas instalaciones en el período de obligación 2021–2030. Debido a que la disposición hace referencia a una « cantidad verificable », este cálculo puede tener en cuenta el volumen medio estimado de energía renovable que se producirá para uso propio en 2021–2030 únicamente a partir de unidades instaladas en el exterior o el interior de los edificios después del 31 de diciembre de 2020.

El artículo 21, letra b), punto 3), del Reglamento sobre la gobernanza, estipula que los Estados miembros incluyan información sobre la aplicación de los SOEE y las medidas de actuación alternativas en sus informes de situación nacionales integrados en materia de energía y clima. Por tanto, a partir del 15 de marzo de 2021 (y cada dos años a partir de entonces), deberán facilitar información sobre la cantidad real de energía generada en el exterior y el interior de edificios para uso propio a partir de tecnologías de energía renovable recientemente instaladas.

Ejemplo indicativo y no exhaustivo

El cuadro que figura a continuación muestra, para una lista no exhaustiva de tecnologías, la cantidad de energía que puede excluirse del cálculo del requisito de ahorro de energía. Por ejemplo, la instalación de un paquete de calderas solares-térmicas y de gas podría dar lugar a la generación de 1 000 kWh de energía renovable, de los cuales el 30 % (300 kWh) podría excluirse del cálculo (siempre que no supere el 35 % del ahorro requerido):

Tipo de tecnología		Demanda de energía final (kWh)	Porcentaje de renovables generado en los edificios (%)	Generación responsable de la reducción del objetivo de ahorro (kWh)	30 % que puede excluirse del requisito de ahorro (kWh)
1)	Caldera de condensación de gas	10 526	0	0
2)	Caldera de condensación de leña	10 870	100	10 870	3 261
3)	Bomba de calor (con electricidad de la red)	2 857	0	0
4)	Paquete de calderas solar-térmica/de gas	10 474	~10	1 000	300
	Instalación solar-térmica	1 000	100	1 000	300
	Caldera de condensación de gas	9 474	0	0
5)	Instalación fotovoltaica	3 500	100	3 500	1 050

3.4.1.6.   Ahorro de energía superior al requerido para el primer período de obligación [artículo 7, apartado 4, letra g)]

Los Estados miembros podrán contabilizar el ahorro de energía superior al requerido para el primer período de obligación (2014-2020) en el cálculo previsto en el artículo 7, apartados 2 y 3, de la DEE, siempre que:

—	se obtenga a raíz de actuaciones individuales en el marco de un SOEE o de medidas de actuación alternativas; y

—	el Estado miembro notifique las medidas de actuación pertinentes en su PAEE y las comunique en su informe de situación con arreglo al artículo 24, apartado 2 (26).

4.   ELECCIÓN DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA LOGRAR LA CANTIDAD REQUERIDA DE AHORRO ACUMULADO DE USO FINAL DE LA ENERGÍA

Con arreglo al artículo 7, apartado 10, de la DEE, los Estados miembros deben lograr el ahorro acumulado de uso final de la energía requerido mediante:

—	el establecimiento de un SOEE;

—	la adopción de medidas de actuación alternativas; o

—	una combinación de los anteriores.

El artículo 7 de la DEE, aclara que el SOEE y las medidas de actuación alternativas son igualmente válidas a este respecto. Los Estados miembros disponen de una flexibilidad considerable y de una amplia discreción para elegir entre los distintos tipos el sistema que mejor se adapte a su situación y circunstancias particulares (27).

El artículo 7 bis, apartado 1 y el artículo 7 ter, apartado 1, de la DEE, estipula que todas las medidas de actuación se diseñen a efectos de cumplir la obligación de ahorro de energía con arreglo al artículo 7, apartado 1, y sean admisibles para contribuir a un « ahorro de uso final de la energía » que se produzca « entre los clientes finales ». Sin embargo, no es perjudicial que una medida de actuación aborde también otros objetivos y metas (por ejemplo, en el marco de las políticas energéticas, para afrontar la necesidad de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente o para promover la utilización prudente y racional de los recursos naturales).

Con arreglo al artículo 2, apartado 18, de la DEE, se entiende por « medida de actuación » un instrumento de reglamentación, financiero, tributario, voluntario o de suministro de información creado y establecido oficialmente en un Estado miembro con el fin de que constituya un marco de apoyo, un requisito o un incentivo para que los agentes del mercado presten y adquieran servicios energéticos y lleven a cabo otras medidas de mejora de la eficiencia energética. Las medidas de actuación orientadas a apoyar únicamente objetivos políticos distintos de la eficiencia energética, que estén concebidas únicamente para suministrar o comprar servicios energéticos o que provoquen un ahorro en el uso final que no llegue a los consumidores finales, podrían no ser admisibles con arreglo al artículo 7 de la DEE. En cualquier caso, los Estados miembros tendrán que evaluar cuidadosamente las medidas y demostrar que el ahorro de energía se puede atribuir directamente a dichas medidas.

Un Estado miembro, tanto si decide utilizar un SOEE como si adopta medidas de actuación alternativas, debe asegurarse de que estas medidas son admisibles para lograr el ahorro acumulado de uso final de la energía requerido antes del 31 de diciembre de 2030 (o en un período de ahorro posterior, dependiendo del momento en que se formulen las medidas).

La siguiente lista no exhaustiva de definiciones es pertinente a la hora de establecer medidas de actuación (no han sido objeto de cambio en la DEE modificada):

Artículo 2 de la DEE

«4)	“eficiencia energética” la relación entre la producción de un rendimiento, el servicio, el bien o la energía, y el gasto de energía;

5)

“ahorro de energía”: la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía;

6)	“mejora de la eficiencia energética”: el aumento de la eficiencia energética como resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos;»

«14)	“parte obligada”: un distribuidor de energía o una empresa minorista de venta de energía vinculados por los sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética que se mencionan en el artículo 7;

15)	“parte encargada”: una entidad jurídica con competencias delegadas por una institución u otro organismo de carácter público para concebir, gestionar o aplicar un sistema de financiación en nombre de la Administración o de otro organismo público;

16)	“parte participante”: una empresa o un organismo público que se ha comprometido a cumplir determinados objetivos en virtud de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento nacional de regulación de la actuación;

17)

“autoridad pública de ejecución”: un organismo de Derecho público responsable de la aplicación o del control de la fiscalidad de la energía o del carbono, de sistemas e instrumentos de financiación, de incentivos, normas y criterios tributarios, de sistemas de etiquetado de la energía o de actividades de formación o educación en este ámbito;

18)

“medida de actuación”: un instrumento de reglamentación, financiero, tributario, voluntario o de suministro de información creado y establecido oficialmente en un Estado miembro con el fin de que constituya un marco de apoyo, un requisito o un incentivo para que los agentes del mercado presten y adquieran servicios energéticos y lleven a cabo otras medidas de mejora de la eficiencia energética;

19)	“actuación individual”: una actuación que da lugar a mejoras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables, y que se lleva a cabo como consecuencia de una medida de actuación;

20)	“distribuidor de energía”: toda persona física o jurídica, incluidos los operadores de sistemas de distribución, responsable del transporte de energía con vistas a su entrega a los clientes finales o a las compañías de distribución que venden energía a los clientes finales;

21)	“gestor de la red de distribución”: la figura así definida en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, respectivamente;

22)	“empresa minorista de venta de energía”: toda persona física o jurídica que vende energía al cliente final;

23)	“cliente final”: toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final;

24)	“proveedor de servicios energéticos”: toda persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final;»

A efectos del artículo 7, apartado 10, de la DEE, los Estados miembros pueden computar el ahorro de energía derivado de medidas de actuación recientes adoptadas en el período de obligación 2021–2030. Asimismo, pueden contabilizar el ahorro de energía derivado de medidas de actuación adoptadas en el período de obligación 2014-2020 (o antes), siempre que dichas medidas cumplan los requisitos del artículo 7, el artículo 7 bis o el artículo 7 ter de la DEE.

Los Estados miembros pueden contabilizar el ahorro derivado de las medidas adoptadas antes del 31 de diciembre de 2020 o con posterioridad únicamente si dichas medidas se traducen en nuevas actuaciones individuales emprendidas después del 31 de diciembre de 2020 y antes del 31 de diciembre de 2030.

Ejemplos de medidas, actuaciones y ahorro

En 2010, se puso en marcha un programa de apoyo financiero para la renovación energética de los edificios. El ahorro de energía derivado de esas nuevas renovaciones podrá computarse en el ahorro requerido en el segundo período de obligación siempre que se mantengan y se realicen nuevas renovaciones en dicho período.

Con anterioridad a 2021, se estableció un impuesto sobre carburantes para estimular un comportamiento de ahorro y mejorar la eficiencia del transporte. El ahorro de energía derivado de la medida podrá computarse en el ahorro requerido en el segundo período de obligación siempre que se mantenga y su impacto en el comportamiento sea medible y verificable teniendo en cuenta la última elasticidad de los precios.

4.1.   Sistemas de obligaciones de eficiencia energética

La razón fundamental por la que se opta por aplicar un SOEE para lograr el ahorro acumulado de uso de energía final requerido en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE, podría ser que los proveedores, minoristas y distribuidores de energía están mejor situados para identificar el ahorro de energía con sus clientes y que pueden conseguirlo en los modelos empresariales de servicios energéticos. En este caso, los Estados miembros deben designar a una o más partes obligadas a nivel nacional (28) que tienen la obligación de lograr el ahorro de energía entre los clientes finales (29). La designación de una parte obligada debe basarse en criterios objetivos y no discriminatorios, tal como se establece en el artículo 7 bis, apartado 2, de la DEE.

A la hora de designar a las partes obligadas en el marco de un SOEE, los Estados miembros deben tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-561/16. El Tribunal de Justicia dictaminó que los Estados miembros pueden « imponer obligaciones de eficiencia energética a algunas empresas determinadas del sector de la energía, siempre que la designación de esas empresas como partes obligadas se base efectivamente en criterios objetivos y no discriminatorios expresamente indicados, extremo cuya verificación incumbe al tribunal remitente »  (30).

Además, los Estados miembros deben establecer la cantidad de ahorro de energía que tiene que conseguir cada (subcategoría de) parte obligada. Luego, estas cantidades deben asignarse a cada parte obligada con el fin de comprobar que ha cumplido con sus obligaciones.

El artículo 7 bis, apartado 4, permite que los Estados miembros expresen la cantidad de ahorro de energía requerida de cada parte obligada en términos de consumo de energía primaria o consumo de energía final (31), utilizando los factores de conversión que figuran en el anexo IV.

Los Estados miembros también pueden decidir permitir o exigir a las partes obligadas que cumplan total o parcialmente las obligaciones que les incumben en virtud de la legislación nacional como contribución al FNEE (32). Pueden permitir que las partes obligadas contabilicen el ahorro logrado por los proveedores de servicios energéticos (33) u otros terceros en relación con su obligación. El artículo 7 bis, apartado 6, letra a), de la DEE, establece que se aseguren de que la certificación del ahorro de energía es el resultado de un proceso de autorización que sea claro, transparente y abierto a todos los agentes del mercado, y que tienda a minimizar los costes de la certificación (34).

El artículo 7 bis, apartado 3, de la DEE, aclara que los Estados miembros deben velar por que las empresas de venta de energía no establezcan obstáculos de ningún tipo que impidan a los consumidores cambiar de proveedor.

El artículo 7 bis, apartado 5, estipula que los Estados miembros establezcan sistemas de medición, control y verificación en virtud de los cuales se lleve a cabo una verificación documentada de, al menos, una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética que apliquen las partes obligadas (35).

De conformidad con el artículo 7 bis, apartado 6, letra b), de la DEE, los Estados miembros pueden establecer la posibilidad de «acumular y tomar prestado» que permita a las partes obligadas contabilizar el ahorro obtenido en un año determinado como si se hubiera obtenido en cualquiera de los cuatro años anteriores o de los tres años siguientes. Cabe señalar que esta flexibilidad:

—	solo se aplica al ahorro de energía derivado de los SOEE puestos en marcha a partir del 1 de enero de 2014 y no a las medidas de actuación alternativas; y

—	está restringida en el tiempo: los Estados miembros pueden permitir a las partes obligadas «acumular o tomar prestado» solo dentro de un período de obligación.

En otras palabras, el ahorro obtenido entre 2014 y 2020 no se debe «acumular o tomar prestado» después del 31 de diciembre de 2020. El que se obtenga entre 2021 y 2030 no se debe «acumular o tomar prestado» con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 o con posterioridad al 31 de diciembre de 2030. El ahorro obtenido después de 2010 y antes del 1 de enero de 2014 no se puede «acumular o tomar prestado» a efectos del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la DEE.

Dado que el artículo 7, apartado 8, de la DEE establece de forma explícita una excepción, su aplicación es restrictiva y limitada a efectos del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a).

Ejemplos

El ahorro de energía obtenido en 2014 (como resultado de un SOEE) puede contabilizarse como si se hubiera obtenido en 2017.

El ahorro de energía obtenido en 2014 (como resultado de un SOEE) no puede contabilizarse en 2021.

El ahorro de energía obtenido en 2018 (como resultado de un SOEE) puede contabilizarse en 2014.

El artículo 7 bis, apartado 6, de la DEE establece que los Estados miembros « evaluarán y, en su caso, tomarán medidas para minimizar la repercusión de los costes directos e indirectos de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética en la competitividad de las industrias de gran consumo de energía expuestas a la competencia internacional ».

En general, hay dos tipos de costes involucrados:

—	costes de inversión; y

—	costes administrativos (entre otros, el seguimiento y la evaluación).

En su evaluación del impacto (36), la Comisión demostró, sobre la base de las pruebas disponibles, que los SOEE son muy rentables. Cuando apliquen estos sistemas, las partes obligadas deben asegurarse de que consiguen un ahorro en el uso final al menor coste (de inversión y administrativo), en particular si los costes se trasladan a los usuarios finales. Este requisito también se aplica si las partes obligadas optan por contabilizar el ahorro de energía certificado logrado por los proveedores de energía y otros terceros.

El artículo 7 bis, apartado 7, de la DEE, dispone que los Estados miembros « publicarán anualmente el ahorro de energía obtenido por cada parte obligada, o cada subcategoría de parte obligada, así como el ahorro total, en aplicación del sistema ». Pueden publicar esta información junto con otros datos que tengan que poner a disposición del público. La publicación de estos datos por otras partes, por ejemplo la Comisión, no exime de esta obligación.

4.2.   Medidas de actuación alternativas

La DEE aclara que los Estados miembros deben tener un alto grado de flexibilidad en el diseño y aplicación de medidas de actuación alternativas. Aunque la DEE ya no enumera tipos de medidas, su artículo 2, apartado 18, establece en su definición de « medida de actuación » una lista no exhaustiva de tipos posibles, es decir, «un instrumento de reglamentación, financiero, tributario, voluntario o de suministro de información creado y establecido oficialmente en un Estado miembro con el fin de que constituya un marco de apoyo, un requisito o un incentivo para que los agentes del mercado presten y adquieran servicios energéticos y lleven a cabo otras medidas de mejora de la eficiencia energética».

Los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de promover el papel de las comunidades locales de energías renovables para contribuir a la aplicación de medidas de actuación alternativas (37).

El anexo V, punto 3, de la DEE, establece los requisitos de diseño y administración de las medidas de actuación alternativas:

«a)	Las medidas de actuación y las actuaciones individuales deberán generar un ahorro verificable de uso final de la energía.

b)	Se definirán con claridad las responsabilidades de cada una de las partes participantes o encargadas o autoridades públicas de ejecución, según proceda.

c)	El ahorro de energía conseguido o que haya de conseguirse se determinará de forma transparente.

d)	La cantidad de ahorro exigida o que haya de conseguirse por medio de la medida de actuación se expresará en términos de consumo de energía final o primaria, utilizando para ello los factores de conversión previstos en el anexo IV.

e)	Se presentará y publicará un informe anual sobre el ahorro alcanzado por las partes encargadas, las partes participantes y las autoridades públicas de ejecución, así como datos sobre la tendencia anual del ahorro de energía.»

f)	Se hará un seguimiento de los resultados y se adoptarán medidas apropiadas si los avances no son adecuados.

g)	El ahorro de energía resultante de una acción individual no podrá ser declarado por más de una parte.

h)	Se demostrará que las actividades de la parte participante, la parte encargada o la autoridad pública de ejecución han sido fundamentales para la consecución del ahorro energético declarado.

El artículo 7 ter, apartado 2, de la DEE, requiere que los Estados miembros establezcan sistemas de medición, control y verificación en virtud de los cuales se lleve a cabo una verificación documentada de, al menos, una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa de las medidas alternativas de mejora de la eficiencia energética (excepto la fiscalidad) establecidos por las partes participantes o encargadas.

Cabe señalar que:

—	la medición, el control y la verificación se llevarán a cabo independientemente de dichas partes (38); y

—

una « verificación documentada de, al menos, una parte estadísticamente significativa y una muestra representativa » debe entenderse como un subconjunto que refleja con exactitud la población estadística de las medidas de ahorro de energía y que, por tanto, permite extraer conclusiones razonablemente fiables en cuanto a la confianza en la totalidad de las medidas.

4.2.1.   Sistemas e instrumentos de financiación e incentivos fiscales

Se trata de medidas de actuación establecidas por un Estado miembro en virtud de las cuales un incentivo monetario y fiscal conduce a la aplicación de tecnologías o técnicas eficientes desde el punto de vista energético y que tienen como efecto la reducción del consumo de energía final (39).

Cabe señalar que:

—	los efectos se deben medir, controlar y verificar con independencia de las partes participantes o encargadas (40); y

—

en el caso de los sistemas o instrumentos de financiación, la financiación debe proceder de: — fuentes públicas (europeas o nacionales); o — una combinación de fuentes públicas (europeas o nacionales) y privadas (por ejemplo, bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones) con el objetivo explícito de llevar a cabo actuaciones individuales que conduzcan al ahorro en el uso final de la energía.

4.2.2.   Fondo nacional de eficiencia energética

Los Estados miembros pueden crear un FNEE, de conformidad con el artículo 20, apartado 6, de la DEE, como una medida de actuación alternativa o como parte de un SOEE que exija a las partes obligadas que logren la totalidad o parte de su ahorro como contribución al fondo.

Si un Estado miembro establece un mecanismo de contribuciones anuales a un FNEE como método principal para cumplir las obligaciones de eficiencia energética, su legislación nacional debe garantizar que:

—	el ahorro de energía logrado sea equivalente al que se realiza en el marco de los SOEE; y

—	las medidas financiadas satisfagan los requisitos del artículo 7 ter, el artículo 20, apartado 6 y el anexo V, punto 3, de la DEE (41).

El FNEE puede ser cualquier fondo creado por un Estado miembro con el fin de apoyar iniciativas nacionales de eficiencia energética. Puede crearse para financiar sistemas de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información, u otras medidas para aumentar la eficiencia energética, con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos del Derecho de la UE (42). En general, también podría establecerse una combinación de fondos públicos (por ejemplo, para hacer frente a las deficiencias del mercado: categorías de costes o medidas que no suelen abordarse en el marco de los sistemas que estén basados en el mercado) y de capital privado con el fin de proporcionar soluciones más eficaces.

Para contabilizarse a efectos del artículo 7 de la DEE, la financiación debe provenir de:

—	fuentes públicas (europeas o nacionales); o

—	una combinación de fuentes públicas (europeas o nacionales) y privadas (por ejemplo, bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones) con el objetivo explícito de llevar a cabo actuaciones individuales que conduzcan al ahorro en el uso final de la energía.

4.2.3.   Reglamentos y acuerdos voluntarios

Se trata de medidas de actuación establecidas por un Estado miembro que conducen a la aplicación de tecnologías o técnicas eficientes desde el punto de vista energético y que tienen como efecto la reducción del consumo de energía final. Pueden ser:

—	medidas jurídicamente vinculantes que imponen tecnologías o técnicas específicas; o

—	acuerdos voluntarios en virtud de los cuales las empresas o las autoridades locales se comprometen con determinadas actuaciones (43).

La « parte participante » incluye una empresa o un organismo público que se ha comprometido a cumplir determinados objetivos en virtud de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento nacional de regulación de la actuación».

4.2.4.   Estándares y normas

Se trata de medidas de actuación establecidas por un Estado miembro que tienen por objeto mejorar la eficiencia energética de (por ejemplo) productos, servicios, edificios y vehículos (44). Las partes en el marco de estos sistemas son « autoridades públicas de ejecución ».

4.2.5.   Sistemas de etiquetado energético

Se trata de sistemas de etiquetado establecidos por un Estado miembro, con la excepción de aquellos que son obligatorios en virtud del Derecho de la UE (por ejemplo, no puede contabilizarse el ahorro derivado de la aplicación de la normativa sobre etiquetado energético o del Reglamento sobre etiquetado energético (45)) (46).

Otras medidas de actuación que se están aplicando al mismo tiempo también pueden tener un impacto en el ahorro de energía, por lo que no todos los cambios observados desde la introducción de la medida que se está evaluando pueden atribuirse únicamente a dicha medida. Un examen minucioso del impacto de un sistema de etiquetado es necesario para establecer un vínculo con una actuación individual que conduzca a un ahorro que pueda atribuirse a dicho sistema.

4.2.6.   Formación y educación, incluidos programas de asesoramiento energético

Se trata de medidas de actuación establecidas por un Estado miembro que conducen a la aplicación de tecnologías o técnicas de eficiencia energética y que tienen como efecto la reducción del consumo de energía final mediante, por ejemplo, programas de formación para auditores energéticos, programas de educación para gestores energéticos o programas de asesoramiento energético para los hogares.

Cabe señalar que:

—	una « autoridad pública de ejecución » debe supervisar dichas medidas; y

—	se requiere un examen minucioso de su impacto para establecer: — un vínculo entre la actividad de formación o educación y la actuación individual que le es imputable; y — el período durante el cual los programas pueden seguir produciendo efectos (47).

4.2.7.   Otras medidas alternativas

La lista de medidas de actuación alternativas no es exhaustiva y podrán aplicarse otras medidas de actuación. No obstante, los Estados miembros deben explicar en su notificación a la Comisión cómo se logra un nivel equivalente de ahorro, seguimiento y verificación (48).

La reducción del consumo de energía y la utilización de energía procedente de fuentes renovables en los edificios son medidas importantes de reducción de la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a la luz de los ambiciosos objetivos de clima y energía fijados por la UE para 2030, así como su compromiso mundial contraído en el contexto del Acuerdo de París. Por tanto, también puede considerarse que las medidas de actuación que promueven la instalación de tecnologías renovables a pequeña escala en el exterior o el interior de los edificios cumplen la obligación de ahorro de energía (49).

Las medidas deben estar diseñadas para generar un ahorro en el uso final de la energía en relación con la tecnología a la que sustituyen. Por ejemplo, se puede afirmar que dicho ahorro se debe al cambio a sistemas de calefacción o refrigeración o a tecnologías de agua caliente más eficientes en los edificios, independientemente de que se trate o no de energía renovable. Este ahorro es admisible, incluso si la medida de actuación alternativa no está concebida principalmente para mejorar la eficiencia energética, siempre que el Estado miembro pueda demostrar que es adicional, medible y verificable con arreglo a los métodos y principios del anexo V de la DEE.

4.2.8.   Impuestos sobre la energía y el CO2

Las medidas impositivas de los Estados miembros para reducir el consumo de energía final pueden ser admisibles. Los Estados miembros también pueden combinar las medidas impositivas con otras medidas, como las subvenciones (50).

La fiscalidad a efectos de la eficiencia energética tiene como objetivo principal subsanar las deficiencias del mercado causadas por el consumo de energía mediante el cobro de un impuesto o gravamen sobre determinados tipos de fuentes de energía o de uso de la energía. Los impuestos sobre el CO2 o el carbono también pueden ser un factor impulsor de actuaciones individuales diseñadas para cambiar a fuentes de energía con emisiones de CO2 más bajas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este control de las fuentes no conduce necesariamente a mejoras en la eficiencia energética.

El objetivo de las medidas impositivas es hacer que los consumidores y los productores paguen el coste social del bien (incluidas las emisiones de carbono y el efecto invernadero).

En la práctica, las medidas (51) suelen consistir en:

—

medidas directas: incluyen las cargas relacionadas directamente con la «externalidad», es decir, la actividad que impone un efecto sobre un tercero no relacionado. Este tipo de medida supone implícitamente que la deficiencia del mercado es observable y cuantificable. Un ejemplo son los impuestos sobre las emisiones de carbono; y

—	medidas indirectas: se trata de impuestos relacionados con los consumibles que generan la externalidad (por ejemplo, los combustibles que generan emisiones de carbono) o los consumibles relacionados con ellos (por ejemplo, los automóviles que utilizan dichos combustibles).

Los Estados miembros pueden establecer nuevas medidas impositivas a efectos de la obligación de ahorro de energía para el nuevo período (2021–2030) o seguir aplicando las medidas existentes del primer período (2014-2020).

Para calcular el nivel de ahorro de energía que se puede declarar como adicional (52), el anexo V, punto 2, letra a), establece que «los Estados miembros analizarán la posible evolución del uso y la demanda de la energía en ausencia de la medida de actuación en cuestión, mediante el estudio de al menos los siguientes factores: tendencias de consumo de energía, cambios en el comportamiento del consumidor, avances tecnológicos y cambios sobrevenidos por otras medidas aplicadas a escala de la Unión y nacional».

Además, los Estados miembros deben tener en cuenta los requisitos del anexo V, punto 4, al calcular el efecto de las medidas impositivas:

«a)	Solo se computará el ahorro de energía derivado de medidas impositivas que excedan de los niveles mínimos de imposición aplicables a los combustibles, tal como exigen las Directivas 2003/96/CE o 2006/112/CE del Consejo.

b)	La elasticidad de los precios aplicada para calcular el impacto de las medidas impositivas (de la energía) deberá representar la capacidad de respuesta de la demanda de energía a las variaciones de los precios, y se estimará a partir de fuentes de datos oficiales recientes y representativos.

c)	Se calculará por separado el ahorro de energía derivado de instrumentos de acompañamiento en materia de política fiscal, incluidos los incentivos fiscales o las contribuciones a un fondo.»

Los Estados miembros deben aplicar medidas orientadas a superar los niveles mínimos establecidos en el Derecho de la UE, entre las que se incluyen las siguientes:

—	niveles mínimos de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (53); y

—	disposiciones sobre el sistema común del IVA (54) en relación con los productos y bienes que consumen energía.

A la hora de calcular el impacto de sus medidas impositivas (energéticas), los Estados miembros deberán tener en cuenta la elasticidad de precios (que representa la capacidad de respuesta de la demanda de energía a las variaciones de precios) y hacer la estimación a partir de fuentes de datos oficiales recientes y representativos (55). Con arreglo al anexo III, punto 3.3, letra f), del Reglamento sobre la gobernanza, los Estados miembros deben facilitar información sobre su metodología de cálculo, incluida la elasticidad de precios que se aplica y cómo se ha fijado, en consonancia con el anexo V, punto 4, de la DEE.

A efectos del anexo V, punto 4, letra c), de la DEE, es importante evaluar cómo interactúan las medidas impositivas con otras medidas de actuación. A la hora de calcular el impacto de las medidas impositivas utilizadas en combinación con otras medidas, se recomienda a los Estados miembros que utilicen:

—	solo elasticidades a corto plazo; o

—	elasticidades a corto y largo plazo, pero que no declaren un ahorro de energía para las otras medidas (es decir, tratar la medida impositiva como la principal medida actuación en un paquete).

En el caso de las medidas impositivas aplicadas con anterioridad al período de obligación 2021–2030, los Estados miembros deben prestar especial atención al artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la DEE: « Los Estados miembros podrán contabilizar el ahorro de energía derivado de medidas de actuación, introducidas a más tardar el 31 de diciembre de 2020 o después de dicha fecha, siempre y cuando esas medidas se traduzcan en nuevas actuaciones individuales emprendidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 ».

Si un Estado miembro establece una combinación de medidas impositivas y de subvenciones, debe llevar una contabilidad separada del ahorro de energía derivado de las medidas impositivas y de las medidas de actuación complementarias (incluidos los incentivos fiscales).

Con el uso de estimaciones de la elasticidad a corto plazo a lo largo del período objetivo habrá menos posibilidades de que el ahorro se contabilice por partida doble.

4.3.   Medidas de actuación para aliviar la pobreza energética

De conformidad con el artículo 7, apartado 11, de la DEE, los Estados miembros, a la hora de diseñar medidas de actuación para cumplir sus obligaciones de ahorro de energía, deben tener en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética estableciendo, en la medida en que resulte adecuado, que una parte de las medidas de eficiencia energética adoptadas en el marco de su SOEE nacional, las medidas de actuación alternativas o los programas o medidas financiados con cargo a un FNEE se apliquen de forma prioritaria en los hogares vulnerables, incluidos los afectados por la pobreza energética y, en su caso, en las viviendas sociales (56).

A efectos de los PNEC, los Estados miembros deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento sobre la gobernanza (57).

Teniendo en cuenta sus prácticas actuales, los Estados miembros deben establecer criterios para abordar la pobreza energética en sus medidas de actuación. Las medidas a largo plazo para renovar y mejorar la eficiencia energética del parque de edificios, tal como se establece en la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios («DEEE») (58), también beneficiarán a los afectados por la pobreza energética. De conformidad con el artículo 2 bis, de la DEEE, cada Estado miembro debe elaborar una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con una alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050.

Esta debe:

—	facilitar la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo; y

—	englobar una visión de las medidas nacionales pertinentes para ayudar a aliviar la pobreza energética (59).

A partir de su entrada en vigor y de su transposición y aplicación en la legislación nacional, este requisito de tener en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética se aplica a las medidas adoptadas en el marco de los SOEE y a las medidas de actuación alternativas. Los Estados miembros son libres de decidir qué tipo de medidas de actuación utilizan, ya que ambas están en pie de igualdad. Sin embargo, las medidas elegidas deben tener el objetivo de aliviar la pobreza energética.

El Observatorio de la Pobreza Energética de la UE es una iniciativa de la Comisión para ayudar a los Estados miembros a mejorar la medición, el seguimiento y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en materia de pobreza energética. Su objetivo es ayudar a los Estados miembros a diseñar medidas de actuación. La sección de «políticas y medidas» del sitio web del Observatorio (60) contiene ejemplos de tipos específicos de políticas y medidas.

4.4.   Elección de los sectores

Los Estados miembros tienen flexibilidad para centrarse en uno o más sectores específicos con el fin de cumplir la obligación de ahorro de energía, mediante la introducción de medidas de actuación acordes con el artículo 7 bis o el artículo 7 ter de la DEE (61). De conformidad con el anexo III, puntos 3.1, 3.2 y 3.3, del Reglamento sobre la gobernanza, deberán facilitar información sobre el sector o sectores (y, en el caso de la fiscalidad, el segmento de contribuyentes) a los que se dirige cada medida. El anexo V, punto 2, letra d), de la DEE, permite medidas para mejorar la eficiencia energética de productos, equipos, sistemas de transporte, vehículos y carburantes, edificios o elementos de edificios (62), procesos o mercados.

Cuando proceda, dichas medidas deben ser coherentes con los marcos de acción nacionales establecidos en virtud de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (63). Los Estados miembros pueden centrarse, por ejemplo, en los sectores de la construcción o la industria.

Según las evaluaciones del ahorro de energía logrado y previsto notificado por los Estados miembros en sus informes anuales y en los planes nacionales de acción para la eficiencia energética («PAEE») con arreglo al artículo 24 de la DEE, se espera que:

—	la mayor parte del ahorro se genere, en general, en medidas destinadas a los edificios (apoyadas, por ejemplo, por sistemas de financiación para la renovación);

—	la segunda y tercera mayor proporción proceda de la industria y el transporte; y

—

el SOEE (una política intersectorial) genere la mayor proporción de ahorro por medida de actuación; se centre también en los edificios, a través de medidas que fomenten la sustitución de los sistemas de calefacción, etc. (64). Otros sectores con potencial de ahorro de energía sin explotar (por ejemplo, el transporte y el agua) podrían contribuir a cumplir la obligación de ahorro de energía en 2021–2030.

4.4.1.   Sector del transporte

La Comisión, en su evaluación del impacto de 2016, concluyó a partir de informes de los Estados miembros que el 6 % del ahorro de energía establecido en el artículo 7 podría asociarse a medidas dirigidas al sector del transporte (65).

Desde los primeros PAEE de 2014 y, más recientemente, en sus PAEE de 2017, los Estados miembros han actualizado sus listas de SOEE y medidas de actuación alternativas y han notificado más medidas relativas al transporte. Esta evolución indica que la proporción (potencial) de ahorro de energía lograda en el sector del transporte en 2014-2020 puede ser incluso superior a la estimada en la evaluación del impacto.

Dado que el consumo de energía final en el transporte está incluido en la base de referencia del cálculo, este puede ser un sector obvio para lograr la obligación de ahorro del período 2021–2030.

Ejemplos

Las medidas de actuación podrían promover vehículos más eficientes [superando los niveles mínimos establecidos en los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 (66), (UE) n.o 510/2011 (67) o (UE) 2019/631 (68) del Parlamento Europeo y del Consejo o en la Directiva revisada sobre vehículos limpios (69), un cambio modal en favor del transporte en bicicleta, colectivo y a pie, o la movilidad y la planificación urbana que reduzcan la demanda de transporte.

También pueden ser admisibles las medidas que aceleren la adopción de vehículos nuevos y más eficientes o las políticas que fomenten un cambio a combustibles con un rendimiento mejor que reduzcan el consumo de energía por kilómetro, sujetas a los principios de materialidad y adicionalidad (véase el anexo V, punto 2).

4.4.2.   Sector del agua

La energía y el agua están estrechamente relacionados en la vida económica y en muchos niveles (« nexo agua-energía »). El agua es necesaria para fines energéticos, por ejemplo, para refrigeración, almacenamiento, biocombustibles o energía hidroeléctrica. La energía es necesaria a efectos del agua, por ejemplo, para bombear, tratar y desalar (70).

El sector de la generación de energía es el mayor consumidor de agua, con un 44 % del consumo (71). Los sectores del agua y las aguas residuales suponen el 3,5 % del consumo de electricidad en la UE y se espera que esa proporción aumente (72). Al mismo tiempo, las fugas representan el 24 % del total del agua consumida en la UE, lo que representa un despilfarro considerable y una pérdida en términos de recursos hídricos desperdiciados y energía utilizada para tratar esos recursos.

Con la entrada en vigor del Reglamento sobre la gobernanza y la modificación de la DEE, se aplica el principio de « primero, la eficiencia energética ». El sector del agua puede ser uno de los beneficiarios de este principio.

Una gestión eficaz y eficiente de la energía en el sector del agua puede contribuir a un ahorro de energía considerable. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el 10 % de las extracciones de agua a nivel mundial están relacionadas con la producción de energía y se espera que esta cifra aumente significativamente con la promoción de varios procesos bajos en carbono, pero intensivos en agua, entre otros la generación de electricidad, la producción de biocombustibles y la captura y almacenamiento de carbono (73). Por tanto, los Estados miembros podrían explorar el potencial de ahorro de energía a través del uso de tecnologías y procesos inteligentes.

A la hora de explorar todo el potencial de ahorro de energía mediante el uso de tecnologías y procesos inteligentes, cuya utilización alienta la DEE (74), los Estados miembros podrían encontrar soluciones para romper el nexo entre el consumo de energía y el consumo de agua.

Los Estados miembros podrían, por ejemplo, evaluar el potencial de la construcción de un sistema doble necesario para el tratamiento separado de las aguas pluviales y las aguas residuales sanitarias. Esto podría evitar la necesidad de capacidades adicionales de tratamiento de agua que podrían dar lugar a un mayor consumo de energía.

Los Estados miembros han notificado un número limitado de medidas relacionadas con el agua para cumplir la obligación de ahorro de energía establecido en el artículo 7. La más común es la producción de agua caliente mediante colectores solares (sustitución de la producción de agua caliente no renovable) o calentadores de agua a gas más eficientes, pero estas medidas se refieren a la generación de calor más que a la producción de agua.

Las medidas de actuación relativas a una producción eficiente de agua potable podrían considerarse a lo largo de toda la cadena de suministro (distribución, uso y tratamiento de aguas residuales). Hasta la fecha, los objetivos nacionales principales han sido aliviar la escasez de agua y mejorar su calidad. Además de la instalación de bombas más eficientes, la acción notificada supone indirectamente un ahorro de energía gracias a la reducción de la demanda de agua o a su reutilización.

El potencial ahorro de energía en el sector del agua se encuentra en:

—	reducir la cantidad de energía utilizada para producir y tratar diferentes tipos de agua; y

—	reducir la demanda de agua y las pérdidas en la red, lo cual se traduce en una menor necesidad de energía para su bombeo y tratamiento.

El ahorro de energía en el sector del agua puede aliviar los presupuestos de los municipios. En particular cuando los municipios son propietarios del suministro de agua, el consumo de electricidad de las plantas de tratamiento de aguas (residuales) puede representar una parte considerable de su factura de electricidad. Dado que, por ejemplo, la concienciación, la experiencia y las capacidades pueden variar mucho de un municipio a otro, los programas regionales o nacionales pueden ser útiles para facilitar el intercambio de experiencias y, además, el apoyo tecnológico y las ayudas financieras podrían aumentar el potencial de ahorro energético.

Ejemplos indicativos y no exhaustivos

Los Estados miembros podrían adoptar medidas para ahorrar energía en la producción, el uso y la eliminación de agua en todas sus formas a lo largo de toda la cadena de suministro:

—	la producción de agua potable (bombeo, limpieza de aguas subterráneas o superficiales, desalinización de agua de mar);

—	reducir las pérdidas de agua a lo largo de la red de distribución;

—	reducir el uso de agua por parte de los usuarios finales (incluido el uso en procesos industriales, riego y hogares);

—	reducir el consumo de agua mediante la recirculación del agua doméstica;

—	limpieza de aguas residuales para su reutilización o vertido (bombeo, procesos de tratamiento de aguas residuales, recuperación de calor); y

—	reducir el uso de energía para el tratamiento de aguas pluviales (reduciendo la carga del tratamiento en los sistemas de aguas pluviales).

5.   IMPACTO DEL EXAMEN DEL PRIMER PERÍODO DE OBLIGACIÓN

Los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la obligación de ahorro de energía modificada, a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor de la DEE, es decir, antes del 25 de junio de 2020.

Los Estados miembros deben cumplir:

—	los métodos y principios comunes para calcular el impacto de los SOEE u otras medidas de actuación (anexo V de la DEE);

—

el requisito de tener en cuenta la necesidad de aliviar la pobreza energética a la hora de diseñar medidas de actuación (SOEE y medidas de actuación alternativas), aunque pueden adoptarse medidas diferentes destinadas a los hogares afectados por la pobreza energética (artículo 7, apartado 11, de la DEE);

—	la disposición según la cual no se puede computar el ahorro derivado de la aplicación de la legislación de la UE, excepto las medidas de renovación y la sustitución anticipada por aparatos y vehículos más eficientes [anexo V, punto 2, letra b), de la DEE];

—	el requisito de que el cálculo del ahorro de energía tenga en cuenta la duración de las medidas y el ritmo de disminución del ahorro a lo largo del tiempo [anexo V, punto 2, letra g), de la DEE, a partir de la entrada en vigor]; y

—	el requisito de que, en el cumplimiento de su obligación de ahorro, las empresas minoristas de venta de energía (en el marco de un SOEE) no impidan a los consumidores cambiar de proveedor (artículo 7 bis, apartado 3, de la DEE).

Los Estados miembros pueden transponer y aplicar la DEE modificada antes de que finalice el plazo. En tales casos, durante el tiempo restante antes de que finalice el primer período de obligación pueden:

—	hacer uso de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 8, de la DEE;

—	hacer uso de la excepción prevista en el anexo V, punto 2, letra b), de la DEE; y

—	decidir que las partes obligadas cumplan la obligación de ahorro, en todo o en parte, como contribución al FENN (artículo 20, apartado 6, de la DEE).

Los Estados miembros que hagan uso del artículo 7, apartado 4, letras a) a d), de la DEE, para el cálculo del ahorro de energía requerido en el primer período obligatorio deberán aplicar y calcular por separado el efecto de las opciones elegidas para el primer período con arreglo al artículo 7, apartado 5, letra a), de la DEE.

6.   CONTABILIZAR PARA LA OBLIGACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA

El artículo 7, apartado 1, de la DEE, establece que los dos períodos de obligación (2014-2020 a que se refiere el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la DEE, y 2021–2030, a que se refiere la letra b), son dos períodos distintos.

En principio, como ya se estableció para el primer período, solo el ahorro de energía obtenido dentro de un período se contabiliza en el cumplimiento de la obligación para ese período, salvo disposición en contrario de la DEE.

Los Estados miembros no pueden contabilizar el ahorro de energía con carácter retroactivo, es decir, en virtud del artículo 7, apartado 7, de la DEE, el ahorro logrado después del 31 de diciembre de 2020 no podrá contabilizarse en la cantidad requerida para el período 2014-2020.

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la DEE, los Estados miembros pueden contabilizar el ahorro derivado de medidas de actuación introducidas antes o después del 31 de diciembre de 2020 en la cantidad requerida para 2021–2030, siempre y cuando esas medidas se traduzcan en nuevas actuaciones individuales emprendidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2020  (75).

En principio, los Estados miembros pueden contabilizar el ahorro de energía obtenido en un año determinado solo para ese año. Sin embargo, el artículo 7 bis, apartado 6, letra b), de la DEE, permite a aquellos que cuenten con un SOEE que las partes obligadas contabilicen el ahorro obtenido en un año determinado como si se hubiera obtenido en cualquiera de los cuatro años anteriores o de los tres años siguientes, a condición de que estén comprendidos en el período de obligación pertinente, según lo establecido en el artículo 7, apartado 1, de la DEE.

Ejemplo indicativo

El ahorro logrado en 2014 puede contabilizarse en 2017 (tres años después), pero el ahorro logrado en 2024 no puede contabilizarse en 2020, aunque se trate de uno de los cuatro años anteriores, ya que se encuentra en un período de obligación distinto.

El artículo 7, apartado 8, de la DEE constituye una excepción específica a este principio. Si un SOEE en vigor en cualquier momento entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2014 permitía a una parte obligada hacer uso de la opción «acumular y tomar prestado» [artículo 7 bis, apartado 6, letra b)], el Estado miembro en cuestión puede contabilizar el ahorro de energía obtenido en un año determinado después de 2010 y antes del 1 de enero de 2014 como si hubiera sido obtenido después del 31 de diciembre de 2013 y antes del 1 de enero de 2021, a condición de que se cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 8 de la DEE:

«a)	el sistema de obligaciones de eficiencia energética estaba en vigor en algún momento entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2014 y se incluía en el primer PAEE presentado con arreglo al artículo 24, apartado 2;

b)	el ahorro se obtuvo con arreglo al SOEE;

c)	el ahorro se calculó de conformidad con el anexo V; y

d)	los años en los que se contabilizó como obtenido el ahorro se han registrado en los PAEE.»

7.   MÉTODOS Y PRINCIPIOS COMUNES PARA CALCULAR EL IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE OBLIGACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA U OTRAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN CON ARREGLO A LOS ARTÍCULOS 7, 7 BIS Y 7 TER, Y AL ARTÍCULO 20, APARTADO 6

El artículo 7, apartado 9, de la DEE, estipula que los Estados miembros velen por que el ahorro de energía resultante de las medidas de actuación a que se refieren los artículos 7 bis y 7 ter y el artículo 20, apartado 6, se calcule de conformidad con el anexo V.

7.1.   Métodos de medición

7.1.1.   Métodos de medición para las medidas de actuación distintas de las medidas impositivas

En el anexo V, punto 1, de la DEE, se establecen métodos de cálculo del ahorro de energía distintos de los derivados de las medidas impositivas a efectos de los artículos 7, 7 bis y 7 ter, y del artículo 20, apartado 6.

Las partes obligadas, participantes o encargadas, o las autoridades públicas de ejecución, pueden utilizar los métodos siguientes para calcular el ahorro de energía:

«a)	ahorro estimado, mediante referencia a los resultados de mejoras energéticas previas sometidas a un control independiente en instalaciones similares. El enfoque genérico se establece “ex ante”;

b)

ahorro medido, donde el ahorro derivado de la instalación de una medida o de un conjunto de medidas se determina registrando la reducción real de la utilización de energía, teniendo debidamente en cuenta factores como la adicionalidad, la ocupación, los niveles de producción y el clima, que pueden influir en el consumo. El enfoque genérico se establece “ex post”;

c)

ahorro ponderado, calculado mediante estimaciones de ingeniería. Este enfoque solo puede utilizarse cuando resulte difícil o desproporcionadamente costoso establecer datos medidos sólidos para una instalación específica, como, por ejemplo, la sustitución de un compresor o de un motor eléctrico con un consumo de energía diferente de aquel para el que se ha medido la información independiente sobre el ahorro, o cuando tales estimaciones se lleven a cabo sobre la base de métodos e índices de referencia establecidos en el ámbito nacional por expertos cualificados o acreditados que sean independientes de las partes obligadas, participantes o encargadas correspondientes;

d)

ahorro estimado por sondeo, en el que se determina la respuesta de los consumidores al asesoramiento, a campañas de información, al etiquetado o a los sistemas de certificación, o se recurre a la medición inteligente. Este enfoque solo podrá utilizarse para los ahorros resultantes de cambios en el comportamiento del consumidor. No podrá utilizarse para ahorros derivados de la instalación de medidas físicas.»

7.1.2.   Métodos de medición para las medidas impositivas

Para determinar el ahorro de energía resultante de las medidas impositivas adoptadas con arreglo al artículo 7 ter, de la DEE (76), se aplicarán los principios del anexo V, punto 4, de la DEE:

«a)	Solo se computará el ahorro de energía derivado de medidas impositivas que excedan de los niveles mínimos de imposición aplicables a los combustibles, tal como exigen las Directivas 2003/96/CE o 2006/112/CE del Consejo.

b)	La elasticidad de los precios aplicada para calcular el impacto de las medidas impositivas (de la energía) deberá representar la capacidad de respuesta de la demanda de energía a las variaciones de los precios, y se estimará a partir de fuentes de datos oficiales recientes y representativos.

c)	Se calculará por separado el ahorro de energía derivado de instrumentos de acompañamiento en materia de política fiscal, incluidos los incentivos fiscales o las contribuciones a un fondo.»

7.2.   Duración de las medidas y tasa de disminución a lo largo del tiempo

El anexo V, apartado 2, letra i), de la DEE, establece que «el cálculo del ahorro tendrá en cuenta la duración de las medidas y la tasa de disminución de los ahorros a lo largo del tiempo. Ese cálculo se efectuará computando el ahorro que se logre con cada actuación individual en el período comprendido entre su fecha de aplicación y el 31 de diciembre de 2020 o el 31 de diciembre de 2030, según proceda. Como alternativa, los Estados miembros podrán recurrir a otro método que se estime que puede conseguir como mínimo la misma cuantía total de ahorro. En caso de que recurran a otro método, los Estados miembros velarán por que la cantidad total de ahorro de energía calculada mediante ese otro método no supere la cantidad de ahorro de energía que se habría derivado del cálculo del ahorro derivado de cada actuación individual en el período comprendido entre su fecha de aplicación y el 31 de diciembre de 2020 o el 31 de diciembre de 2030, según proceda».

El concepto de «duración» de una actuación individual de ahorro de energía se refiere al hecho de que se puede obtener un ahorro no solo en el año de aplicación, sino también en los años siguientes. La «duración» es, por tanto, el período en el que la actuación seguirá produciendo un ahorro medible.

Al calcular el ahorro de energía a lo largo de la duración de una actuación, los Estados miembros pueden:

—

atribuir a cada actuación el ahorro «real» que logrará entre el año de su aplicación y el final del segundo período de obligación (es decir, el 31 de diciembre de 2030), el denominado método «directo»  (77). No se permite la atribución del ahorro después de 2030. Los Estados miembros pueden contabilizar el ahorro derivado de las medidas de actuación introducidas con anterioridad a 2030 en la obligación de ahorro de energía posterior a 2030 siempre y cuando dichas medidas se traduzcan en nuevas actuaciones individuales en el período de obligación subsiguiente;

—	aplicar un «valor de índice» que refleje la duración esperada (78);

—	«limitar» la duración atribuida a las actuaciones individuales (79) —por ejemplo, el Estado miembro podría «limitar» la duración a cinco años. Los Estados miembros que utilicen este método deben velar por que el resultado no sea superior al que ofrece el enfoque «directo»; o

—

utilizar la duración completa, pero «descontar» el ahorro de los años sucesivos (80) —con arreglo a este método, el Estado miembro podría descontar el ahorro de los años siguientes a un ritmo del 10 % anual, si fuera razonable. De nuevo, los Estados miembros que utilicen este método deben velar por que el resultado no sea superior al del enfoque «directo».

A la hora de contabilizar el ahorro en la cantidad requerida de ahorro acumulado de uso final de la energía derivado de cualquier medida de actuación, los Estados miembros deben tener en cuenta:

i)	cuando se aplica la medida;

ii)	la cantidad de ahorro de energía anual; y

iii)	si la medida seguirá dando lugar a un ahorro de energía en 2030 (81).

En lo que se refiere a medidas de actuación en materia de edificios, la norma de la UE EN 15459-1:2017 (82) ya proporciona orientaciones para la estimación de la duración.

Se debe tener especial cuidado cuando se declare la duración de las medidas de comportamiento que no estén relacionadas con la instalación de medidas físicas (83). Las medidas de comportamiento tienen una alta reversibilidad, ya que la duración en la que un comportamiento eficiente se mantiene puede depender de varios factores. Por ejemplo, si el comportamiento eficiente que se promueve es la conducción ecológica, dependiendo de los conductores y del tipo de formación en conducción ecológica, los efectos de esta pueden durar solo unos pocos días, pero también varios años.

Ejemplos de cómo se puede contabilizar la duración de las medidas

1.   Método «directo»

Una actuación individual (por ejemplo, el cambio de ventanas) ahorra 1 tep de consumo de energía al año y sigue proporcionando este ahorro todos los años. Si la actuación se lleva a cabo en 2021, ahorrará 1 tep en 2021 y 1 tep cada año posterior hasta 2030, es decir, un total de 10 tep hasta 2030. Si la actuación se lleva a cabo en 2022, ahorrará 1 tep cada año desde 2022 hasta 2030, es decir, un total de 9 tep. Si se lleva a cabo en 2030, contribuirá al requisito solo ese año, es decir 1 tep en total.

Un Estado miembro tiene que ahorrar 65 Mtep a lo largo del período y espera conseguirlo mediante una campaña de información al año que ofrezca, por ejemplo, un millón de actuaciones (una encuesta ha demostrado que la eficacia de cada actuación es de 1 tep) y un millón de sustituciones de ventanas al año (se calcula que el valor estimado de cada una de ellas es de 1 tep). Cada una de las campañas de información proporcionaría 1 Mtep en el año en que se lleve a cabo y las diez campañas proporcionarían 10 Mtep en total durante los 10 años hasta el 31 de diciembre de 2030. Se ahorrarán 10 Mtep para el millón de ventanas sustituidas el primer año, 9 Mtep para el millón sustituido el segundo año, 8 Mtep para el tercero, 7 Mtep para el cuarto, 6 Mtep para el quinto, 5 Mtep para el sexto, 4 Mtep para el séptimo, 3 Mtep para el octavo, 2 Mtep para el noveno y 1 Mtep para el décimo, es decir, el 31 de diciembre de 2030 se habrá ahorrado un total de 55 Mtep. El ahorro derivado de las campañas de información y la sustitución de ventanas es, por tanto, de 10 Mtep + 55 Mtep = 65 Mtep.

En cambio, una actuación de corta duración (por ejemplo, una campaña de información) puede ahorrar 1 tep en el año de aplicación y nada después. Cualquiera que sea el año de aplicación, entre 2021 y 2030, su contribución será de 1 tep.

Si un Estado miembro introduce principalmente actuaciones individuales de corta duración al principio del período de obligación de diez años, tendrá que tomar medidas adicionales para lograr el ahorro requerido con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b).

El método «directo» cumple claramente la condición de que el método de cálculo debe conducir al logro real de la cantidad de ahorro necesaria. No obstante, los Estados miembros pueden considerar métodos alternativos más apropiados.

2.   Método del «valor de índice»

Una alternativa es dar a cada actuación un «valor de índice» que refleje su duración esperada. A una campaña de información se le podría dar un valor de índice de 0,25, mientras que a una sustitución de ventana se le podría dar un valor de índice de 6. Si cada una de estas actuaciones ahorra 1 tep al año, el ahorro atribuido a una campaña de información sería (1 × 0,25 tep) = 0,25 tep. El ahorro atribuido a la sustitución de una ventana, cualquiera que sea el año de aplicación, sería de (1 × 6 tep) = 6 tep.

Las campañas de información se contabilizarían entonces como la obtención de 0,25 Mtep en el año en que se realizan o de 2,5 Mtep en total para diez campañas a lo largo del período de 10 años hasta finales de 2030. Si se sustituyen 7 millones de ventanas durante el período, se obtendrá un ahorro de 7 Mtep, multiplicado por el factor 6, es decir, 42 Mtep. El ahorro derivado de las campañas de información y la sustitución de ventanas se contabilizaría como 2,5 Mtep + 42 Mtep = 44,5 Mtep.

Los Estados miembros que utilicen este método deben velar por que el resultado no sea superior al del enfoque «directo».

3.   Método de «limitación»

Otra alternativa es «limitar» la duración atribuida a las actuaciones individuales. Por ejemplo, podría elegirse una «limitación» de cinco años. El ahorro atribuido a una campaña de información sería de 1,25 Mtep, p. j., 0,25 Mtep en 2022, 0,25 Mtep en 2023, 0,25 Mtep en 2024, 0,25 Mtep en 2025 y 0,25 Mtep en 2026. El ahorro atribuido a una sustitución de ventanas, independientemente del año de aplicación, sería de (1 × 5) = 5 Mtep, p. j., 1 Mtep en 2022, 1 Mtep en 2023, 1 Mtep en 2024, 1 Mtep en 2025 y 1 Mtep en 2026.

De nuevo, los Estados miembros que utilicen este método deben velar por que el resultado no sea superior al del enfoque «directo».

Para reflejar el valor total de una medida de actuación en materia de eficiencia energética, el anexo V, apartado 2, letra i), de la DEE exige a los Estados miembros que tengan en cuenta la disminución del ahorro de energía a lo largo de la duración de cada medida (84). La intención es garantizar que el ahorro se contabilice de forma realista, dado que, por ejemplo, un nuevo producto energéticamente eficiente puede no generar el mismo ahorro de energía después de algunos años de uso (85). Por tanto, los Estados miembros deben tener esto en cuenta en sus metodologías. La tasa de disminución puede variar según el tipo de medida de actuación y los Estados miembros deben notificarla y explicarla de conformidad con el anexo V, punto 2, letra i), de la DEE (86).

7.3.   Adicionalidad

El requisito de adicionalidad debe tenerse en cuenta a la hora de determinar el ahorro de energía para todo tipo de medidas actuación. Los principios básicos se establecen en el anexo V, apartado 2, letras a) y b), de la DEE:

«a)

Debe demostrarse que el ahorro es adicional al que se habría obtenido en cualquier caso sin la actividad de las partes obligadas, participantes o encargadas, o las autoridades públicas de ejecución. Para calcular el nivel de ahorro de energía que se puede declarar como adicional, los Estados miembros analizarán la posible evolución del uso y la demanda de la energía en ausencia de la medida de actuación en cuestión, mediante el estudio de al menos los siguientes factores: tendencias de consumo de energía, cambios en el comportamiento del consumidor, avances tecnológicos y cambios sobrevenidos por otras medidas aplicadas a escala de la Unión y nacional.

b)	El ahorro resultante de la aplicación del Derecho obligatorio de la Unión se considerará ahorro que se habría producido en cualquier caso, y, por tanto, no podrá computarse como ahorro de energía a efectos del artículo 7, apartado 1…»

Esto significa que, si el Derecho de la UE establece que los Estados miembros logren un determinado nivel o cantidad de ahorro, estos solo pueden computar el ahorro que supere dicho nivel, siempre que se cumplan otros requisitos, por ejemplo, que se pueda demostrar y verificar que el ahorro se debe a la actuación o medida en cuestión.

El anexo V, punto 2, letra a), de la DEE, también requiere que los Estados miembros examinen la evolución actual del mercado y establezcan un escenario de referencia. Esto es particularmente importante para evitar la contabilización de los «oportunistas» que son comunes en el contexto de las obligaciones de los proveedores y de los sistemas de apoyo financiero. Por ejemplo, si un plan nacional de apoyo a la renovación de edificios apoya 100 actuaciones individuales en un año determinado, algunas de esas actuaciones se habrían llevado a cabo de todos modos (sin el plan) y deben deducirse.

Del mismo modo, cuando una política se aplica durante muchos años, es muy probable que tenga efectos de transformación en el mercado. Por ejemplo, las partes interesadas del sector privado lo tendrán en cuenta en sus propias estrategias para desarrollar productos, servicios, etc. Esto significa, por ejemplo, que las tendencias actuales de la media del mercado pueden deberse en parte a los efectos de las políticas de años anteriores. Por tanto, si se lleva a cabo una encuesta para evaluar los efectos «oportunistas», es probable que algunos de estos efectos hoy en día sean también efectos colaterales de años anteriores. El anexo V, punto 2, letras b) y c), de la DEE, establece excepciones a estos principios básicos:

«…Como excepción a ese requisito, el ahorro resultante de la renovación de edificios existentes podrá computarse como ahorro de energía a efectos del artículo 7, apartado 1, siempre que se cumpla el criterio de materialidad a que se refiere el punto 3, letra h), del anexo V. El ahorro resultante de la aplicación de requisitos mínimos nacionales fijados para nuevos edificios con anterioridad a la transposición de la Directiva 2010/31/UE se podrá computar como ahorro de energía a efectos del artículo 7, apartado 1, letra a), siempre que se garantice el criterio de materialidad y que los Estados miembros hayan notificado dicho ahorro en sus planes nacionales de acción para la eficiencia energética, de conformidad con el artículo 24, apartado 2.

c)

Solo se podrá computar el ahorro que exceda de los niveles siguientes: i) de las normas de comportamiento de la Unión en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos que se deriven de la aplicación de los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo; ii) de los requisitos de la Unión en materia de retirada del mercado de determinados productos relacionados con la energía a raíz de la aplicación de medidas de ejecución con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.»

Además, los Estados miembros deben considerar y superar con los niveles de su legislación nacional los niveles establecidos por el Reglamento (UE) 2019/631 y los objetivos mínimos para la contratación pública de vehículos limpios y de emisiones cero para determinados vehículos de transporte por carretera tras la aplicación de la Directiva revisada sobre vehículos limpios.

7.3.1.   Adicionalidad en relación con las medidas de renovación de edificios (87)

Como principio general, el anexo V, punto 2, letra b), de la DEE, establece que el ahorro de energía resultante de la aplicación del Derecho obligatorio de la UE debe considerarse ahorro que se habría producido en cualquier caso y, por tanto, no puede computarse.

En general, los códigos de construcción asociados a la eficiencia energética de los edificios establecen requisitos obligatorios con arreglo al Derecho de la UE (la DEEE) y forman parte del escenario de «situación sin cambios».

No obstante, los Estados miembros pueden contabilizar todo el ahorro derivado de la renovación de edificios, siempre que se cumpla el criterio de materialidad a que se refiere el anexo V, punto 3, letra h), de la DEE, y que todo el ahorro de energía se derive de medidas de actuación que promuevan la renovación. También deben demostrar que el ahorro declarado derivado de las medidas es superior al ahorro que se habría producido en ausencia de las medidas. Deberían demostrar que la parte obligada, participante o encargada ha contribuido al logro del ahorro declarado (88).

El punto de partida para calcular el ahorro es medir el consumo del edificio antes y después de la renovación. Los Estados miembros pueden acogerse a esta excepción para ambos períodos de obligación a partir de la entrada en vigor de la Directiva de modificación [(UE) 2018/2002], es decir, a partir del 24 de diciembre de 2018.

Ejemplo

Un código de construcción nacional establece que los edificios que sean objeto de una renovación importante se actualicen hasta al menos la clase de eficiencia energética B. El Estado miembro de que se trate no puede computar el ahorro resultante a efectos del artículo 7.

Sin embargo, puede computar el ahorro si ha adoptado una medida que promueva la renovación (por ejemplo, proporciona a los hogares una subvención para una renovación que de otro modo no habrían emprendido). En ese caso, se puede computar todo el ahorro derivado de dicha medida independientemente de la mejora de la clase de energía (es decir, se puede computar todo el ahorro derivado de mejoras energéticas de la clase D a la C o de la D a la B, o de la D a la A, etc.).

Los proyectos de renovación deben cumplir los requisitos mínimos nacionales de eficiencia energética establecidos en la DEEE. Se pueden fomentar medidas más ambiciosas, es decir, que promuevan una eficiencia energética que vaya más allá de lo exigido.

7.3.2.   Adicionalidad en relación con las medidas de construcción de nuevos edificios

A partir de la entrada en vigor de la DEE modificada y, en caso necesario, de la transposición o aplicación nacional, los Estados miembros pueden contabilizar el ahorro de energía resultante de la aplicación de los requisitos mínimos nacionales establecidos para los edificios nuevos únicamente en relación con el ahorro requerido para el primer período de obligación (2014-2020), a condición de que:

i)	cumplan los requisitos mínimos nacionales establecidos con anterioridad a la transposición de la DEEE, es decir, antes del 9 de julio de 2012 (véase el artículo 28, apartado 1, de la DEEE);

ii)	sean «materiales»; y

iii)	se hayan notificado en el PAEE antes del 30 de abril de 2017 (véase el artículo 24, apartado 2, de la DEE).

El ahorro de energía solo se puede computar partir de la fecha de entrada en vigor de la DEE modificada y únicamente en relación con el ahorro acumulado de uso final requerido para el 31 de diciembre de 2020. Los Estados miembros deben demostrar que la aplicación de los requisitos mínimos nacionales ha dado lugar a un ahorro medible que de otro modo no se habría logrado. En caso de que sean necesarias medidas nacionales de transposición o de aplicación que permitan la declaración de dicho ahorro, estas deben adoptarse y aplicarse antes de que se declare el ahorro.

Si un Estado miembro hace uso de la excepción, debe evaluar detenidamente la posible interacción con la excepción prevista en el artículo 7, apartado 4, letra d), de la DEE («esfuerzos tempranos») y asegurarse de que se evita la doble contabilización.

Los proyectos de construcción de edificios deben cumplir los requisitos mínimos nacionales de eficiencia energética. Se pueden fomentar medidas más ambiciosas, es decir, que promuevan una eficiencia energética que vaya más allá de lo exigido.

7.3.3.   Adicionalidad en relación con los edificios de organismos públicos

En principio, la excepción al principio de adicionalidad del anexo V, punto 2, letra b), de la DEE, se aplica también al ahorro de energía relacionado con la renovación de los edificios de organismos públicos, ya que dicho ahorro está «relacionado con la renovación de edificios existentes» [véase el anexo V, punto 2, letra b), segunda frase, de la DEE].

El objetivo de la excepción es permitir a los Estados miembros, a partir de la entrada en vigor de la Directiva de modificación, declarar todo el ahorro de energía a efectos de su artículo 7, apartado 1, derivado por ejemplo, de las medidas adoptadas para lograr el índice de renovación del 3 % de la superficie de los edificios con calefacción y refrigeración que son propiedad de la administración central y están ocupados por ella (véase el artículo 5).

Sin embargo, los Estados miembros tienen que demostrar que todo el ahorro declarado procede de las medidas de actuación aplicadas para la renovación de los edificios de organismos públicos (89). No pueden contabilizar el ahorro de energía que se habría producido en ausencia de la medida de actuación. Por tanto, los Estados miembros deben demostrar la materialidad. En caso de que sean necesarias medidas nacionales de transposición o de aplicación que permitan la declaración de dicho ahorro, estas deben aplicarse antes de que se declare el ahorro.

Los Estados miembros deben calcular el ahorro de energía declarado derivado de las medidas de actuación aplicadas para la renovación de los edificios de organismos públicos, de conformidad con el anexo V. La cantidad de ahorro de energía que se contabiliza en el ahorro del consumo de energía final requerido con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la DEE, se expresará en consumo de energía final. Si la cantidad de ahorro de energía se expresa en energía primaria, los Estados miembros deben utilizar los factores de conversión establecidos en el anexo IV de la DEE.

7.3.4.   Adicionalidad en relación con las medidas de ejecución con arreglo a la Directiva sobre diseño ecológico (90)

Solo la sustitución de calderas no se considera una medida de renovación, debido a la disposición específica del anexo V, punto 2, letra c), de la DEE. Por consiguiente, el punto de partida serán siempre los requisitos mínimos de las disposiciones específicas de diseño ecológico (91). El ahorro de energía resultante de la sustitución de aparatos regulados en el marco de la legislación sobre diseño ecológico, por ejemplo, los aparatos de calefacción, solo podrá contabilizarse si superan los requisitos mínimos de diseño ecológico, excepto en caso de sustitución anticipada [véase el anexo V, punto 2, letra e), de la DEE].

Si los Estados miembros ofrecen incentivos o subvenciones para los productos que entran dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre etiquetado energético de la UE, se recomienda que se destinen a las clases superiores de eficiencia energética. Por ejemplo, un incentivo o subvención para fomentar la instalación de nuevas calderas más eficientes desde el punto de vista energético únicamente abarcaría las calderas de las dos clases de etiquetas energéticas más frecuentes sobre la base de los datos de mercado pertinentes para el período en cuestión.

7.3.5.   Adicionalidad en relación con las auditorías energéticas con arreglo al artículo 8

El artículo 8, apartado 4, estipula que los Estados miembros velen por que las grandes empresas (es decir, las empresas que no son pymes) realicen una auditoría energética cada cuatro años, que en sí no conduce al ahorro de energía.

Las medidas para fomentar o apoyar la aplicación de las recomendaciones de una auditoría van más allá del mínimo exigido previsto en el artículo 8, apartado 7, párrafo segundo, que dispone que los Estados miembros « podrán aplicar regímenes de incentivación y ayuda». Por tanto, el ahorro de energía resultante de tales medidas puede contabilizarse, ya que, de todos modos, no se habría producido, siempre que se cumpla el criterio de materialidad. Lo mismo se aplica al ahorro derivado de las medidas destinadas a las pymes.

7.4.   Materialidad y admisibilidad

Además del principio de adicionalidad, los Estados miembros deben cumplir el criterio de «materialidad». La aplicación automática de la legislación de la UE o las mejoras autónomas que se producen como consecuencia de las fuerzas del mercado o de los avances tecnológicos (por ejemplo) no pueden tenerse en cuenta, ya que los Estados miembros no pueden contabilizar las actuaciones que habrían tenido lugar de todos modos.

Las actividades de las autoridades públicas nacionales en la aplicación de la medida de actuación deben ser «materiales» para el logro del ahorro de energía declarado; es decir:

—	deben haber contribuido a la actuación en cuestión; y

—	la subvención o participación de la parte obligada, participante o encargada debe haber tenido claramente más que un efecto mínimo en la decisión del usuario final de realizar la inversión de eficiencia energética.

Por tanto, los Estados miembros deben demostrar que el ahorro se debe a una medida de actuación concebida para impulsar el ahorro de uso final de la energía (92). Las medidas adoptadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (93) pueden considerarse materiales, pero los Estados miembros deben demostrar que producen mejoras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables.

Respecto de los sistemas de financiación, por ejemplo, una indicación del importe de la subvención no es suficiente para demostrar la materialidad, ya que esto por sí solo no prueba que las subvenciones hayan influido en las decisiones de inversión de los usuarios finales. En principio, el papel desempeñado por los agentes implicados en las actuaciones puede demostrarse sin necesidad de una subvención como referencia; las actuaciones normalizadas (por ejemplo, la creación de normas de instalación para productos, el asesoramiento energético y las auditorías energéticas, seguidas de la ejecución real de las actuaciones) podrían ser un indicador importante de materialidad.

Con el fin de garantizar el cumplimiento, los Estados miembros podrían establecer requisitos generales de materialidad en el marco de un SOEE o de medidas alternativas y verificarlo proyecto por proyecto (94). Estos podrían establecer que las partes (por ejemplo, cuando soliciten un «certificado blanco»  (95)) deben documentar y demostrar una contribución directa a la ejecución de la actuación.

Se podría exigir a las partes obligadas que demuestren:

—	si la contribución se ha realizado directa o indirectamente (es decir, mediante intermediarios); y

—	si se ha decidido con anterioridad a la instalación de la actuación.

Los Estados miembros también podrían exigir, por ejemplo, lo siguiente:

—	que se celebre un contrato entre los gestores de redes de distribución (es decir, las partes obligadas) y terceros;

—	que el ahorro de energía no se genere antes de la celebración del contrato;

—	que las partes solo puedan contabilizar el ahorro cuando hayan participado directamente en la aplicación de la medida (por ejemplo, mediante la realización de auditorías energéticas, subvenciones, etc.); y

—	se redacten acuerdos que abarquen toda la cadena, desde los agentes obligados hasta los usuarios finales de la energía.

7.5.   Medidas que promueven la instalación de tecnologías basadas en energías renovables a pequeña escala en el exterior o el interior de edificios para uso propio

Es importante distinguir entre:

—

la posibilidad prevista en el artículo 7, apartado 4, letra f), de la DEE, que se refiere a una cantidad de energía generada en el exterior o el interior de los edificios para uso propio que puede excluirse de la cantidad de ahorro de energía calculada con arreglo al artículo 7, apartados 2 y 3 de la DEE; y

—

la aclaración del anexo V, punto 2, letra e), de la DEE, según la cual el ahorro de energía derivado de medidas que promuevan la instalación de tecnologías basadas en energías renovables a pequeña escala sobre o en el interior de edificios puede computarse en principio para el ahorro requerido con arreglo al artículo 7, apartado 1.

Esto se explica también en el considerando 43 de la DEE.

Con arreglo al anexo V, punto 2, letra e), de la DEE, los Estados miembros pueden computar el ahorro de energía derivado de las medidas de promoción de la instalación de tecnologías de energías renovables a pequeña escala sobre o en el interior de edificios para uso propio en relación con el ahorro de energía requerido con arreglo al artículo 7, apartado 1, siempre que dichas medidas redunden en un ahorro de uso final de energía comprobable, medible o estimable y se calcule de conformidad con el anexo V de la DEE (96).

Así pues, también se aplican los requisitos de adicionalidad y materialidad, así como las normas de seguimiento y verificación establecidas por el Estado miembro.

Los Estados miembros deben mostrar que dichas medidas redundan en un ahorro de uso final de la energía como consecuencia del cambio de tecnología. Por ejemplo, el ahorro derivado del cambio a tecnologías de calefacción y agua caliente más eficientes en edificios, incluidas las tecnologías de energías renovables, seguirán siendo plenamente admisibles, siempre que los Estados miembros puedan garantizar que son adicionales, medibles y verificables con arreglo a los métodos y principios establecidos en el anexo V (97).

Esto se aclara en el anexo V, apartado 2, letra e), de la DEE, y está orientado al objetivo general de su artículo 7, apartado 1, a saber, el ahorro de energía en el uso final, independientemente de la tecnología (ya se trate de una medida de fomento de tecnologías alimentadas con energías renovables o con fósiles, que dé lugar a una reducción del consumo real de energía en los edificios, el transporte o la industria).

El anexo V, punto 2, letra e), de la DEE, hace referencia explícita a la obligación de ahorro de energía con arreglo al artículo 7, apartado 1, que requiere que los Estados miembros logren un ahorro acumulado de uso final de la energía y tiene por objeto la reducción real del consumo de energía por parte de una persona física o jurídica [de conformidad con el anexo V, punto 1, letra b)]. El artículo 2, apartado 5 define por « ahorro de energía » la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía. Habida cuenta de que el artículo 7 de la DEE tiene por objetivo una reducción real del uso final de la energía, puede concluirse que el anexo V, punto 2, letra e), establece que se demuestre que las medidas de promoción de la instalación de tecnologías de energías renovables a pequeña escala sobre o en el interior de edificios redundan en un ahorro de energía, es decir, en una reducción real del uso final de la energía.

Los Estados miembros disponen de la flexibilidad de expresar el ahorro de energía en términos de consumo de energía final o primaria, según lo establecido en el anexo V, apartado 3, letra d), (medidas de actuación alternativas) y en el artículo 7 bis, apartado 4 (SOEE). Esta flexibilidad no altera la obligación de ahorrar energía acumulada en términos de ventas de energía (en el período hasta 2020) y de consumo de energía final (2021–2030).

7.6.   Medidas que promueven la adopción de productos y vehículos más eficientes

Las medidas de mejora de la eficiencia energética en el transporte de los Estados miembros son admisibles para ser tenidas en cuenta en el cumplimiento de la obligación de ahorro acumulado de uso final de la energía (98). Dichas medidas comprenden:

—	políticas para promover vehículos más eficientes o un cambio modal hacia el transporte en bicicleta, colectivo y a pie; y

—	movilidad y planificación urbana que reduzca la demanda de transporte.

La contratación pública de vehículos limpios y de emisiones cero es admisible, con sujeción a su adicionalidad respecto de los requisitos mínimos de la Directiva revisada sobre vehículos limpios.

También son admisibles los planes que aceleren la adopción de vehículos nuevos y más eficientes o las políticas que fomenten un cambio a carburantes con un mejor rendimiento que reduzcan el uso de energía por kilómetro, con sujeción al cumplimiento de las normas sobre materialidad y adicionalidad (99).

El anexo V, punto 2, letra f), aclara que se puede reclamar todo el mérito por políticas que aceleren la adopción de productos y vehículos más eficientes, siempre que se demuestre que:

—	dicha adopción tiene lugar antes de la expiración de la vida media prevista del producto o vehículo, o antes de alcanzarse el plazo de sustitución habitual del producto o vehículo; y

—	la cantidad total del ahorro se declara solo para el período hasta el final de la vida media prevista del producto o vehículo que se va a sustituir (100).

Cuando proceda, dichas medidas deberán ser coherentes con los marcos de acción nacionales de los Estados miembros establecidos en virtud de la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

7.7.   Garantizar el mantenimiento de las normas de calidad

El anexo V, punto 2, letra g), de la DEE, aclara que la promoción de medidas de eficiencia energética no debe rebajar las normas de calidad de los productos y servicios, ni de la instalación de medidas. Los Estados miembros deben velar por que se mantengan las normas de calidad, o cuando no existan todavía, por que se introduzcan.

7.8.   Abordar las variaciones climáticas

El anexo V, punto 2, letra h), de la DEE, permite a los Estados miembros ajustar el ahorro de energía a las variaciones climáticas entre regiones. La disposición enumera dos opciones:

i)	ajustar a un valor normalizado; o

ii)	atribuir distintos ahorros de energía en función de las variaciones de temperatura entre regiones.

7.9.   Evitar la doble contabilización

El artículo 7, apartado 12, de la DEE, establece que, en caso de solapamiento de las medidas de actuación o de las actuaciones individuales, los Estados miembros demuestren que el ahorro de energía no se contabiliza dos veces. Habida cuenta de la gran variedad de instrumentos notificados por los Estados miembros y la alta probabilidad de solapamiento de políticas como consecuencia del uso paralelo de los SOEE y las medidas alternativas (por ejemplo, la interacción entre la fiscalidad de la energía y las subvenciones a los hogares para sustituir las ventanas o los aparatos de calefacción), es crucial abordar los riesgos de la doble contabilización.

Una base de datos nacional podría ser un instrumento eficaz a este respecto. Por ejemplo, la base de datos registraría que se había pagado una subvención para promover la sustitución de calderas viejas a un hogar determinado y alertaría al usuario si el mismo hogar volviera a solicitarla.

La combinación de varias medidas de actuación produce una mayor complejidad para los Estados miembros en términos de:

—	un mayor esfuerzo relacionado con la aplicación, por ejemplo, el cálculo del ahorro de energía; y (más importante)

—	garantizar: — la aplicación, especialmente cuando los distintos instrumentos tienen un ámbito de aplicación amplio; y — la verificación del impacto sin doble contabilización.

El artículo 7, apartado 12, de la DEE, también prohíbe la doble contabilización cuando las políticas se solapan, es decir, los Estados miembros deben tener en cuenta el hecho de que otras medidas actuación aplicadas en el mismo plazo pueden tener un impacto en el volumen de ahorro de energía, por lo que no todos los cambios observados desde la introducción de una medida de actuación concreta pueden atribuirse únicamente a dicha medida.

8.   MEDICIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL, CALIDAD Y VERIFICACIÓN

La DEE hace hincapié en la importancia de las normas de seguimiento y verificación para la aplicación de los SOEE y las medidas de actuación alternativas, en particular el requisito de comprobar una muestra estadísticamente representativa de las medidas.

La selección de una proporción estadísticamente significativa y de una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética implica establecer un subconjunto de una población estadística de actuaciones de ahorro de energía dentro de cada medida que refleje con precisión toda la población de todas las actuaciones de ahorro de energía y permita, por tanto, extraer conclusiones razonablemente fiables en relación con la confianza en la totalidad de las medidas (101).

Artículo 7 bis, apartado 5, de la DEE (para los SOEE):

Artículo 7 ter, apartado 2, de la DEE (para las medidas de actuación alternativas):

Los sistemas de medición, control y verificación deben garantizar que los cálculos de ahorro de energía se verifiquen respecto de una proporción estadísticamente significativa y de una muestra representativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética.

Estos requisitos se pueden cumplir entre otros por medio de:

—	comprobaciones informáticas automatizadas o un examen documental de los datos y los cálculos comunicados por las partes obligadas, participantes o encargadas, o por los beneficiarios (cuando los beneficiarios comunican los datos directamente a la autoridad pública);

—	evaluaciones del ahorro de energía mediante contadores en una proporción estadísticamente significativa y una muestra representativa de medidas o beneficiarios;

—	la utilización de verificaciones realizadas con arreglo a un régimen de reglamentación, cualificación, acreditación o certificación, por ejemplo, cuando el ahorro de energía notificado se base en auditorías energéticas o en certificados de eficiencia energética (ahorro ponderado).

La documentación de la medida de actuación debe explicar de qué modo los requisitos de este otro régimen garantizan que los controles o verificaciones se lleven a cabo en una proporción estadísticamente significativa y una muestra representativa de las auditorías energéticas u otras evaluaciones del ahorro.

El sistema de seguimiento y verificación puede organizarse en diferentes etapas o niveles. Las inspecciones en el terreno pueden estar incluidas en el enfoque, como una segunda etapa de verificación de submuestras de actuaciones individuales identificadas por su situación de riesgo de incumplimiento de los requisitos de las medidas. Cuando no sean técnica o económicamente viables, esto puede explicarse en la documentación de la medida.

Los Estados miembros deben explicar cómo utilizan los índices de referencia para comprobar el ahorro previsto o ponderado [anexo V, punto 5, letra g), de la DEE].

La independencia de la medición, el control y los sistemas [véase el anexo V, punto 5, letra j), de la DEE], puede documentarse en función de que el organismo de verificación (lista no exhaustiva de criterios):

—	sea un organismo público con independencia estatutaria; o

—	no tenga ningún vínculo financiero con (es decir, no es parcial o totalmente propiedad ni está pagado por) las partes obligadas, participantes o encargadas; o

—	puedan contratarlo las partes obligadas, participantes o encargadas, pero en este caso esté sujeto a controles por parte de la autoridad pública o de un organismo de cualificación, acreditación o certificación.

El organismo de verificación puede:

—	estar directamente a cargo de la verificación de las medidas de mejora de la eficiencia energética o de los cálculos de ahorro de energía; o

—	estar a cargo de controlar los procesos de verificación y muestreo de las verificaciones realizadas por otras organizaciones, incluidas las partes obligadas, participantes o encargadas.

9.   OBLIGACIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

9.1.   Primer período de obligación

Para el período de obligación 2014-2020, los Estados miembros deben presentar informes anuales a más tardar el 30 de abril de 2019 y de 2020 (artículo 24, apartado 1, y anexo XIV, parte 2) (102).. En ellos informan, entre otras cosas, sobre los progresos realizados en la consecución del objetivo de ahorro de energía y sobre las medidas de actuación adoptadas o previstas de conformidad con el anexo XIV, parte 2. La Comisión evaluará esta información.

El artículo 27 del Reglamento sobre la gobernanza dispone que cada Estado miembro informe a la Comisión, a más tardar el 30 de abril de 2022, sobre la consecución de su objetivo nacional de eficiencia energética para 2020 (según lo establecido en el artículo 3, apartado 1, de la DEE) y facilite la información establecida en el anexo IX, parte 2 de dicho Reglamento.

9.2.   Segundo período de obligación y posteriormente

Para el período de obligación 2021–2030 y posteriormente, se aplican las siguientes obligaciones principales de planificación y presentación de informes (artículos 7, 7 bis y 7 ter y anexo V de la DEE):

—

en su PNEC (proyecto y final) integrado (anexo III del Reglamento sobre la gobernanza), los Estados miembros deben mostrar su cálculo del ahorro de energía que se ha de alcanzar a lo largo del período 2021–2030, tal como se contempla en el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), (véase el artículo 7, apartado 6, de la DEE);

—

dado que algunos datos [por ejemplo, el consumo de energía final anual, como promedio del período 2016-2018 (en ktep)]podrían no haber estado disponibles para su notificación en el primer proyecto del PNEC (103), quizás no haya sido posible mostrar el cálculo anterior. Sin embargo, los Estados miembros deben mostrar en su primer final y en los proyectos y finales posteriores de PNEC cómo han tenido en cuenta los elementos enumerados en el anexo III del Reglamento sobre la gobernanza;

—

además de lo anterior y cuando proceda, los Estados miembros deben explicar en su PNEC (proyecto y final) cómo establecieron la tasa de ahorro anual y la base de referencia del cálculo con arreglo al artículo 7, apartados 2 y 3, de la DEE, y cómo y en qué medida aplicaron las opciones a que se refiere el artículo 7, apartado 4 (véase el artículo 7, apartado 6, de la DEE);

—	si un Estado miembro decide aplicar una o más de las opciones previstas en el artículo 7, apartado 4, de la DEE, debe aplicar y calcular su efecto para el período de obligación (véase el artículo 7, apartado 5); y

—

si un Estado miembro hace uso de la opción contemplada en el artículo 7, apartado 4, letra c), de la DEE, para 2021–2030, debe informar a la Comisión sobre las medidas de actuación previstas en su PNEC (proyecto y final). Tiene que calcular el impacto de las medidas de conformidad con el anexo V de la DEE e incluirlo en el PNEC [véase el artículo 7, apartado 4, letra c)]. Debe presentar esta información por primera vez en el primer PNEC final (antes del 31 de diciembre de 2019).

Además, los Estados miembros deben:

—

incluir información sobre el resultado de las medidas para aliviar la pobreza energética en el contexto de la DEE en sus informes de situación nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento sobre la gobernanza (véase el artículo 7, apartado 11, de la DEE);

—	publicar anualmente el ahorro de energía logrado por cada una de las (subcategorías de las) partes obligadas y en total en el marco del sistema (véase el artículo 7 bis, apartado 7, de la DEE); y

—

describir detalladamente en sus PNEC el método alternativo y las disposiciones para garantizar que cumplen los requisitos previstos en el anexo V, punto 2, letra i), de la DEE, es decir, que el cálculo del ahorro de energía tiene en cuenta la duración de las medidas y la tasa de disminución del ahorro a lo largo del tiempo. Como alternativa, los Estados miembros pueden recurrir a otro método que se estime que puede conseguir como mínimo la misma cuantía total de ahorro. En tal caso, deben garantizar que la cantidad calculada con arreglo a dicho método no supere la cantidad resultante de un cálculo en el que se contabilice el ahorro que cada actuación individual logre durante el período comprendido entre su fecha de aplicación y el 31 de diciembre de 2020 o 2030, según proceda.

En conclusión, las siguientes obligaciones de planificación e información en virtud del Reglamento sobre la gobernanza también se aplican a la ejecución y el progreso de la obligación de ahorro de energía con arreglo a los artículos 7, 7 bis y 7 ter y al anexo V de la DEE:

Calendario

31 de diciembre de 2018 (posteriormente el 1 de enero de 2028 y cada diez años a partir de entonces)	Presentación del proyecto de PNEC (artículo 9, apartado 1, artículos 4 y 6, anexos I y III del Reglamento sobre la gobernanza)
seis meses antes del PNEC final	La Comisión puede formular recomendaciones a los Estados miembros cuyas contribuciones (incluida la contribución de la obligación de ahorro de energía al artículo 3, apartado 5, de la DEE) considere insuficientes (artículo 31, apartado 1, del Reglamento sobre la gobernanza)
31 de diciembre de 2019 (posteriormente el 1 de enero de 2029 y cada diez años a partir de entonces)	Presentación del PNEC final (artículo 3, apartado 1, artículos 4 y 6, anexos I y III del Reglamento sobre la gobernanza)
10 de marzo de 2020	Presentación de la primera estrategia de renovación a largo plazo (artículo 2 bis, apartado 8, de la DEEE)
Antes del 31 de octubre de 2021 (y cada dos años a partir de entonces)	Evaluación por la Comisión de los progresos realizados en la consecución de los objetivos de la UE, en particular sobre la base de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima (artículo 29 del Reglamento sobre la gobernanza). Por lo que se refiere a la obligación de ahorro de energía, son pertinentes los artículos 29, 21 (comunicación de información integrada sobre eficiencia energética) y 24 (comunicación de información integrada sobre pobreza energética) del Reglamento sobre la gobernanza. En caso de que un Estado miembro no logre los avances suficientes, la Comisión emitirá recomendaciones (artículo 32, apartado 1, del Reglamento sobre la gobernanza).
Antes del 30 de abril de 2022	Información sobre la consecución de sus objetivos nacionales de eficiencia energética para 2020 por cada Estado miembro (artículo 27 y anexo IX, parte 2 del Reglamento sobre la gobernanza)
Antes del 15 de marzo de 2023 (y cada dos años a partir de entonces)	Informe sobre la aplicación del PNEC («Informe de situación nacional integrado de energía y clima») (artículo 17 del Reglamento sobre la gobernanza)
30 de junio de 2023 (posteriormente el 1 de enero de 2033 y cada diez años a partir de entonces)	Presentación del proyecto de actualización del PNEC (artículo 14, apartado 1, del Reglamento sobre la gobernanza)
30 de junio de 2024 (posteriormente el 1 de enero de 2034 y cada diez años a partir de entonces)	Presentación de la actualización de la última versión del PNEC (artículo 14, apartado 2, del Reglamento sobre la gobernanza)

9.3.   Notificación de los SOEE y las medidas alternativas (excepto la fiscalidad)

De conformidad con el anexo V, apartado 5, de la DEE, y el anexo III del Reglamento sobre la gobernanza, los Estados miembros deben notificar a la Comisión su propuesta de metodología detallada para el funcionamiento de sus medidas actuación, tal como se contempla en los artículos 7 bis y 7 ter y el artículo 20, apartado 6, de la Directiva. Excepto en el caso de las medidas impositivas (véase la sección 9.4), la notificación debe incluir los detalles siguientes:

a)	el nivel de ahorro de energía requerido con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), o el ahorro que se espera lograr en el conjunto del período 2021–2030;

b)	las partes obligadas, participantes o encargadas, o las autoridades públicas de ejecución;

c)	los sectores abordados;

d)	las medidas de actuación y las actuaciones individuales, incluido el ahorro total esperado de energía acumulado derivado de cada medida;

e)	la duración del período de obligación relativo al SOEE;

f)	las actuaciones previstas por la medida de actuación;

g)	la metodología de cálculo, incluidas la forma de determinar la adicionalidad y la materialidad y la determinación de las metodologías e índices de referencia que se usen para el ahorro previsto y el ahorro ponderado;

h)	la duración de las medidas, así como el método y la base de su cálculo;

i)	el planteamiento adoptado para abordar las variaciones climáticas en el Estado miembro; y

j)	los sistemas de control y verificación de las medidas con arreglo a los artículos 7 bis y 7 ter y el modo de garantizar su independencia respecto de las partes obligadas, participantes o encargadas.

Además, en el anexo III, partes 3.1 y 3.2, del Reglamento sobre la gobernanza se establece que los Estados miembros deben notificar la siguiente información:

9.4.   Medidas impositivas

El anexo V, punto 5, letra k), de la DEE, dispone que los Estados miembros (de conformidad con el Reglamento sobre la gobernanza) notifiquen a la Comisión su metodología para el funcionamiento de las medidas impositivas. En particular, deberán notificar los siguientes datos:

«i)	los sectores y el segmento de contribuyentes abordados;

ii)	la autoridad pública de ejecución;

iii)	el ahorro que se espera lograr;

iv)	la duración de la medida impositiva; y

v)	la metodología de cálculo, incluida la elasticidad de los precios aplicada y la manera en que se ha establecido.»

Además, en el anexo III, parte 3.3, del Reglamento sobre la gobernanza, se establece que los Estados miembros deben notificar la siguiente información sobre las medidas fiscales:

«a)	breve descripción de las medidas;

b)	duración de las medidas;

c)	la autoridad pública de ejecución;

d)	cantidad prevista acumulada y anual del ahorro por medida;

e)	sectores abordados y segmento de los contribuyentes;

f)	metodología de cálculo, incluida la elasticidad de precios que se aplica y cómo han sido fijados, en consonancia con el anexo V, punto 4, de la Directiva 2012/27/UE.»

Los Estados miembros deben mostrar cómo han calculado las elasticidades y qué fuentes oficiales de datos recientes y representativos han utilizado (104).

10.   PERÍODO DE OBLIGACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA POSTERIOR A 2030

El artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la DEE, establece que los Estados miembros sigan obteniendo un nuevo ahorro anual de conformidad con el párrafo primero, letra b), por períodos de diez años, después de 2030, salvo si las revisiones efectuadas por la Comisión hasta 2027 y cada diez años a partir de esa fecha concluyen que no resulta necesario para alcanzar los objetivos de la UE a largo plazo en materia de energía y clima para 2050.

---

(1)  Véase, entre otros, Economidou et al., 2018. Assessment of the Second National Energy Efficiency Action Plans under the Energy Efficiency Directive. EUR 29272 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018, ISBN 978-92-79-87946-3, doi:10.2760/780472, JRC110304 (informe disponible en https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/assessment-second-national-energy-efficiency-action-plans-under-energy-efficiency-directive) and Tsemekidi-Tzeiranaki et al., 2019. Analysis of the Annual Reports 2018 under the Energy Efficiency Directive. EUR 29667 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019, ISBN 978-92-79-00173-7, doi:10.2760/22313, JRC115238 (informe disponible en http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115238/kjna29667enn.pdf).

(1)  En el artículo 2, apartado 3, de la DEE por «consumo de energía final» se entiende «toda la energía suministrada a la industria, el transporte, los hogares, los servicios y la agricultura. No incluye los suministros al sector de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas». «Uso final» no está definido en la DEE y debe, por tanto, interpretarse en línea con el fundamento de la obligación de ahorro de energía. El artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b), tiene por objeto reducir el consumo de energía final bajando la cantidad de energía para uso final propio de una persona física o jurídica (salvo disposición en contrario). Se establecen condiciones específicas para el ahorro de energía procedente de energías renovables generadas sobre o en los edificios (véanse el considerando 43 de la DEE y la sección 7.5 del presente documento).

(2)  Véase la sección 3.

(3)  Promedio a lo largo de 2016-2018 [véase el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra b)].

(4)  Véase asimismo la sección 2.3.

(5)  Por el contrario, el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a), se refiere a las ventas de energía a clientes finales como punto de partida de establecimiento de la base de referencia para 2014-2020 [véase el documento SWD(2013) 451 final, p. 3].

(6)  = 100 × 0,8 % × 55.

(7)  https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/

(8)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6246844/Eurobase-changes-energy.pdf (véase p. 25).

(9)  La metodología revisada de Eurostat se describe en el documento:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6246844/Eurobase-changes-energy.pdf

(10)  Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía (DO L 304 de 14.11.2008, p. 1).

(11)  Véanse las secciones 3.2 y 3.4.

(12)   «Consumo total de energía para todos los usos energéticos».

(13)   «Consumo final de energía», tal como se define en el Reglamento (CE) n.o 1099/2008.

(14)  Véase la sección 2.2.1. La nueva metodología de Eurostat se describe en el documento:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6246844/Eurobase-changes-energy.pdf

(15)  El 0,24 % para Chipre y Malta.

(16)  Véanse el apéndice I y las secciones 3.2, 3.3 y 3.4.

(17)  Véase el apéndice I.

(18)  Véase el anexo III, punto 2, del Reglamento sobre la gobernanza.

(19)  Dentro de los límites establecidos en el artículo 7, apartado 5, párrafo segundo.

(20)  Véase la sección 9.

(21)  Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, modificada por la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

(22)  Como alternativa, para establecer las cantidades de consumo de energía en las industrias no incluidas en el RCDE, la cantidad de consumo de energía final comunicada para el sector industrial correspondiente podría multiplicarse por la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias incluidas en el RCDE y las no incluidas, tal como se indica en los inventarios de gases de efecto invernadero.

(23)  Véase la sección 9.

(24)  Véase la sección 7.5 y el apéndice X.

(25)  La DEE no proporciona una definición de «energía generada en el exterior o el interior de los edificios para uso propio». No obstante, este concepto debe entenderse como un cliente final que opera en el exterior o el interior de su edificio, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que genera energía renovable para su propio consumo y que puede almacenar la energía renovable autogenerada en sus locales situados dentro de límites confinados. El concepto de «energía generada en el exterior o el interior de edificios para uso propio» excluye la energía autogenerada vendida o devuelta a la red. Para un autoconsumidor no doméstico, el concepto excluye, además, la generación de energía que constituya una actividad comercial o profesional primaria.

(26)  Por tanto, las medidas deben haber sido notificadas antes del 30 de abril de 2017, ya que el artículo 24, apartado 2, fue eliminado el 24 de diciembre de 2018, de conformidad con los artículos 59 y 54, apartado 3, letra b), del Reglamento sobre la gobernanza.

(27)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de agosto de 2018 en el asunto C-561/16 Saras Energía (ECLI:EU:C:2018:633, apartado 35) con referencia, por analogía, a la sentencia de 26 de septiembre de 2013 en el asunto C-195/12-IBV & Cie (ECLI:EU:C:2013:598, apartados 62 y 70).

(28)  Con arreglo al artículo 2, apartado 14, se entiende por «parte obligada» un distribuidor de energía o una empresa minorista de venta de energía vinculados por los sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética. Los Estados miembros también podrían tener en cuenta el papel de las comunidades energéticas locales o de las comunidades de energías renovables a la hora de diseñar los EEOS.

(29)  Véase el anexo I, punto 3.2, inciso v, del Reglamento sobre la gobernanza.

(30)  Sentencia en el asunto C-561/16 Saras Energía (CLI:EU:C:2018:633, apartado 56).

(31)  De conformidad con el artículo 7 bis, apartado 4, el método elegido para expresar la cantidad de ahorro de energía requerida se utilizará también para calcular el ahorro comunicado por las partes obligadas.

(32)  Véanse el considerando 17 de la DEE y la sección 4.2.2.

(33)  Con arreglo al artículo 2, apartado 24, se entiende por «servicios energéticos» toda persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de un cliente final.

(34)  Véanse la sección 8 y los ejemplos del apéndice XII.

(35)  Véase el apéndice XII.

(36)  SWD(2016) 402 final, pp. 46 y 47.

(37)  Véase el anexo I, punto 3.2, inciso v, del Reglamento sobre la gobernanza.

(38)  Véase el apéndice XII.

(39)  Véase el apéndice III.

(40)  una «parte encargada» es una entidad jurídica con competencias delegadas por una institución u otro organismo de carácter público para concebir, gestionar o aplicar un sistema de financiación en su nombre.

(41)  Sentencia en el asunto C-561/16 Saras Energía (CLI:EU:C:2018:633, apartado 37 sobre los artículos 7 y 20 de la DEE).

(42)  Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-561/16 Saras Energía (CLI:EU:C:2018:633, apartados 30 a 33).

(43)  Apéndice III.

(44)  Apéndice III.

(45)  Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE (DO L 198 de 28.7.2017, p. 1).

(46)  Apéndice III.

(47)  Apéndice III.

(48)  Apéndice XII.

(49)  Apéndice X.

(50)  Véase el apéndice IV.

(51)  Véase el apéndice IV.

(52)  Véase el apéndice IV.

(53)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).

(54)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

(55)  Véase el apéndice IV.

(56)  Apéndice V.

(57)  Los Estados miembros deben evaluar en sus PNEC el número de hogares en situación de pobreza energética, teniendo en cuenta los servicios energéticos domésticos necesarios para garantizar niveles de vida básicos en el contexto nacional pertinente, la política social vigente y otras políticas pertinentes, así como las orientaciones indicativas de la Comisión sobre los indicadores correspondientes, incluida la dispersión geográfica, que están basados en un enfoque común de la pobreza energética. Si un Estado miembro constata la existencia de un número importante de hogares en situación de pobreza energética, debe incluir en su plan un objetivo nacional indicativo para reducir la pobreza energética.

(58)  Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).

(59)  El considerando 11 de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 156 de 19.6.2018, p. 75), por la que se modifican la DEEE y la DEE, establece que «la necesidad de aliviar la pobreza energética debe tenerse en cuenta de acuerdo con los criterios fijados por los Estados miembros. Estos, al tiempo que perfilan las acciones nacionales que contribuyen a aliviar la pobreza energética en su estrategia de renovación, tienen derecho a definir lo que consideran acciones pertinentes».

(60)  https://www.energypoverty.eu/policies-measures

(61)  Véanse los apéndices II y III.

(62)  El artículo 2, apartado 9, de la DEEE, define «elemento de un edificio» como la instalación técnica del edificio o elemento de la envolvente del edificio.

(63)  Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).

(64)  Véase Economidou et al., 2018. Assessment of the Second National Energy Efficiency Action Plans under the Energy Efficiency Directive. EUR 29272 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018, ISBN 978-92-79-87946-3, doi:10.2760/780472, JRC110304 (informe disponible en https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/assessment-second-national-energy-efficiency-action-plans-under-energy-efficiency-directive) y Tsemekidi-Tzeiranaki et al., 2019. Analysis of the Annual Reports 2019 under the Energy Efficiency Directive. EUR 29667 EN, Publicaciones.

(65)  Apéndice VII.

(66)  Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1).

(67)  Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).

(68)  Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011 (DO L 111 de 25.4.2019, p. 13).

(69)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. Pendiente de publicación en el Diario Oficial.

(70)  Para más información, véase la publicación del JRC Water-Energy Nexus in Europe, 2019, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115853.

(71)  Véase el considerando 22.

(72)  Véase el considerando 22.

(73)  Para más información, véase el World Energy Outlook 2018 de la AIE; https://www.iea.org/weo/water/

(74)  Véase el considerando 22.

(75)  Véanse las definiciones de la sección 4.

(76)  Véase el apéndice IV.

(77)  SWD(2013) 451 final, considerandos 47 y 49 a 52.

(78)  SWD(2013) 451 final, considerando 53.

(79)  SWD(2013) 451 final, considerando 54.

(80)  SWD(2013) 451 final, considerando 55.

(81)  Lees, E., y Bayer, E. (febrero, 2016), Toolkit for energy efficiency obligations (Regulatory Assistance Project); http://www.raponline.org/document/download/id/8029

(82)  Energy performance of buildings – Economic evaluation procedure for energy systems in buildings-Part 1: Calculation procedures; https://www.en-standard.eu/din-en-15459-1-energy-performance-of-buildings-economic-evaluation-procedure-for-energy-systems-in-buildings-part-1-calculation-procedures-module-m1-14/.

(83)  Véanse también los apéndices VI y VIII.

(84)  Para más explicaciones y ejemplos, véase el apéndice VIII.

(85)  Para más explicaciones y ejemplos, véase el apéndice VIII.

(86)  Véase también el apéndice VIII.

(87)  El artículo 7, apartado 1, de la DEEE establece que «los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se efectúen reformas importantes en edificios, se mejore la eficiencia energética del edificio o de la parte renovada para que cumplan unos requisitos mínimos de eficiencia energética fijados con arreglo al artículo 4, siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable».

El artículo 2, apartado 10, de la misma define como «reformas importantes» la reforma de un edificio cuando:

a)	los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas son superiores al 25 % del valor del edificio, excluido el valor del terreno en el que está construido; o

b)	se renueva más del 25 % de la superficie de la envolvente del edificio.

Los Estados miembros pueden elegir aplicar la opción a) o la opción b).

(88)  Véase el considerando 41 de la DEE.

(89)  Véase el considerando 41 de la DEE.

(90)  Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).

(91)  Para más información sobre las normativas enumeradas por categoría de producto, véase:

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products_en

(92)  Los criterios para demostrar la materialidad en los PAEE y las notificaciones del artículo 7 figuran el apéndice IX.

(93)  Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 26).

(94)  Véase el apéndice XII.

(95)  Instrumento jurídico expedido por un organismo de autorización que garantiza que se ha conseguido un determinado nivel de ahorro de energía. Cada certificado es un producto único y con trazabilidad que conlleva la propiedad de una cierta cantidad de ahorro de energía adicional y garantiza que el beneficio de ese ahorro no se ha contabilizado en ningún otro lugar.

(96)  Para las medidas que promueven la instalación de tecnologías basadas en energías renovables a pequeña escala sobre o en el interior de edificios, véase el apéndice X.

(97)  Véase el apéndice X.

(98)  Véase el apéndice VII.

(99)  Considerando 15 de la DEE.

(100)  Véase el apéndice VII.

(101)  Véase el apéndice XII.

(102)  En virtud del artículo 59, párrafo segundo, del Reglamento sobre la gobernanza, se suprime el artículo 24, apartado 1, a partir del 1 de enero de 2021.

(103)  Esta fecha límite era el 31 de diciembre de 2018 (artículo 9, apartado 1, del Reglamento sobre la gobernanza).

(104)  Para más propuestas sobre elasticidades que se han de utilizar para captar la capacidad de respuesta de la demanda, véase el apéndice IV.