1.   El BCE solo podrá reconocer a un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro como Estado miembro informador conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) si está convencido de que dicho Estado miembro ha incorporado las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) y de la Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) a su derecho interno o ha impuesto las obligaciones de información pertinentes de conformidad con su derecho interno.

2.   A efectos del apartado 1, el BCE examinará si el BCN del Estado miembro no perteneciente a la zona del euro, en colaboración con otras autoridades nacionales pertinentes si lo exige la legislación nacional aplicable, está habilitado al menos para lo siguiente:

No es preciso incorporar al derecho interno las obligaciones relativas a las fases de aplicación y primera presentación de información, establecidas en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

3.   A efectos del apartado 1, el BCE examinará también, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, si la legislación nacional incluye disposiciones que incorporen los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) n.o 2533/98.

1.   El Estado miembro no perteneciente a la zona del euro que desee convertirse en Estado miembro informador conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) (en lo sucesivo, «Estado miembro interesado») expresará oficialmente su interés al BCE por medio de la plantilla del anexo I.

2.   Para que el BCE tenga en cuenta la expresión de interés a que se refiere el apartado 1, esta debe acompañarse de los documentos destinados a la verificación a que se refiere el artículo 5, apartado 3, incluidos, entre otros, los siguientes:

3.   El BCE debe recibir la expresión de interés al menos nueve meses antes de la primera transmisión de datos crediticios conforme a lo establecido en el artículo 6 y lo indicado por el Estado miembro interesado en su expresión de interés, y esta debe especificar las fechas de referencia de la información y los períodos de referencia que cubrirá la primera transmisión.

1.   En los 20 días siguientes a recibir una expresión de interés de un Estado miembro interesado, el BCE remitirá acuse de recibo por escrito a dicho Estado miembro.

2.   El BCE podrá solicitar información o documentación complementaria de la enumerada en el artículo 4, apartado 2, si lo considera conveniente para evaluar la expresión de interés del Estado miembro interesado. El BCE remitirá por escrito y sin demora a dicho Estado miembro acuse de recibo de esa información o documentación complementaria.

3.   El BCE verificará que el Estado miembro interesado ha incorporado las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) y de la Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) a su derecho interno o ha impuesto las obligaciones de información pertinentes de conformidad con su derecho interno.

4.   El BCE encargará al Comité de Estadísticas del Sistema Europeo de Bancos Centrales (STC) que coordine el proceso de verificación a que se refiere el apartado 3 y que encargue al Comité de Asuntos Jurídicos (LEGCO) la elaboración de un informe de verificación, en el cual se evaluará:

5.   Si el BCE está convencido del cumplimiento de las condiciones del artículo 3 en virtud de toda la documentación presentada por el Estado miembro interesado, adoptará una decisión reconociéndolo como Estado miembro informador conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). En la decisión se especificará la fecha de inicio de la eficacia del reconocimiento, las fechas de referencia de la información y los períodos de referencia que cubrirá la primera transmisión, así como la fecha de esta, que no podrá ser anterior a la indicada por el Estado miembro interesado en su expresión de interés.

6.   La decisión a que se refiere el apartado 5 se supeditará a que el BCN del Estado miembro interesado firme un acuerdo, conforme a la plantilla del anexo II, sobre la interacción con el BCE, con los BCN de la zona del euro, y con los BCN de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro reconocidos como Estados miembros informadores, por lo que respecta al intercambio de datos crediticios y a otras cuestiones conexas.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 2533/98, dicho acuerdo establecerá las condiciones de lo siguiente: a) la consulta y utilización por los BCN no pertenecientes a la zona del euro de los datos crediticios recopilados por el BCE, los BCN de la zona del euro y los Estados miembros informadores no pertenecientes a la zona del euro, y b) la consulta y utilización por el BCE, los BCN de la zona del euro, y los BCN de los Estados miembros informadores no pertenecientes a la zona del euro, de los datos recopilados por los Estados miembros informadores no pertenecientes a la zona del euro en virtud de sus leyes nacionales respectivas.

El acuerdo de esta clase que firme el BCN de un Estado miembro interesado no podrá modificarse de manera incompatible con la plantilla del anexo II.

7.   El BCE decidirá que el Estado miembro interesado no cumple las condiciones para ser Estado miembro informador conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) en cualquiera de los casos siguientes:

8.   A más tardar seis meses después de la fecha de acuse de recibo por el BCE conforme al apartado 1 o, si procede, al apartado 2, el BCE notificará al Estado miembro interesado la decisión a que se refieren los apartados 5 y 7. La notificación incluirá los motivos en que se funde la decisión. No obstante, el BCE y el Estado miembro interesado podrán acordar una prórroga del plazo de notificación.

9.   El BCE tendrá en cuenta la solicitud del Estado miembro interesado de que se revise la decisión a que se refiere el apartado 7 siempre que dicha solicitud:

Recibida la solicitud de revisión, el BCE revisará su decisión y podrá dar al Estado miembro interesado la oportunidad de tomar las medidas necesarias que le permitan ser reconocido como Estado miembro informador. El BCE se reserva el derecho a solicitar la presentación de un nuevo dictamen jurídico de un tercero independiente o de los servicios jurídicos de la autoridad nacional pertinente que confirme la validez y aplicabilidad de dichas medidas.

1.   Una vez notificada la decisión del BCE de reconocimiento de un Estado miembro interesado como Estado miembro informador conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), la cual se supedita a la entrada en vigor del acuerdo al que se refiere el artículo 5, apartado 6, el BCE solicitará al BCN del Estado miembro interesado que identifique y revise la población informadora real de acuerdo con el artículo 5 de la Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).

2.   En el caso de que el Estado miembro interesado haya sido reconocido como Estado miembro informador conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) y el reconocimiento se aplique a partir de una fecha que impida que el BCN de ese Estado miembro identifique y revise la población informadora real en el primer trimestre del primer año en el que vaya a comenzar a presentar la información, la población informadora real de ese año la identificarán conforme al artículo 5 de la Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) los demás Estados miembros informadores.

3.   La primera transmisión de datos crediticios solo podrá tener lugar cuando conste al BCE que el BCN del Estado miembro interesado dispone de un sistema informático que sea interoperable con la infraestructura técnica del BCE.

4.   La primera transmisión mensual y trimestral tendrá lugar en la fecha que indique el BCE en su decisión, según dispone el artículo 5, apartado 5.

1.   El BCE podrá decidir suspender o revocar el reconocimiento de un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro como Estado miembro informador si tiene motivos para creer que dicho Estado miembro ha dejado de cumplir las condiciones del artículo 3 para ser Estado miembro informador. En caso de revocación del reconocimiento de un Estado miembro no perteneciente a la zona del euro como Estado miembro informador, el acuerdo firmado conforme al artículo 5, apartado 6, expirará automáticamente.

2.   En la decisión a que se refiere el apartado 1, el BCE hará constar los motivos de la suspensión o revocación, los efectos de la decisión, la fecha a partir de la cual tendrá lugar la suspensión o revocación y, en su caso, la duración de la suspensión, que no podrá ser superior a seis meses. En casos excepcionales y por una sola vez, el BCE podrá prorrogar la suspensión. Si en el plazo indicado no se corrigen los motivos de la suspensión, el BCE revocará el reconocimiento del Estado miembro no perteneciente a la zona del euro como Estado miembro informador.

3.   El BCE y el BCN del Estado miembro informador no perteneciente a la zona del euro podrán rescindir al acuerdo del artículo 5, apartado 6, según lo que dicho acuerdo establezca. En tal caso, el reconocimiento del Estado miembro no perteneciente a la zona del euro como Estado miembro informador expirará automáticamente y quedará sin efecto.

1.   La presente Decisión establece el procedimiento que la autoridad competente aplicará, y las condiciones que cumplirá, cuando ejerza las facultades que le confiere el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28).

2.   Al ejercer las facultades que le confiere el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28), la autoridad competente:

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, la autoridad competente notificará por escrito al operador de SIPS su decisión de ejercer cualquiera de las facultades establecidas en el artículo 21, apartado 1, letras b) o c), del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28).

4.   En la decisión a que se refiere el apartado 3 constará lo siguiente:

5.   El experto independiente o el equipo de inspección in situ, según proceda, tendrá las facultades siguientes:

6.   Al concluir una investigación o examen independiente, el experto independiente presentará un proyecto de informe al operador del SIPS y a la autoridad competente, y posteriormente presentará su informe final a la autoridad competente con el formato y la estructura que esta especifique. El experto independiente se asegurará de que todas las conclusiones del informe se basan en hechos y son correctas según su leal saber y entender.

7.   Al concluir una inspección in situ, la autoridad competente presentará un proyecto de informe al operador del SIPS.

8.   El operador del SIPS tendrá la oportunidad de formular comentarios por escrito sobre el proyecto de informe presentado por el experto independiente o la autoridad competente. El órgano de administración del operador del SIPS aprobará y firmará el informe final antes de presentarlo o devolverlo a la autoridad competente o al experto independiente, según proceda.

9.   La obligación de secreto profesional se aplicará a todas las personas que participen en investigaciones, exámenes independientes o inspecciones in situ, por lo que respecta a dicha participación. Toda información intercambiada en virtud de la presente Decisión se tratará como confidencial salvo que el derecho interno o de la Unión requiera su divulgación.

10.   La autoridad competente podrá publicar las conclusiones de las investigaciones, exámenes independientes o inspecciones in situ que se lleven a cabo en virtud del artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28), sea con un grado de detalle que no permita identificar al sistema u operador de que se trate, sea sin restricciones pero con el consentimiento del operador del SIPS.

1.   La autoridad competente podrá requerir del operador del SIPS que presente la información y los documentos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz las funciones de vigilancia que le confiere el Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28), inclusive a intervalos regulares y en determinados formatos con fines de vigilancia.

2.   Al requerir del operador del SIPS que presente información y documentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28), la autoridad competente especificará lo siguiente:

3.   El operador del SIPS presentará la información o el documento dentro de plazo y, si procede, con los intervalos requeridos, salvo que demuestre a la autoridad competente que se da alguno de los supuestos siguientes:

Si la autoridad competente considera probado alguno de los supuestos mencionados, podrá conceder más tiempo al operador del SIPS para que le presente la información o el documento pertinentes.

4.   El operador del SIPS y sus empleados no estarán exentos por razones de secreto profesional de cumplir las obligaciones que la presente Decisión les impone de presentar información o documentos.

5.   El operador del SIPS incluirá cláusulas en sus contratos con terceros, incluidos los proveedores de servicios críticos, que dispongan el intercambio de información y documentos con la autoridad competente, el experto independiente y el equipo de inspección in situ, con relación a los servicios de dichos terceros al SIPS.

1.   La autoridad competente podrá exigir al operador del SIPS que designe un experto independiente que lleve a cabo una investigación conforme al artículo 5 o un examen independiente conforme al artículo 6. La autoridad competente notificará al operador del SIPS su decisión de que este designen a un experto independiente conforme al artículo 2, apartado 4. El operador del SIPS correrá con los gastos de la designación de experto independiente.

2.   Al designar un experto independiente, el operador del SIPS consultará si procede a su proveedor de servicios críticos.

3.   La autoridad competente se asegurará de que la decisión por la que exija al operador del SIPS que designe un experto independiente incluya como mínimo los requisitos y la información siguientes:

4.   La decisión por la que la autoridad competente exija al operador del SIPS que designe un experto independiente puede incluir requisitos adicionales a los establecidos en el apartado 3. El operador del SIPS adjuntará a su contrato con el experto independiente la decisión por la cual la autoridad competente le haya exigido designar un experto independiente.

5.   En el desempeño de sus funciones, el experto independiente tendrá las facultades a que se refiere el artículo 6, apartado 3.

6.   El operador del SIPS se asegurará de que el experto independiente designado para llevar a cabo una investigación o un examen independiente tenga las cualificaciones mínimas siguientes:

7.   Si es necesario para garantizar la experiencia práctica del experto independiente, además de las cualificaciones requeridas en el apartado 6, la autoridad competente podrá exigir al operador del SIPS que garantice que el experto independiente tiene experiencia (preferiblemente 3 años o más) en realizar investigaciones o exámenes independientes análogos para empresas del sector financiero. No obstante, antes de imponer requisitos adicionales sobre experiencia práctica, la autoridad competente tendrá en cuenta la potencial novedad de la investigación o examen independiente y las limitaciones que esos requisitos adicionales podrían suponer para posibles futuros expertos. El operador del SIPS velará por que el experto independiente esté sujeto a principios de ética profesional que abarquen como mínimo su función de interés público, su integridad y objetividad, su competencia profesional y su diligencia debida.

8.   Cuando contrate al experto independiente, el operador del SIPS le exigirá prueba suficiente de las cualificaciones y experiencia a que se refieren los apartados 6 y 7, e informará a la autoridad competente acerca de la identidad del experto independiente seleccionado y, si la autoridad competente lo pide, acerca del cumplimiento por el experto independiente de los requisitos de los apartados 6 y 7. La autoridad competente se reservará el derecho de requerir del operador del SIPS que designe otro experto independiente si considera que el que ha seleccionado no cumple los requisitos de la presente Decisión o de la decisión por la que se exija la designación de un experto independiente.

9.   Salvo que lo especifique la autoridad competente, el operador del SIPS podrá acordar con el experto independiente la fecha de inicio y la duración de la investigación o examen independiente, según el alcance que establezca la autoridad competente, inclusive en los casos en que la autoridad competente requiera que el examen independiente sea periódico.

10.   El operador del SIPS velará por que el experto independiente tenga acceso a la información y los documentos necesarios para la investigación o el examen independiente conforme a los artículos 5 y 6 mientras dure la investigación o el examen independiente. En cuanto al artículo 2, apartado 5, letra c), el operador del SIPS incluirá cláusulas en sus contratos con sus proveedores de servicios críticos que permitan el acceso del experto independiente a las explicaciones de los representantes o empleados de dichos proveedores, así como la transmisión de información al banco central que vigile o supervise a los proveedores de servicios críticos, según se establece en el artículo 9, apartado 4.

11.   El operador del SIPS permitirá al experto independiente que lleve a cabo investigaciones o exámenes independientes en los locales del operador del SIPS siempre que la autoridad competente considere que ello contribuirá a la eficiencia y eficacia de las investigaciones o los exámenes independientes.

12.   El operador del SIPS velará por que los contratos de prestación de servicios del experto independiente por lo que respecta a las investigaciones o exámenes independientes obliguen al experto independiente a responder las preguntas de la autoridad competente sobre sus conclusiones una vez expire el plazo de ejecución de las investigaciones o los exámenes independientes.

13.   La autoridad competente podrá comunicarse directamente con el experto independiente si avisa previamente al operador del SIPS.

1.   Si lo considera necesario para cumplir los objetivos del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28), la autoridad competente podrá exigir al operador del SIPS que designe un experto independiente conforme al artículo 4 que lleve a cabo un examen independiente.

2.   La autoridad competente podrá requerir que el examen independiente se efectúe de una sola vez o, excepcionalmente, a intervalos regulares con un alcance predeterminado, atendiendo a razones operacionales, de seguridad, de gestión de riesgos, empresariales o jurídicas. Si la autoridad competente requiere que el examen independiente tenga lugar a intervalos regulares especificará y justificará la frecuencia de esos intervalos, el alcance del examen independiente y la fecha de su conclusión.

3.   El examen independiente podrá referirse a uno o varios asuntos seleccionados y debidamente justificados por la autoridad competente. El experto independiente podrá recabar del SIPS la información que considere necesaria para entender cabalmente los asuntos objeto del examen independiente.

1.   Si lo considera necesario para cumplir los objetivos del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28), la autoridad competente podrá llevar a cabo inspecciones in situ o delegar su ejecución en otra autoridad conforme al artículo 8.

2.   Sin perjuicio del artículo 2, apartado 4, de la presente Decisión, cuando la autoridad competente ejerza la facultad de llevar a cabo inspecciones in situ, en la decisión sobre la inspección constará como mínimo:

3.   La autoridad competente notificará a la entidad sujeta a la inspección in situ su decisión, así como la identidad de los miembros del equipo de inspección in situ, al menos 10 días hábiles antes de que esta comience.

4.   La autoridad competente velará por que la inspección in situ se efectúe con un alcance y unos plazos predeterminados en cooperación con la entidad sujeta a ella. Sin embargo, en el curso de la inspección in situ y si lo considera necesario, la autoridad competente podrá ampliar el alcance y los plazos de la inspección in situ mediante una decisión revisada que notificará a la entidad a ella sujeta.

5.   El operador del SIPS incluirá cláusulas en sus contratos con los proveedores de servicios críticos que permitan que las inspecciones in situ también tengan lugar en los locales de dichos proveedores. Esas cláusulas permitirán que la autoridad competente incorpore al proceso de inspección in situ al banco central que vigile o supervise a los proveedores de servicios críticos, incluso por lo que respecta al intercambio de la información pertinente. El operador del SIPS velará por que esos contratos permitan además que la autoridad competente tenga acceso a las explicaciones orales o escritas de los representantes o empleados de los proveedores de servicios críticos relativas a los servicios que prestan al SIPS. El operador del SIPS incluirá además cláusulas en sus contratos con sus proveedores de servicios críticos que den acceso a la autoridad competente a la información y las conclusiones de anteriores inspecciones in situ de dichos proveedores de igual alcance y naturaleza efectuadas por el banco central que los vigile o supervise.

1.   La autoridad competente podrá delegar la ejecución de inspecciones in situ en otra autoridad siempre que cumpla las condiciones de la legislación nacional aplicable y sus procedimientos internos y mantenga todo su poder y responsabilidad respecto de las inspecciones in situ, y siempre que esa otra autoridad y su equipo de inspección respeten la confidencialidad de la información y los documentos que obtengan del operador del SIPS, los principios pertinentes del artículo 7 y otras normas organizativas internas de las inspecciones in situ.

2.   La autoridad competente, la otra autoridad y el operador del SIPS respetarán la confidencialidad de las actas de las inspecciones in situ.

1.   La autoridad competente respecto del SIPS ejercerá las facultades del artículo 21, aparado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28), sobre la base de una decisión por ella adoptada. Si la autoridad competente es un banco central nacional, informará al Eurosistema de esa decisión cuando la adopte.

2.   Si el personal del operador del SIPS obstaculiza una inspección in situ requerida por la autoridad competente en virtud de la presente Decisión, el banco central nacional del Estado miembro participante que corresponda prestará la ayuda necesaria a los miembros del equipo de inspección de conformidad con el derecho interno. En la medida que lo requiera la inspección in situ, dicha ayuda incluirá el precinto de locales comerciales y libros o registros. Si el banco central nacional pertinente carece de esas competencias, solicitará la ayuda necesaria a otras autoridades nacionales.

3.   Si una inspección in situ o la ayuda que deba prestarse de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo requieren la autorización del poder judicial conforme a la legislación nacional aplicable, será la autoridad que ejecute la inspección in situ la que solicite dicha autorización.

4.   Cuando como parte de su investigación o examen independiente del operador del SIPS el experto independiente deba ejercer las facultades del artículo 2, apartado 5, respecto de los proveedores de servicios críticos del SIPS, la autoridad competente informará al banco central que vigile o supervise a dichos proveedores de que van a ejercerse esas facultades y podrá informar a ese banco central de las conclusiones de la investigación o examen independiente una vez efectuados.

5.   Cuando se considere necesario que la inspección in situ tenga lugar también en los locales del proveedor de servicios críticos del SIPS, la autoridad competente informará de la inspección prevista al banco central que vigile o supervise a dicho proveedor, antes de notificarla al operador del SIPS.

6.   Si el banco central que vigila o supervisa al proveedor de servicios críticos del SIPS ya ha efectuado una inspección in situ de igual alcance y naturaleza, la autoridad competente respecto del SIPS podrá escoger entre basarse en las conclusiones de esa inspección in situ o llevar a cabo otra por su cuenta. La autoridad competente podrá pedir al proveedor de servicios críticos que le dé acceso a la información y conclusiones correspondientes que obren en su poder o que le permita consultar dichas conclusiones en el banco central. Si no hay una inspección in situ anterior o es de alcance y naturaleza distintos, la autoridad competente respecto del SIPS podrá llevar a cabo la inspección in situ también en los locales del proveedor de servicios críticos, en cuyo caso, teniendo en cuenta las facultades y deberes de los bancos centrales, podrá incorporar al proceso de inspección in situ al banco central que vigile o supervise al proveedor de servicios críticos e informarle de las conclusiones de la inspección in situ una vez efectuada.

7.   Si se considera necesario que la inspección in situ tenga lugar también en los locales del proveedor de servicios críticos del SIPS, la autoridad competente notificará la inspección a dicho proveedor al mismo tiempo que al operador del SIPS, de acuerdo en el artículo 2, apartado 4.

1.   El experto independiente o el equipo de inspección in situ, según proceda, tendrán en cuenta los comentarios que presente el operador del SIPS durante el examen independiente, la investigación o la inspección in situ, y basarán sus conclusiones en hechos que el operador del SIPS interesado haya tenido la oportunidad de comentar.

2.   Cuando presenten su informe de conclusiones a la autoridad competente, el experto independiente o el equipo de inspección in situ lo notificarán al operador del SIPS, que tendrá derecho a consultar el informe sin perjuicio del interés legítimo de otras personas físicas y jurídicas en proteger sus secretos comerciales. Del derecho de acceso al informe se excluirá la información confidencial que afecte a terceros.

1.   El operador del SIPS sujeto a vigilancia conforme al Reglamento (UE) n.o 795/2014 (BCE/2014/28) podrá remitir a la autoridad competente los documentos a que se refiere el artículo 3 de la presente Decisión en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, a su elección.

2.   El operador del SIPS sujeto a vigilancia podrá acordar el uso de una sola lengua oficial de la Unión en sus comunicaciones escritas con la autoridad competente. El operador del SIPS podrá revocar el acuerdo de uso de una sola lengua o renunciar a este derecho ocasionalmente y para ciertas comunicaciones a fin de acelerar el proceso, sin perjuicio de futuros procedimientos. La revocación solo afectará a los trámites del procedimiento de vigilancia aún no concluidos.

3.   El operador del SIPS podrá solicitar que la investigación, el examen independiente o la inspección in situ se lleven a cabo en una lengua oficial de la Unión distinta de la acordada para el proceso de vigilancia, en cuyo caso, avisará a la autoridad competente o al experto independiente con suficiente antelación antes del comienzo de la investigación, el examen independiente o la inspección in situ, para que puedan tomar las medidas necesarias.