(1)

Los hogares de la Unión se encuentran entre los más ahorradores del mundo, pero la mayor parte de esos ahorros están depositados en cuentas bancarias con vencimientos cortos. Aumentar las inversiones en los mercados de capitales puede contribuir a resolver los problemas que plantea el envejecimiento de la población y los bajos tipos de interés.

(2)

Las pensiones de jubilación constituyen una parte esencial de los ingresos de los jubilados y, para muchas personas, contar con una pensión adecuada marca la diferencia entre disfrutar de una situación cómoda en la vejez o vivir en la pobreza. Representan una condición previa para el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su artículo 25 sobre los derechos de las personas mayores, que reza así: «La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural».

(3)

La Unión se enfrenta a varios desafíos, entre ellos el desafío demográfico provocado por el envejecimiento del continente europeo. Además, los perfiles de carreras, el mercado laboral y la distribución de la riqueza están experimentando profundos cambios, en particular debido a la revolución digital.

(4)

Una parte sustancial de las pensiones de jubilación corre a cargo de los regímenes públicos. A pesar de que, según determinan los Tratados, la organización de los sistemas de pensiones es competencia exclusiva de los Estados miembros, la adecuación de los ingresos y la viabilidad financiera de los sistemas nacionales de pensiones son cruciales para la estabilidad del conjunto de la Unión. Al canalizar una parte mayor de los ahorros de los ciudadanos europeos desde el efectivo y los depósitos bancarios hacia los productos de inversión a largo plazo, como los productos de pensiones voluntarias con una naturaleza de jubilación a largo plazo, el efecto sería beneficioso tanto para los ciudadanos (quienes obtendrían una mayor rentabilidad y una mejor adecuación de las pensiones) como para la economía en general.

(5)

En 2015, 11,3 millones de ciudadanos en edad de trabajar (entre los 20 y los 64 años) de la Unión residían en un Estado miembro distinto del Estado miembro del que eran nacionales y 1,3 millones trabajaban en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia.

(6)

La portabilidad de los productos paneuropeos de pensiones individuales (PEPP, por sus siglas en inglés) con una naturaleza de jubilación a largo plazo aumentará el atractivo de estos productos, sobre todo para los jóvenes y los trabajadores que se desplazan, y contribuirá a facilitar el derecho de los ciudadanos de la Unión a vivir y a trabajar en toda la Unión.

(7)

Las pensiones individuales revisten gran importancia a la hora de vincular a los ahorradores a largo plazo con las oportunidades de inversión a largo plazo. Un mercado europeo de mayor tamaño para las pensiones individuales incrementará la oferta de fondos para los inversores institucionales y la inversión en la economía real.

(8)

El presente Reglamento permite crear un producto de pensiones individuales que tendrá una naturaleza de jubilación a largo plazo, tomará en consideración los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a que se refieren los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, en la medida de lo posible, será sencillo, seguro, asequible, transparente, favorable para los consumidores y portátil en toda la Unión, y complementará los sistemas existentes en los Estados miembros.

(9)

En la actualidad, el mercado interior de productos de pensiones individuales no funciona correctamente. En algunos Estados miembros no existe todavía un mercado para los productos de pensiones individuales. En otros, ya existen ofertas de productos de pensiones individuales, pero los mercados nacionales muestran un alto grado de fragmentación. De ahí el escaso grado de portabilidad de los productos de pensiones individuales. Esta situación puede dar lugar a que a los ciudadanos les resulte difícil ejercer sus libertades fundamentales. Por ejemplo, podría impedirles aceptar un puesto de trabajo o jubilarse en otro Estado miembro. Además, la posibilidad de que los promotores ejerzan la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios se ve obstaculizada por la falta de normalización de los productos de pensiones individuales existentes.

(10)

El mercado interior de productos de pensiones individuales se caracteriza por su fragmentación y diversidad, por lo que los efectos de los PEPP podrían variar en gran medida de un Estado miembro a otro, y el público destinatario podría ser igualmente heterogéneo. En algunos Estados miembros, los PEPP pueden ofrecer soluciones para aquellas personas que en la actualidad no tienen acceso a prestaciones adecuadas. En otros Estados miembros, los PEPP pueden ampliar la oferta para los consumidores o ser una solución para los ciudadanos que se desplazan. Sin embargo, el objetivo de los PEPP no debe ser sustituir a los actuales sistemas nacionales de pensiones, pues se trata de un producto de pensiones individuales adicional y complementario.

(11)

La Unión de los Mercados de Capitales (UMC) contribuirá a movilizar el capital en Europa y a canalizarlo hacia todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, los proyectos de infraestructuras y otros proyectos sostenibles a largo plazo que lo necesitan para expandirse y crear puestos de trabajo. Uno de los objetivos principales de la UMC es incrementar la inversión y las opciones a disposición de los inversores minoristas a la hora de lograr un mayor aprovechamiento del ahorro europeo. A tal fin, un PEPP representará un avance para el refuerzo de la integración de los mercados de capitales debido a su apoyo a la financiación a largo plazo de la economía real, teniendo en cuenta la naturaleza de jubilación a largo plazo del producto y la sostenibilidad de las inversiones.

(12)

Tal como se anunciaba en el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales, de 30 de septiembre de 2015, «la Comisión evaluará la conveniencia de un marco de actuación dirigido a establecer un mercado europeo de pensiones individuales sencillo, eficiente y competitivo, y que pueda tener éxito, y determinará si es necesaria legislación de la UE que sustente este mercado».

(13)

En la Resolución de 19 de enero de 2016 del Parlamento Europeo, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales (3), el Parlamento Europeo destacó «la necesidad de promover un entorno que estimule la innovación en el sector de los productos financieros, creando así una mayor diversidad, aportando ventajas para la economía real y ofreciendo mayores incentivos a las inversiones, lo cual puede contribuir a su vez a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, por ejemplo en la línea del desarrollo de un producto de pensiones paneuropeo (PEPP) con un diseño simple y transparente».

(14)

En sus Conclusiones de 28 de junio de 2016, el Consejo Europeo preconizó «facilitar el acceso a la financiación de las empresas y apoyar la inversión en la economía real impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales».

(15)

En la Comunicación de 14 de septiembre de 2016 de la Comisión, titulada «Unión de los Mercados de Capitales: acelerar la reforma», la Comisión anunció que estudiaría «posibles propuestas con vistas a contar con un plan de pensión individual simple, eficiente y competitivo a escala de la UE […]. Entre las opciones que se están estudiando figura una posible propuesta legislativa que podría presentarse en 2017».

(16)

En la Comunicación de 8 de junio de 2017 de la Comisión, titulada «Revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de capitales», la Comisión anunció para «finales de junio de 2017, una propuesta legislativa sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). Con ella se sentarán las bases para un mercado más seguro, transparente y eficiente en costes de planes individuales de ahorro pensión, asequibles y de carácter voluntario, que puedan gestionarse a escala paneuropea. La propuesta contribuirá a responder a las necesidades de aquellas personas que desean mejorar la adecuación de sus ahorros para la jubilación, a hacer frente al reto demográfico, a completar los productos y sistemas de pensiones existentes, y a incrementar la eficiencia de costes de los planes de pensiones individuales mediante la apertura de excelentes oportunidades para la inversión a largo plazo de los mismos».

(17)

El desarrollo de un PEPP contribuirá a aumentar las opciones del ahorro destinado a la jubilación, sobre todo para los trabajadores que se desplazan, y a crear un mercado de la Unión para los promotores de PEPP. Sin embargo, solo debe ser un complemento de los sistemas públicos de pensiones.

(18)

La educación financiera puede favorecer la comprensión y el conocimiento de las opciones de ahorro de los hogares en el ámbito de los productos de pensiones individuales voluntarias. Los ahorradores también deben tener la oportunidad real de comprender, en su totalidad, los riesgos y las características de un PEPP.

(19)

Un marco legislativo para un PEPP sentará las bases de un mercado de inversiones asequibles y voluntarias relacionadas con la jubilación que pueda ser gestionado a escala paneuropea. Al complementar los planes y productos de pensiones obligatorios y de empleo existentes, contribuirá a satisfacer las necesidades de las personas que deseen mejorar la adecuación de sus ahorros destinados a la jubilación, al tiempo que aborda el reto demográfico y constituye una fuente nueva y sólida de capital privado para la inversión a largo plazo. Este marco no sustituirá ni armonizará los planes ni los productos nacionales de pensiones individuales que ya existen actualmente, ni afectará a los productos y planes nacionales de pensiones obligatorios y de empleo existentes.

(20)

Un PEPP es un producto de pensión individual no de empleo suscrito voluntariamente por un ahorrador en PEPP con vistas a su jubilación. Puesto que un PEPP debe prever la acumulación de capital a largo plazo, las posibilidades de retirada anticipada del capital deben limitarse y pueden penalizarse.

(21)

El presente Reglamento armoniza una serie de características fundamentales del PEPP que afectan a elementos clave, como la distribución, el contenido mínimo de los contratos, la estrategia de inversión, el cambio de promotor o la promoción y la portabilidad transfronterizas. La armonización de esos elementos fundamentales contribuirá a lograr unas condiciones de competencia más equitativas para los promotores de pensiones individuales en general y a impulsar la realización de la UMC y la integración del mercado interior de pensiones individuales. Ello dará lugar a la creación de un producto paneuropeo normalizado en gran medida, disponible en todos los Estados miembros, que permitirá a los consumidores sacar el máximo provecho del mercado interior mediante la transferencia de sus derechos de pensión a otro país y ofrecerá más posibilidades de elección entre diferentes tipos de promotores, en particular con carácter transfronterizo. Como consecuencia de la reducción de los obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios de pensiones, un PEPP aumentará la competencia entre los promotores a escala paneuropea y creará economías de escala que deben beneficiar a los ahorradores.

(22)

El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite la adopción de actos tanto en forma de reglamentos como de directivas. Se ha preferido adoptar un reglamento, por ser directamente aplicable en todos los Estados miembros. Por consiguiente, un reglamento aceleraría el desarrollo de los PEPP y permitiría atender con mayor rapidez a la necesidad de incrementar el ahorro destinado a las pensiones de jubilación y las inversiones en el contexto de la UMC. El presente Reglamento armoniza los elementos esenciales de los PEPP que no tienen que estar sujetos a normas nacionales específicas, de modo que, en este caso, un reglamento parece más adecuado que una directiva. Por el contrario, los elementos que quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento (por ejemplo, las condiciones de la fase de acumulación) están sujetos a las normas nacionales.

(23)

El presente Reglamento debe establecer normas uniformes sobre la inscripción, promoción, distribución y supervisión de PEPP. Los PEPP deben estar sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, del Derecho sectorial de la Unión aplicable y de los correspondientes actos delegados y de ejecución. Asimismo, se deben aplicar las leyes adoptadas por los Estados miembros en aplicación del Derecho sectorial de la Unión. Si no están ya cubiertos por el presente Reglamento o por el Derecho sectorial de la Unión, se debe aplicar la normativa correspondiente de los Estados miembros. Asimismo, un PEPP debe ser objeto de un contrato celebrado entre el ahorrador en PEPP y el promotor de PEPP (en lo sucesivo, «contrato de PEPP»). Existe un conjunto de características clave del producto que deben incluirse en el contrato de PEPP. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las normas de Derecho internacional privado de la Unión, en particular las normas relativas a la competencia judicial y el Derecho aplicable. El presente Reglamento también debe entenderse sin perjuicio del Derecho nacional en materia contractual, social, laboral y tributaria.

(24)

El presente Reglamento debe dejar claro que el contrato de PEPP debe cumplir todas las normas aplicables. Asimismo, el contrato de PEPP debe establecer los derechos y las obligaciones de las partes e incluir un conjunto de características clave del producto. El representante de un grupo de ahorradores en PEPP, por ejemplo, una asociación de ahorradores independientes, que actúe en nombre de ese grupo también podría celebrar un contrato de PEPP, siempre que se haga de conformidad con el presente Reglamento y el Derecho nacional aplicable, y que los ahorradores en PEPP que lo suscriban de esta manera obtengan la misma información y asesoramiento que los ahorradores en PEPP que celebren un contrato de PEPP ya sea directamente con un promotor de PEPP o a través de un distribuidor de PEPP.

(25)

Los promotores de PEPP deben tener acceso a todo el mercado de la Unión con una sola inscripción de producto que se debe conceder sobre la base de un único conjunto de normas. A fin de comercializar un producto con la denominación «PEPP», los promotores de PEPP deben solicitar la inscripción a sus autoridades competentes. El presente Reglamento no impide la inscripción de un producto de pensiones individuales ya existente que cumpla las condiciones previstas en el presente Reglamento. Las autoridades competentes deben tomar una decisión relativa a la inscripción si el promotor de PEPP solicitante ha presentado toda la información necesaria y si existen mecanismos adecuados para cumplir los requisitos del presente Reglamento. Una vez que las autoridades competentes tomen una decisión relativa a la inscripción, deben informar de ello a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, AESPJ), creada mediante el Reglamento (UE) n.o 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) a fin de inscribir al promotor de PEPP y al PEPP en el registro público central. Dicha inscripción será válida en toda la Unión. Con vistas a garantizar una supervisión real del cumplimiento de los requisitos uniformes determinados en el presente Reglamento, toda modificación posterior de la información y los documentos facilitados en el procedimiento de inscripción debe notificarse de inmediato a las autoridades competentes y a la AESPJ, cuando proceda.

(26)

La AESPJ debe crear un registro público central que contenga información sobre los PEPP que han sido inscritos y pueden ofrecerse y ser distribuidos en la Unión, así como sobre los promotores de PEPP y una lista de los Estados miembros en los que se ofrece el PEPP. Si los promotores de PEPP no distribuyen PEPP en el territorio de un Estado miembro, pero pueden abrir una subcuenta para dicho Estado miembro a fin de garantizar la portabilidad a sus clientes PEPP, dicho registro también debe contener información sobre los Estados miembros en los que el promotor de PEPP ofrece subcuentas.

(27)

La manera en la que están organizados y regulados los fondos de pensiones de empleo (FPE), previstos en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), varía significativamente entre los diferentes Estados miembros. En algunos Estados miembros solo se permite a tales entidades llevar a cabo actividades de pensiones de empleo, mientras que en otros Estados miembros, dichas entidades, incluidas las entidades autorizadas responsables de su gestión y que actúan en su nombre, cuando los FPE no disponen de personalidad jurídica, están autorizadas a llevar a cabo actividades de pensiones de empleo e individuales. Esta situación no solo ha dado lugar a distintas estructuras organizativas de los FPE, sino que también viene acompañada de una supervisión distinta a escala nacional. En particular, la supervisión prudencial de los FPE autorizados a realizar actividades de pensiones de empleo e individuales es más amplia que la de los FPE que solo llevan a cabo actividades de pensiones de empleo.

A fin de no comprometer la estabilidad financiera y de tener en cuenta las distintas estructuras organizativas y de supervisión, solo aquellos FPE que también están autorizados para ofrecer productos de pensiones individuales con arreglo al Derecho nacional, y que están supervisados a este fin, deben poder ofrecer PEPP. Asimismo, y a fin de proteger mejor la estabilidad financiera, todos los activos y pasivos correspondientes al sector de la prestación de PEPP serán de disposición limitada, sin la posibilidad de transferirlos a otras actividades de la entidad en materia de previsión para la jubilación. Los FPE que proporcionen PEPP también deben cumplir, en todo momento, las normas pertinentes fijadas en la Directiva (UE) 2016/2341, incluidas las normas de inversión más detalladas determinadas por los Estados miembros en los que estén registrados o autorizados de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2341 al transponer dicha Directiva, y las disposiciones de su sistema de gobierno. Al igual que otros promotores de PEPP, cuando el presente Reglamento establezca disposiciones más estrictas, estas deben aplicarse.

(28)

El pasaporte único para los PEPP garantizará la creación de un mercado interior para estos productos.

(29)

Los promotores de PEPP deben poder distribuir PEPP que hayan producido y PEPP que no hayan producido, siempre que se ajusten al Derecho sectorial correspondiente. Los distribuidores de PEPP deben estar autorizados a distribuir PEPP que no hayan producido. Los distribuidores de PEPP deben distribuir solo aquellos productos para los cuales posean los conocimientos y la competencia adecuados de conformidad con el Derecho sectorial correspondiente.

(30)

Los promotores de PEPP o los distribuidores de PEPP deben facilitar asesoramiento a los posibles ahorradores en PEPP antes de la celebración del contrato de PEPP teniendo en cuenta el carácter de jubilación a largo plazo del producto, las exigencias y las necesidades individuales del ahorrador en PEPP y la limitada posibilidad de rescate. El asesoramiento debe tener por objeto especialmente informar a los ahorradores en PEPP acerca de las características de las opciones de inversión, el nivel de protección del capital y las formas de las prestaciones.

(31)

En virtud de la libre prestación de servicios o la libertad de establecimiento, los promotores de PEPP pueden ofrecer PEPP y los distribuidores de PEPP pueden distribuirlos en el territorio de un Estado miembro de acogida, previa apertura de una subcuenta para dicho Estado miembro de acogida. A fin de garantizar una alta calidad del servicio y una protección eficaz del consumidor, los Estados miembros de origen y de acogida deben cooperar estrechamente en el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Reglamento. En los casos en que los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP ejerzan su actividad en distintos Estados miembros en virtud de la libre prestación de servicios, las autoridades competentes del Estado miembro de origen deben ser responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, en razón de sus vínculos más estrechos con el promotor de PEPP. A fin de garantizar un reparto equitativo de las responsabilidades entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida obtengan conocimiento de cualquier infracción de las obligaciones que se haya producido en su territorio, deben informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, las cuales deben estar entonces obligadas a tomar las medidas adecuadas. Además, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deben tener derecho a intervenir si las autoridades competentes del Estado miembro de origen no toman las medidas adecuadas o si estas resultan insuficientes.

(32)

Las autoridades competentes de los Estados miembros deben tener a su disposición todos los medios necesarios para velar por el ejercicio ordenado de la actividad por parte de los promotores de PEPP y distribuidores de PEPP en toda la Unión, ya sea al amparo de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios. A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, todas las medidas adoptadas por las autoridades competentes deben ser proporcionadas a la naturaleza, la escala y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del promotor o distribuidor concreto.

(33)

La dimensión paneuropea de los PEPP puede desarrollarse no solo a nivel del promotor, a través de sus posibilidades de actividad transfronteriza, sino también a nivel del ahorrador en PEPP, a través de la portabilidad de los PEPP y el servicio de cambio de promotor, contribuyendo así a la salvaguardia de los derechos de pensión individuales de las personas que ejerza en su derecho a la libre circulación con arreglo a los artículos 21 y 45 del TFUE. La portabilidad implica que el ahorrador en PEPP cambia su residencia a otro Estado miembro sin cambiar de promotor de PEPP, mientras que el cambio de promotor de PEPP no implica necesariamente un cambio de residencia.

(34)

Los PEPP deben incluir subcuentas nacionales, teniendo cada una de ellas características del producto de pensiones individuales que permitan que las aportaciones al PEPP o las prestaciones puedan beneficiarse de incentivos, si estos están disponibles en los Estados miembros para los cuales el promotor de PEPP pone a disposición una subcuenta. Deben utilizarse las subcuentas para mantener un registro de las aportaciones hechas durante la fase de acumulación y las prestaciones efectuadas durante la fase de disposición con arreglo al Derecho del Estado miembro para el que se haya abierto la subcuenta. A nivel del ahorrador en PEPP de que se trate, se debe crear una primera subcuenta en el momento de la celebración de un contrato de PEPP.

(35)

A fin de lograr una transición fluida para los promotores de PEPP, la obligación de ofrecer PEPP que consten de subcuentas para dos Estados miembros como mínimo debe aplicarse en un plazo de tres años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento. En el momento de la creación de un PEPP, el promotor de PEPP debe informar de qué subcuentas nacionales están disponibles inmediatamente, con el fin de evitar que se induzca a error a los ahorradores en PEPP. Si un ahorrador en PEPP se traslada a otro Estado miembro y no hay ninguna subcuenta disponible para ese Estado miembro, el promotor de PEPP debe posibilitar que el ahorrador en PEPP pueda cambiar sin demora y gratuitamente a otro promotor de PEPP que proporcione una subcuenta para ese Estado miembro. El ahorrador en PEPP también podría seguir contribuyendo a la subcuenta en la que se realizaron las aportaciones antes del cambio de residencia.

(36)

Teniendo en cuenta la naturaleza de jubilación a largo plazo del PEPP y las cargas burocráticas que implica, los promotores de PEPP y distribuidores de PEPP deben ofrecer información clara, fácilmente comprensible y adecuada a los posibles ahorradores en PEPP que deseen invertir en estos productos y a sus posibles beneficiarios, con el fin de ayudarles a tomar decisiones acerca de su jubilación. Por la misma razón, los promotores de PEPP y distribuidores de PEPP también deben garantizar un elevado nivel de transparencia a lo largo de las distintas fases de un PEPP, entre ellas, la fase precontractual, la celebración del contrato, la fase de acumulación (incluida la jubilación anticipada) y la fase de disposición. En particular, debe proporcionarse información sobre los derechos de jubilación devengados, el nivel previsto de las prestaciones del PEPP, los riesgos y garantías, la integración de factores ASG y los costes. Cuando los niveles previstos de las prestaciones del PEPP se basen en escenarios de carácter económico, esa información debe incluir también un escenario favorable y un escenario desfavorable, que deben ser extremos pero realistas.

(37)

Antes de celebrar un contrato de PEPP, los posibles ahorradores en PEPP deben recibir toda la información necesaria para que puedan tomar decisiones informadas. Antes de celebrar un contrato de PEPP, deben precisarse las exigencias y necesidades relativas a las pensiones, y debe facilitarse asesoramiento.

(38)

A fin de garantizar la máxima transparencia del producto, los promotores de PEPP deben elaborar un documento de datos fundamentales relativo a los PEPP ofrecidos antes de que dichos PEPP puedan ser distribuidos a los ahorradores en PEPP. También deben ser responsables de la exactitud de dicho documento. El documento de datos fundamentales del PEPP debe sustituir y adaptar el documento de datos fundamentales relativo a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que, en consecuencia, no necesitaría facilitarse en el caso de los PEPP. Debe elaborarse un documento de datos fundamentales independiente para el PEPP básico. Si el promotor de PEPP ofrece opciones de inversión alternativas, también debe facilitarse un documento de datos fundamentales genérico para estas opciones, que podría contener también referencias a otros documentos. Por otra parte, cuando la información requerida sobre las opciones alternativas de inversión no pueda incluirse en un documento de datos fundamentales independiente, debe facilitarse un documento de datos fundamentales independiente para cada opción de inversión alternativa. No obstante, debe hacerse solo en caso de que la presentación de un documento de datos fundamentales genérico para las opciones de inversión alternativas no redunde en interés de los clientes de PEPP. Por consiguiente, cuando las autoridades competentes examinen si el documento de datos fundamentales del PEPP cumple lo dispuesto en el presente Reglamento, deben garantizar una comparabilidad óptima de las diferentes opciones de inversión, cuando proceda, teniendo en cuenta en especial los conocimientos actualizados del análisis de comportamiento a fin de evitar cualquier sesgo cognitivo causado por la presentación de la información.

(39)

A fin de garantizar una amplia difusión y disponibilidad de los documentos de datos fundamentales de los PEPP, el presente Reglamento debe disponer que el promotor de un PEPP publique los documentos de datos fundamentales del producto en su sitio web. El promotor de PEPP debe publicar un documento de datos fundamentales para cada Estado miembro en el que se distribuya el PEPP con arreglo a la libre prestación de servicios o de establecimiento. El documento debe contener información específica sobre las condiciones relativas a las fases de acumulación y de disposición para el Estado miembro de que se trate.

(40)

A nivel nacional ya se están elaborando calculadoras de productos de pensiones individuales. Sin embargo, a fin de que estas calculadoras sean lo más útiles posible para los consumidores, deben abarcar los gastos y comisiones percibidos por los diferentes promotores de PEPP, junto con cualesquiera otros gastos y comisiones percibidos por intermediarios u otras partes de la cadena de inversión que aún no hayan sido incluidos por dichos promotores.

(41)

Los pormenores de la información que debe incluirse en el documento de datos fundamentales de los PEPP y la presentación de esta información deben armonizarse aún más mediante normas técnicas de regulación teniendo en cuenta los estudios ya existentes y los que se están realizando sobre el comportamiento de los consumidores, incluidos los resultados de pruebas efectuadas entre los consumidores para comprobar la eficacia de diferentes modalidades de presentación de la información. Se debe facultar a la Comisión para adoptar proyectos de normas técnicas de regulación. La AESPJ debe elaborar tales proyectos de normas técnicas de regulación previa consulta con las demás autoridades europeas de supervisión (AES), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) establecida mediante el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) establecida mediante el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y, en su caso, también con el Banco Central Europeo y las autoridades competentes, y previas pruebas entre los consumidores y la industria según se dispone en el presente Reglamento, y debe especificar los detalles y presentación de la información que debe incluirse en el documento de datos fundamentales relativo a los PEPP; las condiciones para la revisión del documento de datos fundamentales; las condiciones para cumplir los requisitos para proporcionar el documento de datos fundamentales relativo a los PEPP; las normas para determinar los supuestos sobre proyecciones de beneficios; los detalles de la presentación de la información que debe contener la declaración de las prestaciones del PEPP; y los criterios mínimos que las técnicas de reducción del riesgo deben satisfacer. Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la AESPJ debe tener en cuenta los diversos tipos posibles de PEPP, el carácter a largo plazo de los PEPP, las capacidades de los ahorradores en PEPP y las características de los PEPP. Antes de presentar a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación, deben llevarse a cabo pruebas entre los consumidores y la industria con datos reales, si procede. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1094/2010. Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución desarrolladas por la AESPJ relativas a los detalles para la cooperación y el intercambio de información junto con los requisitos necesarios para presentar la información en un formato normalizado que permita la comparación y, previa consulta con las demás AES y las autoridades competentes y tras llevar a cabo pruebas en la industria, y relativas el formato de la información presentada a efectos de supervisión mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1094/2010.

(42)

El documento de datos fundamentales relativo a los PEPP ha de poder distinguirse claramente y estar separado de cualquier material comercial.

(43)

Los promotores de PEPP deben elaborar una declaración de las prestaciones de pensión destinada a los ahorradores en PEPP, con el fin de presentarles datos fundamentales de carácter personal y genérico sobre el PEPP y de garantizar información permanente sobre él. La declaración de las prestaciones de pensión debe ser clara y comprensible y contener información pertinente y adecuada para facilitar la comprensión de los derechos de pensión a lo largo del tiempo y la comparación entre los distintos productos de pensiones y para favorecer la movilidad laboral. La declaración de las prestaciones de pensión debe incluir asimismo información clave sobre la política de inversión en relación con los factores ASG y debe indicar si y de qué manera los ahorradores en PEPP pueden obtener información adicional sobre la integración de dichos factores. La declaración de las prestaciones de pensión debe proporcionarse al ahorrador en PEPP una vez al año.

(44)

Los promotores de PEPP deben informar a los ahorradores dos meses antes de la fecha en que los ahorradores en PEPP tengan la posibilidad de modificar sus opciones de percepción de la pensión acerca del próximo inicio de la fase de disposición, de las posibles formas de las prestaciones y de la posibilidad de modificar la forma de las prestaciones. En caso de que se haya abierto más de una subcuenta, el ahorrador en PEPP debe ser informado del posible inicio de la fase de disposición para cada subcuenta.

(45)

Durante la fase de disposición de las prestaciones de jubilación, los beneficiarios de PEPP deben seguir recibiendo información sobre sus prestaciones de PEPP y las opciones de pago correspondientes. Esto es especialmente importante cuando los beneficiarios de PEPP asumen un nivel significativo del riesgo de inversión en esta fase.

(46)

Con objeto de proteger adecuadamente los derechos de los beneficiarios de PEPP y los ahorradores en estos productos, los promotores de PEPP han de optar por una inversión de los activos coherente con las características concretas y la duración de sus compromisos, incluidos aquellos con un horizonte a largo plazo. Por lo tanto, se requiere una supervisión eficaz, así como un enfoque de las normas de inversión que dote a los promotores de PEPP de la suficiente flexibilidad para decidir la política de inversión más segura y eficiente, al tiempo que les obligue a actuar con prudencia y defendiendo al máximo los intereses a largo plazo de los ahorradores en PEPP en su conjunto. Así, el respeto de la «regla de la persona prudente» exige una política de inversión adaptada a la estructura de la clientela de los distintos promotores de PEPP.

(47)

Con el establecimiento de la «regla de la persona prudente» como principio sustentador en materia de inversiones de capital y la posibilidad de que los promotores de PEPP lleven a cabo actividades transfronterizas se potenciará la reorientación del ahorro hacia el sector de la previsión individual para la jubilación, contribuyéndose así al progreso económico y social. La «regla de la persona prudente» también debe tener en cuenta explícitamente el papel que desempeñan los factores ASG en el proceso de inversión.

(48)

El presente Reglamento debe garantizar un grado adecuado de libertad de inversión para los promotores de PEPP. Dado el carácter de inversores a muy largo plazo con bajo riesgo de falta de liquidez, los promotores de PEPP se encuentran en situación idónea para contribuir al desarrollo de la UMC invirtiendo dentro de unos límites prudentes en activos poco líquidos como las acciones y en otros instrumentos que tengan un perfil económico a largo plazo y que no se negocien en mercados regulados, en sistemas multilaterales de negociación (SMN) o en sistemas organizados de contratación (SOC). Pueden igualmente beneficiarse de las ventajas de la diversificación internacional. Por consiguiente, no deben restringirse, salvo por motivos prudenciales, las inversiones en acciones en monedas distintas de aquellas en las que se denominen los compromisos y en otros instrumentos que tengan un perfil económico a largo plazo y que no se negocien en mercados regulados, SMN o SOC, en consonancia con la «regla de la persona prudente», a fin de proteger los intereses de los ahorradores y beneficiarios de los PEPP.

(49)

En el contexto de la profundización de la UMC, el concepto de instrumentos con un perfil económico a largo plazo es amplio. Dichos instrumentos son valores no negociables, por lo que no tienen acceso a la liquidez de los mercados secundarios. Con frecuencia requieren compromisos de duración determinada que restringen su comerciabilidad y debe entenderse que incluyen las participaciones y los instrumentos de deuda en empresas no cotizadas y los préstamos otorgados a estas. Las empresas no cotizadas incluyen proyectos de infraestructura, empresas no cotizadas que aspiran a expandirse y bienes inmuebles u otros activos que podrían ser adecuados a efectos de inversión a largo plazo. Los proyectos de infraestructuras con bajas emisiones de carbono y resistentes al cambio climático constituyen a menudo activos no cotizados que recurren a créditos a largo plazo para su financiación. Habida cuenta de la naturaleza a largo plazo de sus pasivos, se alienta a los promotores de PEPP a que asignen una parte suficiente de su cartera de activos a inversiones sostenibles en la economía real con beneficios económicos a largo plazo, en particular para proyectos y sociedades de infraestructuras.

(50)

Los factores ASG son importantes para la política de inversiones y los sistemas de gestión del riesgo de los promotores de PEPP. Debe incitarse a los promotores de PEPP a que tomen en consideración tales factores en sus decisiones de inversión y la manera en que forman parte de su sistema de gestión de riesgos a fin de evitar «activos irrecuperables». La información sobre los factores ASG debe estar a disposición de la AESPJ, las autoridades competentes y los ahorradores en PEPP.

(51)

Uno de los objetivos de la regulación de los PEPP es crear un producto de ahorro a largo plazo para la jubilación que sea seguro y asequible. Dado que las inversiones relativas a los productos de pensiones individuales son a largo plazo, debe prestarse especial atención a las consecuencias a largo plazo de la colocación de activos. En particular, deben tenerse en cuenta los factores ASG. Los ahorros en PEPP deben invertirse teniendo en cuenta factores ASG tales como los descritos en los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la Unión como se establece en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.

(52)

A fin de garantizar el cumplimiento de su obligación de elaborar una política de inversión acorde con la «regla de la persona prudente», debe impedirse a los promotores de PEPP que inviertan en los países y territorios no cooperadores indicados en las conclusiones del Consejo aplicables en relación con la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, ni en terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas indicados en el Reglamento Delegado de la Comisión adoptado sobre la base del artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(53)

Teniendo en cuenta el objetivo de jubilación a largo plazo del PEPP, se deben acotar las opciones de inversión concedidas a los ahorradores en PEPP, de forma que abarquen los elementos que permitan a los inversores tomar una decisión de inversión, incluido el número de opciones de inversión de que dispongan. Después de la elección inicial realizada a raíz de la suscripción de un PEPP, el ahorrador que invierta en un PEPP debe tener la posibilidad de modificar esa elección después de un período mínimo de cinco años desde la suscripción de un PEPP o, en caso de modificación posterior, desde la modificación más reciente de la opción de inversión, de modo que se ofrezca a los promotores la suficiente estabilidad para su estrategia de inversión a largo plazo, garantizando al mismo tiempo la protección de los inversores. Sin embargo, los promotores de PEPP deben tener la posibilidad de permitir que los ahorradores en PEPP modifiquen la opción de inversión elegida con mayor frecuencia.

(54)

El PEPP básico debe ser un producto seguro y funcionar como opción de inversión por defecto. Puede adoptar la forma de una técnica de reducción del riesgo compatible con el objetivo de permitir que el ahorrador en PEPP recupere el capital o una garantía sobre el capital invertido. Una técnica de reducción del riesgo compatible con el objetivo de permitir que el ahorrador en PEPP recupere el capital puede ser una estrategia de inversión conservadora o una estrategia basada en el ciclo de vida que reduzca progresivamente la exposición global al riesgo con el paso del tiempo. Las garantías facilitadas dentro de la opción de inversión por defecto deben cubrir, por lo menos, las aportaciones durante la fase de acumulación, previa deducción de todas las comisiones y gastos. Las garantías también pueden cubrir las comisiones y gastos y prever una cobertura total o parcial de la inflación. Debe presentarse una garantía sobre el capital invertido al iniciarse la fase de disposición y durante dicha fase, cuando proceda.

(55)

A fin de garantizar la rentabilidad y un rendimiento suficiente a los ahorradores en PEPP, los gastos y comisiones del PEPP básico deben limitarse a un porcentaje fijo del capital acumulado. Si bien el límite debe fijarse en el 1 % del capital acumulado, sería conveniente especificar en mayor medida los tipos de gastos y comisiones que deben tenerse en cuenta en las normas técnicas de regulación, con objeto de garantizar la igualdad de condiciones entre los distintos promotores de PEPP y los distintos tipos de PEPP con sus estructuras particulares de gastos y comisiones. La Comisión debe estar facultada para adoptar dichas normas técnicas de regulación que debe elaborar la AESPJ. Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la AESPJ debe considerar, en particular, la naturaleza a largo plazo del PEPP, los diferentes tipos de PEPP y los factores pertinentes para los costes vinculados con sus características específicas, de modo que se garantice un trato justo y equitativo de los diferentes promotores de PEPP y sus productos teniendo en cuenta al mismo tiempo el carácter del PEPP básico como un producto sencillo, eficiente en costes y transparente que ofrece un rendimiento de inversión real a largo plazo y suficiente. Asimismo, con el fin de preservar el carácter de jubilación a largo plazo del producto, debe evaluarse cuidadosamente la forma de las prestaciones, en especial por lo que respecta a las rentas vitalicias. Dentro de ese marco, a fin de garantizar que los promotores de PEPP que ofrecen una garantía de capital gozan de igualdad de oportunidades con otros proveedores, la AESPJ debe tener debidamente en cuenta la estructura de los gastos y comisiones. Por otra parte, los valores porcentuales de los gastos y comisiones deben revisarse periódicamente con miras a garantizar que sigan siendo adecuados teniendo en cuenta los posibles cambios en el nivel de los costes. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1094/2010.

A fin de garantizar una eficiencia continua en términos de costes y de proteger a los clientes de PEPP frente a estructuras de costes excesivamente gravosas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación del valor porcentual, teniendo en cuenta sus revisiones, en especial el nivel real y los cambios en el nivel real de los gastos y comisiones y las repercusiones del límite de costes sobre la disponibilidad de PEPP, así como el adecuado acceso al mercado de los distintos promotores de PEPP que ofrezcan distintos tipos de PEPP.

(56)

Las autoridades competentes deben ejercer sus facultades teniendo como objetivos principales la protección de los derechos de los ahorradores en PEPP y sus beneficiarios, así como la estabilidad y la solvencia de los promotores de PEPP.

(57)

En caso de que el promotor de PEPP sea un FPE o un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) de la Unión, debe designar a un depositario para la custodia de los activos correspondientes al sector de la prestación de PEPP. Son necesarias salvaguardias adicionales en relación con la entidad que actúa como depositario y sus funciones pues, en la actualidad, las normas definidas en relación con el depositario en la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) van dirigidas a los fondos comercializados únicamente entre inversores profesionales, a excepción de los fondos de inversión a largo plazo con arreglo al Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), comercializados entre inversores minoristas, y el Derecho sectorial aplicable a los FPE no exige la designación de un depositario en todos los casos. A fin de garantizar el máximo nivel de protección de los inversores en relación con la custodia de los activos correspondientes al sector de la prestación de PEPP, el presente Reglamento exige que los FPE y los GFIA de la Unión que ofrezcan PEPP sigan las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) en lo relativo a la designación del depositario, a la ejecución de sus tareas y a sus obligaciones de supervisión.

(58)

La transparencia y la equidad de los gastos y comisiones son esenciales para desarrollar la confianza de los ahorradores en PEPP y para que puedan tomar decisiones informadas. En consecuencia, se debe prohibir el uso de métodos de fijación de precios carentes de transparencia.

(59)

A fin de cumplir los objetivos establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la indicación de las condiciones aplicadas al ejercicio de los poderes de intervención de la AESPJ y de las autoridades competentes y los criterios y factores que la AESPJ deba aplicar para determinar cuándo existen problemas significativos de protección de los ahorradores en PEPP. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (13). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(60)

Sin perjuicio del derecho de los clientes de los PEPP a emprender acciones ante los tribunales, entre los promotores de PEPP o distribuidores de PEPP y los clientes de PEPP deben establecerse procedimientos de resolución alternativa de litigios fácilmente accesibles, adecuados, independientes, imparciales, transparentes y efectivos para resolver los litigios que se deriven de los derechos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento.

(61)

Con vistas a la implantación de un procedimiento de resolución de litigios eficiente y eficaz, los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP deben establecer un procedimiento eficaz de reclamación al que puedan recurrir sus clientes antes de que el litigio se someta a un procedimiento de resolución alternativa de litigios o a la vía judicial. El procedimiento de reclamación debe prever plazos breves y claros dentro de los cuales el promotor de PEPP o el distribuidor de PEPP debe responder a una reclamación. Las entidades de resolución alternativa de litigios deben tener capacidad suficiente para iniciar una cooperación transfronteriza de forma adecuada y eficiente en relación con los litigios relativos a los derechos y obligaciones que se derivan del presente Reglamento.

(62)

A fin de obtener mejores condiciones para sus inversiones, y por ende estimular la competencia entre los promotores de PEPP, los ahorradores en PEPP deben tener derecho a cambiar de promotor de PEPP en el mismo u otro Estado miembro durante la fase de acumulación, mediante un procedimiento claro, rápido y seguro. Ahora bien, los promotores de PEPP no deben estar obligados a prestar el servicio de cambio de promotor para PEPP cuando los ahorradores reciban prestaciones en forma de renta vitalicia. Durante el cambio, el promotor de PEPP transmisor debe transferir los importes correspondientes o, cuando proceda, los activos en especie de la cuenta de PEPP y cerrarla. El ahorrador en PEPP debe celebrar un contrato con el promotor de PEPP receptor para la apertura de una nueva cuenta de PEPP. La nueva cuenta de PEPP debe tener la misma estructura de subcuentas que la anterior cuenta de PEPP.

(63)

Durante el servicio de cambio de promotor, los ahorradores en PEPP pueden optar por la transferencia de activos en especie solo cuando el cambio se realice entre promotores de PEPP, como, por ejemplo, entre empresas de servicios de inversión u otros promotores admisibles que posean una licencia adicional, que participen en la gestión de carteras para ahorradores en PEPP. En tal caso, es necesario el consentimiento por escrito del promotor receptor. En el caso de la gestión de inversiones colectivas, el traslado de activos en especie no es posible pues no existe separación de activos para cada ahorrador en PEPP.

(64)

El proceso de cambio de promotor ha de ser sencillo para los ahorradores en PEPP. En consecuencia, el promotor de PEPP receptor debe ser el encargado de iniciar y gestionar el proceso en nombre del ahorrador y a petición de este. Los promotores de PEPP deben poder utilizar medios adicionales, como por ejemplo una solución técnica, con carácter voluntario, cuando establezcan el servicio de cambio de promotor. Teniendo en cuenta el carácter paneuropeo del producto, los ahorradores en PEPP deben poder cambiar de promotor sin demora y gratuitamente cuando no esté disponible una subcuenta en el Estado miembro al que se desplacen.

(65)

Antes de dar autorización para el cambio de promotor, el ahorrador en PEPP debe ser informado de todas las fases del proceso y de los costes necesarios para efectuarlo, de manera que pueda tomar una decisión informada sobre el servicio de cambio de promotor.

(66)

A fin de que el cambio de promotor culmine con éxito, se precisa la cooperación del promotor de PEPP transmisor. Por lo tanto, el promotor de PEPP receptor debe recibir del promotor de PEPP transmisor toda la información que considere necesaria para restablecer los pagos en la otra cuenta de PEPP. No obstante, dicha información no debe ir más allá de lo necesario para proceder al cambio.

(67)

Los ahorradores en PEPP no deben estar expuestos a pérdidas financieras, incluidos gastos e intereses de demora, por errores cometidos por alguno de los promotores de PEPP implicados en el proceso de cambio de promotor. En particular, los ahorradores en PEPP no deben afrontar ninguna pérdida financiera derivada del pago de comisiones, intereses u otros gastos adicionales, así como multas, sanciones u otro tipo de perjuicio financiero atribuible al retraso en la ejecución del cambio de promotor. Dado que la protección del capital debe garantizarse al iniciarse la fase de disposición y durante dicha fase, cuando proceda, el promotor de PEPP transmisor no debe estar obligado a garantizar la protección del capital ni ofrecer la garantía en el momento del cambio de promotor. El promotor de PEPP también puede decidir garantizar la protección del capital o prestar la garantía en el momento del cambio de promotor.

(68)

Los ahorradores en PEPP deben tener la posibilidad de tomar una decisión informada antes de proceder al cambio de promotor. El promotor de PEPP receptor debe cumplir todos los requisitos de distribución e información, incluida la puesta a disposición del documento de datos fundamentales, asesoramiento e información adecuada en relación con los costes relativos al cambio y las posibles repercusiones negativas para la protección del capital cuando se traslada un PEPP con una garantía. Los costes de cambio que aplique el promotor de PEPP transmisor deben mantenerse en un importe que no constituya un obstáculo a la movilidad y, en cualquier caso, limitarse al 0,5 % de los importes correspondientes o el valor monetario de los activos en especie que deban trasladarse.

(69)

Tras suscribir un PEPP y al abrir una nueva subcuenta, se debe brindar a sus ahorradores la posibilidad de decidir la opción de percepción de la pensión (renta, cantidad fija única u otra opción) en la fase de disposición, pero con la posibilidad de revisar su elección un año antes del inicio de la fase de disposición, al inicio de la fase de disposición y en el momento del cambio de promotor, a fin de poder adaptarla mejor a sus necesidades cuando se aproxime su jubilación. Si el proveedor de PEPP ofrece más de una forma de percepción, el ahorrador en PEPP debe poder optar por una opción distinta de percepción de la pensión para cada subcuenta abierta en su cuenta de PEPP.

(70)

Conviene permitir a los promotores de PEPP que pongan a disposición de los ahorradores en PEPP una amplia gama de formas de percepción de las pensiones. Ese enfoque permitiría alcanzar el objetivo de incrementar la suscripción de PEPP al aumentar la flexibilidad y las posibilidades de elección de sus ahorradores. De esta forma, los promotores podrían diseñar sus PEPP de la forma más rentable posible. Es coherente con otras políticas de la Unión y políticamente viable, ya que ofrece a los Estados miembros la flexibilidad suficiente para decidir qué formas de percepción desean fomentar. En consonancia con la naturaleza de jubilación a largo plazo del producto, los Estados miembros deben poder adoptar medidas para dar prioridad a determinadas formas de percepción tales como límites cuantitativos para las cantidades fijas únicas a fin de fomentar las rentas vitalicias y las retiradas de forma arbitraria y en efectivo de las prestaciones.

(71)

Visto el carácter paneuropeo del PEPP, es necesario garantizar un nivel elevado y constante de protección de los ahorradores en PEPP en todo el mercado interior. Ello exige los instrumentos adecuados para luchar eficazmente contra las infracciones y prevenir el perjuicio para los consumidores. Por tanto, los poderes de la AESPJ y de las autoridades competentes deben completarse con un mecanismo explícito que prohíba o restrinja la comercialización, distribución y venta de PEPP que comprometan seriamente la protección del ahorrador en PEPP, también con respecto a la naturaleza de jubilación a largo plazo del producto, el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros, o la estabilidad de la totalidad o parte del sistema financiero, junto con poderes de coordinación e intervención adecuados para la AESPJ.

Las facultades de la AESPJ deben basarse en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 a fin de garantizar que puedan aplicarse tales mecanismos de intervención en caso de que existan problemas significativos de protección de los ahorradores en PEPP, también con respecto a la naturaleza de jubilación a largo plazo del PEPP. Cuando se cumplan las condiciones, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de imponer una prohibición o restricción con carácter preventivo antes de que un PEPP se comercialice, distribuya o venda a ahorradores en PEPP. Estas facultades no eximen al promotor de PEPP de su obligación de cumplir todos los requisitos pertinentes en virtud del presente Reglamento.

(72)

Se debe garantizar la plena transparencia de los gastos y comisiones relativos a la inversión en un PEPP. Se debe garantizar la igualdad de condiciones de competencia entre los promotores, velando al mismo tiempo por la protección de los consumidores. Debe estar disponible información comparativa entre los distintos productos, fomentando así la fijación de precios competitivos.

(73)

Aunque las respectivas autoridades competentes se han de encargar de la supervisión permanente de los promotores de PEPP, la AESPJ debe coordinar la supervisión de los PEPP, con el fin de garantizar la aplicación coherente de un método de supervisión unificado, contribuyendo así al carácter paneuropeo y de jubilación a largo plazo del PEPP.

(74)

Con el fin de reforzar los derechos de los consumidores y facilitar el acceso a los procedimientos de reclamación, los ahorradores en PEPP deben poder presentar una reclamación, ya sea individual o colectivamente, a las autoridades competentes de su Estado miembro de residencia, independientemente del lugar en que se haya producido la infracción.

(75)

La AESPJ debe cooperar con las autoridades competentes y facilitar la cooperación y la coherencia entre ellas. A este respecto, la AESPJ debe desempeñar una función en relación con la facultad de las autoridades competentes de adoptar medidas de supervisión mediante la aportación de elementos de prueba en relación con las infracciones relativas a los PEPP. La AESPJ también debe ofrecer mediación vinculante en caso de desacuerdo entre las autoridades competentes en contextos transfronterizos.

(76)

A fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP y de velar por que sean objeto de un trato similar en toda la Unión, se deben arbitrar sanciones administrativas y otras medidas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(77)

De acuerdo con la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», y con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el presente Reglamento, es importante que los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para que las infracciones del mismo sean objeto de las adecuadas sanciones y otras medidas de carácter administrativo.

(78)

Aunque los Estados miembros pueden establecer, respecto de las mismas infracciones, un régimen de sanciones administrativas y penales, no debe exigírseles que establezcan un régimen de sanciones administrativas para las infracciones del presente Reglamento sancionadas por el Derecho penal nacional. No obstante, el mantenimiento de sanciones penales, en lugar de sanciones administrativas, para las infracciones del presente Reglamento no debe reducir ni afectar de otro modo a la capacidad de las autoridades competentes para cooperar, acceder a la información e intercambiarla en tiempo oportuno con las autoridades competentes de otros Estados miembros a efectos del presente Reglamento, en particular cuando las infracciones pertinentes se hayan puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para su enjuiciamiento penal.

(79)

Las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones pecuniarias suficientemente elevadas como para que contrarresten los beneficios reales o potenciales, y resulten disuasorias incluso para las grandes empresas financieras y sus directivos.

(80)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de las sanciones en la Unión, las autoridades competentes deben tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes a la hora de determinar el tipo de las sanciones administrativas u otras medidas y el nivel de las sanciones pecuniarias.

(81)

Con el fin de garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades competentes en relación con las infracciones y las sanciones tengan un efecto disuasorio sobre el público en general y de reforzar la protección de los consumidores alertándolos de los PEPP distribuidos en infracción del presente Reglamento, dichas decisiones deben publicarse a menos que tal publicación comprometa la estabilidad de los mercados financieros o alguna investigación en curso.

(82)

Con objeto de detectar posibles infracciones, las autoridades competentes deben estar dotadas de las necesarias facultades de investigación y deben establecer mecanismos efectivos que permitan denunciar las infracciones reales o potenciales.

(83)

El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las posibles disposiciones del Derecho de los Estados miembros en materia de delitos penales.

(84)

Todo tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente Reglamento, por ejemplo el intercambio o la transmisión de datos personales por las autoridades competentes o el tratamiento de datos personales por los promotores de PEPP o distribuidores de PEPP, debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15). Todo intercambio o transmisión de información por las Autoridades Europeas de Supervisión debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(85)

Dado el carácter sensible de los datos financieros personales, es sumamente importante garantizar una protección de datos rigurosa. Por ello, se recomienda que las autoridades de protección de datos participen activamente en la aplicación y supervisión del presente Reglamento.

(86)

El procedimiento de registro y notificación previsto en el presente Reglamento no debe sustituir a ningún procedimiento nacional adicional en vigor para tener la posibilidad de beneficiarse de las ventajas y los incentivos decididos en el ámbito nacional.

(87)

Se ha de llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento, analizando, entre otras cosas, la evolución del mercado, como, por ejemplo, la aparición de nuevos tipos de PEPP, así como los cambios habidos en otros ámbitos del Derecho de la Unión y la experiencia de los Estados miembros. Dicha evaluación debe tener en cuenta los diferentes objetivos y finalidades de establecer un mercado de PEPP que funcione adecuadamente y, en particular, debe evaluar si el presente Reglamento ha generado un mayor número de ciudadanos europeos que ahorran para el disfrute de pensiones sostenibles y adecuadas. La importancia de unas normas europeas mínimas para la supervisión de los promotores de PEPP también implica la evaluación de los promotores de PEPP en cuanto al cumplimiento del presente Reglamento y el Derecho sectorial aplicable.

(88)

Dadas las posibles implicaciones a largo plazo del presente Reglamento, es esencial supervisar estrechamente cómo evoluciona la situación en la fase inicial de aplicación. Cuando lleve a cabo la evaluación, la Comisión también debe tener presente la experiencia de la AESPJ, las partes interesadas y los expertos, y presentar sus eventuales observaciones al Parlamento Europeo y al Consejo.

(89)

El presente Reglamento debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los derechos de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la propiedad, la libertad de empresa, el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de un nivel elevado de protección de los consumidores.

(90)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la mejora de la protección de los ahorradores en PEPP y de la confianza de estos en dichos productos, también en caso de distribución transfronteriza de los mismos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(1)

La Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) exige a los Estados miembros que acepten el cumplimiento, en formato electrónico, de las obligaciones de información de los buques que entren o salgan de los puertos de la Unión, y que garanticen su transmisión a través de una ventanilla única con el fin facilitar y agilizar el transporte marítimo.

(2)

El transporte marítimo es la espina dorsal del comercio y las comunicaciones dentro y fuera del mercado único. Para facilitar el transporte marítimo y con objeto de reducir la carga administrativa de las compañías de navegación, deben simplificarse y armonizarse en mayor medida los procedimientos de información necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de información impuestas a dichas compañías por los actos jurídicos de la Unión, los actos jurídicos internacionales y el Derecho nacional de los Estados miembros, procedimientos que además deben ser tecnológicamente neutros y promover soluciones para la comunicación de información que sean viables a largo plazo.

(3)

Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han hecho frecuentes llamamientos en favor de una mayor interoperabilidad y de una comunicación y unos flujos de información más exhaustivos y fácilmente manejables por los usuarios, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior y de atender a las necesidades de ciudadanos y empresas.

(4)

El principal objetivo del presente Reglamento es establecer normas armonizadas para el suministro de la información exigida en las escalas portuarias, en particular garantizando que los mismos conjuntos de datos puedan comunicarse del mismo modo a cada ventanilla única marítima nacional. Con el presente Reglamento se pretende asimismo facilitar la transmisión de información entre los declarantes, las autoridades competentes y los proveedores de servicios portuarios en el puerto de escala y otros Estados miembros. La aplicación del presente Reglamento no debe alterar los plazos ni la esencia de las obligaciones de información, ni afectar al almacenamiento y tratamiento posteriores de la información a nivel de la Unión o nacional.

(5)

La ventanilla única marítima nacional existente en cada Estado miembro debe mantenerse como base para un entorno europeo de ventanilla única marítima (en adelante, «EMSWe», por sus siglas en inglés) que sea tecnológicamente neutro e interoperable. La ventanilla única marítima nacional debe constituir un punto general de entrada de información para los operadores de transporte marítimo, a partir del cual se realicen las funciones de recogida de datos de los declarantes y su transmisión a todas las autoridades competentes pertinentes y a los proveedores de servicios portuarios.

(6)

A fin de aumentar la eficiencia de las ventanillas únicas marítimas nacionales y de preparar su evolución futura, debe ser posible mantener las disposiciones ya existentes en los Estados miembros que permiten utilizar dichas ventanillas para la comunicación de información similar en relación con otros modos de transporte, o establecer nuevas disposiciones a tal efecto.

(7)

Con objeto de facilitar la presentación de información y reducir la carga administrativa, procede armonizar a nivel de la Unión las interfaces frontales de estas ventanillas únicas marítimas nacionales en lo que respecta a los declarantes. Para hacer realidad esta armonización es preciso aplicar en cada ventanilla única marítima nacional una aplicación informática común de interfaz, desarrollado a nivel de la Unión, para el intercambio de información de sistema a sistema. Procede que sean los Estados miembros los que se encarguen de integrar y gestionar el módulo de interfaz, así como de actualizar la aplicación informática de forma periódica y oportuna, cuando la Comisión proporcione nuevas versiones. Es conveniente que la Comisión desarrolle dicho módulo y proporcione actualizaciones cuando sea necesario, dada la rapidez con la que está evolucionando el desarrollo de las tecnologías digitales y dado que cualquier solución tecnológica podría quedar rápidamente anticuada debido a los nuevos avances.

(8)

Se podrían mantener, como puntos optativos de acceso para la comunicación de información, con capacidad para actuar como proveedores de servicios de datos, otros cauces de información proporcionados por los Estados miembros y los proveedores de servicios, como las plataformas de intercambio de información entre la comunidad portuaria conocidas como «Port Community Systems».

(9)

Con el fin de no imponer una carga administrativa desproporcionada a los Estados miembros sin litoral que no disponen de puertos marítimos, dichos Estados miembros deben quedar exentos de la obligación de desarrollar, establecer, gestionar y poner a disposición de los usuarios una ventanilla única marítima nacional. Esto significa que dichos Estados miembros no deben quedar obligados, mientras se acojan a esta exención, a cumplir las obligaciones relacionadas con el desarrollo, el establecimiento, la gestión y la puesta a disposición de los usuarios de una ventanilla única marítima nacional.

(10)

Las ventanillas únicas marítimas nacionales deben disponer de una interfaz gráfica de usuario de fácil utilización, con funcionalidades comunes, que permita a los declarantes comunicar manualmente la información. Los Estados miembros deben facilitar la interfaz gráfica de usuario para que los declarantes también introduzcan manualmente los datos mediante la carga de hojas de cálculo digitales armonizadas. Además de garantizar las funcionalidades comunes, la Comisión y los Estados miembros deben coordinar sus esfuerzos para asegurar que la experiencia de los usuarios en la utilización de dichas interfaces gráficas de usuario sea lo más similar posible.

(11)

Las nuevas tecnologías digitales emergentes ofrecen cada vez más oportunidades de aumentar la eficiencia del sector del transporte marítimo y de reducir la carga administrativa. Con objeto de disfrutar cuanto antes de las ventajas de las nuevas tecnologías, debe facultarse a la Comisión para modificar, mediante actos de ejecución, las especificaciones técnicas, las normas y los procedimientos del entorno armonizado de comunicación de información. Esto debe hacerse de manera que los operadores del mercado dispongan de flexibilidad para desarrollar nuevas tecnologías digitales; además, las nuevas tecnologías deben tenerse en cuenta al revisar el presente Reglamento.

(12)

Se debe proporcionar a los declarantes el apoyo y la información adecuados sobre los procesos y los requisitos técnicos relacionados con la utilización de la ventanilla única marítima nacional, valiéndose para ello de sitios web nacionales de fácil acceso y manejo y con una presentación y un aspecto comunes.

(13)

El Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional («Convenio FAL») (4) dispone que las autoridades públicas deben exigir en todos los casos que solo se notifique información esencial y que se reduzca al mínimo el número de elementos de datos. No obstante, las condiciones locales pueden requerir de determinada información para garantizar la seguridad de la navegación.

(14)

Para hacer posible el funcionamiento del EMSWe, debe crearse un conjunto integral de datos EMSWe que abarque todos los elementos informativos que las autoridades nacionales o los operadores portuarios pueden solicitar a efectos administrativos u operativos cuando un buque hace una escala portuaria. Al establecer ese conjunto de datos EMSWe, la Comisión debe tener en cuenta la labor realizada en este sentido a escala internacional. Dado que el alcance de las obligaciones de información varía de un Estado miembro a otro, es conveniente que la ventanilla única marítima nacional de cada Estado miembro se conciba de modo que acepte el conjunto de datos EMSWe sin ninguna modificación y descarte toda información que no resulte pertinente para ese Estado miembro.

(15)

En circunstancias excepcionales, los Estados miembros deben poder pedir a los declarantes elementos de datos adicionales. Tales circunstancias excepcionales pueden darse, por ejemplo, cuando hay una necesidad urgente de proteger el orden y la seguridad interiores o de hacer frente a una amenaza grave para la salud de las personas o los animales o para el medio ambiente. El concepto de circunstancia excepcional debe interpretarse de manera estricta.

(16)

Conviene que las obligaciones de información que se establecen en actos jurídicos de la Unión y en actos jurídicos internacionales figuren en el anexo del presente Reglamento. Dichas obligaciones de información deben servir de base para la creación del conjunto integral de datos EMSWe. Es conveniente que en el anexo se recojan también las categorías de obligaciones de información a nivel nacional y que los Estados miembros puedan solicitar a la Comisión que modifique el conjunto de datos EMSWe sobre la base de las obligaciones de información que se establezcan en su legislación y requisitos nacionales. Los actos jurídicos de la Unión que modifiquen el conjunto de datos EMSWe basándose en una obligación de información establecida en la legislación y requisitos nacionales deben remitir de forma explícita a dicha legislación y requisitos.

(17)

Siempre que la información procedente de la ventanilla única marítima nacional se transmita a las autoridades competentes, la transmisión debe ser conforme a los requisitos, formatos y códigos comunes aplicables a los datos a efectos de las obligaciones y formalidades informativas establecidas en los actos jurídicos de la Unión que se enumeran en el anexo, y debe efectuarse a través de los sistemas informáticos que se establecen en él, tales como las técnicas de tratamiento electrónico de datos a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(18)

La aplicación del presente Reglamento debe tener en cuenta los sistemas SafeSeaNet establecidos a nivel nacional y de la Unión, que han de seguir facilitando el intercambio y la transmisión a los Estados miembros de la información recibida a través de la ventanilla única marítima nacional de conformidad con la Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(19)

Los puertos no son el destino final de las mercancías. La eficiencia de las escalas portuarias de los buques repercute en toda la cadena logística relacionada con el transporte de mercancías y de pasajeros desde los puertos y hacia ellos. Con objeto de garantizar la interoperabilidad, la multimodalidad y una integración fluida del transporte marítimo en el conjunto de la cadena logística, y con el fin de facilitar otros modos de transporte, las ventanillas únicas marítimas nacionales deben prever la posibilidad de intercambiar información pertinente, como las horas de llegada y salida, con esquemas similares desarrollados para otros modos de transporte.

(20)

Para mejorar la eficiencia del transporte marítimo y limitar duplicaciones en la transmisión de la información que debe facilitarse para fines operativos cuando un buque hace una escala en un puerto, la información proporcionada por los declarantes a una ventanilla única marítima nacional también se debe compartir con otras entidades, como los operadores de puertos o de terminales, siempre que lo autorice el declarante, y habida cuenta de la necesidad de respetar la confidencialidad, la información comercial sensible y las limitaciones legales. El presente Reglamento tiene por objeto mejorar la tramitación de los datos que se notifiquen en cumplimiento de las obligaciones de información, atendiendo al principio «una sola vez».

(21)

El Reglamento (UE) n.o 952/2013 dispone que las mercancías que se introducen en el territorio aduanero de la Unión deben ser objeto de una declaración sumaria de entrada que ha de presentarse a las autoridades aduaneras por medios electrónicos. Habida cuenta de la importancia que reviste la información contenida en la declaración sumaria de entrada para la gestión de la seguridad y los riesgos financieros, se está creando actualmente un sistema electrónico específico para la presentación y gestión de las declaraciones sumarias de entrada en el territorio aduanero de la Unión. No será posible, por tanto, presentar declaraciones sumarias de entrada a través del módulo de interfaz armonizada de comunicación de información. Considerando, no obstante,que algunos de los elementos de datos presentados con la declaración sumaria de entrada son también necesarios para el cumplimiento de otras obligaciones de información aduaneras y marítimas cuando un buque efectúa una escala en un puerto de la Unión, el EMSWe debe poder procesar los elementos de datos de la declaración sumaria de entrada. Debe contemplarse también la posibilidad de obtener a partir de la ventanilla única marítima nacional la información pertinente que ya se haya facilitado en la declaración sumaria de entrada.

(22)

A fin de armonizar plenamente los requisitos de información, las autoridades aduaneras, marítimas y demás autoridades pertinentes deben cooperar entre sí a nivel nacional y de la Unión. Debe contarse con coordinadores nacionales con competencias específicas a fin de mejorar la eficacia de dicha cooperación y el funcionamiento fluido de las ventanillas únicas marítimas nacionales.

(23)

Con el fin de permitir la reutilización de la información proporcionada a través de las ventanillas únicas marítimas nacionales y de facilitar la presentación de información por el declarante, es preciso crear bases de datos comunes. Debe crearse una base de datos EMSWe de buques que contenga una lista de referencia con las características de los buques y sus exenciones en materia de información, tal como se hayan comunicado a la correspondiente ventanilla única marítima nacional. Para facilitar la presentación de información por parte de los declarantes, debe crearse una base de datos común de ubicaciones que contenga una lista de referencia de códigos de ubicación, que incluya el Código de Localidades de las Naciones Unidas a efectos de Comercio y Transporte (UN/LOCODE), los códigos SafeSeaNet específicos y los códigos de las instalaciones portuarias, tal como se hayan registrado en el Sistema Mundial Integrado de Información Marítima (GISIS) de la Organización Marítima Internacional (OMI). Además, debe crearse una base de datos común de materiales peligrosos que contenga una lista de las mercancías peligrosas y contaminantes que hayan de notificarse a la ventanilla única marítima nacional con arreglo a la Directiva 2002/59/CE y el formulario FAL 7 de la OMI, teniendo en cuenta los elementos de datos pertinentes de los convenios y códigos de la OMI.

(24)

El tratamiento de datos personales en el marco del presente Reglamento por las autoridades competentes debe cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). El tratamiento de datos personales por la Comisión en el marco del presente Reglamento debe ajustarse al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(25)

El EMSWe y las ventanillas únicas marítimas nacionales no deben dar lugar a operaciones de tratamiento de datos personales distintas de las necesarias para su funcionamiento, ni deben utilizarse para conceder nuevos derechos de acceso a datos personales.

(26)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a completar el presente Reglamento mediante la creación y modificación del conjunto de datos EMSWe y el establecimiento de las definiciones, categorías y especificaciones de los elementos de datos, y en lo que respecta a modificar el anexo para incorporar las obligaciones de información existentes a nivel nacional y para tener en cuenta las nuevas obligaciones de información establecidas por actos jurídicos de la Unión. La Comisión debe garantizar el cumplimiento de los requisitos, formatos y códigos comunes relativos a los datos establecidos en los actos jurídicos de la Unión e internacionales que se enumeran en el anexo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos,y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (9). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(27)

Cuando prepare actos delegados, la Comisión debe asegurarse de que se consulte de manera transparente y con suficiente antelación a los expertos de los Estados miembros y a los profesionales del sector.

(28)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(29)

En particular, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer las especificaciones funcionales y técnicas, los mecanismos de control de la calidad y los procedimientos para el despliegue, mantenimiento y utilización del módulo de interfaz armonizada y los elementos armonizados afines de las ventanillas únicas marítimas nacionales. También deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer las especificaciones técnicas, normas y procedimientos aplicables a los servicios comunes del EMSWe.

(30)

El presente Reglamento debe basarse en el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), que establece las condiciones en que los Estados miembros reconocen determinados medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas incluidas en el ámbito de aplicación de un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado miembro. El Reglamento (UE) n.o 910/2014 establece las condiciones en las que los usuarios pueden utilizar sus métodos electrónicos de identificación y autenticación para acceder a los servicios públicos en línea en situaciones transfronterizas.

(31)

La Comisión debe realizar una evaluación del presente Reglamento. Conviene recopilar información para documentar esa evaluación y posibilitar la valoración de la eficacia del presente Reglamento a la luz de sus objetivos. La Comisión debe evaluar también, entre otras opciones, el valor añadido del establecimiento de un sistema europeo centralizado y armonizado de comunicación de información, como una interfaz central de comunicación de información.

(32)

Procede, por lo tanto, derogar la Directiva 2010/65/UE con efectos a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

(33)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

(1)

El Reglamento (CE) n.o 377/2004 del Consejo (2) ha sido modificado de forma sustancial. Dado que deben realizarse nuevas modificaciones, conviene proceder a la refundición de dicho Reglamento en aras de la claridad.

(2)

El fuerte incremento de los flujos migratorios mixtos en 2015 y 2016 ha sometido a presión a los sistemas de gestión de la migración, el asilo y las fronteras. Esto ha supuesto un reto para la Unión y para los Estados miembros, y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la política de la Unión en el ámbito de la migración, con vistas a lograr una respuesta europea coordinada y eficaz.

(3)

El objetivo de la política de la Unión en el ámbito de la migración es sustituir los flujos migratorios irregulares e incontrolados por vías seguras y bien gestionadas, siguiendo un enfoque integral destinado a garantizar, en todas las fases, una gestión eficiente de los flujos de migración, de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(4)

El respeto de los derechos humanos es un principio fundamental de la Unión. La Unión está comprometida con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, en plena conformidad con el Derecho internacional. Como tales, las medidas adoptadas por los funcionarios de enlace de inmigración a la hora de aplicar el presente Reglamento, en particular en los casos de personas vulnerables, deben respetar los derechos fundamentales de acuerdo con el Derecho internacional y de la Unión pertinente, incluidos los artículos 2 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(5)

A fin de garantizar la aplicación efectiva de todos los aspectos de las políticas de la Unión en materia de inmigración, conviene proseguir un diálogo y una cooperación coherentes con los terceros países clave de origen y tránsito de migrantes y con los solicitantes de protección internacional. Dicha cooperación, en consonancia con el enfoque global establecido en la Agenda Europea de Migración, debe favorecer una mejor gestión de la inmigración, en particular las salidas y los retornos, apoyar la capacidad de reunir y compartir información, en concreto sobre el acceso de los solicitantes a la protección internacional y, cuando sea posible y pertinente, sobre la reintegración, y prevenir y luchar contra la inmigración ilegal, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.

(6)

Entre los instrumentos de protección figuran las medidas incluidas en el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM). Las estrategias y los canales legales de inmigración entre la Unión y terceros países también deben incluir la migración laboral, los visados para estudiantes y la reagrupación familiar, sin perjuicio de las competencias nacionales de los Estados miembros.

(7)

En vista de la creciente demanda de análisis e información a fin de respaldar la elaboración de políticas documentadas y respuestas operativas, es necesario que los funcionarios de enlace de inmigración velen por que su visión de conjunto de la situación y sus conocimientos contribuyan plenamente a la creación de una imagen global de la situación de los terceros países.

(8)

La información sobre la composición de los flujos migratorios debe incluir, cuando sea posible y pertinente, información sobre la edad declarada de los migrantes, el perfil de género, la familia y los menores no acompañados.

(9)

El despliegue de los actuales funcionarios de enlace de migración europeos en los principales terceros países de origen y de tránsito, tal como se había pedido en las conclusiones de la reunión especial de los Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 23 de abril de 2015, fue un primer paso hacia la potenciación del compromiso adquirido con los terceros países en materia de migración y el refuerzo de la cooperación con los funcionarios de enlace de inmigración desplegados por los Estados miembros. Sobre la base de esta experiencia, debe preverse el despliegue de funcionarios de enlace de inmigración a largo plazo por parte de la Comisión en terceros países, con el objetivo de apoyar el desarrollo y la implementación y de maximizar el impacto de la actuación de la Unión en materia de migración.

(10)

El objetivo del presente Reglamento es garantizar una mejor coordinación y optimizar la utilización de la red de los funcionarios de enlace desplegados en terceros países por las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas, cuando proceda, las autoridades policiales, así como por la Comisión y las agencias de la Unión a fin de responder de manera más eficaz a las prioridades de la UE en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza asociada a ella, como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, facilitar unas actividades de retorno, readmisión y reintegración efectivas y en condiciones dignas, contribuir a una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, así como apoyar la gestión de la inmigración legal, en particular en el ámbito de la protección internacional, el reasentamiento y las medidas de integración previas a la salida adoptadas por los Estados miembros y la Unión. Esta coordinación debe respetar plenamente la actual cadena de líneas de mando y de información entre los funcionarios de enlace de inmigración y sus respectivas autoridades en despliegue, así como entre los propios funcionarios de enlace de inmigración.

(11)

Basándose en el Reglamento (CE) n.o 377/2004, el presente Reglamento tiene por objeto garantizar que los funcionarios de enlace de inmigración contribuyan de forma más adecuada al funcionamiento de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración principalmente mediante la instauración de un mecanismo mediante el cual los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la Unión puedan coordinar de manera más sistemática los cometidos y funciones de sus funcionarios de enlace desplegados en terceros países.

(12)

Dado que los funcionarios de enlace dedicados a cuestiones relacionadas con la inmigración son desplegados por autoridades competentes diferentes y que sus mandatos y cometidos pueden solaparse, deben realizarse los esfuerzos necesarios para reforzar la cooperación entre los agentes que operen en el mismo tercer país o región. En caso de que los funcionarios de enlace de inmigración sean desplegados por la Comisión o las agencias de la Unión en las misiones diplomáticas de la Unión en un tercer país, deben facilitar y apoyar la labor de la red de funcionarios de enlace de inmigración en dicho tercer país. En su caso, dichas redes podrán ampliarse a los funcionarios de enlace desplegados por países que no sean Estados miembros.

(13)

El establecimiento de un mecanismo sólido que garantice una mejor coordinación y cooperación de todos los funcionarios de enlace que se ocupan de asuntos de inmigración como parte de sus funciones es esencial para minimizar las lagunas de información y la duplicación del trabajo y aprovechar al máximo las capacidades operativas y la eficacia. Procede crear una Junta Directiva que ofrezca orientación, en consonancia con las prioridades políticas de la Unión, teniendo en cuenta las relaciones exteriores de la Unión, y que cuente con los poderes necesarios, en particular para adoptar programas de trabajo bienales de actividades de las redes de funcionarios de enlace de inmigración, acordar acciones específicamente adaptadas a los funcionarios de enlace de inmigración que aborden las prioridades y necesidades emergentes que aún no estén cubiertas por el programa de trabajo bienal, asignar recursos a las actividades acordadas y asumir la responsabilidad de su ejecución. Ni las funciones de la Junta Directiva ni las de los intermediarios de las redes de funcionarios de enlace de inmigración deben afectar a la competencia de las autoridades que llevan a cabo el despliegue para definir las tareas de sus respectivos funcionarios de enlace de inmigración. Al desempeñar sus funciones, la Junta Directiva debe tener en cuenta la diversidad de las redes de funcionarios de enlace de inmigración, así como los puntos de vista de los Estados miembros más interesados por lo que se refiere a las relaciones con determinados terceros países.

(14)

La Junta Directiva debe establecer una lista de los funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países y actualizarla periódicamente. La lista ha de incluir información relativa a la ubicación, la composición y las actividades de las distintas redes, incluida la información de contacto y el resumen de las funciones de los funcionarios de enlace de inmigración desplegados.

(15)

Debe promoverse el despliegue conjunto de funcionarios de enlace, para mejorar la cooperación operativa y el intercambio de información entre los Estados miembros y responder a las necesidades a escala de la Unión que defina la Junta Directiva. El despliegue conjunto, por parte de al menos dos Estados miembros, debe contar con el apoyo de los fondos de la Unión, fomentando el compromiso y aportando valor añadido a todos los Estados miembros.

(16)

Se deben adoptar disposiciones especiales para ampliar la capacidad de acción de los funcionarios de enlace de inmigración en la Unión. Esta capacidad de acción debe comprender el desarrollo de planes de estudio básicos comunes y cursos de formación previa al despliegue, incluido en materia de derechos fundamentales, en cooperación con las oportunas Agencias de la Unión, y el refuerzo de las capacidades operativas de las redes de funcionarios de enlace de inmigración. Estos planes de estudios no deben tener carácter obligatorio y deben ser complementarios de los planes de estudios nacionales establecidos por las autoridades que llevan a cabo el despliegue.

(17)

Las redes de funcionarios de enlace de inmigración deben evitar duplicar el trabajo de las agencias de la Unión y de otros instrumentos o estructuras de la Unión, en particular el trabajo de los grupos de cooperación local Schengen, y aportar un valor añadido a los logros ya alcanzados en términos de recopilación e intercambio de información en el ámbito de la inmigración, en particular centrándose en los aspectos operativos. Estas redes deben actuar como intermediarias y proveedoras de la información procedente de terceros países para ayudar a las agencias de la Unión en sus funciones y cometidos, en particular cuando las agencias de la Unión aún no hayan establecido relaciones de cooperación con terceros países. A tal efecto, ha de establecerse una colaboración más estrecha entre las redes de funcionarios de enlace de inmigración y las agencias de la Unión competentes. Los funcionarios de enlace de inmigración deben ser conscientes en todo momento de que sus actuaciones pueden tener consecuencias operativas o de reputación para las redes locales y regionales de funcionarios de enlace de inmigración y deben actuar en consecuencia cuando desempeñen sus tareas.

(18)

Las autoridades de los Estados miembros han de garantizar que, cuando proceda y de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional, la información obtenida por los funcionarios de enlace desplegados en otros Estados miembros y los productos de análisis estratégico y operativo de las agencias de la Unión en relación con la inmigración ilegal, el retorno y la reintegración efectivos y en condiciones dignas, la delincuencia transfronteriza o la protección internacional y el reasentamiento, lleguen de manera efectiva a los funcionarios de enlace de inmigración en terceros países y que la información facilitada por los funcionarios de enlace de inmigración se comparta con las agencias de la Unión competentes, especialmente la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EASO) en el ámbito de sus respectivos marcos jurídicos.

(19)

Con el fin de garantizar la utilización más eficaz posible de la información obtenida por las redes de funcionarios de enlace de inmigración, dicha información debe estar disponible a través de una plataforma de intercambio de información segura basada en internet, de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos.

(20)

La información recopilada por los funcionarios de enlace de inmigración debe apoyar la implementación de la gestión europea integrada de las fronteras técnica y operativa a que se refiere el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y contribuir al desarrollo y el mantenimiento de los sistemas nacionales de vigilancia de fronteras de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(21)

Debe ser posible utilizar los recursos disponibles del Reglamento (UE) n.o 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) con el fin de apoyar las actividades de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración, así como de proseguir con el despliegue conjunto de funcionarios de enlace de inmigración por parte de los Estados miembros.

(22)

Todo tratamiento, incluida la transferencia, de datos de carácter personal llevado a cabo por la Agencia en el marco del presente Reglamento debe realizarse de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). La Comisión y las agencias de la Unión deben aplicar el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) cuando procedan al tratamiento de datos personales.

(23)

El tratamiento de datos personales en el marco del presente Reglamento debe tener por finalidad el prestar asistencia al retorno de los nacionales de terceros países, facilitar el reasentamiento de las personas que necesitan protección internacional e implementar las medidas de la Unión y nacionales relativas a la admisión con fines de migración legal y para la prevención y la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. Se precisa pues un marco jurídico que reconozca el papel de los funcionarios de enlace de inmigración en este contexto.

(24)

Los funcionarios de enlace de inmigración han de tratar datos personales a fin de facilitar la correcta aplicación de los procedimientos de retorno y la ejecución satisfactoria de las decisiones de retorno, así como la reintegración cuando sea pertinente y posible. A menudo, los terceros países de retorno no están sujetos a las decisiones de adecuación adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679 y no han celebrado o no tienen intención de celebrar un acuerdo de readmisión con la Unión o de ofrecer de otro modo las garantías oportunas en el sentido del artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679. Pese a los denodados esfuerzos de la Unión para cooperar con los principales países de origen de los nacionales de terceros países en situación irregular sujetos a una obligación de retorno, no siempre es posible garantizar que esos terceros países cumplan sistemáticamente la obligación establecida por el Derecho internacional de readmitir a sus propios nacionales. Los acuerdos de readmisión concluidos o en curso de negociación por parte de la Unión o de los Estados miembros que establecen garantías adecuadas para la transferencia de datos a terceros países con arreglo al artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679 abarcan un número limitado de estos terceros países. En caso de que no existan tales acuerdos, los datos personales deben ser transferidos por los funcionarios de enlace de inmigración en el marco de la ejecución de las operaciones de retorno de la Unión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 49 del Reglamento (UE) 2016/679.

(25)

Como excepción a la exigencia de una decisión de adecuación o de garantías adecuadas, debe permitirse la transferencia de datos personales a las autoridades de terceros países, al amparo del presente Reglamento para ejecutar la política de retorno de la Unión. Por lo tanto, debe ser posible para los funcionarios de enlace de inmigración recurrir a la excepción prevista en el artículo 49, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 2016/679, en las condiciones establecidas en dicho artículo, a los fines del presente Reglamento, esto es, el retorno efectivo y en condiciones dignas de los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados miembros, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(26)

En interés de las personas afectadas, los funcionarios de enlace de inmigración deben poder tratar los datos personales de las personas necesitadas de protección internacional sujetas al reasentamiento y de las personas que desean migrar legalmente a la Unión, a fin de confirmar su identidad y nacionalidad. Los funcionarios de enlace de inmigración operan en un contexto en el que es probable que obtengan información importante sobre las actividades de organizaciones delictivas implicadas en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. Por lo tanto, también deben poder compartir datos personales tratados en el ejercicio de sus funciones con las autoridades policiales y dentro de las redes de funcionarios de enlace de inmigración, siempre que los datos personales en cuestión sean necesarios para la prevención y la lucha contra la migración irregular o para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento del tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.

(27)

Los objetivos del presente Reglamento son optimizar la utilización de la red de funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países por los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la Unión con el fin de implementar las prioridades de la Unión de manera más eficaz, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales de los Estados miembros. Entre estas prioridades de la Unión se encuentra el garantizar una mejor gestión de la migración, con vistas a sustituir los flujos irregulares por vías seguras y bien gestionadas, mediante un enfoque global que aborde todos los aspectos de la inmigración, incluida la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos y la inmigración ilegal. Otras prioridades de la Unión son: facilitar el retorno, la readmisión y la reintegración efectivos y en condiciones dignas, contribuir a una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión y apoyar la gestión de los regímenes de inmigración legal o de protección internacional. Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(28)

En relación con Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras a y E, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (10).

(29)

Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (11), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras a y E, de la Decisión 1999/437/CE, leídos en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo (12).

(30)

Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (13), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras a y E, de la Decisión 1999/437/CE, leídos en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE (14) del Consejo.

(31)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento, que no la vincula ni le es aplicable. Habida cuenta de que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses a partir de la decisión sobre el presente Reglamento por parte del Consejo, si lo incorpora o no a su legislación nacional.

(32)

El 1 de octubre de 2018, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al TUE y al TFUE, el Reino Unido notificó al Consejo su deseo de no participar en la adopción del presente Reglamento. De conformidad con el artículo 5, apartado 3, de dicho Protocolo, la Comisión presentó el 31 de enero de 2019 una propuesta de Decisión del Consejo relativa a la notificación por parte del Reino Unido de su deseo de dejar de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen contenidas en el Reglamento (CE) n.o 377/2004 (15). Sobre esta base, el Consejo decidió el 18 de febrero de 2019 que, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Decisión 2000/365/CE del Consejo (16), y el punto 6 del anexo I de la Decisión 2004/926/CE del Consejo (17) dejarán de aplicarse al Reino Unido en relación con el Reglamento (CE) n.o 377/2004 y con cualesquiera otras modificaciones del mismo.

(33)

Irlanda participa en el presente Reglamento con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al TUE y al TFUE, así como al artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo (18).

(34)

La participación de Irlanda en el presente Reglamento, con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo se refiere a las responsabilidades de la Unión de adoptar medidas que desarrollen las disposiciones del acervo de Schengen contra la organización de inmigración ilegal, en las que participa Irlanda.

(35)

El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011,

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece una política pesquera común (PPC) para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros.

(2)

Las medidas técnicas son instrumentos de apoyo a la aplicación de la PPC. Sin embargo, una evaluación de la actual estructura normativa relacionada con las medidas técnicas ha puesto de manifiesto lo improbable de alcanzar los objetivos de la PPC, debiendo adoptarse un nuevo enfoque para incrementar la eficacia de dichas medidas, centrado en la adaptación de la estructura de gobernanza.

(3)

Es preciso desarrollar un marco para la reglamentación de las medidas técnicas. Este marco debe, por una parte, establecer normas generales que deben aplicarse en todas las aguas de la Unión y, por otra, que dispongan la adopción de medidas técnicas que tengan en cuenta las particularidades regionales de la pesca a través del proceso de regionalización introducido por el Reglamento (UE) n.o 1380/2013.

(4)

Este marco debe contemplar la captura y el desembarque de los recursos pesqueros, así como la utilización de los artes de pesca y la interacción de las actividades pesqueras con los ecosistemas marinos.

(5)

El presente Reglamento debe aplicarse a las operaciones de pesca llevadas a cabo en aguas de la Unión por buques pesqueros de la Unión y de terceros países y por nacionales de los Estados miembros, sin perjuicio de la responsabilidad principal del Estado del pabellón, así como a los buques pesqueros de la Unión que faenan en aguas de la Unión de las regiones ultraperiféricas a que hace referencia el artículo 349, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). También debe aplicarse, tratándose de buques pesqueros de la Unión nacionales de los Estados miembros, en aguas no pertenecientes a la Unión a las medidas técnicas adoptadas para la zona de regulación de la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE) y en la zona del Acuerdo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).

(6)

Cuando proceda, deben aplicarse medidas técnicas a la pesca recreativa, que pueden tener un impacto importante en las poblaciones de especies de peces y de crustáceos y moluscos.

(7)

Las medidas técnicas deben contribuir a la consecución de los objetivos de la PPC de pescar a unos niveles acordes con el rendimiento máximo sostenible, reducir las capturas no deseadas y eliminar los descartes y contribuir a la consecución de un buen estado medioambiental, tal como se establece en la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(8)

Las medidas técnicas deben contribuir expresamente a la protección de los juveniles y las especies marinas reproductoras mediante el uso de artes de pesca selectivos y medidas de evitación de capturas no deseadas. Las medidas técnicas deben asimismo minimizar los efectos de los artes de pesca en los ecosistemas marinos y, en particular, en las especies y los hábitats sensibles, para lo cual se podrá recurrir, cuando proceda, al uso de incentivos. También deben contribuir a la adopción de medidas de gestión a efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo (6), la Directiva 2008/56/CE y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(9)

A fin de evaluar la eficacia de las medidas técnicas, deben establecerse objetivos relativos a los niveles de capturas no deseadas, en particular las capturas de especies marinas por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, al nivel de capturas incidentales de especies sensibles y a la medida en que la pesca afecta negativamente a los hábitats de los fondos marinos. Dichas medidas deben reflejar los objetivos de la PPC, la legislación medioambiental de la Unión, en particular la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y las mejores prácticas internacionales.

(10)

Con el fin de garantizar la uniformidad en lo que respecta a la interpretación y la aplicación de las normas técnicas, se deben actualizar y consolidar las definiciones de los artes de pesca y las operaciones pesqueras que figuran en los actuales reglamentos de medidas técnicas.

(11)

Deben prohibirse determinados artes o métodos de pesca destructivos que utilizan explosivos, veneno, sustancias soporíferas, corriente eléctrica, martillos neumáticos u otros instrumentos percutientes, dispositivos remolcados y palas para la recogida de coral rojo, o cualquier otro tipo de coral o especies parecidas, y algunos arpones submarinos. No debe permitirse la venta, exposición o puesta en venta de ninguna especie marina capturada mediante el empleo de tales artes o métodos de pesca cuando si están prohibidos en virtud del presente Reglamento.

(12)

El uso de artes de arrastre con impulsos eléctricos se debe seguir permitiendo durante un período transitorio que finalizará el 30 de junio de 2021, con arreglo a determinadas condiciones estrictas.

(13)

Teniendo en cuenta el asesoramiento del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), deben establecerse determinadas normas comunes que establezcan restricciones relativas al uso de artes de arrastre y a la construcción de copos, a fin de evitar malas prácticas que conduzcan a una pesca no selectiva.

(14)

Con el fin de restringir la utilización de las redes de enmalle de deriva que pueden faenar en zonas muy amplias y desembocar en importantes capturas de especies sensibles, deben consolidarse las restricciones existentes sobre el uso de estos artes de pesca.

(15)

Teniendo en cuenta el asesoramiento del CCTEP, debe seguir estando prohibida la pesca con redes fijas en las divisiones CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7j y 7k y en las subzonas CIEM 8, 9, 10 y 12 al este de los 27° de longitud oeste, en aguas cuya profundidad indicada en las cartas batimétricas sea superior a 200 m, a fin de proteger a las especies sensibles de aguas profundas, a reserva de algunas excepciones.

(16)

En el caso de determinadas especies raras de peces, como algunas especies de tiburones y rayas, incluso una actividad pesquera limitada podría suponer un grave riesgo para su conservación. A fin de proteger estas especies, debe establecerse una prohibición general de pescarlas.

(17)

Para ofrecer la protección estricta de especies marinas sensibles como los mamíferos marinos, las aves marinas y los reptiles marinos, que se prevé en las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE, los Estados miembros deben establecer medidas de mitigación para minimizar y, de ser posible, eliminar las capturas de estas especies por artes de pesca.

(18)

A fin de asegurar una protección continuada de los hábitats marinos sensibles situados frente a las costas de Irlanda y el Reino Unido, y en torno a las Azores, Madeira y las Islas Canarias, así como en la zona de regulación de la CPANE, deben mantenerse las actuales restricciones al uso de artes de pesca demersales.

(19)

Cuando el asesoramiento científico identifique otros hábitats de este tipo, debe darse la posibilidad de introducir restricciones similares para proteger dichos hábitats.

(20)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1380/2013, deben establecerse tallas mínimas de referencia a efectos de conservación para garantizar la protección de los juveniles de especies marinas, y a fin de establecer zonas de recuperación de las poblaciones de peces y establecer tallas mínimas de comercialización.

(21)

Debe definirse la forma en que ha de medirse la talla de las especies marinas.

(22)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de llevar a cabo proyectos piloto a fin de estudiar posibles maneras de evitar, minimizar y eliminar las capturas no deseadas. Si los resultados de esos proyectos o el asesoramiento científico indican que se producen importantes capturas no deseadas, los Estados miembros deben tratar de establecer medidas técnicas para reducir esas capturas.

(23)

El presente Reglamento debe establecer normas de referencia para cada cuenca marítima. Estas normas de referencia tienen su origen en las medidas técnicas actuales, teniendo en cuenta el asesoramiento del CCTEP y las opiniones de las partes interesadas. Dichas normas deben incluir los tamaños de malla de referencia para los artes de arrastre y las redes fijas, las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, las zonas de veda o restringidas, así como las medidas de conservación de la naturaleza para reducir las capturas de especies sensibles en determinadas zonas y medidas técnicas regionales específicas existentes.

(24)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de elaborar recomendaciones conjuntas para la adopción de medidas técnicas adecuadas que difieran de estas normas de referencia, de conformidad con el proceso de regionalización establecido en el Reglamento (UE) n.o 1380/2013, sobre la base de pruebas científicas.

(25)

Tales medidas técnicas regionales deben, como mínimo, generar beneficios para la conservación de los recursos biológicos marinos que sean al menos equivalentes a las establecidas en las normas de referencia, en particular en lo que respecta a los patrones de explotación y nivel de protección proporcionado a especies y hábitats sensibles.

(26)

Al elaborar recomendaciones conjuntas en relación con las características de los artes de pesca selectivos por talla y por especie alternativos a los tamaños de malla de referencia, los grupos regionales de Estados miembros deben garantizar que tales medidas tengan como resultado características de selectividad como mínimo similares a las de los artes de referencia, o mejores.

(27)

Al elaborar recomendaciones conjuntas en relación con las zonas restringidas para la protección de los juveniles y los peces reproductores, los grupos regionales de Estados miembros deben definir, en sus recomendaciones conjuntas, los objetivos, el área geográfica y la duración de las vedas, así como las restricciones de artes de pesca y los dispositivos de control y seguimiento.

(28)

Al elaborar recomendaciones conjuntas en relación con las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, los grupos regionales de los Estados miembros deben garantizar que se respeten el objetivo de la PPC de garantizar la protección de los juveniles de especies marinas, a la vez que se garantiza que no se introduce ninguna distorsión en el mercado y que no se crea ningún mercado para peces que estén por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación.

(29)

Debe permitirse que se desarrolle, a través de la regionalización la opción de crear veda en tiempo real, junto con la adopción de disposiciones sobre el cambio de zona, como medida adicional para la protección de las especies sensibles, los juveniles o los peces reproductores. Deben definirse en las correspondientes recomendaciones conjuntas las condiciones para el establecimiento de esas zonas, incluidas el área geográfica y la duración de las vedas, así como las disposiciones de control y seguimiento.

(30)

Tomando como base la evaluación de los efectos de los artes innovadores, la utilización, o la ampliación de la utilización de tales artes, podría incluirse como una opción en las recomendaciones conjuntas de los grupos regionales de Estados miembros. No debe permitirse la utilización de artes de pesca innovadores en los casos en que la evaluación científica indique que su uso provocaría efectos negativos significativos en los hábitats sensibles y en las especies no objetivo.

(31)

Al elaborar recomendaciones conjuntas en relación con la protección de especies y hábitats sensibles, se debe permitir a los grupos regionales de Estados miembros la elaboración de medidas de mitigación adicionales para reducir los efectos de la pesca en tales especies y hábitats. En los casos en que las pruebas científicas demuestren que existe una grave amenaza para el estado de conservación de especies y hábitats sensibles, los Estados miembros deben establecer restricciones adicionales en relación con la construcción y el funcionamiento de determinados artes de pesca, o incluso establecer una prohibición total de su utilización en una zona determinada. En particular, podrían aplicarse tales restricciones a la utilización de redes de enmalle de deriva que, en algunas zonas, ha dado lugar a importantes capturas de especies sensibles.

(32)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 permite el establecimiento de planes de descartes temporales para la aplicación de la obligación de desembarque en los casos en que no exista ningún plan plurianual para la pesquería correspondiente. Como parte de estos planes, debe permitirse el establecimiento de medidas técnicas que estén estrictamente vinculadas a la aplicación de la obligación de desembarque y se propongan aumentar la selectividad y reducir, en la medida de lo posible, las capturas no deseadas.

(33)

Debe darse la posibilidad de llevar a cabo proyectos piloto sobre la plena documentación de las capturas y los descartes. Estos proyectos podrían incluir excepciones a las normas sobre los tamaños de malla establecidas en presente Reglamento siempre que contribuyan a la consecución de los objetivos y metas del presente Reglamento.

(34)

Se deben incluir en el presente Reglamento algunas disposiciones sobre medidas técnicas adoptadas por la CPANE.

(35)

Con el fin de no obstaculizar la investigación científica o la repoblación directa y el trasplante, las medidas técnicas establecidas en el presente Reglamento no deben aplicarse a las operaciones que puedan resultar necesarias para la realización de esas actividades. En particular, cuando las operaciones de pesca que se realicen en el marco de la investigación científica exijan que se aplique una excepción a las medidas técnicas previstas con arreglo al presente Reglamento, dichas operaciones deben estar sujetas a determinadas condiciones.

(36)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la adopción de determinadas medidas en relación con la pesca recreativa, las restricciones a los artes de arrastre, las especies y los hábitats sensibles, la lista de peces y de crustáceos y moluscos cuya pesca dirigida está prohibida, las definiciones de «pesca dirigida» y «proyectos piloto sobre la plena documentación de capturas y descartes» y las medidas técnicas en el marco de los planes de descartes temporales, así como en relación con las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación, los tamaños de malla, las zonas de veda y otras medidas técnicas en determinadas cuencas marítimas, las medidas de mitigación para especies sensibles y la lista de especies de poblaciones empleadas como indicadores clave. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (9). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(37)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse competencias de ejecución con respecto al establecimiento de las especificaciones de los dispositivos para reducir el desgaste del arte de arrastre y reforzar este o limitar el escape de las capturas en su parte delantera; para definir las especificaciones de los dispositivos de selección fijados a los artes de referencia definidos; para definir las especificaciones de la red de arrastre con impulsos eléctricos; para definir las restricciones de la construcción de los artes y las medidas de control y seguimiento que deberá adoptar el Estado miembro del pabellón; y para definir normas sobre las medidas de control y seguimiento que deberá adoptar el Estado miembro del pabellón cuando se utilicen artes fijos a profundidades comprendidas entre 200 y 600 m, sobre las medidas de control y seguimiento que deberán adoptarse para determinadas zonas de veda o restringidas, y sobre las características de la señal y la aplicación de los dispositivos utilizados para alejar a los cetáceos de los artes fijos y los métodos utilizados para reducir al mínimo las capturas accesorias de aves marinas, reptiles marinos y tortugas. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(38)

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, y posteriormente cada tres años, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento, que se basará en la información facilitada por los Estados miembros y los consejos consultivos pertinentes, previa evaluación por el CCTEP. Este informe debe evaluar en qué grado las medidas técnicas tanto a nivel regional como de la Unión han contribuido a la consecución de los objetivos y las metas del presente Reglamento.

(39)

A los fines de dicho informe, determinados indicadores de selectividad adecuados, como, por ejemplo, el concepto científico de la longitud de selectividad óptima (Lopt), podrían utilizarse como instrumentos de referencia para hacer un seguimiento de los avances realizados a lo largo del tiempo en la consecución del objetivo de la PPC de reducir al mínimo las capturas no deseadas. En este sentido, dichos indicadores no son objetivos vinculantes, sino que se trata más bien de instrumentos de seguimiento que pueden servir de base para las deliberaciones o decisiones regionales. Los indicadores, y los valores empleados para su aplicación, se deben solicitar a los organismos científicos adecuados en relación con determinadas poblaciones empleadas como indicadores clave, teniendo en cuenta también las pesquerías mixtas y los picos de reclutamiento. La Comisión puede incluir estos indicadores en el informe sobre la aplicación del presente Reglamento. En la lista de las poblaciones empleadas como indicadores clave se deben incluir las especies demersales gestionadas mediante los límites de captura teniendo en cuenta la importancia relativa de los desembarques, los descartes y la importancia de la pesquería para cada cuenca marítima.

(40)

El informe de la Comisión también debe hacer referencia a los dictámenes del CIEM sobre los avances realizados o los efectos derivados de los artes innovadores. Dicho informe debe formular conclusiones relativas a los beneficios o los efectos negativos de esos artes para los ecosistemas marinos, los hábitats sensibles y la selectividad.

(41)

Tomando como base el informe de la Comisión, cuando existan pruebas a nivel regional de que no se han cumplido los objetivos ni las metas, los Estados miembros de esa región deben presentar un plan en el que se establezcan las medidas correctoras que deben adoptarse para garantizar la consecución de dichos objetivos y metas. Asimismo, la Comisión deberá proponer al Parlamento Europeo y al Consejo cualquier modificación del presente Reglamento que resulte necesaria con arreglo al informe mencionado.

(42)

Habida cuenta del número y la importancia de las modificaciones que es preciso realizar, deben derogarse los Reglamentos (CE) n.o 894/97 (11), (CE) n.o 850/98 (12), (CE) n.o 2549/2000 (13), (CE) n.o 254/2002 (14), (CE) n.o 812/2004 (15) y (CE) n.o 2187/2005 (16) del Consejo.

(43)

Procede modificar los Reglamentos (CE) n.o 1967/2006 (17) y (CE) n.o 1224/2009 (18) del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 en consecuencia.

(44)

La Comisión está facultada actualmente para adoptar y modificar medidas técnicas a nivel regional con arreglo a los Reglamentos (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20), (UE) 2019/472 (21) y (UE) 2019/1241 (22) del Parlamento Europeo y del Consejo, que establecen los planes plurianuales para el mar Báltico, el mar del Norte, las aguas occidentales y el Mediterráneo occidental. A fin de definir el ámbito de aplicación de las correspondientes delegaciones de poderes y especificar que los actos delegados adoptados en virtud de las delegaciones de poderes establecidas en los citados Reglamentos deben cumplir determinados requisitos establecidos en el presente Reglamento, procede modificar dichos Reglamentos en interés de la seguridad jurídica.