(1)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), el Tribunal de Justicia emprendió, conjuntamente con el Tribunal General, un examen general de las competencias que ambos ejercen y valoró si, habida cuenta la reforma de la estructura jurisdiccional de la Unión llevada a cabo conforme a dicho Reglamento, procede introducir determinados cambios en el reparto de las competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General o en la forma en que el Tribunal de Justicia tramita los recursos de casación.

(2)

Como se desprende del informe que presentó al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión el 14 de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia estima que no procede, en este momento, proponer cambios en la tramitación de las cuestiones prejudiciales que le son planteadas en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las peticiones de decisión prejudicial constituyen, en efecto, la piedra angular del sistema jurisdiccional de la Unión y son tramitadas con celeridad, de modo que no resulta oportuno en la actualidad transferir al Tribunal General la competencia para conocer de estas peticiones en materias específicas determinadas por el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(3)

El examen efectuado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General puso de manifiesto, no obstante, que, al conocer de un recurso de anulación interpuesto por un Estado miembro contra un acto de la Comisión relacionado con la falta de ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 260, apartado 2 o 3, del TFUE, el Tribunal General puede verse en serias dificultades si la Comisión y el Estado miembro afectado discrepan en cuanto a la adecuación de las medidas adoptadas por dicho Estado miembro para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia. Por este motivo, resulta necesario reservar en exclusiva al Tribunal de Justicia los litigios relativos al pago de sumas a tanto alzado o de multas coercitivas impuestas a un Estado miembro en virtud del artículo 260, apartados 2 o 3, del TFUE.

(4)

Asimismo, del examen efectuado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General se desprende claramente que se interponen numerosos recursos de casación en asuntos que ya han sido objeto de un doble examen (en un primer momento, por una sala de recurso independiente y, posteriormente, por el Tribunal General) y que muchos de estos recursos de casación son desestimados por el Tribunal de Justicia por carecer claramente de fundamento o ser manifiestamente inadmisibles. Para que el Tribunal de Justicia pueda centrarse en los asuntos que requieren toda su atención, es preciso, en aras de una recta administración de la justicia, establecer, para los recursos de casación relativos a dichos asuntos, un procedimiento mediante el cual el Tribunal de Justicia solo admita a trámite, total o parcialmente, un recurso de casación, cuando este suscite una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.

(5)

Ante el constante aumento del número de asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, y conforme a los términos del escrito del Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2018, en este momento procede otorgar prioridad al establecimiento del citado procedimiento de previa admisión a trámite de los recursos de casación. El examen de la parte de la petición del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2018 relativa al traspaso parcial al Tribunal General de los recursos por incumplimiento conviene realizarlo en una fase posterior, una vez que se haya presentado, en diciembre de 2020, el informe sobre el funcionamiento del Tribunal General, contemplado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422. Cabe recordar que, dicho informe debe centrarse, en particular, en la eficiencia del Tribunal General y en la necesidad y eficacia del aumento a cincuenta y seis Jueces, teniendo en cuenta asimismo el objetivo de garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el Tribunal General, tal como se indica en el preámbulo del Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422.

(6)

En consecuencia, procede modificar el Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo la plena coherencia terminológica entre sus disposiciones y las disposiciones correspondientes del TFUE, y prever unas disposiciones transitorias adecuadas para la tramitación ulterior de los asuntos pendientes en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

1)

El artículo 51 se sustituye por el texto siguiente:

2)

Se inserta el artículo siguiente:

(1)

El establecimiento de una estrategia global para hacer frente a las exposiciones dudosas constituye un objetivo importante para la Unión en sus esfuerzos por aumentar la resiliencia del sistema financiero. Si bien esta cuestión compete principalmente a los bancos y a los Estados miembros, la reducción del elevado volumen actual de las exposiciones dudosas y la prevención de su acumulación excesiva en el futuro y de la aparición de riesgos sistémicos en el sector no bancario son problemas que se prestan también claramente a una intervención de la Unión. Dada la interconexión de los sistemas bancarios y financieros en toda la Unión, y teniendo en cuenta que los bancos operan en múltiples Estados miembros y territorios, existe un importante riesgo de efectos de contagio para los Estados miembros y la Unión en su conjunto, tanto en términos de crecimiento económico como de estabilidad financiera.

(2)

La crisis financiera dio lugar a una acumulación de exposiciones dudosas en el sector bancario. A su vez, los consumidores se vieron muy afectados por la posterior recesión y la caída de los precios en el sector de la vivienda. Al abordar la cuestión de las exposiciones dudosas, es fundamental proteger los derechos del consumidor de conformidad con el Derecho aplicable de la Unión, como las Directivas 2008/48/CE (4) y 2014/17/UE (5) del Parlamento Europeo y del Consejo. La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que contiene disposiciones destinadas a promover el pago puntual tanto por las empresas como por las autoridades públicas, ayuda a prevenir el tipo de acumulación de exposiciones dudosas que se ha producido durante los años de la crisis financiera.

(3)

Un sistema financiero integrado reforzará la resiliencia de la unión económica y monetaria ante perturbaciones adversas, al facilitar la distribución transfronteriza de riesgos en el sector privado, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de que el sector público comparta los riesgos. Para alcanzar estos objetivos, la Unión debe completar la unión bancaria y seguir desarrollando la unión de los mercados de capitales. Es imprescindible hacer frente a la posible acumulación futura de exposiciones dudosas para fortalecer la unión bancaria, ya que es esencial a efectos de garantizar la competencia en el sector bancario, mantener la estabilidad financiera y fomentar la concesión de préstamos, a fin de generar empleo y crecimiento en la Unión.

(4)

En su «Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa» de 11 de julio de 2017, el Consejo instó a las diversas instituciones a adoptar las medidas adecuadas para seguir haciendo frente al elevado número de exposiciones dudosas en la Unión y evitar su acumulación futura. El plan de acción establece un planteamiento global centrado en una combinación de medidas complementarias en cuatro ámbitos: i) la supervisión; ii) las reformas estructurales de los marcos aplicables a la insolvencia y al cobro de deudas; iii) el desarrollo de mercados secundarios para los activos devaluados; iv) el fomento de la reestructuración del sistema bancario. Se debe actuar en estos ámbitos a escala de la Unión y nacional, según proceda. La Comisión anunció un propósito similar en su «Comunicación sobre la culminación de la unión bancaria», de 11 de octubre de 2017, en la que se propugnaba un paquete global para luchar contra el problema de los préstamos dudosos en la Unión.

(5)

El Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) constituye, junto con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), el marco jurídico que establece las normas prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión (en lo sucesivo, «entidades»). El Reglamento (UE) n.o 575/2013 contiene, entre otras cosas, disposiciones directamente aplicables a las entidades para la determinación de sus fondos propios. Por lo tanto, es necesario completar las normas prudenciales vigentes contenidas en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 relativas a los fondos propios con disposiciones que exijan una deducción de los fondos propios cuando las exposiciones dudosas no estén suficientemente cubiertas mediante provisiones u otros ajustes. Ello equivaldría en la práctica a crear un mecanismo de protección prudencial para las exposiciones dudosas que se aplicase de manera uniforme a todas las entidades de la Unión, y que incluiría, asimismo, a las entidades activas en el mercado secundario.

(6)

El mecanismo de protección prudencial no debe impedir que las autoridades competentes ejerzan sus facultades de supervisión de conformidad con la Directiva 2013/36/UE. En el caso de que las autoridades competentes comprueben en un caso concreto que, a pesar de la aplicación del mecanismo de protección prudencial establecido en el presente Reglamento, las exposiciones dudosas de una determinada entidad no están suficientemente cubiertas, debe ser posible hacer uso de las facultades de supervisión previstas en la Directiva 2013/36/UE, incluida la facultad de exigir que las entidades apliquen una política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en cuanto a requisitos de fondos propios. Por consiguiente, es posible que, atendiendo a las circunstancias de cada caso, las autoridades competentes vayan más allá de los requisitos establecidos en el presente Reglamento con el fin de velar por que las exposiciones dudosas estén suficientemente cubiertas.

(7)

A efectos de aplicar el mecanismo de protección prudencial, conviene introducir en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 una serie de condiciones claras para la clasificación de las exposiciones dudosas. Puesto que el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión (9) ya establece criterios relativos a las exposiciones dudosas a efectos de la comunicación de información con fines de supervisión, es conveniente que la clasificación de las exposiciones dudosas se base en el marco ya establecido en dicho Reglamento. El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 hace referencia a las exposiciones en situación de impago, tal como se definen a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito, y a las exposiciones deterioradas con arreglo al marco contable aplicable. Dado que las medidas de reestructuración o refinanciación podrían influir en si una exposición se clasifica como dudosa, los criterios de clasificación se complementan con criterios claros sobre la incidencia de las medidas de reestructuración o refinanciación. Las medidas de reestructuración o refinanciación deben tener como fin devolver al prestatario a una situación sostenible de realización de reembolsos y deben cumplir los requisitos del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores y en particular las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE, pero pueden tener distintas justificaciones y consecuencias. Por ello, es conveniente disponer que una medida de reestructuración o refinanciación concedida respecto de una exposición dudosa no dé a lugar a que dicha exposición deje de estar clasificada como dudosa, salvo que se cumplan determinados criterios estrictos para tal cambio de clasificación.

(8)

Cuanto más tiempo lleve una exposición clasificada como dudosa, menor es la probabilidad de recuperar su valor. Por lo tanto, la parte de la exposición que debe estar cubierta mediante provisiones, otros ajustes o deducciones debe aumentar con el paso del tiempo, siguiendo un calendario predefinido. De este modo, las exposiciones dudosas adquiridas por una entidad deben ceñirse a un calendario que comience desde la fecha en la que la exposición dudosa se clasificó originalmente como dudosa, y no desde la fecha de su adquisición. A tal fin, el vendedor debe proporcionar al comprador información sobre la fecha en la que la exposición se clasificó como dudosa.

(9)

Las bajas parciales por traspaso a fallidos deben tomarse en consideración a la hora de calcular los ajustes por riesgo de crédito específico. Para evitar dobles cómputos de la baja por traspaso a fallidos, es necesario emplear el valor original de la exposición previo a la baja parcial por traspaso a fallidos. La inclusión de las bajas parciales por traspaso a fallidos dentro de la lista de elementos que se pueden utilizar para cumplir los requisitos del mecanismo de protección debe fomentar el reconocimiento oportuno de las bajas por traspaso a fallidos por parte de las entidades. En las exposiciones dudosas adquiridas por una entidad a un precio inferior al importe adeudado por el deudor, el comprador debe tratar la diferencia entre el precio de compra y el importe adeudado por el deudor como si fuera una amortización parcial a los efectos del mecanismo de protección prudencial.

(10)

Se considera en general que las exposiciones dudosas garantizadas darán lugar a una pérdida menos significativa que las exposiciones dudosas no garantizadas, ya que la cobertura del riesgo de crédito que garantiza la exposición dudosa confiere a la entidad un derecho de crédito específico sobre un activo o frente a un tercero, además del derecho de crédito general que tiene la entidad frente al prestatario en situación de impago. En el caso de las exposiciones dudosas no garantizadas, solo dispondría del derecho de crédito general frente al prestatario en situación de impago. Dado que las exposiciones dudosas no garantizadas llevan aparejadas mayores expectativas de pérdidas, debe aplicarse un calendario más estricto.

(11)

Una exposición cubierta solo parcialmente mediante coberturas del riesgo de crédito admisibles debe considerarse garantizada por la parte cubierta, y no garantizada por la parte no cubierta por coberturas del riesgo de crédito admisibles. Con el fin de determinar qué partes de una exposición dudosa se deben tratar como garantizadas o no garantizadas, los criterios de admisibilidad de la cobertura del riesgo de crédito y la garantía completa y total de las hipotecas empleados para calcular los requisitos de fondos propios deben aplicarse de conformidad con el correspondiente enfoque en virtud del Reglamento (UE) n.o 575/2013, incluido el ajuste de valoración aplicable.

(12)

Debe aplicarse el mismo calendario con independencia de cuál sea el motivo de que la exposición se considere dudosa. El mecanismo de protección prudencial debe aplicarse para cada nivel de exposición. Asimismo, se debe aplicar un calendario de tres años a las exposiciones dudosas no garantizadas. Con el fin de que las entidades y los Estados miembros puedan mejorar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración o ejecución, y para tener en cuenta el hecho de que las exposiciones dudosas garantizadas con bienes inmuebles como garantía y los préstamos para la adquisición de vivienda garantizados por un proveedor de cobertura admisible, tal como se define en el Reglamento (UE) n.o 575/2013, tendrán un valor residual durante un período de tiempo más prolongado después de que el préstamo haya sido clasificado como dudoso, es apropiado prever un calendario de nueve años. Para las demás exposiciones dudosas garantizadas, se debe aplicar un calendario de siete años hasta la constitución efectiva de una cobertura plena.

(13)

Debe ser posible tener en cuenta las medidas de reestructuración o refinanciación a efectos de la aplicación del factor de cobertura relevante. Más precisamente, la exposición debe continuar clasificada como dudosa, pero el requisito de cobertura debe permanecer estable durante un año adicional. Por consiguiente, el factor que sería aplicable durante el año en el que se haya concedido la medida de reestructuración o refinanciación debe ser aplicable durante dos años, en lugar de uno. En caso de que, al término de ese año adicional, la exposición siga siendo dudosa, el factor aplicable debe determinarse como si no se hubiera concedido ninguna medida de reestructuración o refinanciación, teniendo en cuenta la fecha en que la exposición se haya clasificado inicialmente como dudosa. Dado que la concesión de medidas de reestructuración o refinanciación no debe llevar a arbitrajes, dicho año adicional solo se debe permitir respecto de la primera medida de reestructuración o refinanciación que se haya concedido desde la clasificación de la exposición como dudosa. Asimismo, el período de un año durante el que el factor de cobertura no sufre cambios no debe llevar a la extensión del calendario de provisiones. En consecuencia, las medidas de reestructuración o refinanciación concedidas en el tercer año siguiente a la clasificación de una exposición no garantizada como exposición dudosa, o en el séptimo año siguiente a la clasificación de una exposición garantizada como exposición dudosa, no deberían retrasar la cobertura plena de la exposición dudosa.

(14)

A fin de garantizar que la valoración de las exposiciones dudosas de las entidades a efectos de cobertura del riesgo de crédito se ajuste a un criterio prudente, es conveniente que la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) reflexione sobre la necesidad de contar con una metodología común, y que la desarrolle si ha lugar, en particular por lo que se refiere a los supuestos relativos a la recuperabilidad y la fuerza ejecutiva, y posiblemente incluir requisitos mínimos de calendario para volver a evaluar la cobertura del riesgo de crédito.

(15)

Para facilitar una transición fluida hacia este nuevo mecanismo de protección prudencial, no deben aplicarse las nuevas normas respecto de exposiciones originadas antes del 26 de abril de 2019.

(16)

A fin de garantizar que las modificaciones del Reglamento (UE) n.o 575/2013, realizadas por el presente Reglamento, se apliquen en tiempo oportuno, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(17)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en consecuencia.

1)

En el artículo 36, apartado 1, se añade la letra siguiente:

2)

Se insertan los siguientes artículos:

3)

En el artículo 111, apartado 1, párrafo primero, la introducción se sustituye por el texto siguiente:

4)

En el artículo 127, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

5)

El artículo 159 se sustituye por el texto siguiente:

6)

En el artículo 178, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

7)

Se inserta el artículo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) han sido modificados en diversas ocasiones y de forma sustancial. Con motivo de nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dichos Reglamentos.

(2)

Con el fin de ofrecer una transición coherente y eficaz a raíz de la refundición y derogación de los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo, procede mantener, sin cambios hasta 2024, las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 y las modalidades para lograrlas tal como se establecen en dichos Reglamentos.

(3)

El Acuerdo de París (5) establece, entre otras disposiciones, un objetivo a largo plazo que está en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C en relación con los niveles preindustriales, y de proseguir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 °C por encima de esos niveles. Las últimas conclusiones científicas comunicadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su informe especial sobre las repercusiones del calentamiento global de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales y de las correspondientes trayectorias mundiales de la emisión de gases de efecto invernadero confirman de forma inequívoca los efectos negativos del cambio climático. Dicho informe especial concluye que la reducción de emisiones en todos los sectores es crucial para limitar el calentamiento global.

(4)

Para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París, es necesario acelerar la transformación de todo el sector del transporte hacia las cero emisiones, teniendo en cuenta la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos: una visión estratégica europea a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», en la que se esboza una visión de las transformaciones económicas y sociales que son necesarias, con la participación de todos los sectores de la economía y la sociedad, para lograr la transición a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del transporte que perjudican seriamente nuestra salud y el medio ambiente deben reducirse también drásticamente sin demora. Después de 2020, se tendrán que seguir reduciendo las emisiones de los vehículos de motor de combustión tradicionales, y será necesario que los vehículos de emisión cero o de baja emisión se generalicen y ganen una cuota de mercado significativa antes de 2030. Será necesario seguir reduciendo las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos comerciales ligeros con posterioridad a 2030.

(5)

Las Comunicaciones de la Comisión tituladas «“Europa en movimiento”, una Agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos» y «Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones-Una Unión Europea que proteja el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores», de 31 de mayo de 2017 y 8 de noviembre de 2017 respectivamente, destacan que las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para los turismos y los vehículos comerciales ligeros son un importante motor de innovación y eficiencia y contribuyen a reforzar la competitividad de la industria del automóvil y a allanar el camino a los vehículos de emisión cero o de baja emisión de manera tecnológicamente neutra.

(6)

El presente Reglamento traza una trayectoria clara para las reducciones de las emisiones de CO2 del sector del transporte por carretera y contribuye a cumplir el objetivo vinculante de reducción interna del 40 % como mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí a 2030, en comparación con 1990, tal como quedó refrendado en las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, y aprobado como contribución prevista determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros de conformidad con el Acuerdo de París en la reunión del Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo de 2015.

(7)

El Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) impone a los Estados miembros determinadas obligaciones para cumplir el objetivo de la Unión de reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 %, en relación con los niveles de 2005, para los sectores que no forman parte del sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea establecido por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7). El transporte por carretera es un contribuyente importante a las emisiones de estos sectores. Además, las emisiones del transporte por carretera muestran una tendencia al alza, y siguen muy por encima de los niveles de 1990. Si las emisiones del sector del transporte por carretera continúan creciendo, dicho crecimiento continuará neutralizando las reducciones de emisiones conseguidas en otros sectores para luchar contra el cambio climático.

(8)

Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 destacan la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos relacionados con la dependencia de los combustibles fósiles en el sector del transporte a través de una perspectiva global y tecnológicamente neutra que promueva la reducción de las emisiones y la eficiencia energética en el transporte, así como el transporte eléctrico y las fuentes de energía renovables en el transporte también a partir de 2020.

(9)

A fin de ofrecer a los consumidores de la Unión Europea una energía segura, sostenible, competitiva y asequible, la eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda es una de las cinco dimensiones estrechamente interrelacionadas y mutuamente reforzadas que se establecen en la Comunicación de la Comisión de 25 de febrero de 2015 titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva». En esta Comunicación se establece que, aunque todos los sectores económicos deben tomar medidas para aumentar la eficiencia del consumo de energía, el transporte tiene un enorme potencial de eficiencia energética, cuya realización exige seguir centrándose en el endurecimiento de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos y vehículos comerciales ligeros con la vista puesta en 2030.

(10)

Una evaluación de los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011 realizada en 2015 concluyó que ambos reglamentos habían sido pertinentes y en términos generales coherentes, y que habían generado importantes reducciones de emisiones, mostrándose al mismo tiempo más rentables de lo inicialmente previsto. También habían generado un considerable valor añadido de la Unión que no hubiera podido lograrse en las mismas proporciones a través de medidas nacionales. No obstante, los beneficios de estos Reglamentos se han visto erosionados por la acentuación de las divergencias entre las emisiones de CO2 medidas según el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) y las emisiones de CO2 emitidas por vehículos conducidos en condiciones reales.

(11)

Procede, por lo tanto, perseguir los objetivos de los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011 mediante la adopción de nuevos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 a escala del parque de la Unión para los turismos y los vehículos comerciales ligeros, de aquí a 2030. Al definir los niveles de dichos objetivos, se han tenido en cuenta su eficacia en la consecución de una contribución eficaz a la reducción de las emisiones de los sectores a los que se aplica el Reglamento (UE) 2018/842 a más tardar en 2030, los costes y los ahorros resultantes para la sociedad, los fabricantes y los usuarios de los vehículos, así como sus implicaciones directas e indirectas en el empleo, la competitividad y la innovación y los beneficios colaterales generados en términos de reducción de la contaminación del aire y la seguridad energética. Habida cuenta de que la cuota de mercado y, por consiguiente, la contribución global de las emisiones de CO2 de los turismos son significativamente superiores a las de los vehículos comerciales ligeros, conviene aplicar un planteamiento diferenciado entre turismos y vehículos comerciales ligeros.

(12)

Debe garantizarse una transición socialmente aceptable y justa hacia una movilidad sin emisiones. Por ello, es importante tener en cuenta los efectos sociales de dicha transición en toda la cadena de valor del automóvil, y abordar de manera proactiva las implicaciones para el empleo. Es necesario pensar en programas específicos a escala de la Unión, nacional y regional para el reciclaje profesional, la capacitación y la recolocación de los trabajadores, así como en iniciativas en materia de educación y búsqueda de empleo en las comunidades y regiones perjudicadas, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las autoridades competentes. Como parte de esa transición, debe reforzarse el empleo de las mujeres y la igualdad de oportunidades en este sector.

(13)

El éxito de la transición hacia una movilidad sin emisiones pasa por un enfoque integrado y la existencia de un entorno propicio para estimular la innovación y mantener el liderazgo tecnológico de la Unión en este sector. Para ello son necesarias inversiones públicas y privadas en investigación e innovación, una mayor oferta de vehículos de emisión cero y de baja emisión, la implantación de infraestructuras de recarga y repostaje y la integración en los sistemas energéticos, así como el suministro sostenible de materiales y una producción sostenible, la reutilización y el reciclado de baterías en Europa. Todo ello requiere una acción coherente a nivel de la Unión, nacional, regional y local.

(14)

Como parte de la aplicación del Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), en 2017 empezó a aplicarse un nuevo procedimiento de ensayo para medir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los turismos y de vehículos comerciales ligeros, el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), establecido en el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión (9). Este procedimiento de ensayo proporciona unos valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible más representativos de las condiciones reales.

Procede, por tanto, que los nuevos objetivos de emisión de CO2 se basen en las emisiones de CO2 determinadas a partir de dicho procedimiento de ensayo. Considerando, sin embargo, que las emisiones de CO2 basadas en el WLTP estarán disponibles a efectos de cumplimiento de los objetivos a partir de 2021, procede que las nuevas normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 se definan como niveles de reducción establecidos en relación con los objetivos de 2021 calculados sobre la base de las emisiones de CO2 medidas a efectos del ensayo de emisiones del WLTP. A fin de asegurar la fiabilidad y la representatividad de los valores utilizados como punto de partida para la definición de los objetivos de reducción de emisiones que habrán de aplicarse en 2025 y 2030, las condiciones para la realización de dichas mediciones han sido precisadas como parte de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1152 (10) y (UE) 2017/1153 (11) de la Comisión.

(15)

Es importante que el establecimiento de requisitos de reducción de las emisiones de CO2 siga proporcionando seguridad de planificación y previsibilidad en toda la Unión a los fabricantes de automóviles para todo su parque de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos en la Unión.

(16)

La evaluación llevada a cabo en 2016 por la Comisión de la Directiva 1999/94/CE del Parlamento y del Consejo (12) reveló la necesidad de aclarar y simplificar dicho acto legislativo con la intención de reforzar su pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia. Así pues, la Comisión debe revisar dicha Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2020 y, en su caso, presentar una propuesta legislativa pertinente. Para promover la aceptación de los vehículos más eficientes en términos de consumo de combustible y respeto del medio ambiente, dicha revisión debe valorar, en particular, la conveniencia de incluir a los vehículos comerciales ligeros y la necesidad de una mejor concepción y armonización de los requisitos de la Unión en materia de etiquetado, para que puedan ofrecer a los consumidores una información comparable, fiable y fácil de utilizar sobre las ventajas de los vehículos de emisión cero y de baja emisión, incluida información sobre los contaminantes atmosféricos.

(17)

Los objetivos de reducción de emisiones para los parques a escala de la Unión de turismos y de vehículos comerciales ligeros nuevos deben, por lo tanto, fijarse para 2025 y para 2030, teniendo en cuenta el período de renovación del parque automovilístico y la necesidad de que el sector del transporte por carretera contribuya a los objetivos climáticos y energéticos para 2030. Este enfoque gradual también ofrece una señal clara y temprana a la industria del automóvil para no retrasar la introducción en el mercado de tecnologías eficientes desde el punto de vista energético y de vehículos de emisión cero y de baja emisión.

(18)

Las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 establecidas en el presente Reglamento se aplican a los turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros nuevos. Respecto del parque existente de tales vehículos, incluidos los vehículos de segunda mano, también se han de poder tomar medidas adicionales encaminadas a reducir las emisiones, por ejemplo a escala nacional y de la Unión. Se han de poder tomar, por ejemplo, medidas para fomentar un índice de renovación de los parques más elevado, con el fin de sustituir lo antes posible los vehículos más antiguos y con más emisiones por otros más eficientes. La disponibilidad de vehículos de emisión cero y de baja emisión más asequibles podría fomentar cambios en el comportamiento de los consumidores y una difusión más rápida de las tecnologías de baja emisión.

(19)

Aunque la Unión se encuentra entre los principales productores mundiales de vehículos de motor y demuestra el liderazgo tecnológico en el sector automovilístico mundial, la competencia está aumentando y este sector está cambiando rápidamente a través de nuevas innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos, y movilidad cooperativa, conectada y automatizada. A fin de mantener su competitividad a escala mundial y su acceso a los mercados, la Unión necesita un marco regulador, incluido un incentivo particular en el ámbito de los vehículos de emisión cero o de baja emisión, que contribuya a crear un gran mercado interior y apoye el desarrollo tecnológico y la innovación.

(20)

Para facilitar una transición fluida hacia una movilidad sin emisiones debe introducirse un mecanismo de incentivos específicos. Este mecanismo debe diseñarse con el fin de fomentar el despliegue en el mercado de la Unión de vehículos de emisión cero y de baja emisión. Además, debe establecerse una medida transitoria específica para que los consumidores de los Estados miembros con un bajo índice de penetración en el mercado de los vehículos de emisión cero y de baja emisión puedan adquirir dichos vehículos.

(21)

Establecer índices de referencia adecuados para la cuota de vehículos de emisión cero y de baja emisión en el parque de la Unión, junto con un mecanismo bien concebido para ajustar el objetivo específico de emisiones de un fabricante en función del porcentaje de vehículos de emisión cero y de baja emisión en su propio parque debe ofrecer una señal sólida y creíble para el desarrollo, el despliegue y la comercialización de dichos vehículos, permitiendo al mismo tiempo la mejora de la eficiencia de los motores de combustión interna convencionales.

(22)

Al determinar los créditos para los vehículos de emisión cero y de baja emisión, conviene tener en cuenta la diferencia entre las emisiones de CO2 de los vehículos. En relación con los turismos, se debe reconocer el papel de los vehículos de baja emisión, en particular los vehículos híbridos enchufables, en la transición hacia los vehículos de emisión cero. El mecanismo de ajuste debe garantizar que un fabricante que supere el índice de referencia se beneficie de un objetivo específico de emisiones más elevado. Con objeto de garantizar un enfoque equilibrado, deben fijarse límites para el nivel de ajuste posible dentro de dicho mecanismo. Este ofrecerá incentivos, favoreciendo el despliegue oportuno de infraestructuras de recarga y repostaje y generando grandes ventajas para los consumidores, la competitividad y el medio ambiente.

(23)

El marco legislativo para cumplir el objetivo relativo al parque de la Unión debe garantizar que los objetivos de reducción de emisiones no afecten a la competencia y sean socialmente justos y sostenibles, que tengan en cuenta la diversidad existente entre fabricantes europeos de automóviles y que se evite toda distorsión injustificada de la competencia entre ellos.

(24)

Para mantener la diversidad del mercado de turismos y vehículos comerciales ligeros y su capacidad para hacer frente a las diferentes necesidades de los consumidores, los objetivos de emisiones específicas deben definirse en función de la utilidad de los vehículos sobre una base lineal. El mantenimiento de la masa como parámetro de utilidad se considera coherente con el régimen existente. Con el fin de reflejar mejor la masa de vehículos utilizados en carretera, el parámetro debe cambiarse, con efectos a partir de 2025, de la masa en orden de marcha a la masa de ensayo del vehículo, tal como se especifica en el WLTP.

(25)

Debe evitarse que los objetivos a escala del parque de la Unión se alteren debido a cambios en la masa media del parque. Los cambios en la masa media deben, por lo tanto, reflejarse sin demora en los cálculos del objetivo de emisiones específicas y los ajustes de los valores de la masa media que se utilicen a tal fin deben efectuarse cada dos años con efecto a partir de 2025.

(26)

Para repartir el esfuerzo de reducción de las emisiones de forma competitivamente neutra y justa que refleje la diversidad del mercado de turismos y de vehículos comerciales ligeros, y dado que en 2021 se producirá el cambio a los objetivos de emisiones específicas basados en el WLTP, procede determinar la pendiente de la curva de valor límite en función de las emisiones específicas de CO2 de todos los vehículos que se matriculen por primera vez en ese año, y tener en cuenta el cambio en los objetivos a escala del parque de la Unión entre 2021, 2025 y 2030 con vistas a garantizar un esfuerzo de reducción de emisiones equivalente de todos los fabricantes. En lo que atañe a los vehículos comerciales ligeros, el mismo enfoque que el aplicable a los fabricantes de turismos debe aplicarse a los fabricantes de furgonetas, derivadas de turismos, mientras que para los fabricantes de vehículos de segmentos más pesados debe fijarse una curva más elevada y fija para todo el período de referencia.

(27)

El presente Reglamento pretende alcanzar sus objetivos por medio de, entre otras vías, la creación de incentivos para que la industria automovilística invierta en nuevas tecnologías. El presente Reglamento promueve activamente la ecoinnovación y ofrece un mecanismo que permite reconocer la evolución tecnológica en el futuro. La experiencia demuestra que las ecoinnovaciones han contribuido con éxito a la eficacia en relación con los costes de los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011 y a la reducción de las emisiones de CO2 en condiciones reales. Por lo tanto, debe mantenerse esta modalidad y debe ampliarse su ámbito de aplicación para incentivar las mejoras de la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado.

(28)

Sin embargo, debe garantizarse un equilibrio entre los incentivos concedidos a las ecoinnovaciones y a aquellas tecnologías cuyo efecto en la reducción de emisiones ha sido demostrado por un procedimiento oficial de ensayo. Consecuentemente, procede mantener un límite en las reducciones por ecoinnovación que un fabricante puede tener en cuenta a efectos de cumplimiento del objetivo. La Comisión debe tener la posibilidad de revisar el nivel de dicho límite, sobre todo para tener en cuenta los efectos del cambio en el procedimiento oficial de ensayo. También conviene aclarar cómo deben calcularse las reducciones a efectos de cumplimiento del objetivo.

(29)

Es importante que los componentes ligeros sean sostenibles para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos. Su desarrollo y despliegue ulteriores deben apoyar la transición hacia una movilidad sin emisiones o con bajas emisiones.

(30)

La Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) estableció un marco armonizado con las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos generales para la homologación de todos los vehículos nuevos dentro de su ámbito de aplicación. La entidad responsable del cumplimiento del presente Reglamento debe ser la misma que la responsable de todos los aspectos del procedimiento de homologación de tipo con arreglo a la Directiva 2007/46/CE y de velar por la conformidad de producción.

(31)

A los fines de la homologación de tipo, se aplican requisitos específicos a los vehículos especiales, tal como se definen en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, y por ello deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(32)

En aquellos casos en que los vehículos comerciales ligeros de emisión cero con una masa de referencia superior a 2 610 kg o 2 840 kg, según el caso, queden fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento por causa únicamente de la masa del sistema de almacenamiento de energía, conviene permitir que dichos vehículos se consideren incluidos en el ámbito de aplicación.

(33)

No es adecuado utilizar el mismo método para determinar los objetivos en materia de reducción de emisiones en el caso de los grandes fabricantes y de los pequeños fabricantes, que se consideran independientes sobre la base de los criterios establecidos en el presente Reglamento. Dichos pequeños fabricantes deben contar con la posibilidad de solicitar objetivos alternativos en materia de reducción de emisiones relacionados con el potencial tecnológico de los automóviles de un fabricante determinado para reducir sus emisiones específicas de CO2 y coherentes con las características de los segmentos de mercado pertinentes.

(34)

Reconociendo las repercusiones desproporcionadas en los fabricantes más pequeños que se derivarían del cumplimiento de objetivos de emisiones específicas definidos en función de la utilidad de los vehículos, la elevada carga administrativa del procedimiento de excepción y el beneficio marginal derivado, en términos de reducción de emisiones de CO2, de los vehículos vendidos por esos fabricantes, los fabricantes responsables de menos de 1 000 turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados anualmente en la Unión deben estar excluidos del ámbito de aplicación del objetivo de emisiones específicas y de la prima por exceso de emisiones. Ahora bien, cuando pese a todo uno de estos fabricantes solicita y obtiene una excepción, procede que se le pueda exigir que cumpla el objetivo de tal excepción.

(35)

El procedimiento de concesión de excepciones del objetivo de parque de la Unión de 95 g CO2/km a los fabricantes especializados garantiza que el esfuerzo de reducción de emisiones exigido a dichos fabricantes especializados sea coherente con el de los grandes fabricantes con respecto a dicho objetivo. Procede seguir dando a esos fabricantes especializados la posibilidad de acogerse a una excepción similar de los objetivos aplicables de 2025 a 2028.

(36)

A la hora de determinar las emisiones medias específicas de CO2 de todos los turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión de los que son responsables los fabricantes, deben tenerse en cuenta todos los turismos y vehículos comerciales ligeros independientemente de su masa o de otras características, según el caso. Aunque el Reglamento (CE) n.o 715/2007 no contempla los turismos y vehículos comerciales ligeros con una masa de referencia superior a 2 610 kg y a los que no se hace extensiva la homologación de tipo de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, las emisiones de estos vehículos deben medirse de conformidad con los mismos procedimientos de medición especificados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 715/2007, en particular los procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión (14) y en el Reglamento (UE) 2017/1151 y los procedimientos de correlación adoptados sobre la base de los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011, en particular los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1152 y (UE) 2017/1153. Los valores de emisión de CO2 resultantes deben incorporarse en el certificado de conformidad del vehículo para que puedan ser incluidos en el sistema de control.

(37)

Las emisiones específicas de CO2 de los vehículos comerciales ligeros completados deben asignarse al fabricante del vehículo de base.

(38)

Debe prestarse atención a la situación específica de los fabricantes de vehículos comerciales ligeros que producen vehículos incompletos que se homologan en varias fases. Aunque estos fabricantes son responsables del cumplimiento de los objetivos de emisiones de CO2, deben tener la posibilidad de pronosticar con certeza razonable las emisiones de CO2 de los vehículos completados. La Comisión debe garantizar que esas necesidades se reflejen debidamente en las medidas de aplicación adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 715/2007.

(39)

Para que dispongan de flexibilidad para cumplir sus objetivos con arreglo al presente Reglamento, los fabricantes han de poder celebrar un acuerdo para formar agrupaciones de una forma abierta, transparente y no discriminatoria. Los acuerdos relativos a la formación de una agrupación no deben tener una vigencia superior a cinco años, pero deben poder renovarse. Si los fabricantes forman una agrupación, debe considerarse que cumplen sus objetivos con arreglo al presente Reglamento siempre que las emisiones medias de la agrupación en su conjunto no superen el objetivo de emisiones específicas de la agrupación.

(40)

La posibilidad para los fabricantes de formar agrupaciones ha resultado ser una forma eficaz en relación con los costes de alcanzar el cumplimiento de los objetivos de emisiones de CO2, en particular facilitando su cumplimiento a los fabricantes que producen una gama limitada de vehículos. Con el fin de mejorar la neutralidad competitiva, la Comisión debe tener competencias para aclarar en qué condiciones los fabricantes independientes pueden formar una agrupación a fin de permitirles situarse en una posición equivalente a la de las empresas vinculadas.

(41)

Es necesario un mecanismo de cumplimiento sólido para garantizar la consecución de los objetivos previstos en el presente Reglamento.

(42)

Para alcanzar las reducciones de emisiones de CO2 requeridas en virtud del presente Reglamento también es fundamental que las emisiones de los vehículos en uso sean conformes con los valores de CO2 determinados en la homologación de tipo. Por lo tanto, la Comisión debe tener la posibilidad de tener en cuenta en el cálculo de las emisiones medias específicas de CO2 de un fabricante cualquier incumplimiento sistémico detectado por las autoridades de homologación de tipo con respecto a las emisiones de CO2 de los vehículos en uso.

(43)

La Comisión debe tener competencias para establecer y aplicar un procedimiento de verificación de la correspondencia de las emisiones de CO2 de los vehículos en circulación, determinadas de conformidad con el WLTP, y los valores de las emisiones de CO2 que figuran en los certificados de conformidad. Al desarrollar tal procedimiento, debe prestarse especial atención a la determinación de los métodos, incluido el uso de datos procedentes de los dispositivos de control del consumo de combustible o energía a bordo, para detectar estrategias que pretendan mejorar artificialmente el comportamiento en materia de CO2 del vehículo en el procedimiento de homologación de tipo. Cuando en el transcurso de estas comprobaciones, se detecten desviaciones o estrategias que mejoren artificialmente el comportamiento en materia de CO2, ello debe considerarse razón suficiente para sospechar que existe un riesgo grave de incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) y en el Reglamento (CE) n.o 715/2007, y sobre esta base los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias con arreglo al capítulo XI del Reglamento (UE) 2018/858.

(44)

Las emisiones específicas de CO2 de los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos se miden sobre una base armonizada en la Unión, de conformidad con el WLTP. Para minimizar la carga administrativa del presente Reglamento, su cumplimiento debe medirse en relación con los datos sobre matriculaciones de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos en la Unión, recabados por los Estados miembros y transmitidos a la Comisión. A fin de garantizar la coherencia de los datos utilizados para evaluar el cumplimiento, deben armonizarse en lo posible las normas de recogida y notificación de tales datos. Por lo tanto, debe indicarse claramente la responsabilidad de las autoridades competentes para facilitar datos correctos y completos, así como la necesidad de una cooperación eficaz entre dichas autoridades y la Comisión para abordar cuestiones sobre la calidad de los datos.

(45)

El cumplimiento de los objetivos fijados en el presente Reglamento por parte de los fabricantes debe evaluarse a escala de la Unión. Los fabricantes cuyas emisiones medias específicas de CO2 superen las autorizadas por el presente Reglamento deben pagar una prima por exceso de emisiones respecto a cada año civil. El importe de la prima por exceso de emisiones debe considerarse un ingreso para el presupuesto general de la Unión. En su revisión de 2023, la Comisión debe valorar la posibilidad de asignar los importes de prima por exceso de emisiones a un fondo específico o un programa pertinente que tenga por objeto garantizar una transición justa hacia una movilidad sin emisiones y apoyar el reciclaje profesional, la capacitación y la formación de los trabajadores del sector del automóvil.

(46)

Habida cuenta del objetivo y los procedimientos establecidos por el presente Reglamento, las medidas nacionales que los Estados miembros puedan mantener o introducir de conformidad con el artículo 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no deben imponer sanciones adicionales o más estrictas a los fabricantes que no cumplan sus objetivos con arreglo al presente Reglamento.

(47)

El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la plena aplicación de las normas de la Unión en materia de competencia.

(48)

La eficacia de los objetivos establecidos en el presente Reglamento para reducir realmente las emisiones de CO2 depende en gran medida de la representatividad del procedimiento oficial de ensayo en condiciones reales. De conformidad con el dictamen científico 1/2016 del Mecanismo de Asesoramiento Científico titulado «Reducir la diferencia entre las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros en condiciones reales y en los ensayos de laboratorio» y la Recomendación del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil (16), debe instaurarse un mecanismo para valorar la representatividad en condiciones reales de conducción de los valores de las emisiones de CO2 y del consumo de energía de los vehículos determinados de conformidad con el WLTP. La forma más fiable de garantizar la representatividad en condiciones reales de los valores de homologación de tipo es utilizar datos procedentes de los dispositivos de control del consumo de combustible o energía a bordo. La Comisión debe, por lo tanto, estar facultada para desarrollar los procedimientos necesarios para la recopilación y el tratamiento de los datos sobre consumo de combustible y energía necesarios para llevar a cabo tales evaluaciones, así como para garantizar la disponibilidad pública de dichos datos, sin descuidar la protección de los datos personales. Por otra parte, para garantizar la disponibilidad de datos sobre el consumo de combustible y energía de los vehículos eléctricos con batería y los vehículos con sistemas de propulsión que utilizan combustibles gaseosos, como el hidrógeno, conviene que los trabajos de normalización de los dispositivos de control del consumo de combustible o de energía a bordo de dichos vehículos se lleven a cabo sin demora, en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) 2017/1151.

(49)

La Comisión debe, además, valorar cómo pueden utilizarse los datos sobre consumo de combustible y energía para garantizar que las emisiones de CO2 del vehículo determinadas con arreglo al WLTP sigan siendo representativas de las emisiones en condiciones reales a lo largo del tiempo para todos los fabricantes, y, más precisamente, cómo pueden utilizarse estos datos para vigilar la disparidad entre las emisiones de CO2 en laboratorio y en condiciones reales y, cuando sea necesario, evitar que se acentúe.

(50)

Es importante evaluar las emisiones durante todo el ciclo de vida de los turismos y los vehículos comerciales ligeros en la Unión. A tal efecto, a más tardar en 2023 la Comisión debe valorar la posibilidad de elaborar una metodología común de la Unión para la evaluación y la notificación coherente de datos sobre las emisiones de CO2 durante la totalidad del ciclo de vida de dichos vehículos comercializados en la Unión. La Comisión debe adoptar medidas de seguimiento, incluidas, en su caso, propuestas legislativas.

(51)

En 2024, tendrá lugar una revisión de los progresos realizados en virtud del Reglamento (UE) 2018/842 y de la Directiva 2003/87/CE. Procede por lo tanto revisar globalmente la eficacia del presente Reglamento en 2023 con el fin de permitir una valoración coordinada y coherente de las medidas aplicadas en virtud de todos esos instrumentos. En dicha revisión de 2023, la Comisión debe asimismo definir una vía clara para ulteriores reducciones de las emisiones de CO2 aplicables a los turismos y a los vehículos comerciales ligeros con posterioridad a 2030 a fin de contribuir de manera significativa a alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. En su caso, el informe sobre esa revisión debe ir acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

(52)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a la especificación de las condiciones detalladas para los acuerdos para formar agrupaciones, la adopción de normas detalladas sobre los procedimientos para el seguimiento y la notificación de las emisiones medias y sobre la aplicación de los anexos II y III, la adopción de normas detalladas sobre los procedimientos para informar sobre las desviaciones detectadas, como resultado de las verificaciones, en las emisiones de CO2 de los vehículos en servicio y tener en cuenta esas desviaciones al calcular las emisiones medias específicas de CO2 de un fabricante, la determinación de los medios para la percepción de las primas por exceso de emisiones, la publicación del comportamiento de los fabricantes, la adopción de disposiciones detalladas para un procedimiento de aprobación de las tecnologías innovadoras o de los paquetes de tecnologías innovadoras, la adopción de un procedimiento pormenorizado para recabar y procesar parámetros sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible o energía en condiciones reales de los turismos y los vehículos comerciales ligeros, la determinación de los procedimientos para efectuar las verificaciones i) de que los valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible que figuran en el certificado de conformidad se corresponden con las emisiones de CO2 y con el consumo de combustible de los vehículos en circulación, y ii) el empleo de cualquier estratagema, ya sea a bordo o en relación con los vehículos de la muestra, que mejore artificialmente el rendimiento del vehículo en los ensayos realizados a efectos de la homologación de tipo, y la determinación de los parámetros de correlación necesarios para reflejar cualquier cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario para medir las emisiones específicas de CO2. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(53)

Para modificar, o completar, según convenga, elementos no esenciales de las disposiciones del presente Reglamento deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE a fin de modificar los requisitos en materia de datos y parámetros de los datos que figuran en los anexos II y III del presente Reglamento, de establecer normas relativas a la interpretación de los criterios para que algunos fabricantes puedan acogerse a una excepción, al contenido de las solicitudes de excepción, al contenido y la evaluación de los programas de reducción de emisiones específicas de CO2, de modificar el anexo II, parte A, del presente Reglamento con el fin de fijar las fórmulas de cálculo de los objetivos de las excepciones para fabricantes especializados, de ajustar el límite de la contribución total de las tecnologías innovadoras en la reducción de las emisiones medias específicas de CO2 de un fabricante a partir del 2025, de establecer los principios rectores y los criterios para definir los procedimientos para efectuar las verificaciones, de establecer las medidas de ajuste de los valores de M0 and TM0, y de adaptar las fórmulas de cálculo aplicables a los objetivos de emisiones específicos para reflejar el cambio operado en el procedimiento de ensayo reglamentario. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (18). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(54)

Los Reglamentos (CE) n.o 443/2009 y (UE) n.o 510/2011 deben derogarse con efectos a partir del 1 de enero de 2020.

(55)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de requisitos de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a su dimensión o efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

—

2 turismos en 2020,

—

1,67 turismos en 2021,

—

1,33 turismos en 2022,

—

1 turismo a partir de 2023,

(1)

En virtud del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (2) (en lo sucesivo, «Código»), todos los intercambios de información entre las autoridades aduaneras y entre estas y los operadores económicos, así como el almacenamiento de dicha información, deben llevarse a cabo mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos.

(2)

No obstante, el Código autoriza la utilización de medios de intercambio y almacenamiento de información distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos contempladas en su artículo 6, apartado 1, durante un período transitorio, en la medida en que los sistemas electrónicos necesarios para la aplicación de las disposiciones del Código no estén todavía operativos. Dicho período transitorio debe finalizar el 31 de diciembre de 2020, a más tardar.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en el Código, los Estados miembros deben cooperar con la Comisión en el desarrollo, mantenimiento y utilización de los sistemas electrónicos para el intercambio y almacenamiento de información aduanera, y la Comisión debe elaborar un programa de trabajo relativo al desarrollo y a la implantación de dichos sistemas electrónicos.

(4)

Este Programa de Trabajo fue establecido mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión (3). Incluye una lista con diecisiete sistemas electrónicos que deben desarrollar, con vistas a la aplicación del Código, o bien los Estados miembros exclusivamente (en el caso de los sistemas gestionados a nivel nacional, denominados «sistemas nacionales»), o bien los Estados miembros y la Comisión en estrecha colaboración (en el caso de los sistemas a escala de la Unión, algunos de los cuales comportan componentes tanto a escala de la Unión como nacionales, denominados «sistemas transeuropeos»).

(5)

El Programa de Trabajo fija el calendario de planificación para la implementación de dichos sistemas nacionales y transeuropeos.

(6)

El paso a la plena utilización de sistemas electrónicos para la interacción entre los operadores económicos y las autoridades aduaneras, y entre las autoridades aduaneras, permitirá la plena aplicación de las simplificaciones establecidas en el Código y se traducirá en un mejor intercambio de información entre los agentes, un registro más eficaz de la llegada, el tránsito y la salida de las mercancías, un despacho centralizado y controles aduaneros armonizados en todo el territorio aduanero de la Unión, reduciéndose así los costes administrativos, la burocracia, los errores y el fraude en las declaraciones aduaneras y la elección elusiva del lugar de importación.

(7)

La implantación de los sistemas electrónicos exige a la Comisión y los Estados miembros armonizar los elementos de datos basándose en modelos de datos internacionalmente aceptados, tal como exige el Código, realizar inversiones tanto en términos de financiación como de tiempo y, en algunos casos, reprogramar por completo los sistemas electrónicos existentes. Los Estados miembros han planificado de manera distinta el desarrollo de dichos sistemas electrónicos, lo que ha provocado diferencias cronológicas en su aplicación en toda la Unión. Habida cuenta de que los sistemas electrónicos están estrechamente interconectados, es importante irlos introduciendo en el orden correcto. Así pues, el retraso en el desarrollo de un sistema provocará, inevitablemente, demoras en el desarrollo de los demás. El Código (que fija a 31 de diciembre de 2020 la fecha final de aplicación de las medidas transitorias) fue adoptado en 2013, pero las normas para completarlo y ejecutarlo, en particular el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (4), el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (5) y el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión (6), no se publicaron hasta 2015 y 2016. Esto ha provocado retrasos en el establecimiento de las especificaciones funcionales y técnicas necesarias para el desarrollo de los sistemas electrónicos.

(8)

Aunque el artículo 278 del Código establezca un plazo único a 31 de diciembre de 2020 para la implantación de todos los sistemas a que se refiere dicho artículo, y pese a los esfuerzos realizados a nivel presupuestario y operativo por la Unión y por algunos Estados miembros para completar los trabajos en el plazo fijado, ha quedado patente que algunos sistemas solo podrán implantarse parcialmente para esa fecha. Esto implica que algunos sistemas preexistentes tendrán que seguir utilizándose después de esa fecha. A falta de modificaciones legislativas que amplíen ese plazo, las empresas y las autoridades aduaneras no podrán desempeñar sus funciones y obligaciones jurídicas en relación con las operaciones aduaneras.

(9)

Los trabajos deben proseguir después del 31 de diciembre de 2020 en relación con tres grupos de sistemas. El primer grupo lo integran los sistemas electrónicos nacionales que se ocupan de las notificaciones de la llegada, la presentación, las declaraciones de depósito temporal y las declaraciones en aduana para las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión (incluidos los regímenes especiales con excepción del perfeccionamiento pasivo), que deben mejorarse o construirse para tener en cuenta determinados requisitos del Código, como la armonización de los requisitos relativos a los datos que han de introducirse en dichos sistemas. El segundo grupo lo integran los sistemas electrónicos ya existentes que deben mejorarse para tener en cuenta determinadas exigencias del Código, como por ejemplo la armonización de requisitos en relación con los datos que deben introducirse en los sistemas. Este grupo está formado por tres sistemas transeuropeos (el sistema para la tramitación de las declaraciones sumarias de entrada, el sistema para la tramitación del tránsito externo e interno y el sistema relacionado con las mercancías que salen del territorio aduanero de la Unión), así como por el Sistema Nacional de Exportación (incluido el componente «exportación» del Sistema de Regímenes Especiales nacional). El tercer grupo lo integran tres nuevos sistemas electrónicos transeuropeos (los sistemas relativos a garantías frente a deudas aduaneras potenciales o existentes, al estatuto aduanero de las mercancías y al despacho centralizado). La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, ha elaborado un calendario detallado con vistas a la implantación de esos sistemas durante el período que se extiende hasta finales de 2025.

(10)

En consonancia con la nueva planificación del desarrollo de los sistemas electrónicos, el plazo establecido en el Código durante el cual pueden utilizarse con carácter transitorio medios de intercambio y almacenamiento de información distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos contempladas en su artículo 6, apartado 1, debe ampliarse hasta 2022 por lo que se refiere al primer grupo de sistemas electrónicos y hasta 2025 por lo que se refiere a los grupos segundo y tercero.

(11)

Por lo que respecta a los demás sistemas que deben implantarse a efectos de aplicación del Código, debe seguir siendo válida la fecha final general de 31 de diciembre de 2020 para la utilización de medios de intercambio y almacenamiento de información distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos contempladas en su artículo 6, apartado 1.

(12)

Para que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan controlar la implantación de todos los sistemas electrónicos necesarios para la aplicación de las disposiciones del Código a que se refiere su artículo 278, la Comisión debe informar periódicamente sobre los progresos realizados y sobre la consecución de los objetivos intermedios en el calendario previsto. Los Estados miembros deben proporcionar a la Comisión la información apropiada a tal efecto dos veces al año. Una vez que todos los sistemas electrónicos estén operativos, la Comisión debe evaluar si son adecuados para su finalidad mediante un control de la adecuación, que debe iniciarse en el plazo de un año a partir de la primera fecha en que estén todos operativos.

(13)

Procede, por tanto, modificar el Código en consecuencia.

1)

El artículo 278 se sustituye por el texto siguiente:

2)

Se inserta el artículo siguiente:

3)

El artículo 279 se sustituye por el texto siguiente:

(1)

En el marco de la cadena de suministro agrícola y alimentario, se producen con frecuencia desequilibrios importantes en cuanto a poder de negociación entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios. Estos desequilibrios en el poder de negociación es probable que conduzcan a prácticas comerciales desleales, si los socios comerciales de mayor tamaño y poder tratan de imponer determinadas prácticas o disposiciones contractuales que les benefician en relación con una transacción de venta. Estas prácticas pueden, por ejemplo, apartarse en gran medida de las buenas conductas comerciales, ser contrarias a la buena fe y a un trato justo e imponerse de manera unilateral por una de las partes a la otra; o imponer una transferencia desproporcionada e injustificada de riesgo económico de una de las partes a la otra; o imponer un desequilibrio importante de derechos y obligaciones a una de las partes. Determinadas prácticas podrían ser manifiestamente desleales, aun cuando ambas partes las aceptaran. Conviene introducir un nivel mínimo de protección en la Unión contra las prácticas comerciales desleales a fin de reducir la incidencia de tales prácticas que pueden tener repercusiones negativas en los niveles de vida de la comunidad agraria. El planteamiento de armonización mínima incluido en la presente Directiva permite a los Estados miembros adoptar o mantener una normativa nacional que vaya más allá de las prácticas comerciales desleales enumeradas en la presente Directiva.

(2)

Tres publicaciones de la Comisión desde 2009 (la Comunicación de la Comisión de 28 de octubre de 2009 sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, la Comunicación de la Comisión de 15 de julio de 2014 sobre cómo hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas, y el Informe de la Comisión de 29 de enero de 2016 sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas), se han centrado en el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, en particular en la incidencia de prácticas comerciales desleales. La Comisión ha propuesto una serie de elementos que convendría que incluyesen los marcos nacionales de gobernanza voluntaria para tratar las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario. No todos esos elementos han pasado a formar parte del marco jurídico o de los regímenes de gobernanza voluntarios de los Estados miembros y, por consiguiente, la incidencia de tales prácticas sigue ocupando el centro del debate político en la Unión.

(3)

En 2011, el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, dirigido por la Comisión, aprobó una serie de principios de buenas prácticas en las relaciones verticales de la cadena de suministro alimentario que fueron acordados por organizaciones que representaban a la mayoría de los agentes de la cadena de suministro alimentario. Estos principios pasaron a ser la base de la Iniciativa de la Cadena de Suministro, que se puso en marcha en 2013.

(4)

El Parlamento Europeo, en su resolución de 7 de junio de 2016 sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario (4), invitó a la Comisión a que presentara una propuesta de marco jurídico de la Unión sobre prácticas comerciales desleales. El Consejo, en sus conclusiones de 12 de diciembre de 2016 sobre el refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario y la lucha contra las prácticas comerciales desleales, invitó a la Comisión a que llevara a cabo, de manera oportuna, una evaluación de impacto con miras a proponer un marco legislativo o medidas no legislativas de la Unión para hacer frente a las prácticas comerciales desleales. La Comisión preparó una evaluación de impacto, precedida de una consulta pública abierta, así como de una serie de consultas específicas. Además, durante el proceso legislativo, la Comisión aportó una información que demuestra que los grandes agentes representan una parte muy considerable del valor total de la producción.

(5)

En la cadena de suministro agrícola y alimentario intervienen distintos agentes en las distintas fases de producción, transformación, comercialización, distribución y venta al por menor de dichos productos agrícolas y alimentarios. Dicha cadena es, con diferencia, el canal más importante para hacer llegar los productos agrícolas y alimentarios «de la granja a la mesa». Esos agentes comercializan productos agrícolas y alimentarios, es decir, los productos agrícolas primarios, incluidos los de la pesca y la acuicultura, enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y productos que no figuran en dicho anexo, pero que han sido transformados para su uso como alimentos utilizando productos enumerados en el mencionado anexo.

(6)

Aunque el riesgo comercial es inherente a toda actividad económica, la producción agraria sufre una inseguridad particular debido a su dependencia de los procesos biológicos y a su exposición a las condiciones meteorológicas. Dicha inseguridad es diversa, ya que los productos agrícolas y alimentarios son, en mayor o menor medida, perecederos y estacionales. En un contexto en el que la política agrícola está claramente más orientada al mercado que en el pasado, la protección contra las prácticas comerciales desleales resulta cada vez más importante para los agentes que intervienen en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

(7)

En particular, dichas prácticas comerciales desleales pueden tener un impacto negativo en el nivel de vida de la comunidad agraria. Se entiende que este impacto puede ser directo, en lo que se refiere a los productores agrícolas y a sus organizaciones en calidad de proveedores, o indirecto, a través de las consecuencias en cascada que provocan las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario y que afectan negativamente a los productores primarios.

(8)

La mayoría de los Estados miembros, aunque no todos, disponen de normas nacionales específicas que protegen a los proveedores contra las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Aun cuando es posible recurrir al Derecho contractual o a iniciativas de autorregulación, el temor a represalias comerciales contra el denunciante, así como los riesgos financieros que supone el desafiar tales prácticas, limitan el valor práctico de esas vías de recurso. Algunos Estados miembros que disponen de normas específicas sobre prácticas comerciales desleales confían por ello a las autoridades administrativas la responsabilidad de controlar su cumplimiento. No obstante, las normas sobre prácticas comerciales desleales de los Estados miembros (cuando existen) se caracterizan por las grandes divergencias que hay entre ellas.

(9)

El número y el tamaño de los agentes varían en las distintas etapas de la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las diferencias en el poder de negociación, que se corresponden con la dependencia económica del proveedor respecto del comprador, y es probable que conduzcan a que los agentes más grandes impongan prácticas comerciales desleales a los agentes más pequeños. Un planteamiento dinámico, basado en el tamaño relativo del proveedor y del comprador en términos de volumen de negocios anual, debe facilitar una mejor protección contra las prácticas comerciales desleales a aquellos agentes que más la necesitan. Las prácticas comerciales desleales son perjudiciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes), de la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las empresas más grandes que las pymes pero con una volumen de negocios anual inferior a 350 000 000 EUR, también deben ser protegidas contra las prácticas comerciales desleales, para evitar que el coste de dichas prácticas se traslade a los productores agrícolas. Las consecuencias en cascada sobre los productores agrícolas parecen ser particularmente significativas para las empresas con un volumen de negocios anual de hasta 350 000 000 EUR. La protección de los proveedores intermedios de productos agrícolas y alimentarios, incluidos los productos transformados, pueden también servir para evitar la desviación del comercio desde los productores agropecuarios y sus asociaciones, que producen productos transformados, hacia proveedores no protegidos.

(10)

La protección que aporta la presente Directiva debería beneficiar a los productores agrícolas y a las personas físicas o jurídicas que son proveedores de productos agrícolas y alimentarios, incluidas las organizaciones de productores, reconocidas o no, y las asociaciones de organizaciones de productores, reconocidas o no, en función de su poder de negociación relativo. Esas organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores incluyen a las cooperativas. Esos productores y personas son especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales, y menos capaces de hacerles frente sin repercusiones negativas para su viabilidad económica. En lo que se refiere a las categorías de proveedores que deben ser protegidos en virtud de la presente Directiva, cabe destacar que una proporción significativa de las cooperativas formadas por agricultores son empresas más grandes que las pymes pero con un volumen de negocios anual inferior a 350 000 000 EUR.

(11)

La presente Directiva debe aplicarse a las transacciones comerciales, independientemente de si se realizan entre empresas o entre empresas y autoridades públicas dado que, cuando las autoridades públicas compran productos agrícolas y alimentarios, deben someterse a las mismas normas. La presente Directiva debe aplicarse a todas las autoridades públicas que actúen como compradoras.

(12)

Los proveedores de la Unión deben estar protegidos no solo contra las prácticas comerciales desleales de los compradores establecidos en el mismo Estado miembro que el proveedor o en otro, sino también contra las prácticas comerciales desleales de los compradores establecidos fuera de la Unión. Esa protección evitaría posibles consecuencias no deseadas como la elección del lugar de establecimiento en función de las normas aplicables. Los proveedores establecidos fuera de la Unión deben también disfrutar de protección contra las prácticas comerciales desleales cuando venden productos agrícolas y alimentarios en la Unión. Esos proveedores no solo pueden ser igualmente vulnerables frente a las prácticas desleales, sino que el hecho de estar cubiertos por un ámbito de aplicación más amplio evitará también el desvío no deseado del comercio hacia proveedores no protegidos, lo que iría en detrimento de la protección de los proveedores de la Unión.

(13)

Algunos servicios que son complementarios a la venta de productos agrícolas y alimentarios deben estar incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(14)

La presente Directiva debe aplicarse a las conductas comerciales que practican los agentes de mayor tamaño frente a los agentes que tienen menor poder de negociación. Una aproximación adecuada al poder de negociación relativo es el volumen de negocios anual de los distintos agentes. Aun tratándose de una aproximación, este criterio proporciona a los agentes una previsibilidad con respecto a sus derechos y obligaciones en virtud de la presente Directiva. Un límite superior debe impedir que se conceda protección a agentes que no sean vulnerables, o que lo sean significativamente menos que sus homólogos o competidores más pequeños. Por ello, la presente Directiva establece categorías de operadores basadas en el volumen de negocios, conforme a las cuales se concede protección.

(15)

Habida cuenta de que las prácticas comerciales desleales pueden producirse en cualquier fase de la comercialización de un producto agrícola o alimentario, antes, durante o después de una transacción de venta, los Estados miembros deben asegurarse de que la presente Directiva se aplique a tales prácticas, sea cual sea la fase en que se produzcan.

(16)

A la hora de decidir si una práctica comercial dada es desleal, es importante reducir el riesgo de limitar el uso de los acuerdos equitativos y generadores de eficiencia entre las partes. En consecuencia, conviene establecer una diferencia entre las prácticas previstas en términos claros e inequívocos en los contratos de suministro, o en acuerdos posteriores entre las partes, y las prácticas que tienen lugar después de que se haya iniciado la transacción y que no han sido acordadas de antemano, de manera que solo estén prohibidos los cambios unilaterales y con carácter retroactivo de esos términos claros e inequívocos del contrato de suministro. No obstante, algunas prácticas comerciales se consideran desleales de por sí y no deben estar sujetas a la libertad contractual de las partes.

(17)

La morosidad en el pago de productos agrícolas y alimentarios, incluida la de productos perecederos, así como la cancelación con escasa antelación de los pedidos de productos perecederos, repercuten negativamente en la viabilidad económica del proveedor, sin aportarle compensación a cambio. Por ello deben prohibirse tales prácticas. En este contexto, a los efectos de la presente Directiva, es conveniente poner a punto una definición de productos agrícolas y alimentarios perecederos. Las definiciones utilizadas en los actos conexos de la legislación de la UE en materia de alimentos tienen objetivos diferentes, como la salud y la seguridad alimentaria, y, por lo tanto, no son apropiadas a los efectos de la presente Directiva. Debe considerarse un producto como perecedero cuando quepa esperar que no se considerará apto para la venta en el plazo de 30 días a partir del último acto de recolección, producción o transformación por el proveedor, con independencia de que el producto sea sometido a una nueva transformación o de que sea manipulado tras su venta de acuerdo con otras normas aplicables, en particular las relativas a seguridad alimentaria. Los productos perecederos suelen consumirse o venderse con rapidez. No es compatible con el comercio leal efectuar el pago de productos perecederos más de 30 días después de la entrega, 30 días desde la expiración de un plazo de entrega acordado cuando los productos se entreguen de forma periódica o 30 días desde la fecha en que se fije el importe por pagar. Para facilitar mayor protección a los agricultores y a su liquidez, los proveedores de otros productos agrícolas y alimentarios no deben tener que esperar el pago durante más de 60 días después de la entrega, o de la expiración de un plazo de entrega acordado cuando los productos se entreguen de forma periódica, o de la fecha de establecimiento del importe por pagar.

Estas limitaciones deben aplicarse únicamente a los pagos relacionados con la venta de productos agrícolas y alimentarios, y no a otros pagos como los pagos adicionales de una cooperativa a sus miembros. De conformidad con la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), debe también ser posible considerar la fecha en que se fije el importe por pagar durante un plazo de entrega acordado sea, a efectos de la presente Directiva, la fecha de emisión de la factura, o la fecha de su recepción por el comprador.

(18)

Las disposiciones sobre mora que se establecen en la presente Directiva constituyen normas específicas para el sector agrícola y alimentario en relación con las disposiciones sobre los plazos de pago establecidas en la Directiva 2011/7/UE. Las disposiciones sobre mora que se establecen en la presente Directiva no deben afectar a los acuerdos relativos a cláusulas de reparto del valor a tenor del artículo 172 bis del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). A fin de preservar el correcto funcionamiento del programa escolar de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, las disposiciones sobre mora establecidas en la presente Directiva no deben aplicarse a los pagos efectuados por un comprador (esto es, un solicitante de ayuda) a un proveedor en el marco del programa escolar. Teniendo en cuenta el reto que supone para las entidades públicas que prestan servicios de asistencia sanitaria el priorizar la asistencia sanitaria de tal forma que se equilibren las necesidades de los distintos pacientes con los recursos financieros, dichas disposiciones tampoco deben aplicarse a las entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/7/UE.

(19)

Las uvas y el mosto para la producción vinícola tienen características especiales por cuanto, aunque las uvas se vendimian únicamente durante un período muy limitado en el año, se usan para la producción de vino, cuya venta puede no efectuarse hasta muchos años después. Con el fin de tener en cuenta esta situación especial, las organizaciones de productores e interprofesionales han venido elaborando contratos tipo para el suministro de dichos productos, en los cuales se prevén pagos fraccionados con plazos específicos. El uso de dichos contratos tipo por parte de proveedores y compradores en acuerdos plurianuales no solo proporciona a los productores agrícolas la seguridad de unas relaciones comerciales de larga duración, sino que contribuye también a la estabilidad de la cadena de suministro. Cuando dichos contratos tipo hayan sido elaborados por organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales o asociaciones de organizaciones de productores reconocidas, y los Estados miembros hayan dispuesto que sean obligatorios con arreglo al artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 («prórroga») antes del 1 de enero de 2019, o cuando los Estados miembros hayan prorrogado los contratos tipo sin haber efectuado modificaciones significativas de las condiciones de pago en detrimento de los proveedores de uvas y mosto, las disposiciones en materia de mora establecidas en la presente Directiva no deben aplicarse a los contratos entre proveedores de uvas y mosto para la producción vinícola y sus compradores directos. En virtud del artículo 164, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión los respectivos acuerdos de organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales y asociaciones de organizaciones de productores reconocidas.

(20)

Se deben considerar desleales los anuncios de cancelación de productos perecederos con un plazo menor de 30 días, ya que el proveedor no estaría en disposición de encontrar una salida alternativa para dichos productos. No obstante, en el caso de los productos de determinados sectores, unos plazos de cancelación aún más cortos podrían dejar todavía tiempo suficiente para que los proveedores vendan los productos en otro punto o les den ellos mismos uso. Por tanto, los Estados miembros deberían tener la potestad de disponer para esos sectores unos plazos de cancelación más cortos en casos debidamente justificados.

(21)

Los compradores que gozan de una posición más fuerte no deben modificar de forma unilateral las cláusulas contractuales acordadas: por ejemplo, suprimir productos objeto de un contrato de suministro. No obstante, ello no debe aplicarse a las situaciones en las que exista un contrato entre un proveedor y un comprador en el que se estipule expresamente que este último podrá especificar más adelante un elemento concreto de la transacción con respecto a pedidos futuros: por ejemplo, en relación con las cantidades encargadas. Los acuerdos no necesariamente se celebran en un momento dado para todos los aspectos de la transacción entre el proveedor y el comprador.

(22)

Los proveedores y los compradores de productos agrícolas y alimentarios deben poder negociar libremente las transacciones comerciales, incluido el precio. Dichas negociaciones también incluyen los pagos por servicios prestados por el comprador al proveedor, como la inclusión en una lista de precios, la comercialización y la promoción. No obstante, deben considerarse desleales y prohibirse con arreglo a la presente Directiva las prácticas por las cuales un comprador imponga a un proveedor pagos que no estén relacionados con una transacción de venta concreta.

(23)

Aunque no debe haber obligación de que los contratos sean por escrito, el uso de contratos escritos en la cadena de suministro agrícola y alimentaria podría contribuir a evitar determinadas prácticas comerciales desleales. Por tanto, al objeto de proteger a los proveedores de dichas prácticas desleales, los proveedores o sus asociaciones deben tener el derecho de solicitar una confirmación por escrito de las condiciones de un contrato de suministro cuando ya se hayan convenido. En tales casos, debe considerarse una práctica comercial desleal y prohibirse la denegación, por parte de un comprador, de la confirmación por escrito de las cláusulas del contrato de suministro. Además, los Estados miembros podrán determinar, compartir y promover las mejores prácticas sobre la celebración de contratos a largo plazo, con objeto de reforzar la capacidad de negociación de los productores en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

(24)

La presente Directiva no armoniza las normas relativas a la carga de la prueba que deben aplicarse en el procedimiento ante las autoridades nacionales de ejecución, ni la definición de contratos de suministro. Por tanto, las normas relativas a la carga de la prueba y a la definición de contratos de suministro son las establecidas por la legislación nacional de los Estados miembros.

(25)

Los proveedores deben poder interponer denuncias contra determinadas prácticas comerciales desleales. Deben prohibirse y considerarse prácticas comerciales desleales las represalias del comprador contra un proveedor que ejerce sus derechos, o la amenaza de tomar tales represalias: por ejemplo, la supresión de productos de las listas de precios, la reducción de las cantidades de productos encargados o la interrupción de determinados servicios que preste un comprador al proveedor, como la comercialización o la promoción de productos del proveedor, contrarias a que el proveedor ejerza sus derechos.

(26)

Suele ser el comprador el que asume los costes de, el almacenamiento, la exposición o la inclusión en una lista de precios de los productos agrícolas y alimentarios o la puesta en el mercado de dichos productos. En consecuencia, debe prohibirse con arreglo a la presente Directiva que se imponga al proveedor el pago, destinado al comprador o a un tercero, de dichos servicios, a menos que tal pago se haya acordado en términos claros y sin ambigüedad durante la celebración del contrato de suministro o en cualquier otro contrato posterior entre el comprador y el proveedor. Cuando se acuerde tal pago, debe basarse en estimaciones objetivas y razonables.

(27)

Para que se consideren leales las contribuciones de un proveedor a los costes de la promoción, comercialización o publicidad de productos agrícolas o alimentarios, incluidas la exposición promocional en tiendas y las campañas de venta, deben acordarse en términos claros y sin ambigüedad durante la celebración del contrato de suministro o en cualquier otro contrato posterior entre el comprador y el proveedor. En cualquier otro caso deben quedar prohibidas con arreglo a la presente Directiva. Cuando se acuerde dicha contribución, debe basarse en estimaciones objetivas y razonables.

(28)

Los Estados miembros deben designar autoridades de ejecución a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las prohibiciones establecidas en la presente Directiva. Dichas autoridades deben poder actuar por propia iniciativa o en virtud de denuncias formuladas por las partes afectadas por las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, por denunciantes internos o por denunciantes anónimos. Las autoridades de ejecución podrían estimar que no existen motivos suficientes para instruir una denuncia. Dicha estimación puede deberse también a prioridades administrativas. Si la autoridad estima que no puede dar prioridad a la tramitación de una denuncia, debe informar al denunciante y justificarlo. Si un denunciante solicita que su identidad sea tratada confidencialmente por temor a represalias, las autoridades de ejecución de los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas.

(29)

En caso de que un Estado miembro tenga más de una autoridad de ejecución, deberá designar un único punto de contacto, con el fin de facilitar una cooperación eficaz entre autoridades competentes y con la Comisión.

(30)

Es posible que a los proveedores les resulte más fácil presentar una denuncia ante la autoridad de ejecución de su propio Estado miembro, por ejemplo, por razones lingüísticas. Sin embargo, puede ser más efectivo, en términos de ejecución, presentar una denuncia ante la autoridad de control del Estado miembro en el que se ubique el comprador. El proveedor debe poder elegir a qué autoridad desea dirigir su denuncia.

(31)

Las denuncias de organizaciones de productores, de otras organizaciones de proveedores y de asociaciones de tales organizaciones, incluidas las organizaciones representativas, pueden servir para proteger la identidad de miembros concretos de la organización que se consideren víctimas de prácticas comerciales desleales. Otras organizaciones que tengan un interés legítimo en la representación de proveedores deben tener la posibilidad de cursar una denuncia a instancias y en interés de un proveedor, siempre que dichas organizaciones sean personas jurídicas independientes sin ánimo de lucro. Las autoridades de ejecución de los Estados miembros deben, por tanto, tener la posibilidad de aceptar las denuncias presentadas por tales entidades y darles curso, protegiendo al mismo tiempo los derechos procesales del comprador.

(32)

A fin de garantizar la aplicación efectiva de la prohibición de las prácticas comerciales desleales, las autoridades de ejecución designadas deberán disponer de los recursos necesarios y los conocimientos especializados necesarios.

(33)

Los organismos de ejecución de los Estados miembros deben tener las atribuciones y los conocimientos técnicos necesarios para efectuar investigaciones. La atribución de competencias a dichas autoridades no significa que estas estén obligadas a utilizarlas en cada investigación que realicen. Las autoridades de ejecución deben tener atribuciones que les permitan recopilar eficazmente cualquier información y tener la facultad de poner término a una práctica prohibida, si procede.

(34)

La existencia de un elemento disuasorio, como la facultad de imponer o de dar inicio a procedimientos de imposición de multas, por ejemplo por parte de los órganos jurisdiccionales, y otras sanciones igualmente eficaces, así como la publicación de los resultados de la investigación, incluida la publicación de información sobre compradores que hayan cometido infracciones, puede favorecer un cambio de comportamiento y soluciones precontenciosas entre las partes y, por consiguiente, debe formar parte de las facultades que se otorguen a las autoridades de ejecución. Las multas pueden ser particularmente eficaces y disuasorias. Sin embargo, la autoridad de ejecución debe poder decidir en cada investigación cuál de sus competencias ejercerá y si impondrá multas o decidirá otra forma de sanción apropiada igualmente eficaz.

(35)

El ejercicio de las competencias conferidas a las autoridades de ejecución en virtud de la presente Directiva debe estar sujeto a unas salvaguardias adecuadas que cumplan las normas de los principios generales del Derecho de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluido el respeto al derecho de defensa del comprador.

(36)

La Comisión y las autoridades de ejecución de los Estados miembros deben cooperar estrechamente para garantizar que se utilice un planteamiento común para aplicar las normas establecidas en la presente Directiva. En concreto, las autoridades de ejecución deben prestarse asistencia mutua, por ejemplo, intercambiando información y prestando ayuda en las investigaciones que tengan una dimensión transfronteriza.

(37)

Para facilitar el cumplimiento efectivo, la Comisión debe contribuir a la organización de reuniones periódicas entre los organismos de ejecución de los Estados miembros en las que puedan intercambiarse información pertinente, mejores prácticas, novedades, prácticas de ejecución y recomendaciones en relación con la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Directiva.

(38)

A fin de facilitar dichos intercambios, la Comisión debe crear un sitio web público que contenga referencias a las autoridades nacionales de ejecución y que incluya información sobre las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva.

(39)

Como la mayoría de los Estados miembros ya disponen de normas nacionales sobre prácticas comerciales desleales, aunque divergentes, una directiva constituye el instrumento adecuado para introducir un nivel mínimo de protección en el marco del Derecho de la Unión. Esto debería permitir a los Estados miembros integrar las normas pertinentes en su ordenamiento jurídico nacional de una manera tal que se permita instaurar regímenes cohesivos. No debe impedirse que los Estados miembros mantengan e introduzcan en su territorio una normativa nacional más estricta que establezca un nivel de protección más elevado contra las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, dentro de los límites del Derecho de la Unión aplicable al funcionamiento del mercado interior y siempre que dicha normativa sea proporcionada.

(40)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de mantener o introducir normas nacionales concebidas para combatir las prácticas comerciales desleales que no se ajusten al ámbito de aplicación de la presente Directiva, dentro de los límites del Derecho de la Unión aplicable al funcionamiento del mercado interior y si dichas normas son proporcionadas. Dichas normas nacionales podrían ir más allá de lo que dispone la presente Directiva, por ejemplo, en lo relativo al tamaño de compradores y proveedores, la protección de los compradores y el alcance de los productos y los servicios. Dichas normas nacionales podrían ir más allá también del tipo y número de las prácticas comerciales prohibidas enumeradas en la presente Directiva.

(41)

Dichas normas nacionales se aplicarían junto con medidas de gobernanza voluntarias, como códigos de conducta nacionales o la Iniciativa de la Cadena de Suministro. Se anima explícitamente a recurrir a s la resolución alternativa de conflictos voluntaria entre proveedores y compradores, sin perjuicio del derecho del proveedor a presentar una denuncia o a buscar el amparo de los tribunales civiles.

(42)

La Comisión debe tener una visión de conjunto de la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros. Por otra parte, debe poder evaluar la eficacia de la presente Directiva. A tal fin, es conveniente que las autoridades de ejecución de los Estados miembros presenten informes anuales a la Comisión. Dichos informes deben, cuando corresponda, proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre las denuncias, las investigaciones y las decisiones adoptadas. Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la obligación de información, procede conferir a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(43)

Para lograr una aplicación efectiva de los principios de actuación con respecto a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, la Comisión debe revisar la aplicación de la presente Directiva y presentar un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Dicha revisión debe evaluar, en particular, la eficacia de las medidas nacionales destinadas a luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la eficacia de la cooperación entre las autoridades de ejecución. Es importante que en la revisión se preste atención a si, en el futuro, estaría justificada la protección de los compradores de productos agrícolas y alimentarios en la cadena de suministro, además de a los proveedores. El informe debe ir acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

(44)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento en toda la Unión de unas normas mínimas de protección mediante la armonización de las medidas divergentes de los Estados miembros en materia de prácticas comerciales desleales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de contrato con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.