(1)

El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías está garantizada de acuerdo con los Tratados. Están prohibidas las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros, así como todas las medidas de efecto equivalente. Dicha prohibición incluye cualquier medida nacional que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio de mercancías en el interior de la Unión. La libre circulación de mercancías en el mercado interior está garantizada por la armonización a escala de la Unión de normas que establecen unos requisitos comunes para la comercialización de determinadas mercancías o por la aplicación del principio de reconocimiento mutuo tal como lo define el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de las mercancías o los aspectos de las mercancías no abarcados de forma exhaustiva por las normas de armonización de la Unión.

(2)

Un principio de reconocimiento mutuo que funcione correctamente es un complemento esencial para la armonización de normas a escala de la Unión, en especial habida cuenta de que muchas mercancías tienen aspectos armonizados y no armonizados.

(3)

Se pueden crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros si, ante la ausencia de normas de armonización de la Unión que regulen mercancías o determinados aspectos de mercancías, la autoridad competente de un Estado miembro aplica a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro normas nacionales que obliguen a dichas mercancías a cumplir determinados requisitos técnicos, por ejemplo requisitos relativos a la designación, la forma, el tamaño, el peso, la composición, la presentación, el etiquetado o el embalaje. La aplicación de tales normas a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro podría ser contraria a los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluso si se aplican indistintamente a todas las mercancías.

(4)

El principio de reconocimiento mutuo procede de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con arreglo a este principio, los Estados miembros no pueden prohibir la venta en su territorio de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro, ni siquiera cuando tales mercancías han sido producidas de conformidad con normas técnicas diferentes, incluso las mercancías que no sean el resultado de un proceso de fabricación. No obstante, el principio de reconocimiento mutuo no es absoluto. Los Estados miembros pueden restringir la comercialización de mercancías que hayan sido comercializadas legalmente en otro Estado miembro, cuando las restricciones estén justificadas por alguna de las razones que figuran en el artículo 36 del TFUE o sobre la base de otras razones imperiosas de interés público, reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la libre circulación de mercancías, y cuando dichas restricciones sean proporcionadas al objetivo perseguido. El presente Reglamento impone la obligación de justificar claramente los motivos de la restricción o denegación de acceso al mercado.

(5)

El concepto de «razones imperiosas de interés público» es un concepto en evolución, desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia en relación con los artículos 34 y 36 del TFUE. Cuando existan diferencias legítimas entre Estados miembros, dichas razones imperiosas pueden justificar la aplicación de normas técnicas nacionales por parte de las autoridades competentes. Ahora bien, las decisiones administrativas siempre deben estar debidamente justificadas, ser legítimas, apropiadas y respetar el principio de proporcionalidad, y la autoridad competente tiene que tomar la decisión menos restrictiva posible. Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior de mercancías, las normas técnicas nacionales deben ser idóneas para su propósito y no crear barreras no arancelarias desproporcionadas. Por otro lado, las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado de las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro no deben basarse en el mero hecho de que las mercancías objeto de evaluación cumplen el objetivo público legítimo perseguido por el Estado miembro de manera distinta a como lo hacen las mercancías en ese mismo Estado miembro. Con el fin de ayudar a los Estados miembros, la Comisión debe proporcionar orientaciones no vinculantes en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de «razones imperiosas de interés público» y sobre la forma de aplicar el principio de reconocimiento mutuo. Las autoridades competentes deben tener la oportunidad de contribuir a esas orientaciones y de formular observaciones al respecto.

(6)

En sus Conclusiones sobre la política del mercado único, de diciembre de 2013, el Consejo de Competitividad señaló que, a fin de mejorar las condiciones marco para las empresas y los consumidores en el mercado único, debían emplearse adecuadamente todos los instrumentos pertinentes, incluido el reconocimiento mutuo. El Consejo invitó a la Comisión a informar sobre los casos en los que el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo sigue siendo inadecuado o problemático. En sus Conclusiones sobre la política del mercado único, de febrero de 2015, el Consejo de Competitividad instó a la Comisión a tomar medidas para garantizar el funcionamiento efectivo del principio de reconocimiento mutuo y a presentar propuestas al respecto.

(7)

El Reglamento (CE) n.o 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) se adoptó para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo estableciendo procedimientos para minimizar la posibilidad de crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías ya comercializadas legalmente en otro Estado miembro. Pese a la adopción de dicho Reglamento, todavía persisten muchos problemas en relación con la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. La evaluación realizada entre 2014 y 2016 puso de manifiesto que dicho principio no funciona como debería, y que el Reglamento (CE) n.o 764/2008 ha tenido un efecto limitado en la facilitación de la aplicación de dicho principio. Las herramientas y garantías procedimentales introducidas por dicho Reglamento no han logrado su objetivo de mejorar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, la red de puntos de contacto de productos que creó para proporcionar a los agentes económicos información sobre las normas nacionales aplicables y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo apenas es conocida o utilizada por los agentes económicos. Dentro de esa red, las autoridades nacionales no cooperan lo suficiente. El requisito de notificación de las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado rara vez se cumple. Como consecuencia de ello, persisten los obstáculos a la libre circulación de mercancías en el mercado interior.

(8)

El Reglamento (CE) n.o 764/2008 presenta algunas deficiencias, por lo que debe revisarse y reforzarse. En aras de la claridad, el Reglamento (CE) n.o 764/2008 debe ser sustituido por el presente Reglamento. El presente Reglamento debe establecer procedimientos claros para garantizar la libre circulación de las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y para velar por que la libre circulación solo pueda restringirse cuando los Estados miembros tengan razones legítimas de interés público para ello y la restricción sea justificada y proporcionada. El presente Reglamento también debe garantizar el respeto, por parte de los agentes económicos y las autoridades nacionales, de los derechos y obligaciones existentes que se derivan del principio de reconocimiento mutuo.

(9)

El presente Reglamento no debe ir en detrimento de una mayor armonización de las condiciones de comercialización de las mercancías con miras a mejorar el funcionamiento del mercado interior, cuando proceda.

(10)

Existe también la posibilidad de que los obstáculos al comercio se deriven de otro tipo de medidas comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 34 y 36 del TFUE. Entre dichas medidas pueden figurar, por ejemplo, las especificaciones técnicas establecidas para los procedimientos de contratación pública o las obligaciones de uso de lenguas oficiales en los Estados miembros. No obstante, dichas medidas no deben constituir normas técnicas nacionales en el sentido del presente Reglamento ni deben entrar en el ámbito de aplicación de este.

(11)

A veces, las normas técnicas nacionales cobran efecto en un Estado miembro por medio de un procedimiento de autorización previa que exige que, antes de poder introducir en el mercado una mercancía, se obtenga la aprobación formal de una autoridad competente. La existencia de un procedimiento de autorización previa en sí mismo limita la libre circulación de mercancías. Por tanto, para que dicho procedimiento esté justificado por lo que respecta al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, debe perseguir un objetivo de interés público reconocido por el Derecho de la Unión, y ha de ser proporcionado y no discriminatorio. Para evaluar si el procedimiento es compatible con el Derecho de la Unión, se tiene en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento las decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso de una mercancía al mercado únicamente por no contar con una autorización previa válida. No obstante, cuando se presente una solicitud de autorización previa obligatoria para una mercancía, toda decisión administrativa de denegar la solicitud basándose en una norma técnica nacional aplicable en el Estado miembro en cuestión solo debe adoptarse de conformidad con el presente Reglamento, de manera que el solicitante pueda acogerse a la protección procedimental prevista en él. Lo mismo se aplica a una autorización previa voluntaria para una mercancía, si existe.

(12)

Es importante aclarar que entre los tipos de mercancías que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento se encuentran los productos agrícolas. El término «productos agrícolas» abarca también los productos de la pesca, como se establece en el artículo 38, apartado 1, del TFUE. Para ayudar a identificar los tipos de mercancías a los que es aplicable el presente Reglamento, la Comisión debe valorar la viabilidad y los beneficios de seguir desarrollando una lista indicativa de productos para el reconocimiento mutuo.

(13)

Es importante aclarar asimismo que el término «productor» no se refiere solo a los fabricantes de mercancías, sino también a quienes producen mercancías que no sean el resultado de un proceso de fabricación, incluidos los productos agrícolas, y a quienes se presentan a sí mismos como productores de mercancías.

(14)

Deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que aprecien la legalidad de los casos en los que, debido a la aplicación de una norma técnica nacional, no se conceda acceso al mercado de un Estado miembro a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que impongan sanciones.

(15)

Para beneficiarse del principio de reconocimiento mutuo, las mercancías deben comercializarse legalmente en otro Estado miembro. Debe aclararse que, para que se considere que una mercancía se comercializa legalmente en otro Estado miembro, esta ha de cumplir las normas pertinentes aplicables en ese Estado miembro y debe estar disponible para los usuarios finales de dicho Estado miembro.

(16)

Para sensibilizar a las autoridades nacionales y los agentes económicos acerca del principio de reconocimiento mutuo, los Estados miembros deben considerar incluir en sus normas técnicas nacionales, «cláusulas de mercado único» claras e inequívocas, con miras a facilitar la aplicación de dicho principio.

(17)

Las pruebas que se exigen para demostrar que las mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro varían significativamente de un Estado miembro a otro. Ello es causa de cargas y retrasos innecesarios y costes adicionales para los agentes económicos e impide a las autoridades nacionales obtener la información necesaria para evaluar las mercancías en el momento oportuno. Esto puede obstaculizar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Por tanto, es fundamental que para los agentes económicos resulte más fácil demostrar que sus mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro. Los agentes económicos deben disfrutar de una autodeclaración que proporcione a las autoridades competentes toda la información necesaria sobre las mercancías y su conformidad con las normas aplicables en el otro Estado miembro. El uso de declaraciones voluntarias no debe impedir a las autoridades nacionales tomar decisiones administrativas que restrinjan o denieguen el acceso al mercado, a condición de que tales decisiones sean proporcionadas, justificadas y respeten el principio de reconocimiento mutuo y de que sean conformes con el presente Reglamento.

(18)

El productor, el importador o el distribuidor deben tener la posibilidad de elaborar una declaración de comercialización legal de las mercancías a efectos de reconocimiento mutuo (en lo sucesivo, «declaración de reconocimiento mutuo»). El productor está mejor situado para proporcionar la información en la declaración de reconocimiento mutuo, ya que conoce mejor la mercancía y cuenta con las pruebas necesarias para verificar la información que figura en la declaración de reconocimiento mutuo. El productor debe poder delegar en un representante autorizado la elaboración de dichas declaraciones en nombre y bajo la responsabilidad del productor. Sin embargo, cuando un agente económico solo pueda proporcionar en la declaración información sobre la legalidad de la comercialización de las mercancías, debe ser posible que otro agente económico proporcione información que indique que dichas mercancías se han puesto a disposición de los usuarios finales en el Estado miembro de que se trate, siempre que dicho agente económico se responsabilice de la información que proporcionó en la declaración de reconocimiento mutuo y pueda aportar las pruebas necesarias para verificar dicha información.

(19)

La declaración de reconocimiento mutuo debe contener siempre información exacta y completa sobre las mercancías. Así pues, debe mantenerse actualizada para reflejar los cambios, por ejemplo los cambios en las normas técnicas nacionales.

(20)

Al objeto de garantizar la exhaustividad de la información proporcionada en una declaración de reconocimiento mutuo, debe establecerse una estructura armonizada para el uso de tales declaraciones por parte de los agentes económicos que deseen presentarlas.

(21)

Es importante velar por que la declaración de reconocimiento mutuo se complete de manera verídica y exacta. Por tanto, es necesario hacer recaer sobre los agentes económicos la responsabilidad jurídica de la información proporcionada por ellos en la declaración de reconocimiento mutuo.

(22)

A fin de mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas que operan en el ámbito de las mercancías a las que no se aplique la legislación de armonización de la Unión, debe ser posible disponer de nuevas tecnologías de la información que faciliten la presentación de la declaración de reconocimiento mutuo. Para ello, los agentes económicos deben poder poner su declaración de reconocimiento mutuo a disposición del público en línea, siempre y cuando la declaración de reconocimiento mutuo sea fácilmente accesible y en un formato fiable.

(23)

La Comisión debe garantizar que en el portal digital único se pongan a disposición una plantilla para la declaración de reconocimiento mutuo y las instrucciones para completarla, en todas las lenguas oficiales de la Unión.

(24)

El presente Reglamento también debe aplicarse a las mercancías que solo entran en el ámbito de la legislación de armonización de la Unión parcialmente. Cuando, con arreglo a la legislación de armonización de la Unión, se exija al agente económico que elabore una declaración UE de conformidad para demostrar que cumple dicha legislación, debe permitírsele adjuntar a la declaración UE de conformidad la declaración de reconocimiento mutuo prevista en el presente Reglamento.

(25)

Cuando los agentes económicos decidan no utilizar la declaración de reconocimiento mutuo, debe corresponder a las autoridades competentes del Estado miembro de destino solicitar de manera claramente definida la información específica que consideren necesaria para evaluar las mercancías, respetando el principio de proporcionalidad.

(26)

El agente económico debe contar con un plazo adecuado de presentación de los documentos o cualquier otra información que solicite la autoridad competente del Estado miembro de destino, o de formulación de cualesquiera argumentos u observaciones en relación con la evaluación de las mercancías en cuestión.

(27)

De conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), los Estados miembros deben comunicar a la Comisión y a los demás Estados miembros todo proyecto de reglamento técnico relativo a cualquier producto, incluidos los productos agrícolas y de la pesca, y una notificación referente a las razones por las cuales es necesaria la adopción de dicho Reglamento. No obstante, es necesario garantizar que, tras la adopción de ese reglamento técnico nacional, se aplique correctamente el principio de reconocimiento mutuo a mercancías específicas de manera individualizada. El presente Reglamento debe establecer procedimientos para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de manera individualizada, por ejemplo exigiendo a los Estados miembros que indiquen las normas técnicas nacionales en las que se basa la decisión administrativa y las razones legítimas de interés público que justifican la aplicación de esa norma técnica nacional con respecto a una mercancía comercializada legalmente en otro Estado miembro. La proporcionalidad de la norma técnica nacional constituye la base para demostrar la proporcionalidad de la decisión administrativa basada en dicha norma. No obstante, los medios de demostración de la proporcionalidad de la decisión administrativa deben determinarse caso por caso.

(28)

Dado que las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado de mercancías ya comercializadas legalmente en otro Estado miembro deben ser una excepción al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, es necesario garantizar que tales decisiones cumplan las obligaciones existentes derivadas del principio de reconocimiento mutuo. Conviene establecer, por lo tanto, un procedimiento claro para determinar si dichas mercancías están comercializadas legalmente en ese otro Estado miembro y, en tal caso, si los intereses públicos legítimos amparados por la norma técnica nacional aplicable del Estado miembro de destino están adecuadamente protegidos, conforme al artículo 36 del TFUE y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho procedimiento debe garantizar que cualquier decisión administrativa que se adopte sea proporcionada y respete el principio de reconocimiento mutuo y que sea conforme con el presente Reglamento.

(29)

Cuando una autoridad competente evalúe unas mercancías antes de decidir si debe restringir o denegar su acceso al mercado, no debe poder tomar decisiones por las que se suspenda dicho acceso, salvo cuando sea necesaria una intervención rápida para evitar daños a la seguridad o la salud de las personas o al medio ambiente, o para impedir que las mercancías se comercialicen en los casos en que haya una prohibición general de comercialización de dichas mercancías por razones de moral o seguridad públicas, como, por ejemplo, la prevención de un delito.

(30)

El Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece un sistema de acreditación que garantiza la aceptación mutua del nivel de competencia de los organismos de evaluación de la conformidad. Por tanto, las autoridades competentes de los Estados miembros no deben negarse a aceptar, por razones de falta de competencia, los informes de ensayo elaborados y los certificados expedidos por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado. Por otro lado, para evitar en la medida de lo posible que se dupliquen los ensayos y procedimientos que ya se han realizado en otro Estado miembro, los Estados miembros no deben negarse a aceptar los informes de ensayo elaborados y los certificados expedidos por otros organismos de evaluación de la conformidad con arreglo al Derecho de la Unión. Las autoridades competentes deben tener debidamente en cuenta el contenido de los informes de ensayo o los certificados aportados.

(31)

La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) precisa que solo pueden introducirse en el mercado productos seguros y establece las obligaciones de los productores y los distribuidores con respecto a la seguridad de los productos. Permite a las autoridades competentes prohibir con efecto inmediato todo producto peligroso o prohibirlo temporalmente, durante el período necesario para efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de seguridad. Dicha Directiva describe, asimismo, el procedimiento que han de seguir las autoridades competentes para aplicar medidas adecuadas si los productos entrañan riesgos, como las que figuran en su artículo 8, apartado 1, letras b) a f), y establece también la obligación de los Estados miembros de notificar dichas medidas a la Comisión y a los demás Estados miembros. Por tanto, las autoridades competentes deben poder seguir aplicando dicha Directiva y, en particular, su artículo 8, apartado 1, letras b) a f), y apartado 3.

(32)

El Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) establece, entre otras cosas, un sistema de alerta rápida destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana que se deriven de alimentos o piensos. Obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión inmediatamente, a través del sistema de alerta rápida, toda medida que adopten para restringir la comercialización de alimentos o piensos, retirarlos del mercado o recuperarlos, con el fin de proteger la salud humana y que exija una acción rápida. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando dicho Reglamento y, en particular, su artículo 50, apartado 3, y su artículo 54.

(33)

El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) establece un marco armonizado de la Unión para la organización de controles oficiales y de otras actividades oficiales, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, teniendo en cuenta las normas sobre controles oficiales establecidas en el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y en la legislación sectorial de la Unión pertinente. El Reglamento (UE) 2017/625 establece un procedimiento específico para garantizar que el agente económico ponga remedio a las situaciones de incumplimiento de las normas en materia de alimentos y piensos, y de salud o bienestar de los animales. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando el Reglamento (UE) 2017/625, en particular, su artículo 138.

(34)

El Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) establece un marco armonizado de la Unión para la realización de controles respecto de las obligaciones previstas en el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.o 882/2004 y precisa que los Estados miembros deben garantizar que los agentes económicos que cumplan tales obligaciones puedan acogerse a un sistema de controles. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, en particular, su artículo 90.

(35)

Toda decisión administrativa adoptada por las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento debe especificar las vías de recurso disponibles para los agentes económicos, de manera que estos puedan, con arreglo al Derecho nacional, interponer recurso contra la decisión o ejercitar una acción ante el órgano jurisdiccional nacional competente. Las decisiones administrativas también deben hacer referencia a la posibilidad de que los agentes económicos utilicen la Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior (SOLVIT) y el procedimiento de resolución de problemas que se establece en el presente Reglamento.

(36)

Para garantizar la aplicación correcta y coherente del principio de reconocimiento mutuo, es esencial contar con soluciones eficaces para los agentes económicos que deseen recurrir a una alternativa propicia para las empresas, con el fin de impugnar decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso al mercado. Con objeto de garantizar tales soluciones y evitar gastos jurídicos, en particular en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), los agentes económicos deben poder recurrir a un procedimiento extrajudicial para la resolución de problemas.

(37)

SOLVIT es un servicio que presta la administración nacional de cada Estado miembro con el fin de encontrar soluciones para los particulares y las empresas cuando las autoridades públicas de otro Estado miembro hayan vulnerado sus derechos. Los principios por los que se rige el funcionamiento de SOLVIT se establecen en la Recomendación 2013/461/UE de la Comisión (12), según la cual cada Estado miembro debe disponer de un centro SOLVIT con los recursos humanos y financieros adecuados para garantizar que el centro SOLVIT participa en SOLVIT. La Comisión debe dar a conocer mejor la existencia y los beneficios de SOLVIT, especialmente entre las empresas.

(38)

SOLVIT, que es gratuito, es un mecanismo extrajudicial de resolución de problemas eficaz. Opera con plazos cortos y proporciona soluciones prácticas a los particulares y empresas cuando estos tienen dificultades para que las autoridades públicas les reconozcan los derechos que les otorga la Unión. Cuando el agente económico, el centro SOLVIT pertinente y los Estados miembros de que se trate se ponen de acuerdo en la solución apropiada, no deben ser necesarias nuevas medidas.

(39)

Sin embargo, si el enfoque informal de SOLVIT fracasa y persisten dudas acerca de la compatibilidad de la decisión administrativa con el principio de reconocimiento mutuo, deben conferirse competencias a la Comisión para que estudie la cuestión a petición de cualquiera de los centros SOLVIT implicados. Previa evaluación, la Comisión debe emitir un dictamen que se debe comunicar por medio del centro SOLVIT correspondiente al agente económico interesado y a las autoridades competentes, dictamen que debe tenerse en cuenta durante el procedimiento SOLVIT. La intervención de la Comisión debe estar sujeta a un plazo de 45 días hábiles, sin incluir el tiempo necesario para que la Comisión reciba la información y los documentos adicionales que considere necesarios. Si el caso se resuelve en este período, no se debería exigir a la Comisión emitir un dictamen. Tales asuntos SOLVIT deben estar sujetos a un proceso independiente en la base de datos de SOLVIT y no estar incluidos en las estadísticas de SOLVIT ordinarias.

(40)

El dictamen de la Comisión sobre una decisión administrativa por la que se restrinja o deniegue el acceso al mercado solo debe abordar la cuestión de si la decisión administrativa es compatible con el principio de reconocimiento mutuo y con los requisitos del presente Reglamento. Ello sin perjuicio de las facultades de la Comisión con arreglo al artículo 258 del TFUE y de la obligación de los Estados miembros de cumplir el Derecho de la Unión, cuando hagan frente a problemas sistémicos detectados en cuanto a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

(41)

Es importante para el mercado interior de mercancías que las empresas, en particular las pymes, puedan obtener información fiable y específica sobre la normativa vigente en un determinado Estado miembro. Los puntos de contacto de productos deben desempeñar un papel importante para facilitar la comunicación entre autoridades nacionales y agentes económicos, por medio de la difusión de información acerca de las normas sobre productos específicos y sobre el modo de aplicar el principio de reconocimiento mutuo en el territorio del correspondiente Estado miembro. Por tanto, es necesario intensificar el papel de los puntos de contacto de productos como principales proveedores de información sobre todas las normas relacionadas con productos, en especial las normas técnicas nacionales que entran en el ámbito del reconocimiento mutuo.

(42)

Para facilitar la libre circulación de mercancías, los puntos de contacto de productos deben proporcionar, gratuitamente, un nivel razonable de información sobre sus normas técnicas nacionales y sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Los puntos de contacto de productos deben estar equipados adecuadamente y contar con los recursos oportunos. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), deben proporcionar esa información a través de un sitio web y estar sujetos a los criterios de calidad exigidos en dicho Reglamento. Las funciones de los puntos de contacto de productos relacionadas con la comunicación de dicha información, incluidas copias electrónicas de las normas técnicas nacionales o un acceso en línea a ellas, deben ejercerse sin perjuicio de las normas nacionales que regulen la distribución de las normas técnicas nacionales. Además, los puntos de contacto de productos no deben estar obligados a facilitar copias de normas que estén sujetas a derechos de propiedad intelectual de órganos u organizaciones de normalización ni accesos en línea a dichas normas.

(43)

La cooperación entre autoridades competentes es esencial para el buen funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y para crear una cultura del reconocimiento mutuo. Por tanto, los puntos de contacto de productos y las autoridades nacionales competentes deben cooperar e intercambiar información y conocimientos especializados para garantizar una aplicación correcta y coherente tanto del principio de reconocimiento mutuo y del presente Reglamento.

(44)

A efectos de la notificación de las decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso al mercado, de la comunicación entre los puntos de contacto de productos y de la garantía de cooperación administrativa, es necesario proporcionar a los Estados miembros acceso a un sistema de información y comunicación.

(45)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(46)

Cuando, a los fines del presente Reglamento, sea necesario proceder al tratamiento de datos personales, este debe realizarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales. Todo tratamiento de datos personales en el marco del presente Reglamento estará sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) o al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(47)

Para proporcionar información sobre la aplicación del presente Reglamento y sobre sus repercusiones en la libre circulación de mercancías, deben establecerse unos mecanismos de seguimiento fiables y eficientes. Estos mecanismos no deben exceder de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(48)

Al objeto de aumentar la concienciación acerca del principio de reconocimiento mutuo y garantizar la aplicación correcta y coherente del presente Reglamento, conviene prever la financiación, por parte de la Unión, de campañas de concienciación, formación, intercambio de funcionarios y otras actividades relacionadas destinadas a reforzar y apoyar la confianza y la cooperación entre autoridades competentes, puntos de contacto de productos y agentes económicos.

(49)

Para poner remedio a la ausencia de datos exactos relacionados con el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías, la Unión debe financiar la recogida de tales datos.

(50)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras.

(51)

Conviene retrasar la aplicación del presente Reglamento para dar a las autoridades competentes y a los agentes económicos el tiempo suficiente para adaptarse a lo dispuesto en él.

(52)

La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento a la luz de los objetivos que persigue. Para evaluar el presente Reglamento, la Comisión debe utilizar los datos recogidos sobre el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías, así como la información disponible en el sistema de información y comunicación. La Comisión debe poder pedir a los Estados miembros que faciliten información adicional necesaria para su evaluación. Con arreglo al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (17), la evaluación del presente Reglamento, que debe estar basada en la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido, debe proporcionar la base para las evaluaciones de impacto de las opciones relativas a nuevas medidas.

(53)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar la aplicación sencilla, coherente y correcta del principio de reconocimiento mutuo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(1)

La renta nacional bruta a precios de mercado (RNB) constituye la base de cálculo de la parte más importante de los recursos propios en el presupuesto general de la Unión. Por ello, es necesario que se refuerce aún más la comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad de ese agregado.

(2)

La integridad estadística mediante el cumplimiento de los principios del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, revisado y actualizado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSSE) el 16 de noviembre de 2017, y del Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), es de especial importancia cuando se utilizan directamente las estadísticas para fines administrativos y para la elaboración de políticas a escala nacional y de la Unión.

(3)

Estos datos estadísticos son también un importante instrumento analítico para la coordinación de las políticas económicas nacionales y para diversas políticas de la Unión, así como para las actividades de investigación.

(4)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo (3) y a efectos de los recursos propios, por RNB se entiende la RNB anual a precios de mercado con arreglo a la metodología establecida en el anexo A del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que establece el Sistema Europeo de Cuentas revisado (SEC 2010). De conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo y a reserva de su artículo 10, apartado 2, se derogó la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo (5).

(5)

Es esencial que los datos de la RNB sean comparables en el conjunto de los Estados miembros y que se respeten las correspondientes definiciones y normas contables del SEC 2010. A este fin, los procedimientos de evaluación y los datos básicos realmente utilizados deben permitir la correcta aplicación de las definiciones y normas contables del SEC 2010.

(6)

Es esencial que las fuentes y los métodos utilizados para la recogida de datos de la RNB sean fiables. Esto significa que, en la medida de lo posible, deben aplicarse técnicas sólidas a unas estadísticas de base que sean sólidas, adecuadas y actualizadas.

(7)

Es fundamental que los datos de la RNB sean exhaustivos. Por consiguiente, deben tener en cuenta asimismo las actividades y transacciones informales, no registradas y de otro tipo que no se declaran en las encuestas estadísticas o a las autoridades fiscales, de la seguridad social u otras autoridades administrativas. Una mejor cobertura de la RNB presupone desarrollar bases estadísticas y procedimientos de evaluación idóneos a fin de elaborar estadísticas fiables y, cuando proceda, realizar los ajustes necesarios, para evitar lagunas y doble contabilidad.

(8)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo (6) dispone la realización de inspecciones en los Estados miembros para fines de verificación de los recursos propios. A efectos de verificación de la RNB, debe autorizarse a la Comisión (Eurostat) a realizar visitas de información sobre la RNB a fin de verificar la calidad de los agregados de la RNB y sus componentes y el cumplimiento del SEC 2010, así como de asegurar que los datos de la RNB sean comparables, fiables y exhaustivos. La Comisión (Eurostat) debe respetar las normas sobre secreto estadístico. La participación de los representantes de autoridades nacionales de estadística en visitas de información sobre la RNB a otros Estados miembros es esencial a fin de incrementar la transparencia y la calidad del proceso de verificación de la RNB.

(9)

A fin de asegurar la fiabilidad, la exhaustividad y el mayor grado posible de comparabilidad de los datos de la RNB, con arreglo al SEC 2010, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la lista de temas que se deben abordar en cada ciclo de verificación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (7). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(10)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento mediante la aportación de agregados de la RNB a efectos de recursos propios, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer la estructura y disposiciones pormenorizadas del inventario de las fuentes y métodos utilizados para elaborar datos de la RNB y sus componentes, de conformidad con el anexo A del Reglamento (UE) n.o 549/2013, y el calendario para su actualización y transmisión, así como medidas específicas destinadas a mejorar la comparabilidad, fiabilidad y exhaustividad de los datos de la RNB de los Estados miembros basadas en la lista de temas definidos por la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(11)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 223/2009, se ha solicitado al CSEE creado en virtud de dicho Reglamento que proporcione su asesoramiento profesional.

(12)

El Comité RNB indicado en el artículo 4 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 del Consejo (9) ha emitido dictámenes y ha asesorado y asistido a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. En el marco de la estrategia para una nueva estructura del Sistema Estadístico Europeo (SEE), dirigida a mejorar la coordinación y la asociación en una estructura piramidal clara del Sistema, el CSEE debe desempeñar un papel consultivo y ayudar a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. A tal efecto, el Comité RNB debe sustituirse por el CSEE, con el fin de ayudar a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución en el marco del presente Reglamento. No obstante, a efectos de las demás funciones antes desempeñadas por el Comité RNB en virtud del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003, y que no están relacionadas con la asistencia en el ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión, esta debe crear un grupo formal de expertos que le presten asistencia para tales fines.

(13)

La Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo (10) y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003 establecieron un procedimiento para verificar y evaluar la comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad de los datos del producto nacional bruto (PNB) y de la RNB en los Comités PNB y RNB, en los que cooperan estrechamente los Estados miembros y la Comisión. Dicho procedimiento debe adaptarse para tener en cuenta la utilización de los datos de la RNB conforme al SEC 2010 a efectos de los recursos propios, el calendario revisado para la puesta a disposición de los recursos propios y los cambios recientes en el Sistema Estadístico Europeo. Procede, por lo tanto, derogar la Directiva 89/130/CEE y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1287/2003.

(1)

El dominio de primer nivel «.eu» se estableció mediante el Reglamento (CE) n.o 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y el Reglamento (CE) n.o 874/2004 de la Comisión (4). Desde la adopción de dichos Reglamentos, el contexto político y legislativo de la Unión, el entorno en línea, y el mercado han cambiado considerablemente.

(2)

La rápida evolución del mercado de dominios de primer nivel y el dinámico panorama digital exigen un entorno regulador con perspectivas de futuro y flexible. El dominio de primer nivel «.eu» es uno de los dominios de código de país (ccTLD, por sus siglas en inglés) más importantes. Es utilizado por todas las instituciones, agencias y órganos de la Unión, incluidos los proyectos e iniciativas europeos. El propósito del dominio de primer nivel «.eu» es contribuir, mediante la buena gestión, a reforzar la identidad de la Unión y a promover sus valores en línea, como el multilingüismo, el respeto de la privacidad y la seguridad de los usuarios y el respeto de los derechos humanos, así como de prioridades específicas en línea.

(3)

Los dominios de primer nivel constituyen un componente fundamental dentro de la estructura jerárquica del sistema de nombres de dominio (DNS, por sus siglas en inglés) que garantizan un sistema interoperable de identificadores únicos, disponible en todo el mundo, sobre cualquier solicitud y de cualquier red.

(4)

El dominio de primer nivel «.eu» debe promover el uso de las redes de Internet, y el acceso a ellas, de conformidad con los artículos 170 y 171 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), al ofrecer un registro complementario de los actuales ccTLD y del registro a nivel mundial de los dominios genéricos de primer nivel.

(5)

El dominio de primer nivel «.eu», que es una etiqueta clara y fácilmente reconocible, debe aportar un vínculo claramente identificado con la Unión y el mercado europeo. Debe permitir que empresas, organizaciones y personas físicas establecidas en la Unión se registren con un nombre de dominio dentro del dominio de primer nivel «.eu». La existencia de este nombre de dominio es importante para reforzar la identidad en línea de la Unión. Por consiguiente, debe modificarse el Reglamento (CE) n.o 733/2002 para que los ciudadanos de la Unión puedan registrarse con un nombre de dominio de primer nivel «.eu», independientemente de su lugar de residencia, a partir del 19 de octubre de 2019.

(6)

Los nombres de dominio en el dominio de primer nivel «.eu» deben asignarse a partes que cumplan los requisitos en función de su disponibilidad.

(7)

La Comisión debe promover la cooperación entre el Registro, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) y otras agencias de la Unión con el fin de luchar contra los registros especulativos y abusivos de nombres de dominio, incluida la ciberocupación, y prever procedimientos administrativos sencillos, especialmente para las pymes.

(8)

A fin de garantizar una mayor protección del derecho de las partes en contrato respectivamente con el Registro y los registradores, las disputas derivadas del registro de los nombres de dominio en el dominio de primer nivel «.eu» deben ser solucionadas por organismos ubicados en la Unión que apliquen la legislación nacional pertinente, sin perjuicio de los derechos y las obligaciones reconocidos por los Estados miembros o por la Unión derivados de los instrumentos internacionales.

(9)

La Comisión, sobre la base de un procedimiento de selección abierto, transparente y no discriminatorio y teniendo en cuenta la rentabilidad y la simplificación administrativa, debe designar un Registro para el dominio de primer nivel «.eu». A fin de respaldar el mercado único digital, crear una identidad europea en línea y promover las actividades en línea transfronterizas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a los criterios de admisibilidad y de selección y al procedimiento de designación del Registro. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (5). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(10)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, se deben conferir competencias de ejecución a la Comisión para que adopte las listas de nombres de dominio reservados y bloqueados por los Estados miembros, para determinar los principios que se han de incluir en el contrato entre la Comisión y el Registro y para designar al Registro por imperiosas razones de urgencia debidamente justificadas, especialmente para garantizar la continuidad del servicio. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Estas listas han de elaborarse conforme a la disponibilidad de nombres de dominio, teniendo en cuenta aquellos de segundo nivel ya reservados o registrados por los Estados miembros.

(11)

La Comisión debe celebrar con el Registro seleccionado un contrato que ha de incluir los principios y procedimientos detallados que se aplican al Registro en materia de organización, administración y gestión del dominio de primer nivel «.eu». El contrato debe tener una duración determinada y ser renovable una vez sin necesidad de organizar un nuevo procedimiento de selección.

(12)

Los principios y procedimientos relativos al funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu» se deben adjuntar al contrato entre la Comisión y el Registro designado.

(13)

El presente Reglamento no afecta a la aplicación de la normativa sobre competencia que se recoge en los artículos 101 y 102 del TFUE.

(14)

El Registro debe cumplir los principios de no discriminación y transparencia, y aplicar medidas destinadas a salvaguardar la competencia leal, que serán previamente autorizadas por la Comisión, en particular cuando el Registro proporcione servicios a las empresas con las que compite en mercados descendentes.

(15)

La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) es actualmente responsable de coordinar la delegación a los Registros de los códigos que representan a los ccTLD. El Registro debe celebrar un contrato adecuado con la ICANN que establezca la delegación del código de ccTLD «.eu» teniendo en cuenta los principios pertinentes adoptados por el Comité Asesor Gubernamental (GAC, por sus siglas en inglés).

(16)

Es conveniente que el Registro celebre un acuerdo de custodia que garantice la continuidad del servicio y permita seguir proporcionando servicios a la comunidad local de internet con el menor trastorno posible, especialmente en caso de redelegación o de otras circunstancias imprevistas. El Registro debe remitir diariamente una copia electrónica del contenido actualizado de la base de datos del dominio de primer nivel «.eu» al agente de custodia.

(17)

El procedimiento alternativo de solución de controversias que ha de adoptarse debe cumplir la Directiva 2013/118/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y tener en cuenta las mejores prácticas internacionales en la materia y, en particular, las recomendaciones pertinentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a fin de evitar los registros especulativos y abusivos en la medida de lo posible. Dicho procedimiento alternativo de solución de conflictos debe respetar unas normas de procedimiento uniformes conformes con las establecidas en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio adoptada por la ICANN.

(18)

La política sobre registro abusivo de los nombres de dominio «.eu» debe prever que el Registro verifique los datos que recibe, especialmente los relativos a la identidad de los solicitantes de registro, así como la revocación y el bloqueo del futuro registro de los nombres de dominio considerados, por decisión firme de un tribunal de un Estado miembro, difamatorios, racistas o de otro modo contrarios al Derecho del Estado miembro. El Registro debe aplicar el máximo cuidado para garantizar la corrección de los datos que recibe y posee. El procedimiento de revocación debe ofrecer al titular del nombre de dominio una oportunidad razonable de rectificar cualquier violación en relación con los criterios de admisibilidad, los requisitos de registro o las deudas pendientes antes de que surta efecto la revocación.

(19)

En principio, debe revocarse y, en caso necesario, transferirse a su titular legítimo un nombre de dominio que coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre con respecto al cual exista un derecho establecido por el Derecho nacional o de la Unión. Cuando se descubra que dicho nombre de dominio se ha utilizado de mala fe, debe revocarse en todos los casos.

(20)

El Registro debe adoptar una política clara destinada a garantizar la detección oportuna de registros abusivos de nombres de dominio y, en caso necesario, debe cooperar con las autoridades competentes y otros organismos públicos competentes en materia de ciberseguridad y seguridad de la información que estén involucrados de forma concreta en la lucha contra tales registros, como los equipos nacionales de respuesta a incidentes de seguridad informática.

(21)

El Registro debe apoyar a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la lucha contra la delincuencia aplicando técnicas y medidas organizativas que permitan a las autoridades competentes tener acceso a los datos del Registro a efectos de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos, según lo dispuesto en la legislación de la Unión o nacional.

(22)

La aplicación del presente Reglamento debe efectuarse de conformidad con los principios relativos al derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. El Registro debe cumplir las normas, los principios y las directrices relevantes de la Unión en materia de protección de datos, en particular, los requisitos de seguridad pertinentes, los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de finalidad y plazo de retención de datos proporcionado. Asimismo, deben incorporarse la protección de datos de carácter personal por diseño y la protección de datos por defecto en todos los sistemas de tratamiento de datos y las bases de datos desarrolladas y que se mantienen.

(23)

A fin de garantizar la eficacia de la supervisión periódica, el Registro debe ser auditado por un órgano independiente, corriendo aquel con los gastos, al menos cada dos años, con el fin de confirmar, mediante un informe de evaluación de la conformidad, que cumple los requisitos que se establecen en el presente Reglamento. El Registro debe presentar dicho informe a la Comisión de conformidad con su contrato con la Comisión.

(24)

El contrato entre la Comisión y el Registro debe prever procedimientos para que este mejore la organización, administración y gestión del dominio de primer nivel «.eu», de conformidad con las instrucciones de la Comisión resultantes de las actividades de supervisión de la Comisión previstas en el presente Reglamento.

(25)

En sus Conclusiones sobre la gobernanza de Internet de 27 de noviembre de 2014, el Consejo reiteró el compromiso de la Unión de promover estructuras de gobernanza de múltiples partes interesadas que se basan en un conjunto coherente de principios mundiales de gobernanza de Internet. Por gobernanza de Internet integradora se hace referencia al desarrollo y aplicación, por parte de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y la comunidad técnica, en sus respectivas funciones, de principios comunes, normas, reglas, procedimientos de decisión y programas que vayan configurando la evolución y el uso de internet.

(26)

Debe establecerse un Grupo Asesor Multipartito para el dominio «.eu» encargado de asesorar a la Comisión a fin de fortalecer y ampliar las contribuciones al buen gobierno del Registro. El Grupo debe reflejar el modelo de múltiples partes interesadas de gobernanza de Internet, y sus miembros, con la excepción de los procedentes de las autoridades de los Estados miembros y de organizaciones internacionales, deben ser designados por la Comisión conforme a un procedimiento abierto, no discriminatorio y transparente. Los representantes procedentes de las autoridades de los Estados miembros deben ser designados con arreglo a un sistema de rotación que garantice una continuidad suficiente con respecto a la participación en el Grupo.

(27)

La Comisión debe realizar una evaluación de la eficacia y el funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu». La evaluación debe tener en cuenta las prácticas de trabajo del Registro designado y la pertinencia de sus tareas. La Comisión también debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo informes periódicos sobre el funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu».

(28)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta»), consagrados en los Tratados, y especialmente la protección de los datos personales, la libertad de expresión y de información y la protección de los consumidores. Deben respetarse los procedimientos pertinentes de la Unión al garantizar que las disposiciones del Derecho nacional que afectan al presente Reglamento cumplen lo dispuesto en el Derecho de la Unión y, en particular, en la Carta. El Registro debe recabar orientaciones de la Comisión en caso de duda en cuanto al respeto del Derecho de la Unión.

(29)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la aplicación de un dominio de primer nivel paneuropeo además de los ccTLD nacionales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(30)

A fin de limitar los riesgos de interrupción de los servicios del dominio de primer nivel «.eu» durante la aplicación del nuevo marco regulador, el presente Reglamento establece disposiciones transitorias.

(31)

Por consiguiente, debe modificarse y derogarse el Reglamento (CE) n.o 733/2002 y debe derogarse el Reglamento (CE) n.o 874/2004.

(1)

Desde la adopción de los Reglamentos (CE) n.o 2560/2001 (4) y (CE) n.o 924/2009 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo, las comisiones aplicadas a los pagos transfronterizos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro se han reducido drásticamente hasta niveles que resultan insignificantes en la inmensa mayoría de los casos.

(2)

Los pagos transfronterizos en euros efectuados desde los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro representan, no obstante, cerca del 80 % de todos los pagos transfronterizos efectuados desde dichos Estados. Las comisiones percibidas por ese tipo de pagos transfronterizos siguen siendo excesivamente elevadas en la mayoría de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, a pesar de que los proveedores de servicios de pago radicados en Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro tienen acceso a las mismas infraestructuras eficientes que sus homólogos radicados en la zona del euro para tramitar estas operaciones a muy bajo coste.

(3)

Las elevadas comisiones que se aplican a los pagos transfronterizos siguen siendo un obstáculo para la plena integración de empresas y ciudadanos de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro en el mercado interior, lo que afecta a su competitividad. Estas elevadas comisiones perpetúan la existencia de dos categorías de usuarios de servicios de pago en la Unión: los usuarios de servicios de pago, que se benefician de la zona única de pagos en euros («SEPA»), y los usuarios de servicios de pago que abonan costes elevados por los pagos transfronterizos en euros.

(4)

A fin de facilitar el funcionamiento del mercado interior y acabar con las desigualdades entre los usuarios de los servicios de pago en los Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro con relación a los pagos transfronterizos en euros, es necesario garantizar que las comisiones por los pagos transfronterizos en euros dentro de la Unión se igualen con las percibidas por los pagos nacionales equivalentes efectuados en la moneda nacional del Estado miembro en el que esté radicado el proveedor de servicios de pago del usuario del servicio de pago. Se considera que un proveedor de servicios de pago está radicado en el Estado miembro en el que presta sus servicios al usuario de servicios de pago.

(5)

Cuando las monedas del Estado miembro del ordenante y el Estado miembro del beneficiario son distintas, las comisiones por conversión de divisas encarecen significativamente el coste de los pagos transfronterizos. El artículo 45 de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) exige que las comisiones y los tipos de cambio utilizados sean transparentes, su artículo 52, apartado 3, especifica los requisitos de información relativos a las operaciones de pago cubiertas por un contrato marco, y su artículo 59, apartado 2, se refiere a los requisitos de información exigibles a las partes que presten servicios de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta. Estos requisitos de información no han generado la transparencia suficiente ni contribuido a la comparabilidad de las comisiones por conversión de divisas en situaciones en las que se ofrecen distintas opciones de conversión en los cajeros automáticos o en los puntos de venta. Esa falta de transparencia y comparabilidad impide una competencia que reduciría las comisiones por conversión de divisas y aumenta el riesgo de que los ordenantes opten por ofertas con un mayor coste. Es necesario, por lo tanto, adoptar medidas adicionales para proteger a los consumidores frente a las comisiones excesivas por servicios de conversión de divisas y velar por que a los consumidores se les dé la información que necesitan para elegir la mejor opción de conversión de divisa.

(6)

Para garantizar que los agentes del mercado no se vean confrontados con la necesidad de hacer inversiones de un nivel desproporcionado para adaptar sus infraestructuras, equipos y procesos de pago con vistas a ofrecer un grado de transparencia mayor, las medidas que deben aplicarse deben ser adecuadas, apropiadas y rentables en términos de coste-beneficio. Al mismo tiempo, en los casos en que el ordenante tenga que hacer frente a diferentes opciones de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta, la información facilitada debe ser comparable, de modo que el ordenante pueda tomar una decisión informada.

(7)

Para lograr dicha comparabilidad, las comisiones por conversión de divisas para todos los pagos con tarjeta deben expresarse de la misma manera, es decir, como un margen porcentual sobre los últimos tipos de cambio de referencia del euro disponible publicados por el Banco Central Europeo (BCE). El margen podría tener que calcularse sobre un tipo de cambio derivado de dos tipos de cambio del BCE en el caso de una conversión entre dos divisas distintas del euro.

(8)

De conformidad con los requisitos generales de información relativos a las comisiones por conversión de divisas establecidos en la Directiva (UE) 2015/2366, los proveedores de servicios de conversión de divisas deben informar sobre sus comisiones por conversión de divisas antes del inicio de una operación de pago. Las partes que ofrezcan servicios de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta debe informar sobre las comisiones que aplicará por dichos servicios de manera clara y accesible, por ejemplo, exponiendo sus comisiones en el mostrador, en formato digital a través del terminal, o en pantalla en el caso de las compras en línea. Además de la información indicada en el artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, dichas partes deben facilitar, antes del inicio del pago, información explícita sobre el importe que se haya de abonar al beneficiario en la divisa utilizada por el beneficiario y el importe total que deberá abonar el ordenante en la divisa de la cuenta del ordenante. El importe que se haya de abonar en la divisa utilizada por el beneficiario debe reflejar el precio de los bienes y servicios que se vayan a adquirir y podrá mostrarse en la caja en lugar de hacerlo a través del terminal de pago. La divisa utilizada por el beneficiario es, en general, la divisa local, pero, según el principio de libertad contractual, en algunos casos podría ser otra divisa de la Unión. El importe total que deberá abonar el ordenante en la divisa de la cuenta del ordenante debe incluir el precio de los bienes o servicios y la comisión por conversión de divisas. Además, ambos importes deben documentarse en el recibo o en otro soporte duradero.

(9)

En lo que respecta al artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, cuando se ofrezca un servicio de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta, el ordenante debe tener la posibilidad de rechazar el servicio y de pagar, en su lugar, en la divisa utilizada por el beneficiario.

(10)

Para que los ordenantes puedan comparar las comisiones de las distintas opciones de conversión de divisas disponibles en un cajero automático o en el punto de venta, el proveedor de servicios de pago del ordenante no solo debe incluir información plenamente comparable sobre las comisiones aplicables a la conversión de divisas en los términos y condiciones establecidos en su contrato marco, sino que debe, asimismo, hacer pública esa información en un soporte electrónico ampliamente disponible y de fácil acceso, en particular en su sitio web transaccional, en su sitio web de banca en línea y en su aplicación de banca móvil, de manera fácilmente comprensible y accesible. Esto permitiría el desarrollo de sitios web de comparación a fin de facilitar a los consumidores la comparación de los precios al viajar o hacer compras en el extranjero. Además, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe recordar al ordenante las comisiones por conversión de divisas aplicables cuando un pago con tarjeta se haga en otra divisa, mediante el uso de canales de comunicación electrónica ampliamente disponibles y de fácil acceso, como mensajes SMS, correos electrónicos o notificaciones a través de la aplicación de banca móvil del ordenante. Los proveedores de servicios de pago deben acordar con los usuarios de servicios de pago el canal electrónico de comunicación a través del cual proporcionarán la información sobre las comisiones por conversión de divisas, teniendo en cuenta el canal más eficaz para llegar al ordenante. Los proveedores de servicios de pago deben aceptar asimismo las solicitudes de los usuarios de servicios de pago de no recibir los mensajes electrónicos que contengan información sobre las comisiones por conversión de divisas.

(11)

Los recordatorios periódicos son adecuados en situaciones en las que el ordenante permanece en el extranjero por períodos de tiempo más largos, por ejemplo cuando el ordenante se desplaza o estudia en el extranjero o cuando utiliza regularmente una tarjeta para realizar compras en línea en la divisa local. La obligación de proporcionar estos recordatorios no requeriría inversiones desproporcionadas para adaptar los procesos empresariales y las infraestructuras de procesamiento de pagos del proveedor de servicios de pago y garantizaría que el ordenante estuviera mejor informado a la hora de sopesar las diferentes opciones de conversión de divisas.

(12)

La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo, al Consejo, al BCE y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la norma que iguala el coste de los pagos transfronterizos en euros con el coste de las operaciones nacionales en monedas nacionales y la eficacia de los requisitos de información sobre conversión de divisas establecidas en el presente Reglamento. Asimismo, la Comisión debe analizar otras posibilidades, así como la viabilidad técnica de estas posibilidades de hacer extensiva la norma de igualdad de comisiones a la totalidad de las monedas de la Unión, y de seguir mejorando la transparencia y la comparabilidad de las comisiones por conversión de divisas, así como la posibilidad de desactivar y activar la opción de aceptar la conversión de divisas ofrecida por partes distintas del proveedor de servicios de pago del ordenante.

(13)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al carácter transfronterizo de los pagos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(1)

Las descripciones de los vehículos de las categorías T1 y T2 recogidas en el Reglamento (UE) n.o 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) precisan de aclaraciones en lo que respecta a la posición del eje más cercano al conductor en los tractores con puesto de conducción reversible y al método de cálculo de la altura del centro de gravedad. Con el fin de establecer de manera exacta y uniforme la altura del centro de gravedad de los vehículos de la categoría T2, debe hacerse referencia a las normas internacionalmente aplicables que determinan el centro de gravedad de un tractor.

(2)

La formulación de una definición exacta de las diferentes características de los tractores agrícolas basada en el análisis de sus características técnicas reviste una importancia fundamental para la aplicación correcta y completa del presente Reglamento y de los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de él. Dado que los debates sobre las definiciones de las categorías tienen lugar en los foros internacionales pertinentes, de los que la Unión es parte, la Comisión debe tener en cuenta este trabajo para evitar cualquier efecto desproporcionado y negativo en la aplicación de los requisitos técnicos y los procedimientos de ensayo, así como cualquier impacto negativo para los fabricantes, en particular en los tractores altamente especializados.

(3)

En el Reglamento (UE) n.o 167/2013, debe quedar claro que el término «maquinaria intercambiable» significa «equipos intercambiables» a fin de garantizar el uso coherente de la terminología en todo el texto de dicho Reglamento.

(4)

En el Reglamento (UE) n.o 167/2013 se exige a los importadores que conserven una copia del certificado de conformidad relativo a los productos que no son conformes al mencionado Reglamento o comportan un riesgo grave. Debe quedar claro que se hace referencia a un certificado de homologación de tipo UE. Por consiguiente, debe corregirse dicho Reglamento para que se refiera al documento adecuado.

(5)

El Reglamento (UE) n.o 167/2013 exige que el certificado de homologación de tipo UE contenga como anexo los resultados de los ensayos. Debe quedar claro que se hace referencia a la hoja de resultados de los ensayos. Por tanto, debe corregirse dicho Reglamento para que se refiera al anexo adecuado.

(6)

El Reglamento (UE) n.o 167/2013 facultó a la Comisión para adoptar actos delegados durante un período de cinco años que expiró el 21 de marzo de 2018. Dado que existe la necesidad permanente de actualizar elementos del proceso de homologación de tipo con arreglo al Reglamento (UE) n.o 167/2013 y a los actos adoptados en virtud de dicho Reglamento, en particular para adaptarlos a los avances técnicos o introducir correcciones, el período de ejercicio de la delegación de poderes debe ampliarse con la posibilidad de nuevas prórrogas tácitas.

(7)

El Reglamento (UE) n.o 167/2013 se refiere a la derogación de la Directiva 74/347/CEE del Consejo (4) en lugar de referirse a la derogación de la Directiva 2008/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), que codificó la Directiva anterior. Por tanto, es preciso corregir la correspondiente referencia en el Reglamento (UE) n.o 167/2013.

(8)

Dado que el presente Reglamento modifica el Reglamento (UE) n.o 167/2013 sin ampliar su contenido normativo y dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(9)

Procede por tanto modificar el Reglamento (UE) n.o 167/2013 en consecuencia.

(1)

La Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha sido modificada de forma sustancial. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2)

Es conveniente establecer la generalización del despliegue de los sistemas de telepeaje de carretera en los Estados miembros y en los países vecinos y disponer, en la medida de lo posible, de sistemas fiables, fáciles de usar y rentables adaptados al futuro desarrollo de la política de tarificación a escala de la Unión y a los futuros avances tecnológicos. Por consiguiente, es necesario que los sistemas de telepeaje de carretera sean interoperables para reducir el coste y las cargas relacionados con el pago de peajes en toda la Unión.

(3)

Los sistemas de peaje electrónicos interoperables contribuyen a la consecución de los objetivos definidos por el Derecho de la Unión en materia de peajes de carretera.

(4)

La falta de interoperabilidad constituye un problema importante en los sistemas de telepeaje de carretera en los que el canon de carretera adeudado está vinculado a la distancia recorrida por el vehículo (peajes basados en la distancia) o al paso del vehículo por un punto concreto (por ejemplo, peajes de cordón). Las disposiciones relativas a la interoperabilidad de sistemas de telepeaje de carretera deben, por tanto, aplicarse únicamente a estos sistemas y no deben aplicarse a los sistemas en los que el canon de carretera adeudado está vinculado al tiempo que el vehículo ha pasado en la infraestructura de peaje (por ejemplo, sistemas basados en el tiempo como las viñetas).

(5)

El control transfronterizo del cumplimiento de la obligación de pago de cánones de carretera constituye un problema importante en todo tipo de sistemas, ya sean basados en la distancia o en el tiempo o peajes de cordón, tanto electrónicos como manuales. Por tanto, a fin de hacer frente al problema del control del cumplimiento transfronterizo de la obligación en caso de impago de los cánones de carretera, deben aplicarse a todos estos sistemas las disposiciones relativas al intercambio transfronterizo de información.

(6)

En el Derecho nacional, el impago de un canon de carretera puede considerarse infracción administrativa o infracción penal. La presente Directiva debe aplicarse con independencia de la calificación de la infracción.

(7)

Al no existir una clasificación coherente de las tasas de aparcamiento para toda la Unión, y debido al carácter indirecto de la relación entre estas y la utilización de las infraestructuras, las tasas de aparcamiento deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.

(8)

La interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera requiere cierto grado de armonización de la tecnología utilizada y de las interfaces entre componentes de interoperabilidad.

(9)

Se debe dar apoyo a la armonización de tecnologías e interfaces mediante el desarrollo y mantenimiento de unas normas abiertas y públicas adecuadas, que estén disponibles para todos los suministradores de sistemas sobre una base no discriminatoria.

(10)

A los efectos de que satisfagan, con sus equipos instalados a bordo (EIB), las tecnologías de comunicación requeridas, debe autorizarse a los proveedores del Servicio Europeo de Telepeaje (SET) a utilizar otros equipos y sistemas informáticos de que ya disponga el vehículo, como los sistemas de navegación o los dispositivos móviles, y a conectarse con ellos.

(11)

Las características específicas de los sistemas de telepeaje de carretera que actualmente se aplican a los vehículos ligeros han de tenerse en cuenta. Habida cuenta de que ninguno de esos sistemas de telepeaje de carretera utiliza actualmente la localización por satélite ni las comunicaciones móviles, debe autorizarse a los proveedores del SET, durante un período limitado, a proporcionar a los usuarios de vehículos ligeros EIB adecuados para ser utilizados únicamente con la tecnología de microondas a 5,8 GHz. Esta excepción debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a implantar peajes por satélite para vehículos ligeros.

(12)

Los sistemas de peaje basados en la tecnología de reconocimiento automático de matrículas (RAM) requieren más controles manuales de las transacciones de peaje en el servicio interno que los sistemas que utilizan EIB. Los sistemas que utilizan EIB son más eficientes para grandes dominios de telepeaje, y los sistemas que utilizan tecnología RAM son más adecuados para dominios reducidos, como los peajes urbanos, donde el uso de EIB generaría cargas administrativas o costes desproporcionados. La tecnología RAM puede resultar útil particularmente cuando se combina con otras tecnologías.

(13)

A la vista de los avances tecnológicos conectados con soluciones basadas en la tecnología RAM, debe alentarse a los organismos de normalización a que definan las normas técnicas necesarias.

(14)

Los derechos y obligaciones específicos de los proveedores del SET deben aplicarse a entidades que prueben el cumplimiento de determinados requisitos y estén registradas como proveedores del SET en los Estados miembros donde están establecidas.

(15)

Los derechos y obligaciones específicos de los principales agentes del SET, es decir, los proveedores del SET, los perceptores de peaje y los usuarios del SET, deben definirse claramente para garantizar que el mercado funciones de forma justa y eficaz.

(16)

Resulta particularmente importante salvaguardar determinados derechos de los proveedores del SET, como el derecho a la protección de datos sensibles desde el punto de vista comercial, sin que ello repercuta negativamente en la calidad de los servicios suministrados a los perceptores de peaje y los usuarios del SET. En especial, se le debe exigir al perceptor de peaje que no divulgue datos sensibles desde el punto de vista comercial a ninguno de los competidores del proveedor del SET. La cantidad y el tipo de datos que faciliten los proveedores del SET a los perceptores de peaje, a fin de calcular y aplicar los peajes o de cerciorarse del cálculo del peaje aplicado a los vehículos de usuarios del SET por los proveedores del SET, debe limitarse al mínimo estrictamente necesario.

(17)

Debe exigirse a los proveedores del SET que cooperen plenamente con los perceptores de peaje por lo que respecta a su labor de control efectivo del cumplimiento de la obligación de pago de cánones, de modo que se incremente la eficacia general de los sistemas de telepeaje de carretera. Por tanto, cuando se sospeche el impago de un canon de carretera, debe autorizarse a los perceptores de peaje a solicitar al proveedor del SET datos relativos al vehículo y al propietario o el titular del vehículo que sea cliente del proveedor del SET, siempre que dichos datos no se utilicen para un fin distinto del control efectivo del cumplimiento de la obligación de pago de cánones.

(18)

A fin de que los proveedores del SET puedan competir, de forma no discriminatoria, por todos los clientes en un dominio del SET determinado, es importante que tengan la posibilidad de recibir la acreditación para dicho dominio con la suficiente antelación para que puedan ofrecer servicios a los usuarios desde el primer día de funcionamiento del sistema de peaje.

(19)

Los perceptores de peaje deben dar acceso a sus dominios del SET a los proveedores del SET de forma no discriminatoria.

(20)

Para garantizar a todos los proveedores del SET la transparencia y el acceso no discriminatorio a los distintos dominios, los perceptores de peaje deben publicar toda la información necesaria relativa a los derechos de acceso en una declaración de dominio del SET.

(21)

Todos los descuentos o rebajas sobre los peajes ofrecidos a los usuarios de EIB por un Estado miembro o por un perceptor de peaje deben ser transparentes, anunciarse públicamente y ser accesibles en las mismas condiciones a clientes de proveedores del SET.

(22)

Los proveedores del SET deben tener derecho a una remuneración justa, según un método de cálculo transparente, no discriminatorio e idéntico.

(23)

Debe autorizarse a los perceptores de peaje a deducir de la remuneración de los proveedores del SET los costes adecuados incurridos para ofrecer, explotar y mantener los elementos específicos del SET del sistema de telepeaje de carretera.

(24)

Los proveedores del SET deben pagar al perceptor de peaje todo el peaje adeudado por sus clientes; no obstante, los proveedores del SET no deben ser responsables de los peajes no pagados por sus clientes cuando estos dispongan de un EIB que haya sido declarado como invalidado al perceptor de peaje.

(25)

Si una entidad jurídica proveedora de servicios de peaje también desempeña otras funciones en un sistema de telepeaje o lleva a cabo otras actividades no directamente relacionadas con el cobro de telepeajes, debe exigírsele que mantenga registros contables que permitan distinguir claramente entre los costes e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje y los costes e ingresos relacionados con otras actividades, y que facilite información sobre dichos costes e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje al órgano de conciliación u órgano judicial pertinentes. No deben permitirse las subvenciones cruzadas entre las actividades realizadas en la función de proveedor de servicios de peaje y otras actividades.

(26)

Los usuarios deben tener la posibilidad de adherirse al SET a través de un proveedor del SET, independientemente de su nacionalidad, del Estado miembro de residencia o del Estado miembro de matriculación del vehículo.

(27)

Para evitar el pago duplicado y dar al usuario seguridad jurídica, con el pago de un peaje a un proveedor del SET se debe considerar que quedan cumplidas las obligaciones del usuario respecto al perceptor de peaje pertinente.

(28)

En el marco de las relaciones contractuales entre perceptores de peaje y proveedores del SET se debe garantizar, entre otras cosas, el pago correcto de los peajes.

(29)

Debe establecerse un procedimiento de mediación para la resolución de eventuales controversias entre los perceptores de peaje y los proveedores del SET, tanto durante las negociaciones del contrato como en sus relaciones contractuales. Los perceptores de peaje y los proveedores del SET deben consultar a los órganos de conciliación nacionales para la resolución de controversias sobre el acceso no discriminatorio a los dominios del SET.

(30)

Los órganos de conciliación deben estar facultados para verificar que las condiciones contractuales impuestas a los proveedores del SET no sean discriminatorias. En concreto, deben estar facultados para verificar que la remuneración ofrecida por el perceptor de peaje a los proveedores del SET respeta los principios establecidos en la presente Directiva.

(31)

Los datos relativos al tráfico de los usuarios del SET constituyen una contribución esencial para la mejora de las políticas de transporte de los Estados miembros. Por tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de solicitar dichos datos a los proveedores de servicios de peaje, incluidos los proveedores del SET, a efectos de elaborar políticas en materia de tráfico y mejorar la gestión del tráfico, o para otros usos no comerciales del Estado, de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de datos.

(32)

Es necesario definir un marco que establezca los procedimientos de acreditación de proveedores del SET para un dominio del SET y que garantice el acceso justo al mercado, al tiempo que salvaguarda el nivel de servicio adecuado. La declaración de dominio del SET debe describir en detalle el procedimiento de acreditación de los proveedores del SET para el dominio, en particular el procedimiento para comprobar la conformidad con las especificaciones y la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad. El procedimiento debe ser el mismo para todos los proveedores del SET.

(33)

Para garantizar que los agentes del mercado del SET accedan fácilmente a la información, debe exigirse a los Estados miembros que recopilen y publiquen todos los datos importantes relacionados con el SET en registros nacionales a disposición del público.

(34)

A fin de permitir el progreso técnico, es importante que los perceptores de peaje tengan la posibilidad de probar nuevos conceptos o tecnologías de peaje. No obstante, dichas pruebas deben tener límites, y no se debe exigir a los proveedores del SET que tomen parte en las mismas. La Comisión debe tener la posibilidad de no autorizar dichas pruebas si estas pudieran perjudicar el correcto funcionamiento del sistema regular de telepeaje de carretera.

(35)

Unas diferencias considerables en las especificaciones técnicas de los sistemas de telepeaje de carretera pueden obstaculizar el logro de la interoperabilidad de los telepeajes a escala de la Unión, contribuyendo así a la persistencia de la situación actual, en la que los usuarios deben disponer de varios aparatos instalados a bordo para pagar los peajes en la Unión. Esta situación es perjudicial para la eficiencia de las operaciones de transporte, la rentabilidad de los sistemas de peaje y la consecución de los objetivos de la política de transporte. Por tanto, es necesario abordar los problemas de base de esta situación.

(36)

Si bien la interoperabilidad transfronteriza está mejorando en toda la Unión, el objetivo a medio y largo plazo es que sea posible atravesar la Unión con un único elemento de EIB. Por lo tanto, a fin de evitar cargas y costes administrativos para los usuarios de la carretera, es importante que la Comisión establezca una hoja de ruta para alcanzar este objetivo y para facilitar la libre circulación de personas y mercancías en la Unión, sin afectar negativamente a la competencia en el mercado.

(37)

Al ser el SET un servicio basado en el mercado, no debe obligarse a los proveedores del SET a prestar sus servicios en toda la Unión. Sin embargo, en interés de los usuarios, los proveedores del SET deben cubrir todos los dominios del SET en cualquier Estado miembro en el que decidan prestar sus servicios. Además, la Comisión debe valorar si la flexibilidad ofrecida a los proveedores del SET provoca la exclusión de dominios pequeños o periféricos del SET, y adoptar medidas cuando llegue a la conclusión de que así es.

(38)

La declaración de dominio del SET debe describir en detalle las condiciones comerciales marco para las operaciones de los proveedores del SET en el dominio en cuestión, en particular, el método utilizado en el cálculo de la remuneración de los proveedores del SET.

(39)

Cuando se vaya a poner en marcha un nuevo sistema de telepeaje de carretera o se vaya a modificar sustancialmente un sistema existente, el perceptor de peaje debe publicar las declaraciones de dominio del SET nuevas o actualizadas con suficiente antelación para que los proveedores del SET puedan acreditarse o reacreditarse en el sistema al menos un mes antes de su entrada en funcionamiento. El perceptor de peaje debe concebir y seguir el procedimiento de acreditación o, respectivamente, reacreditación de proveedores del SET de forma que dicho procedimiento pueda concluir al menos un mes antes de la entrada en funcionamiento del sistema nuevo o sustancialmente modificado. Los perceptores de peaje deben respetar su parte del procedimiento previsto, definido en la declaración de dominio del SET.

(40)

Los perceptores de peaje no deben solicitar o exigir a los proveedores del SET soluciones técnicas concretas que puedan poner en peligro la interoperabilidad con otros dominios del SET y con los componentes de interoperabilidad existentes del proveedor del SET.

(41)

El SET ofrece la posibilidad de reducir considerablemente los costes y cargas administrativos de los conductores y operadores de transporte internacional por carretera.

(42)

Debe autorizarse a los proveedores del SET a emitir facturas a los usuarios. Sin embargo, debe permitirse a los perceptores de peaje solicitar que las facturas se envíen en su nombre y por su cuenta, puesto que la facturación directamente en nombre del proveedor del SET puede tener consecuencias administrativas y fiscales adversas en determinados dominios del SET.

(43)

Todos los Estados miembros con al menos dos dominios del SET deben designar una oficina de contacto para proveedores del SET que quieran ofrecer el SET en su territorio, a fin de facilitar el contacto con los perceptores de peaje.

(44)

El telepeaje y otros servicios, como las aplicaciones de servicios de transporte inteligentes cooperativos (STI cooperativos), utilizan tecnologías similares y bandas de frecuencias cercanas para la comunicación de corto alcance de vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura. En el futuro, convendría explorar la posibilidad de aplicar otras tecnologías emergentes al telepeaje, tras una valoración meticulosa de los costes, beneficios, obstáculos técnicos y posibles soluciones a los mismos. Es importante implantar medidas para proteger las inversiones existentes en la tecnología de microondas a 5,8 GHz de la interferencia de otras tecnologías.

(45)

Sin perjuicio de la legislación en materia de ayudas públicas y competencia, los Estados miembros deben poder desarrollar medidas para fomentar el cobro y la facturación de peajes electrónicos.

(46)

Cuando los organismos de normalización revisen las normas pertinentes para el SET, deben existir disposiciones de transición adecuadas para garantizar la continuidad del SET y la compatibilidad con los sistemas de peaje de los componentes de interoperabilidad ya en uso en el momento de la revisión de las normas.

(47)

El sistema del SET debe permitir el desarrollo de la intermodalidad, cumpliendo al mismo tiempo los principios «el usuario paga» y «quien contamina paga».

(48)

Los problemas derivados de la identificación de los infractores no residentes de los sistemas de telepeaje dificultan el amplio despliegue de tales sistemas y la aplicación más generalizada de los principios «el usuario paga» y «quien contamina paga» en las carreteras de la Unión y, por tanto, es necesario encontrar la manera de identificar a dichas personas y tratar sus datos personales.

(49)

En aras de la coherencia y del uso eficiente de los recursos, el sistema de intercambio de información sobre quienes no paguen los cánones de carretera, y sobre sus vehículos, debe utilizar las mismas herramientas que el sistema para el intercambio de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial contempladas en la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(50)

En determinados Estados miembros el impago de un canon de carretera no queda establecido hasta que no se ha notificado al usuario la obligación de pagarlo. Dado que la presente Directiva no armoniza las legislaciones nacionales a este respecto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar la presente Directiva para identificar a usuarios y vehículos a efectos de notificación. No obstante, esta aplicación ampliada solo debe permitirse si se cumplen determinadas condiciones.

(51)

Los procedimientos de seguimiento iniciados por el impago de un canon de carretera no están armonizados en toda la Unión. A menudo, se ofrece al usuario de la carretera identificado la posibilidad de abonar el canon de carretera adeudado, o un importe fijo en su lugar, directamente a la entidad responsable de recaudar el canon de carretera, antes de que las autoridades de los Estados miembros inicien otros procedimientos administrativos o penales. Es importante que este eficaz procedimiento para poner fin al impago del canon de carretera esté disponible en condiciones similares para todos los usuarios de las carreteras. Con este fin, los Estados miembros han de poder proporcionar a la entidad responsable de recaudar el canon de carretera los datos necesarios para identificar el vehículo con respecto al que se ha producido el impago del canon de carretera, así como a su propietario o titular, siempre que se garantice una protección adecuada de los datos personales. En este contexto, los Estados miembros deben garantizar que el cumplimiento de la orden de pago emitida por la entidad en cuestión ponga fin a la situación de impago del canon de carretera.

(52)

En algunos Estados miembros, la falta de EIB, o su funcionamiento deficiente, se considera como impago de los cánones de carretera cuando dichos cánones solo puedan abonarse mediante el EIB.

(53)

Los Estados miembros deben facilitar a la Comisión la información y los datos necesarios para evaluar la eficacia y la eficiencia del sistema de intercambio de información sobre quienes no paguen los cánones de carretera. La Comisión debe valorar los datos y la información obtenidos, y proponer, en caso necesario, modificaciones de la presente Directiva.

(54)

Aparte de estudiar posibles medidas para facilitar aún más el control transfronterizo de la obligación de pago de cánones de carretera en la Unión, la Comisión también debe evaluar en su informe la necesidad de asistencia mutua entre los Estados miembros.

(55)

El control del cumplimiento de la obligación de pagar cánones de carretera, la identificación del vehículo y del propietario o titular del vehículo con respecto al cual se haya determinado que se ha producido el impago de un canon de carretera y la recopilación de información relativa a un usuario en cuestión para garantizar el cumplimiento por parte del perceptor de peaje de sus obligaciones para con las autoridades fiscales, implican todos ellos el tratamiento de datos personales. Dicho tratamiento debe ajustarse a normas de la Unión establecidas, entre otros, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8). El derecho a la protección de los datos personales está reconocido explícitamente por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(56)

La presente Directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros de establecer el régimen de tarifación por el uso de las infraestructuras ni los temas fiscales.

(57)

A fin de facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre los vehículos y propietarios o titulares de vehículos relacionados con un impago de los cánones de carretera, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que respecta a la modificación del anexo I para reflejar los cambios en el Derecho de la Unión. También deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento de los pormenores de la clasificación de los vehículos a efectos del establecimiento de los regímenes tarifarios aplicables; a la definición en mayor medida las obligaciones de los usuarios del SET respecto al suministro de datos al proveedor del SET y a la utilización y manejo del EIB; al establecimiento de los requisitos de los componentes de interoperabilidad en relación con la seguridad y la salud, la fiabilidad y la disponibilidad, la protección del medio ambiente, la compatibilidad técnica, la seguridad y la privacidad, y el funcionamiento y la gestión; al establecimiento de los requisitos generales de infraestructura para los componentes de interoperabilidad; y a la fijación de los criterios mínimos de selección de los organismos notificados. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (9). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(58)

La ejecución de la presente Directiva requiere condiciones uniformes para la aplicación de especificaciones técnicas y administrativas para el desarrollo, en los Estados miembros, de procedimientos en los que participen agentes del SET e interfaces entre ellos, de modo que se facilite la interoperabilidad y se garantice que los mercados nacionales de telepeaje estén regulados por normas equivalentes. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva y de definir dichas especificaciones técnicas y administrativas, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(59)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se indican el anexo III, parte B.

(60)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la protección de los datos de carácter personal.

(61)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).