(1)

La Decisión (UE) 2017/1324 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) prevé la participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA), emprendida conjuntamente por varios Estados miembros.

(2)

El Reino de Marruecos («Marruecos») ha manifestado su deseo de adherirse a PRIMA en calidad de Estado participante y en igualdad de condiciones con respecto a los Estados miembros y los terceros países asociados a Horizonte 2020 - el Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)- que participan en PRIMA.

(3)

De conformidad con el artículo 1, apartado 2, de la Decisión (UE) 2017/1324, Marruecos se convertirá en un Estado participante en PRIMA a reserva de la celebración de un acuerdo internacional de cooperación científica y tecnológica con la Unión en el que se establezcan las condiciones de la participación de Marruecos en PRIMA.

(4)

Con arreglo a la Decisión (UE) 2018/639 del Consejo (3), el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que se establecen las condiciones de la participación del Reino de Marruecos en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) (en lo sucesivo, «Acuerdo») se firmó el 10 de abril de 2018, a reserva de su celebración en una fecha posterior.

(5)

Procede aprobar el Acuerdo.

(1)

El Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo (1) establece las posibilidades de pesca para 2019 para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión.

(2)

En su reunión anual de 2018, la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (CPPOC) mantuvo las medidas de conservación y gestión del pez espada y el atún tropical. Dichas medidas deben incorporarse al Derecho de la Unión.

(3)

En su reunión anual de 2019, la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO) adoptó nuevos límites de capturas para el jurel chileno (Trachurus murphyi) y aprobó pesquerías exploratorias para los róbalos de profundidad (Dissostichus spp.). Las medidas aplicables deben incorporarse al Derecho de la Unión.

(4)

En el Reglamento (UE) 2019/124, se fijó en cero el total admisible de capturas (TAC) para el lanzón en las divisiones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) 2a y 3a y en la subzona CIEM 4. El lanzón es una especie poco longeva y el dictamen científico correspondiente está disponible en la segunda mitad del mes de febrero, mientras que la actividad pesquera empieza ya en abril.

(5)

Los límites de capturas para el lanzón en las divisiones CIEM 2a y 3a y en la subzona CIEM 4 deben modificarse en consonancia con el dictamen científico más reciente del CIEM, emitido el 22 de febrero de 2019, en lo relativo al enfoque de rendimiento máximo sostenible y, para determinadas zonas de gestión, en lo relativo al enfoque de precaución.

(6)

Los límites del esfuerzo pesquero para los buques pesqueros de la Unión en la zona de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) se basan en la información recogida en los planes de pesca, capacidad y cría del atún rojo que los Estados miembros comunican a la Comisión. Esos límites se notificaron a través del plan de la Unión refrendado por la CICAA durante la reunión intersesiones de la subcomisión 2 celebrada los días 4 y 5 de marzo de 2019. Tales límites deberían incluirse en las oportunidades pesqueras.

(7)

El Reglamento (UE) 2019/124 debe modificarse en consecuencia.

(8)

Los límites de capturas previstos en el Reglamento (UE) 2019/124 son aplicables desde el 1 de enero de 2019. Por consiguiente, las disposiciones introducidas por el presente Reglamento relativas a los límites de capturas deben aplicarse también a partir de esa fecha. Esta aplicación retroactiva se entiende sin perjuicio de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, dado que las posibilidades de pesca en cuestión todavía no se han agotado.

1)

En el artículo 27, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

2)

Se inserta el artículo siguiente:

3)

Los anexos IA, IB, IH, IJ, III, IV, VII y VIII del Reglamento (UE) 2019/124 se modifican de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

(1)

El Reglamento Delegado (UE) 2018/631 de la Comisión (2) estableció laboratorios de referencia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «LR-UE») para las siguientes categorías de plagas de los vegetales: insectos y ácaros, nematodos, bacterias, hongos y oomicetos, y virus, viroides y fitoplasmas.

(2)

Tras su establecimiento, la Comisión llevó a cabo un proceso de selección pública para la designación de LR-UE, en lo que respecta a las plagas de los vegetales, para los insectos y los ácaros, los nematodos, las bacterias, los hongos y los oomicetos, y los virus, los viroides y los fitoplasmas.

(3)

El consorcio dirigido por la French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), que también incluye a la Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES), solicitó participar en el proceso de selección para su designación como LR-UE, en lo que respecta a las plagas de los vegetales, para los insectos y los ácaros.

(4)

El consorcio dirigido por la French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), que también incluye al Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Bélgica), solicitó participar en el proceso de selección para su designación como LR-UE, en lo que respecta a las plagas de los vegetales, para los nematodos.

(5)

El consorcio dirigido por la Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC), que también incluye al Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Bélgica), al Research Centre for Plant Protection and Certification [CREA-DC (DIALAB), Italia], y al National Institute of Biology (NIB, Eslovenia), solicitó participar en el proceso de selección para su designación como LR-UE, en lo que respecta a las plagas de los vegetales, para las bacterias.

(6)

La French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) solicitó participar en el proceso de selección para su designación como LR-UE, en lo que respecta a las plagas de los vegetales, para los hongos y los oomicetos.

(7)

El consorcio dirigido por la Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-National Reference Centre Plant Health (NVWA-NRC), que también incluye al Research Centre for Plant Protection and Certification [CREA-DC (DIALAB), Italia], y al National Institute of Biology (NIB, Eslovenia), solicitó participar en el proceso de selección para su designación como LR-UE, en lo que respecta a las plagas de los vegetales, para los virus, los viroides y los fitoplasmas.

(8)

El comité de evaluación y selección nombrado para el proceso de selección llegó a la conclusión de que todos esos consorcios y laboratorios cumplían los requisitos establecidos en el artículo 93, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/625 y podrían ser responsables de las tareas establecidas en el artículo 94 de dicho Reglamento.

(9)

Esos cuatro consorcios y el laboratorio deben por tanto ser designados como LR-UE para las siguientes categorías de plagas de los vegetales: insectos y ácaros, nematodos, bacterias, hongos y oomicetos, y virus, viroides y fitoplasmas, respectivamente. Sus programas de trabajo deben establecerse de conformidad con los objetivos y las prioridades de los programas de trabajo pertinentes adoptados por la Comisión de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(10)

Con el fin de velar por que los métodos de análisis, ensayo o diagnóstico, la elaboración de métodos validados y la asistencia coordinada para los laboratorios oficiales se mantengan en el nivel adecuado, y de conformidad con el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2017/625, la designación de los LR-UE debe revisarse periódicamente.

Consorcio dirigido por la French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Entomology and Invasive Plants Unit, 755 avenue du campus Agropolis, CS 30016, 34988 Montferrier-sur-Lez cedex, Francia),

que también comprende:

la Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES, Institute for Sustainable Plant Production, Spargelfeldstraße 191, 1220 Viena, Austria).

Consorcio dirigido por la French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Nematology Unit, Domaine de la Motte au Vicomte-BP 35327, 35653 Le Rheu, Francia),

que también comprende:

el Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO, Plant Sciences, Nematology group, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke, Bélgica).

que también comprende:

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES, Plant Health Laboratory, Mycology Unit, Domaine de Pixérécourt, CS 400009, 54220 Malzéville, Francia).

que también comprende:

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión (3) establece las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos adicionales de importación y fija los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en los que se basa la fijación de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina, procede modificar los precios representativos de importación de algunos productos teniendo en cuenta las variaciones que registran los precios en función del origen.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en consecuencia.

(4)

Debido a la necesidad de que esta medida se aplique lo más rápidamente posible una vez que estén disponibles los datos actualizados, procede que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación.

(1)

La Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva (UE) 2018/822 (2), prevé el intercambio automático y obligatorio de información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. A efectos de tales intercambios resulta oportuno utilizar un formulario normalizado, así como un determinado régimen lingüístico.

(2)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2378 de la Comisión (3) a fin de establecer dicho formulario normalizado.

(3)

El artículo 20, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2011/16/UE establece que el formulario normalizado debe comprender exclusivamente los elementos para el intercambio de información enumerados en su artículo 8 bis ter, apartado 14, así como otros campos conexos asociados a dichos elementos que sean necesarios para lograr los objetivos del artículo 8 bis ter, de dicha Directiva. En aras de la eficacia del intercambio automático y obligatorio de información sobre los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, especialmente cuando varios intermediarios o contribuyentes interesados tengan que presentar información, es fundamental incluir un campo adicional que contenga un número de referencia del mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información. En el supuesto de que varios intermediarios o contribuyentes interesados estén obligados a presentar la información, resulta oportuno que figure un solo número de referencia en todos los intercambios referidos al mismo mecanismo, de modo que esos intercambios puedan vincularse a un único mecanismo en el directorio central.

(4)

Por motivos de coherencia y seguridad jurídica, la fecha de aplicación del presente Reglamento debe coincidir con la prevista en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva (UE) 2018/822.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Cooperación Administrativa en materia Tributaria.

1)

Se inserta el artículo 2 sexies siguiente:

2)

El anexo del presente Reglamento se añade como anexo XIII.

(1)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 1213/2008 de la Comisión (2) se estableció el primer programa comunitario plurianual coordinado, que abarcaba los años 2009, 2010 y 2011. Dicho programa continuó al amparo de sucesivos reglamentos de la Comisión. El último de ellos fue el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555 de la Comisión (3).

(2)

En la Unión, entre treinta y cuarenta productos alimenticios constituyen los componentes principales de la dieta. Dado que los usos de los plaguicidas experimentan importantes cambios a lo largo de un período de tres años, es recomendable hacer un seguimiento de los plaguicidas en esos productos alimenticios con arreglo a un ciclo trienal, a fin de poder evaluar el grado de exposición de los consumidores y la aplicación de la legislación de la Unión.

(3)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») presentó un informe científico relativo a una evaluación del diseño del programa de control de plaguicidas. Dicho informe llegó a la conclusión de que era posible determinar una tasa de superación de los LMR superior al 1 %, con un margen de error del 0,75 %, seleccionando seiscientas ochenta y tres unidades de muestra para un mínimo de treinta y dos productos alimenticios diferentes (4). La recogida de esas muestras debe repartirse proporcionalmente entre los Estados miembros en función de las cifras de población y comprender un mínimo de doce muestras anuales por producto.

(4)

Los resultados analíticos de los anteriores programas oficiales de control de la Unión se han tenido en cuenta con el fin de garantizar que la gama de plaguicidas cubierta por el programa de control sea representativa de los plaguicidas utilizados.

(5)

En el sitio web de la Comisión (5) está publicado el documento de orientación Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed [«Procedimientos de control de la calidad analítica y de validación para el análisis de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos», documento en inglés].

(6)

Cuando la definición de un residuo de plaguicida incluya otras sustancias activas, metabolitos o productos de degradación o reacción, tales compuestos deben notificarse por separado, siempre que se midan individualmente (6).

(7)

Los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad han acordado medidas de ejecución relacionadas con el suministro de información por parte de los Estados miembros, tales como la Descripción Normalizada de Muestras (SSD, por sus siglas en inglés), que sirve para presentar los resultados de los análisis de residuos de plaguicidas.

(8)

Los procedimientos de muestreo deben ser conformes con la Directiva 2002/63/CE de la Comisión (7), que incorpora los métodos y procedimientos de muestreo recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius.

(9)

Es preciso comprobar si se respetan los límites máximos de residuos en los alimentos para lactantes y niños de corta edad establecidos en el artículo 10 de la Directiva 2006/141/CE de la Comisión (8) y en el artículo 7 de la Directiva 2006/125/CE de la Comisión (9), teniendo en cuenta únicamente las definiciones de residuos del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(10)

Por lo que respecta a los métodos para residuo único, los Estados miembros pueden cumplir sus obligaciones de análisis recurriendo a laboratorios oficiales que ya dispongan de los métodos validados necesarios.

(11)

A más tardar el 31 de agosto de cada año, los Estados miembros deben presentar la información relativa al año civil anterior.

(12)

Para evitar cualquier confusión que pudiera generar la superposición de programas plurianuales consecutivos, y en aras de la seguridad jurídica, procede derogar el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555. No obstante, dicho Reglamento debe seguir aplicándose a las muestras analizadas en 2019.

(13)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

La Comisión ha reconocido que el despliegue de la 5.a generación (5G) de las tecnologías de red constituye un importante elemento promotor de los futuros servicios digitales y una prioridad de la Estrategia para el Mercado Único Digital. La Comisión adoptó el Plan de Acción 5G para garantizar que la Unión disponga de la infraestructura de conectividad necesaria para su transformación digital a partir de 2020 (1).

(2)

Las redes 5G se basarán en la actual 4.a generación de tecnologías de red (4G), proporcionarán nuevas capacidades de servicio y se convertirán en la infraestructura central facilitadora de grandes partes de la economía de la Unión. Una vez desplegadas, las redes 5G constituirán la espina dorsal de una amplia gama de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el mantenimiento y el ejercicio de funciones sociales y económicas vitales, como la energía, el transporte, la banca y la sanidad, así como los sistemas de control industrial. La organización de los procesos democráticos, como las elecciones, también se basará cada vez más en las infraestructuras digitales y las redes 5G.

(3)

La dependencia de muchos servicios esenciales de las redes 5G provocaría que las consecuencias de las perturbaciones sistémicas y generalizadas fueran especialmente graves. En consecuencia, garantizar la ciberseguridad de las redes 5G es una cuestión de importancia estratégica para la Unión, en un momento en que los ciberataques van en aumento y son más sofisticados que nunca.

(4)

La naturaleza interconectada y transnacional de las infraestructuras que sustentan el ecosistema digital y la dimensión transfronteriza de las amenazas significan que cualquier vulnerabilidad o incidente de ciberseguridad importante de las redes 5G que ocurra en un Estado miembro afectaría a la Unión en su conjunto. Esta es la razón por la que deben adoptarse medidas para mantener un elevado nivel común de ciberseguridad de las redes 5G.

(5)

La necesidad de actuar a nivel de la Unión ha sido confirmada por los Estados miembros. En sus conclusiones de 21 de marzo de 2019, el Consejo Europeo solicita una recomendación de la Comisión sobre un enfoque concertado de la seguridad de las redes 5G (2).

(6)

Garantizar la soberanía europea debe ser un objetivo fundamental, respetando plenamente los valores europeos de apertura y tolerancia (3). La inversión extranjera en sectores estratégicos, la adquisición de activos, tecnologías e infraestructuras críticos en la Unión y el suministro de equipos críticos también pueden plantear riesgos para la seguridad de la Unión.

(7)

La ciberseguridad de las redes 5G es fundamental para garantizar la autonomía estratégica de la Unión, tal como se reconoce en la Comunicación Conjunta «UE-China-Una perspectiva estratégica» (4).

(8)

La Resolución del Parlamento Europeo sobre las amenazas a la seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica de China en la Unión también pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas a escala de la Unión (5).

(9)

La presente Recomendación aborda los riesgos de ciberseguridad de las redes 5G y establece orientaciones sobre las medidas adecuadas de análisis y gestión de riesgos a nivel nacional, el desarrollo de una evaluación coordinada de los riesgos a escala europea y el establecimiento de un proceso para crear un conjunto común de medidas apropiadas de gestión de riesgos.

(10)

Existe un sólido marco legislativo de la Unión para proteger las redes de comunicaciones electrónicas.

(11)

El marco de la Unión en el ámbito de las comunicaciones electrónicas (6) promueve la competencia, el mercado interior y los intereses de los usuarios finales, y con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (7) persigue un objetivo de conectividad adicional, articulado en forma de resultados: acceso y uso generalizado de la conectividad fija y móvil de muy alta capacidad por todos los ciudadanos y empresas de la Unión, salvaguardando al mismo tiempo los intereses de los ciudadanos. La Directiva 2002/21/CE exige a los Estados miembros que garanticen el mantenimiento de la integridad y la seguridad de las redes públicas de comunicaciones, con la obligación de garantizar que las empresas que suministran redes públicas de comunicaciones o prestan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público adopten medidas técnicas y organizativas para gestionar adecuadamente los riesgos existentes para la seguridad de las redes y los servicios. También establece que las autoridades reguladoras nacionales competentes tengan competencias, incluida la facultad de emitir instrucciones vinculantes, para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones.

(12)

Además, la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) permite a los Estados miembros añadir a la autorización general condiciones relativas a la seguridad de las redes públicas contra el acceso no autorizado, con el fin de proteger la confidencialidad de las comunicaciones de conformidad con la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(13)

Para apoyar el cumplimiento de estas obligaciones, la Unión ha instituido varios organismos de cooperación. La Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), la Comisión, los Estados miembros y los entes reguladores nacionales han elaborado directrices técnicas para los entes reguladores nacionales sobre la notificación de incidentes, las medidas de seguridad y las amenazas y los recursos (10). El Grupo de cooperación establecido por la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) («Grupo de cooperación») reúne a las autoridades competentes para apoyar y facilitar la cooperación, en particular proporcionando orientaciones estratégicas para las actividades de la red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, que facilita la cooperación operativa a nivel técnico.

(14)

El futuro marco europeo de certificación de la ciberseguridad (12) debe proporcionar un instrumento de apoyo esencial para promover unos niveles de seguridad coherentes. Debe permitir el desarrollo de unos sistemas de certificación de la ciberseguridad que respondan a las necesidades de los usuarios de equipos y programas informáticos 5G. Dada la importancia crítica de estas infraestructuras, el desarrollo de sistemas europeos de certificación de la ciberseguridad pertinentes de los productos, servicios o procesos de las tecnologías de la información y las comunicaciones utilizados en las redes 5G debe constituir una prioridad inmediata. Los Estados miembros y los agentes del mercado deben participar activamente en el desarrollo de dichos sistemas de certificación, incluido el apoyo a la definición de perfiles de protección específicos de las redes 5G.

(15)

En ausencia de una legislación armonizada de la Unión, los Estados miembros podrán especificar, mediante reglamentos técnicos nacionales adoptados de conformidad con el Derecho de la Unión, la obligatoriedad de un sistema europeo de certificación de la ciberseguridad. Los Estados miembros también recurren a los sistemas europeos de certificación de la ciberseguridad en el contexto de la contratación pública y la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y podrían apoyar el desarrollo de mecanismos de asistencia, como un centro de asistencia, para la adquisición de soluciones de ciberseguridad por los compradores públicos.

(16)

Un elevado nivel de protección de los datos y de la privacidad es un elemento importante para garantizar la seguridad de las redes 5G. Se han definido también normas a nivel de la Unión que garantizan la seguridad del tratamiento de los datos personales, incluidas las comunicaciones electrónicas. El Reglamento general de protección de datos (14) establece la obligación de tratar los datos personales de manera que se garantice su seguridad, en particular impidiendo el acceso o el uso no autorizado de datos personales y del equipo utilizado para su tratamiento. La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas establece normas específicas para la protección de la confidencialidad de las comunicaciones y de los equipos terminales de los usuarios finales. También impone a los proveedores de servicios la obligación de adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus servicios.

(17)

La Unión también ha adoptado un instrumento que protegerá las infraestructuras y tecnologías críticas, como las utilizadas en las comunicaciones, merced a la autorización otorgada a los Estados miembros para controlar las inversiones extranjeras directas por motivos de seguridad o de orden público, y mediante la creación de un mecanismo de cooperación en el que los Estados miembros y la Comisión puedan intercambiar información y expresar sus inquietudes sobre inversiones específicas (15).

(18)

Los Estados miembros y los operadores están tomando actualmente importantes medidas preparatorias que posibiliten el despliegue a gran escala de las redes 5G. Varios Estados miembros han expresado su preocupación por los posibles riesgos de seguridad relacionados con las redes 5G en el contexto de la aplicación de procedimientos para la concesión de derechos de uso de bandas de espectro radioeléctrico asignadas para las redes 5G (16) y han explorado medidas para hacer frente a estos riesgos.

(19)

Al abordar los riesgos de ciberseguridad en las redes 5G, deben tenerse en cuenta tanto los factores técnicos como de otro tipo. Los factores técnicos pueden incluir las vulnerabilidades de ciberseguridad que puedan explotarse para acceder sin autorización a la información (ciberespionaje, por motivos económicos o políticos) o para otros fines dolosos (ciberataques destinados a perturbar o destruir sistemas y datos). Entre los aspectos relevantes que deben considerarse figuran la necesidad de proteger las redes a lo largo de todo su ciclo de vida y la necesidad de abarcar todos los equipos pertinentes, en particular en las fases de diseño, desarrollo, licitación, despliegue, explotación y mantenimiento de las redes 5G.

(20)

Otros factores pueden ser los requisitos reglamentarios o de otro tipo impuestos a los proveedores de equipos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Una evaluación de la importancia de tales factores debería tener en cuenta, entre otras cosas, el riesgo global de influencia de terceros países, especialmente en relación con su modelo de gobernanza; la ausencia de acuerdos de cooperación en materia de seguridad o de acuerdos similares, como las decisiones de adecuación, en materia de protección de datos entre la Unión y el tercer país de que se trate, o si este país es parte en acuerdos multilaterales, internacionales o bilaterales en materia de ciberseguridad, lucha contra la ciberdelincuencia o protección de datos.

(21)

Un elemento importante para el desarrollo de un enfoque de la Unión sobre la ciberseguridad de las redes 5G es la realización de una evaluación de riesgos a nivel nacional. Ayudaría a los Estados miembros a adaptar las medidas nacionales sobre los requisitos de seguridad y gestión de riesgos a la luz de sus resultados.

(22)

Debe desarrollarse la coordinación para garantizar la eficacia de las medidas destinadas a hacer frente a estas amenazas a la ciberseguridad, medidas que son esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior y para la protección de los datos personales y la privacidad.

(23)

Las evaluaciones nacionales de riesgos deben constituir la base de una evaluación coordinada de riesgos de la Unión, compuesta por un mapa de amenazas y una revisión conjunta de los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y en colaboración con la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA).

(24)

Teniendo en cuenta las evaluaciones de riesgo nacionales y de la Unión, el Grupo de cooperación debe establecer un conjunto de herramientas que identifique los tipos de riesgos de ciberseguridad y las posibles medidas para mitigarlos en ámbitos como la certificación, las pruebas y los controles de acceso. También debe identificar posibles medidas específicas adecuadas para hacer frente a los riesgos detectados por uno o varios Estados miembros. El Grupo de cooperación debe contar con el apoyo de la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA), Europol, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y el Centro de Inteligencia y Situación de la UE. Este conjunto de herramientas debe servir para asesorar a la Comisión en el desarrollo de requisitos mínimos comunes para seguir garantizando un elevado nivel de ciberseguridad de las redes 5G en toda la Unión.

(25)

Cuando se adopten medidas para hacer frente a los riesgos de ciberseguridad, deberá tenerse en cuenta la promoción de la ciberseguridad a través de la diversidad de proveedores al construir las redes respectivas.

(26)

La presente Recomendación debe entenderse sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en relación con las actividades relativas a la seguridad pública, la defensa, la seguridad nacional y las actividades del Estado en ámbitos del Derecho penal, incluido el derecho de los Estados miembros a excluir proveedores o suministradores de sus mercados por motivos de seguridad nacional.