(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

La retirada tendrá lugar durante el período de programación 2014-2020, período durante el cual el Reino Unido participa en quince programas de cooperación dentro del objetivo de cooperación territorial europea. Dos de esos programas, PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) (denominados conjuntamente «programas de cooperación») cuentan con la participación de Irlanda del Norte y respaldan la paz y la reconciliación, así como la cooperación Norte-Sur, en el marco del Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Acuerdo de Belfast»); la Unión tiene la intención de seguir adelante con estos programas incluso en el supuesto de una retirada del Reino Unido sin que haya entrado en vigor un acuerdo de retirada en la fecha en la que dejen de aplicarse los Tratados al Reino Unido con arreglo al artículo 50, apartado 3, del TUE. Por tanto, el presente Reglamento debe limitarse a esos programas de cooperación.

(3)

Los programas de cooperación se rigen, en particular, por los Reglamentos (UE) n.o 1299/2013 (3), (UE) n.o 1303/2013 (4) y (UE, Euratom) 2018/1046 (5) del Parlamento Europeo y del Consejo. El presente Reglamento debe establecer disposiciones que, tras la retirada del Reino Unido de la Unión, permitan la continuación de estos programas de cooperación de conformidad con los Reglamentos mencionados.

(4)

Por lo que respecta a los programas de cooperación, la autoridad de gestión está ubicada en el organismo especial para los programas de la UE («SEUPB»), creado en el marco del «Acuerdo entre el Gobierno de Irlanda y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se establecen organismos de ejecución», firmado el 8 de marzo de 1999. Dado que los programas de cooperación cuentan con la participación de Irlanda del Norte, deben continuar, con las disposiciones complementarias necesarias.

(5)

A efectos de la continuación de los programas de cooperación, debe aclararse que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1299/2013, estos pueden abarcar las regiones participantes del Reino Unido, que deben ser equivalentes a regiones del nivel NUTS 3.

(6)

A fin de que los programas de cooperación continúen con financiación a cargo del presupuesto general de la Unión, debe celebrarse un acuerdo administrativo entre la Comisión y las autoridades del Reino Unido que cobre efecto a partir de la fecha en la que dejen de aplicarse los Tratados al Reino Unido y que posibilite la realización de los controles y auditorías necesarios de los programas de cooperación. Si no pueden realizarse los controles y auditorías necesarios, la Comisión debe poder interrumpir los plazos de pago, suspender los pagos y aplicar correcciones financieras, con arreglo a lo establecido en los artículos 83, 142, 144 y 145 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013.

(7)

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, las decisiones de ejecución de la Comisión por las que se aprueban el programa PEACE IV (Irlanda-Reino Unido), de 30 de noviembre de 2015, y el programa Interreg V-A, de 12 de febrero de 2015, deben seguir constituyendo decisiones de financiación a efectos del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y, por tanto, compromisos jurídicos a efectos del citado Reglamento. El Reino Unido sigue siendo responsable de sus obligaciones financieras asumidas como Estado miembro en relación con dichos compromisos jurídicos de la Unión.

(8)

A partir de la fecha en la que dejen de aplicarse los Tratados al Reino Unido y en el Reino Unido, este dejará de participar en la parte de la zona del programa que pertenece a la Unión a tenor del artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1299/2013. Por tanto, deben adaptarse las disposiciones de dicho Reglamento relativas a la subvencionabilidad de las operaciones que dependen de la ubicación.

(9)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, permitir, tras la retirada del Reino Unido de la Unión, la continuación de los programas de cooperación, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(10)

Al objeto de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presente Reglamento solo debe aplicarse en caso de que no haya entrado en vigor ningún acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del TUE en la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del TUE.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) constituyen, de forma conjunta, el marco normativo para las actividades de las organizaciones de inspección, reconocimiento y certificación de buques.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 391/2009, las organizaciones de inspección, reconocimiento y certificación de buques reconocidas a nivel de la Unión por la Comisión («organizaciones reconocidas») serán evaluadas periódicamente y al menos cada dos años por la Comisión, conjuntamente con el Estado miembro que presentó la pertinente solicitud de reconocimiento de dicha organización.

(4)

Por razones de igualdad de trato, las organizaciones que fueron reconocidas inicialmente por el Estado miembro correspondiente de conformidad con la Directiva 94/57/CE del Consejo (5) y gozan del reconocimiento de la Unión con arreglo al artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 391/2009, deben ser evaluadas por la Comisión, conjuntamente con el Estado miembro que las reconoció inicialmente.

(5)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) n.o 391/2009, para seguir beneficiándose del reconocimiento de la UE, las organizaciones reconocidas deben seguir cumpliendo los requisitos y criterios mínimos establecidos en el anexo I de dicho Reglamento. Esto se comprueba a través de evaluaciones continuas llevadas a cabo por la Comisión, conjuntamente con el Estado miembro correspondiente, con arreglo al artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento. Por lo tanto, las evaluaciones periódicas desempeñan un papel importante para mantener el reconocimiento de las organizaciones.

(6)

Tras su retirada de la Unión, el Reino Unido no podrá ya participar en las evaluaciones llevadas a cabo de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 391/2009.

(7)

Las organizaciones reconocidas que fueron reconocidas inicialmente por el Reino Unido gozan en la actualidad de reconocimiento en la Unión, y otros Estados miembros les han confiado labores relacionadas con la inspección, el reconocimiento y la certificación de buques, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/15/CE. Procede, por consiguiente, modificar el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 391/2009 para garantizar que estas organizaciones sigan siendo objeto de evaluación de conformidad con los requisitos de dicha provisión.

(8)

Procede asimismo tomar en consideración las obligaciones relativas a la supervisión y control que los Estados miembros deben cumplir con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2009/15/CE. A este respecto, la evaluación de las organizaciones reconocidas por el Reglamento (CE) n.o 391/2009 debe ser llevada a cabo por la Comisión, conjuntamente con el Estado miembro o los Estados miembros que las hayan autorizado, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/15/CE.

(9)

A fin de garantizar la coordinación de las actividades nacionales y de la Unión en lo que respecta al control de las organizaciones reconocidas, la Comisión debe consultar a expertos e identificar e intercambiar buenas prácticas para evitar la duplicación del trabajo y hacer un mejor uso de las capacidades y los recursos existentes.

(10)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y debe aplicarse desde el día siguiente a aquel en que el Reglamento (CE) n.o 391/2009 deje de aplicarse al Reino Unido.

(1)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) estableció un estatuto jurídico europeo específico para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y prevé su financiación con cargo al presupuesto general de la Unión Europea. Asimismo, establece una Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (en lo sucesivo, «Autoridad»).

(2)

A fin de que la Autoridad pueda desempeñar plenamente sus funciones, incluidas las nuevas previstas en el presente Reglamento, y permitir que lo haga de forma independiente, es necesario dotarla de personal permanente y atribuir al director de la Autoridad las competencias de una autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

(3)

Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto los riesgos potenciales para los procesos electorales y la democracia que pueden derivarse del uso ilegal de los datos personales. Por lo tanto, es necesario proteger la integridad del proceso democrático europeo estableciendo sanciones financieras en situaciones en las que los partidos políticos europeos o las fundaciones políticas europeas se aprovechen de infracciones de las normas de protección de datos personales con el fin de influir en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo.

(4)

Con ese fin, debe establecerse un procedimiento de verificación en virtud del cual, en determinadas circunstancias, la Autoridad deba solicitar al Comité de Personalidades Independientes, establecido por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, que examine si un partido político europeo o una fundación política europea ha influido o ha intentado influir deliberadamente en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo aprovechándose de una infracción de las normas aplicables en materia de protección de datos personales. Cuando, de acuerdo con el procedimiento de verificación, se considere que eso ha sucedido, la Autoridad debe imponer sanciones con arreglo al sistema de sanciones efectivo, proporcionado y disuasorio establecido en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.

(5)

Cuando la Autoridad imponga una sanción a un partido político europeo o a una fundación política europea de conformidad con el procedimiento de verificación, debe tener debidamente en cuenta el principio non bis in idem, según el cual una misma infracción no puede sancionarse dos veces. La Autoridad debe garantizar asimismo el respeto del principio de seguridad jurídica y que se haya dado al partido político europeo o a la fundación política europea de que se trate la posibilidad de ser oído.

(6)

El nuevo procedimiento debe coexistir con los procedimientos actuales utilizados para verificar el cumplimiento de las condiciones de registro y en los casos de violación manifiesta y grave de los valores en los que se basa la Unión. No obstante, los plazos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de registro y de los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 no deben aplicarse al nuevo procedimiento.

(7)

Dado que el nuevo procedimiento se activa por decisión de una autoridad nacional competente de control de la protección de datos, el partido político europeo o la fundación política europea de que se trate deben poder solicitar que se revise la sanción en caso de que se revoque la decisión de esa autoridad nacional de control o de que prospere un recurso contra dicha decisión, siempre que se hayan agotado todas las vías de recurso nacionales.

(8)

Con el fin de garantizar que las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 se celebren de conformidad con unas normas democráticas rigurosas y respetando plenamente los valores europeos de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, es importante que las disposiciones del nuevo procedimiento de verificación entren en vigor a su debido tiempo y que el procedimiento sea aplicable cuanto antes. A fin de lograr este objetivo, las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 introducidas en el presente Reglamento deben entrar en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(9)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 en consecuencia.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El principal objetivo del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) es establecer y mantener un nivel elevado y uniforme de seguridad de la aviación civil en la Unión. Para ello, se ha establecido un sistema de certificados para diversas actividades de la aviación, con el fin de alcanzar los niveles de seguridad requeridos y hacer posibles las verificaciones necesarias y la aceptación mutua de los certificados expedidos.

(3)

En el ámbito de la seguridad aérea, las repercusiones que tendrá la retirada del Reino Unido de la Unión en los certificados y aprobaciones pueden ser mitigadas por muchas partes interesadas por medio de diversas medidas. Entre ellas figura la transferencia a una autoridad de aviación civil de uno de los 27 Estados miembros restantes o la solicitud, previa a la fecha de retirada, de un certificado expedido por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (en lo sucesivo, «Agencia»), que surta efecto solo a partir de dicha fecha y que, por tanto, esté supeditado a que el Reino Unido pase a ser un tercer país.

(4)

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos del Derecho de la Unión, existen varios casos específicos en los que no es posible obtener un certificado de otro Estado miembro o de la Agencia ya que, a partir de la fecha de retirada, el Reino Unido vuelve a asumir, para su jurisdicción, la función de «Estado de diseño» conforme al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. El Reino Unido, por su parte, solo puede expedir certificados en virtud de esa nueva función después de haberla asumido, es decir, una vez que el Derecho de la Unión deje de ser aplicable al Reino Unido tras su retirada de la Unión.

(5)

Es por lo tanto necesario establecer un mecanismo temporal, para prorrogar la validez de determinados certificados de seguridad aérea, con el fin de que los operadores afectados y la Agencia dispongan de tiempo suficiente para expedir los certificados necesarios con arreglo al artículo 68 del Reglamento (UE) 2018/1139, que tengan en cuenta el estatuto del Reino Unido como tercer país.

(6)

La duración de esa prórroga de la validez de los certificados debe limitarse a lo estrictamente necesario para hacer frente a la salida del Reino Unido del sistema de seguridad aérea de la Unión.

(7)

A fin de dar más tiempo, en caso necesario, a los operadores afectados para expedir los certificados contemplados en el artículo 68 del Reglamento (UE) 2018/1139, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para prorrogar el período de validez de los certificados a que se hace referencia en la sección 1 del anexo del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (4). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(8)

Por otra parte, a diferencia de la mayoría de los demás ámbitos del Derecho de la Unión relativos a mercancías, la invalidez de los certificados tiene un impacto, pero no en la puesta en el mercado sino en la utilización efectiva de los productos, componentes y equipos aeronáuticos en la Unión, por ejemplo, al instalar componentes y equipos en una aeronave de la Unión que opere en la Unión. Dicha utilización de productos aeronáuticos en la Unión no debe verse afectada por la retirada del Reino Unido.

(9)

En el sistema de seguridad de la aviación de la Unión, la formación de pilotos y mecánicos está estrictamente regulada y los módulos de formación están armonizados. Las personas que participan en un módulo de formación en un Estado miembro no siempre pueden cambiarse a otro Estado miembro en el curso de la formación. Esta situación particular ha de ser tenida en cuenta en las medidas de contingencia de la Unión.

(10)

Las disposiciones del presente Reglamento deben entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse, en principio, a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, a menos que en esa fecha haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido. Sin embargo, a fin de permitir que los procedimientos administrativos necesarios puedan llevarse a cabo lo antes posible, determinadas disposiciones deben aplicarse a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El Mecanismo «Conectar Europa», que es un instrumento financiero clave de la UE, fue creado por el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). El objetivo del Mecanismo «Conectar Europa» es permitir la preparación y la ejecución de proyectos transfronterizos y de interés común en el marco de la política de redes transeuropeas en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior y mejorar la competitividad, así como contribuir a la cohesión económica, social y territorial y a los objetivos en materia de desarrollo sostenible.

(3)

En la parte I del anexo I del Reglamento (UE) n.o 1316/2013 figura una lista de nueve corredores de la red básica. Esos corredores constituyen un instrumento que facilita la implementación coordinada de la red básica. Su finalidad es contribuir a la cohesión de la red básica, merced a la mejora de la cooperación territorial, abordar objetivos más generales de la política de transporte y facilitar la interoperabilidad, la integración modal y las operaciones multimodales.

(4)

El Reino Unido forma parte del corredor de la red básica mar del Norte – Mediterráneo, que incluye conexiones entre Belfast, Dublín y Cork en la isla de Irlanda y conexiones en Gran Bretaña de Glasgow y Edimburgo en el norte a Folkestone y Dover en el sur. Los tramos y nodos del Reino Unido están incluidos en el cuadro titulado «Secciones predeterminadas incluidos los proyectos» de los corredores de la red básica que contiene el punto 2 de la parte I del anexo I del Reglamento (UE) n.o 1316/2013.

(5)

En vista de la retirada del Reino Unido de la Unión, las partes del trazado del corredor de la red básica mar del Norte – Mediterráneo relacionadas con el Reino Unido, así como los tramos y los nodos del Reino Unido incluidos en el cuadro de «secciones predeterminadas incluidos los proyectos», quedarán obsoletos y dejarán de surtir efectos jurídicos a partir del día siguiente a aquel en que el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 deje de ser aplicable al Reino Unido.

(6)

Para Irlanda, las conexiones marítimas son un medio clave para garantizar su conectividad directa con la Europa continental, especialmente habida cuenta de la evolución incierta de los flujos comerciales que atraviesan el «puente terrestre» británico.

(7)

Para evitar una situación en la que el corredor de la red básica mar del Norte – Mediterráneo quede dividido en dos partes distintas y desconectadas y garantizar la conectividad de Irlanda con la Europa continental, el corredor de la red básica mar del Norte – Mediterráneo debe incluir nuevas conexiones marítimas entre los puertos de Irlanda y los puertos de Bélgica, de Francia y de los Países Bajos que forman parte de dicho corredor. Además, una conexión entre el corredor mar del Norte – Mediterráneo y el corredor Atlántico a través de Le Havre, situado en el corredor Atlántico, debe garantizar una mejor conectividad e integración del mercado interior.

(8)

Es importante que las consecuencias que la retirada del Reino Unido de la Unión pueda tener a medio plazo sobre las conexiones y los flujos de tráfico, en particular la posible redistribución de los flujos de tráfico, se tengan en cuenta para el diseño del instrumento que suceda al Mecanismo «Conectar Europa», así como para la evaluación del Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Por ello, la Comisión deberá llevar a cabo de aquí a 2021 una primera revisión del Reglamento (UE) n.o 1315/2013, para tener en cuenta las posibles alteraciones en el flujo de las mercancías que puede conllevar la salida del Reino Unido de la Unión.

(9)

Garantizar la conexión entre Irlanda y los demás Estados miembros del corredor de la red básica mar del Norte – Mediterráneo y una parte limitada del corredor Atlántico es crucial para las inversiones actuales y futuras en infraestructuras y para ofrecer claridad y seguridad jurídicas en la planificación de infraestructuras. Desarrollar las infraestructuras pertinentes es esencial para mantener y apoyar los flujos comerciales actuales y futuros entre Irlanda y la Europa continental.

(10)

La inversión en equipos e infraestructuras de seguridad y control en las fronteras exteriores debe ser prioritaria durante la última fase de ejecución del actual período de programación del Mecanismo «Conectar Europa».

(11)

Para responder a esas necesidades, la Comisión debe proponer un nuevo programa de trabajo anual.

(12)

Durante la revisión del programa de trabajo plurianual con vistas a su adaptación a la retirada del Reino Unido de la Unión, deben tenerse en cuenta, en particular, las acciones destinadas al refuerzo de las infraestructuras de transporte a efectos de seguridad y control en las fronteras exteriores.

(13)

El presente Reglamento entrará en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y debe ser aplicable desde el día siguiente a aquel en que el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 deje de aplicarse al Reino Unido.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo (2) establece un sistema común para el control de las exportaciones de productos de doble uso, que es necesario para promover la seguridad de la Unión e internacional y proporcionar unas condiciones de competencia equitativas para los exportadores de la Unión.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 428/2009 establece «autorizaciones generales de exportación de la Unión» que facilitan los controles de las exportaciones de bajo riesgo de productos de doble uso a determinados terceros países. En la actualidad, la autorización general de exportación de la Unión n.o EU001 establecida en el anexo IIa del Reglamento (CE) n.o 428/2009 se aplica a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, incluido Liechtenstein, y los Estados Unidos de América.

(4)

El Reino Unido es parte en los tratados internacionales pertinentes y miembro de los regímenes internacionales de no proliferación, sigue cumpliendo plenamente las obligaciones y los compromisos correspondientes. El Reino Unido aplica controles proporcionados y adecuados para abordar con eficacia las consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de desviación, que son coherentes con las disposiciones y los objetivos del Reglamento (CE) n.o 428/2009.

(5)

Considerando que el Reino Unido es un importante destino para los productos de doble uso fabricados en la Unión, es conveniente añadir el Reino Unido a la lista de destinos a los que se aplica la autorización general de exportación de la Unión n.o EU001, con el fin de garantizar una aplicación uniforme y coherente de los controles en toda la Unión, promover unas condiciones de competencia equitativas para los exportadores de la Unión y evitar una carga administrativa innecesaria, a la vez que se protege la seguridad de la Unión e internacional.

(6)

Habida cuenta de la urgencia provocada por las circunstancias de la retirada del Reino Unido de la Unión, es necesario permitir la rápida aplicación del presente Reglamento en lo que respecta a la inclusión del Reino Unido en la autorización general de exportación de la Unión n.o EU001. Por consiguiente, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(7)

El Reino Unido únicamente debe ser añadido a la lista de destinos a los que se aplica la autorización general de exportación de la Unión n.o EU001 en caso de que no haya entrado en vigor ningún acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del TUE en la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del TUE.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El acuerdo de retirada publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 19 de febrero de 2019 (2) contiene la forma relativa a la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión al Reino Unido después de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido. Si el acuerdo entra en vigor, la política pesquera común (PPC) se aplicará al Reino Unido durante el período transitorio, de conformidad con dicho acuerdo, y dejará de aplicarse al final de dicho período.

(3)

Cuando la PPC deje de aplicarse al Reino Unido, las aguas del Reino Unido (mar territorial y zona económica exclusiva adyacente) dejarán de formar parte de las aguas de la Unión. Por consiguiente, a falta de un acuerdo de retirada, los buques de la Unión corren el riesgo de perder el acceso a las aguas del Reino Unido y sus posibilidades de pesca a partir del 30 de marzo de 2019. Esto tendría un impacto significativo en las actividades pesqueras y en la rentabilidad económica de la flota de la Unión.

(4)

El Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) ya dispone de medidas a las que recurrir para atenuar, en toda la cadena de producción y comercialización, los efectos económicos negativos debido a la retirada del Reino Unido de la Unión.

(5)

El Reglamento (UE) n.o 508/2014 establece las normas y disposiciones detalladas para la concesión de una compensación económica a los pescadores y propietarios de buques de pesca en caso de paralización temporal de las actividades pesqueras. Los criterios establecidos para autorizar la paralización temporal no permiten la compensación en caso de retirada de un Estado miembro de la Unión, con la consiguiente pérdida de acceso y de posibilidades de pesca en las aguas de dicho Estado.

(6)

Además de las medidas disponibles en virtud del Reglamento (UE) n.o 508/2014, para atenuar los efectos económicos negativos causados por la retirada de un Estado miembro de la Unión, conviene que los pescadores y operadores que dependen significativamente del acceso a las aguas del Reino Unido cuenten con apoyo público por la paralización temporal de sus actividades pesqueras.

(7)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 508/2014 en consecuencia.

(8)

Se dispone de los créditos restantes para cualquier medida elegible destinada a atenuar las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión.

(9)

En aras de la simplificación, se invita a los Estados miembros afectados a considerar la posibilidad de combinar las modificaciones de su programa operativo en el marco del artículo 22, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(10)

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar, antes de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión, la disponibilidad del apoyo con arreglo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con respecto a la paralización temporal de las actividades de la pesca por parte de buques pesqueros de la Unión que dependen significativamente del acceso a las aguas del Reino Unido en caso de que este no conceda acceso a esas aguas a partir de la fecha de su retirada de la Unión, que podría ser el 30 de marzo de 2019, se consideró conveniente establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(11)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y debe aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, a menos que un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido haya entrado en vigor en esa fecha.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El acuerdo de retirada publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 19 de febrero de 2019 (2) contiene la forma relativa a la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión al Reino Unido después de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido. Si el acuerdo entra en vigor, la política pesquera común (PPC) se aplicará al Reino Unido durante el período transitorio, de conformidad con dicho acuerdo, y dejará de aplicarse al final de dicho período.

(3)

Cuando la PPC deje de aplicarse al Reino Unido, las aguas del Reino Unido (mar territorial y zona económica exclusiva adyacente) dejarán de formar parte de las aguas de la Unión. Por consiguiente, a falta de un acuerdo de retirada, los buques pesqueros de la Unión y del Reino Unido corren el riesgo de no poder utilizar plenamente las posibilidades de pesca establecidas para 2019.

(4)

Para garantizar la sostenibilidad de la pesca y a la luz de la importancia de la pesca para el sustento económico de muchas comunidades en la Unión y en el Reino Unido, procede mantener la posibilidad de que los buques pesqueros de la Unión y del Reino Unido tengan acceso recíproco continuo a las aguas de la otra parte, durante un período de tiempo limitado, después de que la PPC deje de aplicarse al Reino Unido como Estado miembro. El objetivo del presente Reglamento es crear el marco jurídico adecuado para dicho acceso recíproco.

(5)

El ámbito de aplicación territorial del presente Reglamento y las referencias al Reino Unido que contenga no incluyen a Gibraltar.

(6)

Las posibilidades de pesca para el año 2019 se acordaron en los Reglamentos (UE) 2019/124 (3) y (UE) 2018/2025 (4) del Consejo, incluido al Reino Unido, siendo aún el Reino Unido miembro de la Unión. Esas posibilidades de pesca se fijaron de total conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 61 y 62 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A fin de garantizar una explotación sostenible de los recursos marinos vivos y la estabilidad en las aguas de la Unión y del Reino Unido, las asignaciones y partes de cuotas acordadas para los Estados miembros y el Reino Unido deben seguir manteniéndose de conformidad con los artículos 2 y 3 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(7)

Dadas las tradicionales pautas de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión y viceversa, la Unión debe establecer un mecanismo para que los buques pesqueros del Reino Unido accedan a las aguas de la Unión mediante autorizaciones, durante un período de tiempo limitado, a fin de poder capturar las cuotas que tienen asignadas en virtud de los Reglamentos (UE) 2019/124 y (UE) 2018/2025 en las mismas condiciones que se aplican a los buques pesqueros de la Unión. Dichas autorizaciones de pesca solo deben concederse en la medida en que el Reino Unido siga concediendo autorizaciones a buques pesqueros de la Unión para utilizar las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas de conformidad con las correspondientes posibilidades de pesca de los Reglamentos.

(8)

El Reglamento (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) establece las normas para la expedición y la gestión de autorizaciones de pesca para buques en aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de un tercer país y para los buques pesqueros de terceros países que faenen en aguas de la Unión.

(9)

El Reglamento (UE) 2017/2403 establece normas para las operaciones de pesca de los buques pesqueros de la Unión en aguas de terceros países fuera del marco de un acuerdo de pesca, establece que un Estado miembro del pabellón puede conceder autorizaciones directas y establece las condiciones y procedimientos para la concesión de dichas autorizaciones. Dado el número de buques pesqueros de la Unión que actualmente faenan en aguas del Reino Unido, esas condiciones y procedimientos darían lugar a retrasos considerables y a una mayor carga administrativa a falta de un acuerdo de retirada o un acuerdo pesquero. Por consiguiente, es necesario establecer condiciones y procedimientos específicos para facilitar la expedición, por parte del Reino Unido, de autorizaciones a los buques pesqueros de la Unión para que faenen en aguas del Reino Unido.

(10)

Es necesario establecer una excepción a las normas aplicables a los buques pesqueros de terceros países y establecer condiciones y procedimientos específicos que permitan la expedición, por parte de la Unión, de autorizaciones a los buques pesqueros del Reino Unido para que faenen en aguas de la Unión.

(11)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 faculta a los Estados miembros a intercambiar entre sí la totalidad o parte de las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas. Cada año se realizan aproximadamente 1 000 intercambios de cuota entre los Estados miembros y el Reino Unido. Sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Unión, es necesario un sistema flexible después de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, que permita a la Unión intercambiar cuotas con el Reino Unido. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder debatir con el Reino Unido y, en su caso, establecer las posibles líneas generales de una transferencia o intercambio de cuota que se prevea. La Comisión debe seguir siendo responsable de ejecutar dicha transferencia o intercambio de cuota. Las posibilidades de pesca recibidas del Reino Unido o transferidas al Reino Unido en el marco de la transferencia o intercambio de cuota deben considerarse cuotas asignadas o deducidas de la asignación del Estado miembro de que se trate.

(12)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2017/2403 en consecuencia.

(13)

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar, antes de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión, un marco jurídico destinado a evitar la interrupción de las actividades pesqueras por los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión y por buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido a partir de la fecha de su retirada de la Unión, que podría ser el 30 de marzo de 2019, se consideró conveniente establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(14)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y debe aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, a menos que un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido haya entrado en vigor en esa fecha. Debe aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2019.

(15)

Para que los operadores tanto de la Unión como del Reino Unido puedan seguir faenando según las posibilidades de pesca que les hayan sido asignadas, las autorizaciones de pesca para faenar en aguas de la Unión solo deben concederse a los buques pesqueros del Reino Unido en la medida en que la Comisión se cerciore de que el Reino Unido concede derechos de acceso a los buques pesqueros de la Unión para faenar en aguas del Reino Unido sobre la base de la reciprocidad.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, concretamente, a partir del 30 de marzo de 2019, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

La retirada se produce durante el período de programación 2014-2020 del programa Erasmus+, en el que participa el Reino Unido.

(3)

El programa Erasmus+ se rige por el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). El presente Reglamento debe establecer normas que permitan la continuación de los compromisos jurídicos ya asumidos, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1288/2013, con respecto a las actividades actualmente en curso de movilidad por motivos de aprendizaje en las que participa el Reino Unido, tras la retirada de este país de la Unión.

(4)

A partir de la fecha en que los Tratados dejen de aplicársele, el Reino Unido dejará de ser un «país del programa», en el sentido del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1288/2013. A fin de evitar que los actuales participantes en Erasmus+ interrumpan sus actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente en curso, deben adaptarse las normas sobre la subvencionabilidad de dichas actividades en el marco del programa Erasmus+.

(5)

A efectos de la continuidad de la financiación con cargo al presupuesto de la Unión de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente en curso, la Comisión y el Reino Unido deben ponerse de acuerdo para permitir que se realicen controles y auditorías de dichas actividades. En caso de que no puedan llevarse a cabo los controles y auditorías necesarios, tal situación debe considerarse una deficiencia grave del sistema de gestión y control.

(6)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, permitir la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente en curso en las que participa el Reino Unido que hayan comenzado a más tardar en la fecha en que los Tratados dejan de aplicarse al Reino Unido, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su escala y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(7)

En vista del hecho de que, en ausencia de un acuerdo de retirada o de una prórroga del plazo de dos años después de la notificación del Reino Unido, los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido desde el 30 de marzo de 2019, y de la necesidad de garantizar, antes de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión, la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente en curso en el marco del programa Erasmus+, se consideró apropiado prever una excepción al plazo de ocho semanas a que se hace referencia en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea, anexo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(8)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejan de aplicarse al Reino Unido, salvo que para entonces haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con dicho país.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de ser aplicables al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación de la retirada, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

En caso de que no haya un acuerdo de retirada ni una prórroga del período de dos años tras la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión, también dejarán de aplicarse al y en el Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019, las normas de la Unión en materia de coordinación de la seguridad social previstas en los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 (2) y (CE) n.o 987/2009 (3) del Parlamento Europeo y el Consejo.

(3)

Como consecuencia de ello, las personas que, en su condición de ciudadanos de la Unión, han ejercido legítimamente el derecho de libre circulación o la libertad de establecimiento consagrados en los artículos 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) antes de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión, así como los miembros de sus familias y sus supérstites, ya no pueden invocar las normas de la Unión en materia de coordinación de la seguridad social en relación con sus derechos de seguridad social basados en hechos y acontecimientos ocurridos antes de la fecha de retirada, y en períodos de seguro, empleo, trabajo por cuenta propia o residencia completados antes de la fecha de retirada, en los que esté implicado el Reino Unido. También afectará a los apátridas y a los refugiados que estén, o hayan estado, sujetos a la legislación de uno o más Estados miembros y que estén, o hayan estado, en situaciones que impliquen al Reino Unido, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites.

(4)

A fin de alcanzar el objetivo de salvaguardar los derechos de seguridad social de las personas afectadas, los Estados miembros deben seguir aplicando los principios de la Unión relativos a la igualdad de trato, la asimilación y la totalización establecidos en los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009, así como las normas de dichos Reglamentos necesarias para aplicar dichos principios, por lo que respecta a las personas afectadas y a los hechos y acontecimientos ocurridos y los períodos completados antes de la retirada del Reino Unido de la Unión.

(5)

El presente Reglamento no afecta a aquellos convenios y acuerdos de seguridad social existentes entre el Reino Unido y uno o más Estados miembros que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 987/2009. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que la Unión o los Estados miembros adopten medidas que aborden la cooperación administrativa y el intercambio de información con las instituciones competentes del Reino Unido con el fin de dar cumplimiento a los principios del presente Reglamento. Además, el presente Reglamento no afecta a ninguna competencia, ni de la Unión ni de los Estados miembros, para celebrar convenios y acuerdos en materia de seguridad social con terceros países o con el Reino Unido que cubran el período posterior a la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido.

(6)

El presente Reglamento no afecta a los derechos adquiridos o en curso de adquisición con arreglo a la legislación de un Estado miembro durante el período anterior a la fecha de aplicación del presente Reglamento. Una buena cooperación es necesaria para garantizar la protección y el respeto de esos derechos. Es importante garantizar que las personas concernidas dispongan de información adecuada y oportuna sobre sus derechos.

(7)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, lograr la aplicación unilateral uniforme de los principios de la igualdad de trato, la asimilación y la totalización, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a motivos de coordinación de su respuesta, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(8)

Dado que, a falta de un acuerdo de retirada o de una prórroga del plazo de dos años desde la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión, los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019, y dada la necesidad de proporcionar seguridad jurídica, se consideró conveniente establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al TFUE y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(9)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, salvo que para entonces haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

Dentro de la relación con los restantes veintisiete Estados miembros y a falta de cualquier disposición especial, la retirada del Reino Unido de la Unión pondría fin a todos los derechos y obligaciones derivados del Derecho de la Unión en materia de acceso a los mercados, tal como se establece en el Reglamento (CE) n.o 1072/2009 (3) y en el Reglamento (CE) n.o 1073/2009 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(3)

El sistema de cuotas multilaterales del Foro Internacional del Transporte (ITF) es el único marco jurídico alternativo disponible que podría servir de base para el transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido tras la fecha de retirada. No obstante, debido al número limitado de autorizaciones disponibles en la actualidad con arreglo al régimen del ITF y el restringido ámbito de aplicación en lo referente a los tipos de operaciones de transporte por carretera que cubre, actualmente el sistema es insuficiente para responder por completo a las necesidades de transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido.

(4)

Por lo tanto, a fin de evitar posibles perturbaciones graves, en particular en materia de orden público, es necesario establecer una serie de medidas que permitan a los transportistas de mercancías por carretera y a los transportistas de viajeros en autocares y autobuses con licencia en el Reino Unido transportar mercancías y viajeros por carretera entre el territorio de este último y el resto de los veintisiete Estados miembros o desde el territorio del Reino Unido al territorio del Reino Unido con tránsito por uno o más Estados miembros. A fin de garantizar un equilibrio adecuado entre el Reino Unido y el resto de los Estados miembros, los derechos conferidos de este modo deben condicionarse a que se atribuyan derechos equivalentes y estar sujetos a determinadas condiciones que garanticen la competencia leal.

(5)

Gibraltar no está incluido en el ámbito de aplicación territorial del presente Reglamento y las referencias al Reino Unido que contenga no incluyen Gibraltar.

(6)

El derecho a realizar operaciones de transporte en el territorio de un Estado miembro o entre Estados miembros constituye un logro fundamental del mercado interior y, tras la retirada del Reino Unido de la Unión y en ausencia de cualquier disposición específica en contrario, debe dejar de aplicarse a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido que no estén establecidos en la Unión. No obstante, deben preverse medidas temporales de eliminación progresiva de ese derecho para permitir a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido realizar un número limitado de operaciones adicionales en el territorio de la Unión en el contexto de operaciones entre el Reino Unido y la Unión. En el período inmediatamente posterior de una retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo de retirada, dichas medidas deben contribuir a evitar perturbaciones en los flujos de tráfico que caben esperar de los controles adicionales de vehículos y de su carga, y el consiguiente riesgo para el orden público. Las medidas deben contribuir a aliviar, más concretamente, la presión en los puntos fronterizos, que son escasos y donde dichas perturbaciones son más probables, al no necesitar los vehículos regresar inmediatamente. Esas medidas deben ser proporcionadas, no deben reproducir el mismo nivel de derechos de que disfrutan los transportistas de mercancías por carretera de la Unión en virtud de las normas del mercado interior y deben eliminarse progresivamente de conformidad con el presente Reglamento.

(7)

En ausencia de disposiciones especiales, la retirada del Reino Unido de la Unión también daría lugar a graves perturbaciones, entre otras, en materia de orden público, en el contexto de los servicios de transporte de viajeros por carretera. El Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús (5) («Convenio Interbus») es el único marco jurídico disponible que ofrece una base para el transporte de viajeros en autocares y autobuses entre la Unión y el Reino Unido tras la fecha de retirada. El Reino Unido pasará a ser Parte contratante por derecho propio en el Convenio Interbus a partir del 1 de abril de 2019. Sin embargo, el Convenio Interbus cubre solo los servicios discrecionales y, por lo tanto, es inadecuado para hacer frente a las perturbaciones que se deriven de la retirada, dado el elevado número de personas que seguirán tratando de viajar entre la Unión y el Reino Unido. Las Partes contratantes han negociado un Protocolo del Convenio Interbus para incluir los servicios regulares de transporte de viajeros, pero no se espera que entre en vigor a tiempo para ofrecer una solución alternativa viable a la situación actual durante el período inmediatamente posterior a la retirada del Reino Unido. Así pues, para los servicios regulares y los servicios regulares especiales de transporte de viajeros en autocares y autobuses, los instrumentos actuales no abordan las necesidades del transporte de viajeros por carretera entre la Unión y el Reino Unido. Para atenuar la importante perturbación que podría poner en riesgo el orden público, conviene, por lo tanto, autorizar a los transportistas del Reino Unido a transportar viajeros desde el Reino Unido a la Unión, y viceversa, siempre que el Reino Unido conceda derechos al menos equivalentes a los transportistas de la Unión. Los derechos concedidos en virtud del presente Reglamento deben limitarse a un breve período de tiempo, a fin de permitir que el Protocolo del Convenio Interbus sobre servicios regulares entre en vigor y el Reino Unido se adhiera a dicho Protocolo.

Los servicios transfronterizos de autocares y autobuses entre Irlanda e Irlanda del Norte revisten especial importancia para las comunidades que viven en las regiones fronterizas, a fin de garantizar la conectividad básica entre las comunidades, entre otras cosas, como parte de la Zona de Viaje Común. La recogida y el depósito de viajeros en las regiones situadas a ambos lados de la frontera sostiene la viabilidad de estos servicios. Por lo tanto, la recogida y el depósito de viajeros por transportistas de viajeros en autocares y autobuses del Reino Unido deben seguir estando autorizadas en las regiones fronterizas de Irlanda en el marco de los servicios de transporte internacional de viajeros en autocares y autobuses entre Irlanda e Irlanda del Norte. Estos derechos deben concederse por un período de tiempo limitado (hasta el 30 de septiembre de 2019) para permitir la introducción de alternativas.

(8)

Con el propósito de reflejar su carácter temporal, y sin que sirva de precedente, el conjunto de medidas contenidas en el presente Reglamento debe limitarse a un breve período de tiempo. Por lo que respecta a las operaciones de transporte de mercancías por carretera, la limitación en el tiempo se realiza con vistas a las posibles disposiciones de conectividad básica necesarias en el régimen del ITF, y sin perjuicio de la posible negociación y entrada en vigor de un futuro acuerdo relativo al transporte de mercancías por carretera entre la Unión y el Reino Unido y de las futuras normas de la Unión en materia de transporte. Por lo que respecta al transporte de viajeros en autocares y autobuses, la limitación en el tiempo se realiza para permitir que el Protocolo del Convenio Interbus sobre servicios regulares entre en vigor y el Reino Unido se adhiera a dicho Protocolo, y sin perjuicio de un posible futuro acuerdo en la materia entre la Unión y el Reino Unido.

(9)

De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del TUE, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(10)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente y aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, a menos que un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido haya entrado en vigor en esa fecha. El presente Reglamento debe, en todo caso, dejar de aplicarse el 31 de diciembre de 2019. Por consiguiente, la Unión dejará de ejercer la competencia ejercida a través del presente Reglamento después de esa fecha. Sin perjuicio de otras medidas de la Unión, y a reserva del cumplimiento de dichas medidas, dicha competencia, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), será ejercida de nuevo por los Estados miembros a partir de entonces. Las competencias respectivas de la Unión y de los Estados miembros con respecto a la celebración de acuerdos internacionales en el ámbito del transporte por carretera deben determinarse de conformidad con los Tratados y teniendo en cuenta la legislación de la Unión aplicable.

(11)

En caso en que sea necesario para hacer frente a las necesidades del mercado, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos conforme al artículo 290 del TFUE, a fin de restablecer la equivalencia de derechos concedidos por la Unión a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido y a los transportistas de viajeros en autocares y autobuses del Reino Unido con los otorgados por el Reino Unido a los transportistas de mercancías por carretera de la Unión y a los transportistas de viajeros en autocares y autobuses de la Unión, también cuando los derechos concedidos por el Reino Unido se concedan sobre la base del Estado miembro de origen o no estén disponibles en igualdad de condiciones para todos los transportistas de la Unión, y solucionar situaciones de competencia desleal en detrimento de los transportistas de mercancías por carretera de la Unión y de los transportistas de viajeros en autocares y autobuses de la Unión.

(12)

Los actos delegados deben respetar el principio de proporcionalidad, por lo que sus condiciones deben ser proporcionales a los problemas planteados por el hecho de no haber concedido derechos equivalentes o por unas condiciones de competencia desleales. La Comisión solo debe suspender la aplicación del presente Reglamento en los casos más graves, cuando el Reino Unido no conceda derechos equivalentes a todos los transportistas de mercancías por carretera de la Unión o a los transportistas de viajeros en autocares y autobuses de la Unión o cuando los derechos concedidos sean mínimos, o cuando las condiciones de competencia para los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido o para los transportistas de viajeros en autocares y autobuses del Reino Unido difieran tanto de los de los transportistas de la Unión que la prestación de los servicios en cuestión por parte de los transportistas de la Unión no les resulte económicamente viable.

(13)

Al adoptar los actos delegados, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, incluido a nivel de expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (6). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Debe garantizarse que ninguno de estos actos delegados afecte indebidamente al buen funcionamiento del mercado interior.

(14)

A fin de garantizar que los derechos concedidos por el Reino Unido a los transportistas de mercancías por carretera de la Unión y a los transportistas de viajeros en autocares y autobuses de la Unión equivalentes a los concedidos por el presente Reglamento a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido y a los transportistas de viajeros en autocares y autobuses del Reino Unido estén igualmente disponibles para todos los transportistas de la Unión, debe ampliarse temporalmente el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1072/2009 y del Reglamento (CE) n.o 1073/2009. Estos Reglamentos ya cubren la parte del trayecto entre un Estado miembro y un tercer país realizada en el territorio de un Estado miembro que es atravesado en tránsito. Es necesario, no obstante, garantizar que, en tal caso, el Reglamento (CE) n.o 1072/2009 se aplique también a la parte del trayecto realizada en el territorio del Estado miembro de carga o descarga, y que el Reglamento (CE) n.o 1073/2009 se aplique a la parte del trayecto realizada en el territorio del Estado miembro donde se recojan o depositen viajeros. Esta ampliación del ámbito de aplicación tiene por objeto garantizar que los transportistas de la Unión puedan realizar operaciones de transporte internacional entre el Reino Unido y un Estado miembro distinto del de la empresa transportista o viceversa, así como paradas adicionales en sus actividades de transporte de viajeros.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación, a saber, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece las condiciones para la concesión de la licencia de explotación de la Unión a las compañías aéreas y establece la libertad de proporcionar servicios aéreos dentro de la Unión.

(3)

A falta de disposiciones especiales, la retirada del Reino Unido de la Unión pondría fin a todos los derechos y obligaciones derivados del Derecho de la Unión en materia de acceso al mercado según lo establecido por el Reglamento (CE) n.o 1008/2008, en lo que respecta a la relación entre el Reino Unido y los 27 Estados miembros restantes.

(4)

Por lo tanto, es necesario establecer un conjunto temporal de medidas que permitan a las compañías aéreas a las que se haya concedido una licencia en el Reino Unido prestar servicios de transporte aéreo entre el territorio de este último y los 27 Estados miembros restantes. Para garantizar un equilibrio adecuado entre el Reino Unido y los veintisiete Estados miembros restantes, los derechos así conferidos deben estar condicionados a la concesión de derechos equivalentes por parte del Reino Unido a las compañías aéreas a las que se haya otorgado una licencia en la Unión y estar sujetos a ciertas condiciones que garanticen una competencia leal.

(5)

Para que refleje su carácter temporal, la aplicación del presente Reglamento debe limitarse a un breve período de tiempo, sin perjuicio de la posible negociación y entrada en vigor de un futuro acuerdo, del que la Unión sea parte, que regule la prestación de servicios aéreos con el Reino Unido. Se debe conceder a la Comisión, por recomendación suya, tan pronto como sea posible, una autorización para negociar un acuerdo global de transporte aéreo con el Reino Unido. Dicho acuerdo debe negociarse y concluirse sin demora.

(6)

Con el fin de mantener unos niveles de conexión mutuamente beneficiosos, deben preverse acuerdos de cooperación comercial, como el de código compartido, tanto para las compañías aéreas del Reino Unido como para las compañías aéreas de la Unión, en consonancia con el principio de reciprocidad.

(7)

Teniendo en cuenta las circunstancias únicas y excepcionales que hacen necesaria la adopción del presente Reglamento, y de conformidad con los Tratados, es conveniente que la Unión ejerza temporalmente las correspondientes competencias compartidas que le atribuyen los Tratados. No obstante, cualquier efecto del presente Reglamento sobre el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros debe estar estrictamente limitado en el tiempo. La competencia de la Unión debe ejercerse, por tanto, únicamente con respecto al período de aplicación del presente Reglamento. En consecuencia, la Unión debe dejar de ejercer la competencia compartida en cuanto deje de aplicarse el presente Reglamento. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia a partir de ese momento. Además, se recuerda que, tal como se establece en el Protocolo n.o 25 relativo al ejercicio de las competencias compartidas, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el alcance del ejercicio de la competencia de la Unión en el presente Reglamento solo abarcará los elementos regidos por el presente Reglamento y no incluirá todo el ámbito en cuestión. Las competencias respectivas de la Unión y de los Estados miembros con respecto a la celebración de acuerdos internacionales en el ámbito del transporte aéreo deben determinarse de conformidad con los Tratados y teniendo en cuenta la legislación de la Unión aplicable.

(8)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1008/2008, a fin de mantener las licencias de explotación válidas, las compañías aéreas de la Unión deben cumplir en todo momento, en particular, los requisitos de propiedad y control establecidos en dicho Reglamento. En caso de que la retirada del Reino Unido de la Unión se produzca sin un acuerdo de retirada, es probable que algunas compañías aéreas de la Unión encuentren dificultades para cumplir dichos requisitos a partir de la fecha de retirada. Por consiguiente, es necesario establecer medidas de contingencia. De conformidad con los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, estas medidas deben limitarse a lo estrictamente necesario para hacer frente a los problemas derivados de la retirada desordenada del Reino Unido de la Unión. Teniendo en cuenta los mismos principios, es asimismo necesario establecer mecanismos que permitan un estrecho seguimiento de los avances hacia el cumplimiento de los requisitos de propiedad y control, así como la retirada de la licencia de explotación, cuando esté justificado. Con el fin de evitar el cese repentino de las operaciones y permitir, en particular, la repatriación de los viajeros afectados, la revocación de las licencias de explotación no conformes, en caso de que no se haya presentado un plan adecuado de medidas correctoras, debe hacerse efectiva dos semanas después de la decisión de revocación.

(9)

El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros expidan autorizaciones para la explotación de servicios aéreos regulares por parte de compañías aéreas de la Unión en el ejercicio de los derechos que les otorga el Reino Unido, análogamente a lo que ocurre en el contexto de acuerdos internacionales. Por lo que respecta a dichas autorizaciones, los Estados miembros no deben practicar discriminaciones entre las compañías aéreas de la Unión.

(10)

La Comisión y los Estados miembros deben resolver los problemas que puedan afectar a los actuales sistemas de distribución del tráfico como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión. En particular, deben adoptarse medidas adecuadas para asegurar el pleno cumplimiento de estos sistemas y facilitar, en la mayor medida posible, una transición ordenada, con el fin de evitar perturbaciones a los viajeros y a las empresas de la Unión.

(11)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución respecto a la adopción de medidas que garanticen un justo grado de reciprocidad entre los derechos otorgados de manera unilateral por la Unión y el Reino Unido a las compañías aéreas del otro, y garantizar que las compañías aéreas de la Unión puedan competir con las compañías aéreas del Reino Unido en condiciones justas en la prestación de servicios aéreos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Habida cuenta de sus posibles repercusiones en las conexiones aéreas de los Estados miembros, debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de dichas medidas. La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados, así lo exijan razones imperiosas de urgencia. Estos casos debidamente justificados podrían ser aquellos en los que el Reino Unido no conceda derechos equivalentes a las compañías aéreas de la Unión y, por lo tanto, cause un desequilibrio manifiesto, o en los que unas condiciones de competencia menos favorables que aquellas de las que gozan las compañías aéreas del Reino Unido en la prestación de servicios de transporte aéreo regulados por el presente Reglamento amenacen la viabilidad económica de las compañías aéreas de la Unión.

(12)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer medidas provisionales que regulen el transporte aéreo entre la Unión y el Reino Unido en caso de que no exista un acuerdo de retirada, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(13)

El ámbito de aplicación territorial del presente Reglamento y las referencias que en él se hacen al Reino Unido no incluyen Gibraltar.

(14)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posición jurídica del Reino de España con respecto a la soberanía sobre el territorio en el que se encuentra el aeropuerto de Gibraltar.

(15)

Las disposiciones del presente Reglamento deben entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse, en principio, a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, salvo que un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido haya entrado en vigor en esa fecha. Sin embargo, con el fin de permitir que se realicen lo antes posible los procedimientos administrativos necesarios, ciertas disposiciones deben aplicarse a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, el 30 de marzo de 2019, salvo que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida unánimemente prorrogar dicho plazo.

(2)

En el ámbito del transporte ferroviario, el efecto de la retirada del Reino Unido de la Unión en los certificados y autorizaciones puede ser remediado por los operadores interesados mediante diversas medidas. Entre esas medidas figuran el establecimiento de los operadores en uno de los Estados miembros restantes y la obtención allí de las licencias y certificados correspondientes.

(3)

Serán necesarios acuerdos específicos, tal y como está previsto en el artículo 14 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), para abordar cuestiones relacionadas directamente con las infraestructuras y los servicios ferroviarios transfronterizos, garantizando así la continuidad de dichos servicios y minimizando las perturbaciones. De conformidad con dicha Directiva, dichos acuerdos también garantizarían el trato recíproco de las empresas de la Unión y de las empresas establecidas en el Reino Unido que utilizan infraestructuras transfronterizas.

(4)

La celebración de tales acuerdos entre los Estados miembros en cuestión y el Reino Unido solo será posible después de que el Reino Unido se convierta en un tercer país. En particular, la aplicación de las normas de seguridad de la Unión al túnel del Canal de la Mancha es actualmente competencia de una Comisión intergubernamental, creada en virtud del Tratado de Canterbury, firmado el 12 de febrero de 1986, que en materia de seguridad recibe asesoramiento de la Autoridad de Seguridad del Túnel del Canal. El sistema establecido por ese Tratado tendrá que adaptarse teniendo en cuenta la posición del Reino Unido como tercer país. En particular, la responsabilidad sobre la parte del túnel del Canal de la Mancha situada en territorio francés debe estar bajo el control exclusivo de una autoridad competente, tal como se define en el artículo 3, apartado 7, de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), a fin de garantizar que la legislación de la Unión se aplique como tal a esa parte del túnel. No obstante, con el fin de ejecutar sus tareas de la mejor manera posible, habida cuenta de las características comunes del túnel a ambos lados de la frontera y para facilitar la coherencia de las decisiones, dicha autoridad competente puede tener en cuenta las opiniones de un organismo binacional establecido en virtud de un acuerdo entre los dos países, como la autoridad responsable de la seguridad en el túnel del Canal de la Mancha, instaurada por el Tratado de Canterbury, que asesore a la comisión intergubernamental, o desarrollar otros medios para cooperar con las autoridades responsables de la parte del túnel situada en territorio del Reino Unido.

(5)

Las medidas del presente Reglamento están supeditadas a que los procedimientos y normas de seguridad, los requisitos de acceso a la explotación como empresa ferroviaria y los requisitos para la conducción de un tren que sean idénticos a los requisitos de la Unión se apliquen a las infraestructuras que se utilizan para garantizar la conectividad ferroviaria transfronteriza con el Reino Unido, así como a las empresas que operan en dichas infraestructuras y a los maquinistas que circulan en ellas.

(6)

Con el fin de permitir a las partes afectadas celebrar los acuerdos necesarios y adoptar cualquier otra medida precisa para evitar perturbaciones, teniendo en cuenta la posición del Reino Unido como tercer país, es necesario prorrogar la validez de determinados certificados, autorizaciones y licencias.

(7)

La duración de tal prórroga de la validez de los certificados, las autorizaciones y las licencias debe limitarse al tiempo estrictamente necesario para que los Estados miembros afectados puedan tomar las medidas necesarias, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), en la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y en la Directiva 2012/34/UE.

(8)

A fin de evitar que se produzcan perturbaciones importantes de los servicios ferroviarios transfronterizos con el Reino Unido, resulta también esencial que los operadores ferroviarios y las autoridades nacionales tomen rápidamente las medidas necesarias para asegurarse de que los certificados, autorizaciones y licencias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento se expidan a su debido tiempo antes de que expire el presente Reglamento y que los demás certificados, autorizaciones y licencias necesarios para operar en el territorio de la Unión se expiden antes de la fecha de retirada del Reino Unido.

(9)

A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a la retirada del beneficio conferido a los titulares de los certificados, las autorizaciones y las licencias, en caso de que el cumplimiento de los requisitos de la Unión no esté garantizado. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de dichas medidas, dado su impacto potencial en la seguridad ferroviaria. La Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata cuando, en casos debidamente justificados, así sea necesario por razones imperativas de urgencia.

(10)

Teniendo en cuenta la urgencia impuesta por la retirada del Reino Unido de la Unión, conviene prever una excepción al periodo de ocho semanas contemplado en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(11)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de medidas provisionales sobre determinados aspectos de la seguridad ferroviaria y la conectividad en el marco de la retirada del Reino Unido de la Unión, en caso de ausencia de un acuerdo de retirada, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12)

Las disposiciones del presente Reglamento deben entrar en vigor con carácter de urgencia y deben aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, a menos que para esa fecha haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido.

(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de ser aplicables al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)

El acuerdo de retirada acordado entre los negociadores contiene medidas para la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión al y en el Reino Unido más allá de la fecha en que los Tratados dejen de ser aplicables al y en el Reino Unido. Si dicho acuerdo entra en vigor, la Directiva (UE) 2018/2002 (3), por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), serán aplicables al y en el Reino Unido durante el período transitorio conforme con dicho acuerdo, y dejarán de ser aplicables al final del citado período.

(3)

El artículo 3, apartado 5 de la Directiva 2012/27/UE, introducido por la Directiva (UE) 2018/2002, obliga a los Estados miembros a fijar contribuciones orientativas nacionales de eficiencia energética para los objetivos de la Unión de al menos un 32,5 % para 2030. Al fijar dichas contribuciones, los Estados miembros deben tener en cuenta el consumo de energía de la Unión en 2030 en términos de energía primaria y/o final.

(4)

El artículo 6, apartado 1, párrafo primero del Reglamento (UE) 2018/1999 exige a los Estados miembros que tengan en cuenta el consumo de energía de la Unión en 2030 en términos de energía primaria y/o final, en sus contribuciones orientativas nacionales de eficiencia energética para los objetivos de la Unión. De conformidad con el artículo 29, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento, el consumo de energía a nivel de la Unión también es pertinente para la evaluación por la Comisión de los progresos realizados hacia la consecución colectiva de los objetivos de la Unión.

(5)

Debido a la retirada del Reino Unido de la Unión, es necesario modificar las cifras de consumo de energía previstas para la Unión en 2030 a fin de reflejar la Unión con veintisiete Estados miembros excluyendo al Reino Unido («UE-27»). Las proyecciones para los objetivos principales de la Unión de al menos un 32,5 % muestran que el consumo de energía primaria debe ser de 1 273 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) y el consumo de energía final debe ser de 956 Mtep en 2030 para la Unión con veintiocho Estados miembros. Según las proyecciones equivalentes para la UE-27, en 2030 el consumo de energía primaria debe ser de 1 128 Mtep, y el consumo de energía final debe ser de 846 Mtep. Esto hace necesario modificar las cifras sobre los niveles de consumo de energía en 2030.

(6)

Las mismas proyecciones para el consumo de energía en 2030 son pertinentes para la aplicación de los artículos 6 y 29 del Reglamento (UE) 2018/1999.

(7)

De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo (6), la terminación de la aplicación de los actos fijada en una fecha determinada tendrá lugar al final de la última hora del día correspondiente a dicha fecha. Por consiguiente, la presente Decisión debe aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que la Directiva 2012/27/UE y el Reglamento (UE) 2018/1999 dejen de aplicarse al Reino Unido.

(8)

Por lo tanto, procede modificar la Directiva 2012/27/UE y el Reglamento (UE) 2018/1999 en consecuencia.

(9)

A fin de preparar sin demora la retirada del Reino Unido, la presente Decisión debe entrar en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.