(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida por unanimidad ampliar dicho plazo.

(2)

Una vez que el Reino Unido pase a ser un tercer país, y a falta de un acuerdo de retirada, existirá la obligación de presentar en relación con las mercancías que lleguen al territorio aduanero de la Unión desde el Reino Unido una declaración sumaria de entrada y en relación con las mercancías que salgan del territorio aduanero de la Unión hacia un destino en el Reino Unido una declaración previa a la salida. Resulta oportuno que el plazo de presentación de estas declaraciones otorgue a las administraciones aduaneras de los Estados miembros tiempo suficiente para llevar a cabo un análisis de riesgo adecuado a fines de protección y seguridad, antes de la llegada y de la salida de las mercancías, respectivamente, sin causar alteraciones importantes en los flujos y procesos logísticos de los operadores económicos.

(3)

En la actualidad, el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (2) establece plazos específicos para la presentación de las declaraciones sumarias de entrada o las declaraciones previas a la salida en relación con la circulación de cargamentos entre el territorio aduanero de la Unión y cualquier puerto del Mar del Norte. Una vez que el Reino Unido haya pasado a ser un tercer país, deben aplicarse a tales fines los mismos plazos en relación con las mercancías transportadas por vía marítima que lleguen a los puertos del Reino Unido que no estén situados en el Mar del Norte o que salgan de dichos puertos. Por consiguiente, procede aplicar los plazos previstos para los puertos del Mar del Norte a todos los puertos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de las Islas Anglonormandas y de la Isla de Man.

(4)

El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse a partir de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido salvo que antes de esa fecha haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido.

(1)

El Consejo Regulador del Tequila («el solicitante»), un organismo mexicano creado de conformidad con el Derecho de México, presentó la solicitud de registro de «Tequila» como indicación geográfica en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento. «Tequila» es una bebida espirituosa que se produce tradicionalmente en los Estados Unidos Mexicanos mediante destilación del jugo extraído de Agave tequilana F.A.C. Weber (variedad azul).

(2)

De conformidad con el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 110/2008, la Comisión examinó la solicitud de registro del nombre «Tequila» enviada por el solicitante.

(3)

Tras llegar a la conclusión de que la solicitud se atiene a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 110/2008, la Comisión publicó las principales especificaciones del expediente técnico del «Tequila» en el Diario Oficial de la Unión Europea (2), de conformidad con el artículo 17, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 110/2008, a efectos del procedimiento de oposición.

(4)

De conformidad con el artículo 17, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 110/2008 y con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013 de la Comisión (3), Unión Española del Licor (España) y Vinum et Spiritus (Bélgica) presentaron en el plazo especificado objeciones al registro del nombre «Tequila» como indicación geográfica. La Comisión consideró admisibles las dos declaraciones de oposición con arreglo al artículo 14 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013. También se recibieron una declaración de oposición de Unión de Licoristas de Cataluña así como información complementaria de Unión Española del Licor y de Vinum et Spiritus pero se consideraron inadmisibles, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013, ya que no se presentaron en el plazo contemplado en el artículo 17, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 110/2008.

(5)

Mediante carta de 4 de abril de 2017, la Comisión comunicó las dos declaraciones de oposición admisibles al solicitante y le invitó a presentar sus observaciones en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013. El solicitante envió sus observaciones en el plazo establecido, el 3 de junio de 2017.

(6)

De conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013, la Comisión comunicó las observaciones del solicitante mediante cartas de 31 de julio de 2017 a los dos oponentes, que dispusieron de un plazo de dos meses para presentar sus comentarios, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento de Ejecución. La Comisión recibió la respuesta de Unión Española del Licor el 22 de septiembre de 2017.

(7)

Las objeciones de Unión Española del Licor y de Vinum et Spiritus se refieren a los requisitos obligatorios establecidos en una Norma Oficial NOM-006-SCFI-2012 (Bebidas alcohólicas – Tequila – Especificaciones) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2012 (4) («la Norma Oficial Mexicana») y a la que se hace referencia en el expediente técnico del «Tequila», relativa a: a) los requisitos de etiquetado relativos a la información comercial y sanitaria y a los números de referencia de los productores autorizados; b) las restricciones a los acuerdos comerciales entre proveedores y embotelladores relativas a la autorización de utilizar marcas registradas o cualquier otro signo distintivo, limitando de este modo la capacidad de los embotelladores de aprovisionarse del producto mexicano y limitando la comercialización del «Tequila» después del embotellado a determinadas marcas comerciales autorizadas, impidiendo por lo tanto a los agentes económicos la comercialización bajo sus propias marcas sin autorización específica; c) las normas relativas a la autorización de los agentes económicos en la Unión autorizados a embotellar «Tequila» y los requisitos aplicables a los procedimientos de embotellado; d) los requisitos de control aplicados a los embotelladores autorizados en el territorio de la Unión, así como las consecuencias previstas en la Norma Oficial Mexicana en caso de incumplimiento; e) la prohibición del comercio a granel del producto de la categoría mezcla de «Tequila» (que contiene hasta un 49 % de azúcares reductores totales provenientes de otras fuentes distintas de los azúcares de Agave tequilana F.A.C. Weber variedad azul) en la Unión y la prohibición de aprovisionarse del producto de la categoría mezcla de «Tequila» a granel a través de terceros países; y f) el requisito de que el «Tequila» de la categoría 100 % agave debe ser envasado en una planta gestionada por productores autorizados ubicada en la zona geográfica delimitada en los Estados Unidos Mexicanos. Los oponentes alegan que estos requisitos burlan, y son incompatibles con el libre comercio y la libre competencia del «Tequila» en los Estados miembros, y específicamente infringen el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 110/2008.

(8)

El solicitante declara que las objeciones deben ser desestimadas por considerarse inadmisibles ya que los oponentes no presentaron su declaración de oposición utilizando el modelo exigido en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013, ni han demostrado que no se cumplen las condiciones específicas de registro establecidas en el Reglamento (CE) n.o 110/2008. El solicitante afirma que el principal objetivo del sistema de controles en materia de embotellado, comercialización y distribución es garantizar la trazabilidad y, en consecuencia, la autenticidad del «Tequila». Además, el solicitante declara que cualquier agente económico que desee embotellar «Tequila» a granel puede hacerlo a condición de que obtenga el certificado de aprobación de embotellador de Tequila y firme un convenio de corresponsabilidad sobre la marca registrada o cualquier otro signo distintivo.

(9)

Además, el solicitante considera que ninguna de las observaciones que cuestionan la aplicación de la Norma Oficial Mexicana constituye un motivo de oposición con arreglo al Reglamento (CE) n.o 110/2008, dado que la denominación «Tequila» ya es vinculante en virtud de las disposiciones del Acuerdo entre la Unión y los Estados Unidos Mexicanos, de 27 de mayo de 1997, sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (en lo sucesivo, «el Acuerdo de 1997») (5), cuyo artículo 4, apartado 2, dispone que, en el territorio de la Unión, la denominación protegida «Tequila» no puede utilizarse, salvo en las condiciones previstas en la legislación y reglamentación de los Estados Unidos Mexicanos.

(10)

En lo que atañe a la forma de las objeciones presentadas por el solicitante, la Comisión consideró las objeciones formuladas por Unión Española del Licor y Vinum et Spiritus admisibles, ya que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 1, y en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 716/2013, en la medida en que en dichas objeciones se había facilitado toda la información requerida en el formulario «solicitud de oposición a una indicación geográfica» que figura en el anexo III de dicho Reglamento de Ejecución.

(11)

En cuanto a la aplicabilidad de las normas contenidas en la Norma Oficial Mexicana, la Comisión considera que, al tratarse de un reglamento de un tercer país, no tiene efectos extraterritoriales directos en la Unión. Sin embargo, en la publicación de las especificaciones principales del expediente técnico del «Tequila» en el Diario Oficial de la Unión Europea, se mencionan expresamente determinadas normas de la Norma Oficial Mexicana y, por lo tanto, se consideran aplicables al producto destinado a la exportación. Estas normas incluyen requisitos relativos a la producción, disposiciones en materia de etiquetado y normas relativas al embotellado de la categoría «Tequila» 100 % agave que figuran o se mencionan en dicha publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Un sistema que permita a los agentes económicos o a las autoridades de un tercer país impedir la distribución del producto, tras su importación, en todo el mercado único de forma incompatible con los principios del Derecho de la Unión no puede estar protegido mediante el Reglamento (CE) n.o 110/2008.

(12)

En cuanto a la referencia al Acuerdo de 1997 que protegía el «Tequila» en el territorio de la Unión, cabe recordar que la posible protección en virtud del Reglamento (CE) n.o 110/2008 sigue un régimen jurídico diferente, independiente del establecido por el Acuerdo de 1997. Habida cuenta de que el solicitante ha decidido pedir la protección individual de la indicación geográfica «Tequila» en virtud del Reglamento (CE) n.o 110/2008, además de la protección con arreglo al Acuerdo de 1997, debe aclararse que la protección en virtud de ambos instrumentos se aplica con arreglo a las normas respectivas de cada uno de ellos.

(13)

La Comisión ha evaluado los argumentos y pruebas presentados por los oponentes y el solicitante y ha llegado a la conclusión de que el nombre «Tequila» debe registrarse como indicación geográfica en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008 en virtud de las consideraciones siguientes.

(14)

En lo que atañe a los requisitos de etiquetado contemplados en el considerando (7), letra a), el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 110/2008 establece que los Estados miembros pueden adoptar normas adicionales más estrictas que las establecidas en el anexo II de dicho Reglamento sobre la producción, designación, presentación y etiquetado en la medida en que sean compatibles con el Derecho de la Unión. El artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento debe aplicarse mutatis mutandis a las normas establecidas por las autoridades de terceros países. De la Norma Oficial Mexicana y de la sección 9 de las especificaciones principales del expediente técnico del «Tequila» se desprende que los Estados Unidos Mexicanos prevén normas más estrictas en materia de etiquetado para todos los productos «Tequila» que se añaden a las establecidas en el Reglamento (CE) n.o 110/2008. Las normas en cuestión atañen a la información comercial y sanitaria, a los números de referencia y a los nombres y direcciones que identifican a los productores o a los embotelladores autorizados. Estos requisitos no son incompatibles con las normas de la Unión en materia de etiquetado ni, en particular, con las incluidas en el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). El requisito de identificación de los operadores mediante un número de referencia o un nombre y una dirección es justificable en aras de la transparencia y la trazabilidad y no se trata de un requisito irrazonable. Por estas razones, la Comisión considera que los motivos de oposición relativos a los requisitos en materia de etiquetado no están fundados y deben ser desestimados.

(15)

Las restricciones a los acuerdos comerciales entre proveedores y embotelladores a que se refiere el considerando (7), letra b), y las normas para la autorización de los embotelladores en la Unión y los procedimientos para dichas autorizaciones mencionados en el considerando (7), letra c), están justificados por la necesidad de garantizar la trazabilidad y prevenir el fraude. Las normas se aplican expresamente al etiquetado del producto destinado a la exportación, tal como se indica en la sección 9, párrafo segundo, de las especificaciones principales del expediente técnico del «Tequila» publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, que hace referencia a la utilización del término «Tequila» y a las marcas registradas o a cualquier otro signo distintivo en virtud del acuerdo de corresponsabilidad celebrado con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Comisión considera que estas normas y acuerdos, en la medida en que se aplican al uso del término «Tequila» en la Unión, son proporcionados y justificados y que los motivos de oposición no están fundados y deben ser desestimados.

(16)

En lo que atañe a los requisitos de control aplicados a los embotelladores autorizados en el territorio de la Unión, así como a las consecuencias previstas en la Norma Oficial Mexicana en los supuestos de incumplimiento contemplados en el considerando (7), letra d), el artículo 22 del Reglamento (CE) n.o 110/2008 establece disposiciones relativas a la verificación del cumplimiento de las especificaciones previa a la comercialización del producto que, en el caso del «Tequila» destinado a la venta a los consumidores, incluyen las actividades de embotellado y exigen específicamente que, en el caso de un producto originario de un tercer país, la verificación del cumplimiento sea garantizada por las autoridades públicas del tercer país o por uno o varios organismos de certificación de productos. La Comisión constata que los procedimientos de verificación y las medidas en caso de incumplimiento están justificadas debido a la necesidad de garantizar la trazabilidad e impedir la mezcla y el fraude difícilmente detectables en dicho producto. En la medida en que la Norma Oficial Mexicana prevé una verificación del cumplimiento de las especificaciones del expediente técnico previa a la comercialización del «Tequila» para los consumidores en el mercado de la Unión, las normas se ajustan a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 110/2008. Por estas razones, la Comisión considera que los motivos de oposición relativos a los requisitos en materia de control no están fundados y deben ser desestimados.

(17)

En cuanto a la supuesta prohibición del comercio a granel de los productos de la categoría mezcla de «Tequila» en la Unión, mencionada en el considerando (7), letra e), la Comisión observa que la publicación de las especificaciones principales del expediente técnico del «Tequila» en el Diario Oficial de la Unión Europea detalla únicamente la norma específica relativa a la prohibición del comercio a granel de productos de la categoría «Tequila» 100 % agave, y no hace ninguna referencia a la prohibición de comercializar a granel dentro del mercado único un producto de la categoría mezcla de «Tequila» una vez que ha sido importado en la Unión.

(18)

En lo que se refiere a la supuesta prohibición de aprovisionarse a granel de productos de la categoría mezcla de «Tequila» a través de terceros países resultante de la obligación de formalizar un acuerdo de corresponsabilidad registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el suministro de productos a granel y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la trazabilidad y prevenir el fraude, la Comisión considera justificado exigir que la compra de productos a granel procedentes de fuera de la Unión pueda efectuarse únicamente a productores del país de origen. Por estas razones, la Comisión considera que los motivos de oposición relativos a las restricciones aplicables al producto a granel no están fundados y deben ser desestimados.

(19)

En cuanto a la objeción de que el requisito del embotellado obligatorio en la zona geográfica delimitada aplicable a la categoría de «Tequila» 100 % de agave contemplado en el considerando (7), letra f), no se ajusta al Derecho de la Unión, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013, las restricciones relativas al embotellado de bebidas espirituosas en la zona geográfica delimitada deben justificarse en el expediente técnico, ya que constituyen una posible restricción a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios en el mercado único. El Derecho de la Unión no se aplica para determinar si un tercer país puede restringir o no el embotellado a su territorio, sino para evitar restricciones al reembotellado o al embotellado de productos a granel dentro de la Unión, si tales productos a granel fueron exportados desde un tercer país a la Unión. Estas restricciones solo pueden autorizarse si son necesarias, proporcionadas y convenientes para proteger la reputación de la indicación geográfica (7).

(20)

En la sección 7 de las especificaciones principales del expediente técnico, el solicitante indica que el objetivo de la restricción de embotellado es preservar la mayor complejidad organoléptica que podría ser puesta en peligro por el transporte a granel, ya que no se añaden otros azúcares salvo los obtenidos del Agave tequilana F.A.C. Weber variedad azul. El solicitante afirma también que otra razón de la restricción relativa al embotellado es preservar la reputación del «Tequila» 100 % de agave, que se basa fundamentalmente en las características particulares del producto y, más generalmente, en la calidad del mismo, que a su vez se deriva de los conocimientos de los productores locales autorizados y puede verse en peligro por el riesgo de mezcla y el fraude que son difíciles de detectar. La exigencia en cuestión debe considerarse compatible con el Derecho de la Unión, a pesar de su efecto restrictivo, si se demuestra que es necesaria y proporcionada y capaz de mantener la considerable reputación de la que indiscutiblemente goza la denominación mexicana «Tequila» entre los clientes. De la información contenida en el expediente técnico se desprende que la restricción relativa al embotellado se limita a una sola categoría de «Tequila» y no constituye un obstáculo a la importación a la Unión de productos de la categoría mezcla de «Tequila» (que contienen hasta un 49 % de azúcar procedente de fuentes distintas de la materia prima) a granel, a los que no se aplica esta restricción. El ámbito de aplicación territorial de la restricción se limita a la zona geográfica delimitada para el «Tequila», que se reduce a cinco Estados mexicanos. La documentación aportada por el solicitante demuestra que esta restricción está justificada como medida proporcionada y adecuada para mantener la garantía de la composición del producto y su reputación entre los consumidores. Además, no se ha propuesto ninguna otra medida alternativa menos restrictiva que permita alcanzar un nivel adecuado de control. Por lo tanto, la justificación necesaria de la restricción relativa al embotellado obligatorio de «Tequila» de la categoría 100 % de agave es compatible con el artículo 10 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 716/2013.

(21)

Por las razones expuestas, la Comisión considera que los motivos alegados en la oposición al registro de la indicación geográfica «Tequila» en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008, relativos al embotellado obligatorio en la zona geográfica delimitada aplicable a la categoría «Tequila» 100 % de agave no están fundados y deben ser desestimados.

(22)

A la luz de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 17, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 110/2008, la Comisión considera que la solicitud de registro de «Tequila» como indicación geográfica se atiene a las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Por lo tanto, el nombre «Tequila» debe ser protegido y registrado como indicación geográfica en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 110/2008.

(23)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 110/2008 en consecuencia.

(24)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Bebidas Espirituosas.

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 686/2012 de la Comisión (2) y el Reglamento (UE) n.o 1141/2010 de la Comisión (3) asignaron al Reino Unido, como Estado miembro ponente, la evaluación de determinadas sustancias activas contenidas en los productos fitosanitarios.

(2)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decida por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(3)

El proyecto de acuerdo de retirada, alcanzado entre los negociadores y refrendado por el Consejo Europeo (artículo 50 del Tratado de la Unión Europea), contiene disposiciones relativas a la aplicación al Reino Unido de las disposiciones del Derecho de la Unión durante un período transitorio después de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse a este país. Si el acuerdo entra en vigor, la legislación de la Unión en el ámbito de los productos fitosanitarios se aplicará al Reino Unido durante el período transitorio de conformidad con dicho acuerdo, y dejará de aplicarse al final de ese período. Sin embargo, incluso si el acuerdo de retirada es ratificado por la UE y por el Reino Unido, durante el período de transición el Reino Unido no debe actuar como autoridad principal para evaluaciones de riesgo, exámenes, aprobaciones o autorizaciones a nivel de la Unión o a nivel de Estados miembros que actúen conjuntamente, tal como se establece, en particular, en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(4)

Es necesario, por lo tanto, asignar a otros Estados miembros la evaluación de las sustancias activas cuyo Estado miembro ponente es el Reino Unido y para las que no se espera una decisión sobre la renovación de la aprobación antes del 30 de marzo de 2019. Las sustancias activas en cuestión son: 1-metil-ciclopropeno, famoxadona, mancoceb, metiocarb, metoxifenozida, pirimicarb, metilpirimifós y tiacloprid.

(5)

Dicha asignación debe garantizar un equilibrio en el reparto de las responsabilidades y del trabajo entre los Estados miembros.

(6)

Dado que la evaluación de estas sustancias activas se encuentra en una fase avanzada y no se prevé que el trabajo sea importante, no es preciso designar un Estado miembro coponente para esta evaluación.

(7)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 686/2012 y el Reglamento (UE) n.o 1141/2010.

(8)

El presente Reglamento debe ser aplicable a partir del 30 de marzo de 2019. Sin embargo, en caso de que se prorrogue el período de dos años a que se refiere el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento debe aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que la legislación en el ámbito de los productos fitosanitarios deje de aplicarse al Reino Unido, ya que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo (4), la terminación de la aplicación de los actos fijada en una fecha determinada tiene lugar al final de la última hora del día correspondiente a dicha fecha.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El Reino Unido recibió el 29 de febrero de 2016 una solicitud de BASF Agro B.V. para la aprobación de la sustancia activa mefentrifluconazol de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(2)

De conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el 30 de marzo de 2016, en su calidad de Estado miembro ponente, el Reino Unido comunicó al solicitante, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «Autoridad») la admisibilidad de la solicitud.

(3)

El 25 de abril de 2017, el Estado miembro ponente presentó un proyecto de informe de evaluación a la Comisión, con copia a la Autoridad, en el que se analizaba si cabía esperar que la sustancia activa cumpliera los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(4)

La Autoridad cumplió las disposiciones del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento, pidió que el solicitante presentara información complementaria a los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad. El 1 de febrero de 2018, el Estado miembro ponente presentó a la Autoridad la evaluación de la información complementaria que había efectuado en forma de proyecto de informe de evaluación actualizado.

(5)

El 5 de julio de 2018, la Autoridad comunicó al solicitante, a los Estados miembros y a la Comisión su conclusión (2) acerca de si cabía esperar que la sustancia activa mefentrifluconazol cumpliera los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. La Autoridad puso su conclusión a disposición del público.

(6)

En lo que se refiere a los nuevos criterios para determinar las propiedades de alteración endocrina introducidos por el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión (3), que es aplicable desde el 10 de noviembre de 2018, y a la Guía para la detección de alteradores endocrinos (4), la conclusión de la Autoridad permite deducir que es muy improbable que el mefentrifluconazol sea un alterador endocrino en las modalidades estrogénica, androgénica, tiroidea o esteroidogénica. Además, sobre la base de las pruebas disponibles y de acuerdo con la Guía para la detección de alteradores endocrinos, es improbable que el mefentrifluconazol sea un alterador endocrino para los peces, ya que las modalidades de ensayos se han efectuado adecuadamente. Por consiguiente, la Comisión opina que no debe considerarse que el mefentrifluconazol presente propiedades de alteración endocrina.

(7)

El 12 de diciembre de 2018, la Comisión presentó al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos el informe de revisión del mefentrifluconazol, y el 25 de enero de 2019, un proyecto de Reglamento en el que se establecía su aprobación.

(8)

Se ofreció al solicitante la posibilidad de presentar observaciones al informe de revisión.

(9)

Se ha determinado que se cumplen los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 en lo que respecta a uno o varios usos representativos de, al menos, un producto fitosanitario que contiene la sustancia activa, y, en particular, con respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión.

(10)

Procede, por tanto, aprobar el mefentrifluconazol.

(11)

No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, leído en relación con su artículo 6, y teniendo en cuenta los actuales conocimientos científicos y técnicos, es preciso incluir determinadas condiciones y restricciones. Procede, en particular, pedir más información confirmatoria.

(12)

De conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, procede modificar en consecuencia el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (5).

(13)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

Tras la expiración de la ayuda financiera concedida en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad el 20 de agosto de 2018, la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1192 de la Comisión (2) activó una supervisión reforzada de Grecia durante un período de seis meses a partir del 21 de agosto de 2018.

(2)

Grecia deberá proseguir a medio plazo sus reformas institucionales y estructurales fundamentales con el fin de garantizar su compleción y su plena eficacia, basándose en las numerosas medidas que ya aplica en el marco del programa de ayuda financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad (en lo sucesivo, «el programa»). Con este fin, Grecia ha contraído en el Eurogrupo el compromiso de continuar y completar todas las reformas fundamentales adoptadas en el marco del programa y salvaguardar los objetivos de las importantes reformas adoptadas en el marco del programa y de los programas precedentes.

(3)

Grecia también se ha comprometido a aplicar medidas específicas en los ámbitos de las políticas presupuestarias, incluidas las estructurales, del bienestar social, de la estabilidad financiera, de los mercados de trabajo y de productos, de la privatización y de la Administración Pública. Estas medidas específicas, que se establecen en un anexo a la declaración del Eurogrupo de 22 de junio de 2018, contribuirán a hacer frente a las posibles causas de las dificultades económicas de Grecia.

(4)

Desde 2010, Grecia ha recibido un importante volumen de ayuda financiera, con lo cual el importe de sus deudas pendientes con los Estados miembros de la zona del euro, la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad asciende a un total de 243 700 millones EUR. Grecia ha recibido ayuda financiera de sus socios europeos en condiciones favorables, y medidas específicas para aumentar la sostenibilidad de la deuda fueron adoptadas en 2012, y de nuevo en 2017 por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. El 22 de junio de 2018, en el Eurogrupo se llegó a un acuerdo político para aplicar medidas adicionales encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la deuda. Dichas medidas incluyen la ampliación del vencimiento medio ponderado por un período adicional de 10 años, el aplazamiento del pago de intereses y de la amortización por un período adicional de 10 años, y la aplicación de otras medidas relacionadas con la deuda. Sobre la base de un informe favorable, en el marco de la supervisión reforzada, sobre el cumplimiento por Grecia de sus compromisos contraídos con posterioridad al programa, el Eurogrupo puede decidir dos veces al año dos medidas adicionales (la supresión del margen del tipo de interés progresivo en relación con el tramo de recompra de la deuda del programa de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera a partir de 2018 y el restablecimiento de la transferencia de importes equivalentes a los ingresos percibidos por los bancos centrales nacionales de la zona del euro sobre las obligaciones soberanas griegas que poseen en el marco del Acuerdo sobre los Activos Financieros Netos y del Programa para Mercados de Valores.

(5)

El saldo presupuestario de las administraciones públicas griegas ha sido positivo desde 2016. Se espera que Grecia haya alcanzado el objetivo de superávit primario del 3,5 % del producto interior bruto en 2018 y se prevé que siga cumpliendo dicho objetivo a medio plazo. La balanza de financiación exterior neta pasó a ser positiva en 2015, y posteriormente solo ha registrado déficits de escasa magnitud. La economía ha seguido recuperándose, con un crecimiento estimado del 2,0 % en 2018 y un desempleo decreciente. Grecia ha iniciado un amplio programa de reformas estructurales para mejorar el entorno empresarial y su competitividad en el marco de los programas de ayuda financiera y ha seguido tomando medidas en este ámbito desde agosto de 2018.

(6)

A pesar de estas reformas, Grecia sigue experimentando importantes desequilibrios en materia de existencias e importantes vulnerabilidades que ha heredado del pasado. En particular, como señala también el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2019 de la Comisión, elaborado de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), Grecia afronta algunas dificultades. Se estima que la deuda pública se situaba en el 182,8 % del producto interior bruto al final del tercer trimestre de 2018, lo que representaba el nivel más alto de toda la Unión. La posición de inversión internacional neta, equivalente a – 140,5 % del producto interior bruto en 2017, también se mantiene a un nivel muy elevado; además, a pesar de que la balanza por cuenta corriente está próxima al equilibrio, ello sigue siendo insuficiente para permitir una reducción de la elevada posición de inversión internacional neta hasta niveles prudentes a un ritmo satisfactorio. Aunque el desempleo ha seguido disminuyendo desde el máximo del 27,9 % alcanzado en 2013, aún se situaba en el 18,6 % en octubre de 2018. El desempleo de larga duración (13,5 % en el tercer trimestre de 2018) y el desempleo juvenil (39,1 % en noviembre de 2018) también siguen siendo muy elevados. El entorno empresarial y el sistema judicial todavía necesitan importantes mejoras adicionales, puesto que Grecia aún está muy lejos de lograr un nivel óptimo en varios ámbitos de los componentes estructurales de los principales indicadores comparativos (tales como el período necesario para la resolución de un procedimiento judicial, la ejecución de un contrato, el registro de propiedades, la resolución de las situaciones de insolvencia, etc.).

(7)

Aunque el sector bancario sigue estando suficientemente capitalizado, aún se enfrenta a retos asociados a los grandes volúmenes de exposiciones dudosas y a los bajos niveles de rentabilidad, y siguen existiendo fuertes vínculos con el Estado. A finales de septiembre de 2018, el volumen de exposiciones dudosas seguía siendo muy alto, situándose en 84 700 millones EUR, equivalentes al 46,7 % del total de las exposiciones incluidas en el balance. Grecia ha adoptado reformas fundamentales en el marco del programa y se propone desarrollar herramientas adicionales a corto plazo para reforzar el marco de resolución de las exposiciones dudosas y facilitar así el saneamiento de los balances de los bancos. No obstante, se requieren continuos esfuerzos para llevar la ratio de exposiciones dudosas a niveles sostenibles y permitir a las entidades financieras cumplir su función de intermediación y de gestión de riesgos en todo momento.

(8)

Tras haber perdido el acceso a los empréstitos de los mercados financieros desde 2010, Grecia comenzó a recobrar dicho acceso a través de emisiones de bonos del Estado a partir de julio de 2017. Grecia realizó una fructífera emisión de obligaciones en enero de 2019, que fue su primera emisión después de su salida del programa. No obstante, las condiciones de empréstito de Grecia siguen siendo precarias en un contexto de riesgos económicos externos y problemas a nivel interno para seguir aplicando las reformas a medio plazo.

(9)

La Comisión publicó su primera evaluación en el marco de la supervisión reforzada de Grecia el 21 de noviembre de 2018. La evaluación realizada por la Comisión, que se recoge en su Comunicación, describe los avances realizados por Grecia en el cumplimiento de sus compromisos generales y específicos en materia de reforma contraídos en el seno del Eurogrupo y concluye que, si bien la aplicación de la reforma ha avanzado, se requieren nuevos esfuerzos para el pleno cumplimiento de los compromisos de reforma (4).

(10)

A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que aún siguen presentes las condiciones que justifican el establecimiento de una supervisión reforzada de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 472/2013. En particular, Grecia sigue enfrentándose a riesgos por lo que respecta a su estabilidad financiera que, si se materializasen, podrían tener efectos de contagio adversos sobre otros Estados miembros de la zona del euro. Estos efectos podrían manifestarse indirectamente al repercutir en la confianza de los inversores y, por consiguiente, en los costes de refinanciación de los bancos y de los emisores soberanos en otros Estados miembros de la zona del euro.

(11)

Por consiguiente, a medio plazo, Grecia debe seguir adoptando medidas destinadas a abordar las causas reales o potenciales de las dificultades y aplicando reformas estructurales a fin de apoyar una recuperación económica sólida y sostenible, con vistas a mitigar los efectos de varios factores heredados del pasado. Entre estos factores cabe destacar: la grave y prolongada recesión sufrida durante la crisis; el volumen de la carga de la deuda de Grecia; las vulnerabilidades de su sector financiero; la interrelación, que continúa siendo relativamente estrecha, entre el sector financiero y las finanzas públicas griegas, en particular a través de la propiedad estatal; el riesgo de que tensiones graves en algunos de estos sectores se propaguen a otros Estados miembros, así como la exposición de los Estados miembros de la zona del euro a la deuda soberana griega.

(12)

A fin de abordar los riesgos residuales y supervisar el cumplimiento de los compromisos adoptados con este fin, parece necesario y conveniente prolongar la supervisión de Grecia con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 472/2013.

(13)

Mediante carta enviada el 14 de febrero de 2019, a Grecia se le dio la oportunidad de expresar su punto de vista sobre la evaluación de la Comisión. En su respuesta de 15 de febrero de 2019, Grecia manifestó su conformidad de forma global con la evaluación de la Comisión de los retos económicos a los que se enfrenta, que constituyen el fundamento de la prolongación de la supervisión reforzada.

(14)

Grecia seguirá beneficiándose de la asistencia técnica del programa de apoyo a las reformas estructurales [según lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (5)] para la concepción y la aplicación de las reformas, en particular para la continuación y la finalización de las reformas esenciales en consonancia con los compromisos políticos objeto de supervisión reforzada.

(15)

La Comisión tiene la intención de colaborar estrechamente con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, en el marco de su Sistema de Alerta Rápida, para la aplicación de la supervisión reforzada.

(1)

El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Dicho artículo enuncia una serie de derechos procesales que asisten a las partes interesadas que participan en procedimientos administrativos que puedan afectar a sus intereses.

(2)

En 2007, la Comisión creó la función de consejero auditor con el objeto de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos procesales de las partes interesadas y de garantizar que los procedimientos comerciales se tramiten imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Entre 2007 y 2012, esta función se encomendó a un funcionario de la Dirección General de Comercio con experiencia en cuestiones de defensa comercial.

(3)

En 2012, con la intención de reforzar la función del consejero auditor y de incrementar la transparencia y la equidad de los procedimientos comerciales, el presidente de la Comisión adoptó la Decisión 2012/199/UE (2). A fin de tener en cuenta la experiencia adquirida, los cambios jurídicos —incluida la referencia a la función del consejero auditor en los Reglamentos (UE) 2016/1036 (3) y (UE) 2016/1037 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo— y el aumento de las restricciones procedimentales, dicha Decisión debe sustituirse.

(4)

La función de consejero auditor debe ser asignada a una persona independiente con experiencia en litigios comerciales. El consejero auditor debe ser nombrado por la Comisión de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión. De conformidad con dichas normas podrán tomarse en consideración los candidatos que no sean funcionarios de la Comisión.

(5)

A fin de garantizar su plena independencia, el consejero auditor debe estar adscrito, únicamente a efectos administrativos, al miembro de la Comisión responsable de política comercial.

(6)

Los principales cometidos del consejero auditor deben consistir en asesorar al miembro de la Comisión responsable de política comercial y al director general responsable de política comercial (en lo sucesivo, «el director general»), garantizar los derechos procesales, decidir sobre las solicitudes de acceso al expediente, adoptar decisiones sobre el carácter confidencial de los documentos y revisar la posición de los servicios de la Comisión responsables de la ampliación de los plazos. El consejero auditor debe procurar que, en la elaboración de los proyectos o propuestas de actos jurídicos, se tengan debidamente en cuenta todos los elementos pertinentes, tanto favorables como desfavorables para las partes afectadas.

(7)

El consejero auditor debe velar por que las oportunidades que se ofrecen a las partes interesadas de presentar pruebas de hechos y defender sus intereses durante el procedimiento les permitan ejercer sus derechos de defensa de la forma más eficaz.

(8)

La intervención del consejero auditor debe realizarse de manera que pueda llevarse a cabo cualquier medida de seguimiento, teniendo en cuenta las limitaciones temporales a las que está sometido el procedimiento.

(9)

Es necesario determinar la manera y las circunstancias en que puede intervenir el consejero auditor y fijar normas para la organización, la realización y seguimiento de dichas intervenciones.

(10)

El poder del consejero auditor para decidir sobre cuestiones relativas al acceso al expediente, la confidencialidad y los plazos debe proporcionar a las partes implicadas en un litigio comercial una garantía procesal adicional, sin perjuicio del correcto desarrollo del litigio ni de su finalización oportuna.

(11)

Los informes del consejero auditor deben garantizar que las principales cuestiones abordadas por este y sus recomendaciones más importantes se comuniquen a los responsables políticos y, de este modo, proporcionen una garantía adicional en cuanto al respeto de los derechos de las partes afectadas por un litigio comercial. Los informes anuales del consejero auditor también deben informar a los Estados miembros de la UE, al Parlamento Europeo y al público en general sobre las principales actividades del consejero auditor.

(12)

Cuando trate datos personales, el consejero auditor debe estar sujeto al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(13)

La presente Decisión debe aplicarse sin perjuicio de las normas generales por las que se otorga o deniega el acceso a documentos de la Comisión.

(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2017/492 de la Comisión, de 21 de marzo de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo VI del Acuerdo EEE.

(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 236/2012 (1), corregido en el DO L 349 de 21.12.2016, p. 8.

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo IX del Acuerdo EEE.

(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo IX del Acuerdo EEE.