(1)

De conformidad con la Decisión (UE) 2018/385 del Consejo (2), el Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo») fue firmado el 6 de febrero de 2018, a reserva de su celebración en una fecha posterior.

(2)

En lo que respecta a las materias que son competencia de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la celebración del Protocolo es objeto de un procedimiento separado.

(3)

Procede aprobar el Protocolo en nombre de la Unión y de los Estados miembros.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión (3) establece las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos adicionales de importación y fija los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en los que se basa la fijación de los precios representativos de los productos de los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina, procede modificar los precios representativos de importación de algunos productos teniendo en cuenta las variaciones que registran los precios en función del origen.

(3)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en consecuencia.

(4)

Debido a la necesidad de que esta medida se aplique lo más rápidamente posible una vez que estén disponibles los datos actualizados, procede que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación.

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 de la Comisión (3) ha abierto la venta de leche desnatada en polvo mediante procedimiento de licitación.

(2)

A la luz de las ofertas recibidas para la trigésima tercera licitación parcial, procede fijar un precio mínimo de venta.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

(1)

El Reino Unido ha participado en el Reglamento (CE) n.o 377/2004 del Consejo (1), modificado por el Reglamento (UE) n.o 493/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 (2).

(2)

El 1 de octubre de 2018, dentro del plazo de tres meses, el Reino Unido notificó al Presidente del Consejo su deseo de no participar en la adopción de la versión refundida del Reglamento (CE) n.o 377/2004 propuesta por la Comisión el 16 de mayo de 2018 y recibida por el Consejo en todas las lenguas requeridas el 2 de julio de 2018.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 377/2004 tiene por objeto mejorar la cooperación entre los funcionarios de enlace de inmigración destinados en terceros países, especialmente mediante el establecimiento de la obligación de crear redes locales o regionales entre los funcionarios de enlace de inmigración, así como mediante la promoción del uso de una herramienta electrónica específica para el intercambio periódico de información en las redes locales y el establecimiento de un sistema de información sobre las actividades de las redes de funcionarios de enlace de inmigración a través de informes semestrales de la Presidencia, sin que se requiera el uso de cualesquiera sistemas operativos ni se interactúe directamente con cualesquiera disposiciones legales contenidas en otros instrumentos jurídicos que forman parte del acervo de Schengen.

(4)

La propuesta de 16 de mayo de 2018 de refundición del Reglamento (CE) n.o 377/2004, si bien aspira a mejorar la coordinación y optimizar la utilización de los funcionarios de enlace de inmigración, incluidos los nuevos funcionarios de enlace desplegados en terceros países, con el fin de responder de forma más eficaz a las prioridades de la UE en el ámbito de la migración, no se aparta de la naturaleza del Reglamento (CE) n.o 377/2004 en vigor en lo que respecta a su interacción con las demás partes del acervo de Schengen.

(5)

Al igual que el Reglamento (CE) n.o 377/2004 en vigor, la propuesta de refundición del Reglamento (CE) n.o 377/2004 puede, por lo tanto, considerarse una medida autónoma dentro del acervo de Schengen, que no interactúa operativamente con otros instrumentos jurídicos que forman parte del acervo de Schengen.

(6)

En este caso excepcional y a la luz de la naturaleza autónoma dentro del acervo de Schengen del Reglamento (CE) n.o 377/2004 en vigor, puede considerarse que, si el Reino Unido deja de participar en el Reglamento en vigor o en cualquier modificación ulterior de este, pero sigue participando en el resto del acervo de Schengen en el que participa actualmente en virtud de la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3), se garantizaría así la participación más amplia posible del Reino Unido, sin que ello afecte gravemente a la viabilidad práctica de las demás partes del acervo de Schengen, al mismo tiempo que se respeta su coherencia.

(7)

De conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Protocolo n.o 19, el artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE debe, por lo tanto, dejar de aplicarse al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por lo que se refiere al Reglamento (CE) n.o 377/2004 en vigor y a cualquier modificación ulterior de este, incluida la propuesta de refundición del Reglamento (CE) n.o 377/2004, a partir de la entrada en vigor de la refundición propuesta del dicho Reglamento.

(8)

Por consiguiente, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Protocolo n.o 19, el punto 6 del anexo I de la Decisión 2004/926/CE del Consejo (4) relativo al Reglamento (CE) n.o 377/2004 debe asimismo dejar de aplicarse a partir de la entrada en vigor de la refundición propuesta.

(1)

La Unión Europea ha establecido como una de sus finalidades fomentar la protección de los derechos del niño, tal como se recoge en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Una parte esencial de esta política está constituida por medidas para la protección de los menores contra su traslado o retención ilícitos.

(2)

El Consejo adoptó el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II bis»), que tiene por objeto proteger a los niños contra los efectos perjudiciales de su traslado o retención ilícitos y establecer procedimientos que aseguren su restitución inmediata a su Estado de residencia habitual, así como garantizar la protección de los derechos de visita y de custodia.

(3)

El Reglamento Bruselas II bis complementa y refuerza el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya de 1980»), que establece, a nivel internacional, un sistema de obligaciones y de cooperación entre los Estados contratantes y entre las autoridades centrales y aspira a garantizar la restitución inmediata de menores trasladados o retenidos ilícitamente.

(4)

Todos los Estados miembros de la Unión Europea son Partes en el Convenio de La Haya de 1980.

(5)

La Unión anima a los terceros Estados a adherirse al Convenio de La Haya de 1980 y apoya su aplicación correcta, participando junto con los Estados miembros, entre otras, en las comisiones especiales organizadas periódicamente por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

(6)

Un marco jurídico común, aplicable entre los Estados miembros de la Unión y terceros Estados, podría ser la mejor solución para los casos sensibles de sustracción internacional de menores.

(7)

El Convenio de La Haya de 1980 dispone que este se aplica entre el Estado que se adhiera y aquellos Estados contratantes que hayan declarado aceptar esa adhesión.

(8)

El Convenio de La Haya de 1980 no permite que organizaciones regionales de integración económica como la Unión sean partes en él. Por consiguiente, la Unión no puede adherirse a dicho Convenio, ni puede depositar una declaración de aceptación en relación con un Estado que se adhiere.

(9)

De acuerdo con el Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3), las declaraciones de aceptación con arreglo al Convenio de La Haya de 1980 están comprendidas en la competencia externa exclusiva de la Unión.

(10)

La República Dominicana depositó su instrumento de adhesión al Convenio de La Haya de 1980 el 11 de agosto de 2004. El Convenio de La Haya de 1980 entró en vigor en la República Dominicana el 1 de noviembre de 2004.

(11)

Todos los Estados miembros, con la excepción de Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Rumanía, ya han aceptado la adhesión de la República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación en la República Dominicana ha llevado a la conclusión de que Austria, Chipre, Croacia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Rumanía están en posición de aceptar, en interés de la Unión, la adhesión de la República Dominicana en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

(12)

Por ello, debe autorizarse a Austria, Chipre, Croacia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Rumanía a depositar sus declaraciones de aceptación de la adhesión de la República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980, en interés de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión. Como los demás Estados miembros de la Unión ya han aceptado la adhesión de la República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980, no necesitan depositar una nueva declaración de aceptación, puesto que las actuales siguen siendo válidas con arreglo al Derecho internacional público.

(13)

El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento Bruselas II bis y participan, por tanto, en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(14)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(1)

La Unión Europea ha establecido como una de sus finalidades fomentar la protección de los derechos del niño, tal como se recoge en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Una parte esencial de esta política está constituida por medidas para la protección de los menores contra su traslado o retención ilícitos.

(2)

El Consejo adoptó el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II bis»), que tiene por objeto proteger a los niños contra los efectos perjudiciales de su traslado o retención ilícitos y establecer procedimientos que aseguren su restitución inmediata a su Estado de residencia habitual, así como garantizar la protección de los derechos de visita y de custodia.

(3)

El Reglamento Bruselas II bis complementa y refuerza el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya de 1980»), que establece, a nivel internacional, un sistema de obligaciones y de cooperación entre los Estados contratantes y entre las autoridades centrales y aspira a garantizar la restitución inmediata de menores trasladados o retenidos ilícitamente.

(4)

Todos los Estados miembros de la Unión Europea son Partes en el Convenio de La Haya de 1980.

(5)

La Unión anima a los terceros Estados a adherirse al Convenio de La Haya de 1980 y apoya su aplicación correcta, participando junto con los Estados miembros, entre otras, en las comisiones especiales organizadas periódicamente por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

(6)

Un marco jurídico común, aplicable entre los Estados miembros de la Unión y terceros Estados, podría ser la mejor solución para los casos sensibles de sustracción internacional de menores.

(7)

El Convenio de La Haya de 1980 dispone que este se aplica entre el Estado que se adhiera y aquellos Estados contratantes que hayan declarado aceptar esa adhesión.

(8)

El Convenio de La Haya de 1980 no permite que organizaciones regionales de integración económica como la Unión sean partes en él. Por consiguiente, la Unión no puede adherirse a dicho Convenio, ni puede depositar una declaración de aceptación en relación con un Estado que se adhiere.

(9)

De acuerdo con el Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3), las declaraciones de aceptación con arreglo al Convenio de La Haya de 1980 están comprendidas en la competencia externa exclusiva de la Unión.

(10)

Ecuador depositó su instrumento de adhesión al Convenio de La Haya de 1980 el 22 de enero de 1992. El Convenio de La Haya de 1980 entró en vigor en Ecuador el 1 de abril de 1992.

(11)

Todos los Estados miembros afectados, con la excepción de Austria y Dinamarca, ya han aceptado la adhesión de Ecuador al Convenio de La Haya de 1980. Ecuador ha aceptado la adhesión de Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación en Ecuador ha llevado a la conclusión de que Austria está en posición de aceptar, en interés de la Unión, la adhesión de Ecuador en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

(12)

Ucrania depositó su instrumento de adhesión al Convenio de La Haya de 1980 el 2 de junio de 2006. El Convenio de La Haya de 1980 entró en vigor en Ucrania el 1 de septiembre de 2006.

(13)

Todos los Estados miembros, con la excepción de Austria y Dinamarca, ya han aceptado la adhesión de Ucrania al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación en Ucrania ha llevado a la conclusión de que Austria está en posición de aceptar, en interés de la Unión, la adhesión de Ucrania en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

(14)

Por ello, debe autorizarse a Austria a depositar su declaración de aceptación de la adhesión de Ecuador y Ucrania al Convenio de La Haya de 1980 en interés de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión. Como los demás Estados miembros de la Unión ya han aceptado la adhesión de Ecuador y Ucrania al Convenio de La Haya de 1980, no necesitan depositar una nueva declaración de aceptación, puesto que las actuales siguen siendo válidas con arreglo al Derecho internacional público.

(15)

El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento Bruselas II bis y participan en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(16)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(1)

La Unión Europea ha establecido como una de sus finalidades fomentar la protección de los derechos del niño, tal como se recoge en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Una parte esencial de esta política está constituida por medidas para la protección de los menores contra su traslado o retención ilícitos.

(2)

El Consejo adoptó el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II bis»), que tiene por objeto proteger a los niños contra los efectos perjudiciales de su traslado o retención ilícitos y establecer procedimientos que aseguren su restitución inmediata a su Estado de residencia habitual, así como garantizar la protección de los derechos de visita y de custodia.

(3)

El Reglamento Bruselas II bis complementa y refuerza el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya de 1980»), que establece, a nivel internacional, un sistema de obligaciones y de cooperación entre los Estados contratantes y entre las autoridades centrales y aspira a garantizar la restitución inmediata de menores trasladados o retenidos ilícitamente.

(4)

Todos los Estados miembros de la Unión Europea son Partes en el Convenio de La Haya de 1980.

(5)

La Unión anima a los terceros Estados a adherirse al Convenio de La Haya de 1980 y apoya su aplicación correcta, participando junto con los Estados miembros, entre otras, en las comisiones especiales organizadas periódicamente por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

(6)

Un marco jurídico común, aplicable entre los Estados miembros de la Unión y terceros Estados, podría ser la mejor solución para los casos sensibles de sustracción internacional de menores.

(7)

El Convenio de La Haya de 1980 dispone que este se aplica entre el Estado que se adhiera y aquellos Estados contratantes que hayan declarado aceptar esa adhesión.

(8)

El Convenio de La Haya de 1980 no permite que organizaciones regionales de integración económica como la Unión sean partes en él. Por consiguiente, la Unión no puede adherirse a dicho Convenio, ni puede depositar una declaración de aceptación en relación con un Estado que se adhiere.

(9)

De acuerdo con el Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3), las declaraciones de aceptación con arreglo al Convenio de La Haya de 1980 están comprendidas en la competencia externa exclusiva de la Unión.

(10)

Honduras depositó su instrumento de adhesión al Convenio de La Haya de 1980 el 20 de diciembre de 1993. El Convenio de La Haya de 1980 entró en vigor en Honduras el 1 de marzo de 1994.

(11)

Todos los Estados miembros afectados, con la excepción de Austria, Dinamarca y Rumanía, ya han aceptado la adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980. Honduras ha aceptado la adhesión de Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Malta al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación en Honduras ha llevado a la conclusión de que Austria y Rumanía están en posición de aceptar, en interés de la Unión, la adhesión de Honduras en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

(12)

Por ello, debe autorizarse a Austria y Rumanía a depositar sus declaraciones de aceptación de la adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980, en interés de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión. Como los demás Estados miembros de la Unión ya han aceptado la adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980, no necesitan depositar una nueva declaración de aceptación, puesto que las actuales siguen siendo válidas con arreglo al Derecho internacional público.

(13)

El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento Bruselas II bis y participan en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(14)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(1)

La Unión Europea ha establecido como una de sus finalidades fomentar la protección de los derechos del niño, tal como se recoge en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Una parte esencial de esta política está constituida por medidas para la protección de los menores contra su traslado o retención ilícitos.

(2)

El Consejo adoptó el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II bis»), que tiene por objeto proteger a los niños contra los efectos perjudiciales de su traslado o retención ilícitos y establecer procedimientos que aseguren su restitución inmediata a su Estado de residencia habitual, así como garantizar la protección de los derechos de visita y de custodia.

(3)

El Reglamento Bruselas II bis complementa y refuerza el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya de 1980»), que establece, a nivel internacional, un sistema de obligaciones y de cooperación entre los Estados contratantes y entre las autoridades centrales y aspira a garantizar la restitución inmediata de menores trasladados o retenidos ilícitamente.

(4)

Todos los Estados miembros de la Unión Europea son Partes en el Convenio de La Haya de 1980.

(5)

La Unión anima a los terceros Estados a adherirse al Convenio de La Haya de 1980 y apoya su aplicación correcta, participando junto con los Estados miembros, entre otras, en las comisiones especiales organizadas periódicamente por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

(6)

Un marco jurídico común, aplicable entre los Estados miembros de la Unión y terceros Estados, podría ser la mejor solución para los casos sensibles de sustracción internacional de menores.

(7)

El Convenio de La Haya de 1980 dispone que este se aplica entre el Estado que se adhiera y aquellos Estados contratantes que hayan declarado aceptar esa adhesión.

(8)

El Convenio de La Haya de 1980 no permite que organizaciones regionales de integración económica como la Unión sean partes en él. Por consiguiente, la Unión no puede adherirse a dicho Convenio, ni puede depositar una declaración de aceptación en relación con un Estado que se adhiere.

(9)

De acuerdo con el Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3), las declaraciones de aceptación con arreglo al Convenio de La Haya de 1980 están comprendidas en la competencia externa exclusiva de la Unión.

(10)

Bielorrusia depositó su instrumento de adhesión al Convenio de La Haya de 1980 el 12 de enero de 1998. El Convenio de La Haya de 1980 entró en vigor en Bielorrusia el 1 de abril de 1998.

(11)

Todos los Estados miembros afectados, con la excepción de Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Rumanía, ya han aceptado la adhesión de Bielorrusia al Convenio de La Haya de 1980. Bielorrusia ha aceptado la adhesión de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Malta al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación en Bielorrusia ha llevado a la conclusión de que Austria, Luxemburgo y Rumanía están en posición de aceptar, en interés de la Unión, la adhesión de Bielorrusia en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

(12)

Uzbekistán depositó su instrumento de adhesión al Convenio de La Haya de 1980 el 31 de mayo de 1999. El Convenio de La Haya de 1980 entró en vigor en Uzbekistán el 1 de agosto de 1999.

(13)

Todos los Estados miembros, con la excepción de Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Rumanía, ya han aceptado la adhesión de Uzbekistán al Convenio de La Haya de 1980. Uzbekistán ha aceptado la adhesión de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Malta al Convenio de La Haya de 1980. Una evaluación de la situación en Uzbekistán ha llevado a la conclusión de que Austria, Luxemburgo y Rumanía están en posición de aceptar, en interés de la Unión, la adhesión de Uzbekistán en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

(14)

Por ello, debe autorizarse a Austria, Luxemburgo y Rumanía a depositar sus declaraciones de aceptación de la adhesión de Bielorrusia y Uzbekistán al Convenio de La Haya de 1980, en interés de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión. Como los demás Estados miembros de la Unión ya han aceptado la adhesión de Bielorrusia y Uzbekistán al Convenio de La Haya de 1980, no necesitan depositar una nueva declaración de aceptación, puesto que las actuales siguen siendo válidas con arreglo al Derecho internacional público.

(15)

El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento Bruselas II bis y participan en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(16)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(1)

El artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE dispone que el sujeto pasivo que lleva a cabo las entregas de bienes o las prestaciones de servicios es, por regla general, el responsable del pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las autoridades tributarias.

(2)

Mediante carta registrada en la Comisión el 16 de octubre de 2018, Lituania solicitó autorización para introducir una medida especial que establezca una excepción a lo dispuesto en el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE, con el objetivo de aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo a las entregas de discos duros (en lo sucesivo, «medida especial»).

(3)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la solicitud realizada por Lituania mediante cartas de 19 de noviembre de 2018. Mediante carta de 20 de noviembre de 2018, la Comisión notificó a Lituania que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(4)

Lituania descubrió el fraude del operador desaparecido en el comercio intracomunitario relacionado con el suministro de productos electrónicos, tales como ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas y discos duros. La magnitud y el alcance de esta práctica tienen efectos directos muy negativos sobre el presupuesto del Estado.

(5)

Lituania ha emprendido una serie de medidas para combatir y prevenir el fraude del IVA. Lituania ha señalado que dichas medidas no son suficientes para prevenir el fraude del IVA en el suministro de productos electrónicos.

(6)

Lituania tiene la intención de introducir el mecanismo de inversión del sujeto pasivo a los productos electrónicos basándose en el artículo 199 bis de la Directiva 2006/112/CE. Sin embargo, los discos duros no están incluidos en ese artículo.

(7)

Con el fin de establecer una forma más exhaustiva del mecanismo de inversión del sujeto pasivo que se aplique no solo a los productos electrónicos que ya permite el artículo 199 bis de la Directiva 2006/112/CE, sino también a los discos duros, Lituania solicita autorización para introducir la medida especial.

(8)

Dado el potencial impacto positivo de la medida especial en el ámbito de la lucha contra el fraude descubierto por Lituania, la excepción debe concederse por un período de tiempo limitado, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2022.

(9)

Por lo general, las medidas de excepción se conceden por un período limitado a fin de permitir evaluar su idoneidad y eficacia. Las excepciones conceden a los Estados miembros el tiempo necesario para adoptar otras medidas, convencionales, que permitan afrontar el problema hasta la fecha de expiración de la medida de excepción, con lo que una prórroga de la excepción sería redundante. Una excepción que permite la utilización del mecanismo de inversión del sujeto pasivo solo se concede con carácter excepcional para determinados ámbitos de fraude y constituye un último recurso. Lituania debe, por lo tanto, aplicar otras medidas, convencionales, para combatir y prevenir el fraude del IVA en relación con el comercio de los discos duros hasta la expiración de la medida especial, por lo que no debería persistir la necesidad de aplicar una excepción al artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE con respecto a tales entregas.

(10)

La medida especial no tendrá incidencia negativa en los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

(1)

Mediante carta registrada en la Comisión el 15 de mayo de 2018, Polonia solicitó autorización para introducir una medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE para aplicar un mecanismo de pago fraccionado (en lo sucesivo, «medida especial»). La medida especial debe exigir la inclusión de una mención especial, según la cual, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) debe abonarse en la cuenta del IVA bloqueada del proveedor en las facturas expedidas en relación con las entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, que en Polonia suelen estar sujetas al mecanismo de inversión del sujeto pasivo y a la responsabilidad solidaria. Polonia solicitó la introducción de la medida especial por un período de tres años, del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

(2)

De conformidad con el artículo 395, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE, la Comisión transmitió a los demás Estados miembros la solicitud de Polonia mediante cartas de 3 de septiembre de 2018. Mediante carta de 4 de septiembre de 2018, la Comisión notificó a Polonia que disponía de toda la información necesaria para examinar su solicitud.

(3)

Polonia ya ha adoptado numerosas medidas para combatir el fraude. Ha introducido, en particular, el mecanismo de inversión del sujeto pasivo y de la responsabilidad solidaria del proveedor y del comprador, el formulario de auditoria normalizado, el endurecimiento de las normas para el registro y la baja en el registro a efectos del IVA de los sujetos pasivos, el aumento del número de auditorías. No obstante, Polonia considera que tales medidas son insuficientes para impedir el fraude del IVA.

(4)

Polonia considera que la aplicación de la medida especial eliminará el fraude del IVA. Dado que, de acuerdo con el mecanismo de pago fraccionado, el importe del IVA depositado en una cuenta del IVA separada de un sujeto pasivo puede utilizarse exclusivamente con fines limitados, en concreto para el pago de la deuda del IVA a la autoridad tributaria, o el pago del IVA consignado en las facturas recibidas de los proveedores, existen mayores garantías de que las autoridades tributarias perciban íntegramente la cuota del IVA que los sujetos pasivos deben transferir al Tesoro Público polaco.

(5)

Polonia introdujo el mecanismo de pago fraccionado voluntario el 1 de julio de 2018. Considera que en ámbitos especialmente expuestos al fraude del IVA debe introducirse la medida especial. Dichos ámbitos son sectores de la economía como la siderurgia, la chatarra, la electrónica, el oro, los metales no ferrosos, los carburantes y los plásticos. Dichos ámbitos están generalmente sujetos al mecanismo de inversión del sujeto pasivo y a la responsabilidad solidaria del proveedor y del comprador en Polonia.

(6)

La medida especial se aplicará a las entregas de bienes y prestaciones de servicios enumerados en el anexo que se efectuan entre sujetos pasivos asi como entre empresas y abarcará únicamente las transferencias bancarias electrónicas.

(7)

En caso de que el impuesto soportado exceda del impuesto repercutido y que ese importe excedentario sea indicado por el proveedor en la declaración del IVA como importe del IVA a reembolsar, su devolución se efectuará en un plazo de 60 días en la cuenta ordinaria del proveedor. Sin embargo, Polonia ha informado a la Comisión de que para las operaciones cubiertas por la medida especial, a petición de un proveedor que disponga de una cuenta del IVA bloqueada, la devolución tendrá lugar en un plazo de 25 días.

(8)

Los proveedores no soportan costes de apertura y gestión de la cuenta del IVA, ya que esta última será facilitada por el banco sin cobrar por ello ninguna comisión o tasa.

(9)

La medida especial será aplicable a todos los proveedores, incluidos aquellos no establecidos en Polonia, que deberán disponer de una cuenta bancaria gestionada con arreglo a la legislación bancaria polaca. A este respecto, las autoridades polacas han asegurado que los proveedores no incurrirán en costes adicionales derivados de la obligación de apertura de una cuenta bancaria en Polonia, ya que podrán abrirla y mantenerla de forma gratuita a los fines de pago del IVA.

(10)

La medida especial prevista por Polonia llevará aparejados cambios significativos que afectarán a los proveedores. El sistema ya lleva en funcionamiento desde el 1 de julio de 2018 con carácter voluntario, y los sujetos pasivos ya han tenido la oportunidad de familiarizarse con él.

(11)

En opinión de la Comisión, la medida especial aplicada a las entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude puede aportar resultados eficaces en la lucha contra el fraude en materia de IVA. Las excepciones se conceden normalmente por un período limitado. Por tanto, procede autorizar la medida especial por un período limitado, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2022.

(12)

Habida cuenta de la novedad y del amplio ámbito de aplicación de la medida especial, es importante garantizar el necesario seguimiento. En particular, dicho seguimiento debe concentrarse en la incidencia de la medida sobre el nivel de fraude en materia de IVA y su impacto sobre los sujetos pasivos, especialmente en lo que respecta a la devolución del IVA, la carga administrativa, los costes en que incurrirán dichos sujetos pasivos. Por lo tanto, Polonia debe presentar un informe sobre el impacto de la medida dieciocho meses después de la entrada en vigor de la medida nacional en su territorio.

(13)

La medida especial no afectará negativamente al importe total de los ingresos fiscales percibidos en la fase de consumo final y no tendrá repercusiones negativas sobre los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

(1)

El 18 de septiembre de 2015 y el 1 de octubre de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE, Euratom) 2015/1600 (1) y (UE, Euratom) 2015/1790 (2), por las que se nombra a los miembros del Comité Económico y Social Europeo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2015 y el 20 de septiembre de 2020. El 16 de febrero de 2016, mediante la Decisión (UE, Euratom) 2016/229 del Consejo (3), D.a Marie-Louise KNUPPERT fue sustituida por D. Arne GREVSEN como miembro.

(2)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité Económico y Social Europeo a raíz del término del mandato de D. Bernt FALLENKAMP.

(3)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité Económico y Social Europeo a raíz del término del mandato de D. Arne GREVSEN.

(1)

El 15 de abril de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/219/PESC (1) relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

El 11 de enero de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/50 (2), que prorrogaba la EUCAP Sahel Mali hasta el 14 de enero de 2019. El 7 de diciembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2264 (3), que establecía un importe de referencia financiera para la EUCAP Sahel Mali hasta el 14 de enero de 2019.

(3)

El 25 de junio de 2018, en sus Conclusiones sobre el Sahel y Mali, el Consejo destacó la importancia de la regionalización de la PCSD en el Sahel con el fin de intensificar, cuando proceda, el apoyo civil y militar a la cooperación transfronteriza, las estructuras de cooperación regionales (en particular, las del G-5 del Sahel) y la capacidad y la sensación de apropiación de los países del G-5 a la hora de abordar los retos de seguridad que surgen en la región.

(4)

Tras la revisión estratégica de la EUCAP Sahel Mali, el Comité Político y de Seguridad recomendó el 25 de octubre de 2018 que la EUCAP Sahel-Mali se prorrogara hasta el 14 de enero de 2021.

(5)

El 17 de diciembre de 2018, a la espera de que el Consejo aprobara los documentos de planificación relativos a la regionalización del Sahel, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/2008 (4), prorrogando la EUCAP Sahel Mali hasta el 28 de febrero de 2019 y estableciendo un importe de referencia financiera para la EUCAP Sahel Mali hasta el 28 de febrero de 2019.

(6)

Por ello, la Decisión 2014/219/PESC debe prorrogarse en consecuencia hasta el 14 de enero de 2021.

(7)

La EUCAP Sahel Mali se llevará a cabo en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría impedir el logro de los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

(1)

El 14 de mayo de 2018, el proveedor SEG Automotive Germany GmbH presentó una solicitud de aprobación como ecoinnovación del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V para vehículos de la categoría N1. La solicitud ha sido evaluada de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 510/2011 y con el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 427/2014 de la Comisión (2).

(2)

El motogenerador de 48 V es una máquina reversible que puede funcionar bien como un motor eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, bien como un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica como un alternador estándar. La solicitud presentada se centraba en la función de generador del componente.

(3)

El solicitante propuso dos metodologías diferentes para determinar la eficiencia total del sistema, combinando la eficiencia del motogenerador de 48 V y la del convertidor CC/CC de 48 V/12 V. El primer método tiene por objeto calcular por separado la eficiencia del motogenerador de 48 V y de su convertidor CC/CC de 48 V/12 V, mientras que el segundo pretende calcular la eficiencia del motogenerador de 48 V más su convertidor CC/CC de 48 V/12 V (método combinado). Ambos procedimientos de ensayo están en consonancia con las orientaciones técnicas para la preparación de las solicitudes de aprobación de tecnologías innovadoras con arreglo al Reglamento (UE) n.o 510/2011.

(4)

La información facilitada en la solicitud demuestra que en los dos estudios de casos propuestos se cumplieron las condiciones y los criterios mencionados en el artículo 12 del Reglamento (UE) n.o 510/2011 y en los artículos 2 y 4 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 427/2014. Por consiguiente, debe aprobarse como ecoinnovación el motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH aplicado a vehículos de la categoría N1.

(5)

Procede aprobar las metodologías de ensayo para la determinación de la reducción de las emisiones de CO2 derivada del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH. Solo se podrá tener en cuenta la reducción de emisiones certificada sobre la base de una de las dos metodologías de ensayo previstas en la presente Decisión para la determinación del comportamiento de las emisiones específicas del fabricante de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011.

(6)

A fin de determinar la reducción de las emisiones de CO2 derivada del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH, es necesario establecer la tecnología de referencia respecto a la cual debe evaluarse la eficiencia de la función de generador. Teniendo en cuenta la opinión de expertos, es conveniente considerar que un alternador con una eficiencia del 67 % es la tecnología de referencia que debe utilizarse para determinar la reducción de las emisiones de CO2 en el marco de la presente Decisión.

(7)

En el caso de los vehículos híbridos de la categoría N1, las metodologías de ensayo se basan en determinadas condiciones que solo son válidas en el caso de vehículos respecto a los cuales se permite utilizar mediciones no corregidas sobre, por ejemplo, el consumo de combustible o las emisiones de CO2 medidas durante el ensayo de tipo 1 según lo especificado en el anexo 8 del Reglamento n.o 101 de la CEPE/ONU. Por esa razón, el ámbito de aplicación de la presente Decisión incluye todos los vehículos de motor de combustión interna de la categoría N1, pero solo determinados vehículos híbridos de la categoría N1.

(8)

La reducción de emisiones derivada del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH puede demostrarse parcialmente en el ensayo al que se hace referencia en el anexo XII del Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión (3). Es necesario, por tanto, garantizar que esa demostración parcial sea tenida en cuenta en la metodología de ensayo de la reducción de emisiones de CO2 del motogenerador.

(9)

Si la autoridad de homologación de tipo considera que el motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH no cumple las condiciones para la certificación, debe rechazarse la solicitud de certificación de la reducción.

(10)

La presente Decisión debe aplicarse hasta el año 2020 inclusive en relación con el procedimiento de ensayo a que se hace referencia en el anexo XII del Reglamento (CE) n.o 692/2008. Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, las tecnologías innovadoras deben evaluarse en relación con el procedimiento de ensayo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1151 de la Comisión (4).

(11)

A los efectos de la determinación del código general de las ecoinnovaciones que debe emplearse en los documentos de homologación de tipo pertinentes de conformidad con los anexos I, VIII y IX de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), conviene especificar el código individual que se va a utilizar para el motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH.

(1)

El 14 de mayo de 2018, el proveedor SEG Automotive Germany GmbH presentó una solicitud de aprobación como ecoinnovación del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V para vehículos de la categoría M1. La solicitud ha sido evaluada de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 443/2009 y con el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 de la Comisión (2).

(2)

El motogenerador de 48 V es una máquina reversible que puede funcionar bien como un motor eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, bien como un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica como un alternador estándar. La solicitud presentada se centraba en la función de generador del componente.

(3)

El solicitante propuso dos metodologías diferentes para determinar la eficiencia total del sistema, combinando la eficiencia del motogenerador de 48 V y la del convertidor CC/CC de 48 V/12 V. El primer método tiene por objeto calcular por separado la eficiencia del motogenerador de 48 V y de su convertidor CC/CC de 48 V/12 V, mientras que el segundo pretende calcular la eficiencia del motogenerador de 48 V más su convertidor CC/CC de 48 V/12 V (método combinado). Ambos procedimientos de ensayo están en consonancia con las orientaciones técnicas para la preparación de las solicitudes de aprobación de tecnologías innovadoras con arreglo al Reglamento (CE) n.o 443/2009. En comparación con la metodología de ensayo establecida en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/785 de la Comisión (3), relativa a la aprobación de motogeneradores eficientes de 12 V, las metodologías de ensayo para los motogeneradores de 48 V utilizan una tensión y una corriente de ensayo distintas para tener en cuenta las especifidades del motogenerador de 48 V.

(4)

La información facilitada en la solicitud demuestra que en los dos estudios de casos propuestos se cumplieron las condiciones y los criterios mencionados en el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 443/2009 y en los artículos 2 y 4 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011. Por consiguiente, debe aprobarse como ecoinnovación el motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH aplicado a vehículos de la categoría M1.

(5)

Procede aprobar las metodologías de ensayo para la determinación de la reducción de las emisiones de CO2 derivada del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH. Solo se podrá tener en cuenta la reducción de emisiones certificada sobre la base de una de las dos metodologías de ensayo previstas en la presente Decisión para la determinación del comportamiento de las emisiones específicas del fabricante de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009.

(6)

A fin de determinar la reducción de las emisiones de CO2 derivada del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH, es necesario establecer la tecnología de referencia respecto a la cual debe evaluarse la eficiencia de la función de generador. Teniendo en cuenta la opinión de expertos, es conveniente considerar que un alternador con una eficiencia del 67 % es la tecnología de referencia que debe utilizarse para determinar la reducción de las emisiones de CO2 en el marco de la presente Decisión.

(7)

En el caso de los vehículos híbridos de la categoría M1, las metodologías de ensayo se basan en determinadas condiciones que solo son válidas en el caso de vehículos respecto a los cuales se permite utilizar mediciones no corregidas sobre, por ejemplo, el consumo de combustible o las emisiones de CO2 medidas durante el ensayo de tipo 1 según lo especificado en el anexo 8 del Reglamento n.o 101 de la CEPE/ONU. Por esa razón, el ámbito de aplicación de la presente Decisión incluye todos los vehículos de motor de combustión interna de la categoría M1, pero solo determinados vehículos híbridos de la categoría M1.

(8)

La reducción de emisiones derivada del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH puede demostrarse parcialmente en el ensayo al que se hace referencia en el anexo XII del Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión (4). Es necesario, por tanto, garantizar que esa demostración parcial sea tenida en cuenta en la metodología de ensayo de la reducción de emisiones de CO2 del motogenerador.

(9)

Si la autoridad de homologación de tipo considera que el motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH no cumple las condiciones para la certificación, debe rechazarse la solicitud de certificación de la reducción.

(10)

La presente Decisión debe aplicarse hasta el año 2020 inclusive en relación con el procedimiento de ensayo a que se hace referencia en el anexo XII del Reglamento (CE) n.o 692/2008. Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, las tecnologías innovadoras deben evaluarse en relación con el procedimiento de ensayo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión (5).

(11)

A los efectos de la determinación del código general de las ecoinnovaciones que debe emplearse en los documentos de homologación de tipo pertinentes de conformidad con los anexos I, VIII y IX de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), conviene especificar el código individual que se va a utilizar para la tecnología innovadora del motogenerador de alta eficiencia de 48 V (BRM) más el convertidor CC/CC de 48 V/12 V de SEG Automotive Germany GmbH.

(1)

La Decisión de Ejecución 2014/709/UE de la Comisión (4) establece medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros en los que se han confirmado casos de dicha enfermedad en cerdos domésticos o en jabalíes («los Estados miembros afectados»). En las partes I a IV del anexo de dicha Decisión de Ejecución se delimitan y enumeran determinadas zonas de los Estados miembros afectados, clasificadas según el nivel de riesgo, que se basa en la situación epidemiológica respecto a esta enfermedad. El anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se ha modificado varias veces para tener en cuenta los cambios en la situación epidemiológica de la Unión con respecto a la peste porcina africana que era preciso reflejar en dicho anexo.

(2)

El riesgo de propagación de la peste porcina africana en la fauna silvestre está vinculado a la lentitud natural de la propagación de dicha enfermedad entre las poblaciones de jabalíes, y también a la actividad humana, tal como demuestra la reciente evolución epidemiológica de esa enfermedad en la Unión, y tal como lo ha documentado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en el dictamen científico de la Comisión Técnica de Salud y Bienestar de los Animales (publicado el 14 de julio de 2015); en el informe científico de la EFSA relativo a los análisis epidemiológicos sobre la peste porcina africana en los países bálticos y Polonia (publicado el 23 de marzo de 2017); en el informe científico de la EFSA relativo a los análisis epidemiológicos sobre la peste porcina africana en los Estados bálticos y Polonia (publicado el 8 de noviembre de 2017), y en el informe científico de la EFSA relativo a los análisis epidemiológicos sobre la peste porcina africana en la Unión Europea (publicado el 29 de noviembre de 2018) (5).

(3)

Desde la fecha de adopción de la última modificación del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, se han producido nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes y cerdos domésticos en Bulgaria y Bélgica, y en cerdos domésticos de Rumanía, que deben reflejarse también en el anexo de dicha Decisión.

(4)

En febrero de 2019, se observó un caso de peste porcina africana en jabalíes de la región búlgara de Varna, fuera de las zonas enumeradas en el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. Este caso de peste porcina africana en jabalíes supone un aumento del nivel de riesgo que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, esta zona de Bulgaria afectada por la peste porcina africana debe figurar en la parte II del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE.

(5)

En enero de 2019 se observó un caso de peste porcina africana en jabalíes en la región belga de Luxemburgo, en una zona que figura actualmente en la parte I del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. Este caso de peste porcina africana en jabalíes supone un aumento del nivel de riesgo que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, esta zona de Bélgica afectada por la peste porcina africana debe figurar en la parte II del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE.

(6)

En febrero de 2019 se observó un brote de peste porcina africana en cerdos domésticos en la provincia rumana de Botoșani, en una zona que figura actualmente en la parte II del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. Este brote de peste porcina africana en cerdos domésticos supone un aumento del nivel de riesgo que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, esta zona de Rumanía afectada por la peste porcina africana debe figurar ahora en la parte III del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE.

(7)

A fin de tener en cuenta la reciente evolución epidemiológica respecto a la peste porcina africana en la Unión y para combatir los riesgos asociados a la propagación de esta enfermedad de manera proactiva, deben delimitarse nuevas zonas de alto riesgo de un tamaño suficiente en Bulgaria, Bélgica y Rumanía, e incluirse en las listas de las partes I, II y III del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. Procede, por tanto, modificar el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.