(1)

Por carta de 12 de marzo de 2018, la Comisión informó a Rumanía de que había decidido iniciar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) («la decisión de incoación») respecto de la ayuda de reestructuración concedida a Complexul Energetic Hunedoara SA («CE Hunedoara»). La decisión de incoación fue resultado de una serie de notificaciones y contactos previos entre la Comisión y Rumanía sobre la ayuda estatal concedida a CE Hunedoara o sus predecesoras, tal y como se detalla en la decisión de incoación y en la sección 2.1 de la presente Decisión.

(2)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar observaciones al respecto.

(3)

El 15 de mayo de 2018, Rumanía presentó observaciones sobre la decisión de incoación. La Comisión no recibió observaciones de las partes interesadas. Además de las observaciones recibidas el 15 de mayo de 2018, la Comisión celebró una videoconferencia con las autoridades de Rumanía el 31 de julio de 2018.

(4)

El 22 de febrero de 2012, la Comisión decidió no presentar objeciones a la ayuda prevista de un total de 1 169 millones RON (aprox. 251,3 millones EUR) para el cierre de tres de las siete minas de carbón explotadas por la Companiei Naționale a Huilei SA Petroșani (3) («Decisión relativa a la primera ayuda para las minas de carbón»). En esa Decisión, la Comisión concluyó que la ayuda prevista era compatible con el mercado interior en virtud de la Decisión 2010/787/UE del Consejo (4) («Decisión del Consejo sobre las ayudas para minas de carbón»).

(5)

El 20 de abril de 2015, la Comisión determinó que Electrocentrale Paroșeni y Electrocentrale Deva, dos empresas de producción de electricidad que se habían fusionado en 2012 para formar CE Hunedoara, habían recibido ayuda estatal de explotación entre 2009 y 2011 que era incompatible con el mercado interior. En su Decisión (5) («Decisión relativa a la ayuda incompatible»), la Comisión pidió a Rumanía que, en caso de que los beneficiarios no devolvieran la ayuda, recuperara la misma más los intereses pertinentes de CE Hunedoara, en tanto que empresa sucesora de las dos empresas de producción de electricidad. El 10 de junio de 2015, las autoridades rumanas facilitaron información que indicaba que CE Hunedoara había transferido al Ministerio de Energía de Rumanía una suma de 34 785 015,45 RON (aprox. 7,48 millones EUR), correspondiente al importe de la ayuda que debía recuperarse más los intereses aplicables, de modo que se había ejecutado la decisión de recuperación.

(6)

El 21 de abril de 2015, la Comisión decidió no presentar objeciones a la ayuda estatal que estaba previsto conceder a CE Hunedoara en forma de préstamos específicos por un valor total de 167 millones RON (aprox. 37,7 millones EUR) (6) («Decisión relativa a la ayuda de salvamento») (7). En esa Decisión, la Comisión determinó que los préstamos constituían una ayuda de salvamento para CE Hunedoara y que dicha ayuda era compatible con el mercado interior en virtud de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis («Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración») (8), teniendo en cuenta una serie de compromisos adquiridos por Rumanía (véanse los considerandos 120 y 123).

(7)

El 21 de octubre de 2015, seis meses después de haberse publicado la Decisión relativa a la ayuda de salvamento, Rumanía presentó un plan de reestructuración para CE Hunedoara («primer plan de reestructuración») (9). El objetivo de Rumanía era ampliar el período previsto para la devolución del préstamo de salvamento, elemento abordado en la Decisión relativa a la ayuda de salvamento, y conceder una ayuda de reestructuración para CE Hunedoara con miras a financiar los gastos incluidos en el primer plan de reestructuración. A través de una carta enviada el 3 de diciembre de 2015, Rumanía comunicó su intención de facilitar información sobre la ayuda de reestructuración cuatro semanas más tarde. Al día siguiente, la Comisión abrió administrativamente el asunto SA.43785 (2015/PN), relativo a la ayuda de reestructuración para CE Hunedoara.

(8)

El 8 de enero de 2016, Rumanía prenotificó su intención de conceder una ayuda de reestructuración a CE Hunedoara con arreglo a un nuevo plan de reestructuración, que incorporaba cambios en comparación con el primer plan de reestructuración («plan de reestructuración modificado»), y presentó información de apoyo adicional que se complementó el 11 de enero de 2016. El 12 de enero de 2016, se celebró una reunión con las autoridades rumanas para examinar la información facilitada.

(9)

El 15 de enero de 2016, se informó a Rumanía de que era recomendable realizar modificaciones significativas en la ayuda de reestructuración prevista y en el primer plan de reestructuración antes de que Rumanía emitiera una notificación formal. Rumanía no facilitó ningún plan de reestructuración nuevo posteriormente.

(10)

En enero de 2016, CE Hunedoara inició un procedimiento de insolvencia formal en virtud de la legislación rumana, que sin embargo fue desestimado más adelante por un tribunal nacional.

(11)

Posteriormente, Rumanía determinó que, si bien CE Hunedoara se liquidaría en última instancia, sería necesario mantener temporalmente en funcionamiento algunas de las unidades de producción de electricidad y de las minas de carbón, así como los servicios conexos de preparación del carbón, con el apoyo de una compensación para los costes de producción. Tomando como base estas consideraciones y nuevos planes sobre posibles futuros sucesores de CE Hunedoara que explotarían parte de sus activos, a petición de la Comisión, las autoridades de Rumanía presentaron información en las siguientes fechas: el 12 de mayo de 2016, durante una videoconferencia que tuvo lugar el 18 de mayo de 2016, los días 9, 25 y 29 de agosto de 2016, durante una reunión celebrada el 12 de octubre de 2016, y los días 9 de noviembre de 2016, 17 de mayo de 2017 y 1 de septiembre de 2017. La información facilitada el 17 de mayo de 2017 incluía, en concreto, un calendario para la futura liquidación de CE Hunedoara.

(12)

El 24 de noviembre de 2016, basándose en una notificación independiente, la Comisión decidió no presentar objeciones a los 447,8 millones RON (aprox. 96,2 millones EUR) que se preveía conceder a CE Hunedoara para el cierre de dos de las cuatro minas de carbón que todavía explotaba y que no habían sido abordadas en la Decisión relativa a la primera ayuda para las minas de carbón (10) («Decisión relativa a la segunda ayuda para las minas de carbón»). En esa Decisión, la Comisión concluyó que la ayuda prevista era compatible con el mercado interior en virtud de la Decisión del Consejo sobre las ayudas para minas de carbón.

(13)

CE Hunedoara es una empresa de producción de electricidad verticalmente integrada con sede en Petrosani, en el condado de Hunedoara. Sus acciones son propiedad total del Estado rumano. CE Hunedoara utiliza principalmente carbón autóctono, que extrae de sus minas de carbón, para generar calor producido por electricidad para las ciudades vecinas. Sus dos centrales eléctricas, Deva (11) y Paroșeni (12), tienen una capacidad nominal instalada total de 1 225 MW. CE Hunedoara produce aproximadamente el 4,2 % de la electricidad consumida en Rumanía, donde es el único gran productor de electricidad de las zonas central y nororiental. La empresa emplea a aproximadamente 6 600 personas, de las que 1 750 ocupan puestos relacionados con la generación de electricidad y 4 700 con actividades mineras.

(14)

CE Hunedoara se creó en noviembre de 2012 mediante la fusión de dos empresas estatales que se encontraban en crisis y que en la actualidad ya se han liquidado, Electrocentrale Paroșeni y Electrocentrale Deva («las empresas predecesoras»). Tras la liquidación de la Companiei Naționale a Huilei SA Petroșani, estaba previsto que se mantuvieran en funcionamiento cuatro minas de carbón a las que no se planeaba facilitar ayuda para el cierre en virtud de la Decisión relativa a la primera ayuda para las minas de carbón. Estas minas se fusionaron para crear CE Hunedoara junto con las unidades de producción de electricidad y el personal administrativo y los bienes inmuebles conexos de Electrocentrale Paroșeni y Electrocentrale Deva, ya que casi todo el carbón suministrado por las cuatro minas se empleaba en Electrocentrale Paroșeni y Electrocentrale Deva como combustible para la producción de electricidad y el suministro de calor. En particular:

(15)

Según la Autoridad Reguladora Nacional del Sector de la Energía de Rumanía (ANRE) (15), el porcentaje de la producción de electricidad neta de CE Hunedoara entre 2013 y 2015 fue el siguiente:

Cuadro 1

Suministro total de electricidad a la red facilitado por CE Hunedoara entre 2013 y 2015 en comparación con la producción total

(16)

En Rumanía, la electricidad se genera en diversos tipos de centrales eléctricas que tienen diferentes costes de producción. Desde julio de 2012, la electricidad se comercia al por mayor a través de los mercados de cambio (es decir, el mercado al contado y el mercado de futuros) de la Bolsa de la Electricidad de Rumanía («OPCOM»).

(17)

Un criterio importante para el funcionamiento de una central eléctrica es una comparación entre el precio de mercado diario y los costes marginales de la producción de electricidad en esa central. En el caso de las centrales de energía térmica, los principales costes marginales son los costes de combustible, los costes de los certificados de emisión de CO2 y los costes marginales de explotación.

(18)

CE Hunedoara registró un coste medio de producción de 274,27 RON/MWh (aprox. 59 EUR/MWh) en 2013, 310,19 RON/MWh (aprox. 67 EUR/MWh) en 2014 y 358,90 RON/MWh (aprox. 77 EUR/MWh) en 2015. Además, el coste medio de la extracción de hulla (combustible) de CE Hunedoara era de aproximadamente 126 RON/MWh (aprox. 27 EUR/MWh), mientras que el precio de la hulla en el mercado era de aproximadamente 40 RON/MWh (aprox. 9 EUR/MWh) (16).

(19)

Sin embargo, el precio medio ponderado anual de la electricidad en el mercado diario de OPCOM fue de 165,06 RON/MWh (aprox. 35 EUR/MWh) en 2013, 158,93 RON/MWh (aprox. 34 EUR/MWh) en 2014 y 166,35 RON/MWh (aprox. 36 EUR/MWh) en 2015. Además, en el mercado centralizado bilateral de OPCOM, el precio medio anual de la electricidad entre 2013 y 2015 osciló entre 182,94 RON/MWh (aprox. 39 EUR/MWh) y 162,41 RON/MWh (aprox. 35 EUR/MWh) (17). Esto significa que entre 2013 y 2015, período en el que se concedieron los préstamos examinados, los costes medios de producción de CE Hunedoara fueron entre un 66 % y un 116 % superiores a los precios a los que se comercializaba la electricidad en el mercado diario, y entre un 50 % y un 121 % superiores a los precios existentes en el mercado centralizado bilateral de la Bolsa de la Electricidad de Rumanía.

(20)

Cabe señalar que, a esos precios de mercado, CE Hunedoara no podía operar de manera rentable durante mucho tiempo, puesto que los precios diarios y los precios de futuro eran inferiores a sus costes de producción. En un mercado de la electricidad competitivo, cabría esperar que cualquier producción se vendiera a un precio superior a sus costes marginales para lograr un margen de beneficio. Sin embargo, excepto en ocasiones puntuales, CE Hunedoara fue claramente incapaz de lograrlo desde su establecimiento, tal y como demuestra el hecho de que no consiguiera reservar suficientes ingresos de explotación para adquirir los certificados de emisiones de CO2 necesarios en 2014 y 2015. Las centrales de carbón suelen operar como centrales energéticas de carga base con un factor de carga del 70 % o superior (18). Sin embargo, los datos sobre la producción de electricidad recogidos en el cuadro 1 indican que el factor de carga de CE Hunedoara fue del 30,8 % en 2013 y 2014 y alcanzó un nivel inferior al 20 % en 2015. Esto puede explicarse por el hecho de que los activos productivos correspondientes a las minas de carbón y las dos centrales eléctricas fusionadas para formar CE Hunedoara en noviembre de 2012 eran los mismos que los explotados anteriormente por las empresas predecesoras que quebraron, sin que se hubieran realizado mejoras tecnológicas o de producción significativas para reducir los costes de producción. Como resultado, CE Hunedoara vendió su producción a un precio medio de 199,22 RON/MWh (aprox. 43 EUR/MWh) en 2013, 167,68 RON/MWh (aprox. 36 EUR/MWh) en 2014 y 181,52 RON/MWh (aprox. 39 EUR/MWh) en 2015 (19) y, al igual que sus predecesoras, no logró generar suficientes beneficios para cubrir tanto los costes de explotación como la deuda, incluida la deuda contraída con entidades públicas, tal y como se indica en el cuadro 2.

(21)

Tal y como se observa en el cuadro 2, en 2012, su primer año de funcionamiento, CE Hunedoara logró un beneficio (ingresos netos) de 37,9 millones RON (aprox. 8,1 millones EUR). Sin embargo, a partir de 2013, cuando se transfirieron las cuatro minas de carbón y la unidad de preparación del carbón conexa, CE Hunedoara empezó a generar pérdidas cada vez más significativas por un importe de 147,6 millones RON (31,7 millones EUR) en 2013 y 352,3 millones RON (76 millones EUR) en 2014, experimentando paralelamente un deterioro de los indicadores financieros relativos a los ingresos de explotación, el nivel de endeudamiento y la liquidez. A finales de 2015, CE Hunedoara tenía un capital negativo de -1 082,6 millones RON (-232,7 millones EUR). A finales de 2017, el capital negativo se había duplicado, alcanzando los -2 842,7 millones RON (-611,18 millones EUR). Desde 2013, los resultados de explotación han sido negativos y la empresa no ha tenido flujos de caja libres que destinar a la devolución y los pagos de la deuda financiera, sin incluir la deuda adicional contraída con organismos estatales no comerciales, como las autoridades tributarias.

Cuadro 2

Resultados financieros de CE Hunedoara entre 2012 y 2017

(22)

En abril de 2015, CE Hunedoara ya cumplía los requisitos pertinentes para acogerse a un procedimiento de insolvencia colectivo en virtud de la legislación rumana (20). En enero de 2016, CE Hunedoara se acogió temporalmente a un procedimiento de insolvencia. En marzo de 2016, el administrador concursal de CE Hunedoara publicó un informe («el informe del administrador concursal») con información sobre los pasivos de la empresa, del que se deducía que CE Hunedoara debía alrededor de 2 360 millones RON (aprox. 507,4 millones EUR) a una serie de organismos estatales. Este importe incluía, entre otros, los préstamos cubiertos por la presente Decisión y las sanciones aplicadas por la Agencia de Medio Ambiente debido a la no adquisición de derechos de emisión ni certificados verdes, así como otras deudas contraídas con el Estado o con el presupuesto de la seguridad social. Según Rumanía, la Agencia de Medio Ambiente también solicitó el pago de sumas que le debía CE Hunedoara, al igual que otros acreedores privados.

(23)

Tal y como refleja el capital de CE Hunedoara, la empresa está técnicamente en quiebra, si bien sigue funcionando a expensas de no pagar la mayor parte de sus deudas y sus pasivos fiscales. Según la información facilitada por Rumanía, de conformidad con la normativa nacional aplicable, el proceso de liquidación de CE Hunedoara podría durar un mínimo de tres años si lo iniciara el Estado rumano en su capacidad de accionista y principal acreedor de CE Hunedoara. Hasta la fecha, las solicitudes de insolvencia presentadas ante el Juzgado Nacional de lo Mercantil no han llevado a que se declare la insolvencia permanente de CE Hunedoara.

(24)

En la decisión de incoación, la Comisión examinó cinco préstamos financiados o respaldados por fondos públicos concedidos a CE Hunedoara o que le habían beneficiado en lo relativo a su actividad actual de producción de electricidad y que, a 30 de junio de 2016, representaban una deuda total con el Estado rumano de 337 107 835 RON (aprox. 72,48 millones EUR), incluidos el principal no reembolsado, los intereses, los intereses de demora y otros costes. El cuadro 3 contiene información actualizada facilitada por Rumanía sobre el capital restante debido de esos préstamos a 31 de marzo de 2018.

(25)

Después de que se emitiera la decisión de incoación, las autoridades rumanas facilitaron contratos de préstamo en los que se recogían las siguientes condiciones iniciales principales:

(26)

Este préstamo estaba relacionado con el proyecto de rehabilitación y modernización del bloque energético n.o 3 de CET Mintia.

(27)

Para este fin, en agosto de 1995 la Dirección Autónoma para la Energía Eléctrica RENEL (Regia Autonomă de Electricitate) concertó un préstamo con el Banco Mundial por un importe de 110 000 000 USD, del que posteriormente se cancelaron 33 500 000 USD en febrero de 2001. El 17 de mayo de 2001, cuando el BIRF suspendió el acuerdo, se habían realizado detracciones del crédito por valor de 10 930 016 USD.

(28)

El 31 de mayo de 2002, el BIRF restableció el acuerdo de préstamo con Electrocentrale Deva. Este acuerdo estaba garantizado por el Estado rumano y en él se preveía que Electrocentrale Deva podría disponer de un importe máximo de 69 908 805 USD (del que posteriormente se cancelaron 1 162 752 USD en febrero de 2005).

(29)

La fecha de vencimiento del préstamo era el 1 de noviembre de 2015, y el calendario de pagos preveía un reembolso en plazos bianuales (pagaderos en mayo y noviembre) a lo largo de catorce años a partir de 2002.

(30)

El tipo de interés equivale al coste de los préstamos cualificados y se determina en función del semestre previo más medio punto porcentual; además, para los importes para los que no se habían realizado detracciones del crédito, Electrocentrale Deva también debía abonar una comisión de compromiso del 0,25 %.

(31)

Este préstamo se concertó para financiar el 25 % de un proyecto de mayor envergadura denominado «Centrala Electrică Paroșeni», relacionado con una instalación de desulfuración de gases residuales y el cambio de la tecnología empleada para recoger, transportar y depositar escorias y cenizas. La financiación del resto del proyecto se garantizó a través de un préstamo del BRD [que cubría el 25 % de los costes totales; para más información sobre este préstamo, véase la letra d) que figura a continuación] y un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) (para el 50 % de los costes totales; este préstamo no se abarca en la decisión de incoación).

(32)

A través de un contrato de préstamo celebrado el 3 de diciembre de 2013 entre el BCR y el Ministerio de Hacienda, el BCR concedió un préstamo de inversión a dicho Ministerio, que posteriormente se lo concedió a CE Hunedoara por medio de un acuerdo de préstamo subsidiario celebrado el 5 de diciembre de 2013.

(33)

Tanto el contrato de préstamo como el acuerdo de préstamo subsidiario tenían un principal de 83 485 450 RON (17 950 000 EUR), que inicialmente fue facilitado por el BCR al Ministerio de Hacienda y posteriormente por dicho Ministerio a CE Hunedoara.

(34)

La validez del préstamo era de 15 años, con un período de gracia de 3 años. El calendario de pagos preveía un reembolso a través de 25 plazos bianuales idénticos. El tipo de interés se fijó en un 4,2 % anual.

(35)

Las garantías de este préstamo del BCR, que también servían como garantías para el préstamo del BRD de 14 700 000 EUR (68 369 000 RON) descrito en la letra d) que figura a continuación y para un préstamo conexo del BEI por valor de 32 650 000 EUR (151 855 150 RON) que no se aborda en la decisión de incoación, se establecieron a través de un préstamo hipotecario sobre los bienes inmuebles y los bienes muebles de CE Hunedoara por un valor total de 93 323 204 EUR (417 481 353,09 RON).

(36)

En relación con este préstamo del BCR, CE Hunedoara también debía abonar al Ministerio de Hacienda una comisión de riesgo del 2,5 %, es decir, 448 750 EUR, dividida en 8 tramos idénticos destinados al Fondo de Riesgo para la Deuda Pública Estatal.

(37)

Este préstamo se contrajo con el objetivo de financiar el proyecto «Centrala Electrică Paroșeni».

(38)

A través de un contrato de financiación celebrado el 19 de mayo de 2014 entre el BRD y el Ministerio de Hacienda, el BRD concedió un préstamo a dicho Ministerio, que posteriormente se lo concedió a CE Hunedoara por medio de un acuerdo de préstamo subsidiario celebrado el 5 de junio de 2014.

(39)

Tanto el contrato de financiación como el acuerdo de préstamo subsidiario incluían un principal de 68 371 170 RON (aprox. 14 700 000 EUR), que inicialmente fue facilitado por el BRD al Ministerio de Hacienda y posteriormente por dicho Ministerio a CE Hunedoara.

(40)

La validez del préstamo era de 15 años, con un período de gracia de 3 años. El calendario de pagos preveía un reembolso en 25 plazos bianuales idénticos. El tipo de interés se fijó en un 3,79 % anual.

(41)

Las garantías de este préstamo del BRD, que también servían como garantías para el préstamo del BCR de 17 950 000 EUR (aprox. 83 485 450 RON) descrito anteriormente en la letra c) y para un préstamo conexo del BEI por valor de 32 650 000 EUR (aprox. 151 855 150 EUR) que no se aborda en la decisión de incoación, se establecieron a través de un préstamo hipotecario sobre los bienes inmuebles y los bienes muebles de CE Hunedoara por un valor total de 93 323 204 EUR (aprox. 417 481 353,09 RON).

(42)

En relación con este préstamo del BRD, CE Hunedoara también debía abonar al Ministerio de Hacienda una comisión de riesgo del 2,5 %, es decir, 367 000 EUR, dividida en 8 tramos idénticos destinados al Fondo de Riesgo para la Deuda Pública Estatal.

(43)

El préstamo del BRD y el préstamo del BCR financiaron inversiones en aras del cumplimiento ambiental de la central de Paroșeni (normas de la UE fijadas en la Directiva de emisiones industriales). Estas inversiones no lograron generar un rendimiento adicional ni reducir los costes de producción, con miras a facilitar ingresos de explotación adicionales para la devolución de los préstamos. Únicamente fueron un requisito para que la central siguiera operando. En realidad, el recurso a préstamos privados concedidos al Estado rumano y posteriormente facilitados por este último para financiar el cumplimiento ambiental entre 2013 y 2014 siguió el antecedente de un caso en el que Rumanía había otorgado subvenciones para el mismo tipo de instalaciones (desulfuración de gases de combustión) a otras centrales de energía térmica en 2010 (CE Turceni) y 2011 (CE Craiova II), en cuyo marco se celebraron intercambios con las autoridades rumanas en 2012 (21). Por tanto, parece apropiado considerar que el préstamo del BRD y el préstamo del BCR transferidos por el Estado y destinados a financiar el cumplimiento ambiental realmente fueron subvenciones, al igual que los préstamos predecesores concedidos a otras centrales eléctricas en 2011 y 2012.

(44)

En virtud de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 11, de 13 de mayo de 2015, relativa a la concesión de un préstamo para CE Hunedoara SA, el 9 de junio de 2015 se celebró un acuerdo de préstamo entre el Ministerio de Hacienda, CE Hunedoara y el Ministerio de Energía, Pymes y Entorno Empresarial.

(45)

A través de dicho acuerdo, se concedió a CE Hunedoara un préstamo con un principal de 34 785 015 RON (aprox. 7 478 778 EUR). Este préstamo se utilizó para devolver la ayuda incompatible a la que se hace referencia en el considerando 5.

(46)

El préstamo tenía una validez de 90 días, de modo que su fecha de vencimiento era el 8 de septiembre de 2015. El tipo de interés acordado para el préstamo se fijó en el valor del ROBOR a 3 meses más un 5 %, es decir, un 6,27 % anual, y se decidió que se mantendría fijo durante todo el período del préstamo.

(47)

De conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 11 de 13 de mayo de 2015, se determinó que las garantías tendrían un valor de 49 380 000 RON (aprox. 10 616 700 EUR), es decir, el 120 % del préstamo.

(48)

En virtud de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 22, de 24 de junio de 2015, relativa a la concesión de un préstamo para CE Hunedoara SA, el 14 de julio de 2015 se celebró un acuerdo de préstamo entre el Ministerio de Hacienda, CE Hunedoara y el Ministerio de Energía, Pymes y Entorno Empresarial.

(49)

Dicho acuerdo de préstamo preveía la concesión de un principal de 167 000 000 RON (aprox. 35 905 000 EUR) para CE Hunedoara dividido en dos tramos: el primero, por valor de 98 476 900 RON (aprox. 21 172 533 EUR), se concedió el 20 de julio de 2015; y el segundo, por valor de 68 523 100 RON (aprox. 14 732 466 EUR), finalmente no se concedió debido a que CE Hunedoara no devolvió otro préstamo concedido en virtud de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 11/2015 relacionado con la devolución prevista en la Decisión sobre la ayuda incompatible [véase la letra d)].

(50)

El préstamo para la ayuda de salvamento tenía una validez de seis meses, es decir, entre abril y septiembre de 2015; sin embargo, por los motivos anteriormente aducidos, CE Hunedoara solo recibió el primer tramo.

(51)

El tipo de interés acordado para el préstamo se fijó en el valor del ROBOR a 6 meses más un 5 %, es decir, un 6,57 % anual, y se decidió que se mantendría fijo durante todo el período del préstamo.

(52)

De conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia n.o 22 de 24 de junio de 2015, se determinó que las garantías tendrían un valor de 123 960 000 RON (aprox. 26 651 400 EUR), es decir, el 120 % del préstamo.

(53)

En la decisión de incoación, la Comisión concluyó de manera preliminar que los cinco préstamos financiados o respaldados con fondos públicos concedidos a CE Hunedoara o en beneficio de esta última podrían constituir ayuda estatal según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, para los que, a 30 de junio de 2016, todavía había un importe pendiente de 337 millones RON (aprox. 73 millones EUR).

(54)

En la decisión de incoación, la Comisión también manifestó dudas sobre el hecho de que se cumplieran los requisitos de compatibilidad con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE para la ayuda de reestructuración previstos en las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración. La Comisión señaló que las autoridades rumanas no habían presentado un plan de reestructuración válido ni un plan de liquidación claro para la empresa dentro de un plazo razonable, y no era posible detectar ninguna contribución identificable y válida realizada por CE Hunedoara para los costes de reestructuración, ni tampoco medidas que limitaran el falseamiento de la competencia, que constituyen requisitos para que la ayuda de reestructuración cumpla lo previsto en las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración. Por último, CE Hunedoara no había devuelto ni la ayuda de salvamento ni el préstamo que le permitieron devolver ayudas incompatibles previas.

(55)

En la decisión de incoación, con miras a determinar si CE Hunedoara habría podido recibir los préstamos examinados en los mercados financieros y si se facilitaron en condiciones de mercado, la Comisión solicitó a Rumanía que presentara

(56)

En sus observaciones sobre la decisión de incoación de la Comisión, Rumanía presentó la información y los comentarios que se recogen a continuación.

(57)

Debido a sus dificultades financieras, desde el pago fraccionado que debía realizar en noviembre de 2014, CE Hunedoara no pudo seguir realizando los pagos y pidió a su garante, el Ministerio de Hacienda, que se ocupara de los pagos pendientes.

(58)

El Ministerio de Hacienda, en tanto que garante de CE Hunedoara, realizó los tres pagos restantes (noviembre de 2014, mayo de 2015 y noviembre de 2015) y calculó las sanciones y los intereses de demora que aplicaría a CE Hunedoara. La deuda pendiente de CE Hunedoara con el Ministerio de Hacienda a 31 de marzo de 2018 (que consta de los tres pagos y las sanciones y los intereses correspondientes) era de 60 711 568 RON (aprox. 13 052 987 EUR).

(59)

En octubre de 2015, debido a sus dificultades financieras, CE Hunedoara informó al Ministerio de Hacienda de que no sería capaz de seguir realizando los pagos. A 31 de diciembre de 2017, CE Hunedoara debía al Ministerio de Hacienda un total de 5 343 411 EUR (aprox. 24 853 078 RON), correspondiente a los importes debidos en tanto que principal, intereses y comisión de riesgo más una suma adicional de 564 163 EUR (aprox. 2 763 553 RON) en forma de intereses por demora y sanciones.

(60)

A 31 de marzo de 2018, del importe principal de 17 950 000 EUR (aprox. 83 485 450 RON) se había devuelto una suma de 2 154 000 EUR (aprox. 10 018 254 RON) y, por tanto, todavía quedaba pendiente un total de 15 796 000 EUR (aprox. 73 467 196 RON).

(61)

En febrero de 2016, debido a sus dificultades financieras, CE Hunedoara informó al Ministerio de Hacienda de que no sería capaz de seguir realizando los pagos. A 31 de marzo de 2018, CE Hunedoara debía al Ministerio de Hacienda un total de 3 000 357 EUR (aprox. 13 955 150 RON), correspondiente a los importes debidos en tanto que principal, intereses, comisión de riesgo, intereses de demora y sanciones.

(62)

A 31 de marzo de 2018, del importe principal de 14 700 000 EUR (aprox. 68 371 170 RON) se había devuelto una suma de 1 764 000 EUR (aprox. 8 204 364 RON) y, por tanto, todavía quedaba pendiente un total de 12 936 000 EUR (aprox. 60 166 806 RON).

(63)

El 8 de septiembre de 2015, cuando venció el préstamo sin que se hubiera devuelto, el Ministerio de Hacienda había calculado y acumulado intereses de demora por cada día de retraso. El 31 de marzo de 2018, la deuda pendiente de CE Hunedoara relacionada con este préstamo era de 42 339 794,26 RON (aprox. 9 103 055 EUR), formada por un principal de 34 785 015 RON (aprox. 7 478 778 EUR), intereses de préstamo por valor de 545 255,11 RON (aprox. 117 229 EUR) e intereses de demora por valor de 7 009 525,58 RON (aprox. 1 507 048 EUR).

(64)

Del total de 98 476 900 RON (aprox. 21 172 533 EUR) correspondiente al primer tramo, CE Hunedoara solamente utilizó 93 450 841,17 RON (aprox. 20 091 930 EUR) y devolvió la diferencia de 5 026 058,86 RON (aprox. 1 080 602 EUR) al Ministerio de Hacienda. El 31 de marzo de 2018, la deuda pendiente de CE Hunedoara relacionada con este préstamo era de 112 579 946,05 RON (aprox. 24 204 688 EUR), formada por un principal de 93 450 841,17 RON (aprox. 20 091 930 EUR), intereses de préstamo por valor de 3 306 854,30 RON (aprox. 710 973 EUR) e intereses de demora por valor de 15 822 250,68 RON (aprox. 3 401 783 EUR).

Cuadro 3

Información de Rumanía sobre el capital y los importes debidos pendientes a 31 de marzo de 2018 en relación con los cinco préstamos

(65)

En primer lugar, Rumanía ofreció una aclaración sobre el préstamo para la ayuda de salvamento aprobado a través de la Decisión de la Comisión de 21 de abril de 2015. Como también se indica en la decisión de incoación, cuando se aprobó el préstamo para el salvamento Rumanía se había comprometido a presentar, a más tardar seis meses después de la fecha en que se emitió la Decisión relativa a la ayuda de salvamento, uno de los siguientes documentos: i) la prueba de que el préstamo se había devuelto, ii) un plan de reestructuración válido o iii) un plan de liquidación fundamentado en el que se detallaran los pasos previstos para la liquidación de CE Hunedoara dentro de un plazo razonable, sin ayudas adicionales. En este sentido, Rumanía confirmó que ha optado por la alternativa de reestructurar CE Hunedoara.

(66)

En segundo lugar, en cuanto a la decisión de incoación, Rumanía señaló que, en su opinión, el préstamo para la ayuda de salvamento aprobado en virtud de la Decisión relativa a la ayuda de salvamento no concedía ninguna ventaja económica real para el beneficiario (es decir, CE Hunedoara). Rumanía afirmó que el préstamo se había concedido con arreglo a las condiciones existentes en el mercado bancario, en concreto en virtud de un análisis económico-financiero llevado a cabo por EximBank; además, las garantías impuestas por la Autoridad Fiscal Nacional tuvieron en cuenta el valor de mercado de la garantía, que cubría al menos el 120 % del valor del préstamo.

(67)

En tercer lugar, en cuanto al proceso de liquidación de CE Hunedoara y a la separación judicial entre la actividad empresarial de extracción de carbón y la actividad empresarial de producción de electricidad, Rumanía explicó que: i) la falta de recursos financieros, ii) el hecho de que CE Hunedoara se acogiera temporalmente a procesos de insolvencia a petición propia en dos ocasiones durante 2016 y posteriormente ambos fueran cancelados, y iii) el hecho de que, cuando Rumanía presentó su solicitud, los tribunales nacionales todavía no hubieran adoptado ninguna decisión sobre otra petición de iniciar procedimientos de insolvencia son motivos que impedían la separación judicial entre la extracción de carbón y la producción de electricidad.

(68)

Rumanía explicó que la separación judicial requiere la realización de determinados pasos de procedimiento previstos en la legislación y que, sin la intervención de terceras partes interesadas, el proceso normalmente duraría entre 6 y 9 meses. Además, señaló que no obstante se realiza una contabilidad independiente para las actividades de extracción de carbón y las de producción de electricidad y que la ayuda de salvamento se emplearía exclusivamente para las actividades energéticas, tal y como también se había indicado en la notificación de la ayuda de salvamento.

(69)

En cuarto lugar, en lo relativo a la decisión de incoación sobre las condiciones para la ayuda a los proveedores de servicios de interés económico general, Rumanía informó de que CE Hunedoara sería la proveedora de servicios indispensables para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, lo que en realidad concedería a CE Hunedoara el derecho a recibir compensación con arreglo a las disposiciones jurídicas en vigor (22). En este sentido, Rumanía añadió que la información necesaria para definir el servicio de interés económico general, su asignación, el cálculo de la compensación y su duración había empezado a facilitarse a la Comisión en 2016, y que el proceso estaba casi finalizado.

(70)

En quinto lugar, Rumanía también informó de que los estudios llevados a cabo por la Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA preveían que el cese de las dos centrales eléctricas de Mintia y Paroșeni tendría un efecto negativo para el sistema nacional de energía eléctrica.

(71)

En sexto lugar, según las estimaciones de Rumanía, cabría esperar que en un futuro próximo dejen de estar disponibles otras unidades de producción de energía eléctrica debido a la entrada en vigor de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión (23).

(72)

Sin embargo, Rumanía no ha facilitado información que demuestre que las autoridades rumanas o los agentes del mercado llevaran a cabo una evaluación previa antes de que se concedieran los préstamos, ni tampoco ha suministrado pruebas justificativas de la compatibilidad de los préstamos con las normas sobre la ayuda estatal.

(73)

En sus observaciones sobre la decisión de incoación, Rumanía no rebatió que el préstamo para la ayuda de salvamento, el préstamo concedido para devolver la ayuda incompatible y los otros tres préstamos constituyen recursos estatales y son imputables al Estado.

(74)

La presente Decisión se refiere a los cinco préstamos financiados o respaldados por fondos públicos descritos en la sección 2.4.

(75)

Debe entenderse sin perjuicio de la evaluación de cualesquiera otras medidas de apoyo facilitadas a CE Hunedoara. Se incluyen aquí, en concreto, los aplazamientos o las cancelaciones de deuda por parte de organismos públicos en beneficio directo de CE Hunedoara recogidos en la decisión de incoación, así como las cancelaciones o renuncias previas de deudas públicas contraídas por la Companiei Naționale a Huilei SA Petroșani antes de su liquidación, en caso de que se determinara que CE Hunedoara es la sucesora económica de dicha empresa.

(76)

En primer lugar, la Comisión examinará si estas cinco medidas implican ayuda estatal según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. A continuación, estudiará si la ayuda ya se ha ejecutado y si podría ser compatible con el mercado interior.

(77)

A modo de observación preliminar, la Comisión se muestra en desacuerdo con las observaciones de Rumanía sobre los préstamos del BCR y del BRD. En primer lugar, si bien Rumanía realmente devolvió una parte del importe principal respectivamente al BCR y al BRD (en calidad de prestatario), esto no es cierto para CE Hunedoara, puesto que dicha empresa no devolvió ninguna parte del importe principal (de los préstamos subordinados) al Estado rumano, de modo que, en realidad, sigue pendiente de pago la totalidad del capital original (de los préstamos subordinados) y no solo parte de él. En segundo lugar, la Comisión también se muestra en desacuerdo con las observaciones de Rumanía sobre las sumas debidas al Ministerio de Hacienda a 31 de marzo de 2018 respecto de esos dos préstamos; de hecho, tal y como se explica más adelante, la Comisión considera que la totalidad de los importes principales de los préstamos del BCR y el BRD (subordinados) (y no solamente los pagos principales que debían realizarse antes del 31 de marzo de 2018 en virtud del calendario de pagos) ya son debidos en su totalidad por CE Hunedoara al Estado rumano.

(78)

En virtud de lo previsto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(79)

Por consiguiente, para que una medida pueda calificarse como ayuda según su definición en esta disposición, es necesario que se cumplan todos los requisitos siguientes: i) la medida debe ser imputable al Estado y estar financiada con cargo a recursos estatales; ii) debe conceder una ventaja a su beneficiario; iii) dicha ventaja debe ser selectiva; y iv) la medida no debe falsear ni amenazar con falsear la competencia ni afectar al comercio entre Estados miembros.

(80)

Tal y como ha determinado el Tribunal de Justicia (24), para que una medida se considere como ayuda estatal según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE: a) debe financiarse con cargo a recursos estatales, bien directamente o de manera indirecta a través de un organismo intermediario que actúe en virtud de las competencias que se le hayan asignado, y b) debe ser imputable al Estado. La noción de Estado miembro incluye a las autoridades públicas de todos los niveles, independientemente de que se trate de una autoridad nacional, regional o local (25).

(81)

En cuanto al préstamo del BIRF, Rumanía explicó que había sido el resultado de un acuerdo firmado el 31 de mayo de 2002 entre el BIRF y Electrocentrale Deva, la predecesora jurídica de CE Hunedoara. Este acuerdo de préstamo tenía como garante al Gobierno rumano. En virtud de la jurisprudencia aplicable (26), la creación de un riesgo concreto consistente en imponer al Estado una carga adicional en el futuro, a través de una garantía o de una oferta contractual, es suficiente para los fines del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Por tanto, la garantía del préstamo del BIRF incluía recursos con cargo al presupuesto del Estado.

(82)

En cuanto al préstamo del BCR, Rumanía confirmó que era resultado de un contrato celebrado el 3 de diciembre de 2013 entre el BCR y el Ministerio de Hacienda para financiar una cuarta parte del proyecto de inversión «Centrala Electrică Paroșeni». Posteriormente, ese préstamo se otorgó a CE Hunedoara a través de un acuerdo de préstamo subsidiario concertado el 5 de diciembre de 2013. Por tanto, el acuerdo de préstamo subsidiario (relacionado con el préstamo del BCR recibido por el Estado rumano) se ofreció a CE Hunedoara con cargo a recursos procedentes del presupuesto del Estado.

(83)

En cuanto al préstamo del BRD, Rumanía confirmó que se trataba del resultado de un acuerdo firmado el 19 de mayo de 2014 entre el BRD y el Ministerio de Hacienda. Este préstamo fue concedido por el BRD al prestatario, quien posteriormente se lo facilitó a CE Hunedoara a través de un acuerdo de préstamo subsidiario celebrado el 5 de junio de 2014 para financiar otra cuarta parte del proyecto «Centrala Electrică Paroșeni». Por tanto, el acuerdo de préstamo subsidiario (relacionado con el préstamo del BRD celebrado por el Estado rumano) se ofreció a CE Hunedoara con cargo a recursos procedentes del presupuesto del Estado.

(84)

El préstamo para la ayuda de salvamento, incluida la parte pospuesta y no devuelta, y el préstamo para devolver la ayuda incompatible implican recursos estatales, puesto que se facilitaron con cargo a fondos reservados y extraídos del presupuesto del Estado.

(85)

Los diversos actos a través de los que el Ministerio de Hacienda contrajo, subordinó o garantizó los préstamos concedidos a CE Hunedoara, tanto por iniciativa propia, a través de los poderes estatales que le habían sido concedidos o bajo las instrucciones del Consejo de Ministros de Rumanía, son imputables al Estado rumano.

(86)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que estos cinco préstamos implican recursos estatales y son imputables al Estado rumano.

(87)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE requiere que para que una medida se califique de ayuda estatal debe favorecer a determinadas empresas o producciones. Los préstamos o las garantías concedidos directa o indirectamente por el Estado pueden favorecer a la empresa beneficiaria en aquellos casos en que facilitan financiación que el beneficiario no podría encontrar en mercados financieros en las mismas condiciones, o en cualquier circunstancia. Para verificar si una empresa se ha beneficiado de una ventaja económica, la Comisión aplica como criterio el principio del operador en una economía de mercado (POEM). En virtud de este principio, la evaluación se centra en la transacción desde la perspectiva de un hipotético acreedor/inversor privado prudente que se encuentra en una situación lo más similar posible a la del Estado (27).

(88)

En el caso que nos ocupa, el Estado rumano es tanto un acreedor como el principal accionista de CE Hunedoara. En este contexto, Rumanía podría facilitar o garantizar un préstamo o una garantía acorde al POEM de manera independiente si los términos en los que se concede el préstamo están en línea con las condiciones de mercado, siempre que exista una probabilidad de devolución o aumento de los beneficios para el accionista por otra vía.

(89)

Por consiguiente, la evaluación de las condiciones en las que un accionista concede préstamos debe tener en cuenta los posibles beneficios del riesgo que el accionista podría esperar razonablemente en su capacidad de accionista. En el caso examinado, resulta obvio que, habida cuenta de: i) las cifras financieras de CE Hunedoara recogidas en el cuadro 2, ii) los costes marginales de producción de CE Hunedoara sustancialmente superiores a los precios de mercado y iii) el historial de las empresas predecesoras, el Estado rumano o cualquier inversor de mercado en una situación similar a la del Estado no podría esperar posibles beneficios en forma de dividendos o ganancia de capital como resultado de su participación en CE Hunedoara desde 2013.

(90)

En primer lugar, para los tres préstamos del BIRF, el BCR y el BRD contraídos o garantizados por el Ministerio de Hacienda de Rumanía en beneficio de CE Hunedoara, deben tenerse en cuenta para la evaluación la situación financiera de la empresa y el historial de sus predecesoras, tal y como habría examinado cualquier prestamista o inversor de mercado prudente. Incluso antes de abril de 2015, cuando se informó de que CE Hunedoara no lograba recibir financiación en condiciones de mercado, la empresa había generado pérdidas de manera continuada desde su primer año de funcionamiento pleno integrando las minas de carbón y la producción de electricidad dentro de una misma empresa.

(91)

En segundo lugar, en cuanto al préstamo para devolver la ayuda incompatible, en la decisión de incoación se indicó que se confería a CE Hunedoara una ventaja económica de una naturaleza similar (a la relacionada con el préstamo de salvamento) como empresa sucesora explotadora de los activos de producción de electricidad de Electrocentrale Paroșeni y Electrocentrale Deva a través de la ayuda estatal a la que se refiere la Decisión relativa a la ayuda incompatible adoptada el 20 de abril de 2015 y, por deducción, a través del préstamo público concedido a CE Hunedoara para su devolución. El préstamo para devolver la ayuda incompatible se concedió en un momento en el que, según Rumanía, CE Hunedoara cumplía los criterios para acogerse a un procedimiento de insolvencia en virtud de la legislación rumana y, por consiguiente, puede descartarse que la empresa pudiera haber encontrado esa financiación en condiciones de mercado.

(92)

En tercer lugar, en cuanto al préstamo para la ayuda de salvamento, en la decisión de incoación se señala que las autoridades rumanas declararon que CE Hunedoara era incapaz de obtenerlo a partir de bancos comerciales y, de manera más general, reconocieron que facilitaba una ventaja (selectiva) (28). La parte ampliada y aún no devuelta del préstamo para la ayuda de salvamento en posesión de CE Hunedoara también conlleva una ventaja económica que la empresa no podría obtener en condiciones de mercado, por ejemplo, al refinanciar y devolver la parte no devuelta de un préstamo recibido de un banco comercial.

(93)

En sus observaciones sobre la decisión de incoación, Rumanía afirmó que su intención había sido en realidad reestructurar CE Hunedoara y transformar el préstamo de salvamento en parte de una ayuda de reestructuración. Sin embargo, la Comisión observa que Rumanía no ha presentado un plan de reestructuración válido acorde a las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración y que la mera intención de llevar a cabo una reestructuración no elimina la ventaja concedida por el préstamo para la ayuda de salvamento, puesto que dicho préstamo no se devolvió en los seis meses posteriores a la concesión de la ayuda.

(94)

Por consiguiente, Rumanía indicó en sus observaciones sobre la decisión de incoación que el préstamo de salvamento se había concedido en las «condiciones existentes en el mercado bancario», según el análisis de dicho mercado realizado por EximBank, y que se habían facilitado activos de garantía. No obstante, se demostró que esta afirmación no era cierta simplemente debido a que CE Hunedoara no había conseguido dicho préstamo a partir de bancos comerciales, tal y como se indica en los considerandos 100 y 101 de la presente Decisión. Además, Rumanía no ha facilitado el análisis de los riesgos crediticios de EximBank.

(95)

En cuarto lugar, tampoco las empresas predecesoras de CE Hunedoara lograron cumplir con sus obligaciones, ya que en el momento de la liquidación existía un impago de más de 1 200 millones EUR. Al tratarse de una empresa de reciente creación, y a pesar de que se le había eximido de la mayor parte de las obligaciones de Electrocentrale Paroșeni, Electrocentrale Deva y la Companiei Naționale a Huilei SA Petroșani, CE Hunedoara carecía de un historial crediticio fiable y sólido; esta inexistencia genera la reticencia de los prestamistas de mercado a financiar operaciones. De hecho, los cinco préstamos estudiados se concedieron con cargo a recursos pertenecientes al presupuesto del Estado (véase la sección 4.1.1). Por el contrario, no hay pruebas de ningún acreedor de mercado privado que haya facilitado préstamos a CE Hunedoara en una medida comparable. A pesar de que en la decisión de incoación se invitara a Rumanía a facilitar pruebas de ofertas de préstamo realizadas por instituciones financieras o bancos de mercado a CE Hunedoara entre 2012 y 2016, especificando si se solicitaba una garantía estatal o pública, no se han presentado este tipo de ofertas ni pruebas de evaluación positiva por parte de prestamistas de mercado.

(96)

En quinto lugar, tal y como se explica en el considerando 20, los activos productivos de CE Hunedoara eran los explotados anteriormente por las empresas predecesoras, sin que se realizara ninguna mejora productiva o tecnológica que permitiera a las partes interesadas prever razonablemente unas ventas superiores o más remunerativas de electricidad y calor en el mercado de la electricidad de Rumanía. No es posible que las autoridades rumanas, que eran tanto las propietarias plenas de CE Hunedoara y sus predecesoras como su principal acreedor, desconocieran la incapacidad estructural de CE Hunedoara para generar suficientes beneficios de explotación que le permitieran cumplir con sus obligaciones. Facilitaron, con cargo al presupuesto del Estado, fondos que CE Hunedoara no habría podido obtener en el mercado financiero en ningún caso.

(97)

Estos cinco hechos influyen en la capacidad crediticia de CE Hunedoara y hacen que sea poco probable que, sin la intervención del Estado, CE Hunedoara hubiera encontrado prestamistas en condiciones de mercado que confiaran en que dicha empresa devolvería los préstamos. También es improbable que Rumanía previera recibir beneficios de su participación en CE Hunedoara, especialmente a partir de los fondos perdidos al facilitar préstamos a CE Hunedoara en mejores condiciones que las del mercado.

(98)

En conclusión, parece que los préstamos examinados han favorecido a CE Hunedoara. De hecho, CE Hunedoara era un prestatario con un historial crediticio deficiente debido a sus predecesoras insolventes y liquidadas, y en 2012-2013, cuando se creó, carecía de historial crediticio. CE Hunedoara experimentaba un aumento de las pérdidas de explotación que desde 2013-2014 le impedía seguir devolviendo la deuda y que finalmente le impidió cumplir con sus obligaciones, lo que hizo que en 2015 la empresa pudiera acogerse a un procedimiento de insolvencia. Además, no hay indicios de que las autoridades rumanas adoptaran a tiempo medidas que un acreedor diligente habría tomado para recuperar la deuda, como exigir al prestatario que devolviera los préstamos o solicitar una ejecución forzada de pagos para las devoluciones no realizadas. A pesar de que en enero de 2016 se presentó una declaración de insolvencia respecto de CE Hunedoara (véase el considerando 22), hasta la fecha no ha dado lugar a ninguna devolución efectiva. Debido a la complicada situación financiera de la empresa y a la reducida probabilidad de devolución en el momento en que se concedieron o ampliaron los préstamos, estos concedieron una ventaja económica a CE Hunedoara en forma de financiación y fondos que no habría podido obtener en el mercado.

(99)

Por lo que se refiere a la cuantificación de esta ventaja económica, en el considerando 34 de la decisión de incoación la Comisión se refirió a la sentencia del Tribunal General en el asunto Larko (29) al indicar que, cuando los prestatarios se encuentran en una situación financiera delicada, en concreto debido a una disminución del volumen de negocio, a un capital negativo o a la incapacidad para devolver préstamos con cargo a sus propios fondos, la ventaja económica integrada en un préstamo podría corresponder al valor total de los fondos prestados, incluso si el Estado únicamente actúa como garante. Las autoridades rumanas no han facilitado pruebas de que CE Hunedoara tuviera acceso a financiación de mercado en condiciones de mercado que demuestren que CE Hunedoara buscara dicha financiación sin ayuda estatal, y mucho menos que la consiguiera.

(100)

Tal y como se indica en el considerando 43, el préstamo del BRD y el préstamo del BCR transferidos por el Estado rumano para financiar el cumplimiento ambiental entre 2013 y 2014 siguieron el antecedente de casos en los que Rumanía había facilitado subvenciones para el mismo tipo de instalaciones (desulfuración de gases de combustión) a otras centrales de energía térmica en 2010 (CE Turceni) y 2011 (CE Craiova II) y decidiera poner fin a la práctica de facilitar este tipo de subvenciones como instrumento de ayuda. Sin embargo, debido a las características, el objetivo y la situación financiera de CE Hunedoara, parece apropiado considerar que el préstamo del BRD y el préstamo del BCR transferidos por el Estado y destinados a financiar el cumplimiento ambiental eran en realidad subvenciones, a pesar de que se calificaran jurídicamente como préstamos.

(101)

Asimismo, el hecho de que el BRD y el BCR recurrieran al Estado rumano para que transfiriera los préstamos concedidos indica que estos bancos privados no deseaban asumir ningún riesgo de liquidez en lo relativo a CE Hunedoara, puesto que consideraban el impago de la devolución como un hecho casi seguro.

(102)

Por tanto, habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluye que los cinco préstamos concedidos a CE Hunedoara facilitaron una ventaja económica y que dicha ventaja corresponde al importe total del principal de los préstamos en el momento en que se concedieron.

(103)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE requiere que para que una medida se califique de ayuda estatal debe favorecer «a determinadas empresas o producciones». La Comisión señala que los cinco préstamos se facilitaron de manera específica a CE Hunedoara para respaldar su funcionamiento continuado en situaciones concretas que requerían inversiones destinadas al cumplimiento ambiental, los costes de explotación o la devolución de ayuda incompatible, y que no formaban parte de una medida más amplia de política económica general destinada a facilitar apoyo a empresas en una situación jurídica y económica similar que llevaran a cabo actividades de producción de electricidad o en otros sectores económicos. Por consiguiente, la Comisión concluye que estos préstamos son selectivos según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(104)

Cuando una ayuda concedida por un Estado miembro refuerza la posición de una empresa en comparación con otras que compiten en el mercado comercial de la UE, se considerará que estas otras empresas se ven afectadas por dicha ayuda (30). Basta con que el beneficiario de la ayuda compita con otras empresas en mercados abiertos a la competencia (31).

(105)

CE Hunedoara suministra electricidad y calor en Rumanía. En virtud de la normativa de la Unión aplicable en lo relativo al mercado interior de la electricidad (32), los proveedores de electricidad disponen de libertad para establecer sus operaciones y buscar clientes en Rumanía. De hecho, una serie de competidores de Rumanía (por ejemplo, SN Nuclearelectrica o SN Hidroelectrica) y de otros Estados miembros (por ejemplo, CEZ o Alpiq) ya lo han hecho. La Comisión señala que, actualmente, el sistema eléctrico de Rumanía está interconectado con los sistemas eléctricos de Bulgaria y de Hungría, de modo que los flujos de electricidad se producen en dichos Estados miembros y se comercian entre ellos.

(106)

Por consiguiente, la Comisión concluye que los préstamos examinados podrían afectar al comercio dentro de la UE o falsear o amenazar con falsear la competencia en el mercado interior.

(107)

La Comisión concluye, basándose en los argumentos anteriormente presentados, que el préstamo del BIRF garantizado por el Estado rumano para CE Hunedoara, los préstamos del BCR y el BRD contraídos en beneficio de CE Hunedoara, el préstamo concedido para devolver la ayuda previa incompatible y el préstamo para la ayuda de salvamento, incluida la parte ampliada y no devuelta, constituyen ayuda estatal según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(108)

El acuerdo de préstamo del BIRF garantizado por el Estado en beneficio de CE Hunedoara se firmó el 31 de mayo de 2002 con Electrocentrale Deva, una de las predecesoras jurídicas de CE Hunedoara, de modo que se hizo antes de que Rumanía entrara en la Unión Europea en 2007; por tanto, el préstamo del BIRF era legal, incluso si se determinara que implicó ayuda estatal. Por consiguiente, los pagos realizados por el Estado en tanto que garante, incluso si se ejecutaron después de la adhesión, representan ayuda previa y, por lo tanto, no son ilegales, sin perjuicio de la calificación en el marco de las normas sobre ayuda estatal de la posible futura incapacidad del Estado al ejercer posteriormente su derecho de recurso contra CE Hunedoara.

(109)

Sin embargo, el préstamo del BCR, el préstamo del BRD y el préstamo concedido para devolver la ayuda incompatible constituyen ayuda estatal según su definición en el artículo 107, apartado 1, del TFUE y, puesto que se abonaron en incumplimiento del artículo 108, apartado 3, del TFUE, constituyen ayuda estatal ilegal.

(110)

El préstamo para la ayuda de salvamento sobre el que la Comisión no presentó objeciones en su Decisión relativa a la ayuda de salvamento de 21 de abril de 2015 no se activó antes de la Decisión de la Comisión y, por consiguiente, no constituyó ayuda estatal ilegal. Sin embargo, su excesiva ampliación y su no devolución una vez concluido con creces el período de seis meses para el que se había concedido hacen que la ampliación fuera ilegal.

(111)

La Comisión debe evaluar si las medidas de ayuda anteriormente descritas pueden ser compatibles con el mercado interior. En virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es el Estado miembro quien debe invocar posibles motivos de compatibilidad y demostrar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la misma (33). Excepto inicialmente en lo relativo al préstamo para la ayuda de salvamento y su ampliación después del plazo de seis meses a partir de la Decisión de la Comisión de 21 de abril de 2015 y al préstamo del BIRF que no era notificable por concederse antes de la entrada de Rumanía en la Unión Europea, Rumanía no ha notificado el préstamo concedido para devolver la ayuda compatible, el préstamo del BCR ni el préstamo del BRD, ni tampoco ha aducido posibles motivos de compatibilidad con el mercado interior.

(112)

Según indica la información disponible, y tal y como se observa en la decisión de incoación, la Comisión considera que el único motivo de compatibilidad para las medidas evaluadas serían las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración. Estas Directrices incluyen normas y requisitos para evaluar la compatibilidad de las ayudas de salvamento y reestructuración facilitadas a empresas en crisis con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(113)

En virtud de lo previsto en los apartados 137 y 138 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración, «la Comisión examinará la compatibilidad con el mercado interior de toda ayuda de salvamento o de reestructuración que se conceda sin su autorización y, por lo tanto, infringiendo el artículo 108, apartado 3, del [TFUE] con arreglo a las presentes Directrices, cuando la ayuda, o una parte de ella, se haya concedido después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea» y, «en los demás casos, la Comisión las examinará con arreglo a las Directrices aplicables en el momento de la concesión de la ayuda».

(114)

El préstamo para la ayuda de salvamento y el préstamo concedido para devolver la ayuda incompatible se concedieron después de la entrada en vigor de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración el 1 de agosto de 2014. Por consiguiente, las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración son aplicables a estos dos préstamos.

(115)

Además, los préstamos del BCR y el BRD no se notificaron a la Comisión, incumpliéndose de tal modo el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Por consiguiente, e incluso si estos dos préstamos se concedieron antes del 1 de agosto de 2014, puesto que deben evaluarse conjuntamente como parte de una misma operación a través de la que se facilitó ayuda para una empresa en crisis, las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración también se aplican a los préstamos del BCR y del BRD.

(116)

Solo pueden recibir ayudas de salvamento y reestructuración las empresas en crisis, tal y como se definen en el apartado 20 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración, que no lleven a cabo actividades en los sectores financiero, del carbón y del acero, según se definen en el apartado 16 de las Directrices. Tal y como se indica en la Decisión relativa a la ayuda de salvamento, CE Hunedoara ya cumplía en abril de 2015 los criterios para acogerse al procedimiento de insolvencia colectivo establecido en el apartado 20, letra c), de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración, y de hecho la empresa inició dicho procedimiento en enero de 2016 (véase el considerando 22). Por consiguiente, CE Hunedoara puede considerarse como empresa en crisis según su definición en las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración.

(117)

En primer lugar, la Comisión señala que Rumanía no ha facilitado pruebas sobre el posible cumplimiento de los requisitos de compatibilidad para las ayudas de salvamento y reestructuración previstos en las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración.

(118)

En cuanto al préstamo del BCR, el préstamo del BRD y el préstamo concedido para devolver la ayuda incompatible, en lo sucesivo la Comisión los analizará conjuntamente, puesto que se concedieron a una empresa en crisis como inversión o ayuda para la explotación que permitió a CE Hunedoara cubrir sus costes careciendo de acceso a los mercados financieros (véase el considerando 99). Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que no se cumplen los requisitos de compatibilidad para las ayudas de reestructuración previstos en las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración por los siguientes motivos: i) el plan de reestructuración (presentado en octubre de 2015 y modificado en enero de 2016) no era inicialmente válido debido a que no podía garantizar la viabilidad a largo plazo de CE Hunedoara sin una ayuda continuada adicional, y no se ha aplicado; ii) no existe contribución propia apreciable de CE Hunedoara según lo previsto en los apartados 62 a 64 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración; y iii) no se han podido identificar medidas para limitar el falseamiento de la competencia acordes a los apartados 74 a 86 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración.

(119)

En cuanto a los apartados 99 a 103 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración, incluso si prevén requisitos especiales para las ayudas concedidas a prestadores de servicios de interés económico general en crisis, la Comisión opina que los préstamos evaluados no pueden analizarse ni tenerse en cuenta como compensación por la prestación de este tipo de servicios, según se indica en el apartado 100 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración. En primer lugar, no se afirma ni se establece que CE Hunedoara haya estado operando sobre la base de actos de asignación válidos en los que se especifique una diferencia justificable en comparación con la producción de electricidad por parte de otros productores de electricidad que llevan a cabo actividades en Rumanía; en virtud de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (34), la existencia de un acto de asignación válido es un requisito esencial para que la ayuda estatal sea considerada como compensación válida de un servicio de interés económico general. En segundo lugar, los préstamos examinados se facilitaron como préstamos específicos para fines concretos, y no en relación con costes adicionales identificables y justificados derivados de la prestación de servicios. En tercer lugar, los importes de los préstamos no se fijaron, ni individualmente ni en su conjunto, en función de parámetros objetivos previamente establecidos y calibrados específicamente para los costes concretos del servicio de interés económico general teniendo en cuenta todos los ingresos y costes de CE Hunedoara. Por consiguiente, la Comisión no puede determinar, con arreglo a los apartados 100 y 101 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración, que estos préstamos deben considerarse como compensaciones válidas según lo previsto en la Decisión sobre los servicios de interés económico general (35) y en el marco de los servicios de interés económico general (36).

(120)

Rumanía tampoco ha cumplido su compromiso de realizar una separación judicial entre las minas de carbón y la producción de electricidad dentro de CE Hunedoara, contraído en el momento en que se aprobó la ayuda de salvamento y que, según la información facilitada, tardaría entre seis y nueve meses en cumplirse. Dos minas de carbón reciben actualmente ayuda de explotación para el cierre según lo previsto en la Decisión relativa a la segunda ayuda para las minas de carbón (considerando 12). Rumanía afirmó en sus observaciones a la decisión de incoación que se mantiene una contabilidad independiente para las actividades de minería y las de producción de electricidad; sin embargo, la contabilidad diferenciada no impide por sí sola la financiación cruzada de la actividad minera. Rumanía no demostró que no se produjera financiación cruzada, por ejemplo, presentando pruebas de que el empleo de la ayuda estatal solo beneficia a la actividad de producción de electricidad. En ausencia de estas pruebas necesarias, no es posible descartar la posibilidad de que algunos de los préstamos cubiertos por la presente Decisión hayan beneficiado directa o indirectamente a las minas de carbón de CE Hunedoara, en incumplimiento del apartado 16 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración, que excluye al sector del carbón de las ayudas de salvamento y desarrollo.

(121)

Por último, cabe señalar que los fondos del préstamo concedido para devolver la ayuda incompatible siguen estando a disposición de CE Hunedoara. En virtud del principio Deggendorf (37), la acumulación de un préstamo no devuelto concedido para devolver la ayuda incompatible previa con los otros tres préstamos impide considerar la posible ayuda de reestructuración para CE Hunedoara compatible con el mercado interior de conformidad con el apartado 94 de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración. No obstante, a pesar de recibir ayuda estatal a través de los préstamos examinados en la medida en que no han sido devueltos, CE Hunedoara sigue operando en detrimento de los competidores.

(122)

Para concluir, habida cuenta de lo anteriormente señalado, la Comisión considera que los préstamos del BCR y el BRD contraídos en beneficio de CE Hunedoara, evaluados conjuntamente con la ampliación excesiva del préstamo para la ayuda de salvamento que lo transformó en un préstamo de reestructuración y el préstamo concedido para devolver la ayuda incompatible, son incompatibles con el mercado interior.

(123)

En cuanto al préstamo para la ayuda de salvamento, según lo previsto en el apartado 55, letra d), de las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración, Rumanía se comprometió a presentar, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de emisión de la Decisión relativa a la ayuda de salvamento o de desembolso del primer tramo (considerando 54 de la Decisión relativa la ayuda de salvamento), pruebas que demostraran que el préstamo se había devuelto, un plan de reestructuración válido o un plan de liquidación fundamentado en el que se describieran medidas destinadas a la liquidación de CE Hunedoara dentro de un plazo razonable, sin ayudas adicionales. Rumanía incumplió este compromiso por los siguientes motivos: i) el préstamo de salvamento no se ha devuelto íntegramente y ii) se informó a Rumanía de que el plan de reestructuración (presentado por Rumanía en octubre de 2015 y modificado en enero de 2016) no garantizaba que CE Hunedoara pudiera lograr una viabilidad a largo plazo sin seguir recibiendo ayuda de manera continuada.

(124)

Además de todo lo anterior, la Comisión señala que el plazo para la liquidación de CE Hunedoara, de una duración mínima de tres años según la información facilitada por Rumanía en mayo de 2017 (1,5 años después de concluido el plazo que finaliza en octubre de 2015, es decir, seis meses después de que se concediera la ayuda de salvamento aprobada a través de la Decisión relativa a la ayuda de salvamento), parece excesivo.

(125)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluye que la ampliación del préstamo para la ayuda de salvamento es incompatible con el mercado interior.

(126)

Con arreglo a lo previsto en el TFUE y en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la Comisión dispone de competencias para decidir que el Estado miembro implicado debe eliminar o modificar una ayuda que se haya declarado incompatible con el mercado interior (38). El Tribunal también ha señalado en repetidas ocasiones que la obligación de un Estado miembro de eliminar una ayuda que la Comisión considera incompatible con el mercado interior tiene como finalidad restablecer la situación que existía antes de su concesión (39).

(127)

En este contexto, el Tribunal de Justicia ha determinado que este objetivo se logra cuando el beneficiario ha devuelto los importes concedidos a través de una ayuda ilegal, eliminándose de tal modo la ventaja de que había disfrutado en comparación con sus competidores en el mercado, y se ha restablecido la situación existente antes de que se abonara la ayuda (40).

(128)

En este sentido, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (41) establece que «cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […]».

(129)

Por lo tanto, i) el préstamo del BCR, ii) el préstamo del BRD, iii) el préstamo para devolver la ayuda incompatible y iv) el préstamo para la ayuda de salvamento (que pasó a ser ilegal cuando la ayuda de salvamento no se devolvió una vez pasados seis meses desde su concesión o desembolso) se ejecutaron en incumplimiento del artículo 108, apartado 3, del TFUE, se consideran ayuda ilegal e incompatible y deben recuperarse con miras a restablecer la situación existente en el mercado antes de que se concedieran. La recuperación debe abarcar el período de tiempo transcurrido desde que se concediera la ventaja al beneficiario, es decir, cuando se le facilitó ilegalmente la ayuda a través del importe principal de los préstamos, hasta su recuperación efectiva, y las sumas recuperadas deben incluir los intereses aplicables hasta la recuperación efectiva. Los intereses de recuperación son distintos de los intereses contractuales, los intereses por demora u otras cantidades relacionadas con los préstamos examinados que CE Hunedoara debe al Estado.

(130)

De conformidad con la jurisprudencia reiterada, la insolvencia del beneficiario y su incapacidad para devolver la ayuda no constituyen un motivo válido para eximirle de su obligación de devolver la ayuda (42). En este caso, en principio es posible restablecer la situación existente antes del pago de la ayuda y eliminar el falseamiento de la competencia al registrar el pasivo relacionado con la devolución de la ayuda en la lista de pasivos como parte del procedimiento de liquidación supervisado por el tribunal. Cuando un Estado miembro es incapaz de recuperar el importe íntegro de la ayuda, la inclusión del pasivo en esa lista puede representar el cumplimiento de la obligación de recuperación si el procedimiento de insolvencia conlleva la liquidación de la empresa que recibió la ayuda ilegal, es decir, el cese definitivo de sus actividades (43). La liquidación de CE Hunedoara en caso de que no se recupere la ayuda de salvamento dentro de los seis meses posteriores a su aprobación o desembolso también se contempla en las Directrices sobre las ayudas de salvamento y reestructuración y en la Decisión relativa a la ayuda de salvamento [considerandos 20, 21 y 52, letra d)].

(131)

La Comisión toma nota de los debates celebrados recientemente con Rumanía en los que se determinó que la liquidación de CE Hunedoara podría llevar a la liquidación y venta de sus activos para el cumplimiento de los pasivos, incluidos los derivados de la ejecución de la recuperación impuesta a Rumanía como resultado de la presente Decisión. En cualquier caso, las autoridades rumanas confirmaron la existencia de disposiciones jurídicas en la legislación nacional que garantizarían la continuación del funcionamiento y mencionaron en este sentido la Ley n.o 123 de 10 de julio de 2012 relativa a la energía eléctrica y el gas natural, especialmente el capítulo sobre seguridad y protección.

(132)

En el contexto de una liquidación y teniendo en cuenta su obligación jurídica de garantizar la continuidad del suministro, Rumanía podría prever la adopción de medidas destinadas a evitar alteraciones repentinas del suministro de electricidad y calor para la región en que CE Hunedoara opera y presta servicios. Sin embargo, dichas medidas deben ser proporcionadas, razonables y limitadas en el tiempo, y el alcance a lo indispensable para mantener el valor de los activos de producción de electricidad. En aplicación de la presente Decisión, debe informarse previamente a la Comisión y esta última debe estar en una posición que le permita verificar el cumplimiento de estos requisitos. Por consiguiente, la presente Decisión debe entenderse por lo general sin perjuicio de las medidas apropiadas que deban adoptarse y del proceso relativo a la transferencia de los activos de producción de electricidad.

(133)

Además, tal y como se indicó en la videoconferencia celebrada el 31 de julio de 2018 (véase el considerando 3), Rumanía ha expresado su intención de adoptar una medida adecuada para proceder con la transferencia de los activos de producción de electricidad de CE Hunedoara a Companie Nouă (NewCo), empresa que aún no se ha constituido. Se prevé que este proceso se lleve a cabo a través de una Ordenanza Gubernamental de Urgencia mediante la que se realizaría una «dación en pago» (en rumano, «dare în plată») de tres fases únicamente para los activos relacionados con la generación de electricidad, es decir, sin las minas. Según se indica en las actas acordadas con Rumanía, este proceso incluiría las siguientes partes:

(134)

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio de esta transferencia de activos a través de la Ordenanza Gubernamental de Urgencia, a condición de que la transferencia anteriormente descrita sea llevada a cabo por las autoridades rumanas de conformidad con los requisitos jurídicos aplicables, incluida en particular una valoración adecuada de los activos.

(135)

Por consiguiente, la Comisión concluye que Rumanía ha concedido a CE Hunedoara una ayuda estatal ilegal incompatible con el mercado interior que debe recuperarse.