(1)

El 29 de noviembre de 2012, el Consejo adoptó una Decisión por la que autorizaba a la Comisión a entablar negociaciones con Japón sobre un acuerdo de libre comercio.

(2)

Las negociaciones para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una Asociación Económica (en lo sucesivo, «Acuerdo») concluyeron satisfactoriamente y el Acuerdo fue firmado el 17 de julio de 2018.

(3)

(4)

La Directiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) dispone que los productos preenvasados solo pueden comercializarse en la Unión si están preenvasados en las cantidades nominales indicadas en el punto 1 del anexo de dicha Directiva. Tratándose de las bebidas espirituosas, el punto 1 del anexo de la Directiva 2007/45/CE indica nueve cantidades nominales comprendidas entre 100 ml y 2 000 ml. Entre ellas no figuran las cantidades de 720 ml ni 1 800 ml, cantidades nominales en las que el shochu de destilación única producido en alambique se embotella y se comercializa en Japón.

(5)

(6)

La excepción a la Directiva 2007/45/CE debe establecerse mediante una modificación del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), con el fin de garantizar que el shochu de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón pueda comercializarse simultáneamente en el todos los Estados miembros en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo.

(7)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 110/2008 en consecuencia.

(8)

Para garantizar la aplicación del Acuerdo por lo que respecta a la comercialización en la Unión de shochu de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

(1)

La Unión puede respaldar los esfuerzos de los Estados miembros, a petición de estos, por mejorar su capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión.

(2)

El programa de apoyo a las reformas estructurales (en lo sucesivo, «programa») se estableció con el objetivo de reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y ejecutar reformas administrativas y estructurales favorables al crecimiento de interés para la Unión, también mediante la prestación de asistencia en el uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión. La ayuda concedida en el marco del programa se presta por la Comisión, a petición de un Estado miembro, y puede abarcar una amplia gama de ámbitos de actuación. Desarrollar economías resilientes, así como una sociedad resiliente, sustentadas en sólidas estructuras económicas, sociales y territoriales que permitan a los Estados miembros amortiguar con eficiencia los impactos y recuperarse rápidamente de ellos contribuye a la cohesión económica y social, y libera el potencial de crecimiento. Los Estados miembros deben fomentar, de conformidad con su marco jurídico, una contribución y una participación adecuadas de la administración pública nacional y regional y de los interesados. La aplicación de reformas institucionales, administrativas y estructurales favorables al crecimiento, que son importantes para los Estados miembros, y la asunción sobre el terreno como propias de las reformas estructurales de interés para la Unión son instrumentos importantes para lograr dichos desarrollos.

(3)

La comunicación efectiva de las acciones y actividades del programa y sus resultados a escala de la Unión, nacional y regional, según corresponda, es esencial para concienciar sobre los logros del programa, para garantizar la visibilidad y para proporcionar información sobre sus efectos sobre el terreno.

(4)

Dado que la demanda de ayuda podría superar la financiación del programa, el Estado miembro interesado, cuando sea indicado, debe establecer un orden de prioridades en relación con las solicitudes durante el procedimiento de solicitud de ayuda. En ese contexto, debe prestarse atención a las solicitudes de ayuda relacionadas con el Semestre Europeo y los ámbitos de actuación relacionados con la cohesión, la innovación, el empleo y el crecimiento inteligente y sostenible. El programa debe complementar otros instrumentos a fin de evitar solapamientos.

(5)

Dado que el programa no proporciona financiación a los Estados miembros, sino únicamente un apoyo técnico, no tiene por objeto sustituir ni remplazar la financiación procedente de los presupuestos nacionales.

(6)

Los Estados miembros han recurrido de forma creciente a las ayudas contempladas en el programa, superando con creces las expectativas iniciales. Basándose en su valor estimado, las solicitudes de ayuda recibidas por la Comisión durante el ciclo de 2017 superaron considerablemente la asignación anual disponible. Durante el ciclo de 2018, el valor estimado de solicitudes recibidas fue cinco veces superior a los recursos financieros disponibles para ese año. Casi todos los Estados miembros han solicitado ayuda en el marco del programa y las solicitudes se reparten entre todos los ámbitos de actuación abarcados por el programa.

(7)

Fortalecer la cohesión económica y social por medio de reformas estructurales que redunden en beneficio de la Unión, y que estén en consonancia con sus principios y valores, es esencial para apoyar la resiliencia económica así como una participación exitosa y una mayor convergencia real en la Unión Económica y Monetaria, garantizando la estabilidad y la prosperidad de la Unión a largo plazo. Ello es igualmente importante para los Estados miembros cuya moneda no es el euro en su preparación para ingresar en la zona del euro y para los Estados miembros participantes en la zona del euro.

(8)

Conviene, por tanto, hacer hincapié en el objetivo general del programa, en el contexto de su contribución a responder a los desafíos económicos y sociales, según el cual el refuerzo de la cohesión económica y social, la competitividad, la productividad, el crecimiento sostenible, la creación de empleo, la inversión y la inclusión social también podrían contribuir a los preparativos para la futura participación en la zona del euro de aquellos Estados miembros cuya moneda no es el euro.

(9)

Con objeto de perseguir los objetivos generales y específicos, y en el marco de las acciones subvencionables que se deben financiar con cargo al programa, procede indicar que las acciones y actividades del programa también deben poder apoyar las reformas susceptibles de ayudar a los Estados miembros en su preparación para incorporarse a la zona del euro, respetando al mismo tiempo el principio de igualdad de trato de todos los Estados miembros.

(10)

A fin de atender a la creciente demanda de ayuda procedente de los Estados miembros, y habida cuenta de la necesidad de apoyar la aplicación de las reformas estructurales de interés para la Unión, incluidos los Estados miembros cuya moneda no es el euro en su preparación para incorporarse a la zona del euro, debe incrementarse la asignación financiera del programa hasta alcanzar un nivel suficiente que permita a la Unión prestar ayuda que satisfaga las necesidades de los Estados miembros solicitantes y que se utilice de conformidad con una buena gestión financiera. Ese incremento no debe afectar negativamente a las demás prioridades de la política de cohesión. Asimismo, no debe obligarse a los Estados miembros a transferir sus asignaciones nacionales y regionales de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

(11)

Con el fin de ofrecer ayuda de calidad a la mayor brevedad posible, la Comisión debe poder utilizar una parte de la dotación financiera también para financiar el coste de las actividades que contribuyen al programa, tales como los gastos relativos al control de la calidad, al seguimiento y a la evaluación de los proyectos sobre el terreno. Estas actividades son importantes para garantizar la eficiencia de la ejecución de los proyectos.

(12)

Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) debe modificarse en consecuencia.

(13)

A fin de garantizar la rápida aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

El fomento de un desarrollo armonioso, sostenible e integrador del mercado interior como un espacio en el que bienes, personas, servicios y capitales puedan circular libremente y con seguridad constituye una de las prioridades de la Unión.

(2)

La reintroducción en la economía de las ganancias obtenidas de forma ilícita y el desvío de dinero para financiar actividades ilícitas generan distorsiones y desventajas competitivas injustas a aquellos ciudadanos y empresas que respetan la ley y suponen, por tanto, una amenaza para el funcionamiento del mercado interior. Por otra parte, esas prácticas fomentan actividades delictivas y terroristas que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos de la Unión. En consecuencia, la Unión ha llevado a cabo actuaciones para protegerse.

(3)

Uno de los principales pilares de las actuaciones llevadas a cabo por la Unión fue la Directiva 91/308/CEE del Consejo (3), que establecía una serie de medidas y obligaciones dirigidas a las instituciones financieras, a las personas jurídicas y a determinados profesionales en materia, entre otras, de transparencia y mantenimiento de registros, así como disposiciones encaminadas a verificar la identidad de los clientes, y establecía además la obligación de informar a las unidades de inteligencia financiera (en lo sucesivo, «UIF») sobre las operaciones sospechosas. Las UIF se crearon como plataformas centrales para evaluar dichas operaciones, interactuar con sus homólogos en otros países y, en su caso, ponerse en contacto con las autoridades judiciales. La Directiva 91/308/CEE ha sido modificada posteriormente y sustituida por medidas sucesivas. Las disposiciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales se establecen, en la actualidad, en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(4)

Ante el riesgo de que la aplicación de la Directiva 91/308/CEE provocara un aumento de movimientos de efectivo con fines ilícitos, lo que podría suponer una amenaza para el sistema financiero y el mercado interior, dicha Directiva se complementó con el Reglamento (CE) n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Dicho Reglamento está destinado a evitar y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mediante el establecimiento de un sistema de controles aplicables a las personas físicas que entren o salgan de la Unión transportando efectivo o efectos negociables al portador por importes iguales o superiores a 10 000 EUR, o su equivalente en otras monedas. La expresión «entrada o salida de la Unión» debe definirse tomando como referencia el territorio de la Unión según se define en el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con el fin de garantizar que el presente Reglamento tenga el ámbito de aplicación más amplio posible y que no queden áreas exentas de su aplicación que brinden la oportunidad de eludir los controles aplicables.

(5)

El Reglamento (CE) n.o 1889/2005 implementó en la Comunidad las normas internacionales sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

(6)

El GAFI, instituido en la cumbre del G7 celebrada en París en 1989, es un organismo intergubernamental que establece normas y promueve la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Varios Estados miembros son miembros del GAFI o están representados en él a través de organismos regionales. La Unión, representada en el GAFI por la Comisión, se ha comprometido a aplicar de forma efectiva las recomendaciones del GAFI. La Recomendación n.o 32 del GAFI, relativa al transporte de efectivo, especifica que se debe contar con medidas para la aplicación de controles adecuados sobre los movimientos transfronterizos de efectivo.

(7)

La Directiva (UE) 2015/849 determina y describe una serie de actividades delictivas cuyas ganancias podrían ser objeto de blanqueo de capitales o utilizarse para la financiación del terrorismo. Las ganancias derivadas de dichas actividades delictivas son transportadas, a menudo, a través de las fronteras exteriores de la Unión con el fin de blanquearlas o de utilizarlas en la financiación del terrorismo. El presente Reglamento debe tener en cuenta ese fenómeno y establecer un sistema de normas que, además de contribuir a la prevención del blanqueo de capitales —y especialmente de delitos subyacentes como los fiscales según se definen en el Derecho nacional— y de la financiación del terrorismo como tales, facilite la prevención, detección e investigación de las actividades delictivas definidas en la Directiva (UE) 2015/849.

(8)

Se han producido avances en la comprensión de los mecanismos utilizados para la transferencia transfronteriza de valores adquiridos de forma ilícita. Como consecuencia, las recomendaciones del GAFI han sido actualizadas, la Directiva (UE) 2015/849 ha introducido cambios en el marco jurídico de la Unión y se han desarrollado mejores prácticas nuevas. A la luz de esta evolución y sobre la base de la evaluación de la legislación vigente de la Unión, es necesario modificar el Reglamento (CE) n.o 1889/2005. Ahora bien, dada la amplitud de las modificaciones que serían necesarias, procede derogar el Reglamento (CE) n.o 1889/2005 y sustituirlo por uno nuevo.

(9)

El presente Reglamento no afecta a la facultad de los Estados miembros para establecer, con arreglo a sus respectivas normativas nacionales, controles nacionales adicionales sobre los movimientos de efectivo dentro de la Unión, a condición de que dichos controles respeten las libertades fundamentales de la Unión, en particular los artículos 63 y 65 del TFUE.

(10)

Un conjunto de normas de la Unión que permita establecer controles de efectivo equiparables dentro de la Unión facilitaría enormemente los esfuerzos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

(11)

El presente Reglamento no afecta a las medidas adoptadas por la Unión o los Estados miembros con arreglo al artículo 66 del TFUE para restringir aquellos movimientos de capitales que causen, o amenacen causar, dificultades graves para el funcionamiento de la unión económica y monetaria o con arreglo a los artículos 143 y 144 del TFUE en caso de crisis súbita en la balanza de pagos.

(12)

Teniendo en cuenta su presencia en las fronteras exteriores de la Unión, su pericia en la realización de controles de pasajeros y de mercancías que cruzan las fronteras exteriores y la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1889/2005, las autoridades aduaneras deben continuar actuando en calidad de autoridades competentes a los efectos del presente Reglamento. Al mismo tiempo, es preciso que los Estados miembros sigan pudiendo designar a otras autoridades nacionales de las fronteras exteriores para que actúen como autoridades competentes. Los Estados miembros deben seguir ofreciendo al personal de las autoridades aduaneras y de otras autoridades nacionales una formación adecuada para la realización de esos controles, que incluya el blanqueo de capitales mediante efectivo.

(13)

Uno de los conceptos clave utilizado en el presente Reglamento es el de «efectivo», cuya definición debe incluir cuatro categorías: dinero en metálico, efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez y algunos tipos de tarjetas de prepago. Habida cuenta de sus características, es probable que determinados efectos negociables al portador, y materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez, y tarjetas de prepago que no estén vinculadas a una cuenta bancaria y que pueden esconder cantidades de dinero difíciles de detectar, se utilicen en sustitución del dinero en metálico como medios anónimos de transferencia de valor a través de las fronteras exteriores, de un modo que resulta imposible de rastrear por las autoridades públicas mediante el sistema de supervisión tradicional. Por consiguiente, en el presente Reglamento se deben disponer los elementos esenciales de la definición de «efectivo», facultando al mismo tiempo a la Comisión para modificar los elementos no esenciales del presente Reglamento en respuesta a los intentos de los delincuentes y de sus cómplices de eludir una medida que solo permita controlar un tipo de depósito de valor de gran liquidez transportando otro tipo de valor a través de las fronteras exteriores. Si se demuestra que se ha producido un comportamiento de este tipo a una escala considerable, es esencial adoptar con rapidez medidas que remedien la situación. A pesar del elevado riesgo que representan las monedas virtuales, tal como se pone de manifiesto en el informe de la Comisión de 26 de junio de 2017 sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas, las autoridades aduaneras no tienen competencia para controlarlas.

(14)

Los efectos negociables al portador permiten al portador físico exigir el pago de una cantidad sin quedar registrado ni mencionar su nombre. Pueden utilizarse fácilmente para transferir importes considerables y presentan marcadas similitudes con el dinero en metálico en términos de liquidez, anonimato y riesgos de abuso.

(15)

Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez tienen una elevada ratio valor/volumen, en relación con las cuales existe un mercado de negociación internacional fácilmente accesible que permite convertirlas en dinero en metálico con unos costes de transacción exiguos. Estas materias primas se presentan en su mayoría de forma normalizada, lo que permite la rápida comprobación de su valor.

(16)

Las tarjetas de prepago son tarjetas no nominativas que almacenan o brindan acceso a valor monetario o fondos que pueden utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para obtener dinero en metálico. No están vinculadas a una cuenta bancaria. Las tarjetas de prepago incluyen las tarjetas de prepago anónimas a que se hace referencia en la Directiva (UE) 2015/849. Estos instrumentos son ampliamente utilizados con diversas finalidades legítimas y algunos de ellos presentan además un claro interés social. Tales tarjetas de prepago son fáciles de transferir y se pueden utilizar para transferir valor considerable a través de las fronteras exteriores. Así pues, resulta necesario incluir las tarjetas de prepago en la definición de efectivo, especialmente si estas pueden adquirirse sin que se apliquen los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente. Ello debe permitir ampliar la posibilidad de aplicar controles a determinados tipos de tarjetas de prepago, habida cuenta de la tecnología disponible, si así lo justifican las pruebas, siempre que se amplíen tales controles teniendo debidamente en cuenta la proporcionalidad y la aplicabilidad práctica.

(17)

Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, debe imponerse a las personas físicas que entren o salgan de la Unión la obligación de declarar el efectivo. Con el fin de no limitar de forma indebida la libre circulación ni imponer a los ciudadanos y las autoridades excesivas formalidades administrativas, conviene que esta obligación se limite a un umbral de 10 000 EUR. Debe ser aplicable a los portadores que lleven consigo tales importes, en su equipaje o en el medio de transporte en el que crucen las fronteras exteriores. Deben estar obligados a poner el efectivo a disposición de las autoridades competentes para su control y, de ser necesario, a presentarlo a esas autoridades. Debe entenderse que la definición de «portador» no incluye a aquellos transportistas que se dedican al transporte profesional de mercancías o de personas.

(18)

Por lo que se refiere a los movimientos de efectivo no acompañado, por ejemplo, el efectivo que entre o salga de la Unión en envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado o carga en contenedores, las autoridades competentes deben tener la potestad de exigir al remitente o al destinatario, o a su representante, que cumplimente una declaración informativa, de forma sistemática o caso por caso, de acuerdo con los procedimientos nacionales. Dicha información debe incluir una serie de datos, que no constan en los documentos habitualmente presentados en aduana, como los documentos de transporte y las declaraciones en aduana. Esos datos son el origen, el destino, la procedencia económica y el uso al que se vaya a destinar el efectivo. La obligación de informar del efectivo no acompañado debe limitarse a un umbral idéntico al impuesto en relación con el efectivo transportado por portadores.

(19)

Una serie de elementos de datos normalizados sobre los movimientos de efectivo, tales como los datos personales del declarante, el propietario o el destinatario, la procedencia económica del efectivo y el uso al que se vaya a destinar, deben registrarse para conseguir los objetivos del presente Reglamento. En particular, es necesario que el declarante, el propietario o el destinatario faciliten sus datos personales tal como consten en sus documentos de identificación, a fin de reducir al mínimo el riesgo de error sobre su identidad y los retrasos imputables a una posible necesidad de efectuar comprobaciones.

(20)

Por lo que respecta a la obligación de declarar el efectivo acompañado y la obligación de informar del efectivo no acompañado, se deben conferir a las autoridades competentes potestades para llevar a cabo todos los controles necesarios en relación con las personas, su equipaje, el medio de transporte en el que cruzan las fronteras exteriores, y cualquier envío o receptáculo no acompañado que cruce esas fronteras y que pueda contener efectivo, o el medio de transporte en el que el envío o receptáculo circulen. En caso de incumplimiento de esas obligaciones, las autoridades competentes deben redactar una declaración de oficio para la ulterior transmisión de la información pertinente a otras autoridades.

(21)

A fin de garantizar su ejecución uniforme por las autoridades competentes, los controles deben basarse principalmente en un análisis de riesgos, con el objetivo de determinar y evaluar los riesgos y desarrollar las contramedidas necesarias.

(22)

La instauración de un marco común de gestión de riesgos no debe impedir que las autoridades competentes realicen inspecciones aleatorias o controles espontáneos siempre que lo consideren necesario.

(23)

Cuando detecten importes de efectivo inferiores al umbral, pero existan indicios de que dicho efectivo puede estar vinculado a actividades delictivas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, las autoridades competentes deben poder registrar, en el caso de efectivo acompañado, información sobre el portador, el propietario y, si se conoce, el destinatario previsto del efectivo, a saber, nombre y apellidos, datos de contacto, datos acerca de la naturaleza y el importe o valor del efectivo, su procedencia económica y el uso al que se vaya a destinar.

(24)

En el caso de efectivo no acompañado, las autoridades competentes deben poder registrar información sobre el declarante, el propietario, el remitente, y el destinatario o destinario previsto del efectivo, incluidos nombre y apellidos, datos de contacto, datos acerca de la naturaleza y el importe o valor del efectivo, su procedencia económica y el uso al que se vaya a destinar.

(25)

Procede transmitir esa información a la UIF del Estado miembro de que se trate, el cual debe garantizar que la UIF transmita, por propia iniciativa o previa petición, cualquier información pertinente a las UIF de los demás Estados miembros. Estas unidades tienen asignada la función de plataforma central en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, encargadas de recibir y procesar información procedente de diversas fuentes, como, por ejemplo, las entidades financieras, y de analizarla a fin de determinar si existen motivos para una investigación más en profundidad, en los que no hayan reparado las autoridades competentes de recabar las declaraciones y realizar los controles de conformidad con el presente Reglamento. Para garantizar el flujo de información eficaz, las UIF deben estar conectadas también al Sistema de información aduanero establecido con arreglo al Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (6) y los datos presentados o intercambiados por las autoridades competentes y las UIF deben ser compatibles y equiparables.

(26)

Ante la importancia para lograr el seguimiento del presente Reglamento reconocida al hecho de contar con un intercambio de información eficaz entre las autoridades competentes —incluidas las UIF dentro del marco jurídico relativo a estas entidades— y la necesidad de reforzar la cooperación entre las UIF de la Unión, la Comisión debe valorar, hasta el 1 de junio de 2019, la posibilidad de establecer un mecanismo común de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(27)

La detección de importes de efectivo inferiores al umbral en los casos en que se observen indicios de actividad delictiva es muy importante en este contexto. Por consiguiente, es preciso que exista también la posibilidad de compartir con las autoridades competentes de otros Estados miembros la información relativa a los importes inferiores al umbral cuando haya indicios de actividad delictiva.

(28)

Puesto que los movimientos de efectivo sujetos a control en virtud del presente Reglamento se producen en las fronteras exteriores y dada la dificultad de actuar una vez que el efectivo ha abandonado el punto de entrada o de salida, con el consiguiente riesgo incluso en el caso de que solo se utilice ilícitamente una mínima cantidad, las autoridades competentes deben poder intervenirlo temporalmente en determinados casos, con sujeción a controles y sopesando las circunstancias que puedan concurrir, en primer lugar, cuando no se haya cumplido la obligación de declaración o de información del efectivo y, en segundo lugar, cuando existan indicios de actividad delictiva, con independencia de la cantidad o de si se trata de efectivo acompañado o no. Habida cuenta de la naturaleza de tal intervención temporal y de la incidencia que pueda tener sobre la libertad de circulación y el derecho de propiedad, el tiempo de intervención debe limitarse al mínimo imprescindible para que otras autoridades competentes puedan determinar si hay motivos para una actuación adicional, como por ejemplo una investigación o incautación del efectivo basadas en otros instrumentos jurídicos. Una decisión de intervención temporal de efectivo con arreglo al presente Reglamento debe ir acompañada de una motivación y describir convenientemente los factores específicos que han dado lugar a dicha medida. Debe existir la posibilidad de prolongar el período de intervención temporal del efectivo en casos específicos y debidamente evaluados, por ejemplo cuando las autoridades competentes se topen con dificultades para obtener información sobre una presunta actividad delictiva (en particular cuando es necesaria la comunicación con un tercer país, han de traducirse documentos o es difícil identificar al remitente o al destinatario y ponerse en contacto con ellos en el caso de efectivo no acompañado). Si, al concluir el período de intervención, no se ha adoptado ninguna decisión de intervención adicional o si la autoridad competente decide que no existen motivos para seguir interviniendo el efectivo, este debe ponerse inmediatamente a disposición, de la persona a quien se intervino temporalmente el efectivo, del portador o del propietario, según el caso.

(29)

Con el fin de aumentar la sensibilización con respecto al presente Reglamento, los Estados miembros deben elaborar, en colaboración con la Comisión, los materiales de información adecuados sobre la obligación de declarar el efectivo o informar de él.

(30)

Es esencial que las autoridades competentes que obtengan información en aplicación del presente Reglamento la transmitan oportunamente a la UIF nacional, para permitirle analizar la información y compararla con otros datos, tal como dispone la Directiva (UE) 2015/849.

(31)

A efectos del presente Reglamento, cuando las autoridades competentes constaten que no se ha declarado el efectivo o no se ha informado de él o existan indicios de actividad delictiva, deben compartir rápidamente esa información con las autoridades competentes de otros Estados miembros a través de los canales adecuados. Ese intercambio de datos se considera proporcionado, ya que las personas que hayan incumplido la obligación de declarar el efectivo o de informar de él y que ya hayan sido aprehendidas en un Estado miembro probablemente elegirían otro Estado miembro de entrada o de salida en el que las autoridades competentes no tuvieran conocimiento de su anterior incumplimiento. Resulta oportuno hacer obligatorio el intercambio de este tipo de información, a fin de garantizar que el presente Reglamento se aplica de modo coherente en los distintos Estados miembros. Cuando existan indicios de que el efectivo está vinculado a una actividad delictiva que pueda afectar negativamente a los intereses financieros de la Unión, esa información debe ponerse también a disposición de la Comisión, de la Fiscalía Europea establecida en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (7) por los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada con arreglo a dicho Reglamento, y de Europol, establecida en virtud del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Para alcanzar los objetivos de prevención y disuasión del presente Reglamento en lo que respecta a la elusión de la obligación de declarar el efectivo o informar de él, resulta oportuno proceder a un intercambio obligatorio entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión de información anonimizada sobre riesgos y de los resultados del análisis de riesgos, de conformidad con las normas que se establezcan en los actos de ejecución adoptados con arreglo al presente Reglamento.

(32)

Debe existir la posibilidad de intercambiar información entre una autoridad competente de un Estado miembro o de la Comisión y las autoridades de un tercer país, siempre que existan garantías adecuadas. Este intercambio solo debe permitirse si se cumplen las disposiciones nacionales y de la Unión aplicables en materia de derechos fundamentales y de transferencia de datos personales, y previa autorización de las autoridades que hayan obtenido originariamente la información. Resulta oportuno que la Comisión sea informada de cualquier caso de intercambio de información efectuado con terceros países con arreglo al presente Reglamento y que informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo.

(33)

Dada la naturaleza de la información recabada y las expectativas legítimas de los portadores y declarantes de que sus datos personales y la información sobre el valor del efectivo que han introducido o sacado de la Unión van a ser tratados de forma confidencial, las autoridades competentes deben ofrecer garantías suficientes para que los agentes que soliciten el acceso a la información guarden el secreto profesional, y proteger dicha información adecuadamente contra el acceso, el uso o la comunicación no autorizados. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento o de la normativa nacional, en particular, en el marco de un procedimiento judicial, dicha información no debe ser revelada sin la autorización de la autoridad que la haya obtenido.

El tratamiento de datos en el marco del presente Reglamento también puede incluir los datos personales y debe llevarse a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión. Los Estados miembros y la Comisión únicamente deben tratar los datos personales de manera compatible con los objetivos del presente Reglamento. Toda recogida, revelación, transmisión, comunicación u otro tratamiento de datos personales dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento debe cumplir los requisitos de los Reglamentos (CE) n.o 45/2001 (9) y (UE) 2016/679 (10) del Parlamento Europeo y del Consejo. El tratamiento de datos personales a efectos del presente Reglamento también debe respetar el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, así como el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal reconocidos en los artículos 7 y 8, respectivamente, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

(34)

A efectos del análisis llevado a cabo por las UIF y con el fin de permitir a las autoridades de otros Estados miembros controlar y hacer cumplir la obligación de declarar el efectivo, en particular en relación con las personas que hayan incumplido con anterioridad dicha obligación, es necesario que los datos contenidos en las declaraciones efectuadas con arreglo al presente Reglamento se almacenen durante un período suficientemente largo. Para que las UIF lleven eficazmente a cabo sus análisis y para que las autoridades competentes controlen y hagan cumplir eficazmente la obligación de declarar el efectivo o de informar de él, el período de conservación de los datos contenidos en las declaraciones efectuadas con arreglo al presente Reglamento no debe exceder de cinco años, con una posible ampliación después de una evaluación exhaustiva de la necesidad y la proporcionalidad de prolongar dicha conservación, que no debe exceder de tres años más.

(35)

Con objeto de fomentar el cumplimiento y disuadir de la elusión, los Estados miembros deben introducir sanciones por incumplimiento de las obligaciones de declarar el efectivo o de informar de él. Las sanciones deben aplicarse exclusivamente en relación con el incumplimiento de la obligación de declarar el efectivo o de informar de él con arreglo al presente Reglamento y no deben tener en cuenta la potencial actividad delictiva vinculada al efectivo, que puede ser objeto de una investigación adicional y de medidas que se excluyen del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, y no deben ir más allá de lo necesario para fomentar el cumplimiento de la normativa. Las sanciones introducidas por los Estados miembros deben tener un efecto disuasorio equivalente en toda la Unión por lo que respecta a las infracciones del presente Reglamento.

(36)

Aunque la mayor parte de los Estados miembros ya utilizan de forma voluntaria un formulario de declaración armonizado —el formulario UE de declaración de medios de pago—, con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los controles y la eficiencia en el tratamiento, la transmisión y el análisis de las declaraciones por parte de las autoridades competentes, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar los modelos de los formularios de declaración de efectivo y de información de efectivo, para determinar los criterios de un marco común de gestión de riesgos, para establecer las normas técnicas para el intercambio de información y el modelo de formulario que debe utilizarse para la transmisión de la información, y para establecer las normas y el formato que vayan a utilizarse para facilitar información estadística a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(37)

Para mejorar la situación actual, caracterizada por la dificultad de acceder a información estadística y por las pocas indicaciones de que se dispone sobre la cantidad de efectivo que los delincuentes pasan clandestinamente a través de las fronteras exteriores de la Unión, es necesario instaurar una cooperación más eficaz mediante el intercambio de información entre las autoridades competentes y entre estas y la Comisión. Para garantizar que dicho intercambio de información sea eficaz y eficiente, la Comisión debe examinar si el sistema instaurado cumple su finalidad o si existen trabas para el intercambio oportuno y directo de la información. Además, la Comisión debe publicar información estadística en su sitio web.

(38)

Con el fin de poder tener en cuenta rápidamente las futuras modificaciones de normas internacionales tales como las establecidas por el GAFI o para hacer frente a la elusión de las disposiciones del presente Reglamento recurriendo a materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez o a tarjetas de prepago, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a las modificaciones del anexo I del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (12). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(39)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión transnacional del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y a las particularidades del mercado interior y sus libertades fundamentales, que solo pueden conseguirse plenamente garantizando que no se impone un trato excesivamente distinto basado en la legislación nacional al efectivo que cruza las fronteras exteriores de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(40)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del TUE y reflejados en la Carta, en particular en su título II.

(41)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001.

(1)

El blanqueo de capitales, así como la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada relacionadas con el mismo siguen siendo problemas importantes a escala de la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero y constituyen una amenaza para el mercado interior y la seguridad interior de la Unión. Para afrontar estos problemas y completar y reforzar también la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), el propósito de la presente Directiva es luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una cooperación transfronteriza más eficaz y rápida entre las autoridades competentes.

(2)

Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional o incluso en el de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Las medidas adoptadas por la Unión para luchar contra el blanqueo de capitales deben, por tanto, ser compatibles con las que se emprendan en los foros internacionales y deben ser, como mínimo, igual de rigurosas.

(3)

En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otras organizaciones y organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los actos jurídicos de la Unión en la materia deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 (en lo sucesivo, «Recomendaciones revisadas del GAFI»). En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, la Unión debe incorporar los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jurídico.

(4)

La Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo (3) establece requisitos en lo relativo a la tipificación de los delitos de blanqueo de capitales. No obstante, dicha Decisión marco no es suficientemente exhaustiva y la actual tipificación del blanqueo de capitales carece de la suficiente coherencia para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales en toda la Unión y da lugar a la existencia de lagunas en materia de ejecución y obstáculos en la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros.

(5)

La definición de las actividades delictivas que constituyen los delitos antecedentes a efectos del blanqueo de capitales debe ser suficientemente uniforme en todos los Estados miembros. Los Estados miembros deben garantizar que todos los delitos castigados con una pena de prisión conforme a lo establecido en la presente Directiva sean considerados delitos antecedentes al blanqueo de capitales. Además, los Estados miembros deben incluir, si no lo estuvieran ya por razón del umbral de pena que lleven aparejada, un catálogo de delitos dentro de cada una de las categorías de delitos enumeradas en la presente Directiva. En ese caso, los Estados miembros deben poder decidir la forma de delimitar el conjunto de delitos dentro de cada categoría. Cuando una categoría de delitos, como el terrorismo o los delitos contra el medio ambiente, incluye delitos previstos en actos jurídicos de la Unión, la presente Directiva debe remitir a dichos actos jurídicos. Los Estados miembros deben, no obstante, considerar cualquier delito establecido en estos actos jurídicos de la Unión como constituyente de un delito antecedente al de blanqueo de capitales. Cualquier tipo de participación punible en la comisión de un delito antecedente, tipificado de conformidad con el Derecho nacional, debe considerarse también como actividad delictiva a efectos de la presente Directiva. En los casos en que el Derecho de la Unión permita a los Estados miembros establecer sanciones distintas de las sanciones penales, la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a clasificar los delitos en tales supuestos como delito antecedente a efectos de la presente Directiva.

(6)

El uso de monedas virtuales presenta nuevos riesgos y desafíos desde la perspectiva de la lucha contra el blanqueo de capitales. Los Estados miembros deben velar por que esos riesgos se aborden adecuadamente.

(7)

Debido al impacto que los delitos de blanqueo de capitales cometidos por quienes ostenten un cargo público producen en la esfera pública y la integridad de las instituciones públicas, los Estados miembros deben poder considerar la posibilidad de prever sanciones más severas para los titulares de cargos públicos según sus respectivos marcos nacionales y de conformidad con sus tradiciones jurídicas.

(8)

Los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos deben estar incluidos en la definición de «actividad delictiva», de acuerdo con las Recomendaciones revisadas del GAFI. Dado que, en cada Estado miembro, diferentes delitos fiscales pueden constituir una actividad delictiva castigada con las sanciones a que se refiere la presente Directiva, las definiciones de los delitos fiscales podrían diferir en el Derecho nacional. No obstante, el objetivo de la presente Directiva no es armonizar las definiciones de los delitos fiscales en el Derecho nacional.

(9)

En los procesos penales sobre blanqueo de capitales, los Estados miembros deben prestarse mutuamente asistencia de la forma más amplia posible y garantizar que la información se intercambie de manera eficaz y en el momento oportuno con arreglo al Derecho nacional y al marco jurídico de la Unión vigente. Las diferencias entre las definiciones de los delitos antecedentes en los Derechos nacionales no deben obstaculizar la cooperación internacional en procesos penales relativos al blanqueo de capitales. La cooperación con terceros países debe intensificarse, en particular alentando y apoyando el establecimiento de medidas efectivas y de mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales y velando por una mejor cooperación internacional en este ámbito.

(10)

La presente Directiva no se aplica al blanqueo de capitales en relación con bienes provenientes de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, el cual está sujeto a normas específicas establecidas en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de los Estados miembros de transponer la presente Directiva y la Directiva (UE) 2017/1371 por medio de un marco global único a escala nacional. De conformidad con el artículo 325, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben adoptar, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.

(11)

Los Estados miembros deben garantizar que determinados tipos de actividades de blanqueo de capitales también sean punibles cuando las cometa el autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes («autoblanqueo»). En tales casos, cuando la actividad de blanqueo de capitales no consista simplemente en la mera posesión o utilización de bienes, sino que también implique la transferencia, la conversión, la ocultación o el encubrimiento de bienes y dé lugar a daños adicionales a los ya causados por la actividad delictiva, por ejemplo, poniendo en circulación los bienes provenientes de la actividad delictiva y, con ello, ocultando su origen ilícito, dicha actividad de blanqueo de capitales debe ser punible.

(12)

A fin de garantizar la eficacia de las medidas penales contra el blanqueo de capitales, debe resultar posible la condena por blanqueo sin que sea necesario determinar con precisión qué actividad delictiva generó los bienes, ni exigir una condena previa o simultánea por dicha actividad delictiva, siempre que se tengan en cuenta todas las circunstancias y pruebas pertinentes. Los Estados miembros deben poder, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos nacionales, velar por ello mediante otros medios distintos de los legislativos. Asimismo, resulta oportuno que la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales no se vean obstaculizados por el hecho de que la actividad delictiva se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer país, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente Directiva.

(13)

La finalidad de la presente Directiva es tipificar como delito el blanqueo de capitales cuando se haya cometido intencionadamente y a sabiendas de que los bienes provenían de una actividad delictiva. En este contexto, la presente Directiva no debe distinguir entre situaciones en las que los bienes hayan sido obtenidos directamente de una actividad delictiva y situaciones en que hayan sido obtenidos indirectamente de una actividad delictiva, en consonancia con la definición amplia del concepto de «producto», tal como se establece en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). En cada caso concreto, al examinar si los bienes provienen de una actividad delictiva y si la persona tenía conocimiento de ello, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas del caso, como por ejemplo el hecho de que el valor de los bienes sea desproporcionado con respecto a los ingresos lícitos de la persona acusada y de que la actividad delictiva y la adquisición de bienes se hayan producido dentro del mismo período de tiempo. La intención y el conocimiento pueden deducirse de circunstancias fácticas objetivas. Puesto que la presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos y a las sanciones en el ámbito del blanqueo de capitales, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener normas penales más estrictas en la materia. Los Estados miembros deben poder, por ejemplo, establecer que el blanqueo de capitales cometido temerariamente o por negligencia grave sea constitutivo de delito. Las referencias de la presente Directiva al blanqueo de capitales cometido por negligencia deben considerarse como tales para los Estados miembros en los que dicha conducta sea punible.

(14)

A fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión, los Estados miembros deben garantizar que sea punible con una pena máxima de privación de libertad de al menos cuatro años. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la determinación a título individual y de la aplicación de sanciones y ejecución de condenas de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso individual. Asimismo, los Estados miembros deben prever sanciones o medidas adicionales, como multas, exclusión temporal o permanente del acceso a la financiación pública, incluidas las licitaciones, subvenciones y concesiones, inhabilitación temporal para ejercer actividades comerciales o la prohibición temporal de ejercer cargos electos o públicos. Dicha obligación se entiende sin perjuicio de la discreción del juez o del tribunal para decidir si se imponen o no sanciones o medidas adicionales, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso de que se trate.

(15)

Si bien no hay obligación de aumentar las penas, los Estados miembros deben garantizar que el juez o el tribunal pueda tener en cuenta las circunstancias agravantes establecidas en la presente Directiva cuando condenen a los autores del delito. Queda a discreción del juez o del tribunal determinar si aumenta la pena como consecuencia de las circunstancias agravantes específicas, teniendo en cuenta todos los hechos del caso de que se trate. Los Estados miembros no deben estar obligados a prever circunstancias agravantes cuando su Derecho nacional disponga que los delitos establecidos en la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo (6), o los delitos cometidos por personas físicas que actúan como entidades obligadas en el ejercicio de sus actividades profesionales, sean punibles como delitos independientes y ello pueda dar lugar a la imposición de penas más graves.

(16)

El embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito eliminan los incentivos financieros que fomentan los actos delictivos. La Directiva 2014/42/UE establece normas mínimas sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en materia penal. La citada Directiva exige asimismo que la Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo de su aplicación y presente propuestas adecuadas, si fuere necesario. Los Estados miembros deben, como mínimo, asegurar el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en todos los casos previstos por la Directiva 2014/42/UE. Los Estados miembros deben, asimismo, plantearse seriamente permitir el decomiso en todos los casos en los que no se pueda incoar o concluir un proceso penal, incluso en los casos en los que el autor del delito ha fallecido. Tal como solicitaron el Parlamento Europeo y el Consejo en la declaración que acompaña a la Directiva 2014/42/UE, la Comisión presentará un informe en el que se analicen la viabilidad y las posibles ventajas de introducir nuevas normas comunes sobre el decomiso de bienes provenientes de actividades de carácter delictivo, incluso en ausencia de condena de una o más personas concretas por tales actividades. Estos análisis tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones jurídicas y los sistemas jurídicos de los Estados miembros.

(17)

Dada la movilidad de los autores y de los productos provenientes de las actividades delictivas, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que resultan necesarias para luchar contra el blanqueo de capitales, todos los Estados miembros deben establecer su jurisdicción, de modo que las autoridades competentes estén facultadas para investigar y perseguir dichas actividades. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que su jurisdicción englobe las situaciones en las que el delito se cometa por medio de tecnologías de la información y la comunicación desde su territorio, con independencia de que dichas tecnologías tengan o no su base en él.

(18)

En virtud de la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo (7) y de la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (8), las autoridades competentes de dos o más Estados miembros que tramiten procesos penales paralelos por los mismos hechos que impliquen a la misma persona deben, con la ayuda de Eurojust, entablar consultas directas entre ellas, en particular para garantizar la persecución penal de todos los delitos cubiertos por la presente Directiva.

(19)

Para garantizar el éxito de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, los responsables de investigar o perseguir tales delitos deben tener la posibilidad de utilizar herramientas de investigación eficaces, como las que se utilizan en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. Por ello debe garantizarse que se dispone de suficiente personal y formación específica, de recursos y de capacidades tecnológicas actualizadas. La utilización de tales herramientas, de conformidad con el Derecho nacional, debe ser selectiva y tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, y respetar el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

(20)

La presente Directiva sustituye, por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por ella, determinadas disposiciones de la Decisión marco 2001/500/JAI.

(21)

La presente Directiva respeta los principios reconocidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los enunciados en sus títulos II, III, V y VI que engloban, entre otros, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan asimismo los requisitos de precisión, claridad y previsibilidad en el Derecho penal, la presunción de inocencia, así como los derechos de los sospechosos y acusados a tener acceso a un abogado, el derecho a no declararse culpable y el derecho a un juicio justo. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con los derechos y principios citados, teniendo también en cuenta el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en virtud del Derecho internacional.

(22)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, someter el blanqueo de capitales en todos los Estados miembros a sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(23)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.

(24)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. La Decisión marco 2001/500/JAI sigue siendo vinculante y aplicable a Dinamarca.

(1)

En la Decisión 2003/17/CE del Consejo (3) se establece que, en determinadas condiciones, las inspecciones sobre el terreno de determinados cultivos productores de semillas en los terceros países enumerados en dicha Decisión deben considerarse equivalentes a las inspecciones realizadas de conformidad con el Derecho de la Unión y que, en determinadas condiciones, las semillas de determinadas especies de plantas forrajeras, cereales, remolacha y plantas oleaginosas y textiles producidas en dichos países han de considerarse equivalentes a las semillas producidas con arreglo a lo dispuesto en el Derecho de la Unión.

(2)

Las autoridades de la República Federativa de Brasil (en lo sucesivo, «Brasil»), presentaron una solicitud a la Comisión para que reconociese la equivalencia de su sistema de inspecciones sobre el terreno de cultivos productores de semillas de plantas forrajeras y de cereales, así como de las semillas de plantas forrajeras y de cereales producidas y certificadas en dicho país.

(3)

La Comisión examinó la legislación de Brasil aplicable y, basándose en una auditoría realizada en 2016 sobre el sistema de controles oficiales y de certificación de semillas de plantas forrajeras y cereales de Brasil y su equivalencia con los requisitos de la Unión, publicó sus conclusiones en un informe titulado «Informe final de una auditoría realizada en Brasil entre el 11 y el 19 de abril de 2016 para evaluar el sistema de controles oficiales y de certificación de semillas y su equivalencia con los requisitos de la Unión Europea».

(4)

A raíz de la auditoría, se ha concluido que las inspecciones sobre el terreno de cultivos productores de semillas, el muestreo, los ensayos y los controles oficiales a posteriori de semillas de plantas forrajeras y cereales se llevan a cabo debidamente, y que cumplen las condiciones establecidas en el anexo II de la Decisión 2003/17/CE y los requisitos correspondientes establecidos en las Directivas 66/401/CEE (4) y 66/402/CEE (5) del Consejo. Por otra parte, se ha llegado a la conclusión de que las autoridades nacionales responsables de la puesta en práctica de la certificación de semillas en Brasil son competentes y funcionan adecuadamente.

(5)

La República de Moldavia presentó una solicitud a la Comisión para que reconociese la equivalencia de su sistema de inspecciones sobre el terreno de cultivos productores de semillas de cereales, hortalizas y plantas oleaginosas y textiles, así como de las semillas de cereales, hortalizas y plantas oleaginosas y textiles producidas y certificadas en dicho país.

(6)

La Comisión examinó la legislación de la República de Moldavia aplicable y, basándose en una auditoría realizada en 2016 sobre el sistema de controles oficiales y de certificación de semillas de cereales, hortalizas y plantas oleaginosas y textiles de la República de Moldavia, y su equivalencia con los requisitos de la Unión, publicó sus conclusiones en un informe titulado «Informe final de una auditoría realizada en la República de Moldavia entre el 14 y el 21 de junio de 2016 para evaluar el sistema de controles oficiales y de certificación de semillas y su equivalencia con los requisitos de la Unión Europea».

(7)

A raíz de la auditoría, se ha concluido que las inspecciones sobre el terreno de cultivos productores de semillas, el muestreo, los ensayos y los controles oficiales a posteriori de semillas de cereales, hortalizas y plantas oleaginosas y textiles se llevan a cabo debidamente, y que cumplen las condiciones establecidas en el anexo II de la Decisión 2003/17/CE y los requisitos correspondientes establecidos en las Directivas 66/402/CEE, 2002/55/CE (6) y 2002/57/CE (7) del Consejo. Por otra parte, se ha llegado a la conclusión de que las autoridades nacionales responsables de la puesta en práctica de la certificación de semillas en la República de Moldavia son competentes y funcionan adecuadamente.

(8)

Procede, por lo tanto, conceder la equivalencia por lo que respecta a las inspecciones sobre el terreno llevadas a cabo respecto de los cultivos productores de semillas de plantas forrajeras y de cereales en Brasil, y por lo que respecta a dichas semillas producidas en este país y certificadas oficialmente por sus autoridades.

(9)

Asimismo, procede conceder la equivalencia por lo que respecta a las inspecciones sobre el terreno llevadas a cabo respecto de los cultivos productores de semillas de cereales, hortalizas y plantas oleaginosas y textiles, así como de las semillas de cereales, hortalizas y plantas oleaginosas y textiles producidas en la República de Moldavia, y por lo que respecta a dichas semillas producidas en este país y certificadas oficialmente por sus autoridades.

(10)

En la Unión hay demanda para importar semillas de plantas hortícolas procedentes de terceros países, como la República de Moldavia. Por lo tanto, la Decisión 2003/17/CE debe incluir las semillas de plantas hortícolas certificadas de forma oficial mencionadas en la Directiva 2002/55/CE, con el fin de responder a la demanda de esas semillas originarias de la República de Moldavia, así como, en el futuro, de otros terceros países.

(11)

Teniendo en cuenta las normas aplicables de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA), conviene que el tercer país de que se trate proporcione una declaración oficial de que se han tomado muestras y realizado ensayos de las semillas de conformidad con lo dispuesto en las normas internacionales ISTA de análisis de semillas (normas ISTA) en lo relativo a los certificados internacionales naranja de lotes de semillas, y que los lotes de semillas vayan acompañados de dicho certificado.

(12)

Teniendo en cuenta el vencimiento del experimento excepcional en materia de muestreo y análisis de semillas que figura en la parte A del anexo V de la Decisión del Consejo de la OCDE, de 28 de septiembre de 2000, sobre los sistemas de la OCDE para la certificación varietal de las semillas destinadas al comercio internacional, debe suprimirse cualquier referencia a dicho experimento.

(13)

Debe suprimirse cualquier referencia a Croacia como tercer país, a raíz de su adhesión a la Unión en 2013.

(14)

Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2003/17/CE en consecuencia.

(1)

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene por finalidad apoyar a los trabajadores que han sido despedidos y a los trabajadores por cuenta propia que han tenido que poner fin a su actividad a causa de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, la continuación de la crisis financiera y económica mundial o una nueva crisis económica y financiera mundial, así como ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)

El FEAG no puede superar la cantidad máxima anual de 150 millones EUR (a precios de 2011), de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (3).

(3)

El 23 de febrero de 2018, los Países Bajos presentaron una solicitud para movilizar el FEAG a raíz de los despidos en veinte empresas que operan en el sector de los servicios financieros en las siguientes regiones: Frisia, Drente y Overijssel en los Países Bajos. Dicha solicitud se completó con información adicional aportada de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1309/2013. La solicitud cumple los requisitos para determinar una contribución financiera del FEAG según establece el artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 1309/2013.

(4)

Procede, por tanto, movilizar el FEAG para proporcionar una contribución financiera de 1 192 500 EUR en respuesta a la solicitud presentada por los Países Bajos.

(5)

Con el fin de reducir al mínimo el tiempo necesario para movilizar el FEAG, la presente Decisión debe aplicarse a partir de la fecha de su adopción.

1)

2)

«d)

apellidos, nombre y dirección de la persona física o nombre y dirección de la empresa u otra organización a que se refiere el artículo 9, apartado 4, letra f);»,

«d)

apellidos, nombre y dirección de la persona física o nombre y dirección de la empresa u otra organización a que se refiere el artículo 9, punto 4), letra f);».

3)

«12)

casos en que no pudieron facilitarse de hecho los datos mencionados en el artículo 9, apartado 6, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda frase;

13)

casos en los que, por razones jurídicas, no sea necesario facilitar los datos mencionados en el artículo 9, apartado 6, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda frase;

14)

casos en que se denegó el visado a una persona que no pudo facilitar de hecho los datos mencionados en el artículo 9, apartado 6, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda frase.»,

«12)

casos en que no pudieron facilitarse de hecho los datos mencionados en el artículo 9, punto 6), de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda frase;

13)

casos en los que, por razones jurídicas, no sea necesario facilitar los datos mencionados en el artículo 9, punto 6), de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda frase;

14)

casos en que se denegó el visado a una persona que no pudo facilitar de hecho los datos mencionados en el artículo 9, punto 6), de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda frase.».

4)

«a)

información sobre la situación del expediente y los datos extraídos del formulario de solicitud, mencionados en el artículo 9, apartados 2 y 4;»,

«a)

información sobre la situación del expediente y los datos extraídos del formulario de solicitud, mencionados en el artículo 9, puntos 2) y 4);».

5)

6)

«b)

los datos extraídos del formulario de solicitud, mencionados en el artículo 9, apartado 4;»,

«b)

los datos extraídos del formulario de solicitud, mencionados en el artículo 9, punto 4);».

7)

8)

9)

«b)

los datos extraídos del formulario de solicitud mencionados en el artículo 6, apartado 4, letras a), b) y c);»,

«b)

los datos extraídos del formulario de solicitud mencionados en el artículo 9, punto 4), letras a), b) y c);».

10)

«e)

los datos a que se refiere el artículo 6, apartado 4, letras a) y b), del expediente o los expedientes de solicitud vinculados con el mismo relativos al cónyuge y a los hijos.»,

«e)

los datos a que se refiere el artículo 9, punto 4), letras a) y b), del expediente o los expedientes de solicitud vinculados con el mismo relativos al cónyuge y a los hijos.».

11)

12)