2.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/1

(1)

El Reglamento (CE) n.o 91/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) ha sido modificado en varias ocasiones de forma sustancial (4). Con motivo de nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicho Reglamento.

(2)

Los ferrocarriles constituyen una parte importante de las redes de transporte de la Unión.

(3)

Las estadísticas sobre el transporte de mercancías y de pasajeros por ferrocarril son necesarias para que la Comisión pueda supervisar y elaborar la política común de transportes, así como el capítulo de transportes de las políticas relativas a las regiones y a las redes transeuropeas.

(4)

Las estadísticas sobre seguridad ferroviaria también son necesarias para que la Comisión prepare y supervise la acción de la Unión en el ámbito de la seguridad del transporte. La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea recoge datos sobre accidentes con arreglo al anexo I de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), en lo que respecta a los indicadores comunes de seguridad y a los métodos comunes de cálculo de los costes de los accidentes.

(5)

Las estadísticas a escala de la Unión sobre el transporte ferroviario también son necesarias para llevar a cabo la misión de seguimiento prevista en el artículo 15 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(6)

Las estadísticas a escala de la Unión sobre todos los modos de transporte deben recogerse con arreglo a conceptos y normas comunes, con el fin de lograr la comparabilidad más completa posible entre los modos de transporte.

(7)

Es importante evitar la duplicación del trabajo y optimizar el uso de la información existente que puede utilizarse con fines estadísticos. Para ello, y con el fin de proporcionar a los ciudadanos de la Unión y a otras partes interesadas información útil y de fácil acceso sobre la seguridad del transporte ferroviario y la interoperabilidad del sistema ferroviario, incluida la infraestructura ferroviaria, se deben establecer acuerdos de cooperación adecuados sobre actividades estadísticas entre los servicios de la Comisión y las entidades competentes, también a escala internacional.

(8)

Al elaborar estadísticas europeas, se debe buscar un equilibrio entre las necesidades de los usuarios y la carga para los encuestados.

(9)

En su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) n.o 91/2003, la Comisión señaló que la evolución a largo plazo probablemente entrañe la supresión o la simplificación de los datos ya recogidos con arreglo a dicho Reglamento, y que se pretende reducir el plazo de transmisión de los datos anuales sobre los pasajeros de ferrocarril. La Comisión debe seguir presentando informes periódicos sobre la aplicación del presente Reglamento.

(10)

La coexistencia entre compañías ferroviarias de propiedad pública y privada en un mercado de transporte ferroviario comercial hace necesario especificar explícitamente la información estadística que deben suministrar todas las compañías ferroviarias y que debe difundir Eurostat.

(11)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de normas estadísticas comunes que permitan obtener datos armonizados y que deben ser aplicadas en cada Estado Miembro bajo la autoridad de los organismos e instituciones encargados de la elaboración de estadísticas oficiales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), proporciona un marco de referencia para las disposiciones establecidas por el presente Reglamento.

(13)

A fin de reflejar la evolución en los Estados miembros, manteniendo al mismo tiempo una recogida armonizada de datos ferroviarios en toda la Unión, y de mantener la alta calidad de los datos transmitidos por los Estados miembros, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la modificación del presente Reglamento a los efectos de adaptar las definiciones técnicas e incorporar nuevas definiciones técnicas. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (8). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(14)

La Comisión debe velar por que estos actos delegados no conlleven una carga adicional significativa para los Estados miembros o los encuestados.

(15)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la especificación de la información que debe facilitarse para los informes sobre la calidad y la comparabilidad de los resultados y sobre las disposiciones para la difusión de esos resultados por parte de la Comisión (Eurostat). Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(16)

Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo.

a)

las compañías ferroviarias que operen completa o principalmente dentro de instalaciones industriales y similares, incluido los puertos;

b)

las compañías ferroviarias que proporcionen principalmente servicios turísticos locales, como los ferrocarriles históricos de vapor existentes.

a)

estadísticas anuales sobre el transporte de mercancías — informe detallado (anexo I);

b)

estadísticas anuales sobre el transporte de pasajeros — informe detallado (anexo II);

c)

estadísticas trimestrales sobre el transporte de mercancías y pasajeros (anexo III);

d)

estadísticas regionales sobre el transporte de mercancías y pasajeros (anexo IV);

e)

estadísticas sobre los flujos de tráfico de la red ferroviaria (anexo V).

a)

un volumen total de transporte de mercancías, como mínimo, de 200 000 000 de toneladas-km o, como mínimo, de 500 000 toneladas;

b)

un volumen total de transporte de pasajeros, como mínimo, de 100 000 000 de pasajeros-km.

a)

encuestas obligatorias;

b)

datos administrativos, incluidos los datos recogidos por organismos reguladores, en particular la carta de porte de mercancías por ferrocarril, en caso de que haya una disponible;

c)

procedimientos de estimación estadística;

d)

datos suministrados por organizaciones profesionales del sector ferroviario;

e)

estudios específicos.

a)

evaluar la relación entre el coste de las estadísticas elaboradas y los beneficios que reportan a la Unión, a los Estados miembros y a los proveedores y usuarios de información estadística;

b)

evaluar la calidad de los datos transmitidos, de los métodos de recopilación de datos utilizados y la calidad de las estadísticas elaboradas.

2.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/19

(1)

Las tarifas aplicables a los paquetes y otros envíos postales transfronterizos remitidos por expedidores de volúmenes reducidos, en particular pequeñas y medianas empresas (pymes) y particulares, son todavía relativamente elevadas. Esta situación tiene un impacto negativo directo sobre los usuarios que se interesan por servicios de paquetería transfronterizos, especialmente en el contexto del comercio electrónico.

(2)

El artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) destaca el lugar que ocupan los servicios de interés económico general, como los servicios postales, en los valores comunes de la Unión, así como su papel en la promoción de la cohesión social y territorial. Establece, asimismo, que debe velarse por que dichos servicios operen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir sus funciones.

(3)

El Protocolo n.o 26 sobre los servicios de interés general, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE, hace hincapié asimismo en que los valores comunes de la Unión con respecto a los servicios de interés económico general con arreglo al artículo 14 del TFUE incluyen la disparidad de necesidades y preferencias de los usuarios que pueden resultar de las diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales, y un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios.

(4)

El artículo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del TFUE establece que la Unión contribuirá a alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud de su artículo 114.

(5)

Existen diferencias fundamentales entre Estados miembros en lo relativo a las competencias atribuidas a las autoridades nacionales de reglamentación respecto de la vigilancia de los mercados y la supervisión reguladora de los prestadores de servicios de paquetería. Por ejemplo, algunas autoridades consiguen solicitar a los prestadores información relevante sobre los precios. La existencia de estas diferencias ha sido confirmada por un dictamen conjunto elaborado por el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas de los Servicios Postales, en el que se llegó a la conclusión de que las autoridades nacionales de reglamentación necesitan tener unas competencias reguladoras adecuadas para intervenir y que dichas competencias no parecen estar presentes en todos los Estados miembros. Estas diferencias dan lugar a cargas administrativas y costes de cumplimiento adicionales para los prestadores de servicios de paquetería con actividades transfronterizas. Por tanto, dichas diferencias constituyen un obstáculo para la prestación transfronteriza de servicios de paquetería y, en consecuencia, tienen un efecto directo sobre el funcionamiento del mercado interior.

(6)

Habida cuenta del carácter internacional del sector postal y de paquetería, es importante que se sigan elaborando normas técnicas europeas e internacionales, para beneficio de los consumidores y el medio ambiente, y para ampliar las oportunidades de mercado de las empresas. Además, los usuarios dan cuenta a menudo de problemas de calidad del servicio al enviar, recibir o devolver paquetes transfronterizos. Por consiguiente, es igualmente necesario continuar mejorando tanto las normas de calidad de los servicios como la interoperabilidad en los servicios de paquetería transfronterizos. Se debe seguir dando prioridad a ambos extremos, de conformidad con la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por medio del Comité Europeo de Normalización (CEN) y por otros medios. Es necesario, asimismo, realizar mayores progresos en la eficiencia de los servicios, de forma que se atienda especialmente a los intereses de los usuarios.

(7)

La normalización de los servicios postales y la mejora de la calidad del servicio en apoyo de la Directiva 97/67/CE es una prioridad estratégica de la Unión, que se debe continuar persiguiendo. La normalización técnica es indispensable para promover la interoperabilidad de las redes nacionales y para la existencia de un servicio universal eficiente. La Comisión cursó en agosto de 2016 una cuarta petición de normalización al CEN, con el fin de establecer un programa de trabajo y presentar un informe final en agosto de 2020 (4). En particular, ese programa de trabajo debe tener en cuenta los intereses de los usuarios y consideraciones medioambientales, al igual que de eficiencia, y debe contribuir a promover la creación de un Mercado Único Digital de la Unión.

(8)

El mercado de los servicios de paquetería transfronterizos es diverso, complejo y competitivo, con diferentes prestadores que ofrecen diferentes servicios y precios en función del peso, el tamaño y el formato de los paquetes, así como de su destino, el valor añadido que ofrezcan, como por ejemplo los sistemas de trazabilidad, y el número de paquetes enviados. En varios Estados miembros, los prestadores del servicio universal no tienen una cuota mayoritaria del mercado de servicios postales de paquetería. Esta diversidad hace difícil a consumidores y usuarios la comparación de los servicios de paquetería que ofrecen los diferentes prestadores, en términos de calidad y precio, ya que a menudo no son conscientes de la existencia de distintas opciones de envío de paquetes para servicios similares en el comercio electrónico transfronterizo. Debe facilitarse el acceso a la información pertinente en particular a las pymes y a los particulares. Por otra parte, los comerciantes pequeños y medianos han apuntado a las dificultades que entrañan los envíos como un obstáculo para las ventas transfronterizas.

(9)

Con el fin de mejorar los servicios de paquetería transfronterizos, en particular para los particulares, las pequeñas empresas y las microempresas, especialmente los situados en zonas aisladas o escasamente pobladas, y para las personas con discapacidad o movilidad reducida, es necesario mejorar el acceso y la transparencia de las listas públicas de tarifas para un conjunto limitado de servicios de paquetería transfronterizos. Hacer más transparentes y fácilmente comparables en toda la Unión los precios transfronterizos fomentaría la reducción de las diferencias excesivas entre tarifas, en particular, en su caso, las diferencias injustificadas de las tarifas nacionales y transfronterizas.

(10)

Los servicios de paquetería por unidades forman parte del servicio universal de cada Estado miembro y son, además, los servicios utilizados con mayor frecuencia por los particulares y las pequeñas empresas. Para continuar el desarrollo del comercio electrónico, es necesario mejorar la transparencia y la asequibilidad de las tarifas por unidad.

(11)

Muchas empresas que venden, vendían o han intentado vender en línea consideran que los elevados costes de envío, junto con los onerosos procesos de reclamación y garantías, constituyen un problema. Es necesario tomar medidas adicionales, en particular, para garantizar que las pymes y los particulares de zonas aisladas se benefician plenamente de unos servicios de paquetería transfronterizos sin interrupciones a los que tengan acceso, y garantizar que esos servicios tengan precios razonables.

(12)

La expresión «prestadores del servicio universal» se refiere a los operadores postales que prestan un servicio postal universal o partes de este dentro de un Estado miembro específico. Aquellos que ejercen sus actividades en más de un Estado miembro deben clasificarse como prestadores del servicio universal únicamente en el Estado o Estados miembros en los que prestan un servicio postal universal.

(13)

Actualmente, los servicios postales están regulados por la Directiva 97/67/CE. Esta Directiva establece las normas comunes que rigen la prestación de servicios postales y el servicio postal universal en la Unión. Se centra principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los servicios universales nacionales, y no aborda la supervisión reguladora de los prestadores de servicios de paquetería. El cumplimiento de los requisitos mínimos del servicio universal establecidos en dicha Directiva está garantizado por las autoridades nacionales de reglamentación designadas por los Estados miembros. Por consiguiente, el presente Reglamento complementa, por lo que a los servicios de paquetería transfronterizos se refiere, las normas establecidas en la Directiva 97/67/CE. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los derechos y garantías establecidos en la Directiva 97/67/CE incluida, en particular, la prestación continuada de un servicio postal universal a los usuarios.

(14)

El presente Reglamento no modifica la definición de «envío postal» del artículo 2, punto 6, de la Directiva 97/67/CE ni las definiciones de Derecho nacional basadas en ella.

(15)

Se calcula que el 80 % de los paquetes generados actualmente por el comercio electrónico pesan menos de dos kilos y a menudo se tramitan a través de la cadena de correspondencia postal. Hay una carencia de información sobre el peso de los paquetes enviados por otros medios. Es importante que estos envíos más ligeros estén sujetos al presente Reglamento.

(16)

Para fines de aplicación del presente Reglamento, es importante ofrecer definiciones claras de paquete, servicios de paquetería y prestador de servicios de paquetería, así como especificar los envíos postales que están cubiertos por estas definiciones. Se presume que los envíos postales de un grosor superior a 20 mm contienen objetos distintos de la correspondencia, sean despachados o no por el prestador universal de servicios. Los envíos postales que contienen únicamente correspondencia no deben estar comprendidos en el ámbito de los servicios de paquetería. Por tanto, el presente Reglamento debe cubrir, conforme a una práctica constante, los paquetes que contengan bienes, con o sin valor comercial de hasta 31,5 kg, puesto que los envíos más pesados no pueden ser manejados por un solo individuo sin ayuda de dispositivos mecánicos y esta actividad forma parte de los sectores del transporte de mercancías y la logística.

(17)

Los prestadores de servicios de paquetería que utilizan modelos empresariales alternativos, por ejemplo basados en la economía colaborativa o en plataformas de comercio electrónico, deben estar sujetos al presente Reglamento si se ocupan de al menos una de las fases de la cadena de distribución postal. Conforme a la práctica actual, los servicios de recogida, clasificación y distribución, incluyendo la recogida por el destinatario, deben considerarse servicios de paquetería, también cuando los efectúan prestadores de servicios de envío urgente y mensajería, así como de servicios de grupaje, en consonancia con la práctica actual. El transporte por sí solo, si no se lleva a cabo en relación con alguna de estas etapas, no debe considerarse comprendido en el ámbito de los servicios de paquetería, tampoco cuando se encarguen de él subcontratistas, ya sea en el marco de modelos empresariales alternativos o no, puesto que, en este caso, debe presumirse que esta actividad forma parte del sector del transporte, a menos que la empresa interesada o una de sus filiales o empresas vinculadas incidan en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(18)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las empresas establecidas en un solo Estado miembro y que disponen de redes nacionales de entrega interna solo para satisfacer pedidos de bienes que han vendido ellas mismas en virtud de un contrato de venta en el sentido del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Las empresas que también utilizan redes nacionales de entrega interna para la entrega de bienes vendidos por terceros deben estar sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento.

(19)

Es necesario definir el conjunto mínimo de informaciones confidenciales que deben transmitirse a las autoridades nacionales de reglamentación y los procedimientos seguidos por estas autoridades para garantizar el respeto del carácter comercial de los operadores nacionales, y asimismo deben establecerse canales seguros para su comunicación.

(20)

Es preciso que las autoridades nacionales de reglamentación tengan conocimiento e información a efectos estadísticos sobre los prestadores de servicios de paquetería activos en el mercado, con arreglo a unos procedimientos de autorización adecuados o a otros requisitos legales. Debido a la naturaleza del sector, que requiere gran cantidad de mano de obra, y con el fin de limitar la carga administrativa para los pequeños prestadores de servicios de paquetería que solo operan en un mercado regional o nacional, debe aplicarse un umbral de menos de 50 personas, sobre la base del número de personas que durante el año civil precedente hubiesen trabajado para el prestador de servicios e intervenido en la prestación de servicios de paquetería en el Estado miembro en el que esté establecido el prestador, a menos que esté establecido en más de un Estado miembro. Este umbral es conforme con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (6), refleja la naturaleza del sector —que requiere gran cantidad de mano de obra—, y abarca la mayor parte del mercado de servicios de paquetería, en particular en países con volúmenes reducidos de flujos de paquetes. Este umbral debe incluir en particular a las personas que participan en la prestación de servicios de paquetería, como los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales y autónomos que trabajan para el prestador de servicios de paquetería. El desglose que muestre el número de personas por situación laboral debe ser conforme con la normativa nacional del Estado miembro de que se trate. En determinados casos, teniendo siempre en cuenta las especificidades del Estado miembro interesado, la autoridad nacional de reglamentación debe tener la posibilidad de bajar el umbral a 25 personas o de solicitar al prestador de servicios de paquetería transfronterizos que incluya en el umbral a los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales y autónomos que trabajan para sus subcontratistas, con el fin de aumentar la transparencia de las tarifas transfronterizas y del mercado en general.

(21)

Cualquier comunicación de información a la autoridad nacional de reglamentación, sobre el número de personas que trabajan para el prestador de servicios de paquetería debe hacerse de acuerdo con las prácticas informativas usuales de las empresas para fines de información estadística. Esto es importante para garantizar la comparabilidad de los datos manteniendo en un nivel mínimo la carga administrativa que pesa sobre los prestadores.

(22)

El lugar en el que está establecido el prestador debe determinarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si un prestador está establecido en varios lugares, es importante determinar desde qué lugar de establecimiento se presta el servicio efectivo en cuestión.

(23)

En la información que se presenta a la autoridad nacional de reglamentación deben figurar entre las características de los servicios de paquetería las etapas de la cadena postal (recogida, clasificación, transporte y distribución) efectuadas por el prestador, si el servicio incide o no en el ámbito de aplicación de la obligación de servicio universal, cuál es el ámbito territorial del servicio (regional, nacional, transfronterizo) y si se ofrece un valor añadido.

(24)

La lista de envíos postales sujetos a medidas de transparencia de precios debe limitarse, a fin de facilitar la comparabilidad y reducir al mínimo las cargas administrativas de los prestadores de servicios de paquetería transfronterizos y las autoridades nacionales de reglamentación. Deben incluirse los servicios ordinarios y los servicios de certificado, porque constituyen la base de la obligación de servicio universal y por la importancia que tiene la función de seguimiento y localización para el comercio electrónico. También deben incluirse los precios del seguimiento y localización y del registro de paquetes, independientemente de que formen o no parte de la obligación de servicio universal, a fin de asegurar la comparabilidad en toda la Unión. Habría que centrarse en los paquetes más ligeros, que constituyen la mayor parte de los envíos postales entregados por los prestadores de servicios de paquetería, así como los precios de los envíos postales de un grosor superior a 20 mm que se procesan como cartas. Solo deben incluirse las tarifas por unidad, ya que son los precios que pagan los expedidores de menor tamaño. Deben enumerarse claramente en un anexo del presente Reglamento los envíos postales afectados. El presente Reglamento no obliga a los prestadores de servicios de paquetería transfronterizos a ofrecer todos los elementos enumerados en ese anexo. Para garantizar la exactitud de la información sobre las tarifas, deben ser los propios prestadores de servicios de paquetería transfronterizos quienes la comuniquen. La Comisión debe publicar estas tarifas en una página web específica que tenga un carácter neutro y no comercial.

(25)

Las autoridades nacionales de reglamentación, al evaluar objetivamente cada año la asequibilidad de las tarifas transfronterizas que consideren necesario evaluar, deben basarse en elementos objetivos como: las tarifas nacionales y demás tarifas pertinentes de los servicios de paquetería comparables de los Estados miembros de origen y de destino; la aplicación de una tarifa uniforme en dos o más Estados miembros; volúmenes bilaterales, costes de transporte o despacho específicos; otros costes y normas de calidad del servicio; y, cuando ello sea posible sin causar cargas desproporcionadas, los probables efectos de las tarifas transfronterizas aplicables para los usuarios particulares y pequeñas y medianas empresas, también los establecidos en zonas aisladas o escasamente pobladas, así como para los usuarios particulares con discapacidades o movilidad reducida. Estos elementos comunes pueden verse complementados por otros elementos de particular importancia para explicar las tarifas de que se trate, como si las tarifas están sujetas a una regulación de precios específica en virtud de la legislación nacional o si se han constatado abusos de posición dominante en el mercado de conformidad con la normativa aplicable pertinente. Además, a fin de reducir la carga administrativa para las autoridades nacionales de reglamentación y los prestadores de servicios de paquetería sujetos a la obligación de servicio universal, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, al examinar qué tarifas transfronterizas es necesario evaluar, las autoridades nacionales de reglamentación pueden basar su examen en un mecanismo objetivo de filtrado previo a la evaluación.

(26)

Unas tarifas uniformes para los envíos transfronterizos a dos o más Estados miembros podrían ser importantes para la protección de la cohesión regional y social. En este contexto, debe tomarse en consideración la necesidad de promover el comercio electrónico y ofrecer a las zonas escasamente pobladas o aisladas nuevas oportunidades de participar en el comercio electrónico e impulsar sus economías regionales.

(27)

Las diferencias significativas entre las tarifas nacionales y transfronterizas de los servicios de paquetería deben estar fundadas en criterios objetivos, como los costes específicos de transporte o despacho u otros costes pertinentes. Podría resultar necesario que la autoridad nacional de reglamentación recabe pruebas para fines de evaluación. Deben facilitarse a la autoridad nacional de reglamentación, a solicitud de esta, las pruebas junto con toda justificación de las tarifas objeto de evaluación.

(28)

Para garantizar la transparencia en el conjunto de la Unión, la Comisión debe publicar una versión no confidencial de la evaluación presentada por cada una de las autoridades nacionales de reglamentación.

(29)

A fin de limitar la carga administrativa, los prestadores de servicios de paquetería, las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión deben transferir datos por vía electrónica, permitiéndose en particular el uso de la firma electrónica con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(30)

Puesto que los mercados de servicios de paquetería cambian con rapidez, la Comisión debe reevaluar la eficiencia y eficacia del presente Reglamento, teniendo en cuenta la evolución en el comercio electrónico, y debe presentar periódicamente un informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe debe ir acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa de revisión al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe debe elaborarse con participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluido el Comité de Diálogo Social Europeo para el sector postal.

(31)

La Comisión debe aprovechar las valiosas aportaciones del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas de los Servicios Postales, integrado por representantes de las autoridades nacionales de reglamentación.

(32)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión para que elabore un formulario para la presentación de dicha información por los prestadores de servicios de paquetería a las autoridades nacionales de reglamentación. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(33)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y debe aplicarse de acuerdo con esos derechos y principios.

(34)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) son aplicables al tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento.

(35)

Los Estados miembros deben establecer las normas relativas a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del presente Reglamento y velar por su ejecución. Estas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(36)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, consistentes en establecer las normas y los principios reguladores necesarios para mejorar la supervisión reguladora, mejorar la transparencia de las tarifas y establecer determinados principios en lo que se refiere a los servicios de paquetería transfronterizos que deben facilitar la competencia, con la finalidad última de fomentar unos mejores servicios de paquetería transfronterizos para los usuarios y, con ello, aumentar asimismo la confianza de los consumidores en el comercio electrónico transfronterizo, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

a)

la supervisión reglamentaria en relación con los servicios de paquetería;

b)

la transparencia de las tarifas y la evaluación de las tarifas para determinados servicios de paquetería transfronterizos, a fin de detectar aquellas tarifas que sean excesivamente elevadas;

c)

la información para los consumidores comunicada por los comerciantes, relativa a los servicios de paquetería transfronterizos.

a)

su nombre, estatuto y forma jurídica, número de registro en el registro mercantil o similar, número de identificación a efectos del IVA, dirección del establecimiento y datos de contacto de una persona de contacto;

b)

las características y, cuando sea posible, una descripción detallada de los servicios de paquetería ofrecidos;

c)

sus condiciones generales para la prestación de servicios de paquetería, incluida información sobre los procedimientos de reclamación para los usuarios y cualquier eventual limitación de responsabilidad.

a)

el volumen de negocios anual de los servicios de paquetería en el año civil precedente en el Estado miembro en el que estén establecidos, desglosado en servicios de paquetería nacionales y transfronterizos, entrantes y salientes;

b)

el número de personas que a lo largo del año civil precedente trabajasen para ellos en la prestación de servicios de paquetería en el Estado miembro en el que estén establecidos, incluyendo un desglose en función de la situación laboral de las personas, en particular el número de trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporales o autónomos;

c)

el número de paquetes despachados durante el año civil precedente en el Estado miembro en el que estén establecidos, desglosado en paquetes nacionales y transfronterizos, entrantes y salientes;

d)

los nombres de los subcontratistas, junto con cualquier otra información que posean sobre las características de los servicios de paquetería prestados por esos subcontratistas;

e)

cuando se disponga de ellas, todas las listas públicas de precios de servicios de paquetería aplicables el 1 de enero de cada año civil.

a)

las tarifas nacionales y cualesquiera otras tarifas pertinentes de servicios de paquetería comparables en el Estado miembro de origen y en el Estado miembro de destino;

b)

la aplicación de una tarifa uniforme en dos o más Estados miembros;

c)

volúmenes bilaterales, costes específicos de transporte o de despacho, otros costes y normas de calidad del servicio pertinentes;

d)

las probables repercusiones de las tarifas transfronterizas aplicables en los usuarios particulares y en las pequeñas y medianas empresas, incluidos los particulares y empresas establecidos en zonas aisladas o escasamente pobladas, así como en los usuarios con discapacidades o movilidad reducida, cuando ello sea posible sin imponer cargas desproporcionadas.

a)

si las tarifas están sujetas a la regulación de los precios en virtud de la legislación nacional;

b)

abusos de posición dominante en el mercado según la normativa aplicable en la materia.

a)

la contribución del presente Reglamento a la mejora de los servicios de paquetería transfronterizos, en particular la asequibilidad para las pymes y los particulares, especialmente cuando se encuentran en zonas aisladas o escasamente pobladas, y si ha mejorado la transparencia de las tarifas transfronterizas;

b)

la repercusión del presente Reglamento en los niveles de servicios de paquetería transfronterizos y en el comercio electrónico, incluidos los datos sobre las tarifas de envío;

c)

el grado en que las autoridades nacionales de reglamentación hayan encontrado dificultades a la hora de aplicar el presente Reglamento, incluido un análisis cuantitativo de las consecuencias administrativas;

d)

los progresos conseguidos en cuanto a otras iniciativas dirigidas a la realización del mercado único de los servicios de paquetería, en particular los progresos en materia de protección de los consumidores y desarrollo de normas.

2.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/29

(1)

En su Libro Blanco de 28 de marzo de 2011«Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible», la Comisión establece el objetivo «visión cero», conforme al cual la Unión debe aproximarse al objetivo de supresión total de víctimas mortales en el transporte por carretera para 2050.

(2)

En su Comunicación sobre las orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020 la Comisión propuso además el objetivo de reducir a la mitad el número total de víctimas mortales en las carreteras de la Unión para 2020, comenzando a partir de 2010. Con vistas a alcanzar esta meta, la Comisión estableció siete objetivos estratégicos, que incluían la mejora de la educación y la formación de los usuarios de las vías públicas, así como la protección de los usuarios vulnerables.

(3)

El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 refrendó el objetivo vinculante de reducir internamente por lo menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores de la economía para 2030 con respecto a los valores de 1990. Dicho objetivo contribuirá al cumplimiento de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. Para llevar a cabo esas reducciones es necesaria la aportación de todos los sectores de la economía. El sector del transporte necesita un enfoque global en lo que se refiere al fomento de las reducciones de las emisiones y la eficiencia energética. Debe avanzarse hacia una movilidad de bajas emisiones, entre otras vías, mediante la investigación y la introducción de avances tecnológicos que ya están disponibles. Los conductores deben estar debidamente formados a fin de conducir de la manera más eficiente.

(4)

Después de evaluar la aplicación de la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Comisión detectó una serie de deficiencias. Las principales deficiencias detectadas consistían en dificultades e inseguridad jurídica en torno a: la interpretación de las exenciones; el contenido de la formación, qué solo en parte se consideró pertinente para las necesidades de los conductores; las dificultades de los conductores para obtener el reconocimiento mutuo de acciones de formación total o parcialmente realizadas en otro Estado miembro; e incoherencias en los requisitos de edad mínima entre las Directivas 2003/59/CE y 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(5)

Con el fin de mejorar la claridad jurídica de la Directiva 2003/59/CE, deben suprimirse o modificarse todas las referencias a los actos de la Unión derogados o sustituidos.

(6)

Con el fin de aportar certidumbre jurídica y coherencia con otros actos de la Unión, es necesario efectuar algunos cambios en las exenciones de la Directiva 2003/59/CE, para lo que conviene tener presentes las excepciones similares del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Algunas de estas exenciones se aplican a situaciones en que la conducción del vehículo no constituye la actividad principal del conductor y en las que el cumplimiento de los requisitos de la Directiva 2003/59/CE supondría una carga desproporcionada para dichas personas. Por lo general, se considera que la conducción no es la actividad principal del conductor cuando ocupa menos del 30 % del tiempo de trabajo mensual.

(7)

En los casos en que se trate de una conducción realizada con poca frecuencia y en zonas rurales por conductores que abastezcan a sus propias empresas, deben aplicarse exenciones, siempre y cuando la seguridad vial siga estando garantizada. Debido a las diferentes condiciones en las zonas rurales de la Unión en lo que se refiere a la geografía, el clima y la densidad de la población, los Estados miembros deben disponer de discrecionalidad a la hora de determinar si este tipo de conducción se puede considerar ocasional y si tal exención repercute en la seguridad vial, por ejemplo, sobre la base del tipo de carretera, el volumen de tráfico o la presencia de usuarios vulnerables en la vía pública.

(8)

Dado que las distancias que las personas que trabajan en la agricultura, la horticultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca, que están exentas de la aplicación de la presente Directiva, deben cubrir durante el desempeño de su trabajo varían en toda la Unión, corresponde a cada Estado miembro determinar en su Derecho nacional distancias máximas permitidas partiendo del centro de explotación de la empresa a la que se aplican las exenciones.

(9)

Los conductores que estaban exentos del requisito de la cualificación inicial, aunque continúen disfrutando de la exención, deberán no obstante someterse periódicamente a una formación continua para garantizar que mantienen actualizados los conocimientos esenciales para su trabajo.

(10)

Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, deben intercambiar electrónicamente información sobre los certificados de aptitud profesional (CAP). Deben desarrollar la plataforma electrónica necesaria teniendo en cuenta un análisis de costes y beneficios por parte de la Comisión, incluida la opción de ampliar la red del permiso de conducción de la UE creada en virtud de la Directiva 2006/126/CE. Dicha acción permitirá, entre otros beneficios, que los Estados miembros puedan acceder fácilmente a la información sobre las acciones de formación completas que no consta en el permiso de conducción del conductor. Es importante que los Estados miembros y la Comisión se esfuercen por orientar más el desarrollo de esta función hacia el acceso en tiempo real durante las inspecciones en carretera.

(11)

Teniendo en cuenta la evolución de la formación y la educación, y con el fin de asegurar la contribución de la Directiva 2003/59/CE a la seguridad vial, así como la pertinencia de la formación para los conductores, es preciso que en los cursos de formación se haga más hincapié en los temas relacionados con la seguridad vial, por ejemplo, la percepción del peligro, la protección de los usuarios vulnerables (en particular de los peatones, los ciclistas y las personas con movilidad reducida), la conducción eficiente desde el punto de vista del carburante, las condiciones meteorológicas extremas y las operaciones especiales de transporte. En este contexto, los cursos deben referirse también a los sistemas de transporte inteligente y evolucionar con el desarrollo tecnológico.

(12)

Los Estados miembros deben disponer de la posibilidad de mejorar y modernizar la formación a través de instrumentos basados en las tecnologías de la información y la comunicación (como el aprendizaje electrónico y el aprendizaje mixto) en parte de los cursos, garantizando al mismo tiempo su calidad. Al mejorar y modernizar la formación a través de instrumentos basados en TIC, es importante tener en cuenta que algunos temas específicos requieren formación práctica y no pueden abordarse adecuadamente con estas herramientas de aprendizaje, por ejemplo la instalación de cadenas para la nieve o la colocación de las cargas, u otros aspectos formativos donde el aspecto práctico es importante. La formación práctica puede, pero no tiene que consistir en conducir. Una parte importante de la formación requerida en virtud de la presente Directiva debe llevarse a cabo en un centro de formación autorizado.

(13)

Para garantizar la coherencia entre las diferentes formas de formación exigidas por la legislación de la Unión, los Estados miembros deben contar con la posibilidad de combinar diferentes tipos de formación, por ejemplo, la relativa al transporte de mercancías peligrosas, a la sensibilización en materia de discapacidad o al transporte de animales, con la formación prevista en la Directiva 2003/59/CE.

(14)

Para evitar prácticas divergentes entre los Estados miembros que puedan obstaculizar el reconocimiento mutuo y restringir el derecho de los conductores a llevar a cabo su formación continua en el Estado miembro en el que trabajan, las autoridades de los Estados miembros, si la formación completada no puede indicarse en el permiso de conducción, deben expedir la tarjeta de cualificación del conductor en la forma prescrita por los modelos normalizados, que garantiza el reconocimiento mutuo de todos los conductores que cumplan los requisitos de la Directiva 2003/59/CE.

(15)

La utilización del certificado de conductor por conductores de terceros países como prueba de conformidad con el requisito de formación podría suponer un obstáculo para los conductores cuando el transportista devuelve el certificado a la autoridad expedidora, en particular cuando estos conductores desean asumir un empleo en otro Estado miembro. Para evitar situaciones en que, en estas circunstancias, los conductores pudieran tener que repetir su formación cuando se incorporen a un nuevo puesto de trabajo, se debe alentar a los Estados miembros a cooperar e intercambiar información sobre las cualificaciones del conductor.

(16)

Para permitir una transición fluida, los certificados de conductor válidos y las tarjetas de cualificación de conductor válidas de conformidad con las normas aplicables antes de la aplicación de las disposiciones modificadas por la presente Directiva deberían reconocerse hasta la fecha de su expiración. Las modificaciones no invalidan la formación cursada antes de su aplicación ni los permisos de conducción expedidos para certificar dicha formación.

(17)

A fin de aportar claridad jurídica y garantizar unas condiciones armonizadas en materia de edad mínima a efectos de lo dispuesto en la Directiva 2003/59/CE, es preciso introducir una excepción clara en la Directiva 2006/126/CE que disponga que los permisos de conducción pueden expedirse a las edades mínimas previstas en la Directiva 2003/59/CE. Esta aclaración se refiere a la edad mínima para los conductores de determinadas categorías de vehículos titulares del CAP y no modifica las opciones existentes para reducir las condiciones relativas a la edad mínima ni para establecer exenciones respecto de las mismas.

(18)

Las modificaciones de la Directiva 2006/126/CE deben limitarse a aquellas que estén directamente relacionadas con la revisión de la Directiva 2003/59/CE y a la facilitación del uso de vehículos impulsados por combustibles alternativos. Parece deseable un análisis más profundo de la ejecución y aplicación de la Directiva 2006/126/CE, incluida la delimitación entre determinadas categorías de vehículos; dicho análisis debería incluirse en una eventual futura revisión de la Directiva 2006/126/CE.

(19)

Con el fin de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la mejora de la calidad del aire, facilitando el uso de vehículos impulsados por combustibles alternativos, los Estados miembros deben tener la posibilidad de permitir, en su territorio, que los titulares de un permiso de conducir de categoría B conduzcan determinados tipos de vehículos impulsados por combustibles alternativos cuya masa máxima autorizada sea superior a 3 500 kg, pero no exceda los 4 250 kg. Esa posibilidad de superar los 3 500 kg debería estar condicionada a que la masa se deba exclusivamente al exceso de masa debido a los sistemas de propulsión alternativos y sin perjuicio de las limitaciones y condiciones destinadas a evitar efectos negativos en la seguridad vial.

(20)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la mejora del nivel de la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos de carretera destinados al transporte de mercancías o de viajeros en la UE, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al carácter transfronterizo del transporte por carretera y de los problemas que la presente Directiva pretende solventar, puede alcanzarse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(21)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia las Directivas 2003/59/CE y 2006/126/CE.

1)

El artículo 1 se sustituye por lo siguiente:

«Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a la actividad de conducción de los:

denominados en lo sucesivo «conductores», que efectúen una actividad de transporte por carretera dentro de la Unión, en vías públicas, por medio de vehículos:

A los efectos de la presente Directiva, las referencias a las categorías de permisos de conducción que contengan un signo más ('+') se leerán de conformidad con la tabla de correspondencias que figura en el anexo III.

(*1)  Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (DO L 403 de 30.12.2006, p. 18).»."

2)

El artículo 2 se sustituye por lo siguiente:

«Artículo 2

Exenciones

1.   La presente Directiva no se aplicará a los conductores de los vehículos:

Con respecto a la letra f) del presente apartado, la presente Directiva no se aplicará a una persona que desee obtener un permiso de conducción o un certificado de aptitud profesional (en adelante, «CAP»), de conformidad con el artículo 6 y el artículo 8, apartado 1, cuando esta persona esté cursando una formación de conducción complementaria durante el aprendizaje en el trabajo, a condición de que la persona esté acompañada por otra persona titular de un CAP o un instructor de conducción para la categoría del vehículo utilizado para el fin establecido en dicha letra.

2.   La presente Directiva no se aplicará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

3.   La presente Directiva no se aplicará a los conductores de los vehículos utilizados o alquilados sin conductor por empresas agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas o pesqueras para el transporte de mercancías en el marco de su propia actividad empresarial, salvo si la conducción forma parte de la actividad principal del conductor o si la conducción supera una distancia establecida en la legislación nacional desde el centro de explotación de la empresa que posee o alquila el vehículo.».

3)

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Formación periódica

La formación continua consiste en una formación que permite a los titulares del CAP actualizar los conocimientos esenciales para el ejercicio de su función, haciendo especial hincapié en la seguridad en carretera, la salud y la seguridad en el trabajo y la reducción del impacto medioambiental de la conducción.

Esa formación la organizará un centro de formación autorizado, de conformidad con la sección 5 del anexo I. La formación consistirá en clases presenciales, formación práctica y formación mediante herramientas de tecnologías de la información y la comunicación o simuladores de alto nivel, si se encuentran disponibles. Si un conductor pasa a trabajar en otra empresa, la formación continua que haya efectuado deberá ser tenida en cuenta.

La formación continua tiene por finalidad profundizar y revisar algunas de las materias de la lista de la sección 1 del anexo I. Deberá cubrir una serie de temas diversos e incluir siempre al menos una materia relacionada con la seguridad vial. Las materias de formación tendrán en cuenta la evolución legislativa y tecnológica pertinente, y, en la medida de lo posible, las necesidades específicas de formación del conductor.».

4)

En el artículo 9, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Los conductores contemplados en el artículo 1, letra a) de la presente Directiva, obtendrán la cualificación inicial a que se refiere el artículo 5 de la presente Directiva en el Estado miembro donde tengan su residencia normal, definida en el artículo 12 de la Directiva 2006/126/CE.».

5)

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

Código de la Unión

1.   Basándose en el CAP acreditativo de la cualificación inicial y en el CAP acreditativo de la formación continua, las autoridades competentes de los Estados miembros, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5, apartados 2 y 3 de la presente Directiva, y en el artículo 8 de la presente Directiva, inscribirán el código de la Unión armonizado ‘95’, previsto en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE, junto a las categorías de permisos correspondientes:

Cuando las autoridades competentes del Estado miembro donde se hubiera obtenido el CAP no puedan inscribir el código de la Unión en el permiso de conducción, expedirán para el conductor una tarjeta de cualificación del conductor.

Se reconocerán recíprocamente las tarjetas de cualificación de los conductores expedidas por los Estados miembros. Cuando expidan la tarjeta, las autoridades competentes comprobarán la validez del permiso de conducción para la categoría de vehículo correspondiente.

2.   Al conductor contemplado en el artículo 1, letra b), que conduzca vehículos que efectúen transportes de mercancías por carretera también se le permitirá demostrar que tiene la cualificación y la formación estipuladas en la presente Directiva mediante el certificado de conductor previsto en el Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2), siempre que este posea el código ‘95’ de la Unión. A los efectos de la presente Directiva, el Estado miembro de emisión indicará el código de la Unión ‘95’ en el apartado de observaciones de la certificación si el conductor en cuestión ha cumplido con los requisitos de cualificación y formación previstos en la presente Directiva.

3.   Se aceptarán como prueba de cualificación hasta su fecha de expiración los certificados de conductor que no lleven el código de la Unión ‘95’ y que fueran expedidos antes del 23 de mayo de 2020, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1072/2009, y en particular su apartado 7, a fin de certificar la conformidad con los requisitos de formación de la presente Directiva.

(*2)  Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (DO L 300 de 14.11.2009, p. 72).»."

6)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 10 bis

Red electrónica a efectos de ejecución

1.   Los Estados miembros intercambiarán, a efectos ejecutivos, información sobre los CAP expedidos o retirados. A tal fin, los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, desarrollarán una red electrónica o trabajarán en una ampliación de una red existente, teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Comisión sobre la opción más rentable.

2.   La red podrá contener información recogida en los CAP, así como información relativa a los procedimientos administrativos relacionados con los CAP.

3.   Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de los datos personales se realiza únicamente a efectos de comprobar el cumplimiento de la presente Directiva, en particular los requisitos de formación establecidos en la presente Directiva, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (*3).

4.   El acceso a la red electrónica deberá estar protegido. Los Estados miembros podrán conceder acceso únicamente a las autoridades competentes responsables de la aplicación y el control del cumplimiento de la presente Directiva.

(*3)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).»."

7)

Los anexos I y II quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente Directiva.

1)

El artículo 4 se modifica como sigue:

2)

En el artículo 6, apartado 4, se inserta la siguiente letra:

(*5)  Directiva 96/53 CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (DO L 235 de 17.9.1996, p. 59).»."

3)

El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15

Ayuda mutua

1.   Los Estados miembros se prestarán ayuda mutua en la aplicación de la presente Directiva e intercambiarán información sobre los permisos que hayan expedido, canjeado, sustituido, renovado o anulado. Recurrirán a la red del permiso de conducción de la UE establecida a estos efectos, una vez que esté en funcionamiento.

2.   La red también podrá ser utilizada al objeto de intercambiar información para fines de control previstos en la legislación de la Unión.

3.   Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de datos personales contemplado en la presente Directiva se lleva a cabo exclusivamente con el fin de aplicar la presente Directiva, y las Directivas 2003/59/CE y (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo (*6). Todo tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la presente Directiva se realizará con arreglo a los Reglamentos (UE) 2016/679 (*7) y (CE) n.o 45/2001 (*8) del Parlamento Europeo y del Consejo.

4.   El acceso a la red deberá estar protegido. Los Estados miembros podrán conceder acceso únicamente a las autoridades competentes responsables de la aplicación y del control del cumplimiento de la presente Directiva y de las Directivas 2003/59/CE y (UE) 2015/413.

(*6)  Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, que facilita el intercambio transfronterizo de información sobre las infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad vial (DO L 68 de 13.3.2015, p. 9)."

(*7)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1)."

(*8)  Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones y órganos comunitarios y sobre la libre circulación de dichos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).»."

2.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 112/42

(1)

Las personas, cuando buscan empleo o toman decisiones acerca de su aprendizaje, sus estudios o su trabajo, necesitan acceso a información y orientación sobre las opciones de que disponen, sobre cómo evaluar sus capacidades y sobre cómo presentar la información relativa a sus capacidades y cualificaciones.

(2)

Las diferencias entre las definiciones, los formatos de los documentos, las lenguas y los métodos de evaluación y de validación plantean serias dificultades a los particulares, empleadores y autoridades y organismos competentes. Dichas dificultades surgen sobre todo cuando las personas se trasladan a otro país, en particular fuera de la UE, pero también cuando buscan un nuevo puesto de trabajo o se dedican al aprendizaje y a la gestión de carreras. Para hacer frente a esas dificultades, es importante disponer de una información clara y de amplia difusión, de una visión compartida y de una mayor transparencia de las capacidades y de las cualificaciones.

(3)

La Nueva Agenda de Capacidades para Europa, que la Comisión adoptó el 10 de junio de 2016, invita a los Estados miembros, los interlocutores sociales, la industria y otras partes interesadas a colaborar en diez acciones tendentes a mejorar la calidad y la pertinencia de la adquisición de capacidades, hacer que las capacidades sean más visibles y equiparables, y mejorar la comprensión y, en especial, la información sobre las capacidades, para mejorar la elección de las carreras. Se propuso una revisión del marco Europass como una de las diez acciones que ofrecen una vía clave para alcanzar y respaldar dichos objetivos.

(4)

La Decisión n.o 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) estableció un marco para abordar los retos relacionados con la búsqueda de empleo, el aprendizaje y la gestión de carreras. El objetivo de dicha Decisión era lograr una mayor transparencia de las cualificaciones y competencias mediante un conjunto de documentos conocido como «Europass», que las personas pueden utilizar con carácter voluntario. Dicha Decisión establecía asimismo organismos nacionales, denominados Centros Nacionales Europass, con el fin de aplicar el marco Europass.

(5)

A fin de lograr su principal objetivo, el marco Europass se centra en herramientas para documentar capacidades y cualificaciones. Estas herramientas son ahora ampliamente utilizadas a través del sistema de información sobre Europass en internet.

(6)

Los Centros Nacionales Europass proporcionan apoyo a los usuarios y promocionan la documentación de las capacidades y las cualificaciones. La red Euroguidance, que fomenta la dimensión europea de la orientación y proporciona información de gran calidad sobre el aprendizaje permanente y la movilidad transnacional con fines de aprendizaje, también ha contribuido a facilitar información sobre las herramientas de que dispone la Unión en materia de capacidades y cualificaciones. Los puntos nacionales de coordinación del Marco Europeo de Cualificaciones brindan apoyo a las autoridades nacionales en el proceso de correlación de los marcos o sistemas nacionales de cualificaciones con el Marco Europeo de Cualificaciones (en lo sucesivo, «MEC») y se centran en acercar más el MEC a las personas y organizaciones. Debe garantizarse el apoyo a estos servicios nacionales, así como una mayor coordinación entre ellos, a fin de aumentar su repercusión, respetando al mismo tiempo la diversidad de los sistemas nacionales.

(7)

En su informe al Parlamento Europeo y al Consejo de 19 de diciembre de 2013 sobre la evaluación de la iniciativa Europass, la Comisión llegó a la conclusión de que la misión de los Centros Nacionales Europass de dar a conocer Europass y facilitar la información necesaria a las partes interesadas constituía un modelo satisfactorio para la aplicación de Europass. Sin embargo, la Comisión concluyó además que la mayor parte de herramientas Europass no han llegado todavía a todos sus posibles usuarios y que han tenido un alcance desigual en términos geográficos y de grupos de edad, y que una mejor coordinación e integración de los servicios de apoyo a la orientación y la movilidad en el marco de Europass podría permitir llegar a un mayor número de usuarios potenciales.

(8)

La realidad muestra que Europass es utilizado actualmente por los grupos sociales con una mayor alfabetización digital, mientras que los grupos menos favorecidos, como las personas con un nivel de educación más bajo, las personas mayores o los parados de larga duración, a menudo no conocen la existencia de Europass y sus herramientas y, por lo tanto, no pueden beneficiarse del mismo.

(9)

El expediente Europass forma parte del conjunto de herramientas e instrumentos que se han puesto en marcha a escala de la Unión para mejorar la transparencia y la comprensión de las capacidades y las cualificaciones.

(10)

El expediente Europass comprende cinco modelos de documento. El modelo de Curriculum Vitae Europass (en lo sucesivo, «CV») permite a las personas presentar sus currículos en un formato normalizado. Desde que el CV Europass se estableció por primera vez en 2004, se han creado más de cien millones de CV Europass en línea. Dos modelos de suplemento de cualificaciones, a saber, el suplemento de diploma Europass y el suplemento de certificado Europass, ofrecen información sobre el contenido y los resultados del aprendizaje asociados a una cualificación, y sobre el sistema educativo del país que la emitió. El pasaporte lingüístico Europass sirve para describir las capacidades lingüísticas. El modelo de movilidad Europass describe las capacidades adquiridas en desplazamientos de estudio o de trabajo a otros países.

(11)

La recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2017 (4) proporciona un marco común de referencia para ayudar a particulares y organizaciones a comparar diferentes sistemas de cualificaciones y sus niveles.

(12)

La recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 (5) invitaba a los Estados miembros a establecer para 2018 a más tardar, de acuerdo con las circunstancias y especificidades nacionales y según consideraran apropiado, disposiciones para la validación del aprendizaje no formal e informal que permitiesen a las personas validar los conocimientos, capacidades y competencias adquiridos mediante el aprendizaje no formal e informal y obtener una cualificación total o, en su caso, parcial.

(13)

La resolución del Consejo, de 28 de mayo de 2004, sobre el fortalecimiento de las políticas, sistemas y prácticas en materia de orientación permanente en Europa precisa los grandes objetivos de una política de orientación permanente para todos los ciudadanos de la Unión. La resolución del Consejo de 21 de noviembre de 2008 (6) destaca la importancia de la orientación para el aprendizaje permanente.

(14)

El portal de oportunidades de aprendizaje y cualificaciones en Europa presenta información sobre las oportunidades de aprendizaje y las cualificaciones que ofrecen los distintos sistemas educativos en Europa y la comparación de los marcos nacionales de competencias a través del MEC.

(15)

El panorama europeo de las competencias ofrece información sobre las capacidades para distintas profesiones y sectores específicos, incluida la oferta y la demanda a nivel nacional.

(16)

El análisis de las ofertas de empleo y de otras tendencias del mercado laboral es un modo establecido de desarrollar información estratégica sobre capacidades para comprender cuestiones como las lagunas y carencias en materia de capacidades o los desajustes en las cualificaciones.

(17)

La clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), desarrollada y actualizada continuamente por la Comisión en estrecha cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas, busca fomentar la transparencia de las capacidades y cualificaciones para la educación y la formación, así como para fines laborales. Tras las pruebas adecuadas y teniendo debidamente en cuenta la posición de los Estados miembros, la Comisión podría utilizar la ESCO en el marco Europass; el uso de la ESCO por los Estados miembros es voluntario, tras una verificación y evaluación de los Estados miembros.

(18)

La red europea de servicios de empleo (EURES), creada por el Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), es una red cooperativa para intercambiar información y facilitar el contacto entre los solicitantes de empleo y los empleadores. Presta asistencia gratuita a los solicitantes de empleo que desean trasladarse a otro país y ayuda a los empleadores que desean contratar a trabajadores de otros países. Las sinergias y la cooperación entre Europass y los portales EURES podrían reforzar los efectos de ambos servicios.

(19)

Los procesos del mercado laboral, como la publicación de ofertas de empleo, la solicitud de un puesto, la evaluación de capacidades y la contratación, cada vez se gestionan más en línea, mediante herramientas que recurren a las redes sociales, los macrodatos y demás tecnologías. La selección de candidatos está gestionada en línea por medio de herramientas y procesos que recaban información sobre las capacidades y cualificaciones adquiridas en contextos formales, no formales e informales.

(20)

El aprendizaje formal, no formal e informal también tiene lugar hoy en día en nuevos formatos y entornos, y lo ofrecen diversos proveedores, concretamente mediante el uso de tecnologías y plataformas digitales, aprendizaje a distancia, aprendizaje virtual, aprendizaje entre iguales, cursos en línea masivos y abiertos y recursos educativos abiertos. Además, las capacidades, las experiencias y los logros en el aprendizaje se reconocen de diferentes formas, por ejemplo distintivos digitales abiertos. Las tecnologías digitales también se utilizan para capacidades adquiridas mediante aprendizaje no formal, como trabajo juvenil y voluntariado.

(21)

A efectos de la presente Decisión, las capacidades se entienden en un sentido amplio que abarca lo que una persona conoce, entiende y puede hacer. Se refieren a tipos distintos de resultados del aprendizaje, que comprenden tanto el conocimiento y las competencias como la capacidad de aplicar el conocimiento y utilizar el saber hacer para completar tareas y resolver problemas. Además de la importancia reconocida a las capacidades profesionales, se reconoce que las capacidades transversales o «interpersonales», como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la creatividad, las capacidades digitales o lingüísticas, son cada vez más importantes y constituyen un requisito esencial para la realización personal y profesional y que pueden aplicarse en diversos ámbitos. Las personas podrían beneficiarse de herramientas y orientación para evaluar y describir dichas capacidades y otras capacidades.

(22)

Tradicionalmente, las personas han presentado la información sobre las capacidades y cualificaciones que han adquirido en un CV y en documentos justificativos como certificados o diplomas. Actualmente, se dispone de nuevas herramientas que pueden facilitar la presentación de capacidades y cualificaciones utilizando distintos formatos, digitales y en línea. Esas nuevas herramientas también pueden permitir la autoevaluación por las personas de las capacidades adquiridas en diversos entornos.

(23)

El marco Europass debe responder a las necesidades actuales y futuras. Los usuarios necesitan herramientas para documentar sus capacidades y cualificaciones. Además, las herramientas para la evaluación de las capacidades y la autoevaluación de las capacidades, así como el acceso a la información pertinente, incluida la información sobre las oportunidades de validación y la orientación, pueden ser beneficiosas a la hora de tomar decisiones sobre las oportunidades de empleo y formación.

(24)

Las herramientas de la Unión en materia de capacidades y cualificaciones deben adaptarse a las prácticas cambiantes y a los avances tecnológicos para seguir siendo relevantes y beneficiosa para los usuarios. Esto debe lograrse, entre otras cosas, creando características innovadoras como, por ejemplo, herramientas interactivas, edición y diseño de documentos, buscando lograr herramientas más completas, eficaces y eficientes y una simplificación, así como una interoperabilidad técnica incrementada y sinergias entre herramientas conexas, incluidas las desarrolladas por terceros y teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Asimismo, se podrían emplear medidas de autenticación para ayudar a la verificación de los documentos digitales sobre capacidades y cualificaciones.

(25)

Por tanto, para hacer frente a estas necesidades cambiantes, procede sustituir el marco Europass que se estableció por la Decisión n.o 2241/2004/CE por un nuevo marco.

(26)

El nuevo marco Europass debe satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los usuarios finales individuales, como por ejemplo estudiantes, personas en búsqueda de empleo, incluidos parados y trabajadores, así como otras partes interesadas pertinentes, por ejemplo, empleadores (en especial las pequeñas y medianas empresas), cámaras de comercio, organizaciones de la sociedad civil, voluntarios, orientadores, servicios públicos de empleo, interlocutores sociales, organismos de educación y formación, organizaciones juveniles, proveedores de trabajo con jóvenes, autoridades nacionales competentes y responsables de la elaboración de políticas. Debe además tener en cuenta las necesidades de los nacionales de terceros países que llegan o residen en la Unión y contribuir a su integración.

(27)

El marco Europass debe evolucionar para permitir la descripción de distintos tipos de aprendizaje y de capacidades, y especialmente las adquiridas en situaciones de aprendizaje no formal e informal.

(28)

Debe desarrollarse el marco Europass mediante un enfoque centrado en el usuario, sobre la base de los comentarios recibidos, y a través de la recopilación de requisitos, incluido mediante encuestas y pruebas, prestando atención a las necesidades concretas, actuales y futuras, de los grupos destinatarios de Europass. Las funciones de Europass deben reflejar especialmente el compromiso de los Estados miembros y la Unión de garantizar la igualdad de acceso para las personas con discapacidad al mercado laboral y a las tecnologías y los sistemas de la información y comunicación. Las herramientas Europass deben ser perceptibles, operables, comprensibles y robustas, para que puedan ser más accesibles a los usuarios, en especial a las personas con discapacidad.

(29)

Los cambios y las actualizaciones al marco Europass deben hacerse en colaboración con las partes interesadas pertinentes, por ejemplo servicios de empleo, orientadores, organismos de educación y formación, interlocutores sociales tales como sindicatos y organizaciones patronales, y respetando plenamente la cooperación política actual, por ejemplo el Proceso de Bolonia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Una colaboración constructiva entre la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas reviste una importancia fundamental para desarrollar y aplicar satisfactoriamente el marco Europass.

(30)

El Derecho de la Unión en vigor en materia de protección de datos personales y las medidas nacionales de ejecución deben aplicarse al tratamiento de datos personales que se almacenan y tratan con arreglo a la presente Decisión. Los usuarios deben tener la posibilidad de restringir el acceso a sus datos personales.

(31)

La participación en el marco debe estar abierta a los miembros del Espacio Económico Europeo que no sean Estados miembros de la Unión, a los Estados en vías de adhesión, a los Estados candidatos y a los Estados candidatos potenciales a la adhesión a la Unión, dado su interés, desde hace años, y su cooperación con la Unión en este ámbito. La participación debe ajustarse a las disposiciones pertinentes de los instrumentos que rigen las relaciones entre la Unión y dichos países. La información sobre capacidades y cualificaciones que ofrece el marco Europass debe proceder de un mayor número de países y sistemas educativos, y no solo de los participantes, dados los movimientos migratorios de otras partes del mundo.

(32)

La Comisión debe garantizar la coherencia en la aplicación y el seguimiento de la presente Decisión a través de un grupo consultivo de Europass compuesto por representantes de los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes. En concreto, el grupo consultivo debe desarrollar un enfoque estratégico con respecto a la aplicación y al futuro de Europass, y asesorar sobre el desarrollo de herramientas basadas en la web, también mediante ensayos y la información facilitada a través de la plataforma en línea Europass, en cooperación con otros grupos, cuando proceda.

(33)

El programa Erasmus+ de la Unión, creado por el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), proporciona, entre otros, la cofinanciación para la aplicación de la presente Decisión. El comité creado en virtud de dicho Reglamento participa en el debate estratégico sobre los avances en la aplicación de Europass y sobre las novedades futuras.

(34)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, el establecimiento de un marco global e interoperable de herramientas e información, en especial a efectos de movilidad transnacional para el empleo y el aprendizaje, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(35)

Como principio general, las obligaciones y las cargas administrativas y financieras para los Estados miembros deben ser equilibradas con respecto a los costes y beneficios.

(36)

Las actividades realizadas en el marco de la presente Decisión deben recibir el apoyo de las agencias de la Unión, en particular el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, en sus ámbitos de competencia.

(37)

Por consiguiente, debe derogarse la Decisión n.o 2241/2004/CE sin perjuicio de la validez o del estatus de los documentos Europass expedidos con anterioridad. Todos los modelos establecidos de documentos Europass deben mantenerse en el nuevo marco hasta que se apliquen los cambios o las actualizaciones necesarios de conformidad con la presente Decisión. A fin de garantizar una transición fluida a la plataforma en línea Europass, el sistema de información sobre Europass en internet creado por la Decisión n.o 2241/2004/CE debe seguir funcionando hasta que la plataforma en línea Europass esté configurada y sea operativa.

a)

usuarios finales individuales, como por ejemplo estudiantes, solicitantes de empleo, trabajadores y voluntarios, y

b)

partes interesadas pertinentes, tales como organismos de enseñanza y formación, orientadores, empleadores, servicios públicos de empleo, interlocutores sociales, proveedores de trabajo con jóvenes, organizaciones de jóvenes y responsables de la elaboración de políticas.

a)

documentar y describir la información personal en diversos formatos, incluidos modelos de currículo (CV);

b)

documentar y describir capacidades y cualificaciones adquiridas a través de experiencias de trabajo y aprendizaje, incluidos la movilidad y el voluntariado;

c)

la evaluación de capacidades y la autoevaluación de capacidades;

d)

documentar los resultados del aprendizaje de cualificaciones, incluidos los modelos de suplemento Europass a los que hace referencia el artículo 5;

a)

las oportunidades de aprendizaje;

b)

las cualificaciones y los marcos o sistemas de cualificaciones;

c)

las oportunidades de validación del aprendizaje no formal e informal;

d)

las prácticas de reconocimiento y la legislación aplicable en distintos países, incluidos terceros países;

e)

los servicios de orientación sobre la movilidad transnacional con fines de aprendizaje y de gestión de la carrera profesional;

f)

la información estratégica sobre capacidades generada por las actividades pertinentes a escala de la Unión dentro de sus ámbitos de competencia;

g)

información sobre capacidades y cualificaciones que puedan ser relevantes a efectos de las necesidades específicas de los nacionales de terceros países que lleguen o residan en la Unión con vistas a su integración.

a)

garantizará la disponibilidad y la gran calidad de la información en el ámbito de la Unión o de los enlaces a la información disponible, tal como se prevé en el artículo 3, apartado 2;

b)

creará, probará y, cuando sea necesario, actualizará la plataforma en línea Europass, incluidas las normas abiertas, siguiendo las necesidades de los usuarios y los avances tecnológicos, así como los cambios en los mercados laborales y en la oferta de educación y formación;

c)

realizará un seguimiento e incorporará, cuando proceda, las últimas novedades tecnológicas que puedan mejorar la accesibilidad de Europass para las personas mayores o con discapacidad;

d)

garantizará que cualquier desarrollo o actualización de la plataforma en línea Europass, incluidas las normas abiertas, permita la coherencia de la información y presente un valor añadido claro;

e)

garantizará que todas las herramientas web, en especial las herramientas para la evaluación y autoevaluación, sean íntegramente probadas y de calidad garantizada; y

f)

asegurará la calidad y supervisará la eficacia de la plataforma en línea Europass, incluidas las herramientas web, en consonancia con las necesidades de los usuarios.

a)

garantizará la participación activa y la implicación de los Estados miembros en la planificación estratégica, incluidas la definición y la orientación de objetivos, la garantía de la calidad y la financiación, y tendrá debidamente en cuenta sus posiciones;

b)

garantizará la participación activa y la implicación de los Estados miembros en el desarrollo, prueba, actualización y evaluación de la plataforma en línea Europass, incluidas las normas abiertas, y tendrá debidamente en cuenta sus posiciones;

c)

garantizará que, a escala de la Unión, las partes interesadas pertinentes participan en la ejecución y evaluación de la presente Decisión;

d)

establecerá actividades de aprendizaje e intercambio de prácticas óptimas entre los Estados miembros y, cuando proceda, facilitará un asesoramiento inter pares a petición de los Estados miembros; y

e)

garantizará que se lleven a cabo, de manera efectiva y adecuada, las actividades de promoción, orientación e información a escala de la Unión para llegar a los usuarios y demás partes interesadas, incluidas la personas con discapacidad.

a)

coordinarán las actividades relativas a la aplicación de las herramientas web de Europass;

b)

promoverán la utilización y mejorarán el conocimiento y la visibilidad de Europass;

c)

promoverán y proporcionarán información sobre los servicios que ofrecen orientación en materia de movilidad transnacional para el aprendizaje y la gestión de la carrera profesional, incluidos, en su caso, los servicios de orientación individual;

d)

facilitarán información sobre oportunidades de aprendizaje, cualificaciones y prácticas de reconocimiento en la plataforma en línea Europass, también mediante enlaces a los sitios web nacionales correspondientes;

e)

involucrarán a las partes interesadas de todos los sectores interesados y fomentarán la cooperación entre las partes interesadas públicas y privadas, en las actividades que estén bajo su responsabilidad.