(1)

De conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los ingresos de la Agencia consistirán en una contribución de la Unión y tasas abonadas por las empresas por la obtención y el mantenimiento de autorizaciones de comercialización de la Unión y por otros servicios prestados por la Agencia o el Grupo de Coordinación en cumplimiento de sus funciones de conformidad con los artículos 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies y 107 octodecies de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(2)

La tasa de inflación de la Unión publicada por la Oficina Estadística de la Unión Europea era del 0,2 en 2015 y del 1,2 % en 2016. Habida cuenta de una tasa de inflación excepcionalmente baja en 2015, no se consideró justificado ajustar, de conformidad con el artículo 15, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 658/2014, los importes de las tasas pagaderas a la Agencia Europea de Medicamentos por la realización de actividades de farmacovigilancia con respecto a los medicamentos de uso humano. Vista la tasa de inflación de la Unión en 2016, se considera justificado ajustar estos importes. Procede aplicar un ajuste acumulado teniendo en cuenta las tasas de inflación correspondientes a 2015 y a 2016.

(3)

En aras de la simplicidad, los importes ajustados deben redondearse a la decena de euros más próxima, con excepción de los importes ajustados de las tasas anuales de apoyo a los sistemas informáticos y a las actividades de seguimiento de la bibliografía, que se redondearán a la unidad de euro más próxima.

(4)

Las tasas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 658/2014 deben aplicarse bien en la fecha de inicio del procedimiento en cuestión o, en caso de la tasa anual de apoyo a los sistemas informáticos y a las actividades de seguimiento, el 1 de julio de cada año. Por tanto, el importe aplicable se determinará a más tardar en la fecha de vencimiento y no es necesario establecer disposiciones transitorias específicas para procedimientos pendientes.

(5)

De conformidad con el artículo 15, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 658/2014, cuando el acto delegado por el que se ajustan los importes de las tasas establecidas en las partes I a IV del anexo del mencionado Reglamento entre en vigor antes del 1 de julio, esas adaptaciones surtirán efecto a partir del 1 de julio y cuando el acto delegado entre en vigor después del 30 de junio, surtirán efecto a partir de la fecha de entrada en vigor del acto delegado.

(6)

Por tanto, el anexo del Reglamento (UE) n.o 658/2014 debe modificarse en consecuencia.

1)

La parte I, punto 1, se modifica como sigue:

2)

La parte II, punto 1, se modifica como sigue:

3)

La parte III, punto 1, se modifica como sigue:

4)

En el punto 1 de la parte IV, «67 EUR» se sustituye por «68 EUR»

(1)

Se cumplen las condiciones para aumentar en un máximo del 10 % el porcentaje de los recursos presupuestarios dedicado a proyectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad contemplado en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento LIFE, dado que la cantidad total de fondos solicitada durante dos años consecutivos por medio de propuestas enmarcadas en el área prioritaria Naturaleza y Biodiversidad y que cumplen los requisitos mínimos de calidad supera en más de un 20 % la cantidad correspondiente calculada para los dos años anteriores al período indicado.

(2)

Habida cuenta de las conclusiones del control de adecuación de las Directivas sobre aves y hábitats (2) en relación con la necesidad de aumentar la disponibilidad de financiación para reforzar la aplicación de las Directivas y de la medida 8 del Plan de acción de la Comisión en pro de la naturaleza, las personas y la economía (3), la Comisión ha decidido aumentar el porcentaje de los recursos presupuestarios asignados a los proyectos apoyados por subvenciones para actividades concretas del subprograma de Medio Ambiente dedicado a proyectos enmarcados en el área prioritaria Naturaleza y Biodiversidad, situado en el 55 %.

(3)

No se espera que el aumento de los recursos presupuestarios asignados al área prioritaria Naturaleza y Biodiversidad reduzca los recursos destinados a los proyectos financiados en el marco de otras áreas prioritarias del subprograma de Medio Ambiente, dado que se ha previsto un aumento de la dotación financiera anual para la aplicación del programa LIFE en los años 2018-2020 y una reducción del porcentaje de cofinanciación de la UE para la mayoría de las subvenciones para acciones concretas en otras áreas prioritarias, que pasará del 60 % al 55 %.

(1)

En virtud de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay (2), la Unión se comprometió a permitir la importación en España de 300 000 toneladas anuales de sorgo.

(2)

Del 1 de enero de 2017 al 7 de agosto de 2017, período para el cual se fijó un derecho de importación de sorgo de 0 EUR por tonelada, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 642/2010 de la Comisión (3), se importaron en España 103 967 toneladas de sorgo. Desde el 8 de agosto de 2017, tras el restablecimiento de un derecho de importación de sorgo superior a cero, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 642/2010, se han importado en España 26 250 toneladas de este cereal.

(3)

Según el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1296/2008 de la Comisión (4), para que los contingentes de importación se utilicen en su totalidad puede aplicarse una reducción del tipo del derecho de importación fijado con arreglo al Reglamento (UE) n.o 642/2010.

(4)

Habida cuenta de las condiciones del mercado de sorgo, en particular el hecho de que su precio en el mercado mundial es claramente superior al del maíz, es necesario aplicar una reducción a tanto alzado igual al 100 % del derecho de importación fijado con arreglo al Reglamento (UE) n.o 642/2010 para las cantidades de sorgo que se importen en España al amparo del contingente arancelario abierto el 1 de enero de 2017 conforme al Reglamento (CE) n.o 1296/2008.

(5)

Habida cuenta de los plazos legales para adoptar actos delegados y de la necesidad de que el contingente de importación pueda utilizarse en su totalidad, procede aplicar una reducción a tanto alzado del derecho de importación durante un período que se extiende más allá del año 2017.

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro del nombre «Slavonski med» presentada por Croacia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar el nombre «Slavonski med».

(1)

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la Comisión ha examinado la solicitud de Francia con vistas a la aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Oignon doux des Cévennes», registrada en virtud del Reglamento (CE) n.o 723/2008 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (UE) n.o 686/2013 de la Comisión (3).

(2)

Al tratarse de una modificación que no se considera de menor importancia, de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la Comisión ha publicado la solicitud de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea (4), en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del citado Reglamento.

(3)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede aprobar la modificación del pliego de condiciones.

(1)

El anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 establece la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados para su utilización en alimentos y sus condiciones de utilización.

(2)

Dicha lista puede actualizarse de conformidad con el procedimiento común contemplado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1331/2008, bien por iniciativa de la Comisión o bien en respuesta a una solicitud.

(3)

A la vista de la información facilitada por los Estados miembros, la Comisión ha llegado a la conclusión de que procede modificar el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 en lo que respecta al uso de E 950 acesulfamo K, E 951 aspartamo, E 952 ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio, E 954 sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio, E 955 sucralosa, E 959 neohesperidina DC, E 961 neotamo, E 962 sal de aspartamo y acesulfamo, y E 969 Advantame en «productos de bollería, pastelería, repostería y galletería para usos nutricionales específicos».

(4)

El uso de edulcorantes en «productos de bollería, pastelería, repostería y galletería para usos nutricionales específicos» fue autorizado por la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Los alimentos «productos de bollería, pastelería, repostería y galletería para usos nutricionales específicos» comprendían los «alimentos destinados a las personas afectadas de perturbaciones en el metabolismo de los glúcidos (diabéticos)» regulados por la Directiva 89/398/CEE del Consejo (4). Esta Directiva estableció una definición común de «productos alimenticios destinados a una alimentación especial» y preveía la posibilidad de adoptar disposiciones específicas en lo concerniente a los «alimentos destinados a las personas afectadas de perturbaciones en el metabolismo de los glúcidos (diabéticos)», una categoría de alimentos que entra dentro de la definición de productos alimenticios destinados a una alimentación especial.

(5)

No obstante, tal como se concluyó en el informe de la Comisión (5) sobre los alimentos destinados a las personas que padecen diabetes, no hay base científica para establecer requisitos específicos de composición de estos alimentos. Por otra parte, el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) ha derogado el concepto de «productos alimenticios destinados a una alimentación especial», lo que incluye el de «alimentos destinados a las personas afectadas de perturbaciones en el metabolismo de los glúcidos (diabéticos)».

(6)

Por tanto, la autorización de estos edulcorantes en los «productos de panadería fina destinados a alimentación especial» con arreglo al artículo 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 ya no está justificada y dichos productos no deberían seguir comercializándose.

(7)

Por otra parte, una aplicación uniforme de las condiciones para la autorización del uso de edulcorantes debe garantizar la claridad y el buen funcionamiento del mercado interior.

(8)

Por tanto, deben suprimirse las entradas correspondientes a los aditivos alimentarios E 950 acesulfamo K, E 951 aspartamo, E 952 ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio, E 954 sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio, E 955 sucralosa, E 959 neohesperidina DC, E 961 neotamo, E 962 sal de aspartamo y acesulfamo y E 969 Advantame que se refieren al uso en «solo productos de bollería, pastelería, repostería y galletería para usos nutricionales específicos» en la categoría de alimentos 07.2 «Productos de bollería, pastelería, repostería y galletería».

(9)

Procede, por tanto, modificar el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 en consecuencia.

(10)

A fin de que los agentes económicos puedan adaptarse a las nuevas normas, conviene establecer un período transitorio durante el cual los productos de bollería, pastelería, repostería y galletería para usos nutricionales específicos que contengan cualquiera de dichos edulcorantes puedan seguir comercializándose.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 establece la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados para su utilización en alimentos, y sus condiciones de utilización.

(2)

El anexo III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 establece la lista de aditivos alimentarios de la Unión autorizados para ser empleados en aditivos alimentarios, enzimas alimentarias, aromas alimentarios y nutrientes, y sus condiciones de uso.

(3)

El Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión (2) establece especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008.

(4)

El sorbato cálcico (E 203) es una sustancia autorizada como conservante en varios alimentos, así como en preparados de colorantes alimentarios y en aromas alimentarios, de conformidad con los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008.

(5)

Con arreglo al artículo 32, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1333/2008, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») debe efectuar una nueva determinación del riesgo de todos los aditivos alimentarios que ya estuvieran permitidos en la Unión antes del 20 de enero de 2009.

(6)

Con este fin, el Reglamento (UE) n.o 257/2010 de la Comisión (3) establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios. De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 257/2010, la reevaluación de los conservantes tenía que quedar completada antes del 31 de diciembre de 2015.

(7)

El 30 de junio de 2015, la Autoridad emitió un dictamen científico sobre la reevaluación del ácido sórbico (E 200), el sorbato potásico (E 202) y el sorbato cálcico (E 203) como aditivos alimentarios (4). En dicho dictamen se afirmaba que faltaban datos sobre genotoxicidad relativos al sorbato cálcico. Por consiguiente, la Autoridad no podía confirmar la seguridad del sorbato cálcico como aditivo alimentario, por lo que concluyó que esta sustancia debía quedar excluida de la ingesta diaria admisible (IDA) agrupada definida para el ácido sórbico (E 200) y el sorbato potásico (E 202). En el dictamen también se afirmaba que era necesario realizar estudios sobre genotoxicidad relativos al sorbato cálcico para considerar la inclusión de esta sustancia en dicha IDA agrupada.

(8)

El 10 de junio de 2016, la Comisión puso en marcha una convocatoria pública para recabar datos científicos y tecnológicos sobre el ácido sórbico (E 200), el sorbato potásico (E 202) y el sorbato cálcico (E 203) (5), con el objetivo de llenar las lagunas de datos señaladas en el dictamen científico sobre la reevaluación de estas sustancias como aditivos alimentarios. Sin embargo, ningún explotador de empresa alimentaria se comprometió a proporcionar los datos necesarios sobre genotoxicidad relativos al sorbato cálcico (E 203). Sin estos datos, la Autoridad no puede completar la reevaluación de la seguridad del sorbato cálcico como aditivo alimentario y, por consiguiente, no puede determinarse si dicha sustancia sigue cumpliendo las condiciones del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 para ser incluida en la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados.

(9)

Procede, por tanto, retirar el sorbato cálcico (E 203) de la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados.

(10)

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1333/2008, la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados debe modificarse de conformidad con el procedimiento contemplado en el Reglamento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(11)

Según se establece en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1331/2008, la lista de la Unión de aditivos alimentarios puede actualizarse, bien a iniciativa de la Comisión, bien en respuesta a una solicitud.

(12)

Por tanto, deben modificarse los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 y el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 mediante la supresión del sorbato cálcico (E 203) de la lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados, puesto que, debido a la ausencia de datos adecuados sobre genotoxicidad, su inclusión en la lista ya no puede ser justificada.

(13)

A fin de permitir que los explotadores de empresas alimentarias se adapten a los nuevos requisitos o encuentren alternativas al sorbato cálcico (E 203), el presente Reglamento debe aplicarse seis meses después de su entrada en vigor.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El artículo 23, apartado 3, de la Directiva 2011/16/UE prevé una evaluación anual de la eficacia del intercambio automático de la información que debe ser notificada por los Estados miembros a la Comisión.

(2)

El artículo 23, apartado 4, de la Directiva 2011/16/UE establece una lista de los datos estadísticos que deben facilitar los Estados miembros a los fines de evaluación de dicha Directiva.

(3)

La lista no incluye los datos estadísticos en lo que respecta al intercambio obligatorio de información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Directiva 2011/16/UE, puesto que esta información será recopilada por la Comisión a partir del repertorio central establecido de conformidad con el artículo 21, apartado 5, de la Directiva 2011/16/UE.

(4)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2378 de la Comisión (2).

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Cooperación Administrativa en materia Tributaria.

1)

Se insertan los artículos 2 quater y 2 quinquies siguientes:

2)

Los anexos VIII, IX, X, XI y XII se añaden con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

(1)

Las Directivas 2003/90/CE (3) y 2003/91/CE (4) de la Comisión se adoptaron con el objetivo de garantizar que las variedades que los Estados miembros incluyen en sus catálogos nacionales se ajustan a los protocolos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) por lo que respecta a los caracteres que deben analizarse como mínimo al examinar las distintas especies y los requisitos mínimos para el examen de variedades, siempre y cuando se hayan fijado dichos protocolos. Por lo que se refiere a las especies no cubiertas por los protocolos de la OCVV, las Directivas disponen que son aplicables las directrices de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

(2)

Desde la última modificación de las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE por la Directiva de Ejecución (UE) 2016/1914 de la Comisión (5) la OCVV y la UPOV han establecido nuevos protocolos y directrices y han actualizado los que ya existían.

(3)

Por tanto, procede modificar las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

La Estrategia Europea de Seguridad adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003 pone de relieve cinco desafíos principales a los que debe enfrentarse la Unión: el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, la descomposición de los Estados y la delincuencia organizada. Las consecuencias de la circulación incontrolada de armas convencionales son fundamentales para cuatro de esos cinco desafíos. Dicha Estrategia hace hincapié en la importancia que revisten los controles de las exportaciones para contener la proliferación de armas. La nueva Estrategia Global de la Unión sobre política exterior y de seguridad denominada «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte», presentada por la Alta Representante el 28 de junio de 2016, confirma el apoyo de la Unión a la universalización, plena aplicación y cumplimiento de los tratados y regímenes multilaterales de desarme, no proliferación y control de armamento.

(2)

El 5 de junio de 1998, la Unión adoptó un Código de Conducta políticamente vinculante en materia de exportación de armas, que establece criterios comunes para regular el comercio legal de armas convencionales.

(3)

La Estrategia de la Unión contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y de sus municiones, adoptada por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de diciembre de 2005, estipula que la Unión apoya, a escala regional e internacional, el refuerzo de los controles de exportación y la promoción de los criterios del Código de Conducta en materia de exportación de armas, entre otras cosas mediante la asistencia a terceros países en ámbitos como la elaboración de legislación nacional en la materia y el fomento de medidas de transparencia.

(4)

El Código de Conducta en materia de exportación de armas fue sustituido el 8 de diciembre de 2008 por la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (1), que establece ocho criterios con arreglo a los cuales han de evaluarse las solicitudes de exportación de armas convencionales. Incluye también un mecanismo de notificación y consulta para las denegaciones de exportaciones de armas y medidas de transparencia como la publicación de un informe anual de la UE sobre exportaciones de armas. Algunos terceros países han suscrito lo dispuesto en la Posición Común 2008/944/PESC.

(5)

A tenor del artículo 11 de la Posición Común 2008/944/PESC, los Estados miembros deben poner el máximo empeño en animar a otros Estados que exporten tecnología o equipos militares a aplicar los criterios recogidos en dicha Posición Común.

(6)

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en abril de 2013 el Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. El Tratado pretende reforzar la transparencia y la responsabilidad en el comercio de armas. Al igual que la Posición Común 2008/944/PESC, el Tratado sobre el Comercio de Armas establece una serie de criterios para la evaluación de riesgos, con arreglo a los cuales han de evaluarse las exportaciones de armas. La Unión apoya de manera concreta la aplicación eficaz del Tratado y su universalización a través de los programas específicos adoptados a tenor de la Decisiones 2013/768/PESC (2) y (PESC) 2017/915 (3) del Consejo. Dichos programas ayudan a una serie de terceros países, previa solicitud, a reforzar sus sistemas de control de las transferencias de armas en consonancia con los requisitos del Tratado.

(7)

Es importante, por lo tanto, garantizar el carácter complementario entre las actividades de promoción y asistencia que establece la presente Decisión y las establecidas en la Decisión (PESC) 2017/915.

(8)

Las actividades de la Unión para promover controles eficaces y transparentes de las exportaciones de armas se han venido desarrollando desde 2008 con arreglo a la Acción Común 2008/230/PESC (4) y las Decisiones 2009/1012/PESC (5), 2012/711/PESC (6) y (PESC) 2015/2309 (7) del Consejo. En particular, las actividades realizadas han apoyado el desarrollo de la cooperación regional, la mejora de la transparencia y el aumento de la responsabilidad, con arreglo a los principios de la Posición Común 2008/944/PESC y a los criterios que contiene en cuanto a evaluación del riesgo. Las actividades en cuestión se han dirigido tradicionalmente a los terceros países de la vecindad oriental y meridional de la Unión.

(9)

En los últimos años, la Unión también ha prestado asistencia para mejorar los controles de la exportación de productos de doble uso en terceros países, debiendo garantizarse una coordinación eficaz entre las actividades de control de las exportaciones de armas reguladas por la presente Decisión y las actividades relacionadas con los controles de exportación de productos de doble uso.

(10)

El Consejo encomendó la ejecución técnica de sus Decisiones 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC y (PESC) 2015/2309 a la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones alemana (BAFA). La BAFA es, además, la agencia encargada de ejecutar los proyectos que apoyan la aplicación eficaz del Tratado sobre el Comercio de Armas en virtud de las Decisiones 2013/768/PESC y (PESC) 2017/915. La BAFA es la agencia responsable del control de armas en un Estado miembro de la UE y ha desarrollado un amplio caudal de conocimientos y experiencia en actividades de promoción, además de compartir sus competencias fundamentales con otros Estados.

(1)

En la Directiva 91/68/CEE se definen las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios en la Unión de animales de las especies ovina y caprina. En ella se fijan las condiciones según las cuales los Estados miembros o las regiones de Estados miembros pueden ser reconocidos como oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis).

(2)

La Decisión 93/52/CEE de la Comisión (2) enumera en su anexo II las regiones de los Estados miembros que están reconocidas como oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) de conformidad con la Directiva 91/68/CEE.

(3)

España ha presentado a la Comisión documentación que demuestra que las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña cumplen las condiciones establecidas en la Directiva 91/68/CEE para ser reconocidas oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) en relación con su ganadería ovina y caprina.

(4)

Tras haberse evaluado la documentación presentada por España, las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña deben ser declaradas oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) en lo que respecta a la ganadería ovina y caprina.

(5)

Por lo tanto, procede modificar la entrada correspondiente a España en el anexo II de la Decisión 93/52/CEE en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El 27 de julio de 2016, la Comisión adoptó una Recomendación relativa al Estado de Derecho en Polonia (1) en la que expresaba su preocupación por la situación del Tribunal Constitucional y recomendaba medidas para solucionarla. El 21 de diciembre de 2016 y el 26 de julio de 2017, la Comisión adoptó Recomendaciones complementarias sobre el Estado de Derecho en Polonia (2).

(2)

Las Recomendaciones de la Comisión se adoptaron en el contexto del Marco para reforzar el Estado de Derecho (3). El Marco para reforzar el Estado de Derecho establece cómo actuará la Comisión en caso de indicios claros de una amenaza contra el Estado de Derecho en un Estado miembro de la Unión y explica los principios que conlleva el Estado de Derecho. El Marco para reforzar el Estado de Derecho da orientaciones para un diálogo entre la Comisión y el Estado miembro a fin de prevenir la aparición de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho que pueda convertirse en un «riesgo claro de violación grave», lo que podría desencadenar la utilización del «procedimiento del artículo 7 del TUE». Cuando existan indicios claros de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en un Estado miembro, la Comisión podrá entablar un diálogo con dicho Estado miembro dentro del Marco para reforzar el Estado de Derecho.

(3)

La Unión Europea se basa en un conjunto de valores comunes consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y que incluye el respeto del Estado de Derecho. La Comisión, más allá de su misión de garantizar el respeto del Derecho de la UE, es también responsable, junto con el Parlamento Europeo, los Estados miembros y el Consejo, de garantizar los valores comunes de la Unión.

(4)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como varios documentos elaborados por el Consejo de Europa basados particularmente en la experiencia de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (en lo sucesivo, «Comisión de Venecia» ), establecen una lista no exhaustiva de estos principios mediante la que definen el significado del Estado de Derecho como valor común de la Unión, de conformidad con el artículo 2 del TUE. Entre estos principios se encuentran la legalidad, que implica un proceso legislativo transparente, responsable, democrático y pluralista; la seguridad jurídica; la prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo; unos tribunales independientes e imparciales; un control judicial efectivo, en especial sobre el respeto de los derechos fundamentales; y la igualdad ante la ley (4). Además de respetar estos principios y valores, las instituciones públicas tienen también la obligación de cooperación leal.

(5)

En su Recomendación de 27 de julio de 2016, la Comisión explicaba las circunstancias en las que, el 13 de enero de 2016, había decidido estudiar la situación con arreglo al Marco para reforzar el Estado de Derecho y en las que adoptó, el 1 de junio de 2016, un dictamen sobre el Estado de Derecho en Polonia. Indicaba asimismo dicha Recomendación que los intercambios entre la Comisión y el Gobierno polaco no habían permitido disipar las dudas de la Comisión.

(6)

En su Recomendación, la Comisión consideraba que existía una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia y recomendaba que las autoridades polacas adoptasen las medidas oportunas para hacer frente a esa amenaza con carácter de urgencia.

(7)

En su Recomendación de 21 de diciembre de 2016, la Comisión tuvo en cuenta los acontecimientos ocurridos en Polonia desde la adopción de la Recomendación de la Comisión de 27 de julio de 2016. La Comisión concluía que, pese a que algunas de las cuestiones planteadas en su última Recomendación habían sido abordadas, quedaban por resolver problemas importantes y otros habían surgido entretanto. La Comisión también constató que el procedimiento que había llevado al nombramiento de un nuevo Presidente del Tribunal planteaba serias preocupaciones por lo que respecta al Estado de Derecho, y llegó a la conclusión de que seguía existiendo una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia. La Comisión invitó al Gobierno polaco a resolver urgentemente los problemas señalados, en un plazo de dos meses, y a informarla de las medidas adoptadas al efecto. Asimismo, señaló su disposición permanente a proseguir el diálogo constructivo entablado con el Gobierno polaco sobre la base de la Recomendación.

(8)

El 26 de julio de 2017, la Comisión adoptó una tercera Recomendación relativa al Estado de Derecho en Polonia, complementaria de sus Recomendaciones de 27 de julio y 21 de diciembre de 2016. En esta Recomendación, la Comisión tuvo en cuenta los acontecimientos ocurridos en Polonia desde la adopción de la Recomendación de la Comisión de 21 de diciembre de 2016. Las reservas de la Comisión surgían de la falta de un control constitucional independiente y legítimo y de la adopción por el Parlamento polaco de nueva legislación relacionada con el poder judicial que suscitaba graves preocupaciones por lo que respecta a la independencia judicial e incrementaba significativamente la amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia. En su Recomendación, la Comisión consideraba que la situación de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia, tal como describió en sus Recomendaciones de 27 de julio y 21 de diciembre de 2016, se había deteriorado gravemente.

(9)

En particular, la Recomendación subrayaba que la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial de 15 de julio de 2017 y la Ley del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2017, de entrar en vigor, socavarían estructuralmente la independencia del poder judicial en Polonia y tendrían una incidencia inmediata y concreta en el funcionamiento independiente del poder judicial en su conjunto. Dado que la independencia del poder judicial es un elemento clave del Estado de Derecho, estas nuevas leyes agravaban significativamente la amenaza sistémica para el Estado de Derecho, tal como se había expuesto en las anteriores Recomendaciones. La Recomendación destacaba que el cese de jueces del Tribunal Supremo, su posible nuevo nombramiento, así como otras medidas que figuran en la Ley del Tribunal Supremo, agravarían seriamente la amenaza sistémica para el Estado de Derecho. Entre las medidas recomendadas, la Comisión recomendaba que las autoridades polacas garantizasen que las dos leyes sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional del Poder Judicial no entraran en vigor y que toda reforma de la justicia respetara el Estado de Derecho, el Derecho de la UE y los criterios europeos sobre la independencia del poder judicial y se elaborase en estrecha cooperación con el poder judicial y todas las partes interesadas. La Comisión también pidió a las autoridades polacas que no adopten ninguna medida de cese o jubilación forzosa de jueces del Tribunal Supremo, puesto que dichas medidas agravarán sobremanera la amenaza sistémica para el Estado de Derecho. La Comisión declaró que estaba dispuesta, en caso de que las autoridades polacas adoptasen cualquier medida de este tipo, a activar el artículo 7, apartado 1, del TUE.

(10)

La Comisión invitaba al Gobierno polaco a resolver los problemas señalados en esa Recomendación en el plazo de un mes a partir de la recepción de la misma.

(11)

El 31 de julio de 2017, el Sejm fue formalmente informado de la decisión del Presidente de la República de vetar la Ley por la que se modifica la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial y la Ley del Tribunal Supremo.

(12)

Mediante escritos de 4 y 16 de agosto de 2017, el Gobierno polaco pidió a la Comisión aclaraciones sobre su Recomendación de 26 de julio de 2017, solicitud a la que la Comisión respondió mediante cartas de 8 y 21 de agosto de 2017, respectivamente.

(13)

El 28 de agosto de 2017, el Gobierno polaco envió una respuesta a la Recomendación de 26 de julio de 2017. La respuesta discrepaba con respecto a todas las cuestiones planteadas en la Recomendación y no anunciaba nuevas medidas para responder a las inquietudes manifestadas por la Comisión.

(14)

En un Dictamen de 30 de agosto de 2017, la Oficina de las instituciones Democráticas y de los Derechos del Hombre de la OSCE (OIDDH) llegó a la conclusión de que la Ley del Tribunal Supremo objeto de suspensión no respeta las normas internacionales sobre la independencia del poder judicial (5).

(15)

El 11 de septiembre de 2017, el Gobierno polaco inició una campaña denominada «Tribunales Justos» dirigida a recabar apoyo social para la reforma judicial en curso. El Consejo Nacional del Poder Judicial y los tribunales ordinarios publicaron varias declaraciones a fin de rechazar las acusaciones dirigidas contra los tribunales, los jueces y el propio Consejo durante la campaña.

(16)

El 11 de septiembre de 2017 el Tribunal Constitucional, reunido en una sala de cinco jueces, declaró inconstitucionales determinadas disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil que permiten a los tribunales ordinarios y al Tribunal Supremo evaluar la legalidad del nombramiento del presidente y del vicepresidente del Tribunal (6).

(17)

El 13 de septiembre de 2017, el Ministro de Justicia comenzó a ejercer la facultad de cesar a presidentes y vicepresidentes de los tribunales con arreglo a la nueva Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios.

(18)

Los días 15 de septiembre y 18 de octubre de 2017, el Consejo Nacional del Poder Judicial criticó las decisiones de cese adoptadas por dicho ministro, indicando que tal facultad arbitraria viola el principio constitucional de la independencia de los tribunales y podría menoscabar la imparcialidad de los jueces.

(19)

El 15 de septiembre de 2017, el Sejm designó a una persona para un puesto ya ocupado del Tribunal Constitucional, y el Presidente de la República aceptó el juramento el 18 de septiembre de 2017.

(20)

El 15 de septiembre de 2017, el Sejm aprobó la Ley del Instituto Nacional de la Libertad – Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que centraliza la distribución de fondos, también para las organizaciones de la sociedad civil.

(21)

El 22 de septiembre de 2017, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó los informes sobre Polonia presentados en el marco del tercer examen periódico, que contienen recomendaciones sobre la independencia judicial y el Estado de Derecho.

(22)

El 25 de septiembre de 2017, la Comisión informó al Consejo sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia. Hubo un amplio acuerdo sobre el hecho de que el Estado de Derecho constituye un interés y una responsabilidad comunes y sobre la necesidad de que Polonia y la Comisión entablen un diálogo para encontrar una solución.

(23)

El 26 de septiembre de 2017, el presidente de la República sometió al Sejm dos nuevos proyectos de ley del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial.

(24)

El 3 de octubre de 2017, el Sejm sometió los dos proyectos de ley presidenciales sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional del Poder Judicial a consulta de las partes interesadas pertinentes, entre ellas el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional del Poder Judicial.

(25)

Los días 6 y 25 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo publicó sus dictámenes sobre los dos nuevos proyectos de Ley del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial. En ellos considera que el proyecto de ley del Tribunal Supremo comprometería considerablemente su independencia y que resulta imposible conciliar el proyecto de ley del Consejo Nacional del Poder Judicial con el concepto de un Estado democrático regido por el Estado de Derecho.

(26)

El 11 de octubre de 2017, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una Resolución sobre las nuevas amenazas para el Estado de Derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa, en la que expresa su preocupación también por la evolución registrada en Polonia, que pone en peligro el respeto del Estado de Derecho y, en particular, la independencia del poder judicial y el principio de separación de poderes (7).

(27)

El 13 de octubre de 2017, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ) emitió un dictamen (8) sobre el nuevo proyecto de ley del Consejo Nacional del Poder Judicial en el que destacaba su incompatibilidad con los criterios europeos sobre los Consejos del Poder Judicial.

(28)

El 23 de octubre de 2017, tras el tercer ciclo del examen periódico universal de Polonia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que las autoridades polacas aceptaran las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el respeto de la independencia del poder judicial.

(29)

El 24 de octubre de 2017, el Tribunal Constitucional, en una configuración que integraba a dos jueces nombrados de forma ilegal, declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley del Tribunal Supremo, en virtud de la cual había sido nombrado, en particular, el actual Presidente primero del Tribunal Supremo.

(30)

El 24 de octubre de 2017, el Tribunal Constitucional, en una configuración que integraba a dos jueces nombrados de forma ilegal, declaró constitucionales las disposiciones de las tres leyes del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016, en concreto de aquellas sobre cuya base los dos jueces designados ilegalmente que estaban conociendo del asunto habían sido autorizados a pronunciarse en el Tribunal Constitucional. La moción del Defensor del Pueblo polaco sobre la recusación de esos dos jueces para ese asunto había sido rechazada por el Tribunal Constitucional.

(31)

El 27 de octubre de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, el Sr. Diego García-Sayán, presentó sus observaciones preliminares (9), según las cuales los dos proyectos de ley del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial plantean toda una serie de dudas respecto del mantenimiento de la independencia judicial.

(32)

El 31 de octubre de 2017, el Consejo Nacional del Poder Judicial adoptó un dictamen sobre el nuevo proyecto de ley del Consejo Nacional del Poder Judicial presentado por el Presidente de la República. En él señala que dicho proyecto es fundamentalmente incompatible con la Constitución polaca, al facultar al Sejm para designar a jueces-miembros del Consejo y al poner término anticipadamente al mandato, protegido por la Constitución, de los actuales jueces-miembros de esa institución.

(33)

El 10 de noviembre de 2017, el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (CCJE) adoptó una declaración sobre la inquietud que suscita la situación de la independencia judicial en Polonia (10).