27.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 345/1

(1)

El Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) dispone normas y procedimientos armonizados para facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales que son responsables de la aplicación de la legislación transfronteriza en materia de protección de los consumidores. El artículo 21 bis del Reglamento (CE) n.o 2006/2004 prevé una revisión de la eficacia de dicho Reglamento y de sus mecanismos de funcionamiento. Tras la citada revisión, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 no es suficiente para hacer frente eficazmente a los retos de aplicación que plantea el mercado único, incluidos los desafíos del mercado único digital.

(2)

La comunicación de la Comisión de 6 de mayo de 2015, «Una Estrategia para el Mercado Único Digital en Europa», identificó como una de las prioridades de dicha estrategia la necesidad de reforzar la confianza de los consumidores mediante una aplicación más rápida, ágil y coherente de las normas relativas a la protección de los consumidores. La comunicación de la Comisión de 28 de octubre de 2015, «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», reiteró que la aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores debe reforzarse aún más mediante la reforma del Reglamento (CE) n.o 2006/2004.

(3)

La aplicación ineficaz de la legislación en casos de infracciones transfronterizas, incluyendo las infracciones cometidas en el entorno digital, permite a los comerciantes eludir la aplicación de la legislación trasladando su actividad dentro de la Unión. Ello también da lugar a una distorsión de la competencia para los comerciantes respetuosos de la ley que operan en su propio país o a escala transfronteriza (en línea o fuera de línea) y perjudica directamente, por lo tanto, a los consumidores, mermando su confianza en las transacciones transfronterizas y el mercado interior. Un mayor nivel de armonización que incluya una cooperación efectiva y eficaz en materia de ejecución entre las autoridades públicas competentes es, por tanto, necesario para detectar, investigar y ordenar el cese o la prohibición de las infracciones reguladas por el presente Reglamento.

(4)

El Reglamento (CE) n.o 2006/2004 establece una red de autoridades públicas competentes responsables de la aplicación de la legislación en toda la Unión. Es necesaria una coordinación eficaz entre las diferentes autoridades competentes que participan en dicha red, así como una coordinación eficaz entre otras autoridades públicas a escala de los Estados miembros. La labor de coordinación de la oficina de enlace única debe confiarse a una autoridad pública en cada Estado miembro. Dicha autoridad debe tener facultades suficientes y recursos necesarios para desempeñar esa función clave. Se invita a cada uno de los Estados miembros a designar a una de las autoridades competentes como oficina de enlace única en virtud del presente Reglamento.

(5)

También debe protegerse a los consumidores de las infracciones reguladas en el presente Reglamento que ya hayan cesado pero cuyos efectos perjudiciales puedan continuar. Las autoridades competentes deben disponer de las facultades mínimas necesarias para investigar y ordenar el cese de tales infracciones o su prohibición en el futuro a fin de impedir que se repitan, y garantizar con ello un alto nivel de protección de los consumidores.

(6)

Las autoridades competentes deben disponer de un conjunto mínimo de facultades de investigación y ejecución con el fin de aplicar el presente Reglamento, cooperar entre sí de forma más rápida y eficiente y disuadir a los comerciantes de cometer infracciones reguladas en el presente Reglamento. Esas facultades deben ser suficientes para afrontar de forma eficaz los retos de aplicación de la legislación que plantean el comercio electrónico y el entorno digital e impedir que los comerciantes infractores aprovechen las lagunas del sistema de ejecución de la normativa trasladando su actividad a otros Estados miembros cuyas autoridades competentes no estén equipadas para hacer frente a prácticas ilícitas. Dichas facultades deben permitir a los Estados miembros garantizar que la información y las pruebas necesarias puedan ser válidamente intercambiadas entre las autoridades competentes para lograr un mismo nivel de aplicación efectiva de la legislación en todos los Estados miembros.

(7)

Cada Estado miembro debe garantizar que todas las autoridades competentes que se hallen dentro de su ámbito de competencia dispongan de todas las facultades mínimas que sean necesarias para garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento. Sin embargo, los Estados miembros deben poder decidir no otorgar todas las facultades a cada autoridad competente siempre que cada una de esas facultades pueda ser ejercida de manera efectiva, según sea necesario, respecto de cualquier infracción regulada en el presente Reglamento. Los Estados miembros deben también poder decidir, conforme al presente Reglamento, conferir ciertas funciones a organismos designados, u otorgar a las autoridades competentes la facultad de consultar a organizaciones de consumidores, asociaciones de comerciantes, organismos designados u otras personas interesadas acerca de la eficacia de los compromisos propuestos por un comerciante para el cese de una infracción regulada en el presente Reglamento. Sin embargo, los Estados miembros no deben estar sujetos a obligación alguna para hacer participar a organismos designados en la aplicación del presente Reglamento ni a disponer que se consulte a organizaciones de consumidores, asociaciones de comerciantes, organismos designados u otras personas interesadas acerca de la eficacia de los compromisos propuestos para el cese de la infracción regulada en el presente Reglamento.

(8)

Las autoridades competentes deben poder abrir investigaciones o procedimientos por iniciativa propia si tienen conocimiento de infracciones reguladas en el presente Reglamento por medios distintos de las reclamaciones de los consumidores.

(9)

Las autoridades competentes deben tener acceso a cualesquiera documento, datos e información pertinentes relacionados con el objeto de una investigación o de investigaciones concertadas de un mercado de consumo (en lo sucesivo, «barridos») con el fin de determinar si se ha cometido, o se está cometiendo una infracción de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores, y en particular para identificar al comerciante responsable, con independencia de quién esté en posesión de los documentos, datos o información y con independencia de su forma o formato, su medio de almacenamiento o el lugar donde estén almacenados. Las autoridades competentes deben estar facultadas para solicitar directamente que terceros que participen en la cadena de valor digital faciliten todas las pruebas, datos e información pertinentes, de conformidad con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y de conformidad con la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

(10)

Las autoridades competentes deben poder solicitar cualquier información pertinente a cualquier autoridad pública, organismo o agencia de su Estado miembro o a cualquier persona física o jurídica, incluidos, por ejemplo, los proveedores de servicios de pago, los proveedores de servicios de Internet, los operadores de telecomunicaciones, los registros y registradores de dominios y los proveedores de servicios de alojamiento de datos, a los efectos de determinar si se ha cometido o se está cometiendo una infracción regulada en el presente Reglamento.

(11)

Las autoridades competentes deben poder llevar a cabo las inspecciones necesarias in situ y estar facultadas para acceder a todos los locales, terrenos o medios de transporte que el comerciante afectado por la inspección utilice para fines relacionados con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

(12)

Las autoridades competentes deben poder requerir a cualquier representante o empleado del comerciante afectado por la inspección que dé explicaciones sobre hechos, información, datos o documentos relativos al objeto de la inspección, y deben poder dejar constancia de las respuestas ofrecidas por dichos representantes o empleados.

(13)

Las autoridades competentes deben estar facultadas para comprobar el cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y para obtener pruebas de las infracciones reguladas en el presente Reglamento, incluidas aquellas que tengan lugar durante o después de la compra de bienes o servicios. Por ello, las autoridades competentes deben tener la facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba, cuando sea necesario bajo una identidad encubierta, para detectar infracciones reguladas en el presente Reglamento, como la denegación del derecho de desistimiento que asiste al consumidor en el caso de los contratos a distancia y para obtener pruebas. Esta facultad debe comprender también la posibilidad de inspeccionar, examinar, analizar, desmontar o ensayar un producto o servicio adquirido a tales fines por la autoridad competente. La facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba puede comprender la facultad de las autoridades competentes de garantizar la devolución de cualquier pago efectuado en caso de que dicha devolución no sea desproporcionada y sea conforme por lo demás con el Derecho de la Unión y nacional.

(14)

En el entorno digital, en particular, las autoridades competentes deben poder poner fin a las infracciones reguladas en el presente Reglamento rápidamente y de manera eficaz, en particular cuando el comerciante que vende bienes o servicios oculta su identidad o se traslada dentro de la Unión o a un tercer país para evitar las medidas de ejecución. En el caso de que exista un riesgo de perjuicio grave para los intereses colectivos de los consumidores, las autoridades competentes deben poder adoptar, de conformidad con el Derecho nacional, medidas provisionales como la supresión de contenidos de una interfaz en línea o la orden de que se muestre expresamente un aviso a los consumidores que accedan a una interfaz en línea. Las medidas provisionales no deben exceder de lo necesario para lograr el objetivo perseguido. Además, las autoridades competentes deben tener la facultad de ordenar que se muestre expresamente un aviso a los consumidores que accedan a una interfaz en línea o de ordenar la retirada o modificación de contenido digital cuando no existan otros medios eficaces de impedir una práctica ilícita. Tales medidas no deben exceder de lo necesario para lograr el objetivo de poner fin o prohibir la infracción regulada en el presente Reglamento.

(15)

Con el fin de alcanzar los objetivos del presente Reglamento, a la vez que se destaca la importancia de la disposición del comerciante a actuar conforme a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y a reparar las consecuencias de sus infracciones reguladas en el presente Reglamento, las autoridades competentes deben tener la opción de llegar a acuerdos con los comerciantes sobre compromisos que contengan los pasos que han de dar y las medidas que han de tomar en relación con dichas infracciones, especialmente para que cese una infracción.

(16)

Las sanciones por infracciones del Derecho en materia de protección de los consumidores constituyen una parte importante del sistema de control para su cumplimiento, ya que tienen un impacto directo en el grado de disuasión que se logra gracias a las medidas públicas de ejecución. Habida cuenta de que los regímenes nacionales de sanciones no siempre permiten tener en cuenta la dimensión transfronteriza de una infracción, las autoridades competentes, como parte de sus competencias mínimas, deben tener la facultad de imponer sanciones por las infracciones reguladas en el presente Reglamento. No se debe exigir a los Estados miembros que establezcan un nuevo régimen de sanciones para las infracciones reguladas en el presente Reglamento, sino únicamente requerir a las autoridades competentes que apliquen el régimen vigente para la misma infracción nacional, teniendo cuenta en la medida de lo posible la amplitud y el alcance efectivos de la infracción. Podría considerarse necesario reforzar el nivel de las sanciones por incumplimiento del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisión sobre control de la adecuación de la legislación de la Unión en materia de protección de los consumidores y comercialización.

(17)

Los consumidores deben tener derecho a ser resarcidos por los perjuicios causados por infracciones reguladas en el presente Reglamento. En función de cada caso, la facultad de las autoridades competentes de recibir del comerciante, por iniciativa de este, con carácter adicional, compromisos de medidas correctoras a favor de los consumidores afectados por la presunta infracción regulada en el presente Reglamento, o, en su caso, de intentar obtener del comerciante compromisos que ofrezcan medidas correctoras adecuadas a los consumidores afectados por dicha infracción, debe contribuir a eliminar los efectos negativos sufridos por los consumidores como consecuencia de una infracción transfronteriza. Entre esas medidas correctoras podrían incluirse, en particular, la reparación, la sustitución, la reducción del precio, la terminación del contrato o el reembolso del precio abonado por los bienes o servicios, según corresponda, para mitigar las consecuencias negativas que la infracción regulada en el presente Reglamento haya tenido para el consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de la Unión. Lo anterior no debe afectar al derecho del consumidor a buscar resarcimiento por los medios adecuados. Cuando proceda, las autoridades competentes, utilizando los medios adecuados, deben informar a los consumidores que aleguen haber sufrido un perjuicio como consecuencia de una infracción regulada en el presente Reglamento, sobre cómo obtener compensación en virtud del Derecho nacional.

(18)

El desempeño y el ejercicio de las facultades en aplicación del presente Reglamento deben ejercerse de manera proporcionada y acorde con la naturaleza y el perjuicio global real o potencial que suponga la infracción de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores. Las autoridades competentes deben tomar en consideración todos los hechos y circunstancias de cada caso y elegir las medidas más apropiadas que sean esenciales para hacer frente a la infracción regulada en el presente Reglamento. Dichas medidas deben ser proporcionadas, efectivas y disuasorias.

(19)

El desempeño y el ejercicio de las facultades en la aplicación del presente Reglamento deben también cumplir con las demás disposiciones del Derecho de la Unión y nacional, en particular las garantías procedimentales aplicables y los principios de los derechos fundamentales. Los Estados miembros deben poder establecer libremente las condiciones y los límites del ejercicio de las facultades en su Derecho nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión. Cuando, por ejemplo, en virtud del Derecho nacional se exija la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate para entrar en los locales de personas físicas y jurídicas, la facultad de entrar en dichos locales solo debe ejercerse tras haberse obtenido tal autorización previa.

(20)

Los Estados miembros deben poder decidir si las autoridades competentes ejercen esas facultades directamente, en virtud de su propia autoridad, recurriendo a otras autoridades competentes u otras autoridades públicas, dando instrucciones a los organismos designados o previa solicitud a los órganos jurisdiccionales competentes. Los Estados miembros deben garantizar que dichas facultades se ejerzan de manera efectiva y en tiempo oportuno.

(21)

Al responder a las solicitudes presentadas a través del mecanismo de asistencia mutua, las autoridades competentes deben hacer uso también, cuando corresponda, de otras facultades o competencias que les hayan sido otorgadas a nivel nacional, incluida la facultad para iniciar acciones penales o remitir un asunto a la jurisdicción penal. Es de la máxima importancia que los órganos jurisdiccionales y otras autoridades, en particular aquellas que intervienen en las acciones penales, dispongan de los medios y facultades necesarios para cooperar con las autoridades competentes de manera eficaz y en tiempo oportuno.

(22)

Debe mejorarse la efectividad y la eficiencia del mecanismo de asistencia mutua. La información solicitada debe proporcionarse dentro de los plazos señalados en el presente Reglamento y las necesarias medidas de investigación y ejecución deben adoptarse a su debido tiempo. Las autoridades competentes deben responder a las solicitudes de información y ejecución dentro de plazos señalados, a menos que se acuerde de otro modo. Las obligaciones de la autoridad competente en el mecanismo de asistencia mutua deben mantenerse intactas, a menos que sea probable que las medidas de ejecución y las decisiones administrativas adoptadas a escala nacional fuera del mecanismo de asistencia mutua garanticen el cese o prohibición rápidos y efectivos de una infracción dentro de la Unión. A este respecto, por decisiones administrativas deben entenderse las decisiones que otorguen efecto a las medidas adoptadas para hacer que cese o se prohíba la infracción dentro de la Unión. En tales casos excepcionales, las autoridades competentes deben tener el derecho de negarse a atender una solicitud de medidas de ejecución presentada con arreglo al mecanismo de asistencia mutua.

(23)

La Comisión debe estar más capacitada para coordinar y hacer el seguimiento del funcionamiento del mecanismo de asistencia mutua, ofrecer orientación, formular recomendaciones y emitir dictámenes para los Estados miembros cuando surjan problemas. La Comisión también debe tener mayor capacidad de prestar asistencia eficaz y rápidamente a las autoridades competentes para resolver controversias sobre la interpretación de las obligaciones derivadas del mecanismo de asistencia mutua.

(24)

El presente Reglamento debe disponer normas armonizadas que establezcan el procedimiento de coordinación de las medidas de investigación y de ejecución con respecto a las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión. Las acciones coordinadas contra las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión deben garantizar que las autoridades competentes puedan elegir los instrumentos más adecuados y eficaces para poner fin a dichas infracciones y, cuando proceda, recibir o intentar obtener por parte de los comerciantes responsables compromisos sobre medidas correctoras a favor de los consumidores.

(25)

Como parte de una acción coordinada, las autoridades competentes afectadas deben coordinar sus medidas de investigación y ejecución a fin de combatir eficazmente la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión y hacerla cesar o prohibirla. A tal fin, las autoridades competentes deben intercambiar todas las pruebas e información necesarias y debe prestarse la asistencia precisa. Las autoridades competentes afectadas por la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión deben adoptar las medidas de ejecución necesarias de forma coordinada para hacer cesar o prohibir dicha infracción.

(26)

La participación de cada autoridad competente en una acción coordinada, y en particular las medidas de investigación y ejecución que deba adoptar una autoridad competente, deben ser suficientes a fin de hacer frente eficazmente a la infracción generalizada o a la infracción generalizada con dimensión en la Unión. Las autoridades competentes afectadas por dicha infracción deben estar obligadas a adoptar únicamente las medidas de investigación y ejecución que sean precisas para obtener todas las pruebas e información necesarias relativas a la infracción generalizada o a la infracción generalizada con dimensión en la Unión y para hacerla cesar o prohibirla. Sin embargo, la falta de recursos disponibles por parte de la autoridad competente afectada por dicha infracción no debe considerarse justificación para que no participe en una acción coordinada.

(27)

Las autoridades competentes afectadas por la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión que participan en una acción coordinada deben poder tomar medidas de investigación y ejecución a escala nacional en relación con la misma infracción y contra el mismo comerciante. No obstante, al mismo tiempo, ello no debe afectar en modo alguno a la obligación de la autoridad competente de coordinar sus actividades de investigación y ejecución en el marco de la acción coordinada con las demás autoridades competentes afectadas por dicha infracción, a menos que sea probable que las medidas de ejecución y las decisiones administrativas adoptadas en el plano nacional, fuera del marco de la acción coordinada, garanticen que cese o se prohíba de manera rápida y efectiva la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión. A ese respecto, por decisiones administrativas deben entenderse las decisiones que otorguen efecto a las medidas adoptadas para hacer que cese o se prohíba la infracción. En tales casos excepcionales, las autoridades competentes podrán declinar su participación en la acción coordinada.

(28)

Cuando haya una sospecha razonable de una infracción generalizada, las autoridades competentes afectadas por dicha infracción deben emprender, mediante acuerdo, una acción coordinada. Para determinar qué autoridades competentes se ven afectadas por una infracción generalizada procede analizar todos los aspectos pertinentes de dicha infracción, en particular el lugar de establecimiento o residencia del comerciante, la ubicación de sus activos, el lugar en que se encuentran los consumidores perjudicados por la presunta infracción y la ubicación de los puntos de venta del comerciante, es decir, las tiendas y los sitios web.

(29)

La Comisión debe cooperar más estrechamente con los Estados miembros para evitar que se cometan infracciones a gran escala. Por ello, cuando la Comisión sospeche que se ha cometido cualquier infracción de las reguladas en el presente Reglamento debe notificarlo a las autoridades competentes. Si, por ejemplo, al realizar el seguimiento de las alertas emitidas por las autoridades competentes, la Comisión tuviese la sospecha razonable de que se ha cometido una infracción generalizada con dimensión en la Unión, debe notificárselo a los Estados miembros, a través de las autoridades competentes y de las oficinas de enlace únicas a las que afecte la presunta infracción, exponiendo en la notificación los motivos que justifican una posible acción coordinada. Las autoridades competentes afectadas deben realizar las investigaciones oportunas a partir de la información de la que dispongan o a la que puedan acceder fácilmente. Deben notificar los resultados de sus investigaciones a las demás autoridades competentes, a las oficinas de enlace únicas afectadas y a la Comisión. Si las autoridades competentes afectadas llegan a la conclusión de que tales investigaciones revelan que podría estar cometiéndose una infracción, deben poner en marcha la acción coordinada mediante la adopción de las medidas establecidas en el presente Reglamento. Toda acción coordinada para hacer frente a una infracción generalizada con dimensión en la Unión debe estar coordinada siempre por la Comisión. Si es manifiesto que esa infracción afecta a un Estado miembro, este debe participar en una acción coordinada para ayudar a recopilar todas las pruebas e información necesarias relacionadas con la infracción y para hacerla cesar o prohibirla. Por lo que respecta a las medidas de ejecución, la aplicación del presente Reglamento no debe afectar a los procesos penales y civiles de los Estados miembros. Debe respetarse el principio non bis in idem. No obstante, si el mismo comerciante reincide en actos u omisiones que constituyan una infracción regulada en el presente Reglamento que ya haya sido objeto de un procedimiento de ejecución con resultado de cese o prohibición de la infracción, debe considerarse que se trata de una nueva infracción y las autoridades competentes deben hacerle frente.

(30)

Las autoridades competentes afectadas deben tomar las medidas de investigación necesarias para determinar los pormenores de la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión, en particular la identidad del comerciante, los actos u omisiones en los que este ha incurrido y los efectos de la infracción. Las autoridades competentes deben tomar medidas de ejecución basadas en el resultado de la investigación. En su caso, el resultado de la investigación y la valoración de la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión deben reflejarse en una posición común acordada entre las autoridades competentes de los Estados miembros que participan en la acción coordinada, y deben remitirse a los comerciantes responsables de dicha infracción. La posición común no debe constituir una decisión vinculante de las autoridades competentes. No obstante, debe dar al destinatario la oportunidad de manifestarse sobre las cuestiones que se tratan en ella.

(31)

En el contexto de las infracciones generalizadas o de las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, debe respetarse el derecho de defensa de los comerciantes de que se trate. Para ello es necesario, en particular, conceder al comerciante el derecho a ser oído y a utilizar, durante el procedimiento, la lengua oficial o una de las lenguas oficiales empleadas a efectos oficiales en el Estado miembro de establecimiento o residencia del comerciante. También es esencial garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión sobre protección de los conocimientos técnicos (know-how) y la información empresarial no divulgados.

(32)

Las autoridades competentes afectadas deben tomar dentro de su ámbito de competencia las medidas de investigación y de ejecución necesarias. Sin embargo, los efectos de las infracciones generalizadas o de las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión no se limitan a un solo Estado miembro. Por consiguiente, se requiere la cooperación entre las autoridades competentes para hacer frente a dichas infracciones y hacerlas cesar o prohibirlas.

(33)

La detección efectiva de las infracciones reguladas en el presente Reglamento debe estar respaldada por el intercambio de información entre las autoridades competentes y la Comisión mediante la emisión de alertas en caso de que exista una sospecha razonable de que se han cometido tales infracciones. La Comisión debe coordinar el funcionamiento del intercambio de información.

(34)

Las organizaciones de consumidores desempeñan un papel fundamental al informar a los consumidores sobre sus derechos, educarlos y proteger sus intereses, incluida la resolución de litigios. Debe animarse a los consumidores a cooperar con las autoridades competentes para reforzar la aplicación del presente Reglamento.

(35)

También debe permitirse que las organizaciones de consumidores y, en su caso las asociaciones de comerciantes, puedan notificar a las autoridades competentes presuntas infracciones reguladas en el presente Reglamento y compartir con ellas la información precisa para detectar, investigar y poner fin a las infracciones, dar su opinión sobre las investigaciones o las infracciones y notificar a las autoridades competentes el incumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores.

(36)

A fin de garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros deben facultar a organismos designados, Centros Europeos del Consumidor, organizaciones y asociaciones de consumidores, y en su caso, asociaciones de comerciantes, que tengan la experiencia necesaria, la facultad de emitir alertas externas a las autoridades competentes de los Estados miembros pertinentes y a la Comisión de las presuntas infracciones reguladas en el presente Reglamento y para que proporcionen la información necesaria de que dispongan. Los Estados miembros pueden tener motivos legítimos para no facultar a dichas entidades para que tomen las mencionadas acciones. En este contexto, si un Estado miembro decide no permitir a una de las mencionadas entidades emitir alertas externas, debe proporcionar una explicación debidamente motivada.

(37)

Los barridos son otra forma de coordinación de la ejecución que ha demostrado ser una herramienta eficaz contra las infracciones de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y que debe mantenerse y reforzarse en el futuro, tanto para el sector en línea como para el sector fuera de línea. En particular, deben realizarse barridos allí donde las tendencias del mercado, las reclamaciones de los consumidores u otras indicaciones sugieran que pueden haberse cometido o se están cometiendo infracciones de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores.

(38)

Los datos relativos a las reclamaciones de los consumidores pueden ayudar a los responsables políticos de la Unión y nacionales a evaluar el funcionamiento de los mercados de consumo y a detectar infracciones. Debe promoverse el intercambio de esos datos a escala de la Unión.

(39)

Es esencial que, en la medida necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos del presente Reglamento, los Estados miembros se informen mutuamente e informen a la Comisión de las actividades que realicen para proteger los intereses de los consumidores, incluido el apoyo que presten a las actividades de los representantes de los consumidores, a las actividades de los organismos responsables de la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo y al acceso de los consumidores a la justicia. Los Estados miembros deben estar facultados para llevar a cabo, en cooperación con la Comisión, actividades conjuntas relacionadas con el intercambio de información sobre la política de protección del consumidor en los ámbitos antes mencionados.

(40)

Los retos que existen en materia de ejecución trascienden las fronteras de la Unión, y es necesario proteger los intereses de los consumidores de la Unión frente a los comerciantes desaprensivos establecidos en terceros países. Por lo tanto, deben negociarse acuerdos internacionales con terceros países sobre asistencia mutua para la aplicación de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores. Dichos acuerdos internacionales deben incluir las materias reguladas por el presente Reglamento y deben negociarse a nivel de la Unión para garantizar una protección óptima de los consumidores de la Unión y una cooperación fluida con terceros países.

(41)

La información intercambiada entre las autoridades competentes debe estar sujeta a garantías estrictas de confidencialidad y secreto profesional y comercial para garantizar que las investigaciones no se vean comprometidas o se perjudique injustamente la reputación de los comerciantes. Las autoridades competentes deben tomar la decisión de divulgar la información únicamente cuando sea apropiado y necesario, de conformidad con el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el interés público, como la seguridad pública, la protección del consumidor, la salud pública, la protección del medio ambiente o el correcto desarrollo de las investigaciones penales, y en función del caso concreto.

(42)

Con el fin de aumentar la transparencia de la red de cooperación y concienciar a los consumidores y al público en general, la Comisión debe elaborar cada dos años una síntesis de la información, estadísticas y desarrollos registrados en relación con la aplicación del Derecho en materia de protección de los consumidores que se hayan recopilado en el contexto de la cooperación prevista en el presente Reglamento, y hacerla pública.

(43)

Las infracciones generalizadas deben resolverse con eficacia y eficiencia. Para lograr este objetivo debe ponerse en práctica un sistema bienal de intercambio de información sobre las prioridades de ejecución.

(44)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer las disposiciones prácticas y operativas para el funcionamiento de la base de datos electrónica. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(45)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas sectoriales de la Unión que rigen la cooperación entre los organismos reguladores sectoriales y las normas sectoriales aplicables de la Unión sobre la compensación a los consumidores por los perjuicios causados por las infracciones de dichas normas. El presente Reglamento se entiende también sin perjuicio de otras redes y sistemas de cooperación establecidos en la legislación sectorial de la Unión. El presente Reglamento promueve la cooperación y la coordinación entre la red de protección de los consumidores y las redes de organismos reguladores y autoridades establecidas por la legislación sectorial de la Unión. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación en los Estados miembros de las medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal.

(46)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del derecho a reclamar una indemnización individual o colectiva, que esté sujeto al Derecho nacional, y no prevea medidas de ejecución aplicables a tales reclamaciones.

(47)

El Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) deben aplicarse en el contexto del presente Reglamento.

(48)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas aplicables de la Unión sobre las competencias de los organismos reguladores nacionales establecidos por la legislación sectorial de la Unión. Cuando proceda y sea posible, estos organismos deben ejercer las facultades de que disponen, en virtud del Derecho de la Unión y nacional, para hacer que cesen o se prohíban las infracciones reguladas en el presente Reglamento y para asistir a las autoridades competentes para hacerlo.

(49)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la función y las facultades de las autoridades competentes y de la Autoridad Bancaria Europea en lo que se refiere a la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores en asuntos relativos a los servicios de cuentas de pago y los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial con arreglo a la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(50)

Habida cuenta de los mecanismos de cooperación existentes en virtud de la Directiva 2014/17/UE y la Directiva 2014/92/UE, el mecanismo de asistencia mutua no debe aplicarse a las infracciones de dichas Directivas dentro de la Unión.

(51)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Reglamento n.o 1 del Consejo (11).

(52)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y presentes en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios, incluidos los relacionados con la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En el ejercicio de las facultades mínimas establecidas en el presente Reglamento, las autoridades competentes deben encontrar un equilibrio adecuado entre los intereses protegidos por los derechos fundamentales, tales como un alto nivel de protección de los consumidores, la libertad de empresa y la libertad de información.

(53)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, ya que estos no pueden garantizar la cooperación y la coordinación actuando por sí solos, sino que, debido a su ámbito de aplicación territorial y personal, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(54)

Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CE) n.o 2006/2004.

a)

se originó o tuvo lugar el acto u omisión;

b)

en el que esté establecido el comerciante responsable del acto u omisión, o

c)

en el que se encuentren las pruebas o los activos del comerciante relacionados con el acto u omisión;

a)

todo acto u omisión contrario a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores residentes en al menos dos Estados miembros distintos de aquel en el que:

b)

cualquier acto u omisión que sea contrario a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores y tenga características comunes, incluyendo la misma práctica ilícita, el mismo interés vulnerado, y sea cometido simultáneamente por el mismo comerciante en al menos tres Estados miembros;

a)

el organismo designado no logre obtener la información necesaria o no consiga hacer cesar o prohibir la infracción regulada en el presente Reglamento sin dilación, o

b)

las autoridades competentes afectadas por una infracción regulada en el presente Reglamento no estén de acuerdo en que se puedan dar instrucciones al organismo designado con arreglo al apartado 1.

a)

la identidad y los datos de contacto de las autoridades competentes, de la oficina de enlace única, de los organismos designados y de las entidades que emitan alertas externas con arreglo al artículo 27, apartado 1, y

b)

la información sobre la organización, facultades y responsabilidades de las autoridades competentes.

a)

la facultad de acceder a todo documento, dato o información pertinentes relacionados con una infracción regulada en el presente Reglamento, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado;

b)

la facultad de exigir a cualquier autoridad, órgano u organismo público de su Estado miembro o a cualquier persona física o jurídica que proporcione toda información, dato o documento pertinentes, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado, con el fin de determinar si una infracción regulada en el presente Reglamento se ha cometido o se está cometiendo, y de determinar los pormenores de tal infracción, incluido el rastreo de los flujos financieros y de datos, la determinación de la identidad de las personas implicadas en los flujos financieros y de datos, y la averiguación de información sobre cuentas bancarias y la titularidad de sitios web;

c)

la facultad de llevar a cabo las inspecciones in situ necesarias, incluida la facultad de acceder a cualesquiera locales, terrenos o medios de transporte que el comerciante afectado por la inspección utilice para fines relacionados con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, o de requerir a otras autoridades que lo hagan, para examinar, incautar, aprehender u obtener copias de información, datos o documentos, con independencia de su soporte de almacenamiento; la facultad de incautarse de cualesquiera información, datos o documentos durante el tiempo necesario y en la medida necesaria para la inspección; la facultad de requerir a cualquier representante o empleado del comerciante afectado por la inspección que dé explicaciones sobre los hechos, información, datos o documentos relativos al objeto de la inspección, y consignar las respuestas;

d)

la facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba, cuando sea necesario, bajo una identidad encubierta, con el fin de detectar infracciones reguladas en el presente Reglamento y obtener pruebas, incluida la facultad de inspeccionarlos, examinarlos, analizarlos, desmontarlos o probarlos.

a)

la facultad de adoptar medidas provisionales para evitar el riesgo de perjuicio grave para los intereses colectivos de los consumidores;

b)

la facultad de intentar obtener o de aceptar los compromisos por parte del comerciante responsable de la infracción regulada en el presente Reglamento para poner fin a dicha infracción;

c)

la facultad de obtener del comerciante, por iniciativa de este, con carácter adicional, compromisos de medidas correctoras a favor de los consumidores afectados por la presunta infracción regulada en el presente Reglamento, o, en su caso, de intentar obtener del comerciante compromisos que ofrezcan medidas correctoras adecuadas para los consumidores afectados por dicha infracción;

d)

cuando sea de aplicación, la facultad de informar, por los medios adecuados, a los consumidores que aleguen haber sufrido un perjuicio como consecuencia de una infracción regulada en el presente Reglamento sobre los medios de que disponen para obtener resarcimiento en virtud del Derecho nacional;

e)

la facultad de ordenar por escrito al comerciante que ponga fin a la infracción regulada en el presente Reglamento;

f)

la facultad para hacer cesar o prohibir las infracciones reguladas en el presente Reglamento;

g)

cuando no se disponga de otro medio eficaz para hacer que cese o se prohíba la infracción regulada en el presente Reglamento y para evitar el riesgo de perjuicio grave para los intereses colectivos de los consumidores:

incluso solicitando a un tercero u otra autoridad pública que aplique dichas medidas;

h)

la facultad de imponer sanciones, como multas o multas coercitivas, por infracciones reguladas en el presente Reglamento o por el incumplimiento de cualquier resolución, orden, medida provisional, compromiso del comerciante u otra medida adoptada en virtud del presente Reglamento.

a)

directamente por las autoridades competentes en virtud de su propia autoridad;

b)

en su caso, recurriendo a otras autoridades competentes u otras autoridades públicas;

c)

dando instrucciones a organismos designados, en caso de ser de aplicación, o

d)

mediante solicitud a los órganos jurisdiccionales competentes para que adopten la resolución necesaria, incluso, cuando corresponda, mediante un recurso en caso de que no se estimase la solicitud de que se dicte la resolución necesaria.

a)

si se han impuesto medidas provisionales;

b)

si ha cesado la infracción;

c)

las medidas adoptadas y si tales medidas han sido aplicadas;

d)

en qué medida se han propuesto a los consumidores afectados por la presunta infracción compromisos de medidas correctoras.

a)

tras haber consultado con la autoridad solicitante, se ponga de manifiesto que la información solicitada no es necesaria para que la autoridad solicitante determine si se ha cometido o se está cometiendo una infracción dentro de la Unión, o si cabe presumir razonablemente que pueda cometerse;

b)

la autoridad solicitante no esté de acuerdo en que la información esté sujeta a las normas sobre confidencialidad y secreto profesional y comercial establecidas en el artículo 33;

c)

ya se hayan iniciado investigaciones penales o procesos judiciales ante las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad solicitada o de la autoridad solicitante respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante.

a)

se hayan ya iniciado investigaciones penales o procesos judiciales, o las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad solicitada ya hayan dictado una sentencia o una resolución judicial o aprobado una transacción judicial respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante;

b)

en el Estado miembro de la autoridad solicitada se haya iniciado ya el ejercicio de las facultades de ejecución necesarias o se haya adoptado ya una resolución administrativa respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante para hacer que cese o se prohíba de manera rápida y efectiva la infracción dentro de la Unión;

c)

tras una investigación adecuada, la autoridad solicitada concluya que no se ha cometido una infracción dentro de la Unión;

d)

la autoridad solicitada concluya que la autoridad solicitante no ha proporcionado la información necesaria con arreglo al artículo 13, apartado 1;

e)

la autoridad solicitada haya aceptado el compromiso propuesto por el comerciante de hacer cesar la infracción dentro de la Unión en un plazo determinado que aún no haya expirado.

a)

que en su Estado miembro ya se haya iniciado una investigación penal o un proceso judicial, se haya dictado una sentencia o se haya alcanzado una transacción judicial respecto de la misma infracción y contra el mismo comerciante;

b)

que en su Estado miembro ya se haya iniciado, con anterioridad a la emisión de una alerta con arreglo al artículo 17, apartado 3, el ejercicio de las facultades de ejecución necesarias o se haya adoptado ya una resolución administrativa respecto a la misma infracción y contra el mismo comerciante a fin de que cese o se prohíba de manera rápida y efectiva la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión;

c)

que, al término de una investigación adecuada, se ponga de manifiesto que las consecuencias reales o potenciales de la presunta infracción generalizada o infracción generalizada con dimensión en la Unión en su Estado miembro son insignificantes y que por lo tanto no sea preciso que dicha autoridad competente adopte medida de ejecución alguna;

d)

que la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión en la Unión no se haya dado en el Estado miembro de la autoridad competente y que por lo tanto no sea preciso que dicha autoridad competente adopte medida de ejecución alguna;

e)

que la autoridad competente haya aceptado compromisos propuestos por el comerciante responsable de la infracción generalizada o de la infracción generalizada con dimensión en la Unión para hacer cesar dicha infracción en el Estado miembro de la autoridad competente y que dichos compromisos se hayan respetado y que por lo tanto no sea preciso que dicha autoridad competente adopte medida de ejecución alguna.

a)

cuando sea necesaria una acción de ejecución inmediata para hacer que cese o se prohíba la infracción de manera rápida y efectiva;

b)

cuando sea improbable que la infracción cese como consecuencia de los compromisos propuestos por el comerciante responsable de la misma;

c)

cuando el comerciante responsable de la infracción no haya propuesto compromisos antes del vencimiento del plazo fijado por las autoridades competentes afectadas;

d)

cuando los compromisos que haya propuesto el comerciante responsable de la infracción resulten insuficientes para garantizar el cese de la infracción o, en su caso, para resarcir a los consumidores perjudicados por ella, o

e)

cuando el comerciante responsable de la infracción no cumpla los compromisos propuestos para hacer cesar la infracción o, en su caso, para resarcir a los consumidores perjudicados por ella, dentro del plazo a que se refiere el artículo 20, apartado 3.

a)

garantizar que todas las autoridades competentes afectadas y la Comisión estén debidamente informadas, en tiempo oportuno, de los progresos de la investigación o de las medidas de ejecución, según corresponda, y de los siguientes pasos previstos y las medidas que deban adoptarse;

b)

coordinar y hacer el seguimiento de las medidas de investigación adoptadas por las autoridades competentes afectadas de conformidad con el presente Reglamento;

c)

coordinar la preparación y la puesta en común de toda la documentación necesaria entre las autoridades competentes afectadas y la Comisión;

d)

estar en contacto con el comerciante y otras partes interesadas en las medidas de investigación o de ejecución, según corresponda, salvo disposición en contrario de las autoridades competentes afectadas y del coordinador;

e)

en su caso, coordinar la evaluación, las consultas y el seguimiento por parte de las autoridades competentes afectadas, así como otras medidas necesarias para la tramitación y r aplicación de los compromisos propuestos por los comerciantes afectados;

f)

en su caso, coordinar las medidas de ejecución adoptadas por las autoridades competentes afectadas;

g)

coordinar las solicitudes de asistencia mutua presentadas por las autoridades competentes afectadas de conformidad con el capítulo III.

a)

una descripción del acto u omisión constitutivo de la infracción;

b)

las características del producto o del servicio objeto de la infracción;

c)

los nombres de los Estados miembros afectados o que pueden verse afectados por la infracción;

d)

la identidad del comerciante o comerciantes responsables o presuntamente responsables de la infracción;

e)

la base jurídica de posibles acciones en virtud del Derecho nacional y las correspondientes disposiciones de los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo;

f)

una descripción de cualesquiera proceso judicial, medidas de ejecución u otras medidas adoptadas en relación con la infracción, así como sus fechas y duración, y el estado en que se encuentran;

g)

la identidad de las autoridades competentes que inicien un proceso judicial u adopten otras medidas.

a)

la formación de los funcionarios que intervengan en la aplicación del presente Reglamento;

b)

la recogida, clasificación e intercambio de datos sobre las reclamaciones de los consumidores;

c)

la constitución de redes específicas sectoriales de funcionarios;

d)

la creación de herramientas de información y comunicación, y

e)

en su caso, la elaboración de normas, metodologías y orientaciones sobre la aplicación del presente Reglamento.

a)

probar las infracciones reguladas en el presente Reglamento;

b)

hacer cesar o prohibir las infracciones reguladas en el presente Reglamento.

a)

una autoridad solicitada notifique a la Comisión, con arreglo al artículo 12, apartado 2, que una infracción dentro de la Unión ha cesado;

b)

el coordinador notifique el cierre de la acción coordinada con arreglo al artículo 22, apartado 1;

c)

la información se haya introducido en la base de datos, en todos los demás casos.

a)

información sobre las tendencias de los mercados que pudieran afectar a los intereses de los consumidores en el Estado miembro de que se trate y en otros Estados miembros;

b)

una descripción de las acciones realizadas en el marco del presente Reglamento en los dos años anteriores y, en particular las medidas de investigación y ejecución relativas a infracciones generalizadas;

c)

las estadísticas intercambiadas por medio de alertas a que se refiere el artículo 26;

d)

los ámbitos prioritarios planificados con carácter provisional, para los dos años siguientes, para el control del cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores en el Estado miembro de que se trate, y

e)

los ámbitos prioritarios propuestos, para los dos años siguientes, para el control del cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores a escala de la Unión.

27.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 345/27

(1)

El 24 de julio de 2014, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad publicó la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 Instrumentos financieros (NIIF 9). La NIIF 9 tiene por objeto mejorar la información financiera sobre instrumentos financieros, abordando preocupaciones que surgieron en ese ámbito durante la crisis financiera. En particular, la NIIF 9 responde al llamamiento del G20 en favor de un modelo más prospectivo para el reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas en los activos financieros. En relación con el reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas en los activos financieros sustituye a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39.

(2)

La Comisión adoptó la NIIF 9 mediante el Reglamento (UE) 2016/2067 de la Comisión (4). De conformidad con dicho Reglamento, las entidades de crédito y las empresas de inversión (en lo sucesivo, «entidades») que utilicen la NIIF para preparar sus estados financieros están obligadas a utilizar la NIIF 9 a partir de la fecha de inicio del primer ejercicio que comience el 1 de enero de 2018 o con posterioridad.

(3)

La aplicación de la NIIF 9 podría generar un importante incremento repentino de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, con la consiguiente disminución repentina del capital de nivel 1 ordinario de las entidades. Si bien el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea está estudiando actualmente el tratamiento reglamentario a largo plazo delas provisiones por pérdidas crediticias esperadas, es preciso introducir en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) disposiciones transitorias que permitan a las entidades mitigar el posible e importante impacto negativo en el capital de nivel 1 ordinario resultante de la contabilización de las pérdidas crediticias esperadas.

(4)

En su Resolución de 6 de octubre de 2016 sobre las Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9 (6), el Parlamento Europeo solicitó la inclusión de un régimen progresivo de adopción que mitigase el impacto del nuevo modelo de deterioro de la NIIF 9.

(5)

Cuando el balance inicial de una entidad al día de la primera aplicación de la NIIF 9 refleje una reducción del capital de nivel 1 ordinario como resultado de un aumento de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, incluida la corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de los activos financieros con deterioro crediticio, tal como se definen en el apéndice A de la NIIF 9, de conformidad con el anexo del Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión (7) («anexo relativo a la NIIF 9»), en comparación con el balance final del día anterior, debe autorizarse a la entidad a incluir en su capital de nivel 1 ordinario una parte del aumento de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas en un período transitorio. Dicho período transitorio debe tener una duración máxima de cinco años y comenzar en 2018. La parte de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas que puede incluirse en el capital de nivel 1 ordinario debe disminuir progresivamente hasta llegar a cero para que quede garantizada la plena aplicación de la NIIF 9 el día inmediatamente siguiente al del final del período transitorio. El impacto de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas en el capital de nivel 1 ordinario no debe neutralizarse totalmente durante el período transitorio.

(6)

Las entidades deben decidir si aplican dichas disposiciones transitorias e informar de ello a la autoridad competente. Durante el período transitorio, una entidad debe tener la posibilidad de modificar una vez su decisión inicial, previa autorización de la autoridad competente, la cual debe garantizar que dicha decisión no esté motivada por consideraciones de arbitraje regulador.

(7)

Dado que las provisiones por pérdidas crediticias esperadas constituidas después del día en que una entidad aplique por primera vez la NIIF 9 podrían incrementarse de manera inesperada al empeorar las perspectivas macroeconómicas, en tales casos debe concederse un mayor margen a las entidades.

(8)

A las entidades que deciden aplicar las disposiciones transitorias se les debe exigir que ajusten el cálculo de los elementos regulatorios directamente afectados por las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, a fin de garantizar que no se les conceda una reducción inadecuada en términos de capital. Por ejemplo, los ajustes por riesgo de crédito específico por los que se reduce el valor de exposición con arreglo al método estándar para el riesgo de crédito deben reducirse mediante un factor que tenga por efecto un incremento del valor de exposición. Esto garantizaría que una entidad no se beneficiase a la vez de un aumento de su capital de nivel 1 ordinario en virtud de las disposiciones transitorias y de una reducción del valor de exposición.

(9)

Las entidades que decidan aplicar las disposiciones transitorias de la NIIF 9 especificadas en el presente Reglamento deben comunicar al público sus fondos propios, sus ratios de capital y sus ratios de apalancamiento, con y sin aplicación de dichas disposiciones, a fin de que el público pueda determinar el impacto de dichas disposiciones.

(10)

Conviene también establecer disposiciones transitorias para la exención del límite a las grandes exposiciones de que disponen las exposiciones frente a determinadas deudas del sector público de los Estados miembros denominadas en la moneda nacional de cualquier Estado miembro. El período transitorio debe tener una duración de tres años a partir del 1 de enero de 2018 para las exposiciones de este tipo contraídas a 12 de diciembre de 2017 o con posterioridad, mientras que las exposiciones de este tipo contraídas antes de dicha fecha deben acogerse a las disposiciones de anterioridad y seguir disfrutando de la exención por grandes exposiciones.

(11)

A fin de que las disposiciones transitorias establecidas en el presente Reglamento puedan aplicarse a partir del 1 de enero de 2018, este debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(12)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en consecuencia.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 473 bis

Introducción de la NIIF 9

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 50, y hasta el final del período transitorio establecido en el apartado 6 del presente artículo, las siguientes entidades podrán añadir a su capital de nivel 1 ordinario el importe calculado de conformidad con el presente apartado:

El importe a que se refiere el párrafo primero se calculará mediante la suma siguiente:

a)

para las exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, el importe (ABSA), se realizará el siguiente cálculo: donde: A2,SA = importe calculado de conformidad con el apartado 2; A4,SA = importe calculado de conformidad con el apartado 4, basado en los importes calculados de conformidad con el apartado 3; f= el factor aplicable establecido en el apartado 6; t= aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal de los importes A2,SA y A4,SA;

b)

para las exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, el importe (ABIRB), se realizará el siguiente cálculo: donde: A2,IRB = el importe calculado según lo previsto en el apartado 2, ajustado de conformidad con el apartado 5, letra a); A4,IRB = el importe calculado según lo previsto en el apartado 4 sobre la base de los importes calculados de conformidad con el apartado 3, ajustados de conformidad con el apartado 5, letras b) y c); f= el factor aplicable establecido en el apartado 6; t= aumento del capital de nivel 1 ordinario debido a la deducibilidad fiscal de los importes A2,IRB y A4,IRB.

2.   Las entidades calcularán por separado los importes A2,SA y A2,IRB mencionados, respectivamente, en el apartado 1, párrafo segundo, letras a) y b), como el mayor de los dos importes mencionados en las letras a) y b) del presente apartado, para sus exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, y para sus exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3:

3.   Las entidades calcularán el importe por el que el importe contemplado en la letra a) supere el importe mencionado en la letra b) por separado para sus exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, y para sus exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3:

4.   Para exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 2, cuando el importe especificado de conformidad con el apartado 3, letra a), supere el importe especificado en el apartado 3, letra b), las entidades establecerán que A4,SA es igual a la diferencia entre dichos importes; establecerán de lo contrario que A4,SA es igual a cero.

Para exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, cuando el importe especificado de conformidad con el apartado 3, letra a), una vez aplicado el apartado 5, letra b), supere el importe de dichas exposiciones especificado en el apartado 3, letra b), una vez aplicado el apartado 5, letra c), las entidades establecerán que A4,IRB es igual a la diferencia entre dichos importes; establecerán de lo contrario que A4,IRB es igual a cero.

5.   Para exposiciones sujetas a ponderación de riesgo de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 3, las entidades aplicarán los apartados 2 a 4 según la fórmula siguiente:

6.   Las entidades aplicarán los siguientes factores para el cálculo de los importes ABSA y ABIRB a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, letras a) y b), respectivamente:

Las entidades cuyo ejercicio comience después del 1 de enero de 2018, pero antes del 1 de enero de 2019, modificarán las fechas que figuran en el párrafo primero, letras a) a e), para que se correspondan con las de su ejercicio, notificarán las fechas modificadas a su autoridad competente y las harán públicas.

Las entidades que comiencen a aplicar las normas contables a que se refiere el apartado 1 el 1 de enero de 2019 o posteriormente, aplicarán los factores pertinentes conforme al párrafo primero, letras b) a e), empezando por el factor correspondiente al año de primera aplicación de dichas normas contables.

7.   Cuando una entidad incluya un importe en su capital de nivel 1 ordinario conforme al apartado 1 del presente artículo, recalculará todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE en los que intervengan alguno de los siguientes elementos, sin tener en cuenta los efectos que tienen sobre estos elementos las provisiones por pérdidas crediticias esperadas que haya incluido en su capital de nivel 1 ordinario:

b)

el valor de exposición determinado de conformidad con el artículo 111, apartado 1, por lo que los ajustes por riesgo de crédito específico por los que se reducirá el valor de exposición se multiplicarán por el siguiente factor de escala (sf): donde: ABSA = el importe calculado de conformidad con el apartado 1, párrafo segundo, letra a); RASA = el importe total de los ajustes por riesgo de crédito específico;

8.   Durante el período establecido en el apartado 6 del presente artículo, además de hacer pública la información exigida en la parte octava, las entidades que hayan decidido aplicar las disposiciones transitorias establecidas en el presente artículo harán público los importes de los fondos propios, el capital de nivel 1 ordinario y el capital de nivel 1, la ratio de capital de nivel 1 ordinario, la ratio de capital de nivel 1, la ratio de capital total y la ratio de apalancamiento que tendrían en caso de que no hubiesen aplicado el presente artículo.

9.   Las entidades decidirán si aplican las disposiciones establecidas en el presente artículo durante el período transitorio e informarán a la autoridad competente de su decisión a más tardar el 1 de febrero de 2018. Si una entidad recibió la autorización previa de la autoridad competente, podrá modificar una vez su decisión inicial durante el período transitorio. Las entidades harán pública cualquier decisión adoptada de conformidad con el presente párrafo.

Las entidades que hayan decidido aplicar las disposiciones transitorias establecidas en el presente artículo podrán decidir no aplicar el apartado 4, en cuyo caso informarán a la autoridad competente de su decisión a más tardar el 1 de febrero de 2018. En dicho caso, la entidad fijará en cero el importe A4 a que se refiere en el apartado 1. Si una entidad recibió la autorización previa de la autoridad competente, podrá modificar una vez su decisión inicial durante el período transitorio. Las entidades harán pública cualquier decisión adoptada de conformidad con el presente párrafo.

10.   De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, la ABE emitirá directrices antes del 30 de junio de 2018 sobre los requisitos de publicidad establecidos en el presente artículo.».

2)

En el artículo 493 se añaden los siguientes apartados:

«4.   No obstante lo dispuesto en el artículo 395, apartado 1, las autoridades competentes podrán permitir a las entidades contraer cualquiera de las exposiciones previstas en el apartado 5 del presente artículo que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 6 del presente artículo, hasta los límites siguientes:

Los límites indicados en las letras a), b) y c) del párrafo primero se aplicarán a los valores de exposición una vez considerado el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403.

5.   Las disposiciones transitorias establecidas en el apartado 4 se aplicarán a las siguientes exposiciones:

A efectos del párrafo primero, letras a), b) y c), las disposiciones transitorias a que se refiere el apartado 4 del presente artículo solo se aplicarán a activos y otras exposiciones, frente a, o garantizadas por, entes del sector público que reciban el mismo tratamiento que las exposiciones frente a una administración central, una administración regional o una autoridad local, de conformidad con el artículo 116, apartado 4. Cuando los activos y otras exposiciones, frente a, o garantizadas por, entes del sector público reciban el mismo tratamiento que las exposiciones frente a una administración regional o una autoridad local, de conformidad con el artículo 116, apartado 4, las disposiciones transitorias del apartado 4 del presente artículo solo se aplicarán cuando las exposiciones frente a dicha administración regional o autoridad local reciban el mismo tratamiento que las exposiciones frente a una administración central, de conformidad con el artículo 115, apartado 2.

6.   Las disposiciones transitorias establecidas en el apartado 4 del presente artículo se aplicarán únicamente cuando una exposición mencionada en el apartado 5 del presente artículo cumpla todas las condiciones siguientes:

7.   Estarán exentas de la aplicación del artículo 395, apartado 1, las exposiciones a que se refiere el apartado 5 del presente artículo contraídas antes del 12 de diciembre de 2017 que, de conformidad con el artículo 495, apartado 2, hayan recibido una ponderación de riesgo del 0 % el 31 de diciembre de 2017.».

27.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 345/34

(1)

Desde la presentación de la comunicación de la Comisión «Plan de Inversiones para Europa» (en lo sucesivo, «Plan de Inversiones»), el 26 de noviembre de 2014, han mejorado las condiciones para una reactivación de la inversión y está volviendo la confianza en la economía europea y el crecimiento. La Unión se encuentra actualmente en su cuarto año de recuperación moderada, con un crecimiento del producto nacional bruto del 2 % en 2015, pero las tasas de desempleo siguen manteniéndose por encima de los niveles previos a la crisis. Los amplios esfuerzos iniciados con el Plan de Inversiones ya están dando resultados concretos, a pesar de que aún no es posible estimar en su integridad el impacto que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha tenido en el crecimiento, ya que los efectos macroeconómicos de los grandes proyectos de inversión no pueden ser inmediatos. La inversión se ha ido reactivando gradualmente a lo largo de 2017, pero el ritmo todavía es lento y se mantiene por debajo de sus niveles históricos.

(2)

Ha de mantenerse este impulso positivo de la inversión y deben proseguir los esfuerzos para volver a situar a la inversión en una tendencia sostenible a largo plazo de modo que sus efectos se hagan sentir en la economía real. Los mecanismos del Plan de Inversiones funcionan y deben reforzarse para continuar la movilización de la inversión privada de modo que se genere un impacto macroeconómico significativo y se contribuya a la creación de empleo en sectores que son importantes para el futuro de Europa y en los que subsisten disfunciones del mercado o situaciones de inversión subóptimas.

(3)

El 1 de junio de 2016, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Europa invierte de nuevo – Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas etapas», en la que se presentan en líneas generales los logros del Plan de Inversiones y las próximas etapas previstas, entre las que se incluyen la ampliación de la duración del FEIE más allá de su período inicial de tres años, el refuerzo del Marco para las pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro del régimen existente y el refuerzo igualmente del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI).

(4)

El 11 de noviembre de 2016, el Tribunal de Cuentas Europeo adoptó un dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) 2015/1017 y la evaluación de acompañamiento de la Comisión de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1017, titulado «FEIE: una propuesta prematura de extensión y ampliación».

(5)

El FEIE, ejecutado y copatrocinado por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), está encauzado, desde un punto de vista cuantitativo, para lograr el objetivo de movilizar como mínimo 315 000 000 000 EUR de inversiones adicionales en la economía real para mediados de 2018. La respuesta y absorción por parte del mercado han sido particularmente rápidas en el caso del Marco para las pymes, en el que el FEIE está logrando resultados que superan las expectativas y aprovechando la utilización inicial de los mecanismo y mandatos existentes del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) (mecanismo de garantía para las pymes InnovFin, mecanismo de garantía de préstamo COSME y el mandato de recursos de capital de riesgo del BEI) para conseguir un arranque acelerado. Así, en julio de 2016 se aumentó la capacidad del Marco para las pymes en 500 000 000 EUR dentro de los parámetros existentes del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Dada la excepcional demanda del mercado para la financiación de las pymes en el marco del FEIE, una mayor parte de la financiación ha de dirigirse a las pymes. A este respecto, el 40 % del aumento de la capacidad de asunción de riesgos del FEIE se debe destinar a aumentar el acceso de las pymes a la financiación.

(6)

El 28 de junio de 2016, el Consejo Europeo concluyó que el Plan de Inversiones, en particular el FEIE, ya había producido resultados concretos y constituido un paso importante para contribuir a movilizar la inversión privada haciendo al tiempo un uso inteligente de los escasos recursos presupuestarios. El Consejo Europeo señaló que la Comisión tenía previsto presentar pronto propuestas sobre el futuro del FEIE, que el Parlamento Europeo y el Consejo debían estudiar con carácter de urgencia.

(7)

El FEIE se creó para un período inicial de tres años y con el objetivo de movilizar inversiones por valor de 315 000 000 000 EUR como mínimo para contribuir al objetivo de fomentar el crecimiento y el empleo. Sin embargo, la aspiración de satisfacer el objetivo general no debe prevalecer sobre la adicionalidad de los proyectos seleccionados. Por tanto, la Unión no solo se ha comprometido a ampliar el período de inversión y la capacidad financiera del FEIE, sino también a aumentar el nivel de adicionalidad. La ampliación abarca el período del actual marco financiero plurianual y ha de permitir inversiones de 500 000 000 000 EUR como mínimo de aquí a 2020. Con objeto de reforzar aún más la capacidad del FEIE y lograr el objetivo de duplicar el objetivo de inversión, los Estados miembros deben contribuir también de forma prioritaria.

(8)

El FEIE y su ejecución no pueden desarrollar plenamente su potencial sin la ejecución de actividades destinadas a reforzar el mercado único, crear un entorno empresarial favorable y aplicar reformas estructurales socialmente equilibradas y sostenibles. Además, para el éxito del FEIE es de vital importancia disponer de proyectos bien estructurados que se inscriban en planes de inversión y desarrollo a nivel de los Estados miembros.

(9)

Para el período posterior a 2020, la Comisión se propone presentar las propuestas necesarias encaminadas a garantizar que la inversión estratégica se mantenga en un nivel sostenible. Toda propuesta legislativa debe basarse en las conclusiones de un informe de la Comisión y una evaluación independiente que incluya una evaluación macroeconómica de la utilidad de mantener un régimen de apoyo a la inversión. Ese informe y esa evaluación independiente también deben examinar, en la medida en que proceda, la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1017 en su versión modificada por el presente Reglamento, durante el período ampliado de ejecución del FEIE.

(10)

El FEIE, tal y como queda ampliado por el presente Reglamento, debe abordar las disfunciones del mercado y las situaciones de inversión subóptimas persistentes y seguir movilizando con una mayor adicionalidad la financiación del sector privado en inversiones cruciales para la creación de empleo en Europa en el futuro, incluido el empleo juvenil, el crecimiento y la competitividad. Tales inversiones incluye inversiones en los sectores de la energía, el medio ambiente y la acción por el clima, el capital social y humano y las infraestructuras relacionadas, la asistencia sanitaria, la investigación e innovación, el transporte transfronterizo y sostenible, y la transformación digital. En particular, ha de reforzarse la contribución de las operaciones respaldadas por el FEIE al logro de los ambiciosos objetivos de la Unión establecidos en la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) y el compromiso de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 a 95 %. Con el fin de reforzar el componente de acción por el clima del FEIE, el BEI debe basarse en su experiencia como uno de los mayores proveedores mundiales de financiación para combatir el cambio climático y debe utilizar sus métodos acordados internacionalmente de última generación para determinar, de forma convincente, los elementos o el porcentaje del coste de los proyectos que se han de atribuir a la acción por el clima. Los proyectos no deben estructurarse artificialmente para que correspondan a las definiciones de pyme y empresa pequeña de mediana capitalización. Hay que centrarse cada vez más en proyectos prioritarios en materia de interconexión energética y en proyectos encaminados a mejorar la eficiencia energética.

Además, el apoyo del FEIE a los proyectos en el sector de las autopistas debe limitarse a respaldar la inversión privada y/o pública en el sector del transporte en los países de cohesión, en las regiones menos desarrolladas o en proyectos de transporte transfronterizos o cuando resulte necesario para revalorizar, mantener o mejorar la seguridad vial, desarrollar dispositivos de sistemas de transporte inteligentes (STI), garantizar la integridad y los estándares de las autopistas existentes de la red transeuropea de transporte, en particular zonas seguras de estacionamiento, estaciones de servicio de combustibles limpios alternativos y sistemas de carga eléctrica, o contribuir a la realización de la de la red transeuropea de transporte para 2030, de conformidad con los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 (5) y (UE) n.o 1315/2013 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo. En el sector digital, y en el marco de la ambiciosa política de la Unión en materia de economía digital, deben fijarse nuevos objetivos de infraestructuras digitales al objeto de garantizar la reducción de la brecha digital y el papel pionero mundial de la Unión en la nueva era de la denominada «internet de las cosas», la tecnología de cadena de bloques, la ciberseguridad y la seguridad de las redes. Por razones de claridad, aunque ya son admisibles, debe indicarse expresamente que los proyectos en los sectores de la agricultura, la silvicultura, la pesca, la acuicultura y otros elementos de la bioeconomía en general persiguen objetivos generales que pueden recibir el apoyo del FEIE.

(11)

Los sectores culturales y creativos desempeñan un papel fundamental en la reindustrialización de Europa, constituyen un motor de crecimiento y ocupan una posición estratégica para producir efectos indirectos innovadores en otros sectores, como el turismo, el comercio minorista y las tecnologías digitales. Además del Programa Europa Creativa, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), y del Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo, establecido con arreglo a dicho Reglamento, el FEIE debe contribuir a superar las carencias de capital en estos sectores, prestando un apoyo adicional que complemente el aportado por el Programa Europa Creativa y el Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo, de modo que se pueda financiar un mayor volumen de estos proyectos de alto riesgo.

(12)

Las operaciones en que participen entidades ubicadas en la Unión y que se extiendan fuera de ella también deben recibir respaldo del FEIE cuando promuevan la inversión en la Unión, en especial cuando incluyan elementos transfronterizos. El CEAI debe apoyar y alentar de modo proactivo este tipo de operaciones.

(13)

La adicionalidad, criterio fundamental del FEIE, debe reforzarse en la selección de los proyectos. Particularmente, una operación debe poder optar al apoyo del FEIE únicamente si aborda disfunciones del mercado o situaciones de inversión subóptimas claramente detectadas. Las operaciones en infraestructuras físicas al amparo del Marco para las infraestructuras y la innovación en que se asocian dos o más Estados miembros, incluidas las infraestructuras electrónicas y en particular las infraestructuras de banda ancha, así como los servicios necesarios para la construcción, despliegue, mantenimiento o funcionamiento de estas infraestructuras, deben considerarse indicadores claros de adicionalidad, habida cuenta de su dificultad intrínseca y de su alto valor añadido para la Unión.

(14)

El FEIE debe destinarse en términos generales a proyectos con un perfil de riesgo más elevado que los proyectos que reciben apoyo de las operaciones ordinarias del BEI, y el Comité de Inversiones del FEIE (en lo sucesivo, «Comité de Inversiones») debe tener en cuenta, al evaluar la adicionalidad, los riesgos que obstaculizan la inversión, tales como los riesgos específicos de determinados países, sectores o regiones y los riesgos relativos a la innovación, especialmente en tecnologías que favorecen el crecimiento, la sostenibilidad y la productividad y aún no se han probado.

(15)

A fin de garantizar una cobertura geográfica más amplia del FEIE y aumentar la eficiencia de la intervención del FEIE, deben fomentarse las operaciones de financiación combinada y/o mixta que combinan formas de ayuda no reembolsable y/o instrumentos financieros enmarcados en el presupuesto general de la Unión, tales como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos o los disponibles con arreglo al Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), establecido por el Reglamento (UE) n.o 1316/2013, y a Horizonte 2020, el programa marco de investigación e innovación establecido por el Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), y financiación del Grupo BEI, incluida la financiación del BEI en el marco del FEIE, así como de otros inversores. La financiación combinada y/o mixta busca aumentar el valor añadido del gasto de la Unión al atraer recursos adicionales de los inversores privados, así como garantizar la viabilidad económica y financiera de las acciones que reciben ayuda. A tal fin, en paralelo a la presentación de la propuesta de la Comisión del presente Reglamento se transfirieron 1 000 000 000 EUR en créditos de los instrumentos financieros del MCE a la parte de subvenciones del MCE, con miras a facilitar la financiación mixta con el FEIE. En febrero de 2017 se lanzó con éxito una convocatoria de financiación combinada a tal efecto. Otros 145 000 000 EUR se están transfiriendo a otros instrumentos pertinentes, en especial los dedicados a la eficiencia energética. Es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar que los Fondos de la Unión y la ayuda del FEIE puedan combinarse fácilmente.

Aunque la Comisión ya ha publicado orientaciones concretas sobre esta cuestión, debe desarrollarse en mayor grado el enfoque de la combinación de los fondos de la Unión y el FEIE con el fin de incrementar las inversiones que aprovechan el apalancamiento ofrecido por la combinación de los fondos de la Unión y el FEIE, teniendo en cuenta la posible evolución legislativa. A fin de garantizar la eficiencia económica y un apalancamiento adecuado, esta combinación de diferentes fuentes de financiación no debe superar, en principio, el 90 % del coste total del proyecto en el caso de las regiones menos desarrolladas y el 80 % en el resto de regiones.

(16)

Con objeto de reforzar la utilización de los fondos del FEIE en las regiones menos desarrolladas y en transición, ha de ampliarse el ámbito de los objetivos generales que permiten optar a la financiación del FEIE. Tales proyectos seguirían sujetos a examen por parte del Comité de Inversiones y deberían atenerse a los mismos criterios de admisibilidad al utilizar la garantía establecida según el Reglamento (UE) 2015/1017 (en lo sucesivo, «garantía de la UE»), incluido el principio de adicionalidad. Dado que el respaldo del FEIE no debe restringirse en función del tamaño de los proyectos, no se debe disuadir a los proyectos de pequeña escala de solicitar la financiación del FEIE. Además, es necesario tomar más medidas en las regiones menos desarrolladas y en transición para reforzar la asistencia técnica y la promoción del FEIE.

(17)

Las plataformas de inversión son una herramienta esencial para corregir las disfunciones del mercado, especialmente en la financiación de proyectos múltiples, regionales o sectoriales, incluidos los proyectos de eficiencia energética y los proyectos transfronterizos. Es importante asimismo fomentar asociaciones con bancos o instituciones nacionales de promoción, también con el fin de crear plataformas de inversión. La cooperación con intermediarios financieros también puede desempeñar un papel importante a este respecto. En ese contexto, el BEI debe delegar, cuando proceda, la valoración, la selección y el seguimiento de subproyectos de pequeña escala a intermediarios financieros o a vehículos idóneos aprobados.

(18)

En caso de delegarse la valoración, la selección y el seguimiento de proyectos de pequeña escala a intermediarios financieros o a vehículos idóneos aprobados, el Comité de Inversiones no debe mantener el derecho de aprobar el uso de la garantía de la UE a subproyectos que se acojan a las operaciones de financiación e inversión del BEI en que la contribución del FEIE a tales subproyectos de pequeña escala sea inferior a un determinado umbral. El Comité de Dirección del FEIE (en lo sucesivo, «Comité de Dirección») debe facilitar orientaciones, cuando proceda, sobre el procedimiento que haya de seguir el Comité de Inversiones para evaluar los subproyectos que superen dicho umbral.

(19)

Para todo el período de inversión, la Unión debe proporcionar la garantía de la UE que, en ningún momento, debe exceder de 26 000 000 000 EUR, con el fin de permitir al FEIE apoyar inversiones, de los cuales deben estar disponibles un máximo de 16 000 000 000 EUR antes del 6 de julio de 2018.

(20)

Según las previsiones, combinando la garantía de la UE con el importe de 7 500 000 000 EUR que aportará el BEI, el apoyo del FEIE debe generar 100 000 000 000 EUR de inversión adicional del BEI y del FEI. Se espera que el importe de 100 000 000 000 EUR respaldado por el FEIE genere al menos 500 000 000 000 EUR de inversiones adicionales de aquí a 2020.

(21)

Con el fin de financiar parcialmente la contribución del presupuesto general de la Unión al Fondo de Garantía de la UE para las inversiones adicionales por hacer, debe hacerse una transferencia de la dotación disponible del MCE, creado por el Reglamento (UE) n.o 1316/2013, así como de los ingresos y reembolsos procedentes del Instrumento de Deuda del MCE y del Fondo Europeo 2020 para la Energía, el Cambio Climático y las Infraestructuras (en lo sucesivo, «Fondo Marguerite»). Las transferencias procedentes de los ingresos y reembolsos requieren una excepción al artículo 140, apartado 6, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) a fin de autorizar su utilización por otro instrumento.

(22)

Sobre la base de la experiencia adquirida con las inversiones respaldadas por el FEIE, el importe objetivo del Fondo de Garantía debe situarse en el 35 % del total de obligaciones de garantía de la UE, y garantizar así un nivel adecuado de protección.

(23)

Teniendo en cuenta la excepcional demanda del mercado para la financiación de las pymes en el marco del FEIE, que se espera continúe, debe reforzarse el Marco para las pymes dentro del FEIE. Ha de prestarse una atención particular a las empresas y servicios sociales, particularmente mediante el desarrollo y el despliegue de nuevos instrumentos adecuados a las necesidades y las características del sector de las empresas y servicios sociales.

(24)

El BEI y el FEI deben garantizar que los beneficiarios finales, incluidas las pymes, sean informados de la existencia del apoyo del FEIE, a fin de reforzar la visibilidad de la garantía de la UE. Se debe incluir de manera visible una referencia clara al FEIE en los acuerdos en los que se establezca su apoyo.

(25)

Con vistas a reforzar la transparencia de las operaciones del FEIE, el Comité de Inversiones debe explicar en sus decisiones, que deben ser públicas y accesibles, las razones por las que considera ha de concederse la garantía de la UE a una operación determinada, prestando una atención particular al cumplimiento del criterio de adicionalidad. El cuadro de indicadores debe hacerse público cuando se haya firmado una operación con la garantía de la UE. La publicación no contendrá información sensible a efectos comerciales.

(26)

El cuadro de indicadores debe emplearse cumpliendo estrictamente el presente Reglamento y el Reglamento Delegado (UE) 2015/1558 de la Comisión (10) y su anexo, como instrumento de evaluación independiente y transparente para que el Comité de Inversiones dé prioridad en la utilización de la garantía de la UE a las operaciones con mayores puntuaciones y valor añadido. El BEI calculará las puntuaciones y los indicadores ex ante y realizará un seguimiento de los resultados una vez concluidos los proyectos.

(27)

Con el fin de mejorar la evaluación de los proyectos, el Comité de Dirección debe establecer, en la orientación estratégica del FEIE, una puntuación mínima para cada pilar del cuadro de indicadores.

(28)

La política de la Unión en materia de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales se recoge en los actos jurídicos de la Unión y en las conclusiones del Consejo, especialmente en el anexo de las de 8 de noviembre de 2016, y en las ulteriores actualizaciones.

(29)

La debida diligencia en las operaciones de inversión y financiación que lleve a cabo el BEI con arreglo al presente Reglamento debe incluir una comprobación exhaustiva de la conformidad con la legislación aplicable de la Unión y las normas acordadas a nivel internacional y de la Unión sobre lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal y la elusión fiscal. Además, en el contexto de los informes referidos al FEIE, el BEI debe facilitar información, desglosada por país, sobre la conformidad de las operaciones del FEIE con la política del BEI y del FEI sobre países y territorios no cooperadores, así como la lista de intermediarios con los que colaboran el BEI y el FEI.

(30)

Es adecuado realizar determinadas clarificaciones técnicas en lo que se refiere al contenido del acuerdo relativo a la gestión del FEIE, a la concesión de la garantía de la UE y a los instrumentos cubiertos por el acuerdo, incluida la cobertura del riesgo de tipo de cambio en determinadas situaciones. El acuerdo con el BEI sobre la gestión del FEIE y sobre la concesión de la garantía de la UE ha de adaptarse de conformidad con el presente Reglamento.

(31)

Sin perjuicio de su objetivo de basarse en los actuales servicios de asesoramiento del BEI y de la Comisión y, con este fin, de actuar como centro único de asesoramiento técnico para la financiación de proyectos dentro de la Unión, el CEAI debe reforzarse y sus actividades deben centrarse asimismo en contribuir activamente a la diversificación sectorial y geográfica del FEIE, en apoyar al BEI y a los bancos e instituciones nacionales de promoción en la creación y desarrollo de proyectos, en particular en las regiones menos desarrolladas y en transición, y, de ser necesario, en ayudar también a estructurar la demanda de apoyo del FEIE. El CEAI debe tener por objetivo celebrar al menos un acuerdo de cooperación con una institución o banco nacional de promoción por cada Estado miembro. En los Estados miembros en que no existan bancos o instituciones nacionales de promoción, el CEAI debe proporcionar, cuando proceda y a petición del Estado miembro en cuestión, apoyo proactivo en forma de asesoramiento para para la creación de un banco o institución de esta índole. El CEAI debe prestar especial atención al apoyo de la preparación de proyectos en que participen dos o más Estados miembros y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos de la COP 21. También debe contribuir activamente al establecimiento de plataformas de inversión y proporcionar asesoramiento sobre la combinación de otras fuentes de financiación de la Unión con la financiación del FEIE. Debe asegurarse una presencia local del CEAI cuando resulte necesario y teniendo en cuenta los programas de ayuda existentes, al objeto de prestar sobre el terreno una asistencia tangible, proactiva y a medida.

(32)

El Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas se basa en un análisis detallado de los planes de los Estados miembros para llevar a cabo reformas presupuestarias, macroeconómicas y estructurales y les ofrece recomendaciones específicas por país. Por consiguiente, el BEI debe informar a la Comisión acerca de sus conclusiones sobre los obstáculos y estrechamientos que dificultan la inversión en los Estados miembros y que se pusieron de relieve al llevar a cabo operaciones de inversión con arreglo al presente Reglamento. Se invita a la Comisión a incluir estos resultados, entre otros, en el trabajo que realiza en el contexto del tercer pilar del Plan de Inversiones.

(33)

Para abordar las disfunciones y las brechas del mercado, estimular nuevas inversiones adecuadas y promover el equilibrio geográfico y regional de las operaciones respaldadas por el FEIE, es necesario un enfoque integrado y racionalizado para el objetivo de promover el crecimiento, el empleo y las inversiones. El coste de la financiación del FEIE debe contribuir a la consecución de esos objetivos.

(34)

A fin de promover los objetivos de inversión establecidos en el Reglamento (UE) 2015/1017, debe fomentarse la combinación con fondos existentes, para ofrecer una concesionalidad adecuada en las condiciones de financiación, incluido el coste, de las operaciones del FEIE.

(35)

En aquellos casos en que las situaciones de tensión del mercado financiero impidan la realización de un proyecto viable o cuando sea necesario facilitar la creación de plataformas de inversión o la financiación de proyectos en sectores o zonas con una importante deficiencia del mercado o situaciones de inversión subóptimas, el BEI y la Comisión deben aplicar cambios, en particular a la remuneración de la garantía de la UE, a fin de contribuir a una reducción del coste de financiación de la operación asumido por el beneficiario de la financiación del BEI en el marco del FEIE, con el fin de facilitar la ejecución del proyecto. Se debe realizar un esfuerzo similar, cuando proceda, para garantizar que el FEIE apoye los proyectos de pequeña escala. Cuando el uso de intermediarios locales o regionales permita una reducción del coste de la financiación del FEIE a proyectos de pequeña escala, también debe tomarse en consideración esta forma de despliegue.

(36)

Ante la necesidad de sostenibilidad financiera del FEIE, los esfuerzos por reducir el coste de financiación de las operaciones del FEIE en períodos de tensión del mercado financiero o por facilitar la creación de plataformas de inversión o la financiación de proyectos en sectores o zonas con una importante deficiencia del mercado o situaciones de inversión subóptimas deben coordinarse con otros recursos e instrumentos financieros de la Unión disponibles desplegados por el Grupo del BEI.

(37)

Procede modificar los Reglamento (UE) n.o 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en consecuencia.

1)

En el artículo 2, punto 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

2)

En el artículo 4, el apartado 2 se modifica como sigue:

3)

En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   A efectos del presente Reglamento, se entiende por «adicionalidad» el respaldo del FEIE a operaciones que subsanen las disfunciones del mercado o situaciones de inversión subóptimas, y que no habrían podido ser llevadas a cabo sin el respaldo del FEIE durante el período en que se pueda utilizar la garantía de la UE, o no en la misma medida, por parte del BEI, del FEI o en virtud de instrumentos financieros existentes de la Unión. Los proyectos respaldados por el FEIE apoyarán la consecución de los objetivos generales establecidos en el artículo 9, apartado 2, perseguirán la creación de empleo y un crecimiento sostenible y deberán presentar en general un perfil de riesgo superior al de los proyectos financiados por las operaciones normales del BEI. De manera global, la cartera del FEIE tendrá un perfil de riesgo superior al de la cartera de inversiones financiadas por el BEI en el marco de sus políticas de inversión normales antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Para abordar mejor las disfunciones del mercado o las situaciones de inversión subóptimas y para facilitar, en particular, el uso de plataformas de inversión para proyectos a pequeña escala, garantizándose así la complementariedad y evitándose la exclusión de participantes en el mismo mercado, las actividades especiales del BEI respaldadas por el FEIE, de manera preferente y cuando esté debidamente justificado:

Sin perjuicio de la exigencia de corresponder a la definición de adicionalidad que figura en el párrafo primero, son indicadores claros de adicionalidad los siguientes elementos:

4)

El artículo 6 se modifica como sigue:

5)

El artículo 7 se modifica como sigue:

6)

El artículo 9 se modifica como sigue:

7)

En el artículo 10, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

8)

El artículo 11 se modifica como sigue:

9)

El artículo 12 se modifica como sigue:

10)

El artículo 14 se modifica como sigue:

11)

En el artículo 16, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El BEI, en cooperación con el FEI cuando proceda, presentará a la Comisión cada seis meses un informe sobre las operaciones de financiación e inversión reguladas en el presente Reglamento. El informe incluirá una evaluación de la conformidad con los requisitos sobre el uso de la garantía de la UE y con los indicadores clave de rendimiento establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra f), inciso iv). Incluirá, asimismo, datos estadísticos, financieros y contables sobre cada operación de financiación e inversión del BEI y también a nivel agregado. También incluirá, una vez al año, información sobre los obstáculos a la inversión encontrados por el BEI al llevar a cabo operaciones de inversión con arreglo al presente Reglamento.».

12)

El artículo 17 se modifica como sigue:

13)

El artículo 18 se modifica como sigue:

14)

En el artículo 19 se añade el apartado siguiente:

«El BEI y el FEI informarán, o exigirán a los intermediarios financieros que informen, a los beneficiarios finales, incluidas las pymes, acerca de la existencia del respaldo del FEIE, dando visibilidad a esta información, especialmente en el caso de las pymes, en el convenio de financiación correspondiente por el que se aporte el respaldo del FEIE, de modo que aumente el conocimiento público y mejore la visibilidad.».

15)

En el artículo 20, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   A efectos del apartado 1 del presente artículo, el Tribunal de Cuentas tendrá pleno acceso, previa petición y de conformidad con el artículo 287, apartado 3, del TFUE, a cualquier documento o información que sean necesarios para llevar a cabo su labor.».

16)

En el artículo 22, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   En sus operaciones de financiación e inversión reguladas en el presente Reglamento, el BEI y el FEI cumplirán la legislación aplicable de la Unión y las normas acordadas a nivel internacional y de la Unión, y, por lo tanto, no apoyarán proyectos al amparo del presente Reglamento que contribuyan al blanqueo de capitales, a la financiación del terrorismo, o a la elusión, el fraude o la evasión fiscales.

Además, el BEI y el FEI no participarán en operaciones nuevas o renovadas con entidades constituidas o establecidas en países o territorios que, en aplicación de la política pertinente de la Unión, se incluyan en la lista de países y territorios no cooperadores, o que hayan sido identificados como terceros países de alto riesgo con arreglo al artículo 9, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (*3), o que no cumplan efectivamente las normas fiscales acordadas a nivel de la Unión o internacional en materia de transparencia e intercambio de información.

Cuando se celebren acuerdos con intermediarios financieros, el BEI y el FEI incorporarán los requisitos mencionados en el presente artículo a los contratos que corresponda y solicitarán a los intermediarios financieros que informen acerca de su cumplimiento.

El BEI y el FEI revisarán su política relativa a los países y territorios no cooperadores a más tardar tras la adopción de la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

Posteriormente, el BEI y el FEI presentarán cada año un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de su política sobre países y territorios no cooperadores en relación con las operaciones de financiación e inversión del FEIE, que incluirá información por país y una lista de los intermediarios con los que colaboran.

(*3)  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).»."

17)

En el artículo 23, apartado 2, párrafo primero, las frases primera y segunda se sustituyen por el texto siguiente:

«Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 7, apartados 13 y 14, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 4 de julio de 2015. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años.».

18)

El anexo II se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

1)

En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La dotación financiera destinada a la aplicación del MCE en el período 2014-2020 será de 30 192 259 000 EUR a precios corrientes. Este importe se distribuirá como sigue:

Dichos importes se entienden sin perjuicio de la aplicación del mecanismo de flexibilidad previsto en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (*4).

(*4)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).»."

2)

En el artículo 14 se añaden los apartados siguientes:

«5.   No obstante lo dispuesto en el artículo 140, apartado 6, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, los ingresos y los reembolsos procedentes de los instrumentos financieros establecidos con arreglo al presente Reglamento y de los instrumentos financieros establecidos con arreglo al Reglamento (CE) n.o 680/2007 que se hayan fusionado con instrumentos financieros establecidos con arreglo al apartado 3 del presente artículo, hasta un importe máximo de 125 000 000 EUR, constituirán ingresos afectados internos en el sentido del artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 para el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas creado por el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo (*5).

6.   No obstante lo dispuesto en el artículo 140, apartado 6, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, los ingresos y los reembolsos procedentes del Fondo Europeo 2020 para la Energía, el Cambio Climático y las Infraestructuras (en lo sucesivo, “Fondo Marguerite”), establecido con arreglo al Reglamento (CE) n.o 680/2007, hasta un importe máximo de 25 000 000 EUR, constituirán ingresos afectados internos en el sentido del artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 para el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas creado por el Reglamento (UE) 2015/1017.

(*5)  Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/ 2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).»."

27.12.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 345/53

(1)

Las Directivas 91/672/CEE (3) y 96/50/CE (4) del Consejo constituyen el primer paso hacia la armonización y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de las tripulaciones en la navegación interior.

(2)

Los requisitos aplicables a las tripulaciones que naveguen por el Rin quedan fuera del ámbito de aplicación de las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE y los establece la Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR), con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento relativo al personal de navegación en el Rin.

(3)

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) es aplicable a las profesiones del sector de la navegación interior distintas de la de patrón de embarcación. El reconocimiento mutuo de títulos y certificados en el marco de la Directiva 2005/36/CE no se adapta del todo, sin embargo, a las actividades transfronterizas periódicas y frecuentes que se realizan en las profesiones de la navegación interior y que se ejercen, en particular, en vías navegables interiores vinculadas a las vías navegables interiores de otro Estado miembro.

(4)

Un estudio de evaluación llevado a cabo por la Comisión en 2014 puso de manifiesto que la limitación del ámbito de aplicación de las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE a los patrones de embarcación y la falta de reconocimiento automático de los títulos de patrón de embarcación expedidos de conformidad con dichas Directivas en el Rin dificultan la movilidad de las tripulaciones en la navegación interior.

(5)

Para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana y del medio ambiente, es esencial que los tripulantes de cubierta, y especialmente las personas responsables de las situaciones de emergencia a bordo de buques de pasaje y las que participan en el repostaje de los buques alimentados con gas natural licuado, tengan la titulación que acredite sus competencias. En aras de una aplicación eficaz, deben llevar consigo sus certificados durante el ejercicio de su profesión. Estas consideraciones también se aplican a los jóvenes, pues es importante que su salud y su seguridad en el trabajo estén protegidas de conformidad con la Directiva 94/33/CE del Consejo (6).

(6)

La navegación deportiva o de recreo, la utilización de transbordadores que no se muevan de forma independiente y la navegación por parte de las fuerzas armadas o de los servicios de emergencia son actividades que no requieren cualificaciones similares a las exigidas en la navegación profesional para el transporte de mercancías y personas. Por tanto, las personas que realizan dichas actividades deben quedar excluidas de la presente Directiva.

(7)

Es conveniente que los patrones de embarcación que navegan en circunstancias que entrañan un peligro especial para la seguridad dispongan de autorizaciones específicas, en particular para gobernar grandes convoyes, gobernar embarcaciones alimentadas con gas natural licuado, navegar en condiciones de visibilidad reducida, navegar por vías navegables interiores de carácter marítimo o por vías navegables que entrañen riesgos específicos para la navegación. Los patrones de embarcación han de demostrar competencias adicionales específicas para obtener dichas autorizaciones.

(8)

En aras de la seguridad de la navegación, es necesario que los Estados miembros determinen las vías navegables interiores de carácter marítimo con arreglo a criterios armonizados. Los requisitos en materia de competencias para la navegación en dichas vías deben establecerse a escala de la Unión. Sin limitar innecesariamente la movilidad de los patrones de embarcación, cuando resulte necesario para garantizar la seguridad de la navegación y, cuando proceda, en cooperación con la comisión fluvial europea correspondiente, los Estados miembros deben tener también la posibilidad de determinar las vías navegables que entrañan riesgos específicos para la navegación de acuerdo con criterios y procedimientos armonizados, de conformidad con la presente Directiva. En tales casos, los correspondientes requisitos en materia de competencias han de establecerse a escala nacional.

(9)

Con el fin de contribuir a la movilidad de las personas que intervienen en el funcionamiento de embarcaciones en la Unión y habida cuenta de que todos los certificados de cualificación, libretas de servicio y diarios de navegación expedidos de conformidad con la presente Directiva han de cumplir las normas mínimas exigidas conforme a criterios armonizados, los Estados miembros deben reconocer las cualificaciones profesionales certificadas de acuerdo con la presente Directiva. En consecuencia, quienes posean tales cualificaciones han de poder ejercer su profesión en todas las vías navegables interiores de la Unión.

(10)

Habida cuenta de que no se realizan actividades transfronterizas en determinadas vías navegables interiores nacionales y con el fin de reducir costes, los Estados miembros deben tener la posibilidad de no hacer obligatorios los certificados de cualificación de la Unión en las vías navegables interiores nacionales que no estén conectadas con una vía navegable interior de otro Estado miembro. No obstante, los certificados de la Unión deben permitir el acceso a actividades de navegación en esas vías navegables no conectadas.

(11)

La Directiva 2005/36/CE sigue siendo aplicable a los tripulantes de cubierta que estén exentos de la obligación de poseer un certificado de cualificación de la Unión expedido con arreglo a la presente Directiva, así como a las cualificaciones del sector de la navegación interior no reguladas por la presente Directiva.

(12)

Cuando los Estados miembros concedan exenciones a la obligación de poseer un certificado de cualificación de la Unión, deben reconocer los certificados de cualificación de la Unión a las personas que trabajan en las vías navegables interiores nacionales que no estén conectadas a la red navegable de otro Estado miembro en el que se aplique la exención. En relación con dichas vías navegables interiores, tales Estados miembros deben garantizar también que los datos relativos al tiempo de navegación y a los viajes realizados se validen en las libretas de servicio de quienes posean un certificado de cualificación de la Unión, si así lo solicita el miembro de la tripulación. Asimismo, esos Estados miembros deben adoptar y aplicar las medidas y sanciones adecuadas para evitar el fraude y otras prácticas ilegales relacionadas con los certificados de cualificación de la Unión y las libretas de servicio en esas vías navegables interiores no conectadas.

(13)

Los Estados miembros en los que se apliquen exenciones a la obligación de poseer un certificado de cualificación de la Unión deben tener la posibilidad de suspender los certificados de cualificación de la Unión para las personas que trabajen en aquellas vías navegables interiores nacionales que no estén conectadas a la red navegable de otro Estado miembro en el que se aplique la exención.

(14)

Los Estados miembros en los que ninguna vía navegable interior esté conectada a la red de navegación de otro Estado miembro y que decidan no expedir certificados de cualificación de la Unión de conformidad con la presente Directiva se verían sometidos a una obligación desproporcionada e innecesaria si tuvieran que transponer y aplicar todas las disposiciones de la presente Directiva. Por tanto, estos Estados miembros deben estar exentos de la obligación de transponer y aplicar las disposiciones relacionadas con la certificación de cualificaciones, en tanto no decidan expedir certificados de cualificación de la Unión. Sin embargo, se les debe exigir el reconocimiento en su territorio del certificado de cualificación de la Unión, con objeto de promover la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión, reducir las cargas administrativas asociadas con la movilidad laboral y hacer más atractiva la profesión.

(15)

En una serie de Estados miembros la navegación interior es una actividad infrecuente, que atiende solo a intereses locales o estacionales en vías navegables sin conexión con otros Estados miembros. Aunque el principio de reconocimiento de certificados profesionales en virtud de la presente Directiva debe respetarse también en esos Estados miembros, la carga administrativa debe ser proporcionada. El establecimiento de herramientas de aplicación como bases de datos o registros generaría una importante carga administrativa sin presentar una ventaja real, pues el flujo de información entre Estados miembros puede también lograrse utilizando otros medios de cooperación. Por ello está justificado permitir a los Estados miembros afectados transponer solo las disposiciones mínimas necesarias para el reconocimiento de los certificados profesionales expedidos con arreglo a la presente Directiva.

(16)

En algunos Estados miembros la navegación interior es técnicamente imposible. Exigir a tales Estados miembros la transposición de la presente Directiva les impondría una carga administrativa desproporcionada.

(17)

Es importante que el sector de la navegación interior pueda establecer programas dirigidos tanto a mantener activas a las personas mayores de cincuenta años como a mejorar las competencias y la empleabilidad de los jóvenes.

(18)

La Comisión debe garantizar condiciones de competencia equitativas para todos los miembros de una tripulación que ejerzan su profesión de modo regular y exclusivo en la Unión, y debe detener toda espiral salarial descendente, así como toda discriminación por motivos de nacionalidad, lugar de residencia o pabellón de registro.

(19)

Teniendo en cuenta la cooperación establecida entre la Unión y la CCNR desde 2003, que ha dado lugar a la creación del Comité europeo para la elaboración de normas de navegación interior (CESNI), bajo los auspicios de la CCNR, y con el fin de simplificar los marcos jurídicos que regulan las cualificaciones profesionales en Europa, los certificados de cualificación, las libretas de servicio y los diarios de navegación expedidos de conformidad con el Reglamento relativo al personal de navegación en el Rin, que establece requisitos idénticos a los de la presente Directiva, deben ser válidos en todas las vías navegables interiores de la Unión. Es conveniente que dichos certificados de cualificación, libretas de servicio y diarios de navegación expedidos por terceros países sean reconocidos en la Unión, siempre que exista reciprocidad.

(20)

Es importante que los empleadores apliquen la normativa en materia social y laboral del Estado miembro en el que se realice la actividad cuando empleen en la Unión a tripulantes de cubierta en posesión de certificados de cualificación, libretas de servicio y diarios de navegación expedidos por terceros países y reconocidos por las autoridades competentes de la Unión.

(21)

A fin de eliminar los obstáculos a la movilidad laboral y racionalizar aún más los marcos jurídicos que regulan las cualificaciones profesionales en Europa, los certificados de cualificación, las libretas de servicio o los diarios de navegación expedidos por un tercer país sobre la base de requisitos idénticos a los establecidos en la presente Directiva también pueden ser reconocidos en todas las vías navegables interiores de la Unión, a reserva de una evaluación por parte de la Comisión y del reconocimiento por parte de ese tercer país de los documentos expedidos de conformidad con la presente Directiva.

(22)

Los Estados miembros únicamente deben expedir certificados de cualificación a las personas que posean los niveles mínimos de competencia, la edad mínima, la aptitud médica y el tiempo de navegación necesarios para obtener una cualificación específica.

(23)

Es importante que la Comisión y los Estados miembros promuevan entre los jóvenes la obtención de cualificaciones profesionales en navegación interior y que la Comisión y los Estados miembros establezcan medidas específicas para apoyar las actividades de los interlocutores sociales a este respecto.

(24)

Para garantizar el reconocimiento mutuo de cualificaciones, los certificados de cualificación deben basarse en las competencias necesarias para el funcionamiento de las embarcaciones. Los Estados miembros han de velar por que las personas que obtienen certificados de cualificación posean los niveles mínimos de competencia correspondientes, comprobados mediante una evaluación adecuada. Esas evaluaciones pueden consistir en un examen administrativo o formar parte de programas de formación homologados, realizados de acuerdo con normas comunes para garantizar un nivel mínimo de competencias comparable en todos los Estados miembros para varias cualificaciones.

(25)

Cuando naveguen en vías navegables interiores de la Unión, los patrones de embarcación deben ser capaces de aplicar sus conocimientos sobre las normas de tráfico por las vías navegables interiores, como por ejemplo el Código Europeo de Vías de Navegación Interior u otra normativa de tráfico pertinente, y sobre las normas aplicables a la dotación de personal de las embarcaciones, incluidas las normas sobre los períodos de descanso, de conformidad con lo establecido en la legislación nacional o de la Unión o en reglamentos específicos acordados a escala regional, como el Reglamento relativo al personal de navegación en el Rin.

(26)

Habida cuenta de la responsabilidad que se asume con respecto a la seguridad en el ejercicio de la profesión de patrón de embarcación, la navegación por radar y el repostaje de embarcaciones alimentadas con gas natural licuado o la navegación con embarcaciones alimentadas con gas natural licuado, es necesario comprobar mediante exámenes prácticos si se ha alcanzado efectivamente el nivel de competencias requerido. Esos exámenes prácticos podrían efectuarse utilizando simuladores homologados a fin de facilitar aún más la evaluación de las competencias.

(27)

La aptitud para manejar la radio de a bordo es clave para garantizar la seguridad de la navegación interior. Es importante que los Estados miembros promuevan que todo tripulante de cubierta que pudiera verse en la necesidad de gobernar la embarcación tenga formación y titulación relativas al manejo de dicha radio. En el caso de los patrones de embarcación y de los timoneles la formación y titulación mencionadas deben ser obligatorias.

(28)

Es necesario que los programas de formación sean objeto de homologación para comprobar que cumplen unos requisitos mínimos comunes en cuanto a contenidos y organización. El cumplimiento de dichos requisitos permite eliminar obstáculos innecesarios para acceder a la profesión, pues impide que se exijan más exámenes innecesarios a quienes ya han adquirido las aptitudes necesarias durante su formación profesional. La existencia de programas de formación homologados también podría facilitar la incorporación al sector de la navegación interior de trabajadores con experiencia previa en otros sectores, los cuales podrían acogerse a programas de formación específicos que tengan en cuenta las competencias ya adquiridas.

(29)

A fin de impulsar aún más la movilidad de los patrones de embarcación, debería autorizarse a los Estados miembros, con el consentimiento del Estado miembro donde esté ubicado un tramo de una vía navegable interior con riesgos específicos, a evaluar las competencias necesarias para navegar en dicho tramo concreto de una vía navegable interior.

(30)

El tiempo de navegación debe verificarse mediante anotaciones validadas en las libretas de servicio. Para poder proceder a esa verificación, es conveniente que los Estados miembros expidan libretas de servicio y diarios de navegación y velen por que en estos últimos se consignen los viajes de las embarcaciones. La aptitud médica de un candidato debe ser certificada por un profesional sanitario autorizado.

(31)

Cuando las actividades de carga y descarga requieran una intervención activa en operaciones de navegación, como el dragado o maniobras entre los puntos de carga y descarga, los Estados miembros deben considerar el tiempo dedicado a dichas actividades como tiempo de navegación y registrarlo en consecuencia.

(32)

En los casos en que las medidas previstas en la presente Directiva conlleven el tratamiento de datos personales, dicho tratamiento debe efectuarse de conformidad con el Derecho de la Unión sobre protección de datos personales, en particular los Reglamentos (CE) n.o 45/2001 (7) y (UE) 2016/679 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(33)

Con el fin de contribuir a la administración eficiente de los certificados de cualificación, procede que los Estados miembros designen a las autoridades competentes responsables de la aplicación de la presente Directiva y creen registros para consignar los datos sobre los certificados de cualificación, las libretas de servicio y los diarios de navegación. Con objeto de favorecer el intercambio de información entre los Estados miembros y con la Comisión a efectos de aplicación, control del cumplimiento y evaluación de la presente Directiva, así como con fines estadísticos, de mantenimiento de la seguridad y de facilitación de la navegación, los Estados miembros deben hacer constar ese tipo de información, incluidos los datos referentes a los certificados de cualificación, las libretas de servicio y los diarios de navegación, consignándola en una base de datos a cargo de la Comisión. La Comisión debe respetar debidamente los principios de protección de datos personales en el mantenimiento de la base de datos.

(34)

Las autoridades, entre ellas las de terceros países, que expiden certificados de cualificación, libretas de servicio y diarios de navegación con arreglo a normas idénticas a las de la presente Directiva tratan datos personales. Las autoridades que intervengan en la aplicación y en el control del cumplimiento de la presente Directiva y, cuando sea necesario, las organizaciones internacionales que hayan establecido esas normas idénticas, también deben tener acceso a la base de datos a cargo de la Comisión, a los efectos de la evaluación de la presente Directiva, con fines estadísticos, de mantenimiento de la seguridad, de garantía de facilitación de la navegación y de facilitación del intercambio de información entre esas autoridades. Este acceso debe estar sujeto, no obstante, a un nivel adecuado de protección de datos, específicamente en el caso de los datos personales, y, en el caso de los terceros países y las organizaciones internacionales, también debe estar sujeto al principio de reciprocidad.

(35)

Con el fin de seguir modernizando el sector de la navegación interior y reducir la carga administrativa al tiempo que se limitan los riesgos de falsificación de los documentos, la Comisión debe considerar, tras la adopción de la presente Directiva y teniendo en cuenta el principio de mejora de la legislación, la posibilidad de sustituir la versión en papel de los certificados de cualificación de la Unión, las libretas de servicio y los diarios de navegación por nuevos instrumentos electrónicos, como tarjetas profesionales electrónicas y unidades electrónicas de a bordo.

(36)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para oponerse, cuando proceda, a planes de adopción, por parte de un Estado miembro, de requisitos en materia de competencia relativos a riesgos específicos en determinados tramos de vías navegables interiores. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(37)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución relativas a la adopción de modelos para la expedición de certificados de cualificación de la Unión, certificados de examen práctico, libretas de servicio y diarios de navegación, y la adopción de decisiones en materia de reconocimiento con arreglo al artículo 10. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(38)

A fin de establecer normas mínimas armonizadas para la certificación de las cualificaciones y facilitar tanto el intercambio de información entre los Estados miembros como la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la presente Directiva por parte de la Comisión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la fijación de normas sobre el nivel de competencia, normas de aptitud médica, normas sobre exámenes prácticos, normas para la homologación de simuladores y normas sobre las características y condiciones de uso de la base de datos a cargo de la Comisión, a saber, que contenga una copia de los principales datos relativos a los certificados de cualificación de la Unión, las libretas de servicio, los diarios de navegación y los documentos reconocidos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (10). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que tratan de la preparación de los actos delegados.

(39)

Con la adopción de medidas transitorias puede resolverse no solamente el problema de los certificados expedidos a los patrones de embarcación de conformidad con la Directiva 96/50/CE, con el Reglamento relativo al personal de navegación en el Rin o con determinadas disposiciones nacionales, sino también el problema de los certificados expedidos a otras categorías de tripulantes de cubierta a los que es aplicable la presente Directiva. En la medida de lo posible, dichas medidas deben salvaguardar los derechos previamente adquiridos y procurar conceder a los miembros de una tripulación cualificados un tiempo prudencial para que puedan solicitar un certificado de cualificación de la Unión. Por consiguiente, dichas medidas han de establecer que esos certificados puedan continuar utilizándose durante un período adecuado en las vías navegables interiores de la Unión en que eran válidos antes del final del período de transposición. Dichas medidas también han de garantizar un sistema de transición a las nuevas normas para todos esos certificados, en particular por lo que respecta a los viajes de interés local.

(40)

La armonización de la legislación en el ámbito de las cualificaciones profesionales para la navegación interior en Europa se ve facilitada por la estrecha cooperación entre la Unión y la CCNR y por el desarrollo de las normas del Comité europeo para la elaboración de normas de navegación interior (CESNI). El CESNI, que está abierto a expertos de todos los Estados miembros, elabora normas en el ámbito de la navegación interior, entre ellas los estándares relativos a las cualificaciones profesionales. Las comisiones fluviales europeas y las organizaciones internacionales, los interlocutores sociales y las asociaciones profesionales pertinentes deben participar plenamente en la concepción y elaboración de las normas del CESNI. Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la presente Directiva, la Comisión debe hacer referencia a las normas del CESNI cuando adopte actos delegados y de ejecución de conformidad con la presente Directiva.

(41)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de un marco común para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales mínimas en la navegación interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(42)

A fin de mejorar el equilibrio de género en el sector de la navegación interior, es importante promover el acceso de las mujeres a las cualificaciones necesarias y al ejercicio de la profesión.

(43)

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la información que los Estados miembros están obligados a facilitar a la Comisión en el contexto de la transposición de una directiva debe ser clara y precisa. Lo anterior se aplica también en el caso de la presente Directiva, que dispone un planteamiento de transposición específico.

(44)

Procede derogar, por lo tanto, las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE.

a)

buques de eslora igual o superior a 20 metros;

b)

buques en los que el producto de eslora × manga × calado sea igual o superior a 100 metros cúbicos;

c)

remolcadores y empujadores destinados a:

d)

buques de pasaje;

e)

buques a los que se exija un certificado de aprobación en virtud de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11);

f)

artefactos flotantes.

a)

naveguen por deporte o recreo;

b)

intervengan en el funcionamiento de transbordadores que no se muevan de forma independiente;

c)

intervengan en el funcionamiento de embarcaciones utilizadas por las fuerzas armadas, las fuerzas del orden público, los servicios de protección civil, las administraciones fluviales, los servicios contra incendios y otros servicios de emergencia.

a)

trayectos limitados de interés local, si la distancia desde el punto de partida no excede en ningún momento de diez kilómetros, o

b)

naveguen con carácter estacional.

a)

naveguen por vías navegables que hayan sido clasificadas como vías navegables interiores de carácter marítimo con arreglo al artículo 8;

b)

naveguen por vías navegables que hayan sido identificadas como tramos de vías navegables interiores que entrañan riesgos específicos con arreglo al artículo 9;

c)

naveguen por radar;

d)

naveguen en embarcaciones que utilicen gas natural licuado como combustible;

e)

gobiernen grandes convoyes.

a)

cuando sea de aplicación el Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes;

b)

cuando las boyas y las señales sean las empleadas en el sistema marítimo;

c)

cuando sea necesaria la navegación terrestre en esa vía navegable interior, o

d)

cuando para la navegación en esa vía navegable interior sea preciso utilizar equipo marítimo cuyo funcionamiento requiera conocimientos especiales.

a)

variaciones frecuentes de las características y velocidad de las corrientes;

b)

las características hidromorfológicas de la vía navegable interior en cuestión y la inexistencia de servicios de información adecuados sobre canales navegables en la vía navegable interior o de cartas idóneas;

c)

la aplicación de normas de tráfico local específicas justificadas por determinadas características hidromorfológicas de la vía navegable interior, o

d)

una incidencia elevada de accidentes en un tramo concreto de la vía navegable interior, atribuida a la falta de una competencia que no esté regulada por las normas a las que se refiere el artículo 17.

a)

de su identidad;

b)

del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el anexo I en cuanto a edad, competencias, conformidad administrativa y tiempo de navegación correspondientes a la cualificación que se solicita;

c)

del cumplimiento de las normas de aptitud médica con arreglo al artículo 23, cuando proceda.

a)

su identidad;

b)

que cumplen los requisitos mínimos establecidos en el anexo I en cuanto a edad, competencias, conformidad administrativa y tiempo de navegación correspondientes a la autorización específica que se solicita;

c)

que están en posesión de un certificado de cualificación de la Unión para patrones de embarcación o de un certificado reconocido de acuerdo con el artículo 10, apartados 2 y 3, o que cumplen los requisitos mínimos establecidos en la presente Directiva para obtener los certificados de cualificación de la Unión para patrones de embarcación.

a)

su identidad;

b)

que cumplen los requisitos establecidos con arreglo al artículo 20 en materia de competencias para hacer frente a riesgos específicos en el tramo concreto de vía navegable interior para el que se exige la autorización;

c)

que están en posesión de un certificado de cualificación de la Unión para patrones de embarcación o de un certificado reconocido de acuerdo con el artículo 10, apartados 2 y 3, o que cumplen los requisitos mínimos establecidos en la presente Directiva para obtener los certificados de cualificación de la Unión para patrones de embarcación.

a)

en el caso de los certificados de cualificación de la Unión para tripulantes de cubierta y de las autorizaciones específicas distintas de la mencionada en el artículo 6, letra d), se presenten las pruebas documentales satisfactorias a que se hace referencia en el artículo 11, apartado 1, letras a) y c);

b)

en el caso de los certificados de cualificación de la Unión para operaciones específicas, se presenten las pruebas documentales satisfactorias a que se hace referencia en el artículo 11, apartado 1, letras a) y b).

a)

bajo la responsabilidad de una autoridad administrativa con arreglo al artículo 18, o

b)

en el marco de un programa de formación homologado de conformidad con el artículo 19.

a)

un certificado de cualificación de la Unión para patrones de embarcación;

b)

una autorización específica para la navegación por radar a que se refiere el artículo 6, letra c);

c)

un certificado de cualificación de la Unión para expertos en gas natural licuado;

d)

un certificado de cualificación de la Unión para expertos en navegación de pasaje.

a)

los objetivos y contenidos de la formación, los métodos, los medios de entrega, los procedimientos, incluido el empleo de simuladores en su caso, y el material didáctico estén debidamente documentados y permitan a los aspirantes cumplir las normas en materia de competencias a que se refiere el artículo 17, apartado 1;

b)

los programas para la evaluación de las competencias concretas estén a cargo de personas cualificadas que tengan un conocimiento profundo del programa de formación;

c)

el examen para comprobar el cumplimiento de las normas en materia de competencias a que se refiere el artículo 17, apartado 1, sea realizado por examinadores cualificados que no tengan conflictos de intereses.

a)

un número limitado de viajes que deba realizarse en el tramo de que se trate;

b)

un examen con simulador;

c)

un examen de preguntas con respuestas múltiples;

d)

un examen oral, o

e)

una combinación de los medios a que se refieren las letras a) a d).

a)

que se les conceda por primera vez un certificado de cualificación de la Unión para tripulantes de cubierta;

b)

el certificado de cualificación de la Unión para patrones de embarcación;

c)

la renovación del certificado de cualificación de la Unión para tripulantes de cubierta en caso de que se cumplan las condiciones recogidas en el apartado 3 del presente artículo.

a)

aplicación, control del cumplimiento y evaluación de la presente Directiva;

b)

intercambio de información entre las autoridades que disponen de acceso a la base de datos mencionada en el artículo 25 y la Comisión;

c)

elaboración de estadísticas.

a)

las instrucciones para la codificación de datos en la base de datos;

b)

los derechos de acceso de los usuarios, diferenciando, en su caso, según el tipo de usuario, el tipo de acceso y los fines para los que se utilizan los datos;

c)

el período máximo de conservación de los datos de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, diferenciando, en su caso, según el tipo de documento;

d)

las instrucciones sobre el funcionamiento de la base de datos y su interacción con los registros a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

a)

se cumplan los requisitos del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 45/2001, y

b)

el tercer país o la organización internacional no limite el acceso de los Estados miembros ni de la Comisión a su correspondiente base de datos.

a)

organizar y supervisar los exámenes a que se refiere el artículo 18;

b)

homologar los programas de formación a que se refiere el artículo 19;

c)

homologar los simuladores a que se refiere el artículo 21;

d)

expedir, renovar, suspender o retirar los certificados y expedir las autorizaciones específicas a que se refieren los artículos 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 38, así como las libretas de servicio y los diarios de navegación a que se refiere el artículo 22;

e)

validar el tiempo de navegación en las libretas de servicio a que se refiere el artículo 22;

f)

determinar los profesionales sanitarios que pueden expedir certificados médicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23;

g)

llevar los registros a que se refiere el artículo 25;

h)

detectar y combatir el fraude y otras prácticas ilícitas a que se refiere el artículo 29.

a)

la expedición, renovación, suspensión y retirada de los certificados de cualificación de la Unión, las libretas de servicio y los diarios de navegación;

b)

todos los cursos y programas de formación;

c)

los exámenes y las evaluaciones llevados a cabo por cada Estado miembro o bajo su autoridad, y

d)

las cualificaciones y experiencia exigidas a los instructores y examinadores.

a)

dichas normas existan y estén actualizadas;

b)

dichas normas cumplan cualesquiera requisitos aplicables establecidos en los anexos;

c)

los cambios en el proceso de toma de decisiones del CESNI no afecten a los intereses de la Unión.

a)

dichas normas existan y estén actualizadas;

b)

dichas normas cumplan cualesquiera requisitos aplicables establecidos en los anexos;

c)

los cambios en el proceso de toma de decisiones del CESNI no afecten a los intereses de la Unión.

a)

certificado de cualificación de la Unión para marineros: tiempo de navegación de 540 días que incluya al menos 180 días de navegación interior;

b)

certificado de cualificación de la Unión para marineros de primera: tiempo de navegación de 900 días que incluya al menos 540 días de navegación interior;

c)

certificado de cualificación de la Unión para timoneles: tiempo de navegación de 1 080 días que incluya al menos 720 días de navegación interior.

a)

dicha actividad de navegación interior se realice al principio o al final de un viaje de transporte marítimo, y

b)

el 16 de enero de 2018, el Estado miembro lleve como mínimo cinco años reconociendo los certificados mencionados en el presente apartado en las vías navegables interiores correspondientes.