26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/1

(1)

El 10 de julio de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 747/2014.

(2)

El 17 de octubre de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actualizó la información relativa a una persona sujeta a medidas restrictivas.

(3)

Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) n.o 747/2014 en consecuencia.

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/4

(1)

A fin de permitir que las autoridades competentes lleven a cabo una evaluación exhaustiva como parte del procedimiento para conceder y denegar solicitudes de autorización a empresas de servicios de inversión, el solicitante estará obligado a presentar a la autoridad competente información precisa en el momento de la solicitud inicial de autorización. La autoridad competente conservará el derecho de solicitar información adicional al solicitante durante el proceso de evaluación, de conformidad con los criterios y plazos establecidos en la Directiva 2014/65/UE.

(2)

Con el objeto de garantizar que la evaluación de la autoridad competente se base en información exacta, resulta esencial que el solicitante aporte copias de sus documentos corporativos, incluida una copia certificada de la escritura de constitución y de los estatutos, así como una copia de la inscripción de la empresa en el registro mercantil nacional.

(3)

El solicitante deberá facilitar información sobre las fuentes de capital disponibles, incluidos los medios utilizados para la transferencia de los recursos financieros cuando se obtenga financiación, con el fin de permitir que las autoridades competentes evalúen el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes en materia de delincuencia financiera.

(4)

Las entidades de nueva creación, a la hora de presentar una solicitud, pueden estar en condiciones de facilitar solamente información sobre la forma en la que se obtendrá financiación y los tipos y la cantidad de capital que se espera obtener. No obstante, deberán proporcionar a las autoridades competentes prueba fehaciente del capital social desembolsado y de otros tipos de financiación obtenida, junto con información sobre las fuentes de capital, antes de la obtención de la autorización y con vistas a su concesión. Dicha prueba fehaciente podrá incluir copias de los documentos sobre los instrumentos de capital pertinentes y los extractos bancarios correspondientes.

(5)

A fin de permitir que las autoridades competentes evalúen la reputación de cualquier persona que dirija las actividades de la empresa de servicios de inversión y de los accionistas y socios con participaciones cualificadas propuestos, es importante exigir que el solicitante aporte información sobre estas personas.

(6)

Con el objeto de evaluar la experiencia de cualquier persona que dirija las actividades de la empresa de servicios de inversión, el solicitante debe facilitar a las autoridades competentes información sobre la educación y la formación profesional pertinentes, así como la experiencia profesional, de los miembros del órgano de dirección y de las personas que dirijan de manera efectiva la actividad, sus competencias relacionadas y cualesquiera representantes.

(7)

El solicitante debe presentar información financiera relativa a la empresa de servicios de inversión a las autoridades competentes, de manera que estas puedan evaluar la solidez financiera de la empresa.

(8)

Puesto que, en el momento de la solicitud, las empresas de nueva creación podrían no estar en condiciones de proporcionar información sobre los auditores, dichas empresas solicitantes deben quedar exentas de facilitar esta información a la autoridad competente a menos que los auditores ya hayan sido designados.

(9)

La información pertinente para la evaluación de la estructura organizativa de la empresa de servicios de inversión debe incluir datos sobre su sistema de control interno, sobre las medidas adoptadas para detectar conflictos de intereses y sobre las disposiciones para salvaguardar los activos de los clientes, con el fin de permitir que la autoridad competente evalúe si la empresa de servicios de inversión podrá cumplir sus obligaciones de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2014/65/UE.

(10)

Las autoridades nacionales competentes pueden autorizar como empresa de servicios de inversión a una persona física o a una persona jurídica dirigida por una única persona física. Por tanto, resulta apropiado establecer requisitos de autorización aplicables a la gestión de empresas de servicios de inversión que sean personas físicas o personas jurídicas dirigidas por una única persona física.

(11)

A fin de proporcionar seguridad jurídica, claridad y previsibilidad en el proceso de autorización, resulta adecuado que los criterios con arreglo a los cuales las autoridades competentes evalúen la idoneidad de los accionistas o socios con participaciones cualificadas, a la hora de conceder una autorización a una empresa de servicios de inversión, sean los mismos que los establecidos en el artículo 13 de la Directiva 2014/65/UE para la evaluación de una propuesta de adquisición. En concreto, las autoridades competentes deben valorar la idoneidad de los accionistas o socios con participaciones cualificadas y la solidez financiera de la empresa teniendo en cuenta criterios relativos a la reputación, la experiencia de las personas que dirijan las actividades de la empresa de servicios de inversión y la solidez financiera de la empresa.

(12)

Con el objeto de identificar los obstáculos que podrían impedir el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión, las autoridades competentes deben considerar la complejidad y la transparencia de la estructura de grupo de la empresa de servicios de inversión, la ubicación geográfica de las entidades del grupo y las actividades que estas lleven a cabo.

(13)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) es aplicable al tratamiento de los datos personales efectuado por los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento.

(14)

En aras de la coherencia y a efectos de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, es necesario que las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y las correspondientes disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2014/65/UE se apliquen a partir de una misma fecha.

(15)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.

(16)

Con arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 de dicho Reglamento.

a)

su nombre (incluida su razón social y cualquier otro nombre comercial que utilice); su forma jurídica (incluida información sobre si se tratará de una persona jurídica o, cuando lo permita la legislación nacional, una persona física), la dirección de la oficina central y, para las empresas ya existentes, el domicilio social; los datos de contacto; el número de identificación nacional, si se dispone del mismo, así como:

b)

la lista de los servicios y actividades de inversión, servicios auxiliares e instrumentos financieros que se proporcionarán, y si se mantendrán instrumentos financieros y fondos de los clientes (incluso con carácter temporal);

c)

copias de los documentos corporativos y prueba fehaciente de su inscripción en el registro mercantil nacional, cuando proceda.

a)

detalles sobre el uso de recursos financieros privados, incluidos el origen y la disponibilidad de dichos fondos;

b)

detalles sobre el acceso a las fuentes de capital y a los mercados financieros, incluida información sobre los instrumentos financieros emitidos o que vayan a emitirse;

c)

cualesquiera acuerdos o contratos pertinentes relativos al capital obtenido;

d)

información sobre la utilización o la utilización prevista de fondos prestados, que contenga el nombre de los prestamistas pertinentes y detalles de las facilidades concedidas o que se espera sean concedidas, incluidos vencimientos, condiciones, pignoraciones y garantías, junto con información sobre el origen de los fondos prestados (o los fondos que se prevé tomar prestados) cuando el prestamista no sea una entidad financiera supervisada;

e)

detalles de los medios de transferencia de los recursos financieros a la empresa, incluida la red utilizada para transferir dichos fondos.

A efectos de la letra b), la información sobre los tipos de capital obtenido hará referencia, cuando proceda, a los tipos de capital especificados de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013, en concreto, si el capital comprende elementos de capital de nivel 1 ordinario, elementos de capital de nivel 1 adicional o elementos de capital de nivel 2.

a)

la lista de personas con una participación cualificada directa o indirecta en la empresa de servicios de inversión y la cantidad de dichas participaciones, así como, en relación con las participaciones indirectas, el nombre de la persona que posea la participación y el nombre del titular final;

b)

en relación con las personas con una participación cualificada (directa o indirecta) en la empresa de servicios de inversión, la documentación exigida a los adquirentes propuestos para la adquisición y el aumento de participaciones cualificadas en empresas de servicios de inversión, de conformidad con los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por el que se completan las Directivas 2004/39/CE y 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para el establecimiento de una lista exhaustiva de la información que los adquirentes propuestos deben incluir en la notificación de la propuesta de adquisición de una participación cualificada en una empresa de servicios de inversión (4);

c)

en relación con los accionistas corporativos que sean miembros de un grupo, un organigrama del grupo en el que se indiquen las actividades principales de cada empresa del grupo y se identifiquen cualesquiera entidades reguladas en el seno del grupo y los nombres de las autoridades de supervisión pertinentes, así como la relación entre las entidades financieras del grupo y otras entidades no financieras del grupo;

d)

a efectos de la letra b), cuando el titular de la participación cualificada no sea una persona física, la documentación hará referencia también a todos los miembros del órgano de dirección y al director general, o a cualquier otra persona con responsabilidad equivalente.

a)

en relación con los miembros del órgano de dirección y las personas que dirijan de manera efectiva las actividades, sus competencias relacionadas y cualesquiera representantes:

A efectos de la letra a), inciso ix), los intereses financieros comprenderán intereses tales como operaciones crediticias, garantías y pignoraciones, mientras que los intereses de otro tipo podrán incluir relaciones familiares o estrechas.

b)

El personal de los órganos de gestión y control internos.

a)

previsiones en base individual y, cuando proceda, en base consolidada y subconsolidada del grupo, incluidos:

b)

en cuanto a las empresas que ya tengan actividad, estados financieros preceptivos, en base individual y, cuando proceda, en base consolidada y subconsolidada del grupo de los tres últimos ejercicios fiscales, aprobados por el auditor externo en caso de que los estados financieros hayan sido auditados, incluidos:

c)

un análisis del ámbito de la supervisión consolidada en virtud del Reglamento (UE) n.o 575/2013, que comprenda información sobre qué entidades del grupo quedarían incluidas en el ámbito de los requisitos de la supervisión consolidada tras la autorización y a qué niveles dentro del grupo estos requisitos se aplicarían en base consolidada o subconsolidada.

a)

un programa de las operaciones iniciales para los tres años siguientes, incluida información sobre las actividades reguladas y no reguladas planificadas y datos detallados sobre la distribución geográfica y las actividades que llevará a cabo la empresa de servicios de inversión. La información pertinente del programa de operaciones deberá comprender:

b)

datos de los auditores de la empresa, cuando estén disponibles en el momento de la solicitud de autorización;

c)

la estructura organizativa y los sistemas de control interno de la empresa, incluidos:

d)

información sobre la situación de la solicitud presentada por la empresa de servicios de inversión para convertirse en miembro del sistema de indemnización de los inversores de su Estado miembro de origen o prueba fehaciente de su pertenencia a dicho programa, cuando esté disponible;

e)

una lista de las funciones, actividades o servicios subcontratados (o aquellos que se tenga intención de subcontratar) y una lista de los contratos celebrados o previstos con proveedores externos y los recursos (en concreto, humanos y técnicos y del sistema de control interno) asignados al control de las funciones, actividades o servicios subcontratados;

f)

medidas para detectar y prevenir o gestionar conflictos de intereses que surjan durante la prestación de servicios de inversión y de servicios auxiliares, así como una descripción de las disposiciones en materia de gobernanza de productos;

g)

una descripción de los sistemas de control de las actividades de la empresa, incluidos los sistemas de copias de seguridad, cuando estén disponibles, así como de los sistemas y controles de riesgos cuando la empresa desee realizar actividades de negociación algorítmica y proporcionar acceso electrónico directo, o en cualquiera de los dos casos;

h)

información sobre los sistemas de cumplimiento, control interno y gestión de riesgos (sistema de control, auditorías internas y funciones de asistencia y asesoramiento);

i)

detalles sobre los sistemas de evaluación y de gestión de riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;

j)

planes de continuidad de las actividades, incluidos sistemas y recursos humanos (personal clave);

k)

políticas de gestión de registros, llevanza de registros y conservación de registros;

l)

una descripción del manual de procedimientos de la empresa.

a)

la persona física sea fácil y rápidamente localizable por parte de las autoridades competentes;

b)

la persona física dedique tiempo suficiente a esta función;

c)

los órganos de gobierno o los estatutos de la empresa de servicios de inversión faculten a una persona para sustituir al director de manera inmediata y para desempeñar todas sus funciones si este último no pudiera desempeñarlas;

d)

la persona facultada de conformidad con la letra anterior goce de la buena reputación suficiente y cuente con la suficiente experiencia para sustituir al director durante su ausencia, o hasta que se designe a un nuevo director, de manera que se garantice una gestión sólida y prudente de la empresa de servicios de inversión. La persona facultada en relación con empresas de servicios de inversión que sean personas físicas deberá estar asimismo disponible para prestar asistencia a los administradores judiciales y a las autoridades pertinentes en caso de liquidación de la empresa. La persona mencionada tendrá la disponibilidad necesaria para desempeñar esta función.

a)

la reputación y experiencia de cualquier persona que dirija las actividades de la empresa de servicios de inversión;

b)

la reputación de los accionistas y socios con participaciones cualificadas propuestos;

c)

la solidez financiera de los accionistas y socios con participaciones cualificadas propuestos, especialmente en relación con el tipo de actividad desarrollada o prevista en la empresa de servicios de inversión;

d)

si la empresa de servicios de inversión estará en condiciones de cumplir y seguir cumpliendo los requisitos prudenciales establecidos en el artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE y, cuando proceda, las Directivas 2002/87/CE (6) y 2013/36/UE (7) del Parlamento Europeo y del Consejo y, en concreto, si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que haga posible ejercer una supervisión efectiva, intercambiar información de manera eficaz entre las autoridades competentes y determinar la asignación de responsabilidades entre dichas autoridades;

e)

si existen motivos razonables para sospechar que, en relación con la autorización como empresa de servicios de inversión, se están llevando o se han llevado a cabo o se han intentado llevar a cabo actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), o que la autorización como empresa de servicios de inversión podría aumentar el riesgo de que se cometan estos delitos.

a)

cuando sea compleja y no resulte suficientemente transparente;

b)

la ubicación geográfica de las entidades del grupo;

c)

cuando comprenda actividades realizadas por las entidades del grupo que puedan impedir a la autoridad competente evaluar de manera eficaz la idoneidad de los accionistas o socios con participaciones cualificadas o la influencia de vínculos estrechos con la empresa de servicios de inversión.

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/12

(1)

Procede establecer formularios, plantillas y procedimientos normalizados que garanticen una evaluación precisa por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros de las notificaciones de adquisiciones propuestas de participaciones cualificadas en una empresa de inversión o de incrementos de dichas participaciones. En tales casos, las autoridades competentes pertinentes deben consultarse y proporcionarse mutuamente toda la información esencial o pertinente.

(2)

Para facilitar la cooperación mutua y garantizar la eficiencia en su intercambio de información, las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 48 de la Directiva 2004/39/CE deben designar personas de contacto específicamente a efectos del proceso de consulta establecido en el artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2004/39/CE, y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe mantener una lista centralizada de esas personas de contacto.

(3)

Deben establecerse procedimientos de consulta que contengan plazos claros a fin de garantizar una cooperación oportuna y eficiente entre las autoridades competentes. Un procedimiento claro de cooperación debe incluir un aviso previo enviado por la autoridad requirente a la autoridad requerida al objeto de informar a esta última de la evaluación en curso.

(4)

Los procedimientos deben tratar asimismo de garantizar que las autoridades competentes cooperen y trabajen en favor de la mejora del proceso mediante la promoción del intercambio de información sobre la calidad y la pertinencia de la información recibida.

(5)

Cualquier intercambio o transmisión de información entre las autoridades competentes, otras autoridades, organismos o personas debe realizarse de conformidad con las normas sobre datos personales establecidas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(6)

El Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) se aplica al tratamiento de datos personales por parte de la AEVM en la aplicación del presente Reglamento.

(7)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la AEVM a la Comisión.

(8)

La AEVM no llevó a cabo ninguna consulta pública ni analizó los respectivos costes y beneficios que podría acarrear la introducción de los formularios, las plantillas y los procedimientos normalizados para el proceso de consultas entre las autoridades competentes pertinentes, ya que se consideró desproporcionado en relación con su ámbito de aplicación e impacto.

(9)

La Directiva 2014/65/UE entró en vigor el 2 de julio de 2014. Su artículo 12, apartado 9, sustituye al artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2004/39/CE y contiene un otorgamiento de poderes a la AEVM para la elaboración de normas técnicas de ejecución idéntico al estipulado en el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2004/39/CE. Además, el contenido del artículo 10 ter, apartado 4, y del artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2004/39/CE también es idéntico al contenido del artículo 13, apartado 4, y del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2014/65/UE. De conformidad con el artículo 94, párrafo primero, de la Directiva 2014/65/UE, la Directiva 2004/39/CE será derogada con efectos a partir del 3 de enero de 2017. La adopción de las normas técnicas por parte de la Comisión de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2004/39/CE también debe considerarse que cumple lo dispuesto en el artículo 12, apartado 8, de la Directiva 2014/65/UE, con el consiguiente efecto de que la norma técnica seguirá aplicándose después del 3 de enero de 2018, sin necesidad de modificaciones adicionales.

a)

la información pertinente solicitada en el aviso de consulta, incluidas las posibles observaciones o reservas en relación con la adquisición por el adquirente propuesto;

b)

por iniciativa propia, cualquier otra información esencial que pueda influir en la evaluación.

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/22

(1)

Procede establecer modelos de formularios, plantillas y procedimientos comunes para crear un mecanismo uniforme por el que las autoridades competentes de los Estados miembros ejerzan efectivamente sus facultades en relación con la autorización de las empresas para la prestación de servicios de inversión, actividades de inversión y, en su caso, servicios auxiliares.

(2)

A fin de facilitar la comunicación entre las empresas que soliciten autorización como empresas de servicios de inversión, con arreglo al título II de la Directiva 2014/65/UE, y las autoridades competentes, resulta oportuno que estas designen un punto de contacto específico a efectos del procedimiento de solicitud y publiquen la información a ese respecto en su sitio web.

(3)

Con objeto de permitir a las autoridades competentes evaluar si los cambios habidos en el órgano de dirección de la empresa pueden suponer una amenaza para la gestión eficaz, adecuada y prudente de la misma, y tener convenientemente en cuenta los intereses de sus clientes y la integridad del mercado, deben definirse claramente plazos para presentar información sobre dichos cambios.

(4)

No obstante, las empresas deben estar exentas de la obligación de presentar información sobre los cambios habidos en el órgano de dirección antes de que surtan efecto, si los cambios se deben a factores que estén fuera del control de la empresa, como, por ejemplo, en caso de fallecimiento de un miembro del órgano de dirección. En tales circunstancias, las empresas deben poder notificar el cambio a la autoridad competente en los diez días hábiles siguientes.

(5)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) resulta aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que lleven a cabo los Estados miembros en cumplimiento del presente Reglamento.

(6)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.

(7)

La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/32

(1)

Debe exigirse al adquirente propuesto de una participación cualificada en una empresa de inversión una lista exhaustiva de información en el momento de la notificación inicial a fin de que las autoridades competentes puedan llevar a cabo la evaluación de la propuesta de adquisición. El adquirente propuesto debe facilitar información sobre su identidad y sobre la identidad de las personas que dirigirán las actividades, independientemente de si el adquirente propuesto es una persona física o jurídica, a fin de que la autoridad competente de la entidad objetivo pueda evaluar la reputación de dicho adquirente propuesto.

(2)

La información sobre la identidad de los titulares reales y sobre la reputación y la experiencia de las personas que dirigen de manera efectiva las actividades del adquirente propuesto también es necesaria cuando el adquirente propuesto sea una persona jurídica. De igual modo, cuando el adquirente propuesto sea o pretenda convertirse en una estructura de fideicomiso, es necesario que la autoridad competente de la entidad objetivo obtenga información tanto sobre la identidad de los fideicomisarios que gestionarán los activos del fideicomiso como sobre la identidad de los titulares reales de dichos activos, a fin de poder evaluar la reputación y la experiencia de dichas personas.

(3)

Cuando el adquirente propuesto sea una persona física, es necesario obtener información tanto en lo que concierne al adquirente propuesto como en lo que concierne a cualquier empresa dirigida o controlada formalmente por él, con el fin de facilitar a la autoridad competente de la entidad objetivo información completa pertinente para la evaluación de su reputación. Cuando el adquirente propuesto sea una persona jurídica, es necesario obtener esta información en relación con cualquier persona que dirija de manera efectiva sus actividades, cualquier empresa bajo su control y cualquier accionista que ejerza una influencia significativa sobre él, con el fin de facilitar a la autoridad competente información completa pertinente para la evaluación de su reputación.

(4)

La información pertinente para la evaluación de la reputación del adquirente propuesto debe incluir detalles de procesos penales, concluidos o pendientes, así como de asuntos civiles y administrativos que le afecten. De igual modo, debe facilitarse información relativa a todas las investigaciones y procedimientos abiertos, sanciones u otras decisiones ejecutivas contra el adquirente propuesto, así como otro tipo de información, como la denegación de registro o el despido de un puesto de trabajo o de confianza que se considere pertinente para evaluar la reputación del adquirente propuesto.

(5)

El adquirente propuesto debe facilitar información sobre si otra autoridad competente u otra autoridad han llevado ya a cabo una evaluación de su reputación como adquirente, o como persona que dirige las actividades deuna entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de inversión o cualquier otra entidad, y, en tal caso, el resultado de dicha evaluación, con el fin de garantizar que la autoridad competente de la entidad objetivo tenga en la debida consideración el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por otras autoridades a la hora de evaluar al adquirente propuesto.

(6)

Debe facilitarse información financiera relativa al adquirente propuesto con el fin de evaluar su solidez financiera.

(7)

Asimismo, debe facilitarse información sobre los intereses financieros y no financieros o las relaciones del adquirente propuesto con los accionistas o directivos o miembros de la alta dirección de la entidad objetivo o con las personas autorizadas a ejercer derechos de voto en dicha entidad, o con la entidad misma o su grupo, con el fin de permitir que la autoridad competente de la entidad objetivo evalúe si la existencia de cualquier conflicto potencial de intereses afectará a la solidez financiera del adquirente propuesto.

(8)

Determinada información adicional, incluida información sobre la participación que el adquirente propuesto posea o esté previsto que posea antes y después de la adquisición propuesta, resulta necesaria cuando este sea una persona jurídica, con el fin de permitir que la autoridad competente de la entidad objetivo complete la evaluación de la propuesta de adquisición, habida cuenta de que en dichos casos las estructuras jurídicas y del grupo en cuestión pueden ser complejas y requerir un examen detallado de la reputación, de los vínculos estrechos, de una posible acción concertada con otras partes y de la capacidad por parte de la autoridad competente de la entidad objetivo de continuar con la supervisión efectiva de dicha entidad.

(9)

Cuando el adquirente propuesto sea una entidad establecida en un tercer país o sea parte de un grupo establecido fuera de la Unión, debe facilitarse información adicional, de manera que la autoridad competente de la entidad objetivo pueda evaluar si existen obstáculos a la supervisión efectiva de la entidad objetivo planteados por el régimen jurídico del tercer país y pueda también verificar la reputación del adquirente propuesto en dicho tercer país.

(10)

Cuando el adquirente propuesto sea un fondo soberano de inversión, el adquirente propuesto debe facilitar información que permita comprobar la identidad de los administradores del fondo y su política de inversión. Esto es pertinente para que la autoridad competente de la entidad objetivo evalúe tanto la reputación del adquirente propuesto como la existencia de cualquier repercusión en la supervisión efectiva de la entidad objetivo.

(11)

Debe exigirse información específica que permita evaluar si la adquisición propuesta tendrá un impacto en la capacidad de la autoridad competente de la entidad objetivo de llevar a cabo una supervisión efectiva de dicha entidad. Ello debe incluir una evaluación de si los vínculos estrechos del adquirente propuesto tendrán un impacto en la capacidad de la entidad objetivo de continuar facilitando información oportuna y exacta a su supervisor. Por lo que se refiere a las personas jurídicas, resulta también necesario evaluar el impacto de la adquisición propuesta en la supervisión consolidada de la entidad objetivo y del grupo al que pertenecería después de la adquisición.

(12)

El adquirente propuesto debe facilitar información sobre la financiación de la propuesta de adquisición, incluida información relativa a todos los medios y fuentes de financiación, y debe estar en condiciones de presentar pruebas sobre el origen de todos los fondos y activos, con el fin de que la autoridad competente de la entidad objetivo pueda evaluar si existe un riesgo de actividades de blanqueo de capitales.

(13)

Los adquirentes propuestos que posean una participación cualificada comprendida entre el 20 % y el 50 % en la entidad objetivo deben facilitar a la autoridad competente de la entidad objetivo información sobre la estrategia, con el fin de permitir una evaluación exhaustiva de la propuesta de adquisición. Del mismo modo, los adquirentes propuestos que posean una participación cualificada de menos del 20 % en la entidad objetivo, pero que ejerzan en ella una influencia equivalente a través de otros medios, como la relación entre el adquirente propuesto y los accionistas existentes, la existencia de acuerdos entre accionistas, la distribución de acciones, participaciones y derechos de voto entre accionistas o el cargo del adquirente propuesto en la estructura del grupo de la entidad objetivo, también deben proporcionar esa información, a fin de garantizar un alto grado de homogeneidad en la evaluación de la propuesta de adquisición.

(14)

Cuando se proponga un cambio en el control de la entidad objetivo, el adquirente propuesto debe, como norma general, presentar un plan empresarial íntegro. No obstante, cuando no se proponga ningún cambio en el control de la entidad objetivo, es suficiente contar con determinada información sobre la estrategia futura de la entidad y las intenciones del adquirente propuesto en relación con la entidad objetivo, con el fin de evaluar si ello afectará a la solidez financiera del adquirente propuesto.

(15)

En determinados casos resulta proporcionado que el adquirente propuesto deba facilitar solamente información limitada. En particular, cuando el adquirente propuesto haya sido evaluado por la autoridad competente de la entidad objetivo en los dos años anteriores, o cuando dicha entidad objetivo sea una pequeña empresa de inversión y el adquirente propuesto sea una entidad autorizada y supervisada dentro de la Unión, será necesario solamente facilitar determinada información reducida a la autoridad competente de la entidad objetivo.

(16)

Cualquier intercambio o transmisión de información entre las autoridades competentes, otras autoridades, organismos o personas debe realizarse de conformidad con las normas sobre datos personales establecidas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(17)

El Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) es aplicable al tratamiento de datos personales por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en la aplicación del presente Reglamento.

(18)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión Europea.

(19)

La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(20)

La Directiva 2014/65/UE entró en vigor el 2 de julio de 2014. Su artículo 12, apartado 8, sustituye al artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2004/39/CE y contiene un otorgamiento de poderes a la AEVM para la elaboración de normas técnicas de regulación idéntico al estipulado en el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2004/39/CE. Además, el contenido del artículo 10 ter, apartado 4, y del artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2004/39/CE también es idéntico al contenido del artículo 13, apartado 4, y del artículo 11, apartado 2, respectivamente, de la Directiva 2014/65/UE. De conformidad con el artículo 94, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE, la Directiva 2004/39/CE será derogada con efecto desde el 3 de enero de 2018. La adopción de las normas técnicas por la Comisión de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2004/39/CE también debe considerarse conforme con el artículo 12, apartado 8, de la Directiva 2014/65/UE, por lo que la norma técnica seguirá aplicándose después del 3 de enero de 2018, sin necesidad de modificaciones adicionales.

a)

datos personales, incluidos su nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección y datos de contacto y, en su caso, su número de identificación nacional personal;

b)

un curriculum vitae detallado o un documento equivalente, en el que conste la educación y formación pertinentes, la experiencia profesional previa y cualesquiera actividades profesionales u otras funciones pertinentes desempeñadas en la actualidad.

a)

documentos que certifiquen el nombre comercial y el domicilio de su sede central, así como la dirección postal si fuera diferente, los datos de contacto y, en su caso, su número de identificación nacional;

b)

el registro de la forma jurídica de acuerdo con la legislación nacional pertinente;

c)

una síntesis actualizada de sus actividades empresariales;

d)

una lista completa de las personas que dirigen de manera efectiva las actividades, sus nombres, fechas y lugares de nacimiento, direcciones, datos de contacto, números de identificación nacionales en su caso, curriculum vitae detallado, en el que se especifique la educación y formación pertinentes, su experiencia profesional previa y sus actividades profesionales u otras funciones pertinentes desempeñadas en la actualidad;

e)

la identidad de todas las personas que puedan considerarse titulares reales de la persona jurídica, sus nombres, fechas y lugares de nacimiento, direcciones, datos de contacto y, en su caso, números de identificación nacionales.

a)

la identidad de todos los fideicomisarios que gestionen los activos en virtud de las condiciones del documento de fideicomiso;

b)

la identidad de todas las personas que sean los titulares reales de los activos del fideicomiso y su respectiva participación en la distribución de los ingresos;

c)

la identidad de todas las personas que sean los fideicomitentes del fideicomiso.

a)

en lo que respecta al adquirente propuesto y a cualquier empresa dirigida o controlada por él, durante los últimos diez años:

b)

información sobre si otra autoridad de supervisión ya ha llevado a cabo una evaluación de la reputación del adquirente, la identidad de dicha autoridad y las pruebas del resultado de dicha evaluación;

c)

información relativa a la situación financiera actual del adquirente propuesto, incluidos datos sobre las fuentes de ingresos, los activos y pasivos, y las pignoraciones y garantías, concedidas o recibidas;

d)

una descripción de las actividades profesionales del adquirente propuesto;

e)

información financiera que incluya las calificaciones crediticias y los informes a disposición del público sobre las empresas controladas o dirigidas por el adquirente propuesto y, si procede, sobre el adquirente propuesto;

f)

una descripción de los intereses financieros y no financieros o las relaciones del adquirente propuesto con:

g)

información sobre cualesquiera otros intereses o actividades del adquirente propuesto que puedan entrar en conflicto con los de la entidad objetivo y las posibles soluciones para gestionar dichos conflictos de intereses.

a)

información relativa al adquirente propuesto, cualquier persona que dirija de forma efectiva las actividades del adquirente propuesto, cualquier empresa bajo el control del adquirente propuesto y cualquier accionista que ejerza una influencia significativa en el adquirente propuesto tal como se menciona en la letra e). Esa información incluirá:

b)

información sobre si otra autoridad de supervisión ya ha llevado a cabo una evaluación de la reputación del adquirente o de la persona que dirige las actividades del adquirente, la identidad de dicha autoridad y las pruebas del resultado de dicha evaluación;

c)

una descripción de los intereses financieros y no financieros o las relaciones del adquirente propuesto o, cuando proceda, del grupo al que el adquirente propuesto pertenezca y de las personas que dirijan de manera efectiva las actividades con:

d)

información sobre cualesquiera otros intereses o actividades del adquirente propuesto que puedan entrar en conflicto con los de la entidad objetivo y las posibles soluciones para gestionar dichos conflictos de intereses;

e)

la estructura accionarial del adquirente propuesto, con la identidad de todos los accionistas que ejerzan una influencia significativa y sus respectivos porcentajes de capital y de derechos de voto, incluida información sobre cualesquiera acuerdos entre accionistas;

f)

si el adquirente propuesto es parte de un grupo, como filial o como empresa matriz, un organigrama detallado de su estructura corporativa completa e información sobre los porcentajes de capital y de derechos de voto de los accionistas con una influencia significativa en las entidades del grupo y en las actividades desarrolladas actualmente por las entidades del grupo;

g)

si el adquirente propuesto es parte de un grupo, como filial o como empresa matriz, información sobre las relaciones entre las entidades financieras y no financieras del grupo;

h)

identificación de cualquier entidad de crédito; empresa de seguros y reaseguros; organismos de inversión colectiva y sus gestores o empresa de inversión dentro del grupo, y los nombres de las autoridades de supervisión pertinentes;

i)

estados financieros preceptivos, en base individual y, cuando proceda, en base consolidada y subconsolidada del grupo de los tres últimos ejercicios fiscales. Cuando estén auditados externamente, el adquirente propuesto facilitará dichos estados financieros aprobados por el auditor externo. Los estados financieros obligatorios incluirán:

j)

en su caso, información sobre la calificación crediticia del adquirente propuesto y la calificación global de su grupo.

a)

un certificado de solvencia o documento equivalente de las autoridades competentes extranjeras pertinentes en relación con el adquirente propuesto;

b)

una declaración de las autoridades competentes extranjeras pertinentes de que no existen obstáculos o limitaciones a la facilitación de información necesaria para la supervisión de la entidad objetivo;

c)

información general sobre el régimen normativo de dicho tercer país aplicable al adquirente propuesto.

a)

el nombre del ministerio o del departamento gubernamental encargado de la definición de la política de inversión del fondo;

b)

detalles de la política de inversión y cualesquiera restricciones a la inversión;

c)

el nombre y el cargo de las personas responsables de tomar las decisiones de inversión en relación con el fondo, así como los detalles de las participaciones cualificadas o la influencia a que se refiere el artículo 11, apartado 2, ejercida por el ministerio o el departamento gubernamental mencionado en las operaciones diarias del fondo y de la entidad objetivo.

a)

datos personales, incluidos el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona, la dirección y los datos de contacto y, en su caso, el número de identificación nacional personal;

b)

el cargo para el que dicha persona ha sido o será designada;

c)

un curriculum vitae detallado en el que se especifique la educación y la formación profesional pertinentes, la experiencia profesional, incluidos los nombres de todas las organizaciones para las que dicha persona haya trabajado y la índole y duración de las funciones desempeñadas, en particular en relación con cualesquiera actividades dentro del ámbito del cargo previsto, y documentación relativa a la experiencia de la persona, como una lista de personas de referencia con información de contacto y cartas de recomendación. En relación con cargos ejercidos durante los últimos diez años, en la descripción de estas actividades la persona especificará sus poderes delegados, sus competencias en el proceso interno de toma de decisiones y los ámbitos de las operaciones bajo su control. Si el currículum vitae comprende otra experiencia pertinente, incluida la representación en órganos de dirección, se especificará este extremo;

d)

información sobre los siguientes aspectos:

e)

información sobre si otra autoridad de supervisión ya ha llevado a cabo una evaluación de la reputación de la persona que dirige las actividades, la identidad de dicha autoridad y las pruebas del resultado de dicha evaluación;

f)

una descripción de los intereses financieros y no financieros o las relaciones de la persona y de los familiares próximos de dicha persona con los miembros del órgano de dirección y con las personas que ocupen los cargos clave en la misma entidad, la empresa matriz y sus filiales y accionistas;

g)

el tiempo mínimo, con indicaciones anuales y mensuales, que la persona dedicará al desempeño de sus funciones dentro de la entidad objetivo;

h)

la lista de cargos directivos ejecutivos y no ejecutivos ocupados en la actualidad por dicha persona.

a)

identificación de la entidad objetivo;

b)

detalles de las intenciones del adquirente propuesto respecto a la adquisición propuesta, como la inversión estratégica o la inversión de cartera;

c)

información sobre las acciones de la entidad objetivo que el adquirente propuesto posea o esté previsto que posea antes y después de la adquisición propuesta, incluidos:

d)

una descripción de cualquier acción concertada con otras partes, incluida la contribución de dichas partes a la financiación de la adquisición propuesta, los medios de participación en las disposiciones financieras en relación con la adquisición propuesta y las disposiciones organizativas futuras de la adquisición propuesta;

e)

el contenido de los acuerdos entre accionistas que se prevé celebrar con otros accionistas en relación con la entidad objetivo;

f)

el precio de la adquisición propuesta y los criterios utilizados para fijar dicho precio y, cuando exista una diferencia entre el valor de mercado y el precio de la adquisición propuesta, una explicación sobre las razones de esta diferencia.

a)

detalles sobre el uso de recursos financieros privados y el origen y disponibilidad de los fondos, y en particular cualquier apoyo documental pertinente que proporcione pruebas a la autoridad competente de que no se pretende ninguna operación de blanqueo de capitales mediante la adquisición propuesta;

b)

detalles de los medios de pago de la adquisición propuesta y de la red utilizada para transferir los fondos;

c)

detalles sobre el acceso a las fuentes de capital y a los mercados financieros, incluidos detalles de los instrumentos financieros que vayan a emitirse;

d)

información sobre la utilización de fondos prestados, que contenga el nombre de los prestamistas pertinentes y detalles de las facilidades concedidas, incluidos vencimientos, condiciones, pignoraciones y garantías, así como información sobre la fuente de los ingresos que se vayan a utilizar para reembolsar los préstamos y el origen de los fondos prestados cuando el prestamista no sea una entidad financiera supervisada;

e)

información sobre cualquier acuerdo financiero con otros accionistas de la entidad objetivo;

f)

información sobre los activos del adquirente propuesto o de la entidad objetivo que deban venderse con el fin de ayudar a financiar la adquisición propuesta, así como las condiciones de la venta, en particular el precio, la tasación, los detalles relativos a las características de los activos e información sobre el momento y la forma en que se adquirieron los activos.

a)

el período durante el cual el adquirente propuesto tiene intención de mantener su participación tras la adquisición propuesta y cualquier intención que tenga de aumentar, reducir o mantener el nivel de su participación en el futuro próximo;

b)

una indicación de las intenciones del adquirente propuesto en relación con la entidad objetivo y, en particular, de si tiene o no la intención de ejercer cualquier forma de control de la entidad objetivo y la justificación de dicha acción;

c)

información sobre la situación financiera del adquirente propuesto y su disposición a apoyar a la entidad objetivo con fondos propios adicionales si fuera necesario para el desarrollo de sus actividades o en caso de dificultades financieras.

a)

toda la información prevista en el artículo 10;

b)

detalles de la influencia que el adquirente propuesto tiene intención de ejercer en la posición financiera en relación con la entidad objetivo, incluida la política de dividendos, el desarrollo estratégico y la asignación de recursos de la entidad objetivo;

c)

una descripción de las intenciones y expectativas del adquirente propuesto en relación con la entidad objetivo a medio plazo, que abarque todos los elementos a que hace referencia el artículo 12, apartados 2 y 3.

a)

la finalidad global de la adquisición propuesta;

b)

los objetivos financieros a medio plazo que puedan especificarse en términos de rentabilidad del capital, relación coste-beneficio, ganancias por acción, o en los términos que proceda;

c)

la posible reorientación de las actividades, productos y clientes destinatarios y la posible reasignación de fondos o recursos que se prevé tengan un impacto en la entidad objetivo;

d)

los procesos generales para incluir e integrar a la entidad objetivo en la estructura del grupo del adquirente propuesto, incluida una descripción de las principales interacciones que deban desarrollarse con otras empresas del grupo, así como una descripción de las políticas que regulen las relaciones intragrupo.

a)

una previsión del balance y de la cuenta de resultados;

b)

una previsión de los requisitos prudenciales de capital y del coeficiente de solvencia;

c)

información sobre el nivel de exposición al riesgo, incluido el riesgo de crédito, de mercado y operativo, así como otros riesgos pertinentes;

d)

una previsión de las operaciones intragrupo.

a)

la composición y las funciones del órgano de administración, dirección o supervisión y los principales comités creados por dicho órgano decisorio, incluido el comité de dirección, el comité de riesgos, el comité de auditoría, el comité de remuneraciones, así como información relativa a las personas que serán designadas para dirigir las actividades;

b)

los procedimientos administrativos y contables y los controles internos, incluidas las modificaciones en los procedimientos y sistemas relativos a la contabilidad, la auditoría interna, el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y en materia de gestión de riesgos, y la designación de las funciones clave de auditor interno, director de cumplimiento y gestor de riesgos;

c)

la organización y los sistemas informáticos globales, incluidas cualesquiera modificaciones relativas a la política de subcontratación de sistemas informáticos, el organigrama de datos, el software interno y externo utilizado y los procedimientos y herramientas de seguridad básicos de los datos y sistemas, como las copias de seguridad, los planes de continuidad y las pistas de auditoría;

d)

las políticas que regulen la subcontratación, incluida información sobre los ámbitos concernidos, la selección de los proveedores de servicios y los respectivos derechos y obligaciones de las partes del contrato de externalización, como las disposiciones de auditoría y la calidad de servicio esperada del proveedor;

e)

cualquier otra información pertinente relativa al impacto de la adquisición en la gobernanza corporativa y en la estructura organizativa general de la entidad objetivo, incluida cualquier modificación en relación con los derechos de voto de los accionistas.

a)

cuando el adquirente propuesto sea una persona física:

b)

cuando el adquirente propuesto sea una persona jurídica:

c)

cuando el adquirente propuesto sea un fideicomiso:

a)

no poseer activos de sus clientes;

b)

no estar autorizada para prestar los servicios y actividades de inversión «Negociación por cuenta propia» o «Aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme» a que hace referencia el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2004/39/CE;

c)

en caso de estar autorizada para prestar el servicio de inversión «Gestión de carteras» a que hace referencia el anexo I, sección A, punto 4, de la Directiva 2004/39/CE, los activos gestionados por la empresa deben tener un valor inferior a 500 millones EUR.

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/44

(1)

El artículo 12 del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Armenia sobre la facilitación de la expedición de visados (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo») instituye un Comité Mixto (en lo sucesivo, «Comité Mixto»). A tenor de esta disposición, corresponde en particular al Comité Mixto hacer un seguimiento de la aplicación del Acuerdo.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece los procedimientos y condiciones para la expedición de visados para tránsito o estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días por período de 180 días.

(3)

Se requieren directrices comunes para garantizar una aplicación plenamente armonizada del Acuerdo por parte de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de los Estados miembros y para aclarar la relación entre las disposiciones del Acuerdo y las disposiciones legislativas de las Partes en el Acuerdo que siguen siendo aplicables a las cuestiones de visados no reguladas por el Acuerdo.

(4)

Procede determinar la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión en el Comité Mixto por lo que se refiere a la adopción de directrices comunes para la aplicación del Acuerdo.

(5)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.

(6)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (4); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(7)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/60

(1)

El 10 de julio de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/450/PESC.

(2)

El 17 de octubre de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actualizó la información relativa a una persona sujeta a medidas restrictivas.

(3)

Procede, por tanto, modificar el anexo de la Decisión 2014/450/PESC en consecuencia.

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/62

(1)

La Comisión, mediante su Decisión de Ejecución 2014/715/UE (2), identificó a Sri Lanka como país que considera tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), de conformidad con el artículo 31, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1005/2008. En la mencionada Decisión, la Comisión expuso los motivos por los que consideraba que este país incumplía las obligaciones que le impone el Derecho internacional, en su condición de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización, de adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

(2)

El Consejo, mediante su Decisión de Ejecución 2015/200/UE (3), incluyó a Sri Lanka en la lista de terceros países no cooperantes establecida por la Decisión de Ejecución 2014/170/UE del Consejo (4).

(3)

El artículo 18, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.o 1005/2008 prohíbe la importación en la Unión de productos de la pesca que vayan acompañados de un certificado de captura validado por las autoridades de un Estado de abanderamiento considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR.

(4)

Tras su identificación como tercer país no cooperante, Sri Lanka se ha esforzado por adoptar medidas concretas para subsanar las deficiencias detectadas.

(5)

Sobre la base de la información obtenida por la Comisión, parece que Sri Lanka ha cumplido las obligaciones pertinentes que le impone el Derecho internacional y ha adoptado un marco jurídico adecuado para luchar contra la pesca INDNR. En particular, ha establecido un sistema adecuado y eficaz de seguimiento, control e inspección gracias a la introducción de cuadernos diarios de pesca para registrar los datos de capturas y los indicativos de llamada por radio de los buques pesqueros y al equipamiento de toda la flota de alta mar con el sistema de localización de buques (SLB). También ha creado un régimen sancionador disuasorio, ha revisado su marco jurídico relativo a la pesca y ha velado por la correcta aplicación del régimen de certificación de capturas. Por otra parte, Sri Lanka ha mejorado constantemente el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, tales como las medidas de control por el Estado rector del puerto. Asimismo, ha incorporado las reglas de dichas organizaciones a su Derecho nacional y ha adoptado su propio Plan de Acción Nacional contra la Pesca INDNR, acorde con el Plan de Acción Internacional contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada de las Naciones Unidas.

(6)

Parece, por tanto, que Sri Lanka ha cumplido las obligaciones pertinentes del Derecho internacional y que las medidas que ha adoptado como Estado de abanderamiento son suficientes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 94, 117 y 118 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como de los artículos 18, 19, 20 y 23 del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces.

(7)

Por consiguiente, cabe concluir que se ha rectificado la situación que justificó la identificación de Sri Lanka como tercer país no cooperante y que este ha adoptado medidas concretas que pueden mejorar la situación de forma duradera.

(8)

En consecuencia, el Consejo ha adoptado la Decisión de Ejecución (UE) 2016/992 (5) por la que se suprime a Sri Lanka de la lista de países no cooperantes.

(9)

En estas circunstancias, debe derogarse la Decisión de Ejecución 2014/715/UE con efecto a partir de la entrada en vigor de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/992.

(10)

La presente Decisión no excluye que la Unión pueda adoptar otras medidas en el futuro, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1005/2008, en el caso de que Sri Lanka no cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho internacional, en su condición de Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto, Estado ribereño o Estado de comercialización, de adoptar medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

(11)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura de 28 de febrero de 2017.

26.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 276/64

(1)

El 23 de septiembre de 2013, el Órgano recibió una denuncia que alegaba la concesión a Íslandsbanki hf. («ISB») y Arion Bank hf. («Arion») de ayudas estatales ilegales a través de una financiación a largo plazo con tipos de interés favorables otorgada por el Banco Central de Islandia («BCI») (1).

(2)

Mediante carta de 23 de octubre de 2013, el Órgano envió una solicitud de información a las autoridades islandesas (2), a la que estas respondieron el 17 de enero de 2014 (3). El caso fue sometido a debate en una reunión posterior entre representantes del Órgano y de las autoridades islandesas, celebrada en Reikiavik en mayo de 2014. Los debates fueron seguidos por una carta de 5 de junio de 2014 (4). El caso fue sometido de nuevo a debate en una reunión mantenida por representantes del Órgano y de las autoridades islandesas (entre los que se encontraba un representante del BCI), celebrada en Reikiavik en febrero de 2015. Este debate fue seguido por una carta de 24 de febrero de 2015 (5), a la que las autoridades islandesas respondieron el 1 de abril de 2015 (6).

(3)

Mediante la Decisión n.o 208/15/COL, de 20 de mayo de 2015, el Órgano incoó el procedimiento de investigación formal con relación a las presuntas ayudas estatales ilegales concedidas a ISB y Arion mediante acuerdos de reprogramación de préstamos en condiciones presuntamente preferenciales. Las autoridades islandesas presentaron sus observaciones sobre la decisión del Órgano mediante carta de 28 de agosto de 2015 (7). En la misma fecha, el Órgano recibió las observaciones de uno de los dos presuntos beneficiarios; en este caso, de Arion (8).

(4)

El 24 de septiembre de 2015, la Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Suplemento EEE correspondiente (9). El BCI presentó sus observaciones sobre la Decisión de incoación mediante carta con fecha de 5 de octubre de 2015 (10).

(5)

Por carta de 14 de junio de 2016, el Órgano solicitó información adicional al BCI, ISB y Arion (11). Las autoridades islandesas proporcionaron la información solicitada mediante carta de 20 de septiembre de 2016 (12).

(6)

Las medidas en cuestión están relacionadas con los préstamos garantizados y de valores del BCI. En el marco de su función como banco central y prestamista de última instancia, y en consonancia con la política monetaria de otros bancos centrales, el BCI proporciona instrumentos de crédito a corto plazo a empresas financieras en forma de préstamos garantizados, de conformidad con las disposiciones de las normas del BCI correspondientes. Las entidades financieras tienen la opción de solicitar préstamos a uno o siete días a cambio de una garantía considerada admisible por el BCI.

(7)

En 2007 y 2008, los préstamos garantizados experimentaron un aumento constante, y el BCI se convirtió en una de las principales fuentes de liquidez de las empresas financieras. Los préstamos garantizados alcanzaron valores máximos el 1 de octubre de 2008, justo antes del hundimiento de los bancos; en aquel momento, el BCI había prestado 520 000 millones de coronas islandesas (ISK) a las instituciones financieras. Así, cuando el colapso de los tres bancos comerciales (Landsbankinn, Glitnir y Kaupthing) en octubre de 2008, el BCI había concedido a estas empresas financieras nacionales créditos por un valor considerable, respaldados por garantías de distintos tipos. Por entonces, casi el 42 % de la garantía real de los préstamos concedidos por el BCI se componía de valores garantizados por el Tesoro o títulos respaldados por activos, mientras que el 58 % restante estaba integrado por bonos emitidos por Glitnir, Kaupthing y Landsbankinn (13).

(8)

Con el hundimiento de Glitnir en 2008, los créditos del BCI pasaron a estar vencidos y ser exigibles, con lo que el BCI se transformó en acreedor del banco en quiebra. Mediante decisión de la autoridad islandesa de supervisión financiera («FME») de octubre de 2008, todos los activos y pasivos nacionales (excepto algunos que quedaban excluidos) de Glitnir se transfirieron, en principio, a ISB, incluidas la deuda pendiente de Glitnir con el BCI, que ascendía aproximadamente a 55 600 millones ISK e, indirectamente, la propiedad de la garantía real subyacente (la cartera de préstamos hipotecarios) (14).

(9)

Dado que la deuda con el BCI consistía en préstamos a corto plazo garantizados, un reembolso inmediato habría tenido graves consecuencias para la situación de tesorería de ISB, además de poner en riesgo la reestructuración del banco. Según el BCI, la alternativa habría sido el cobro de la deuda por su parte, lo que habría dejado la cartera de préstamos hipotecarios en manos del BCI. Para un banco central, la gestión de esta situación habría resultado complicada. En su momento, la venta de la cartera de préstamos hipotecarios tampoco se consideró una opción, dada la crisis financiera existente y la escasa cantidad de compradores potenciales en el mercado.

(10)

Así pues, ISB trató de renegociar su deuda con el BCI para convertirla en deuda a largo plazo con un perfil de amortización razonable y evitar un impacto negativo aún mayor en su situación de tesorería. Las negociaciones entre ISB y el BCI llevaron a la firma de un acuerdo el 11 de septiembre de 2009, mediante el cual ISB emitió un bono autónomo a favor del BCI por importe de 55 600 millones ISK. El bono estaba respaldado por la misma, o similar, cartera de préstamos hipotecarios que los bonos garantizados emitidos por Glitnir en el pasado. El bono está sobregarantizado con una relación préstamo-valor («LTV», del inglés loan-to-value) del 70 % (15). La fecha de vencimiento del bono es de diez años, con un tipo de interés del 4,5 %, vinculado al índice de los precios al consumo (IPC).

(11)

En octubre de 2008, la imposibilidad del rescate de Kaupthing estaba clara, por lo que la FME pasó a hacerse cargo de las operaciones del banco. Con arreglo a lo establecido por la Ley n.o 125/2008 sobre la autoridad para pagos del Tesoro debidos a circunstancias inhabituales de los mercados financieros («Ley de Emergencias»), aprobada el 6 de octubre de 2008, la FME decidió fraccionar Kaupthing en un banco antiguo y otro nuevo. En principio, la nueva entidad, que más tarde pasaría a denominarse Arion, se hizo cargo de la mayoría de activos y pasivos nacionales. Sin embargo, los pasivos garantizados del BCI y la garantía real respectiva, incluida la cartera de préstamos para vivienda, no se transfirieron (16). El banco antiguo se puso bajo la supervisión de un comité de resolución, y más tarde se sometió a procedimientos de liquidación con el fin de cerrar todas las operaciones.

(12)

El 3 de septiembre de 2009, Kaupthing, el Gobierno y Arion alcanzaron un acuerdo para la capitalización de Arion, en el que se establecieron también los fundamentos para la indemnización de Kaupthing a Arion («acuerdo de capitalización de Kaupthing»). En virtud de este acuerdo, Kaupthing tenía la opción de hacerse con el control de Arion mediante la suscripción de nuevo capital social, que tendría que pagar con los propios activos del banco antiguo (es decir, los activos que no habían sido transferidos tras la decisión de la FME descrita anteriormente).

(13)

Antes de que Kaupthing pudiese decidir si adquiría una participación mayoritaria en Arion, debía alcanzar un acuerdo con el BCI sobre la liquidación de los créditos pendientes, ya que algunos de los activos que tendría que pagar por el nuevo capital social se habían empleado como garantía real para préstamos concedidos a Kaupthing por el BCI; entre ellos, la cartera de préstamos para vivienda. Así, el 30 de noviembre de 2009, el Ministerio de Finanzas, el BCI y el comité de resolución de Kaupthing suscribieron un acuerdo de liquidación de los créditos de Kaupthing con el BCI («acuerdo de liquidación»). La liquidación de los préstamos a un día se trató en el artículo 3 del acuerdo de liquidación, en el que las partes acordaron que Arion asumiría la deuda de Kaupthing frente al BCI mediante la emisión de un bono por un montante aproximado de […] (*1) mil millones ISK, en un formato específico recogido en el apéndice II. Por su parte, el BCI asignaría la cartera de préstamos para vivienda a Arion.

(14)

El 22 de enero de 2010, Arion y el BCI suscribieron un contrato de préstamo que, en opinión de ambos, reflejaba la ejecución formal del artículo 3 del acuerdo de liquidación y el acuerdo de capitalización, es decir, cómo los acreedores de Kaupthing se convertían en propietarios de Arion. El contrato de préstamo sustituyó al bono antes mencionado. Fundamentalmente, el contrato de préstamo reflejaba las condiciones del bono, salvo que el principal estaba denominado en EUR, USD y CHF en lugar de ISK. Este cambio en la denominación monetaria se realizó de acuerdo con las condiciones del acuerdo de liquidación, que establecía que, fuese cual fuese la denominación del principal, Arion debía pagar los intereses y las cuotas en divisas en la medida en que le fuese posible. El acuerdo de liquidación también estipulaba que si Arion no era capaz de pagar en divisas y deseaba hacerlo en ISK, debía enviar una solicitud razonada por escrito al BCI.

(15)

El contrato de préstamo preveía un plazo de siete años, prorrogable por dos plazos de tres años, por un importe de […] millones EUR, […] millones USD y […] millones CHF. Se autorizaba a Arion a modificar la combinación de las divisas en las que debía reembolsarse el préstamo. El tipo de interés aplicable era EURIBOR/LIBOR + 300 puntos básicos. A modo de garantía real, se otorgaba al BCI la cartera de préstamos para vivienda.

(16)

De acuerdo con el denunciante, los contratos de préstamo entre ISB, Arion y el BCI no se sometieron a evaluación cuando el Órgano decidió la aprobación de las ayudas de reestructuración a ISB y Arion (17). En estos casos no se abordaron las medidas, por lo que el denunciante considera que es importante conocer la opinión del Órgano sobre (i) la compatibilidad de estas supuestas medidas de ayuda adicionales con el Acuerdo EEE y (ii) las consecuencias de la falta de notificación de estas medidas por parte de las autoridades islandesas.

(17)

El denunciante manifiesta que, en el momento en que el BCI firmó los contratos de préstamo con Arion e ISB, no se dio la oportunidad a otros bancos de Islandia de recibir una financiación de este tipo a través del BCI u otros organismos gubernamentales. Por ello, el denunciante sostiene que la ayuda fue selectiva, ya que se proporcionó en exclusiva a algunas de las instituciones financieras que competían en el mercado bancario islandés. De acuerdo con el denunciante, al concederse un préstamo a ISB, el banco pasó a disponer de ayuda para eludir la ejecución del BCI sobre la emisión del bono garantizado; en el caso de Arion, el préstamo se concedió con el fin de garantizar un equilibro adecuado en el riesgo de cambio del banco. El denunciante afirma que otras instituciones financieras que no recibieron este tipo de ayudas se vieron obligadas a vender sus activos en situaciones del mercado que favorecían a los compradores.

(18)

De acuerdo con el denunciante, los contratos de préstamo suscritos con ISB y Arion proporcionaron a estas entidades una clara ventaja en forma de financiación a largo plazo con tipos de interés favorables por debajo de las condiciones del mercado, no disponibles para el resto de participantes del mercado. De acuerdo con el denunciante, ningún inversor privado hubiera suscrito estos acuerdos en un momento tan delicado para los mercados financieros. Para justificar la queja de que los tipos de interés estaban por debajo de las condiciones del mercado vigentes en aquel momento, el denunciante proporcionó los diferenciales de la permuta de riesgo de crédito («CDS», del inglés credit default swap) presentados por el Gobierno islandés en 2009, así como los tipos de interés en 2009 para las emisiones de deuda HFF150224 y HFF150434 del Fondo para la Financiación de la Vivienda islandés. En la denuncia se mantiene que las medidas fortalecieron la posición de ISB y Arion en el mercado bancario y, por tanto, afectaron a la del resto de participantes del mismo.

(19)

Por último, el denunciante alega que los planes de reestructuración de ISB y Arion, aplicados por el Gobierno islandés y que el Órgano consideró compatibles con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE, resultaban suficientes para reparar la alteración de la economía islandesa. De acuerdo con el denunciante, las medidas de ayuda adicionales aplicadas a través de los acuerdos antes mencionados no resultaban necesarias, adecuadas ni proporcionadas para el restablecimiento del sistema bancario islandés y, por tanto, suponían una ayuda estatal incompatible.

(20)

En la Decisión n.o 208/15/COL, el Órgano evaluó de forma preliminar si los instrumentos de crédito a corto plazo que el BCI proporcionó a Glitnir y Kaupthing y los contratos de préstamo firmados entre el BCI y Arion e ISB podían constituir ayudas estatales en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE; y, en caso de que así fuera, si la ayuda estatal podía considerarse compatible con lo establecido en el Acuerdo EEE.

(21)

En lo relativo al préstamo garantizado a corto plazo del BCI a los bancos y otras instituciones financieras, el Órgano determinó que se cumplieron las condiciones sobre provisión de liquidez y facilidades crediticias de bancos centrales recogidas en las Directrices bancarias (18). Por consiguiente, el Órgano concluyó que las facilidades crediticias a corto plazo concedidas por el BCI a Glitnir y Kaupthing no supusieron una ayuda estatal.

(22)

Sin embargo, en lo relativo a los contratos de préstamo en condiciones presuntamente favorables firmados por el BCI y Arion e ISB, el Órgano llegó a la conclusión preliminar de que no podía excluirse la posibilidad de que constituyesen ayudas estatales en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. En la Decisión n.o 208/15/COL se observaba lo siguiente:

(23)

De acuerdo con el Órgano, se debían proporcionar nuevas evidencias para poder determinar si las condiciones del préstamo podían considerarse compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

(24)

Como consecuencia, tras su evaluación preliminar, el Órgano tenía dudas de si las medidas en cuestión y las condiciones de los préstamos en particular constituían ayudas estatales y, en caso de hacerlo, si resultaban compatibles con lo establecido por el Acuerdo EEE.

(25)

El BCI señala que la reestructuración del sistema financiero de Islandia, sus fundamentos jurídicos y la aplicación que el Gobierno hace de ella han sido abordados previamente por el Órgano, entre otros momentos en las Decisiones sobre las ayudas de reestructuración a ISB y Arion. De acuerdo con el BCI, no resulta lógico sacar de contexto las medidas investigadas en este caso y evaluarlas como instrumentos autónomos.

(26)

De acuerdo con el BCI, no resulta realista que un banco central ejecute garantías reales como las existentes en los casos de Kaupthing (Arion) e ISB. Al apropiarse de dichas garantías, el BCI habría adoptado el papel de un banco comercial con una de las mayores carteras de préstamos para vivienda de Islandia, algo que habría sido incompatible con su papel como banco central. Además, existía un importante peligro de desestabilización de las operaciones de Arion e ISB que habría puesto en riesgo su estabilidad financiera. El Órgano ha de tener en cuenta que el BCI tiene la obligación legal de promover la estabilidad financiera. Si el BCI hubiese ejecutado el crédito de ISB, la liquidez de esta entidad se habría debilitado demasiado para operar como un banco sano; en consecuencia, el BCI no habría estado en posición de recuperar todo lo reclamado.

(27)

El BCI señala que, por desgracia, las Directrices bancarias no abordan lo que sucede cuando los créditos derivados de operaciones de política monetaria incurren en impago y un banco central se ve forzado a tomar medidas para cobrar los créditos y apropiarse de los activos activos garantizados. El BCI defiende que la conversión de los créditos del BCI en contratos de préstamo debe considerarse una prosecución normal de las medidas de los acreedores para maximizar la recuperación de los créditos provenientes de facilidades crediticias a corto plazo, y no una nueva financiación para Arion e ISB.

(28)

En lo relativo a si los contratos de préstamo confirieron una ventaja a los bancos, el BCI afirma que la demora inicial en los pagos no implicó una ayuda estatal dadas las circunstancias excepcionales imperantes en Islandia tras el hundimiento del sistema financiero en octubre de 2008. Según el BCI, la liquidación de los pagos con ISB en septiembre de 2009 y con Kaupthing en noviembre de 2009 no puede considerarse un retraso, ya que Islandia estaba atravesando un proceso de reestructuración bancaria global asistido por el FMI y había un elevado grado de incertidumbre sobre la tasación de los activos de los bancos.

(29)

El BCI subraya que tiene la obligación legal de preservar la estabilidad financiera y supervisar las posiciones de divisas de las entidades de crédito. Así, el BCI tenía la obligación legal de hacer frente a la grave situación imperante en aquellos momentos. Como conclusión, se afirma que, dadas las circunstancias, los contratos de préstamo constituían la mejor decisión económica racional. El BCI apunta que la apropiación de los activos garantizados no solo habría sido incompatible con su papel como banco central, sino que en última instancia hubiera disminuido la cantidad de deuda a corto plazo recuperable por su parte.

(30)

Además, de acuerdo con el BCI, las condiciones de los contratos de préstamo, es decir, los tipos de interés y la garantía real, le eran favorables. El BCI hace referencia a la información disponible sobre instrumentos emitidos en todo el mundo y a las condiciones de otros instrumentos concertados por las partes en aquellos momentos (Arion, ISB, el BCI, otras entidades financieras nacionales y el Estado) (19). Así, de acuerdo con el BCI, las condiciones de los contratos de préstamo eran en ambos casos plenamente coherentes con las condiciones normales del mercado vigentes en aquellos momentos y, por tanto, estaban en plena consonancia con el principio del inversor en una economía de mercado.

(31)

Con respecto a si estos contratos de préstamo fueron o no selectivos, el BCI afirma que todas las empresas que se encontraban en una situación fáctica y legal comparable recibieron el mismo trato. A este respecto, el BCI apunta que Straumur, un banco de inversiones privado de Islandia, también llegó a un acuerdo con la institución central para la liquidación de su deuda a corto plazo (20). Además, según el BCI, MP Bank no se encontraba en una situación fáctica y legal similar, ya que sus deudas a corto plazo no estaban garantizadas con activos comparables a la cartera de préstamos para vivienda, sino con fondos públicos como instrumentos de tesorería y otros instrumentos garantizados similares, es decir, activos fácilmente negociables con un valor definido y sin costes implicados o asociados a la consignación. Por ello, el BCI rechaza la afirmación de que otros bancos de Islandia no disfrutaron de la oportunidad de recibir este tipo de financiación por parte del BCI u otros organismos gubernamentales.

(32)

Para concluir, el BCI asevera que el Órgano debe tener en cuenta que durante el período en que se firmaron los contratos de préstamo no había competencia de hecho entre las empresas financieras de Islandia y otras empresas financieras del EEE. En noviembre de 2008, el Parlamento islandés promulgó la Ley n.o 134/2008, que modificaba la Ley n.o 87/1992 sobre divisas, en virtud de la cual se imponían restricciones sobre los movimientos de capital transfronterizos y las operaciones en divisas relacionadas, impidiendo que los entes financieros extranjeros pudiesen competir en el mercado islandés (21). Por tanto, el BCI sostiene que las medidas no eran susceptibles de falsear la competencia ni de afectar al intercambio entre las Partes Contratantes según el Acuerdo EEE.

(33)

De acuerdo con lo anterior, el BCI argumenta que la suscripción de los contratos de préstamo no puede constituir una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

(34)

Si el Órgano considerase, no obstante, que las medidas constituyen una ayuda estatal, el BCI afirma que deberían considerarse compatibles con el Acuerdo EEE en virtud del artículo 61, apartado 3, letra b), del mismo, puesto que eran parte integral de unas medidas necesarias, proporcionadas y adecuadas para resolver una alteración grave de la economía islandesa y, por tanto, guardaban una relación directa con las medidas de ayuda para la reestructuración aprobadas por el Órgano en sus Decisiones sobre las ayudas de reestructuración a Arion e ISB.

(35)

Arion también argumenta que las medidas investigadas en este caso no pueden sacarse de contexto y evaluarse como instrumentos autónomos. Arion entiende que el Órgano ya ha investigado y aprobado su reestructuración y capitalización en su Decisión sobre las ayudas de reestructuración a Arion.

(36)

Arion apunta que la denominación del préstamo en divisas extranjeras en lugar de ISK iba en consonancia con las condiciones del acuerdo de liquidación, en el que se estableció que Arion pagaría los intereses y las cuotas del préstamo en divisas extranjeras en la medida en que fuese capaz de hacerlo, y que solo se le permitiría pagar en ISK en circunstancias excepcionales. Arion también menciona que el artículo 4 del acuerdo de liquidaciónestablecía que, siempre que contase con permiso del acreedor, el prestatario podía cambiar la denominación de la deuda parcial o totalmente. Por tanto, las condiciones del contrato de préstamo se ajustan por completo a las condiciones del acuerdo de liquidación. Arion subraya que el Órgano ya revisó y aprobó las condiciones del acuerdo de liquidación en su Decisión sobre las ayudas de reestructuración a Arion (22).

(37)

De acuerdo con Arion, la afirmación de la Decisión n.o 208/15/COL en la que el Órgano establecía que sin la cartera de préstamos para vivienda la posición de Arion hubiese presentado «pocas posibilidades» es incorrecta. De acuerdo con Arion, la cartera de préstamos para vivienda era, de hecho, un activo valioso, ya que incluía préstamos de algunos de los principales clientes de Arion y había sido administrada por este banco. De conformidad con el acuerdo de liquidación (y no con la decisión de la FME), Kaupthing pudo transferir la cartera de préstamos para vivienda a Arion como parte de la capitalización de Arion. Sin embargo, en ausencia del artículo 3 del acuerdo de liquidación (y, por tanto, de la transferencia de la cartera de préstamos para vivienda), se hubieran empleado otros activos para sustituir la cartera de préstamos para vivienda y cumplir los requisitos de capitalización y reestructuración de Arion.

(38)

De acuerdo con Arion, la posición del BCI podría considerarse como la de un acreedor privado que ejecuta sus créditos con Kaupthing, tal y como se detalla en el acuerdo de liquidación, según las normas aplicables para procedimientos de liquidación (23). La asignación de la cartera hipotecaria de conformidad con el acuerdo de liquidación y la conclusión del contrato de préstamo se realizaron en condiciones totalmente coherentes con las condiciones normales del mercado en aquellos momentos. Como consecuencia, la conducta del BCI cumple los requisitos de la prueba del acreedor privado. Por tanto, el BCI no confirió a Arion ninguna ventaja que pudiese considerarse en modo alguno una ayuda estatal.

(39)

De acuerdo con Arion, los puntos principales a tener en cuenta a la hora de evaluar si un hipotético acreedor privado hubiese podido firmar el acuerdo de liquidación y el contrato de préstamo se podrían resumir del siguiente modo:

(40)

En la Decisión n.o 208/15/COL, el Órgano consideró difícil determinar los índices de referencia adecuados para los tipos de interés durante la crisis financiera, por lo que Arion ha proporcionado información sobre las emisiones por los bancos europeos de bonos garantizados y bonos preferentes no garantizados durante el período en cuestión. La principal garantía del préstamo proporcionado por el BCI es hipotecaria, por lo que Arion afirma que es comparable a los bonos garantizados emitidos por los bancos europeos durante 2009 que utilizaban las hipotecas sobre bienes raíces como garantía de entrega. Según Arion, los datos proporcionados (24) demuestran que los diferenciales de financiación de los bancos europeos estaban entre un 0,1 % y un 1,90 % por encima de los tipos interbancarios, con una mediana del diferencial de 0,72 %. En el caso de los bonosgarantizados, los mayores tipos fueron los pagados por el Banco de Irlanda en septiembre de 2009 (1,9 % por encima de los tipos interbancarios) y EBS Mortgage Finance de Irlanda (1,75 % por encima de los tipos interbancarios) en noviembre de 2009. De acuerdo con Arion, resulta complicado que un instrumento de deuda garantizado con hipotecas y otros activos de calidad y con un tipo de interés de LIBOR + 3,00 % se pueda considerar una ayuda estatal, máxime cuando los mayores costes de financiación de un banco europeo con garantía hipotecaria eran los tipos interbancarios + 1,9 %.

(41)

De acuerdo con Arion, el cambio introducido en el contrato de préstamo con respecto a las condiciones del acuerdo de liquidación y con relación a la denominación del importe del principal en EUR, USD y CHF en lugar de ISK era favorable al BCI. Arion afirma que en Islandia se impusieron estrictas limitaciones al movimiento de capital transfronterizo y las operaciones con divisas relacionadas desde el hundimiento del sistema bancario en otoño de 2008. La aplicación de la prueba del acreedor privado en estas circunstancias solo puede llevar a la conclusión de que un acreedor privado hubiera preferido una denominación en divisas en lugar de en ISK. Por tanto, este cambio de denominación hubiera resultado ventajoso para el acreedor, no para el deudor.

(42)

Arion también establece una comparación con un acuerdo de liquidación («acuerdo LBI») suscrito entre el «nuevo» Landsbankinn («NBI») y el «antiguo» Landsbankinn («LBI») en diciembre de 2009. El acuerdo LBI supuso la emisión por NBI de un bono preferente garantizado a LBI, denominado en EUR, GBP y USD, por una cantidad de 247 000 millones ISK en divisas con un plazo de diez años. Además, a principios de 2013 se emitió un bono contingente de 92 000 millones ISK en divisas. Estos bonos preferentes garantizados fueron una retribución por los activos y los pasivos transferidos desde LBI el 9 de octubre de 2008, a raíz de la decisión de la FME de ceder los activos y los pasivos de LBI a NBI. Estos bonos preferentes garantizados vencen en octubre de 2018 y no implican el pago de cuotas en los cinco primeros años. Los tipos de interés son EURIBOR/LIBOR + 175 puntos básicos para los primeros cinco años y EURIBOR/LIBOR + 290 puntos básicos para los cinco años restantes. Están garantizados por conjuntos de préstamos realizados a los clientes de Landsbankinn (25).

(43)

Según Arion, las condiciones del acuerdo LBI pueden considerarse directamente comparables con las del contrato de préstamo. Las diferencias pueden resumirse así:

(44)

Según Arion, en esta ocasión las diferencias entre ambos casos son siempre favorables al contrato de préstamo y el BCI, con un tipo de interés más elevado, un menor importe del principal y un conjunto de garantías más sólido, a pesar del carácter privado del prestamista en el otro caso. Esto indica que las condiciones de la financiación proporcionada a Arion en virtud del contrato de préstamo son coherentes con las condiciones del mercado prevalentes en aquellos momentos.

(45)

En resumen, Arion argumenta que la firma del contrato de préstamo con el BCI no puede constituir una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

(46)

Si, a pesar de los argumentos anteriormente esgrimidos, el Órgano considerase que las medidas constituyen una ayuda estatal, Arion sostiene que estas medidas son compatibles con el Acuerdo EEE en virtud de su artículo 61, apartado 3, letra b).

(47)

Como las medidas en cuestión eran parte indisoluble de la capitalización final de Arion y el plan de reestructuración de Arion que se envió al Órgano, Arion afirma que no pueden separarse de la evaluación global que el Órgano realizó de ese caso. Por tanto, les es aplicable la Decisión sobre las ayudas de reestructuración a Arion del Órgano.

(48)

Arion también opina que, si el Órgano considera posible la revisión de una parte específica de una transacción ya revisada y aprobada por él mismo en la Decisión sobre las ayudas de reestructuración a Arion, deberá tener en cuenta la situación fáctica y jurídica en su totalidad. Así, la evaluación que el Órgano realice de la compatibilidad de las medidas en cuestión debe estar en línea con la evaluación de la Decisión sobre las ayudas de reestructuración a Arion, y en especial con el cumplimiento de los criterios de las directrices aplicables en materia de ayudas estatales.

(49)

ISB proporcionó información sobre las condiciones de los bonos respaldados por activos similares vigentes en Europa en el momento en que se suscribió el acuerdo con el BCI. De acuerdo con ISB, en aquella época los bonos respaldados por activos en Europa cotizaban a primas de 40-80 puntos básicos por encima de los efectos con garantía estatal. ISB suministró un gráfico con datos de 2009 sobre la variación de márgenes entre el diferencial de los bonos garantizados y el de la deuda soberana en tres países: Francia, Alemania y España. Los diferenciales de rentabilidad garantizados de iBoxx (26) se calculan como una media ponderada de todos los bonos garantizados pendientes de los respectivos países con una duración media de los índices situada entre los cinco y los siete años.

(50)

Tal y como se puede comprobar en el gráfico, el diferencial ha experimentado una fluctuación importante durante este período, y en la actualidad presenta valores negativos en el caso de España, por ejemplo. En 2009, la variación entre el diferencial de estos tres países oscilaba entre los 40 y los 160 puntos básicos.

(51)

En los siguientes apartados, el Órgano evaluará si los contratos de préstamo suscritos entre el BCI e ISB y Arion constituyen una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

(52)

Una medida constituirá ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE cuando concurran las siguientes condiciones: que la medida i) sea otorgada por el Estado o mediante fondos estatales; ii) confiera una ventaja económica a una empresa; iii) sea selectiva, y iv) pueda falsear la competencia y afectar al comercio entre las Partes Contratantes.

(53)

Con carácter preliminar, cabe recordar que las normas sobre ayudas estatales no contemplan ninguna exención general de su aplicación para la política monetaria (27). De hecho, la exclusión de la aplicación de la legislación sobre ayudas estatales que se contempla para la previsión de liquidez, según lo mencionado en el apartado 21 anterior, se limita a las medidas que cumplan las condiciones recogidas en el apartado 51 de las Directrices bancarias 2008 del Órgano y el apartado 62 de las Directrices bancarias 2013 del Órgano (28). Esto no implicaque todas las acciones de los bancos centrales queden excluidas de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. En el presente caso, el Órgano considera que la provisión de préstamos a largo plazo por parte del BCI no cumple las condiciones estipuladas en los apartados previamente mencionados de las Directrices bancarias 2008 y 2013, ya que estas medidas estaban ligadas a las de reestructuración emprendidas con ambos bancos. Así, el Órgano debe evaluar las medidas tomando como base las condiciones establecidas en el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

(54)

El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE establece que para que una medida se considere una ayuda estatal es necesario que la haya otorgado el Estado o se haya otorgado mediante fondos estatales.

(55)

El Estado, a efectos del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, abarca todos los organismos de la administración pública, desde la administración central hasta la local o el nivel administrativo más bajo, así como los organismos y empresas públicas (29).

(56)

Las medidas evaluadas adoptan la forma de contratos de préstamo entre el BCI y Arion e ISB en condiciones presuntamente favorables.

(57)

Para determinar si la provisión de préstamos a largo plazo por parte del BCI implica fondos estatales, es necesario evaluar si las medidas adoptadas por un banco central pueden considerarse imputables al Estado. En general, los bancos centrales son independientes de los gobiernos centrales. Sin embargo, el hecho de que una institución del sector público sea autónoma resulta irrelevante (30). Además, por lo general, se acepta que los bancos centrales desempeñan una tarea de carácter público. El Órgano señala que existe jurisprudencia consolidada que establece que el apoyo financiero proporcionado por una institución que sirve a fines públicos puede resultar en la concesión de ayudas estatales (31). Así, la financiación pública proporcionada por un banco central puede considerarse imputable al Estado y, por tanto, calificarse de ayuda estatal (32). De hecho, de acuerdo con las Directrices bancarias 2013, los fondos proporcionados por un banco central a entidades de crédito concretas suelen implicar la transferencia de fondos estatales (33).

(58)

Sin embargo, más allá de estas observaciones, la cuestión de si los contratos de préstamo en cuestión fueron concedidos por el Estado o a través de fondos estatales puede quedar abierta, dada la conclusión alcanzada en la siguiente sección, según la cual las medidas no confirieron ninguna ventaja económica a los bancos.

(59)

Para constituir ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, las medidas deben conferir una ventaja económica a una empresa.

(60)

Una ventaja en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, es cualquier beneficio económico que una empresa no habría obtenido en condiciones normales de mercado, y que por tanto la coloca en una posición favorable frente a la competencia. Lo único relevante es el efecto de la medida sobre la empresa, no la causa o el objetivo de la intervención estatal (34). Para constituir una ayuda estatal, la medida debe suponer una ventaja económica positiva o un alivio de las cargas económicas. Esta última categoría es más amplia, e incluye cualquier medida que atenúe las cargas que se derivarían normalmente del balance económico de la empresa. La resolución de la cuestión que plantea si se puede considerar que la suscripción de los contratos de préstamo proporcionó una ventaja a ISB y Arion dependerá en última instancia de si un acreedor privado de tamaño comparable al del organismo público que operase en las mismas condiciones del mercado habría concedido un préstamo similar en condiciones semejantes.

(61)

Para determinar si un organismo público ha actuado como lo haría cualquier operador en una economía de mercado en una situación similar, solo han de tenerse en cuenta los beneficios y las obligaciones que conlleva elpapel del Estado o el organismo público como operador económico, excluyendo aquellos relacionados con su función como autoridad pública (35). Además, para determinar si una intervención estatal es coherente con las condiciones del mercado, debe examinarse ex ante teniendo en cuenta únicamente la información disponible en el momento en que se decidió la intervención. Además, en ausencia de información específica del mercado para una transacción de deuda concreta, el respeto de las condiciones del mercado por parte del instrumento de deuda puede establecerse sobre la base de una comparación con transacciones de mercado comparables (es decir, mediante una evaluación comparativa).

(62)

La prueba del acreedor privado, desarrollada y perfeccionada por los tribunales de la Unión Europea (36), permite establecer si las condiciones de restitución de un crédito concedido por un acreedor público, posiblemente mediante renegociación de los pagos, constituyen una ayuda estatal. Cuando un Estado no actúa como inversor o promotor de un proyecto, sino que adopta la posición de un acreedor que trata de maximizar la recuperación de una deuda pendiente, el trato indulgente en forma de aplazamiento de los pagos puede no ser suficiente por sí mismo para presumir que existe un trato favorable en el sentido que supone una ayuda estatal. En tales circunstancias, la actuación del acreedor público debe compararse con la de un hipotético acreedor privado que se encuentre en una situación fáctica y legal semejante. La cuestión fundamental es si un acreedor privado hubiera dispensado un trato similar a un deudor en circunstancias similares.

(63)

Antes de proceder a la evaluación de los contratos de préstamo, se plantea la cuestión de si el retraso inicial en la liquidación de los pagos, que, según se entiende, se prolongó desde octubre de 2008 hasta finales de 2009, aproximadamente, implica una ayuda estatal. En general, las decisiones de los organismos públicos de tolerar demoras en el pago de un préstamo pueden suponer una ventaja para el deudor e implicar la existencia de una ayuda estatal. Aunque el aplazamiento temporal del pago se correspondería probablemente con la conducta adoptada por un acreedor privado y, por tanto, no implicaría una ayuda estatal, dicha actuación, inicialmente coherente con las condiciones del mercado, podría convertirse en una ayuda estatal en caso de retraso prolongado del pago (37).

(64)

Desde el punto de vista de un acreedor privado, la norma evidente es la ejecución del crédito exigible, algo que se aplica también si la empresa deudora se encuentra en dificultades financieras y en caso de insolvencia. Normalmente, en estas circunstancias, los acreedores privados no están dispuestos a aceptar un aplazamiento adicional del pago si este no va acompañado de una ventaja clara. Más bien al contrario: cuando un deudor atraviesa dificultades financieras, solo se le conceden nuevos préstamos en términos más estrictos, como tipos de interés más elevados o garantías de entrega más amplias, ya que el reembolso se ve amenazado. Las excepciones pueden resultar justificables en casos individuales en los que no proceder a la ejecución parece la alternativa más sensata desde el punto de vista económico. Este sería el caso cuando el hecho de no proceder a la ejecución mejora claramente las perspectivas de cobrar una proporción notablemente superior de los créditos en comparación con otras posibles alternativas, o si de este modo se pueden evitar pérdidas aún mayores. Puede que el acreedor privado esté interesado en que la empresa deudora continúe con su actividad en lugar de liquidar sus activos y, por tanto, cobrar solo una parte de la deuda en ciertas circunstancias. Cuando un acreedor privado acepta no ejecutar por completo su crédito, normalmente exige al deudor que ofrezca garantías adicionales. Si esto no es posible (por ejemplo, en caso de que el deudor atraviese dificultades financieras), el acreedor privado buscará seguros de máxima compensación si el estado financiero del deudor mejora posteriormente. Por lo general, si el deudor no ofrece garantías o compromisos suficientes, un acreedor privado no suscribirá acuerdos de renegociación de la deuda con él ni le concederá nuevos préstamos.

(65)

En lo relativo al retraso inicial en la liquidación de los pagos, el BCI afirma que, dadas las circunstancias excepcionales imperantes en Islandia tras el hundimiento del sistema bancario en octubre de 2008, la liquidación de los pagos de ISB en septiembre de 2009 y de Kaupthing en noviembre de 2009 no puede considerarse un retraso. Durante el período transcurrido desde dicho hundimiento hasta la liquidación de los créditos, Islandia se sometió a un amplio proceso de reestructuración bancaria en el que participó el FMI, y existía una considerableincertidumbre a la hora de establecer una valoración justa para los activos de los bancos. Por ello, en su papel de acreedor de los bancos, el BCI necesitó un tiempo para evaluar de forma adecuada los activos empleados como garantía real. El Órgano ha evaluado estos argumentos y considera que la actuación del BCI en lo relativo al retraso inicial es coherente con la prueba del acreedor privado.

(66)

Asimismo, el Órgano ha de evaluar si un acreedor privado con créditos a corto plazo similares con los bancos morosos habría permitido la transferencia de las carteras de préstamos para vivienda en las condiciones previamente establecidas, así como la posterior suscripción de contratos de préstamo con los nuevos bancos en las mismas condiciones.

(67)

El Órgano señala que, tras el hundimiento de Glitnir y Kaupthing en otoño de 2008, el BCI se encontró en una posición en la que la ejecución de unas garantías como las presentes en el caso de Arion e ISB resultaba poco realista. Teniendo en cuenta que la cartera de préstamos suponía una proporción importante de la clientela de Arion e ISB, la apropiación de estas garantías reales habría puesto en peligro la estabilidad financiera de Arion e ISB y llevado a estas empresas financieras a la quiebra. Además, la ejecución de las garantías habría supuesto gastos administrativos adicionales para el BCI. Por otra parte, en caso de haberse puesto a la venta la cartera de préstamos, el BCI tampoco habría tenido la seguridad de una recuperación aceptable, y resultaba muy poco probable que, dada la situación del mercado islandés en aquellos momentos, hubiese inversores con una solidez de capital suficiente disponibles para la compra de las carteras. Así, con la apropiación de la cartera de préstamos para vivienda (bien por ejecución de las garantías o como consecuencia de una quiebra), el BCI hubiese recuperado una menor cantidad de deuda a corto plazo en última instancia.

(68)

Ante esta situación, el BCI optó por suscribir los acuerdos de préstamo para garantizar el pago completo de sus créditos, con intereses y sin tener que incurrir en gastos administrativos. De este modo, los contratos de préstamo se suscribieron con el fin de lograr la máxima recuperación posible en aquellos momentos.

(69)

Tomando como base estos elementos, el Órgano considera que, con la suscripción de los acuerdos de préstamo, el BCI trató de maximizar la recuperación de sus créditos.

(70)

El Órgano también debe evaluar si las condiciones asociadas a los contratos de préstamo, y en especial los tipos de interés aplicables, habrían sido suficientemente valiosos para cumplir el requisito de la prueba del acreedor privado.

(71)

En la Decisión n.o 208/15/COL, el Órgano advirtió de que resultaba complicado determinar los valores de referencia adecuados para los tipos de interés durante la crisis financiera. En respuesta, ISB, Arion y el BCI han enviado información y observaciones adicionales.

(72)

ISB afirma que los tipos de interés son coherentes con los tipos de interés de los bonos respaldados por activos de similar naturaleza en aquellos momentos. El bono tiene un vencimiento a diez años, con un tipo de interés del 4,5 %, vinculado al índice de precios al consumo (IPC), y está sobregarantizado con una relación LTV del 70 %. El tipo de interés se fijó en unos 50 puntos básicos por encima de los bonos garantizados del Fondo para la Financiación de la Vivienda islandés en la fecha de emisión. En aquellos momentos, los tipos habituales en Europa para valores respaldados por activos de naturaleza similar estaban entre 40 y 80 puntos básicos por encima de los efectos con garantía estatal. ISB también proporcionó un gráfico que muestra que en 2009 la variación entre el diferencial de Francia, Alemania y España oscilaba entre los 40 y los 160 puntos básicos.

(73)

Asimismo, Arion sostiene que su contrato de préstamo con el BCI se suscribió en condiciones de mercado. Arion establece una comparación, entre otros, con un acuerdo similar al que llegaron NBI y LBI. Ambos acuerdos se suscribieron en fechas próximas (a finales de 2009 y principios de 2010) y presentaban liquidaciones de los créditos similares. La comparación demuestra que las condiciones del contrato de préstamo de Arion eran más rigurosas que las del contrato de LBI, firmado con un prestamista privado. De hecho, al parecer en el contrato de LBI se exigieron tipos de interés inferiores, el principal fue más elevado y las garantías tenían un menor grado de solidez y diversificación que el contrato de préstamo de Arion.

(74)

En su carta de 31 de marzo de 2015 (38), Arion ofreció información adicional sobre las emisiones de bonos garantizados y bonos preferentes no garantizados por los bancos europeos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. Teniendo en cuenta que la principal garantía del préstamo proporcionado por el BCI es hipotecaria, Arion afirma que es comparable a los bonos garantizados emitidos porlos bancos europeos durante 2009, que utilizaban las hipotecas sobre bienes raíces como garantía de entrega. Tal y como se mencionó con anterioridad, según los datos proporcionados por Arion, los diferenciales de financiación de los bancos europeos estaban entre un 0,1 % y un 1,90 % por encima de los tipos interbancarios, con una mediana del diferencial del 0,72 %. En el caso de los bonos garantizados, los mayores tipos fueron los pagados por el Banco de Irlanda en septiembre de 2009 (1,9 % por encima de los tipos interbancarios) y EBS Mortgage de Irlanda (1,75 % por encima de los tipos interbancarios) en noviembre de 2009.

(75)

El BCI también sostiene que las condiciones de los contratos de préstamo, es decir, los tipos de interés y la garantía real, le eran favorables. De acuerdo con el BCI, esto resulta evidente si se tiene en cuenta la información disponible sobre instrumentos emitidos en todo el mundo (tal y como ha documentado Arion; véase más arriba), además de las condiciones de otros instrumentos concertados en aquellos momentos, incluido el acuerdo LBI.

(76)

El Órgano apunta que los contratos de préstamo suscritos entre el BCI y los bancos presentan un tipo de interés de LIBOR + 3,00 % y están garantizados mediante hipotecas y otros activos. Tal y como muestra la información proporcionada por ISB y Arion, este tipo de interés está muy por encima de los tipos de interés medios de los instrumentos de deuda comparables suscritos en aquellos momentos, e incluso supera los costes de financiación más elevados de cualquier otro banco europeo que utilizase las hipotecas como garantía real por entonces (en este caso, los valores más elevados correspondían a Bank of Ireland: tipos interbancarios + 1,9 %). El Órgano considera que la información sobre instrumentos de deuda comparables presentada por los bancos es fiable y proporciona una imagen fiel de las condiciones del mercado en el momento en que se suscribieron los contratos de préstamo. Además, como estos tipos de interés se acordaron entre partes privadas, el Órgano considera que representan un valor de referencia más adecuado, a efectos de determinar los tipos vigentes en el mercado en aquellos momentos, que los diferenciales de CDS y los tipos de interés de los bonos del Fondo para la Financiación de la Vivienda islandés citados por el denunciante.

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En cuanto al contrato de préstamo suscrito con Arion, el Órgano observa que fue denominado en divisas en lugar de en ISK. Sin embargo, tal y como señala Arion, este cambio en la denominación monetaria se realizó de acuerdo con las condiciones del acuerdo de liquidación, que establecía que Arion debía pagar los intereses y las cuotas en divisas en la medida en que le fuese posible y que, siempre que contase con permiso del acreedor, podía cambiar la denominación de la deuda parcial o totalmente. Tal y como se ha indicado anteriormente, el Órgano ya revisó y aprobó los términos del acuerdo de liquidación en la Decisión sobre las ayudas de reestructuración a Arion. Además, tal y como señalaba Arion, debido a las estrictas limitaciones al movimiento de capital transfronterizo y las operaciones con divisas relacionadas que se impusieron en Islandia, un acreedor privado hubiera preferido con toda probabilidad una denominación en divisas en vez de en ISK. Por tanto, este cambio de denominación hubiera resultado ventajoso para el acreedor, no para el deudor.

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Teniendo en cuenta los parámetros del mercado en aquellos momentos y las pruebas presentadas, el Órgano concluye que las condiciones del préstamo en general, y los tipos de interés en particular, de los contratos de préstamo habrían sido igualmente aceptables para un acreedor privado que se encontrase en una situación fáctica y legal comparable.

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Por todo lo anterior, el Órgano concluye que los contratos de préstamo entre el BCI e ISB y Arion, respectivamente, no confirieron ventaja económica alguna a ISB y Arion.

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Para que se le califique como ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, la medida debe ser selectiva y poder falsear la competencia y afectar al comercio entre las Partes Contratantes del acuerdo. Sin embargo, como el Órgano concluye que en el presente caso no se concede ninguna ventaja económica, y dado que no se cumplen, por tanto, todas las condiciones necesarias para la existencia de una ayuda estatal, que son de carácter cumulativo, el Órgano no debe continuar con la evaluación a este respecto.

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Tomando como base la evaluación anterior, el Órgano considera que los contratos de préstamo que el BCI suscribió con ISB y Arion no constituyen una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.