7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/1

—

partes I a IV, y

—

parte V, en la medida en que sus disposiciones se limiten al objetivo de garantizar la aplicación provisional del Acuerdo.

—

el artículo 29,

—

el artículo 35,

—

el artículo 55, en la medida en que se refiera a la cooperación en materia de transporte marítimo,

—

el artículo 58,

—

el artículo 71, en la medida en que se refiera a la seguridad fronteriza, y

—

el artículo 73 en la medida en que se refiera a la cooperación en materia de indicaciones geográficas no agrícolas.

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/2

(1)

La Directiva 96/8/CE de la Comisión (2) establece normas armonizadas sobre los alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso, e incluye en su ámbito de aplicación los productos definidos en el Reglamento (UE) n.o 609/2013 como los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 609/2013 deroga la Directiva 96/8/CE y establece requisitos generales de composición e información para las diferentes categorías de alimentos, incluidos los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso. A fin de que la Comisión cumpla con su obligación de adoptar requisitos específicos de composición e información para los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, es conveniente basarse en las disposiciones de la Directiva 96/8/CE, ya que dichas disposiciones han facilitado la libre circulación de los alimentos presentados como sustitutivos de la dieta completa para el control de peso de manera satisfactoria, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud pública.

(3)

Los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso son productos complejos especialmente formulados para adultos que padecen sobrepeso u obesidad y que desean lograr una reducción de peso. La composición esencial de los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso debe satisfacer las necesidades nutricionales diarias de los adultos sanos obesos o con sobrepeso, en el contexto de dietas de bajo valor energético para reducción de peso, tal como han sido determinadas con arreglo a datos científicos generalmente aceptados.

(4)

A fin de garantizar la seguridad e idoneidad de los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, deben establecerse requisitos detallados sobre su composición, incluidos los requisitos sobre el valor energético y sobre el contenido de macronutrientes y micronutrientes. Estos requisitos deben basarse en el dictamen científico más reciente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad») (3) sobre esta cuestión.

(5)

Con el fin de garantizar la innovación y el desarrollo de productos, debe permitirse la adición voluntaria a los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso de ingredientes no regulados por disposiciones específicas del presente Reglamento, con especial atención a la fibra alimentaria. Todos los ingredientes utilizados en la fabricación de sustitutivos de la dieta completa para el control de peso deben ser adecuados para adultos sanos obesos o con sobrepeso y su idoneidad debe haber quedado demostrada, en su caso, mediante estudios apropiados. Es responsabilidad de los explotadores de empresas alimentarias demostrar dicha idoneidad, y corresponde a las autoridades nacionales competentes verificar, caso por caso, si es así.

(6)

Los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso tienen que cumplir las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). A fin de tener en cuenta el carácter específico de los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, es preciso establecer, cuando proceda, los complementos y excepciones a las normas generales.

(7)

Es esencial que la información nutricional de los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso se declare con el fin de garantizar su utilización adecuada por los adultos sanos obesos o con sobrepeso que los consumen, así como por los profesionales de la salud, que pueden asesorar sobre su idoneidad en determinados casos. Por ello, para que la información sea más completa, la información nutricional debe incluir más menciones que las exigidas por el Reglamento (UE) n.o 1169/2011. Además, no debe aplicarse la exención prevista en el punto 18 del anexo V del Reglamento (UE) n.o 1169/2011, sino que la información nutricional debe ser obligatoria para todos los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, independientemente del tamaño de su envase o recipiente.

(8)

Con el fin de proporcionar una información adecuada y para facilitar la comparación entre productos, la información nutricional sobre los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso debe expresarse por porción y/o por unidad de consumo, así como por ración diaria total. Además, dicha información debe referirse al producto listo para el consumo, una vez preparado según las instrucciones del fabricante.

(9)

El artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 enumera varios nutrientes que pueden incluirse con carácter voluntario en la información nutricional sobre los alimentos. Asimismo, el anexo del Reglamento (UE) n.o 609/2013 enumera una serie de sustancias que pueden añadirse a los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, algunas de las cuales no están contempladas en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011. A fin de garantizar la claridad jurídica, conviene establecer explícitamente que la información nutricional sobre los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso puede incluir dichas sustancias. Además, en algunos casos, una información más detallada sobre los hidratos de carbono y las grasas que contiene el producto podría ser útil para los consumidores y los profesionales de la salud. Los explotadores de empresas alimentarias deben, por tanto, poder facilitar dicha información de manera voluntaria.

(10)

Las necesidades nutricionales de los adultos sanos obesos o con sobrepeso pueden ser distintas a las del resto de la población. Además, los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso son alimentos que sustituyen por completo la dieta diaria. Por estas razones, expresar la información nutricional sobre el valor energético y la cantidad de nutrientes de los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso en porcentaje de la ingesta diaria de referencia establecida para la población en general en el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 induciría a error a los consumidores, por lo que no debe permitirse.

(11)

Las declaraciones que se refieren al «bajo» o «muy bajo» contenido calórico de los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso pueden proporcionar información útil a los consumidores. Es conveniente, por lo tanto, establecer normas sobre tales declaraciones voluntarias.

(12)

Las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables son herramientas de promoción utilizadas voluntariamente por los explotadores de empresas alimentarias en la comunicación comercial, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Dado el papel particular que tienen los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso en la dieta de las personas que los consumen, no deben permitirse declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en dichos productos. Teniendo en cuenta, sin embargo, que la información sobre la presencia de fibra alimentaria en los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso puede ser útil para los consumidores, deben preverse disposiciones que permitan declaraciones nutricionales sobre la adición de fibra alimentaria en determinadas condiciones.

(13)

La Directiva 96/8/CE exigía la adición de fibra alimentaria a los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso. Debido a la falta de datos científicos al respecto, la Autoridad no pudo establecer un contenido mínimo de fibra alimentaria en su último dictamen. Por ello, es conveniente mantener la cantidad mínima de fibra alimentaria exigida por la Directiva 96/8/CE, si se añade a los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso.

(14)

El artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) exige a los Estados miembros que velen por el cumplimiento de la legislación alimentaria, y controlen y verifiquen que los explotadores de empresas alimentarias y de piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. Por lo tanto, y para facilitar un control oficial eficiente de los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, los operadores de empresas alimentarias que los comercialicen deben facilitar a las autoridades nacionales competentes el modelo de la etiqueta utilizada y toda la información pertinente que las autoridades competentes consideren necesaria para demostrar el cumplimiento del presente Reglamento, salvo que los Estados miembros dispongan de otro sistema eficiente de vigilancia.

(15)

Para que los explotadores de empresas alimentarias puedan adaptarse a los nuevos requisitos, que podrían exigir la adaptación técnica al proceso de elaboración de los productos en cuestión, el presente Reglamento debe comenzar a aplicarse cinco años después de su entrada en vigor.

a)

requisitos de composición;

b)

requisitos de etiquetado, presentación y publicidad;

c)

requisitos de notificación para la comercialización del producto.

a)

una declaración de que el producto está destinado exclusivamente a los adultos sanos obesos o con sobrepeso que deseen bajar de peso;

b)

una declaración de que el producto no debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, por adolescentes o por individuos que padezcan alguna dolencia, sin consultar a un profesional de la salud;

c)

una declaración sobre la importancia de mantener una ingesta diaria adecuada de líquidos;

d)

una declaración de que el producto proporciona los aportes diarios necesarios de todos los nutrientes esenciales cuando se utiliza con arreglo a las instrucciones de uso;

e)

una declaración de que el producto no debe ser utilizado durante más de ocho semanas o repetidamente durante períodos más cortos por adultos sanos obesos o con sobrepeso sin consultar a un profesional de la salud;

f)

instrucciones para su preparación adecuada, en su caso, y una declaración en cuanto a la importancia de seguir dichas instrucciones;

g)

cuando un producto, que se utilice siguiendo las instrucciones del fabricante, proporcione una ingesta diaria de polioles superior a 20 g al día, una declaración de que dicho alimento puede tener un efecto laxante;

h)

cuando no se añada fibra alimentaria al producto, una declaración de que debe consultarse a un profesional de la salud sobre la posibilidad de completar el producto con este tipo de fibra.

a)

la cantidad de componentes de grasas e hidratos de carbonos;

b)

la cantidad de cualquiera de las sustancias enumeradas en el anexo del Reglamento (UE) n.o 609/2013, cuando dicha indicación no esté contemplada en el apartado 1 del presente artículo;

c)

la cantidad de cualquiera de las sustancias añadidas al producto en virtud del artículo 3, apartado 3;

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/11

(1)

Las operaciones en las que sean contrapartes miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) estarán exentas de las obligaciones de transparencia de conformidad con el artículo 1, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, en la medida en que estas operaciones apliquen políticas monetarias, de tipo de cambio o de estabilidad financiera.

(2)

Esta exención del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 600/2014 podrá ampliarse, de conformidad con el artículo 1, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, cuando cumplan los requisitos pertinentes, a los bancos centrales de terceros países, así como al Banco de Pagos Internacionales, que a efectos de esta exención es asimilable a un banco central de un tercer país en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 9, del Reglamento (UE) n.o 600/2014. A estos efectos, la Comisión elaboró y presentó al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluaba el tratamiento internacional de los bancos centrales de terceros países. El informe incluía un análisis del tratamiento de los bancos centrales, incluidos los miembros del SEBC, en el marco jurídico de terceros países, así como las posibles repercusiones que las obligaciones de divulgación reglamentarias de la Unión pueden tener en las operaciones de los bancos centrales de terceros países. El informe concluía, con respecto al análisis, que la exención de una serie de bancos centrales de terceros países de las obligaciones de transparencia del Reglamento (UE) n.o 600/2014 era necesaria, y por tanto concluyó que era pertinente ampliar la exención también a los bancos centrales de esos terceros países.

(3)

La lista de bancos centrales exentos de terceros países establecida en el presente Reglamento debe ser revisada, según se considere apropiado, también con vistas a ampliar, en su caso, las exenciones a otros bancos centrales de terceros países que aún no hayan sido incluidos en la lista, o a suprimir a determinadas entidades públicas de la lista.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se atienen al dictamen del Grupo de Expertos del Comité Europeo de Valores.

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/14

(1)

La aplicación del Reglamento Delegado (UE) n.o 151/2013 de la Comisión (2) ha demostrado que la falta de normas específicas para el acceso a los datos y la agregación y comparación de estos da lugar a deficiencias estructurales. La falta de datos normalizados, de funcionalidad uniforme y de un formato de mensaje normalizado ha dificultado el acceso directo e inmediato a los datos y ha impedido, por consiguiente, a las entidades a que se hace referencia en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 evaluar de manera efectiva el riesgo sistémico y cumplir, de este modo, sus correspondientes responsabilidades y mandatos.

(2)

Con el fin de solventar esos obstáculos, es necesario modificar el Reglamento Delegado (UE) n.o 151/2013 especificando en mayor medida las normas operativas requeridas para agregar y comparar datos entre registros de operaciones, a fin de garantizar que las entidades a que se refiere el artículo 81, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 puedan acceder a la información necesaria para cumplir sus correspondientes responsabilidades y mandatos.

(3)

Para poder comparar y agregar de forma eficaz y eficiente los datos entre registros de operaciones, resulta oportuno utilizar plantillas de formato XML y mensajes XML, elaborados de conformidad con la metodología ISO 20022, para el acceso a los datos y para la comunicación entre las entidades contempladas en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 y los registros de operaciones. Ello no debe excluir la posibilidad de que los registros de operaciones y las entidades correspondientes acuerden entre sí ofrecer acceso o comunicarse utilizando un formato diferente además del XML.

(4)

Las plantillas de formato XML deben utilizarse para proporcionar datos a las entidades pertinentes de un modo que facilite su agregación, mientras que los mensajes XML deben utilizarse para racionalizar el proceso de intercambio de datos entre los registros de operaciones y las entidades de que se trate. El Reglamento Delegado (UE) n.o 151/2013 no excluye la utilización adicional y separada de plantillas de formato distinto de XML, como el formato de valores separados por comas (CSV) o ficheros de texto (txt), en la medida en que permitan a las entidades pertinentes cumplir sus responsabilidades y mandatos. Así pues, los registros de operaciones deben estar autorizados a seguir utilizando esos formatos además de las plantillas de formato XML, pero nunca como sustitutos de estas. Como mínimo, las plantillas de formato XML y los mensajes XML basados en la metodología ISO 20022, deben utilizarse para todas las notificaciones e intercambios, a fin de garantizar la comparabilidad y la agregación de datos entre registros de operaciones.

(5)

Las entidades enumeradas en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 pueden delegar tareas y responsabilidades en la AEVM en virtud del artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 (3), incluido el acceso a los datos comunicados a los registros de operaciones. La utilización de dicha delegación no debe, en ningún caso, afectar a la obligación de los registros de operaciones de conceder a las entidades enumeradas en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 un acceso directo e inmediato a los datos.

(6)

Con el fin de garantizar la confidencialidad, todo tipo de intercambio de datos entre registros de operaciones y las entidades pertinentes debe efectuarse a través de una conexión segura de máquina a máquina y utilizando protocolos de cifrado de datos. Para garantizar normas comunes mínimas, conviene utilizar un protocolo de transferencia de ficheros SSH (SFTP) entre los registros de operaciones y las entidades enumeradas en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Ello no debe excluir la posibilidad de que los registros de operaciones y las entidades pertinentes acuerden entre sí establecer una conexión segura de máquina a máquina utilizando un canal adicional diferente, además del SFTP. Así pues, los registros de operaciones deben estar autorizados a seguir utilizando otras conexiones seguras de máquina a máquina además del protocolo SFTP, pero nunca como sustitutas de este.

(7)

Los datos relativos al último estado de las operaciones de los contratos de derivados con interés abierto son esenciales para el seguimiento de la estabilidad financiera y el riesgo sistémico. Por lo tanto, las entidades pertinentes deben tener acceso a dichos datos.

(8)

Es fundamental facilitar el acceso directo e inmediato a conjuntos de datos específicos y establecer, así, un conjunto de solicitudes ad hoc combinables referidas a las partes en la operación, las condiciones económicas, la clasificación e identificación del contrato de derivados, el horizonte temporal de ejecución, la notificación y el vencimiento, así como los eventos operativos y del ciclo de vida.

(9)

Deben armonizarse los plazos dentro de los cuales los registros de operaciones deben facilitar los datos a las entidades pertinentes, a fin de mejorar el acceso directo e inmediato a los datos de los registros de operaciones y permitir a las entidades pertinentes y a los registros de operaciones mejorar la programación de sus tratamientos de datos internos.

(10)

Por consiguiente, el Reglamento Delegado (UE) n.o 151/2013 debe modificarse con objeto de precisar en mayor medida y de mejorar el marco operativo de acceso, agregación y comparación de los datos entre registros de operaciones.

(11)

La aplicación de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento Delegado debe posponerse a fin de facilitar las adaptaciones de los sistemas de los registros de operaciones a las especificaciones establecidas en el presente Reglamento Delegado.

(12)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados a la Comisión.

(13)

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, la AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento y ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos. Esas consultas públicas permitieron a la AEVM recabar las opiniones de las autoridades pertinentes y los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), que fueron presentadas por el BCE. Además, la AEVM recabó el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

a)

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los registros de operaciones concederán a las entidades enumeradas en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 acceso directo e inmediato, incluso en caso de delegación en virtud del artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, a los datos de los contratos de derivados de conformidad con los artículos 2 y 3 del presente Reglamento.

A efectos del párrafo primero, los registros de operaciones deberán utilizar un formato XML y una plantilla elaborados de conformidad con la metodología ISO 20022. Los registros de operaciones podrán además, previo acuerdo con la entidad de que se trate, conceder acceso a los datos de los contratos de derivados en otro formato decidido de mutuo acuerdo.»;

b)

se suprime el apartado 2.

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/18

(1)

El artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2016/2250 de la Comisión (2) establece una exención de minimis respecto a la obligación de desembarque de algunas especies capturadas con determinados artes.

(2)

Las versiones lingüísticas alemana, checa, danesa, eslovaca e italiana del Reglamento Delegado (UE) 2016/2250 contienen un error en el artículo 6, letra f), en relación con los tipos de artes utilizados.

(3)

La versión lingüística danesa del Reglamento Delegado (UE) 2016/2250 contiene también otros errores en el artículo 6, letras e), f) y g), en relación con las especies a las que se aplica la exención de minimis; en el artículo 8, apartado 2, letras c) y d), y en el artículo 8, apartado 3, en relación con las medidas técnicas específicas en el Skagerrak; y en el anexo, nota a pie de página 3, en relación con la definición de los buques afectados. Estos errores no afectan a las demás versiones lingüísticas.

(4)

Procede, por tanto, corregir el Reglamento Delegado (UE) 2016/2250 en consecuencia.

(5)

Con el fin de que todos los pescadores beneficiaros de la exención de minimis se encuentren en pie de igualdad, el presente Reglamento debe aplicarse con efecto a partir de la fecha de aplicación establecida en el Reglamento Delegado (UE) 2016/2250.

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/20

(1)

En virtud del artículo 9, apartado 1, de la Decisión 2013/354/PESC, el Comité Político y de Seguridad (CPS) está autorizado, de conformidad con el artículo 38, párrafo tercero, del Tratado, a adoptar las decisiones pertinentes a efectos de ejercer el control político y la dirección estratégica de la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS), incluida la decisión sobre el nombramiento del jefe de Misión.

(2)

El 17 de febrero de 2015, el CPS adoptó la Decisión EUPOL COPPS/1/2015 (2), por la que se nombra a D. Rodolphe MAUGET jefe de la Misión EUPOL COPPS desde el 16 de febrero de 2015 hasta el 30 de junio de 2015.

(3)

El mandato de D. Rodolphe MAUGET como Jefe de la Misión EUPOL COPPS se ha prorrogado varias veces, la última de ellas mediante la Decisión EUPOL COPPS/1/2016 del PSC (3), que prorroga su mandato como jefe de la Misión EUPOL COPPS hasta el 30 de junio de 2017.

(4)

El 22 de septiembre de 2017, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha propuesto que se nombre a D. Kauko AALTOMAA jefe de la Misión EUPOL COPPS desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/21

(1)

El reasentamiento es una herramienta importante para ofrecer protección a los desplazados forzosos y una clara demostración de solidaridad global con terceros países para ayudarles a gestionar la llegada de un gran número de personas que huyen de la guerra o la persecución. Sustituyendo los flujos de migración peligrosos e irregulares a la Unión por vías seguras y legales, el reasentamiento ayuda a salvar vidas, contribuye a reducir la migración irregular y gestionar la presión migratoria y ofrece una alternativa a las redes de tráfico de migrantes. De este modo, el reasentamiento es un elemento importante de la política global de la UE en materia de asilo y migración.

(2)

En septiembre de 2015, la crisis en el Mediterráneo llevó a las instituciones de la Unión a reconocer de inmediato la situación de emergencia causada por los flujos migratorios excepcionalmente elevados en la región y puso de manifiesto la necesidad de adoptar medidas a corto y largo plazo, desde abordar los flujos migratorios fuera de la UE hasta efectuar un control eficaz de nuestras fronteras exteriores, reforzar la política de retornos de la UE, reformando al mismo tiempo el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), y proporcionar vías mejoradas seguras y legales de acceso a la UE.

(3)

Como parte de las medidas inmediatas, y a fin de abordar la crisis migratoria de manera integral y mostrar solidaridad con los terceros países que soportan el grueso de la crisis mundial de los refugiados, la Comisión recomendó el 8 de junio de 2015 crear, en un plazo de dos años, un programa a escala de la UE de reasentamiento de 20 000 personas que necesitan protección internacional (1). El 20 de julio de 2015, los Estados miembros, junto con los Estados asociados de Dublín, acordaron reasentar a 22 504 personas que necesitaban protección internacional procedentes de Oriente Medio, el Cuerno de África y el norte de África (2).

(4)

A fin de desmantelar las redes de tráfico de migrantes y ofrecer a estos una alternativa para que no deban arriesgar la vida, la UE y Turquía decidieron el 18 de marzo de 2016 romper el ciclo de flujos incontrolados de migrantes que ha provocado una crisis humanitaria y acordaron una serie de medidas, entre ellas el reasentamiento en los Estados miembros de sirios que necesitan protección internacional.

(5)

Tras la Declaración UE-Turquía, el Consejo modificó la Decisión (UE) 2015/1601 (3) del Consejo para permitir a los Estados miembros cumplir sus obligaciones de reubicación en relación con 54 000 solicitantes mediante reasentamiento, admisión humanitaria u otras formas de admisión legal de sirios procedentes de Turquía que necesitaban protección internacional, dentro del marco de sus programas nacionales y multilaterales.

(6)

La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de 19 de septiembre de 2016, adoptada por la totalidad de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas hizo un llamamiento en favor de un reparto más equitativo de la carga y la responsabilidad de acoger y apoyar a los refugiados en el mundo. Los Estados miembros de las Naciones Unidas expresaron su intención de ampliar el número y la gama de vías legales disponibles para que los refugiados sean admitidos o reasentados en terceros países (4).

(7)

A 20 de septiembre de 2017, más de 23 000 personas habían sido reasentadas en aplicación del programa acordado el 20 de julio de 2015 y conforme a la Declaración UE-Turquía. Los Estados miembros han reasentado también a otras personas que necesitan protección internacional en el marco de sus propios programas nacionales.

(8)

Solo en 2016, los Estados miembros reasentaron a 14 205 refugiados, un aumento significativo con respecto a los 8 155 reasentados en 2015, 6 550 en 2014 y entre 4 000 y 5 000 al año en el período 2010-2013. Este incremento pone de manifiesto el valor añadido y el potencial de la cooperación y la coordinación a escala de la UE en materia de reasentamiento y muestra asimismo la importancia de una financiación adecuada de los reasentamientos con cargo al presupuesto de la UE: para el período 2014-2017 se comprometieron 293,3 millones EUR.

(9)

Los Estados miembros que todavía no han cumplido sus compromisos en el marco de los programas actuales deben hacerlo sin demora. Los compromisos que queden pendientes una vez finalicen ambos programas deberán ser prorrogados al siguiente ejercicio de compromisos de reasentamiento y añadirse a los nuevos compromisos que contraigan los Estados miembros.

(10)

La UE tiene que pasar de programas ad hoc de reasentamiento y admisión humanitaria a un marco estable de reasentamiento en la Unión. En ese sentido, la Comisión, en el marco de la revisión del sistema de asilo de la UE, presentó la propuesta de Marco de Reasentamiento de la Unión (5), con objeto de proporcionar vías seguras y legales para las personas que necesitan protección internacional. La rápida adopción de la propuesta es un elemento importante para conseguir una política europea más eficiente, equitativa y estable en materia de asilo y migración.

(11)

A fin de garantizar la continuidad de los reasentamientos hasta que esté en vigor el Marco de Reasentamiento de la Unión, la Comisión, en el 8.o Foro de Reubicación y Reasentamiento, de 4 de julio de 2017, invitó a los Estados miembros a que presentaran compromisos ambiciosos de reasentamiento, sobre la base de las prioridades acordadas para este período y en consonancia también con el informe del ACNUR sobre la previsión de las necesidades globales de reasentamiento en 2018.

(12)

El objetivo de la presente Recomendación es garantizar que la labor de reasentamiento continúe en el período comprendido entre el final de los programas de reasentamiento actuales de la UE y la puesta en marcha del Marco de Reasentamiento de la Unión y dar seguimiento al ejercicio de compromisos puesto en marcha el 4 de julio de 2017, a la luz de las nuevas necesidades adicionales expuestas en el informe mencionado en el considerando anterior.

(13)

La finalidad de la presente propuesta es apoyar los esfuerzos continuos de los Estados miembros para proporcionar vías legales y seguras, y mejorar las existentes, a las personas que necesitan protección internacional. Las acciones que lleven a cabo los Estados miembros conforme a la presente Recomendación mostrarán solidaridad con los terceros países en los que se halla un gran número de desplazados que necesitan protección internacional y contribuirán a las iniciativas internacionales y a una mejor gestión integral de la situación migratoria. Por consiguiente, los objetivos de la presente Recomendación se ajustan a la propuesta relativa a un Marco de Reasentamiento de la Unión.

(14)

La selección de regiones prioritarias se basa en la necesidad de continuar aplicando la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, también a través del futuro régimen voluntario de admisión humanitaria (VHAS, por sus siglas en inglés), continuar los reasentamientos desde Jordania y Líbano y efectuar un seguimiento del Plan de acción para apoyar a Italia, reducir la presión en la ruta del Mediterráneo Central y aumentar la solidaridad (6), destinado a los reasentamientos desde los principales países africanos a lo largo de la ruta migratoria del Mediterráneo Central y hacia esa ruta, incluidos Libia, Níger, Chad, Egipto, Etiopía y Sudán.

(15)

El ejercicio de compromisos puesto en marcha el 4 de julio de 2017 ya se ha traducido, a 20 de septiembre, en alrededor de 14 000 compromisos presentados por los Estados miembros. Es necesario un mayor compromiso por parte de todos los Estados miembros para contribuir a un esfuerzo común para salvar vidas y ofrecer alternativas creíbles a los movimientos irregulares.

(16)

El total de personas en necesidad de reasentamiento asciende a 1,2 millones, y el ACNUR ha hecho repetidos llamamientos a todos los países para que estos aumenten gradualmente el tamaño de sus programas de reasentamiento, en consonancia con las intenciones expresadas en la Declaración de Nueva York para los Refugiados. En este contexto, y sobre la base de los progresos realizados desde 2015, la Unión debe proponer, como mínimo, 50 000 plazas de reasentamiento para admitir, a más tardar el 31 de octubre de 2019, a personas procedentes de terceros países que necesitan protección internacional.

(17)

Para apoyar a los Estados miembros en la consecución de este objetivo, deben facilitarse 500 millones EUR con cargo al presupuesto de la Unión. Con sujeción a las condiciones del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), los Estados miembros pueden recibir una cantidad a tanto alzado de 10 000 EUR por cada persona reasentada procedente de regiones prioritarias.

(18)

El ACNUR tiene previsto poner en marcha un mecanismo temporal para la evacuación de emergencia de los grupos más vulnerables de migrantes procedentes de Libia. Junto con otros agentes mundiales, la UE debe contribuir a dicho mecanismo, de manera que tenga efectos reales y permita a las personas más vulnerables que necesiten protección internacional y que actualmente se encuentran en Libia tener acceso a oportunidades de reasentamiento. La migración irregular solo cesará si existe una alternativa real a estas peligrosas travesías. A la hora de formular sus compromisos de reasentamiento, los Estados miembros deben tener también en cuenta esta iniciativa del ACNUR y respaldarla.

(19)

En una Declaración Conjunta sobre la gestión del reto de la inmigración y el asilo, de 28 de agosto de 2017, los representantes de Francia, Alemania, Italia y España y la Alta Representante/Vicepresidenta de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, junto con representantes de Níger y Chad, y el presidente del Consejo Presidencial de Libia, reconocieron la necesidad de organizar el reasentamiento de personas que necesitan protección internacional y son especialmente vulnerables, dado que se ha reducido la migración con tráfico de migrantes.

(20)

El mínimo de 50 000 plazas de reasentamiento que ofrecerá la Unión para personas procedentes de las regiones prioritarias contribuirá a las iniciativas de solidaridad mundial destinadas a la mejora de las vías legales, incluido el reciente llamamiento mundial del ACNUR para que se ofrezcan 40 000 plazas para el reasentamiento desde los países situados a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central en 2018.

(21)

Para garantizar el seguimiento de la aplicación, los Estados miembros deben informar mensualmente a la Comisión sobre las personas reasentadas en su territorio, de acuerdo con sus compromisos, especificando el país desde el cual se ha reasentado a cada persona.

(22)

La Comisión debe revisar los progresos realizados en la aplicación de la presente Recomendación a más tardar el 31 de octubre de 2018. Sobre la base de dicho examen, y teniendo en cuenta la situación migratoria general en la UE y a nivel mundial, se podrá invitar a los Estados miembros a revisar sus compromisos.

(23)

Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros. Los Estados asociados están invitados a contribuir a los esfuerzos europeos de reasentamiento comunes.

1)

Sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación de los actuales programas de reasentamiento de la UE, y a fin de efectuar la transición de estos programas al Marco de Reasentamiento de la Unión, los Estados miembros deberán ofrecer al menos 50 000 plazas de reasentamiento para admitir, a más tardar el 31 de octubre de 2019, a personas que necesitan protección internacional procedentes de terceros países.

2)

Los Estados miembros que todavía no hayan presentado sus compromisos de reasentamiento en el marco del ejercicio puesto en marcha por la Comisión el 4 de julio de 2017 deberán hacerlo a más tardar el 31 de octubre de 2017 y los que ya los hayan presentado deben plantearse aumentar sus compromisos para alcanzar el objetivo.

3)

Los compromisos de los Estados miembros deberán tener como objetivos:

4)

Se invita a los Estados miembros a que efectúen lo antes posible los reasentamientos previstos en sus compromisos, en estrecha cooperación con el ACNUR y, según proceda, con el apoyo de la EASO.

5)

Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión mensualmente el número de personas reasentadas en su territorio, en cumplimiento de sus compromisos, especificando el país desde el que cada persona haya sido reasentada.

6)

Los Estados miembros deberán hacer pleno uso del apoyo financiero de 500 millones EUR que se facilitarán a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración para el cumplimiento de los compromisos de reasentamiento a que se refiere la presente Recomendación.

7)

La Comisión revisará la presente Recomendación a más tardar el 31 de octubre de 2018. Tras la revisión por parte de la Comisión de la aplicación de la presente Recomendación, y teniendo en cuenta la situación migratoria general en la UE y a nivel mundial, los Estados miembros podrán ser invitados a seguir actualizando sus compromisos según proceda.

8)

Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/25

(1)

En un espacio sin controles en las fronteras interiores, el restablecimiento temporal de estos controles tan solo puede acordarse en circunstancias excepcionales para dar respuesta a situaciones que afecten gravemente al orden público o a la seguridad interior de dicho espacio o de partes del mismo, o de uno o varios Estados miembros. Habida cuenta de las repercusiones que tal restablecimiento puede tener para las personas y los bienes con derecho a circular libremente dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores, solo puede tratarse de una medida de última instancia sujeta a condiciones estrictas en cuanto al alcance y a la duración de cualquier restablecimiento temporal.

(2)

Las actuales disposiciones del Código de fronteras Schengen prevén la posibilidad de restablecer rápidamente controles temporales en las fronteras interiores en los casos en que una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior requieran la adopción de medidas inmediatas en un Estado miembro, durante un período máximo de dos meses (artículo 28). El Código también prevé el restablecimiento de controles fronterizos cuando se presenten amenazas graves para el orden público o la seguridad interior en caso de acontecimientos previsibles y por un período máximo de seis meses (artículo 25). La aplicación combinada de los artículos 28 y 25 del Código de fronteras Schengen permite mantener los controles fronterizos durante un período total de hasta ocho meses. Además, una nueva amenaza para el orden público o la seguridad interior da lugar a una nueva aplicación de las normas (y, por consiguiente, a un nuevo cálculo de la duración del período de controles).

(3)

El artículo 29 del Código de fronteras Schengen prevé un procedimiento excepcional que permite el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores por un período de hasta dos años en caso de que esté en peligro el funcionamiento global del espacio sin controles en las fronteras interiores como consecuencia de deficiencias graves y persistentes relacionadas con los controles de las fronteras exteriores que hayan sido detectadas en el contexto de una evaluación de Schengen. Gracias a la adopción del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), podrá recurrirse también a este procedimiento en caso de que un Estado miembro no tome las medidas que se impongan a raíz de una evaluación de la vulnerabilidad o no coopere con la Agencia, cuando la situación en las fronteras exteriores exija medidas urgentes.

(4)

Aunque en la inmensa mayoría de los casos los límites temporales vigentes han resultado suficientes, los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que determinadas amenazas graves para el orden público o la seguridad interior, tales como las amenazas terroristas o los movimientos secundarios importantes e incontrolados dentro de la Unión, pueden persistir mucho más allá de los períodos arriba mencionados.

(5)

La Comisión ha adoptado una propuesta de modificación de las disposiciones pertinentes del Código de fronteras Schengen para hacer frente a tales amenazas persistentes en el futuro. La propuesta modifica los límites temporales establecidos en el artículo 25 del Código de fronteras Schengen en caso de acontecimientos previsibles, reconociendo así que la prolongación del restablecimiento de los controles fronterizos en las fronteras interiores puede estar justificada por un período máximo de hasta dos años. Asimismo, la propuesta prevé también la posibilidad de prolongar aún más los controles en las fronteras interiores cuando la amenaza específica para la seguridad interior o el orden público persista incluso más allá de ese plazo.

(6)

Estos nuevos plazos van acompañados de requisitos procedimentales adicionales que los Estados miembros deberán cumplir con anterioridad al restablecimiento o a la prolongación de los controles en las fronteras interiores. En particular, se exige que los Estados miembros fundamenten sus notificaciones con una evaluación de riesgos que demuestre que el restablecimiento o la prolongación de los controles en las fronteras interiores al que pretendan proceder constituye un último recurso, y que explique la manera en que los controles en las fronteras interiores ayudarían a hacer frente a la amenaza que se haya detectado. Por otra parte, en adelante se exigirá que la Comisión emita un dictamen siempre que los controles en las fronteras interiores excedan de seis meses. Las disposiciones relativas al «procedimiento de consulta» consecutivo al dictamen de la Comisión también se modifican con el fin tanto de reflejar el nuevo papel de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y de Europol como de garantizar que los resultados de dicha consulta sean tenidos en cuenta debidamente, especialmente en lo relativo a la participación de los Estados miembros vecinos. Todos estos cambios pretenden garantizar que los controles en las fronteras interiores se restablezcan únicamente en aquellos lugares y por períodos de tiempo en los que sean necesarios y justificados.

(7)

Los cambios que se propone introducir en el Código de Fronteras Schengen se fundamentan en las disposiciones actuales. A la espera de la adopción de la modificación del Código de Fronteras Schengen tal como se ha detallado anteriormente, resulta esencial que los Estados miembros que tengan intención de restablecer los controles en las fronteras interiores cumplan plenamente las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes del Código de fronteras Schengen, que ya exigen que los Estados miembros que pretendan recurrir a esta medida consideren previamente la aplicación de medidas alternativas a los controles fronterizos y cooperen con los Estados miembros vecinos.

(8)

Con arreglo al artículo 26 del Código de fronteras Schengen, antes de tomar una decisión por la que se restablezcan o prolonguen los controles temporales en las fronteras interiores, el Estado miembro de que se trate debe valorar el grado en que una medida de este tipo puede remediar adecuadamente la amenaza al orden público o la seguridad interior y la proporcionalidad de la medida en relación con dicha amenaza, tomando en consideración, entre otras cosas, la incidencia probable de tal medida en la libre circulación de personas dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores. La realización de controles específicos en función de análisis de riesgo y de datos obtenidos por los servicios de inteligencia constantemente actualizados contribuiría a optimizar los beneficios de los controles y a limitar los efectos negativos sobre la libre circulación.

(9)

Debe permitirse a los Estados miembros afectados por el restablecimiento de los controles en las secciones fronterizas en cuestión expresar regularmente sus puntos de vista sobre su necesidad con el fin de organizar una cooperación mutua entre todos los Estados miembros afectados y de examinar periódicamente la proporcionalidad de las medidas con respecto a los acontecimientos que originaron el restablecimiento de los controles fronterizos y a la amenaza al orden público o la seguridad interior. El Estado miembro que haya decidido restablecer dichos controles debe tener en cuenta estos puntos de vista a la hora de examinar y revisar la necesidad de dichos controles con el fin de adaptarlos constantemente a las circunstancias.

(10)

De conformidad con el artículo 27, apartado 1, letra e), del Código de fronteras Schengen, el Estado miembro que restablezca o prolongue los controles en las fronteras interiores debe suministrar, entre otras cosas, información sobre las medidas que deban adoptar los demás Estados miembros en el contexto de los controles fronterizos previstos. Por otro lado, con arreglo al artículo 27, apartado 5, del Código de fronteras Schengen, pueden celebrarse reuniones conjuntas entre el Estado miembro que prevea restablecer los controles en las fronteras interiores, los demás Estados miembros —especialmente aquellos que se vayan a ver directamente afectados por dichas medidas— y la Comisión con el fin de organizar, cuando proceda, una cooperación mutua entre los Estados miembros. Estos contactos con los Estados miembros vecinos han de utilizarse para limitar la incidencia en la libre circulación.

(11)

Dado que solo cabe recurrir al restablecimiento de los controles en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales y como medida de último recurso, los Estados miembros deben examinar en primer lugar si es posible la aplicación de medidas alternativas a los controles fronterizos para hacer frente de forma eficaz a la amenaza detectada y acordar el restablecimiento de controles en las fronteras interiores afectadas únicamente como medida de último recurso, cuando tales medidas menos restrictivas del tráfico transfronterizo no basten para responder de forma suficiente a las amenazas detectadas. Los Estados miembros de que se trate deben informar del resultado de esta reflexión y de las razones por las que hayan optado por los controles fronterizos en su notificación conforme al artículo 27, apartado 1, del Código de fronteras Schengen.

(12)

A este respecto, los Estados miembros deben realizar todos los esfuerzos necesarios para promover y aplicar plenamente la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 2017 [C(2017) 3349 final] sobre los controles policiales proporcionados y la cooperación policial en el espacio Schengen.

(13)

La presente Recomendación debe aplicarse respetando plenamente los derechos fundamentales.

(14)

Los destinatarios de la presente Recomendación deben ser todos los Estados Schengen vinculados por el título III del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

a)

las repercusiones probables del restablecimiento de los controles en la libre circulación de las personas dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores;

b)

la incidencia probable de tal restablecimiento en el mercado interior.

a)

consultar con suficiente antelación a los Estados miembros afectados por el restablecimiento previsto;

b)

mantener una cooperación estrecha y constante que permita una revisión y adaptación permanentes de los controles a fin de reflejar la evolución de las necesidades sobre el terreno;

c)

mantenerse preparados para prestarse asistencia mutua a efectos de garantizar una aplicación efectiva de los controles fronterizos cuando sea necesario y esté justificado.

7.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 259/28

(1)

La contratación pública es un instrumento para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Este instrumento podría tener un impacto económico significativo (1) mediante su contribución a la agenda de la Comisión para el crecimiento, el empleo y el comercio transfronterizo. Una contratación pública eficiente, eficaz y competitiva es tanto un referente para un mercado único que funcione adecuadamente como un canal principal para inversiones europeas (2).

(2)

Las directivas sobre contratación pública adoptadas en 2014 (3) proporcionan un conjunto de instrumentos que permite a los Estados miembros realizar un uso más eficiente y estratégico de la contratación pública. La contratación pública se enfrenta a nuevos desafíos puesto que se espera que cada vez más: demuestre la mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas en entornos presupuestarios cada vez más restrictivos; use las oportunidades de digitalización y mercados en evolución; realice una contribución estratégica a los objetivos de política horizontal y valores sociales como la innovación, la inclusión social y la sostenibilidad económica y medioambiental; maximice la accesibilidad y muestre responsabilidad para minimizar las ineficiencias, el malgasto, las irregularidades, el fraude y la corrupción, así como para crear cadenas de suministro responsables.

(3)

Es necesario garantizar la aplicación eficiente de las normas de contratación pública en todos los niveles para sacar el máximo partido de este instrumento esencial para las inversiones europeas, tal como se indicó en el Plan de Inversiones para Europa (4), y para conseguir un mercado único más fuerte invocado por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017. La eficiencia se encuentra también entre las áreas de mejora de la contratación pública señaladas a través del proceso del Semestre Europeo.

(4)

Por consiguiente, es necesario garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos y los compradores públicos necesitan estar en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más exigentes de profesionalidad. Mejorar y respaldar la profesionalidad entre los profesionales de la contratación pública puede ayudar a fomentar el impacto de esta en el conjunto de la economía (5).

(5)

Se entiende en líneas generales que el objetivo de la profesionalización de la contratación pública es reflejar la mejora general de toda la gama de cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia de las personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación (6). Abarca también las herramientas y el apoyo, así como la arquitectura política institucional, que son necesarios para realizar el trabajo de forma eficaz y obtener resultados (7). Por consiguiente, una política de profesionalización eficaz debe basarse en un planteamiento estratégico global en torno a tres objetivos complementarios:

(6)

La presente Recomendación (8) insta al desarrollo y aplicación de políticas de profesionalización en los Estados miembros, mediante el suministro de un marco de referencia para su examen (9). El resultado deseado de esta iniciativa es ayudar a los Estados miembros a elaborar la política para la profesionalización a fin de aumentar el perfil, influencia, impacto y reputación de la contratación pública en la consecución de objetivos públicos.

(7)

Esta Recomendación se dirige a los Estados miembros y a sus administraciones públicas principalmente a nivel nacional. No obstante, con arreglo a su sistema de contratación centralizado o descentralizado, los Estados miembros deben animar y apoyar en mayor medida a las entidades/poderes adjudicadores para que pongan en marcha iniciativas de profesionalización. Por consiguiente, los Estados miembros deben señalar esta Recomendación a la atención de las entidades responsables de la contratación pública en todos los niveles, así como a las entidades encargadas de la formación de auditores y funcionarios responsables de la revisión de casos de contratación pública.

1.

Los Estados miembros deben elaborar y aplicar estrategias de profesionalización a largo plazo para la contratación pública, adaptadas a sus necesidades, recursos y estructura administrativa, de manera autónomas o como parte de políticas más amplias de profesionalización de la administración pública. El objetivo es atraer, desarrollar y retener competencias, centrarse en el rendimiento y los resultados estratégicos y aprovechar al máximo las herramientas y técnicas disponibles. Estas estrategias deben:

2.

Los Estados miembros deben también animar y apoyar a las entidades/autoridades de contratación en la aplicación de las estrategias de profesionalización nacionales, en el desarrollo de iniciativas de profesionalización, así como la arquitectura institucional adecuada y la cooperación para una contratación pública más coordinada, eficaz y estratégica basada, entre otras cosas, en:

3.

Los Estados miembros deben identificar y definir la base de referencia de las capacidades y competencias en las que cualquier profesional de la contratación pública debe ser formado y que debe poseer, teniendo en cuenta la naturaleza multidisciplinaria de los proyectos de contratación, tanto para los funcionarios especializados en contratación como para funciones afines, así como para jueces y auditores, por ejemplo:

4.

Los Estados miembros deben elaborar programas adecuados de formación —inicial y permanente— sobre la base de la evaluación de los datos y las necesidades, así como de marcos de competencias cuando estén disponibles, por ejemplo:

5.

Los Estados miembros deben también desarrollar y apoyar la adopción por parte de las autoridades/entidades de contratación de una buena gestión de los recursos humanos, así como programas de planificación de la carrera profesional y motivación específicos para las funciones de la contratación, a fin de atraer y retener a personal cualificado en la contratación pública y animar a los profesionales a proporcionar una mejor calidad y un planteamiento más estratégico en la contratación pública, por ejemplo:

6.

Los Estados miembros deben estimular y apoyar el desarrollo y aceptación de herramientas de TI accesibles que pueden simplificar y mejorar el funcionamiento de los sistemas de contratación, por ejemplo:

7.

Los Estados miembros deben apoyar y promover la integridad, a nivel individual e institucional, como parte intrínseca de la conducta profesional, proporcionando herramientas para garantizar el cumplimiento y la transparencia y la orientación para prevenir irregularidades, por ejemplo:

8.

Los Estados miembros deben proporcionar orientación, por un lado para ofrecer seguridad jurídica sobre la legislación o los requisitos nacionales y de la UE que se derivan de las obligaciones internacionales de la UE y, por otro lado, para facilitar y fomentar el pensamiento estratégico, el criterio comercial y la toma de decisiones inteligentes/informadas, por ejemplo:

9.

Los Estados miembros deben fomentar el intercambio de buenas prácticas y proporcionar apoyo a los profesionales para garantizar procedimientos de contratación profesionales, trabajo cooperativo y la transmisión de conocimientos técnicos, por ejemplo:

10.

Se recomienda que los Estados miembros informen a la Comisión de las acciones llevadas a cabo en respuesta a esta Recomendación cuando presenten los informes indicados en el artículo 83 de la Directiva 2014/24/UE, el artículo 45 de la Directiva 2014/23/UE y el artículo 99 de la Directiva 2014/25/UE.