29.9.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 252/1

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Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015 (1),

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Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 [COM(2016)475 — C8-0270/2016] (2),

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Visto el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera correspondiente al ejercicio 2015, sección I — Parlamento Europeo (3),

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Visto el Informe Anual del auditor interno para el ejercicio 2015,

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Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones (4),

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Vista la declaración (5) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistos el artículo 314, apartado 10, y el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (6), y en particular sus artículos 164, 165 y 166,

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Vista la decisión de la Mesa, de 16 de junio de 2014, sobre las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (7), y en particular su artículo 22,

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Vistos el artículo 94, el artículo 98, apartado 3, y el anexo IV de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0153/2017),

A.

Considerando que el presidente aprobó las cuentas del Parlamento para el ejercicio 2015 el 4 de julio de 2016;

B.

Considerando que el secretario general, como ordenador delegado principal, declaró el 24 de junio de 2016 que consideraba razonablemente garantizado que los recursos asignados al presupuesto del Parlamento se han utilizado para el objeto previsto, de conformidad con los principios de buena gestión financiera, y que los procedimientos de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en relación con la legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes;

C.

Considerando que la auditoría del Tribunal de Cuentas concluye que, en la evaluación específica de los gastos administrativos y otros correspondiente a 2015, no se han detectado deficiencias significativas en los informes de actividad anual y sistemas de control interno de las instituciones y órganos examinados según lo exigido por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012;

D.

Considerando que el artículo 166, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 exige a todas las instituciones de la Unión que hagan todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;

1.

Aprueba la gestión de su presidente en la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2015;

2.

Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.

Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

29.9.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 252/3

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Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección I — Parlamento Europeo,

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Vistos el artículo 94, el artículo 98, apartado 3, y el anexo IV de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0153/2017),

A.

Considerando que, en su certificación de las cuentas definitivas, el contable del Parlamento Europeo («Parlamento») ofreció garantías razonables de que las cuentas reflejan fielmente la situación financiera del Parlamento en todos sus aspectos significativos y declaró que no se ha puesto en su conocimiento ninguna cuestión que requiera una reserva;

B.

Considerando que, de acuerdo con el procedimiento habitual, se remitió un cuestionario con 129 preguntas a la administración del Parlamento y las respuestas escritas recibidas fueron debatidas por la Comisión de Control Presupuestario (CONT) en presencia del vicepresidente responsable del presupuesto, del secretario general y del auditor interno;

C.

Considerando que el control, en especial en la forma del procedimiento anual de aprobación de la gestión, es esencial para garantizar que la administración y los líderes políticos del Parlamento respondan ante los ciudadanos de la Unión; que siempre hay posibilidad de mejora en términos de calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas; considerando que el principio de presupuestación basada en resultados y la buena gobernanza de los recursos humanos debe ser un elemento central en la ejecución presupuestaria;

1.

Constata que el sistema de control formal de la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento consta de cuatro elementos principales:

2.

Observa que el informe anual del auditor interno contiene conclusiones basadas en trabajos de auditoría específicos; tiene como fin mejorar la gestión presupuestaria y financiera pero no ofrecer una imagen completa de la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento; observa, de manera similar, que el informe del Tribunal corresponde únicamente a los resultados de una pequeña muestra del conjunto de las operaciones del Parlamento, concretamente dieciséis;

3.

Entiende que, en general, el bajo nivel de error en relación con los gastos administrativos puede explicar la relativamente escasa atención prestada por el Tribunal a las operaciones del Parlamento;

4.

Señala, no obstante que incluso si el porcentaje de error es significativamente bajo, el riesgo para la reputación es relativamente elevado, habida cuenta de que dichos errores financieros y presupuestarios pueden incidir negativamente en la reputación de la institución;

5.

Puntualiza que, más recientemente, como consecuencia de la percepción general de la necesidad de una presupuestación basada en los resultados, las aprobaciones de gestión no deben limitarse a la detección de irregularidades sino que también deberían incluir medidas de resultados y rendimiento concretos, algo especialmente importante en el caso del Parlamento, puesto que la falta de resultados repercute directamente en la imagen de la institución;

6.

Observa que, en este contexto, la labor llevada a cabo por el Parlamento en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión ofrece una oportunidad de examinar más exhaustivamente las cuentas de la administración del Parlamento; solicita que se refuercen las competencias internas en materia de contabilidad y auditoría, que los ponentes podrán utilizar para elaborar sus informes de aprobación de la gestión;

7.

Observa que los créditos definitivos del Parlamento para 2015 ascendieron a 1 794 929 112 EUR, es decir, el 19,78 % de la rúbrica 5 del marco financiero plurianual (1) previsto para los gastos administrativos totales de las instituciones de la Unión en 2015, lo que supone un incremento del 2,2 % en comparación con el presupuesto de 2014 (1 755 631 742 EUR);

8.

Observa que los ingresos totales contabilizados a 31 de diciembre de 2015 ascendieron a 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), incluidos 27 988 590 EUR en ingresos afectados (2014: 26 979 032 EUR);

9.

Señala que cuatro capítulos representan por sí solos el 71 % del total de los compromisos: se trata de los capítulos 10 («Miembros de la institución»), 12 («Funcionarios y agentes temporales»), 20 («Bienes inmuebles y gastos accesorios»), y 42 («Gastos ligados a la asistencia parlamentaria»); observa que ello significa que el gasto del Parlamento se caracteriza por una notable continuidad en su mayor parte vinculada a las remuneraciones de diputados y personal, ajustadas conforme al Estatuto de los funcionarios y otras obligaciones contractuales;

10.

Observa que las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2015 son las siguientes:

11.

Toma nota de que, en 2015, el 99,1 % de los créditos consignados en el presupuesto del Parlamento se comprometieron con un porcentaje de anulación del 0,9 % y que, al igual que en años anteriores, se alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria muy elevado;

12.

Llama la atención sobre el hecho de que los créditos anulados totalizaron 41 422 684 EUR, afectando el grueso de las anulaciones a las remuneraciones y a los gastos inmobiliarios;

13.

Observa que las transferencias de remanentes ascendieron a 71 000 000 EUR, lo que representa el 4 % del total de créditos transferidos de las rúbricas de créditos provisionales o de otras fuentes con el fin de ayudar a financiar los cánones enfitéuticos del edificio Konrad Adenauer; insta a que la política inmobiliaria del Parlamento se establezca con suficiente claridad en el marco de la estrategia presupuestaria; considera que el nivel de las transferencias de remanentes es muy elevado; opina que una gestión eficaz del presupuesto debe reducir estas transferencias al mínimo; en este sentido pide al Tribunal que elabore un informe sobre la política inmobiliaria del Parlamento;

14.

Toma nota de que los datos generales de la auditoría indican que los gastos en «administración» no están afectados por un nivel significativo de error pero que sobre la base de los siete errores cuantificados el nivel de error estimado en la rúbrica 5 del MFP (administración) es del 0,6 % (0,5 % en 2014);

15.

Manifiesta su gran preocupación por la conclusión del Tribunal de que de las 151 operaciones examinadas para el conjunto de las instituciones de la Unión, 22 de ellas, es decir, el 14,6 % están afectadas por errores; observa, no obstante, que de estas 22 operaciones solo se contabilizaron siete errores con incidencias financieras, lo que produce un nivel estimado de error del 0,6 %;

16.

Toma nota asimismo de las conclusiones específicas relativas al Parlamento recogidas en el informe anual del Tribunal correspondiente a 2015; observa que el Tribunal constató deficiencias en los controles de la autorización y la liquidación de los gastos efectuados en 2014; estas solo afectaron a una de las 16 operaciones del Parlamento examinadas en relación con un grupo político y dichas deficiencias se subsanaron en 2015;

17.

Toma nota de las respuestas del Parlamento al Tribunal durante el procedimiento contradictorio; pide al Tribunal que mantenga a la comisión competente informada de la aplicación de su recomendación de ofrecer mejores orientaciones y revisar el marco de control existente para la ejecución de los créditos presupuestarios destinados a los grupos políticos;

18.

Observa que, en la reunión abierta de la comisión competente con el auditor interno celebrada el 30 de enero de 2017, este último presentó su informe anual y explicó que en 2015 había aprobado informes sobre los temas siguientes:

19.

Señala, y apoya, las opiniones expresadas por el auditor interno en cuanto a:

20.

Observa que al término de 2015, tras sucesivas auditorías de seguimiento, permanecen abiertas cuatro acciones de la revisión del marco de control interno, todas ellas de «riesgo moderado», y una de ellas con vencimiento diferido hasta 2017 en el contexto del nuevo sistema de gestión financiera del Parlamento; pide al auditor interno que mantenga informada a la Comisión CONT sobre los progresos alcanzados en dichas acciones;

21.

Pide al auditor interno que al presentar su informe anual haga mayor hincapié en aquellos aspectos en los que ha encontrado deficiencias y/o irregularidades; le pide igualmente que ponga sus informes sobre el seguimiento, la evolución y las soluciones en relación con los problemas detectados en el ejercicio de su mandato a disposición de la Comisión de Control Presupuestario; pide al secretario general que introduzca procedimientos para la evaluación del rendimiento y los resultados;

22.

Toma nota de las respuestas escritas a la Resolución sobre la aprobación de la gestión 2014 facilitadas a la Comisión CONT el 20 de octubre de 2016, así como de la presentación por el secretario general de las diferentes preguntas y solicitudes con respecto a la Resolución del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2014 y al intercambio de puntos de vista con los diputados que se celebró a continuación; lamenta sin embargo que muchas de dichas solicitudes no hayan tenido ningún seguimiento y que no se haya dado ninguna razón o justificación al respecto; insiste en la importancia de tener más a menudo la ocasión de tratar con el secretario general en la Comisión CONT las cuestiones que afectan al presupuesto del Parlamento y su ejecución;

23.

Toma nota de que existe una incoherencia entre las fechas de presentación del proyecto de informe de aprobación de la gestión del Parlamento y la posibilidad de presentar preguntas adicionales al secretario general; pide al secretario general que facilite respuestas a las preguntas suplementarias antes del plazo de enmiendas y en caso necesario antes de que se lleve a cabo la votación en comisión;

24.

Toma nota del intercambio de puntos de vista entre el vicepresidente encargado del presupuesto, el secretario general y la Comisión CONT, celebrado en presencia del miembro del Tribunal y del auditor interno el 30 de enero de 2017;

25.

Expresa su satisfacción con el compromiso de la administración del Parlamento con la continua mejora del rendimiento de los servicios de la institución en su conjunto y con su eficiencia, no obstante, considera que la puesta en práctica de los cambios lleva a veces demasiado tiempo;

26.

Observa que el Parlamento, con unos costes que ascienden a aproximadamente 3,60 euros por ciudadano y año, no tiene que temer la comparación con otros sistemas parlamentarios, especialmente debido a que un tercio de estos costes afectan al marco de condiciones (multilingüismo y lugares de trabajo) sobre las que el Parlamento solo ejerce influencia de forma limitada y que no se aplican a otros Parlamentos de la misma forma;

27.

Observa, no obstante, que la atención prestada a la presupuestación basada en resultados varía entre las diferentes direcciones generales, estando ya bien desarrollada, por ejemplo, en la Dirección General de Finanzas (DG FINS), pero todavía en su fase inicial en el resto de la administración; pide al secretario general que garantice la fijación y el seguimiento de unos objetivos claros y mesurables en toda la administración;

28.

Toma nota de la respuesta del secretario general sobre la accesibilidad de la aplicación ePetition a los miembros y al público en general así como del informe del Servicio Jurídico; pide al secretario general que informe de las acciones destinadas a dar seguimiento a las recomendaciones del Servicio Jurídico;

29.

Se congratula de la atención prestada por la administración a la sostenibilidad, en particular en el marco de los procedimientos de contratación pública; constata, no obstante, que, con la entrada en vigor de la nueva Directiva sobre contratación pública (2), ahora es posible priorizar los criterios de sostenibilidad social y medioambiental sobre el del precio más bajo;

30.

Pide al secretario general que presente un plan de acción para la aplicación de los criterios de sostenibilidad en los procedimientos de contratación pública del Parlamento y que incluya en este sentido una evaluación del uso de la contratación pública ecológica como instrumento;

31.

Considera que, según el Tribunal, los costes de la dispersión geográfica del Parlamento ascienden a 114 millones EUR anuales, y toma nota de su resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea (3), según la cual el 78 % de todas las misiones del personal del Parlamento cubierto por el Estatuto de los funcionarios son consecuencia directa de la citada dispersión; recuerda que el impacto medioambiental de esta dispersión se estima entre 11 000 y 19 000 toneladas de emisiones de CO2; pide a la Mesa que solicite al secretario general que elabore sin falta una hoja de ruta para el establecimiento de una sede única del Parlamento; reitera su llamamiento al Parlamento y al Consejo para que, con el fin de generar ahorros a largo plazo, aborden la necesidad de elaborar una hoja de ruta para el establecimiento de una sede única, como ha señalado el Parlamento en varias Resoluciones anteriores; cree que la retirada del Reino Unido y la necesidad de reubicar las agencias europeas que actualmente tienen su sede en dicho país podría suponer una excelente oportunidad para solucionar varios problemas al mismo tiempo; señala, no obstante, que el artículo 341 del TFUE establece que la sede de las instituciones de la Unión será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, y que el Protocolo (n.o 6) anejo al TUE estipula que el Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo; recuerda que una solución para el establecimiento de una sede única requiere la modificación de los Tratados;

32.

Recuerda la respuesta de la administración en el cuestionario sobre la aprobación de la gestión del Parlamento en 2013 a la pregunta n.o 75, en la que adoptó la decisión de «finalizar con la práctica de misiones de larga duración, […] lo que conlleva un ahorro considerable»; considera, sin embargo, que es una contradicción considerable el hecho de que actualmente existan trece funcionarios en misión de larga duración; considera que una misión de larga duración de un miembro del personal, con indemnización por expatriación e indemnización diaria, a un lugar en el que dicha persona ya reside y trabaja supone una utilización censurable del dinero de los contribuyentes y es contrario al Estatuto de los funcionarios; insiste en la necesidad de una aclaración de las circunstancias de cada una de las misiones de larga duración, y en particular en que se comuniquen los motivos y los costes de dicha misión de larga duración;

33.

Recuerda que todos los funcionarios y demás agentes de la Unión, incluidos aquellos que trabajan en los gabinetes, llevarán a cabo sus obligaciones únicamente en interés de la Unión, de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto de los funcionarios; señala que los funcionarios de la Unión reciben su sueldo del dinero de los contribuyentes, que no está destinado a la financiación del personal de prensa o a otro personal encargado de promover los intereses políticos nacionales de un presidente; pide a la Mesa que establezca disposiciones claras en la normativa del Parlamento;

34.

Toma nota de la decisión del presidente de 21 de octubre de 2015, con la que tenía intención de designar cargos directivos dentro del Parlamento sin tener en cuenta los procedimientos y, sobre todo, sin convocatorias de candidaturas previas; observa que esta decisión «no era conforme a las normas» (respuesta de la administración en el 2.oCuestionario de la Comisión CONT); insiste en la necesidad de anular formalmente esta decisión del presidente;

35.

Observa que el 15 de diciembre de 2015 el presidente se arrogó a sí mismo la posibilidad de otorgar a los miembros de su gabinete una asignación especial sin límite de cuantía más allá de la asignación del gabinete, a pesar de que el Estatuto de los funcionarios no prevé tales asignaciones especiales; plantea nuevamente la cuestión sobre la legalidad de dicha autorización y la validez de dichas asignaciones especiales; pide que se compruebe si no debe revocarse la decisión en cuestión;

36.

Toma nota de que, el 24 de octubre de 2016, la Mesa adoptó la reglamentación revisada sobre el pago de contribuciones financieras a los grupos de visitantes patrocinados;

37.

Expresa su satisfacción por dicha medida ya que reducirá considerablemente los pagos en efectivo al introducir la obligación de la transferencia electrónica, reduciendo así los riesgos de robo y de perjuicio a la buena imagen del Parlamento sin menoscabo de la flexibilidad; apoya la intención de la Mesa de evaluar el sistema revisado al cabo de un año de vigencia; lamenta, sin embargo, que los asistentes parlamentarios puedan optar a recibir pagos en sus cuentas personales y certificar los gastos de grupo; expresa su preocupación por que esto supone una responsabilidad financiera y jurídica innecesaria y un posible riesgo para los APA; insta a la Mesa a que vuelva a plantearse este asunto con carácter prioritario;

38.

Lamenta el hecho de que el Parlamento aprobara la gestión de su presidente en la ejecución del presupuesto del Parlamento para el ejercicio 2014 y eliminara en el último momento apartados importantes que planteaban cuestiones adicionales relativas a las actividades políticas y al comportamiento financiero del presidente durante las elecciones europeas de 2014;

39.

Se congratula de la creciente atención de los medios de comunicación y el público hacia el Parlamento y su administración; observa, no obstante, que a algunos periodistas les resulta difícil obtener la información concreta que buscan; señala que la transparencia del Parlamento y su administración es fundamental para la legitimidad de la institución y que ha de mejorarse el acceso a la información, respetando siempre las normas relativas a la protección de datos personales;

40.

Pide a la Mesa que publique en el sitio web del Parlamento los documentos pertinentes que le presenta el secretario general en un formato legible por máquina, salvo que la naturaleza de la información contenida en ellos lo impida, como en el caso, por ejemplo, de la protección de datos personales;

41.

Insiste una vez más en la necesidad de hacer más transparente y asequible el trabajo de los órganos decisorios internos del Parlamento, especialmente de la Mesa; pide que se publiquen en intranet los órdenes del día de la Mesa con el tiempo suficiente y que se disminuya ostensiblemente el plazo de publicación de las actas de las reuniones; señala que no es necesario esperar a que estén traducidas a todas las lenguas;

42.

Recuerda que los diputados están obligados a informar inmediatamente a la administración de cualquier cambio en sus declaraciones de intereses;

43.

Pide al secretario general que transmita a la Mesa la presente Resolución indicando especialmente todos aquellos puntos en los que se ha solicitado una actuación o decisión por parte de la Mesa; pide al secretario general que establezca un plan de actuación y un calendario que permita a la Mesa dar seguimiento y/o respuesta a las recomendaciones que el Parlamento le ha dirigido a través de las Resoluciones de la aprobación de la gestión y que incluya los resultados en el documento de seguimiento anual; pide al Secretario General que informe en tiempo adecuado a las comisiones de presupuesto y de control presupuestario (CONT) de todos aquellos proyectos que presente a la Mesa y que tengan una incidencia presupuestaria importante;

44.

Considera que los diputados deberían poder utilizar el sitio web del Parlamento para ofrecer a sus representados la mayor transparencia posible sobre sus actividades, por lo que pide al secretario general que desarrolle un sistema en el que los diputados puedan publicar los detalles de sus reuniones con representantes de intereses; e insta al secretario general a hacerlo posible sin más demora, como ya se pidió en la Resolución de aprobación de la gestión del Parlamento correspondiente a 2014;

45.

Pide a la Mesa que defina y publique las normas sobre el uso de la dieta de gastos generales;

46.

Toma nota del poco conocimiento que tienen los diputados de la posibilidad de devolver los excedentes de la dieta de gastos generales; recuerda a los diputados que las dietas de gastos generales no son una retribución personal adicional; pide al secretario general que divulgue esta posibilidad con carácter prioritario; insta a los diputados a que devuelvan los importes no utilizados al final del mandato;

47.

Pide al secretario general, de manera similar, que ponga a disposición de los diputados que deseen publicar en sus propias páginas web los detalles de los pagos recibidos de cualesquiera otras dietas del Parlamento los registros apropiados en una forma de fácil procesamiento;

48.

Pide, además, al secretario general que ayude de la misma manera a los grupos políticos interesados;

49.

Observa que el sitio web del Parlamento facilita una serie de documentos sobre el reconocimiento de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas junto con detalles que especifican el importe definitivo de su financiación; pide al Parlamento que solicite a la Comisión que presente una propuesta para revisar el actual acto jurídico de la Unión sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (4), que incluya requisitos más estrictos para el establecimiento de partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas, a fin de evitar abusos;

50.

Acoge con satisfacción la introducción de un formulario especial en el que los ponentes pueden indicar qué representantes de intereses han influido en sus informes («huella legislativa»);

51.

Reitera su petición a la administración del Parlamento de que elabore un informe sobre el uso de los locales del Parlamento por parte de representantes de intereses y otras organizaciones externas;

52.

Expresa su preocupación por el hecho de que el actual código de conducta para los diputados pueda requerir más mejoras para evitar los conflictos de intereses, prestando atención específica a:

53.

Se congratula del desarrollo de indicadores para la medición de resultados de las actividades de comunicación del Parlamento, y pide al secretario general que en el informe de 2016 sobre las actividades del Parlamento dedique un capítulo separado a la eficacia de este nuevo enfoque basado en resultados en el ámbito de la comunicación;

54.

Apoya los diversos programas encaminados a facilitar las visitas de periodistas y ciudadanos interesados en ampliar sus conocimientos sobre las actividades del Parlamento;

55.

Reitera, en este sentido, su petición incluida en la aprobación de la gestión de 2014 en la que se observaba que el sitio web del Parlamento seguía siendo relativamente difícil de utilizar y de explorar y que aún no había incorporado los avances tecnológicos más recientes, con lo que resultaba difícil encontrar rápidamente información pertinente; también se señalaba que, habida cuenta de la importancia de la comunicación con los ciudadanos europeos, el sitio web no contribuía a mejorar la imagen del Parlamento ante el público en general;

56.

Pide a la Dirección General de Comunicaciones (DG COMM) que cree un sitio web más eficiente y fácil de utilizar con un motor de búsqueda del sitio más eficaz, que resalte el perfil del Parlamento ante la opinión pública y responda de manera más directa a las necesidades e intereses de los ciudadanos; observa que los resultados han sido tan solo mediocres a pesar de haberse gastado gran cantidad de recursos;

57.

Expresa su preocupación sobre la eficacia de la estrategia de comunicación del Parlamento; pide a este respecto una revisión a fondo de la actual estrategia de comunicación del Parlamento, en particular un enfoque más activo hacia quienes no están de entrada interesados en las actividades del Parlamento o son incluso escépticos respecto a su funcionamiento; pide al secretario general que elabore una nueva estrategia para ampliar su alcance de modo que llegue también a estos ciudadanos, facilitando el acceso a la información para responder adecuadamente a los prejuicios injustificados contra el Parlamento, evitando al mismo tiempo campañas de publicidad caras e innecesarias;

58.

Subraya la necesidad de modernizar la misión de las oficinas de información del Parlamento optimizando el uso de nuevas tecnologías y patrones de comunicación y aprovechando su situación geográfica privilegiada cercana a los ciudadanos para seguir intensificando las actividades a escala local, como la organización de debates con diputados al Parlamento y la sociedad civil, con vistas a escuchar a las personas y colaborar con ellas; hace hincapié en que los debates en línea y la atención de los medios de comunicación que este tipo de actos suscitan deben contribuir a aumentar aún más el acercamiento a los ciudadanos; observa que los gastos inmobiliarios y de personal de las oficinas de información en los Estados miembros son desproporcionadamente elevados en relación con el dinero empleado en las principales funciones de dichas oficinas; pide al secretario general que, para finales de 2017, presente a la Comisión CONT un informe detallado de actividad y financiero sobre las oficinas de información en Bruselas y Estrasburgo respectivamente, con especial atención a su valor añadido;

59.

Expresa su preocupación, vistas las respuestas a las preguntas escritas, por lo que respecta a las oficinas de información del Parlamento ubicadas en los Estados miembros ya que en la mayoría de estas se destina solo una pequeña parte de los costes de funcionamiento a los objetivos y tareas propios de dichas oficinas, empleándose la mayor parte en el alquiler del local y los sueldos y gastos de viajes del personal;

60.

Pide al secretario general que mejore la comunicación interna entre las diversas direcciones generales, de manera que, por ejemplo, el desarrollo de nuevas herramientas legislativas tan importantes como el llamado tren legislativo sea conocido por un público más amplio a nivel tanto interno como externo;

61.

Celebra la presentación conjunta ante la Comisión CONT y la Comisión de Cultura y Educación de las conclusiones de la encuesta, tal y como se solicitó en la aprobación de la gestión de 2013, realizada para determinar si el Premio LUX es bien conocido y qué opinión se tiene de él, en su caso, en los respectivos Estados miembros;

62.

Recuerda que la encuesta se refería principalmente al conocimiento del Premio LUX de Cine entre los diputados y los cineastas, respecto del propósito, que es ilustrar el compromiso del Parlamento con valores de consenso tales como los derechos humanos y la solidaridad, así como su compromiso con la diversidad cultural y lingüística;

63.

Observa que la encuesta obtuvo un nivel de respuesta bajo, apenas un 18 % de los diputados al Parlamento, equivalente a 137 diputados de todos los partidos políticos y Estados miembros, y que, de esos diputados, más del 90 % conocía el Premio LUX de Cine, un 75 % conocía su finalidad y más del 80 % tenía una percepción positiva del mismo.

64.

Expresa sus dudas sobre el método de selección, según el cual los diputados deciden las nominaciones y la elección definitiva del ganador, y pide a la Mesa que exponga otros modelos alternativos para la obtención de los resultados deseados, por ejemplo, apoyando una iniciativa comparable adoptada por las propias organizaciones de cineastas;

65.

Constata que, si bien con los años el número de espectadores ha aumentado, una cifra de 43 000 para toda la Unión sigue siendo muy baja y pone en entredicho el interés del Premio LUX;

66.

Lamenta los reiterados retrasos en la inauguración de la Casa de la Historia Europea, que en principio estaba prevista para marzo de 2016, posteriormente fue aplazada hasta septiembre y noviembre de 2016, y actualmente está programada para el 6 de mayo de 2017;

67.

Observa con preocupación el constante debate sobre la naturaleza de sus exposiciones temporales; hace hincapié en la importancia de la independencia académica de la Casa de la Historia Europea en cuanto al contenido y el diseño de las exposiciones, que deben decidirse únicamente con arreglo a criterios museológicos e históricos;

68.

Celebra que la Casa de la Historia Europea vaya a recibir, según se ha previsto, 250 000 visitantes; señala que los costes de funcionamiento de esta institución se han estimado en 13,3 millones EUR anuales; expresa su preocupación, sin embargo, por la cantidad de visitas relativamente baja en comparación con los elevados costes de funcionamiento, teniendo en cuenta que el Parlamento recibió 326 080 visitas en 2015 y que sus costes de funcionamiento no superaron los 4,3 EUR;

69.

Observa que, con la creación del Parlamentarium y la apertura de la Casa de la Historia Europea, el Parlamento y sus alrededores se están convirtiendo en una atracción turística y ciudadana que propiciará un mejor conocimiento del papel del Parlamento e ilustrará para los ciudadanos el compromiso del Parlamento con valores de consenso como los derechos humanos y la solidaridad; pide a la Mesa que estudie la posibilidad de entablar conversaciones con las autoridades locales para estudiar de qué manera pueden contribuir estas a la financiación y gestión de la Casa;

70.

Pide a la Mesa que contemple la opción de adaptar la gestión de la Casa de la Historia Europea a un enfoque más interinstitucional, estudiando una mayor cooperación con otras instituciones de la Unión, en especial con la Comisión y el Consejo;

71.

Celebra la decisión de la Comisión de aportar una contribución anual de 800 000 EUR al funcionamiento de la Casa de la Historia Europea; opina, no obstante, que esta aportación debería representar un porcentaje bastante más elevado de lo que se estima que serán los costes anuales de funcionamiento;

72.

Toma nota de que, a 31 de diciembre de 2015, un total de 5 391 funcionarios y agentes temporales estaban empleados en la Secretaría (96 más que a 31 de diciembre de 2014) y un total de 771 funcionarios y agentes temporales trabajaban para los grupos políticos (26 más que a 31 de diciembre de 2014); toma nota de que, teniendo en cuenta a los agentes contractuales, la DG PERS era responsable de 9 402 trabajadores (467 más que a 31 de diciembre de 2014);

73.

Toma nota de que, el 1 de enero de 2015, se suprimieron de la plantilla de personal del Parlamento 47 puestos, con arreglo a la revisión de 2014 del Estatuto de los funcionarios y al MFP para el período 2014-2020, con lo que la plantilla total se redujo a 6 739 puestos, de los cuales 5 723 (84,9 %) correspondían a la Secretaría y 1 016 (15,1 %) a los grupos políticos; toma nota de que a 31 de diciembre de 2015, el 4,9 % de los puestos de la Secretaría estaban vacantes, frente al 9,6 % de finales de 2014.

74.

Acoge con satisfacción el hecho de que la paridad de género de directores generales aumentara de un 18,2/81,8 % en 2014 a un 33,3/66,7 % en 2015; recuerda que la mayoría del personal del Parlamento está formada por mujeres, pero que estas suponen una porción limitada de los puestos de dirección; observa que la paridad de género de directores disminuyó del 34/66 % en 2014 al 31,1/68,9 % en 2015; observa que la paridad de género de jefes de unidad siguió aumentando y subió del 30/70 % a finales de 2014 al 31,2/68,8 % a finales de 2015; hace hincapié, por tanto, en que los desequilibrios en los puestos de dirección persisten y en que sigue siendo de suma importancia poner en marcha un programa de igualdad de oportunidades; cree firmemente que el Parlamento debe contar como mínimo con un 40 % de mujeres en los puestos de dirección para el año 2019;

75.

Manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Comité Consultivo del Parlamento para el Nombramiento de Altos Funcionarios esté integrado exclusivamente por personal directivo y pide al secretario general que incluya a un representante de una asociación de personal;

76.

Subraya que el equilibrio geográfico, en particular la relación entre el número de miembros del personal con una determinada nacionalidad y el tamaño de la población de sus correspondientes Estados miembros, debería continuar siendo un elemento importante en la gestión de los recursos humanos, en especial en lo que concierne a los Estados miembros que se han adherido a la Unión desde 2004; acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamento haya alcanzado una composición general equilibrada entre funcionarios procedentes de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión antes y después de 2004; señala, no obstante, que estos Estados miembros todavía representan solo el 3 % del personal de nivel «administrador superior» (AD12-16) en los tres lugares de trabajo, en comparación con la parte que representan de la población de la Unión, que es del 21 %, y que todavía se esperan avances en este sentido;

77.

Reconoce que el Parlamento ha optado por la externalización de determinadas actividades, como la restauración o la limpieza, y que, como consecuencia, en determinadas direcciones generales el personal externo que trabaja en los locales del Parlamento puede llegar a superar en número a los funcionarios;

78.

Toma nota, no obstante, de que tales decisiones de externalización no sirven para explicar la contratación de todo el personal externo y de que, por ejemplo, en la Dirección General de Innovación y Asistencia Tecnológica (DG ITEC) la proporción entre el personal externo y los funcionarios es difícil de justificar;

79.

Expresa la opinión de que el personal externo no debe utilizarse para compensar la reducción del número de puestos acordada en el contexto de la revisión de 2014 del Estatuto de los funcionarios y del MFP actual;

80.

Toma nota de la respuestas del secretario general sobre las condiciones aplicadas por el Parlamento para la contrataciones de las empresas externas; hace hincapié en que la administración debe supervisar atenta y sistemáticamente que estos proveedores de servicios cumplen estrictamente la legislación sobre el empleo, la seguridad, los derechos sociales, etc. de todo el personal externo que trabaja en los locales del Parlamento, como el personal de los comedores, de limpieza, mantenimiento, etc.; pide al Parlamento que establezca mecanismos de alerta y control regulares que permitan evitar y detectar cualquier caso de negligencia, abuso o infracción tanto aislados como sistemáticos de modo que pueda tomar de inmediato las medidas de actuación previstas;

81.

Constata que se ha llevado a cabo la integración del personal de seguridad del Parlamento en la plantilla interna y que se está realizando el mismo proceso para los empleados del servicio de conductores; pide al secretario general que informe a la Comisión CONT sobre las experiencias adquiridas en dicho proceso y sobre los posibles ahorros que supondrá;

82.

Observa con preocupación que el personal de los comedores no recibe una retribución acorde con las horas que figuran en su contrato en las semanas en que los diputados al Parlamento trabajan fuera de este, como las semanas de circunscripción o de sesión plenaria en Estrasburgo y que a buen número de ellos se les aplica la jornada reducida con el consiguiente perjuicio para su vida laboral y sus ingresos; pide al secretario general que presente una solución negociada con el proveedor de servicios de restauración que garantice a los empleados la regularidad de sus horarios y de su remuneración cada semana;

83.

Toma nota de que a finales de 2015 trabajaban en el Parlamento 1 813 asistentes parlamentarios acreditados (APA), frente a los 1 686 del año anterior; pide que se preste especial atención a los derechos de los APA y los asistentes locales, cuyos contratos están directamente vinculados al mandato del diputado al Parlamento al que prestan asistencia, teniendo en cuenta que los APA son personal estatutario ya que firman un contrato de trabajo con el Parlamento mientras que los asistentes locales están cubiertos por las distintas legislaciones nacionales;

84.

Lamenta que el informe de evaluación de la aplicación del estatuto de los APA no haya sido presentado a la Comisión CONT antes de finales de 2016 tal y como se solicitaba en la Resolución de la aprobación de la gestión de 2014, y que tampoco haya sido presentado hasta la fecha de hoy;

85.

Señala que, en los casos de acoso o de denuncia de irregularidades, los APA se encuentran en una posición especialmente vulnerable, ya que sus contratos se basan en la confianza mutua entre el diputado y su asistente; la ausencia de esta confianza constituye, en sí misma, motivo para rescindir el contrato; por otra parte, si el diputado se ve obligado a dimitir por daños a su reputación derivados de casos de delitos penales u otras infracciones, ello conlleva, por lo general, la rescisión de los contratos de todos sus asistentes; pide, por tanto, el refuerzo inmediato de la representación de los APA en el Comité Consultivo sobre el Acoso, para garantizar el equilibrio de género tal y como ya solicitó en el marco de la aprobación de la gestión de 2013 y 2014; pide a la Mesa que destine fondos adecuados para cubrir los gastos de viaje y estancia de los APA demandantes, que a menudo no cuentan con los medios necesarios para viajar a Bruselas personalmente y presentar su caso ante el Comité Consultivo sobre el Acoso; pide también que, en la próxima revisión del Estatuto de los funcionarios, se estudie la posibilidad de adoptar medidas de compensación económica para los APA a fin de garantizar la igualdad de trato de los APA y el reconocimiento de su especial vulnerabilidad en los casos de acoso o denuncia de irregularidades;

86.

Acoge satisfactoriamente la intención de la administración de iniciar el proceso de adaptación de las indemnizaciones globales para las misiones en Estrasburgo que reciben los APA, que son significativamente inferiores a las de los funcionarios fijos; insiste en que esta adaptación debe basarse en una metodología de cálculo transparente y directamente relacionada con la reciente revisión al alza de los umbrales para las dietas y el alojamiento de los funcionarios fijos; hace hincapié asimismo en que debe introducirse la indización automática de las dietas para futuras revisiones;

87.

Lamenta que la Mesa no haya respondido a las solicitudes realizadas por el Parlamento en sus Resoluciones sobre la aprobación de la gestión de 2013 y de 2014 para que se apliquen a los APA las mismas dietas diarias que al resto del personal; pide al secretario general que, antes de efectuar cambio alguno, facilite una estimación de los costes adicionales que entrañaría este ajuste; destaca, entre tanto, que los actuales límites máximos de reembolso de los gastos de misión de los APA no se han ajustado desde 2009 y que la discrepancia entre los APA y otros funcionarios ha seguido aumentando hasta al menos el 40 % tras la introducción de nuevos límites máximos aprobados por el Consejo el 9 de septiembre de 2016 y aplicados hasta la fecha únicamente a los funcionarios desde el 10 de septiembre de 2016; pide, por lo tanto, a la Mesa que adopte las medidas necesarias para corregir esta desigualdad;

88.

Lamenta profundamente el hecho de que el período de empleo de un APA en caso de fallecimiento o renuncia de su diputado finalice al final del mes civil pertinente; hace hincapié en que esto podría suponer que un APA no cuente con ningún día de preaviso si el mandato del diputado acaba el último día de un mes determinado; pide que esta situación inaceptable se solucione en la próxima revisión del Estatuto de los funcionarios, vinculando los plazos de preaviso con un plazo determinado, como cuatro semanas, y no con los meses civiles; pide asimismo a la Mesa que introduzca sin demora medidas temporales que puedan ofrecer una solución provisional a este problema antes de que tenga lugar dicha revisión legal;

89.

Expresa su preocupación por la presunta práctica por la que los diputados obligan a los APA a llevar a cabo misiones, en particular a Estrasburgo, sin órdenes de misión, sin gastos de misión o simplemente sin gastos de viaje; opina que dicha práctica se presta a abusos: si los APA viajan sin una orden de misión no solo deben pagar los gastos con sus propios recursos, sino que tampoco están cubiertos por el seguro del lugar de trabajo; pide a la Mesa que garantice la aplicación adecuada del Estatuto de los funcionarios y que sancione a los diputados que incumplan las normas;

90.

Toma nota de que los becarios tienen descuentos de 0,50 EUR en los platos principales en todos los restaurantes de autoservicio en Bruselas y Luxemburgo y de 0,80 EUR en Estrasburgo; sin embargo, teniendo en cuenta el nivel medio de las remuneraciones percibidas por los mismos y el alto precio aplicado desde hace dos años, considera que dichos descuentos no son suficientes para que tengan una incidencia mínimamente significativa en las economías de los becarios; pide al secretario general que se les aplique una reducción de precios consecuente con sus ingresos;

91.

Pide a la Mesa que asegure que se garantizan los derechos sociales y de pensión a los APA que hayan trabajado sin interrupción durante las dos últimas legislaturas; a este respecto, insta a la administración a que presente una propuesta que tenga en cuenta la decisión de celebrar elecciones anticipadas en 2014 y el tiempo empleado en el procedimiento para la contratación de personal, a la hora de calcular el período de diez años de servicio que requiere el Estatuto de los funcionarios;

92.

Pide a la Conferencia de Presidentes que vuelva a plantearse la posibilidad de que los APA, con arreglo al establecimiento de determinadas condiciones, acompañen a los diputados al Parlamento en las delegaciones y misiones parlamentarias oficiales, como ya han solicitado varios diputados;

93.

Pide al secretario general y a la Mesa que estudien y solucionen los problemas derivados principalmente del cambio más reciente de las condiciones referentes a los APA (como retrasos en la firma de contratos, interrupción de los contratos, elecciones europeas anticipadas, etc.), que pueden acarrear graves consecuencias para los futuros derechos laborales adquiridos de los APA; solicita que los representantes de los APA participen en la búsqueda de soluciones;

94.

Pide al Parlamento que, en aras de la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos laborales, adopte orientaciones sobre la atribución de un grado a los asistentes parlamentarios acreditados y defina claramente los puestos de trabajo, las responsabilidades y los cometidos correspondientes de cada grupo de funciones;

95.

Observa que, en 2015, cesaron en el servicio 154 miembros del personal, de los que 126 lo hicieron por jubilación, 13 por invalidez, 9 por renuncia y 6 por fallecimiento; pide al secretario general que aplique estrictamente el artículo 16, párrafo cuarto, del Estatuto de los funcionarios en lo que respecta a posibles conflictos de intereses tras el cese en el servicio en el Parlamento, en particular en casos de renuncia, puesto que resulta sorprendente que hasta ahora no se haya publicado ningún caso de posible conflicto de intereses;

96.

Toma nota con preocupación de que no se han previsto disposiciones especiales para el personal en caso de salida de un Estado miembro de la Unión; pide al secretario general, constatando que esta cuestión afecta a todas las instituciones europeas, que entable un diálogo con la Comisión a fin de garantizar que el personal británico no resulte víctima de la salida del Reino Unido y de salvaguardar sus plenos derechos estatutarios, contractuales y adquiridos;

97.

Pide una organización más eficiente de cursos de formación para adaptarlos a las necesidades específicas de los APA; señala, en particular, que la administración debe tener en cuenta el calendario de actividades parlamentarias y de los diputados y establecer horarios a medida y temas específicos;

98.

Señala que el 43 % del personal del Parlamento considera que el teletrabajo tendría un efecto positivo en su satisfacción laboral; subraya que el Parlamento es la única institución que no ha introducido el teletrabajo y un sistema de horario flexible de trabajo, mientras que ambos se aplican desde hace años en la mayor parte de las otras instituciones, especialmente en la Comisión Europea, con resultados demostrados de aumento de la productividad y de mejora de la calidad de vida de los trabajadores; toma nota de que el Parlamento introdujo el teletrabajo ocasional en octubre de 2016; pide al secretario general que informe a todos los servicios interesados, incluidos los diputados y sus asistentes, sobre la puesta en marcha de este servicio; pide igualmente que el sistema de horario flexible se incluya cuanto antes entre las prácticas laborales en el Parlamento;

99.

Pide al Parlamento que cambie las normas por las que se rigen los períodos de prácticas que ofrecen los diputados y los grupos políticos a fin de mejorar la situación de los aprendices y los becarios en el Parlamento, incluido un salario digno, la definición de un período de prácticas de duración limitada y un contrato de aprendizaje;

100.

Toma nota con satisfacción de que el Parlamento publica en su sitio web una lista anual completa de todos aquellos de sus contratistas que han obtenido contratos por un valor superior a 15 000 EUR, y de que en esta lista figuran el nombre y la dirección del contratista, el tipo y el objeto del contrato, su duración, su valor, el procedimiento seguido y la dirección general correspondiente;

101.

Toma nota de que esta lista supera los requisitos de transparencia establecidos en el Reglamento Financiero; anima a todas las instituciones de la Unión a que faciliten información completa de todos los contratistas y los contratos adjudicados mediante contratación pública, incluidos las adjudicaciones directas y los procedimientos restringidos;

102.

Suscribe la conclusión del Tribunal de que las instituciones de la Unión deben crear un único depósito público de información relacionada con sus contratos públicos para garantizar una transparencia efectiva y posibilitar el seguimiento ex post de sus actividades de contratación;

103.

Señala que, pese a anteriores peticiones de mejora, el servicio que ofrece la agencia de viajes del Parlamento sigue siendo insatisfactorio, ya que los precios son relativamente altos y la agencia no ha logrado negociar acuerdos con las principales compañías aéreas para obtener mejores tarifas y más flexibilidad al realizar preparativos de viaje;

104.

Pide a la agencia que procure de manera activa ofrecer precios más bajos sea cual sea la compañía aérea de que se trate; solicita que la agencia establezca un proceso de información de retorno (encuestas de satisfacción del usuario) con miras a identificar los ámbitos en los que se podrían introducir más mejoras;

105.

Toma nota de que el déficit actuarial estimado del fondo voluntario de pensiones había aumentado a 276,8 millones EUR a finales de 2015; toma nota, además, de que, a finales de 2015, el importe de los activos netos que debían tenerse en cuenta y el compromiso actuarial ascendían a 155,5 millones EURy 432,3 millones EUR, respectivamente;

106.

Recuerda que estos pasivos futuros previstos están repartidos a lo largo de varias décadas, pero toma nota de que el importe total abonado en 2015 por el fondo voluntario de pensiones asciende a 15,8 millones EUR;

107.

Observa que esto suscita preocupación acerca del posible agotamiento del fondo y que el Parlamento es el garante del pago de los derechos de pensión en caso de que el fondo no pueda cumplir sus obligaciones;

108.

Pide de nuevo a la Mesa que evalúe lo antes posible la situación actual del fondo de pensiones;

109.

Recuerda el apartado 112 del informe de aprobación de la gestión del año pasado (5), en el que se pedía una evaluación de la situación actual del fondo de pensiones; lamenta que aún no se haya presentado dicha evaluación;

110.

Recuerda que el Tribunal de Justicia resolvió en 2013 que era válida la decisión de retrasar la edad de jubilación para los suscriptores del fondo de 60 a 63 años, con el fin de evitar el agotamiento temprano del capital y de adaptarlo al nuevo Estatuto de los diputados al Parlamento;

111.

Considera que, mientras que los fondos de pensiones nacionales por lo general tienen que atenerse a unas normas estrictas y no se les permite en ningún caso tener déficit actuarial, el fondo voluntario de pensiones presenta actualmente un déficit actuarial del 64 % del compromiso actuarial, por lo que pide al secretario general que presente a la Mesa un plan de acción exhaustivo para evitar el agotamiento temprano del fondo;

112.

Lamenta que, al seleccionar las entidades financieras con las que colabora para gestionar sus pagos y su contabilidad, el Parlamento no preste atención a las políticas de responsabilidad social empresarial de dichas instituciones, y pide al secretario general que vele por que, en el futuro, el Parlamento colabore principalmente con entidades financieras que cuenten con políticas de inversión centradas en la sostenibilidad y otros aspectos de la responsabilidad social de las empresas;

113.

Hace hincapié en que en 2015 el Parlamento tenía depositados por término medio 106,25 millones EUR en cuentas bancarias que no generaban intereses de ningún tipo; pide al secretario general que examine si es necesario disponer de un volumen tan elevado de liquidez y, en particular, que mejore la gestión de la tesorería a este respecto y, si es posible, que halle posibles vías para mejorar la rentabilidad de dichos depósitos;

114.

Se declara satisfecho con la aplicación de las orientaciones estratégicas 2014-2019 de la DG ITEC; considera que se están introduciendo muchos cambios en el entorno de trabajo electrónico de los diputados y del personal, si bien las implicaciones de estos cambios, incluidas las nuevas posibilidades que ofrecen, son relativamente poco conocidas y se están desarrollando principalmente en el seno de la DG ITEC; pide una cooperación más estrecha entre la DG ITEC y la DG COMM para mejorar la comunicación interna y externa sobre las numerosas innovaciones que ya han sido introducidas o pronto lo serán;

115.

Es consciente de los esfuerzos de la DG ITEC para mejorar el número de resultados referidos a páginas web del Parlamento en el motor de búsqueda de Google; opina asimismo, no obstante, que el motor de búsqueda del propio sitio web del Parlamento también debería proporcionar resultados pertinentes, de forma que los usuarios puedan utilizar directamente el portal del sitio para encontrar con rapidez las páginas web que buscan; expresa su preocupación por el hecho de que en estos momentos este motor de búsqueda no funcione de manera adecuada, y pide al secretario general que solucione rápidamente este problema, que persiste desde hace tiempo;

116.

Observa con preocupación que en el ámbito de responsabilidades de la DG ITEC, los gastos en que se incurre para la adquisición de nuevos equipos informáticos suponen anualmente más de 35 millones EUR y que no hay una política clara de contratación sostenible desde los puntos de vista ambiental y social, y pide al secretario general que elabore un plan de acción a este respecto con el fin de asegurarse de que en el futuro todas las licitaciones incluyan criterios ambientales y sociales para la selección de equipos;

117.

Pide a la DG ITEC que haga accesibles todas las páginas web del Parlamento desde dispositivos portátiles, ya que, a pesar de que la mayoría de los usuarios de estas páginas accede a las páginas del Parlamento y de los comités especializados mediante iPads o teléfonos móviles, las interfaces existentes no pueden considerarse compatibles con los dispositivos portátiles; recomienda que se apliquen medidas que permitan mejorar considerablemente y en un plazo razonable la accesibilidad a las páginas web desde dispositivos portátiles;

118.

Considera esencial para el mandato de los diputados que siga habiendo impresoras en sus despachos; señala que los cartuchos genéricos baratos pueden dar lugar a niveles peligrosos de emisiones de partículas y perjuicios para la salud; pide, por tanto, que la DG ITEC y la Dirección General de Infraestructuras y Logística (DG INLO) promuevan la adquisición de impresoras respetuosas con el medio ambiente y que garanticen el uso exclusivo de cartuchos originales, dando asimismo la opción a los diputados y al personal de tener las impresoras situadas estratégicamente cerca pero no en el interior de sus despachos;

119.

Toma nota de que en su reunión del 7 de septiembre de 2015 la Mesa aprobó una política en materia de seguridad de los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación («política de seguridad en materia de TIC»); hace hincapié en que, en el contexto global actual, es de urgente necesidad implantar una política de seguridad en materia de TIC considerablemente más robusta que aborde por completo la gestión de los riesgos asociados a la ciberseguridad; celebra, a este respecto, el nombramiento de un responsable de la ciberseguridad del Parlamento;

120.

Reitera la petición formulada en su Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2014 de que se cree un sistema de alerta rápida de emergencia que permita a la DG ITEC, en colaboración con la Dirección General de Seguridad y Protección (DG SAFE), enviar comunicaciones urgentes por SMS o correo electrónico a los diputados y miembros del personal que quieran formar parte de una lista de distribución que se utilice en situaciones de emergencia concretas;

121.

Felicita a la DG ITEC por la instalación de redes wifi en los edificios del Parlamento; observa, no obstante, que el wifi del hemiciclo de Estrasburgo no es fiable, especialmente cuando durante los turnos de votaciones y los debates prioritarios muchos diputados lo utilizan simultáneamente; pide al secretario general que adopte las medidas de subsanación necesarias al respecto;

122.

Acoge con satisfacción que algunas reuniones públicas de las delegaciones interparlamentarias se estén ya retransmitiendo por «webstreaming»; pide al secretario general que continúe reforzándose y ampliándose este servicio así como los contenidos de las páginas web de las delegaciones;

123.

Señala que la estrategia inmobiliaria a medio plazo de 2010 se encuentra actualmente en proceso de revisión; pide que se extienda esta estrategia a una perspectiva a más largo plazo y que incluya un estudio de las probables consecuencias de la salida del Reino Unido;

124.

Acoge con satisfacción el hecho de que a partir de 2019 vaya a aumentar el espacio de oficinas para los diputados y sus asistentes en Estrasburgo; pide al secretario general que vele por que, mientras no se haya encontrado una solución para que el Parlamento tenga un único lugar de trabajo, se garantice el número mínimo de metros cuadrados por asistente de conformidad con la normativa en vigor relativa a las condiciones de trabajo, dado que en estos momentos el Parlamento incumple deliberadamente dichas normas sobre el espacio mínimo y su posición es, por tanto, vulnerable;

125.

Lamenta profundamente la puesta en marcha de un procedimiento para el cambio de muebles de los despachos de los diputados y sus asistentes en Bruselas y pide que se paralice inmediatamente; considera y constata que la mayoría de estos muebles son perfectamente utilizables y presentables y que por consiguiente no existe razón alguna para cambiarlos; considera que unas meras comunicaciones de algunos diputados —y no una encuesta general— no son por sí mismas una justificación suficiente para el cambio, y que los argumentos de la administración sobre cuestiones de gusto, moda o antigüedad son asimismo insuficientes; un mueble solo debe sustituirse cuando haya señales manifiestas de deterioro, un fuerte desgaste o un riesgo para la salud en el lugar de trabajo de carácter específico o general (como la posible producción de sillas de oficina más ergonómicas); señala que, en un período de crisis económica, que ha dado lugar a las actuales circunstancias de restricciones financieras, esta preocupación por las apariencias podría comprometer gravemente la credibilidad del Parlamento y sus diputados, en particular de cara a los ciudadanos y la opinión pública;

126.

Reconoce que, de conformidad con las decisiones de la Mesa de 2013 y 2015, los nuevos contratos de restauración no prevén subvenciones directas procedentes del presupuesto del Parlamento; le preocupa, no obstante, que determinados servicios se ofrecieran en 2015 a precios superiores a los del mercado; se refiere, en este contexto, al café servido durante las reuniones; observa que los precios se revisaron en agosto de 2016;

127.

Lamenta profundamente los criterios arbitrarios, subjetivos y desproporcionados aplicados en el procedimiento de contratación de conductores y en la internalización de este servicio iniciada en 2016 por razones de seguridad; lamenta que en el procedimiento no se hayan tenido en cuenta las competencias y la experiencia adquiridas por los conductores durante años de trabajo en contacto directo con los diputados y la relación de confianza establecida con ellos, ni tampoco que los conductores hayan quedado sin trabajo, muchos de ellos ya con una edad en la que es difícil encontrar un empleo;

128.

Expresa su preocupación acerca del problemático diálogo social entre la DG INTE y los representantes de los intérpretes, que comenzó en enero de 2014 y hasta ahora no ha desembocado en un acuerdo; pide al secretario general que inicie un proceso de mediación entre las partes a fin de mejorar la comprensión mutua de las posiciones respectivas y encontrar soluciones aceptables para todos;

129.

Expresa su satisfacción ante los avances conseguidos en el proceso de modernización de la DG INTE, en particular con respecto a la mayor disponibilidad de intérpretes, el incremento moderado en el número de horas que los intérpretes pasan en labores de interpretación y la mejor distribución de las cargas de trabajo de los intérpretes; constata que se ha aclarado el método de cálculo en lo relativo a las estadísticas, y que todas las vacaciones anuales y las bajas por enfermedad se han excluido del cálculo del promedio de horas que los intérpretes pasan en la cabina;

130.

Solicita al secretario general que facilite información sobre las medidas tomadas desde la aprobación de la Resolución sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 2014 para lograr mayor eficiencia y eficacia de los recursos en la organización de reuniones simplificando la gestión de conferencias en el Parlamento;

131.

Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos para garantizar la seguridad y la protección en los locales del Parlamento y sus inmediaciones; reconoce que la seguridad en el Parlamento exige un delicado equilibrio entre garantizar la seguridad tomando en consideración determinadas medidas de protección e implantar un régimen excesivamente centrado en la seguridad y que ralentice la actividad del Parlamento; insiste, no obstante, en que es preciso reforzar más la seguridad del Parlamento, y pide al secretario general que vele por que el personal reciba la formación correcta y pueda realizar sus tareas de manera profesional también en situaciones de emergencia;

132.

Pide al secretario general que vele por el mantenimiento activo de la cooperación con las demás instituciones de la Unión junto con la cooperación con las autoridades belgas, francesas y luxemburguesas;

133.

Pide a la DG ITEC y a la DG SAFE que refuercen las capacidades de ciberdefensa a la luz de la creciente amenaza de ciberataques en los últimos meses;

134.

Recuerda que la Mesa puso en marcha el proyecto de sistema de gestión medioambiental (EMAS) en el Parlamento el 19 de abril de 2004; toma nota de que en 2016 la Mesa aprobó una política ambiental revisada que mantiene y reafirma el compromiso del Parlamento de seguir realizando mejoras desde el punto de vista ambiental;

135.

Acoge con satisfacción la instalación del servicio de ayuda interinstitucional en materia de contratación pública ecológica, que ahora debe aplicarse plenamente fijando objetivos claros en este ámbito y redoblando los esfuerzos en materia de información interna, promoción y gobernanza efectiva en lo relativo a la contratación pública ecológica; subraya asimismo que los proveedores de servicios subcontratados también deben cumplir las normas; lamenta, a este respecto, el elevado uso de botellas, tazas, recipientes y envases de plástico en el Parlamento;

136.

Recuerda que el Parlamento se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 antes de 2020 en un 30 % por ETC con respecto a los niveles de 2006; celebra que, entre 2006 y 2015, este indicador haya descendido en aproximadamente un 24,3 %;

137.

Considera de suma importancia, por tanto, que el Parlamento se fije nuevos objetivos más ambiciosos y cuantitativos y que los servicios competentes los midan periódicamente; se remite en este contexto a la Decisión de la Mesa de 2015 de compensar el total de las emisiones de carbono del Parlamento, incluidas las de los vuelos de los diputados entre su país de origen y los lugares de trabajo del Parlamento;

138.

Recuerda el compromiso contraído por el Parlamento en virtud de la Directiva 2012/27/EU del Parlamento Europeo y del Consejo (6) sobre eficiencia energética, que establece que «sin perjuicio de las normas presupuestarias y de contratación pública aplicables», se comprometerá «a aplicar a los edificios que [tiene] en propiedad y [ocupa] los mismos requisitos que se aplican a los edificios de las administraciones centrales de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y 6» de dicha Directiva, debido a la gran visibilidad de los edificios y el destacado papel que debe desempeñar con respecto al rendimiento energético de los edificios; hace hincapié en el carácter urgente del cumplimiento de esta declaración, no en último lugar en beneficio de su propia credibilidad en relación con las revisiones en curso de las directivas sobre el rendimiento energético de los edificios y sobre la eficiencia energética;

139.

Pide a la Mesa que estudie un plan de incentivos para fomentar que el personal utilice métodos de transporte más eficientes y sostenibles en sus desplazamientos entre el domicilio y el trabajo;

140.

Acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento sobre la aplicación de una política global para reducir el desperdicio de alimentos; pide al Parlamento que garantice que todos los proveedores de servicios de restauración en todas las instalaciones del Parlamento eviten de manera activa el desperdicio de alimentos; pide al Parlamento que intensifique la práctica de donar para fines benéficos los alimentos no vendidos;

141.

Considera que mediante la introducción de un sistema eficiente de reserva de salas de reunión y un registro de gestión de locales se puede activar un potencial considerable en relación con los costes y los esfuerzos del Parlamento en materia medioambiental, y pide al secretario general que promueva este enfoque en consecuencia;

142.

Observa que en 2015 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 0, asignados a los grupos políticos y los diputados no inscritos, se utilizaron como sigue:

143.

Recuerda la recomendación que figura en el informe anual del Tribunal de que el Parlamento «revise el marco de control vigente para la ejecución de los créditos presupuestarios asignados a los grupos políticos y ofrezca además orientaciones más precisas gracias a un mejor seguimiento de la aplicación por los grupos de las normas de autorización y liquidación del gasto, así como de las normas de contratación»;

144.

Observa que en 2015 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 2 se utilizaron como sigue (7):

145.

Observa que en 2015 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 3 se utilizaron como sigue (8):

146.

Toma nota con preocupación de que, en los casos de la Alianza por la Democracia Directa en Europa, el Movimiento por la Europa de las Libertades y la Democracia, la Iniciativa por la Democracia Directa en Europa y la Fundación por la Europa de las Libertades y la Democracia, se han detectado irregularidades graves relativas a financiación prohibida directa o indirecta de partidos nacionales y a donaciones;

147.

Expresa su preocupación por el riesgo que suponen dichas irregularidades para la reputación del Parlamento y está convencido de la necesidad de actuar con presteza y eficacia para prevenir y rectificar ese tipo de irregularidades en el futuro; considera, sin embargo, que estas irregularidades solo se han producido respecto de un número limitado de partidos políticos y fundaciones; opina que dichas irregularidades no deben poner en cuestión la gestión financiera de los demás partidos políticos y fundaciones;

148.

Es consciente de las nuevas normativas, concretamente el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 y el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1142/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014 (9), que comenzarán a afectar a la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas en el ejercicio 2018, y de la importante función de la recientemente creada Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, así como de los debates en curso en la Mesa sobre las propuestas del secretario general para abordar una serie de cuestiones no resueltas por los Reglamentos mencionados; pide al auditor interno del Parlamento que elabore un nuevo informe de auditoría sobre la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas lo antes posible tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento;

149.

Cree que es fundamental en este sentido estudiar cualquier posible deficiencia en el actual sistema de controles internos y externos para evitar irregularidades graves; toma nota de las declaraciones del contable externo, EY, en el sentido de que sus auditorías tienen por objeto obtener una garantía razonable de que las cuentas anuales están exentas de inexactitudes importantes y de que la entidad ha cumplido con las normas y los reglamentos aplicables, y comprenden el análisis, mediante pruebas, de los elementos que justifican su dictamen; toma nota, no obstante, de que sus análisis no incluyen la investigación de posibles declaraciones y documentos fraudulentos y de que, por tanto, proporcionan una visión algo limitada de las actividades financieras examinadas;

150.

Se muestra especialmente preocupado por la escasez de recursos humanos en la DG FINS (en la práctica, dos ETC) para la verificación de las cuentas de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas; cree firmemente que, en vista del elevado riesgo para la reputación de la institución, deben destinarse más recursos a esta tarea;

151.

Pide a la Mesa que, en la medida en que lo permita el principio de confidencialidad, facilite el acceso a los documentos de base incluidos en los informes finales de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea y, en particular, las cuentas y las auditorías realizadas;

152.

Pide a la nueva Autoridad que presente al Parlamento un informe sobre los progresos realizados tras su primer año de actividad, es decir, 2017; y pide al secretario general que vele por que la Autoridad tenga a su disposición todos los recursos que necesita para desempeñar sus cometidos;

29.9.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 252/22

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Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015 (1),

—

Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 [COM(2016) 475 — C8-0271/2016] (2),

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones (3),

—

Vista la declaración (4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

—

Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0131/2017),

1.

Aplaza su decisión de aprobación de la gestión del secretario general del Consejo en la ejecución del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo para el ejercicio 2015;

2.

Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.

Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

29.9.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 252/23

—

Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II Consejo Europeo y Consejo,

—

Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0131/2017),

A.

Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de la aprobación de la gestión subraya la importancia particular de seguir reforzando la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión, mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento, y la buena gobernanza de los recursos humanos;

29.9.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 252/26

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015 (1),

—

Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 [COM(2016) 475 — C8-0269/2016] (2),

—

Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 [COM(2016) 674] y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe [SWD(2016) 338 y SWD(2016) 339],

—

Visto el informe de la Comisión de gestión anual y rendimiento del presupuesto de la UE para 2015 [COM(2016) 446],

—

Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe [SWD(2016) 322],

—

Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones (3), y los Informes Especiales del Tribunal de Cuentas,

—

Vista la declaración (4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05876/2017 — C8-0037/2017),

—

Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (5), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

—

Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.

Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.

Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015;

2.

Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III — Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015 (6);

3.

Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

29.9.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 252/28

—

Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III — Comisión,

—

Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2015,

—

Vistos los artículos 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2) («Normas de desarrollo»),

—

Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.

Considerando que Europa se enfrenta a una crisis de confianza en sus instituciones y que cada una de las instituciones de la Unión debe aceptar su propia parte de responsabilidad por esta situación, la cual obliga al Parlamento a ser especialmente riguroso al examinar las cuentas de la Comisión;

B.

Considerando que las instituciones y los Estados miembros de la Unión deben mejorar su política de comunicación en el sentido de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre los resultados alcanzados mediante el presupuesto de la Unión y de su valor añadido;

C.

Considerando que el Parlamento debe mostrarse firmemente comprometido con las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión relativas a cómo se gasta el presupuesto de la Unión y a cómo protege la Unión sus intereses;

D.

Considerando que las instituciones de la Unión deben trabajar para crear un sistema presupuestario de la Unión que sea sólido y resiliente, pero también flexible tanto en períodos de estabilidad como en períodos difíciles;

E.

Considerando que la política de cohesión aporta un claro valor añadido, pues mejora la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión al ser una política fundamental de solidaridad y una fuente esencial de inversión pública;

F.

Considerando que las instituciones de la Unión han de tener una visión clara y consensuada de qué prioridades políticas y bienes públicos de la Unión deben financiarse en primer lugar para responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos y colmar las lagunas de nuestras políticas;

G.

Considerando que el gasto de la Unión, aunque no represente más que el 1 % de la RNB de la Unión, es un instrumento importante para la consecución de los objetivos de las políticas europeas, que se sirve del valor añadido europeo y representa, por término medio, el 1,9 % del gasto total de las administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión;

H.

Considerando que, a pesar de que los porcentajes del presupuesto de la Unión correspondientes a a) la parte del gasto total agregado de los Estados miembros y b) elementos no contabilizados/malgastados/desperdiciados de ese presupuesto son reducidos, las sumas efectivas en cuestión son considerables y, por lo tanto, justifican un control exhaustivo;

I.

Considerando que, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión tiene la responsabilidad última en relación con la ejecución del presupuesto de la Unión, mientras que los Estados miembros están obligados a cooperar lealmente con la Comisión para garantizar que los créditos se utilizan de conformidad con el principio de buena gestión financiera;

J.

Considerando que, cuando el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión, comprueba si los fondos se han utilizado correctamente o no y si se han alcanzado o no los objetivos de las políticas;

1.

Observa que la duración de siete años del marco financiero plurianual actual no está sincronizada con los mandatos de cinco años del Parlamento y de la Comisión, y que de hecho provoca desfases también entre el presupuesto para el ejercicio financiero y la aprobación de la gestión de este; señala, por otra parte, que ni el ciclo de planificación estratégica de diez años ni la Estrategia Europa 2020 se ajustan tampoco al ciclo de siete años previsto para la gestión del presupuesto de la Unión; considera que este desfase es una de las causas de una importante deficiencia de la gobernanza política de la Unión, dado que el Parlamento y la Comisión están vinculados por acuerdos previos sobre objetivos políticos y finanzas, lo que podría hacer pensar que las elecciones europeas son irrelevantes en este contexto;

2.

Observa que en 2015 el presupuesto de la Unión debía apoyar la consecución de los objetivos de dos programas políticos a largo plazo, a saber:

pero también tuvo que responder a varias situaciones de crisis: los refugiados, la inseguridad en Europa y sus países vecinos, la inestabilidad financiera en Grecia y el impacto económico del veto ruso a las exportaciones, además del prolongado impacto de la crisis financiera con sus secuelas estructurales de paro, pobreza y desigualdad;

3.

Observa que las políticas de la Unión pueden tener diferentes objetivos a corto, medio y largo plazo, cuya realización no puede por consiguiente ser determinada por un único marco financiero plurianual; considera que sería conveniente reflexionar acerca de un nuevo equilibrio entre la definición de la agenda política, la ejecución de las políticas y los marcos financieros;

4.

Lamenta que el régimen presupuestario transitorio no ofrezca el sistema ideal para la transposición de las aspiraciones políticas y sociales en objetivos operativos útiles para los programas y planes de gasto;

5.

Señala que en 2020 se presentará la oportunidad de adecuar la estrategia y la elaboración de políticas a largo plazo al ciclo presupuestario, y recomienda que se no se deje pasar dicha oportunidad;

6.

Manifiesta su preocupación por que, según el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») (3), en 2015 el porcentaje del gasto del presupuesto de la Unión dedicado al clima fue solo del 17,3 %, y el promedio para el período 2014-2016 fue solo del 17,6 %, mientras que el objetivo a alcanzar era, al menos, el 20 % del gasto a lo largo de todo el período de financiación; resalta, por lo tanto, que según el Tribunal existe un grave riesgo de que no se alcance el objetivo del 20 % si no se realiza un esfuerzo mayor en la lucha contra el cambio climático;

7.

Señala, además, que el objetivo del 20 % del gasto relacionado con el clima se decidió antes del Acuerdo de París; está convencido de que deben realizarse más esfuerzos para hacer que el presupuesto de la Unión se destine aún más a la lucha contra el cambio climático; destaca, por otra parte, que la revisión del marco financiero plurianual brinda una excelente oportunidad para garantizar que se alcance el objetivo del 20 % del gasto en medidas relacionadas con el cambio climático y para prever un posible aumento de este umbral en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la Unión en el marco de la COP21;

8.

Acoge favorablemente el concepto de la planificación presupuestaria basada en el rendimiento puesto en marcha por la Comisión; considera que el presupuesto de la Unión debería ser más eficiente y eficaz que nunca dada la escasez de recursos financieros; lamenta, sin embargo, que la Comisión se concentre más en las realizaciones que en los resultados;

9.

Apoya la sugerencia formulada por el Tribunal en su Documento informativo, de 28 de octubre de 2016, sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual (puntos 39 y 40), en el que afirma que ha llegado la hora de que la Comisión explore otras opciones, como por ejemplo:

10.

Pide a la Comisión que incluya en el orden del día de la próxima reunión de expertos sobre un presupuesto centrado en los resultados las sugerencias formuladas por el Tribunal en los puntos 39 y 40 de su mencionado Documento informativo, de 28 de octubre de 2016, y en las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel sobre recursos propios con el fin de preparar la próxima conferencia de la iniciativa «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados», en la que los ámbitos políticos en los que se debe utilizar el presupuesto de la Unión se debatirán antes de tomar decisiones sobre el marco financiero;

11.

Suscribe todas las recomendaciones que el Tribunal formula en su Informe Especial n.o 31/2016, en especial la relativa a que la Comisión debe explorar todas las oportunidades potenciales, incluidas la revisión intermedia del marco financiero plurianual y la revisión de ciertas bases jurídicas, para garantizar una verdadera orientación a la acción por el clima; pide al Tribunal que emita un informe de seguimiento sobre el gasto del presupuesto de la Unión relacionado con el clima antes de finales de 2018;

12.

Pide a la Comisión que aproveche más las oportunidades que presenta la reserva de eficacia dentro del marco jurídico existente, con el fin de crear un auténtico impulso financiero que mejore eficazmente la gestión financiera; solicita, además, un refuerzo de la reserva de eficacia como instrumento, mediante el aumento del componente vinculado a la eficacia en el próximo marco legislativo;

13.

Pide a la Comisión que oriente sus prioridades hacia la consecución de la Estrategia Europa 2020 utilizando los instrumentos del Semestre Europeo;

14.

Pide a la Comisión que esboce las prioridades políticas para el período financiero que da comienzo en 2021, y que presente el texto al Parlamento en una fase temprana;

15.

Lamenta que la Comisión no realizase una revisión completa de la Estrategia Europa 2020 con el fin de garantizar su ejecución en el marco de la «Agenda estratégica para la Unión en tiempos de cambio» adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2014, como prevé esta agenda;

16.

Pide a la Comisión que tome en consideración el Acuerdo de París y que aumente inmediatamente el objetivo de gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la Unión del 20 al 30 %;

17.

Pide a la Comisión que elabore los próximos presupuestos de la Unión con vistas a hacerlos más eficientes y eficaces y ajustarlos mejor a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, los objetivos climáticos de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión;

18.

Señala que muchos de los mecanismos financieros de apoyo a las políticas de la Unión no son financiados directamente por el presupuesto de la Unión ni se registran en su balance; observa que entre ellos se encuentran la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Europeo de Inversiones vinculado al Banco Europeo de Inversiones;

19.

Observa que otros mecanismos están parcialmente registrados en el balance de la Unión, como la financiación combinada y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

20.

Señala el recurso cada vez mayor a instrumentos financieros compuestos principalmente por préstamos, instrumentos de capital, garantías e instrumentos de riesgo compartido en gestión indirecta durante el período 2014-2020, y observa además que el Grupo del Banco Europeo de Inversiones gestionó prácticamente todos los instrumentos financieros en régimen de gestión indirecta; considera insuficiente la información disponible para evaluar lo que se ha conseguido con dichos instrumentos, sobre todo en lo tocante a su impacto social y medioambiental; subraya que los instrumentos financieros pueden complementar las subvenciones pero no deben reemplazarlas;

21.

Constata que, lamentablemente, el mayor recurso a esos instrumentos financieros, así como a los instrumentos financieros en gestión compartida (instrumentos de ingeniería financiera), presenta mayores riesgos no solo para que el presupuesto europeo siga siendo un instrumento creíble y suficiente tanto para los objetivos actuales como para los futuros, sino también para la rendición de cuentas y para la coordinación de las políticas y operaciones de la Unión; subraya que la potenciación del recurso a instrumentos financieros debe ir precedida de una evaluación general de sus resultados, logros y eficacia; remite a los Informes Especiales del Tribunal (4) en los que se afirmaba que los instrumentos financieros no funcionan como se esperaba, están sobredimensionados o no consiguen atraer capital privado;

22.

Advierte a la Comisión de que los instrumentos financieros o dispositivos de financiación no están necesariamente vinculados a los objetivos y metas políticos de la Unión y pueden financiar proyectos que no se corresponden con los compromisos de la Unión;

23.

Señala que el lanzamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas ha repercutido en el retraso de la puesta en marcha del Mecanismo «Conectar Europa» y que incidirá también en la utilización de otros instrumentos financieros.

24.

Insta a la Comisión a que proponga medidas para que los dispositivos de financiación de la Unión para la ejecución del presupuesto de la UE —que incluyen en la actualidad diferentes herramientas y combinaciones entre ellas, como por ejemplo programas, Fondos Estructurales y de inversión, fondos fiduciarios, fondos de inversiones estratégicas, fondos de garantía, facilidades, instrumentos financieros, instrumentos de ayuda macrofinanciera, etc.— sean más claros, simples y coherentes y estén mejor equipados para garantizar un grado suficiente de transparencia, rendición de cuentas, eficacia y comprensión por parte de la ciudadanía de las modalidades de financiación de las políticas de la Unión y qué ventajas aportan; lamenta que la propuesta de un nuevo Reglamento Financiero a partir de septiembre de 2016 no aborde estos problemas como debiera;

25.

Pide a la Comisión que revise la evaluación ex ante para el instrumento de deuda del Mecanismo «Conectar Europa» a la luz de la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y que presente además al Parlamento una evaluación del impacto de este Fondo en otros programas e instrumentos financieros de la Unión;

26.

Solicita al Tribunal que evalúe la contribución de los instrumentos financieros y dispositivos de financiación (enumerados en el apartado 24) a la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que adopte todas las medidas pertinentes para garantizar que los instrumentos financieros y cualquier dispositivo de financiación son compatibles con la estrategia, los objetivos y los compromisos adoptados por la Unión;

27.

Celebra la intención del comisario Oettinger de reintegrar, a largo plazo, los diversos presupuestos alternativos en el marco del presupuesto de la Unión; considera que ello daría un importante espaldarazo a la rendición de cuentas democrática; está firmemente convencido de que este problema debe resolverse lo antes posible, pero a más tardar antes de que finalice el próximo período de programación financiera; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto antes de noviembre de 2017;

28.

Lamenta los importantes retrasos registrados en la utilización de los Fondos Estructurales en el período 2007-2013; observa que, a finales de 2015, seguía pendiente de pago el 10 % del total de los 446 200 millones EUR asignados a todos los programas operativos aprobados;

29.

Subraya que esta situación puede suponer de hecho un problema importante y mermar la eficacia de los Fondos Estructurales y de inversión europeos, ya que el importe que representa la contribución de la Unión no solicitada, junto con la cofinanciación exigida, sobrepasa en algunos Estados miembros el 15 % del gasto total de las administraciones públicas, considerando los dos últimos períodos financieros 2007-2013 y 2014-2020;

30.

Observa con preocupación que, a finales de 2015, en cinco Estados miembros (República Checa, Italia, España, Polonia y Rumanía) y principales beneficiarios se acumulaban más de la mitad de los créditos de compromiso no utilizados de los Fondos Estructurales que no dieron lugar a pagos en el período de programación 2007-2013, siendo atribuible el retraso a distintos motivos (falta de capacidad y asistencia administrativa, falta de recursos nacionales para cofinanciar operaciones europeas, retraso en la presentación de los programas regionales para el marco financiero plurianual 2014-2020 etc.);

31.

Señala que una novedad de este marco financiero plurianual es que los importes no utilizados situados por debajo del límite máximo de pagos y de compromisos aumentan automáticamente la flexibilidad de los ejercicios siguientes;

32.

Destaca que el nivel de compromisos en 2015 fue más elevado que el de los ejercicios anteriores y se ajustaba al límite global (el 97,7 % del importe disponible);

33.

Señala que, en 2015, las tres cuartas partes del gasto operativo se destinaron a regímenes que operan con arreglo a las normas del anterior MFP, a saber, subvenciones a los agricultores en 2014, proyectos de cohesión y proyectos de investigación del Séptimo Programa Marco, iniciado en 2007;

34.

Considera inaceptable que, a finales de 2015, los Estados miembros hubieran designado a menos del 20 % de las autoridades nacionales responsables de los Fondos Estructurales y de inversión europeos, con excepción del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, cuando dicha designación es un paso necesario para que las autoridades de los Estados miembros puedan presentar declaraciones de gastos a la Comisión; opina que las importantes novedades introducidas para el período 2014-2020 generan problemas administrativos a pesar de los esfuerzos de simplificación;

35.

Señala que las dificultades al completar los procedimientos de evaluación del cumplimiento en relación con el nuevo sistema de gestión y control, que generalmente se verifican al inicio del período de programación, son una causa importante de los retrasos en la absorción;

36.

Observa que la recesión económica mundial, que tiene un impacto directo en forma de medidas de restricción presupuestaria que se aplican a los presupuestos públicos y dificultades para obtener financiación interna, es también una causa principal de los retrasos en la absorción;

37.

Lamenta profundamente que, en consecuencia, exista el riesgo de que los retrasos en la ejecución presupuestaria para el período de programación 2014-2020 sean superiores a los del período 2007-2013; teme que el próximo marco financiero plurianual pueda iniciarse con un nivel sin precedentes de compromisos pendientes de liquidación, lo cual podría poner en peligro la gestión del presupuesto de la Unión durante los primeros años; espera que la Comisión haya sacado conclusiones al respecto para evitar que se produzcan retrasos similares en el futuro;

38.

Observa que, en marzo de 2015, la Comisión aprobó un plan de pagos en el que presentaba medidas a corto plazo para reducir el nivel de facturas pendientes de pago, pero señala que, si bien esas medidas tienen por objeto mejorar la gestión del flujo de tesorería a corto plazo, el elevado nivel de compromisos pendientes requiere una perspectiva a más largo plazo así como una evaluación en profundidad de las causas en origen (dificultades administrativas y operativas, restricciones macroeconómicas, etc.) con el fin de establecer una estrategia eficaz para evitarlas en el futuro;

39.

Subraya que la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea podría crear problemas respecto al modo en que se gestiona el presupuesto de la Unión, especialmente en relación con los pagos; señala la necesidad de tratar este elemento crucial en cualquier acuerdo de transición o definitivo con cualquier Estado miembro que se retire de la Unión;

40.

Pide a la Comisión que adopte medidas para cumplir estrictamente las normas y los plazos en relación con los compromisos pendientes, entre las que figuren:

41.

Reitera que la Comisión debe fijar anualmente una previsión actualizada de flujo de tesorería a largo plazo que abarque un período de siete a diez años y que cubra los límites máximos presupuestarios, las necesidades en materia de pagos, las limitaciones de la capacidad y posibles liberaciones de créditos con el fin de ajustar mejor los fondos disponibles a las necesidades de pago;

42.

Pide a la Comisión que, en su gestión presupuestaria y financiera, tenga presentes las limitaciones de la capacidad y las condiciones socioeconómicas específicas en varios Estados miembros, dada la situación crítica en la que se encuentran algunos de ellos; le pide asimismo que utilice todos los instrumentos disponibles de asistencia técnica y el nuevo Programa de Apoyo a la Reforma Estructural para apoyar a estos Estados miembros, con el fin de evitar la infrautilización de los fondos y de aumentar las tasas de absorción, especialmente en el ámbito de los Fondos Estructurales y de inversión europeos;

43.

Reitera la necesidad de unas normas y procedimientos simplificados y claros, tanto a nivel nacional como de la Unión, con el fin de facilitar el acceso de los beneficiarios a los fondos de la Unión y garantizar una buena gestión de dichos fondos por parte de los servicios administrativos; cree que esta simplificación contribuirá a acelerar la asignación de fondos, aumentar el índice de absorción, incrementar la eficacia y la transparencia, disminuir los errores de aplicación y acortar los plazos de pago; considera que es preciso conseguir un equilibrio entre la simplificación y la estabilidad de las normas y los procedimientos; observa que, en cualquier caso, proporcionar información y directrices suficientes a los posibles solicitantes y beneficiarios es una condición necesaria para el éxito de la ejecución;

44.

Pide a la Comisión que se abstenga de realizar nuevos recortes a la asistencia técnica de la que dispone y que proponga un plan de acción para una absorción eficaz y puntual, con especial hincapié en aquellos Estados miembros y regiones que se están quedando atrás y tienen bajas tasas de absorción;

45.

Lamenta que, en el marco de la gestión compartida, hasta finales de 2015 solo se hubiera pagado el 75 % (5) de las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera para el período de programación 2007-2013 a los beneficiarios finales (un 57 % a finales de 2014 y un 37 % a finales de 2012) y que la tesorería depositada en instrumentos de gestión indirecta siguiera siendo elevada (1 300 millones EUR en 2015, 1 300 millones EUR en 2014, 1 400 millones EUR en 2013);

46.

Observa con preocupación que los importes no utilizados de los instrumentos financieros siguen siendo relativamente elevados, concentrándose el 80 % de ellos en cinco Estados miembros a finales de 2014 (de los cuales Italia constituía el 45 % del total); considera conveniente que la Comisión lleve a cabo una evaluación global de dichos instrumentos antes de finales de 2018, a fin de sopesar si deben prorrogarse al próximo período de programación financiera;

47.

Solicita que la Comisión recupere los saldos de efectivo no utilizados en los instrumentos financieros de gestión compartida y los fondos no utilizados en los instrumentos financieros de gestión indirecta de anteriores marcos financieros plurianuales cuyos períodos de subvencionabilidad hayan expirado.

48.

Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión favorable sobre la fiabilidad de las cuentas de 2015, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que haya concluido que los ingresos estaban exentos de errores significativos en 2015; observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

49.

Lamenta profundamente que, por vigesimosegundo año consecutivo, los pagos estuvieran significativamente afectados por errores atribuibles a la eficacia solo parcial de los sistemas de supervisión y control;

50.

Lamenta que, a pesar de la mejora, el porcentaje de error más probable de los pagos sea del 3,8 %; recuerda que el porcentaje de error más probable para los pagos se estimó en un 4,4 % en el ejercicio 2014, en un 4,7 % en el ejercicio 2013, en un 4,8 % en el ejercicio 2012 y en un 3,9 % en el ejercicio 2011;

51.

Destaca que, si bien la situación ha mejorado en los últimos años, el porcentaje de error más probable se sigue situando muy por encima del límite de importancia relativa del 2 %; subraya que si la Comisión, las autoridades de los Estados miembros o los auditores independientes hubiesen utilizado toda la información de la que disponían, habrían podido evitar, o detectar y corregir, una proporción significativa de errores antes de que se efectuaran los pagos correspondientes; considera inaceptable que no se utilice la información de que se dispone para cometer menos errores; está firmemente convencido de que los Estados miembros desempeñan un papel crucial a este respecto; insta a los Estados miembros a que utilicen toda la información de la que disponen para prevenir, detectar y corregir cualquier error y actuar en consecuencia;

52.

Lamenta que, a raíz de un cambio en el marco jurídico de la política agrícola común en 2015, el Tribunal ya no incluya la condicionalidad en su verificación de las operaciones, lo cual dificulta la comparación con el ejercicio financiero anterior; señala que, en 2014, esos errores contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales al nivel global de error estimado para la rúbrica 2 del marco financiero plurianual «Recursos naturales», mientras que entre 2011 y 2014 su contribución anual al nivel global de error estimado fue de 0,1 a 0,2 puntos porcentuales;

53.

Constata con preocupación que, si no se hubieran aplicado a los pagos auditados por el Tribunal las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros y la Comisión, el nivel global de error estimado habría sido del 4,3 % en vez del 3,8 %;

54.

Observa que el tipo de gestión tiene un impacto limitado en el nivel de error, ya que el Tribunal detecta prácticamente el mismo nivel de error estimado en los gastos en gestión compartida con los Estados miembros (un 4,0 %) que en los gastos gestionados directamente por la Comisión (3,9 %);

55.

Señala que el Tribunal detectó los niveles de error estimados más elevados en los gastos en las rúbricas «Cohesión económica, social y territorial» (con el 5,2 %) y «Competitividad para el crecimiento y el empleo» (con el 4,4 %), mientras que los gastos en «Administración» presentaban el nivel de error estimado más bajo (con el 0,6 %); subraya que, en general, los errores no constituyen fraude; recomienda que el Tribunal comience a elaborar un informe especial en el que examine y compare estos ámbitos con vistas a producir un documento conciso sobre «mejores prácticas»;

56.

Observa que los diferentes perfiles de riesgo de los regímenes de reembolso y de los regímenes de derechos tuvieron una gran influencia en el nivel de error en los distintos ámbitos de gasto; constata que el nivel de error es del 5,2 % cuando la Unión reembolsa los costes admisibles de actividades subvencionables sobre la base de las declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios, mientras que es del 1,9 % cuando, en lugar de reembolsarse los costes, los pagos se realizan si se cumplen determinadas condiciones; recomienda que el Tribunal examine y compare estos ámbitos con vistas a elaborar un informe especial sobre las mejores prácticas.

57.

Observa que, en comparación con la situación en 2014, el importe de los pagos en situación de riesgo, determinado por la Comisión en su informe de gestión anual y rendimiento del presupuesto de la UE para 2015 [COM(2016) 446], disminuyó alrededor de un 10 % debido principalmente a la reducción del importe en riesgo notificado en el ámbito de la agricultura;

58.

Destaca que la Comisión reconoce que el gasto está afectado por un nivel significativo de error, ya que, según su informe de gestión anual y rendimiento para 2015, el importe en situación de riesgo se sitúa entre 3 300 y 4 500 millones EUR, lo que representa entre el 2,3 % y el 3,1 % de los pagos; observa que la Comisión calcula que, en años venideros, detectará y corregirá errores por un importe situado entre 2 100 y 2 700 millones EUR;

59.

Conviene con el Tribunal en que la metodología de la Comisión para estimar el importe con riesgo de error ha mejorado a lo largo de los años, pero que las estimaciones de las distintas direcciones generales respecto del nivel de gasto irregular no se basan en una metodología coherente (véase el apartado 1.38 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015); recomienda que se regularice y normalice esta práctica tan pronto como sea posible;

60.

Observa que, pese a las mejoras introducidas, la Comisión no ha eliminado el riesgo de que se sobrevalore el impacto de las medidas correctoras;

61.

Señala, en particular, que, durante más de tres trimestres de 2015, las direcciones generales de la Comisión basaron su estimación del importe en riesgo en datos facilitados por las autoridades nacionales, cuando, según los informes anuales de actividad de las direcciones generales de la Comisión correspondientes, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) y la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), la fiabilidad de los informes de control de los Estados miembros sigue siendo problemática, pese a que ha mejorado la comunicación de información por parte de los Estados miembros; considera inaceptable que los Estados miembros no cooperen de manera leal con la Comisión en lo que respecta a los informes de control y su fiabilidad;

62.

Subraya que la carga que supone el control para los usuarios finales disminuiría si se adoptase un enfoque de «auditoría única», según el cual una auditoría europea no se llevaría a cabo de manera separada, sino que se basaría en auditorías nacionales. Sin embargo, dicha línea de rendición de cuentas solo sería posible si las auditorías nacionales fuesen adecuadas y si la Comisión y los Estados miembros acordasen los principios y las interpretaciones; pide a la Comisión que se muestre proactiva a este respecto mediante la publicación de directrices;

63.

Considera que la aprobación de la gestión debería depender de la realización de las mejoras necesarias en gestión financiera a nivel de Estado miembro; señala que, en este contexto, el instrumento de las declaraciones nacionales podría ayudar a conseguir una mayor responsabilidad y apropiación a nivel nacional;

64.

Señala que debido a la especificidad de la programación plurianual y a la complejidad y acumulación de las reglas regionales, nacionales y de la Unión que se aplican al procedimiento presupuestario, y puesto que se pueden corregir los errores más de diez años después de que se hayan producido, resulta artificial basar el impacto estimado de las correcciones futuras en las correcciones registradas durante los seis últimos años;

65.

Subraya, en este contexto, que, si la Comisión confiara en la eficacia de su capacidad correctora, los directores generales no formularían ninguna reserva financiera en sus informes anuales de actividad;

66.

Señala que, según la Comisión (6), las correcciones financieras y recuperaciones aplicadas ascendieron a un total de 3 900 millones EUR; observa que el Tribunal las clasificó en tres categorías: 1 200 millones EUR en correcciones y recuperaciones en la fuente que se aplicaron antes de que la Comisión aceptara el gasto (en agricultura, cohesión y gestión directa/indirecta); 1 100 millones EUR en deducciones aplicadas por los Estados miembros una vez aceptados los gastos, sustituyendo importes no subvencionables por nuevos proyectos de cohesión; 1 600 millones EUR en correcciones netas (en agricultura y gestión directa/indirecta);

67.

Hace hincapié en que, cuando existe un riesgo elevado de irregularidad, la mejor práctica consiste en examinar el riesgo y cuantificar el nivel y el posible impacto; lamenta que en el informe de la Comisión a este respecto se preste una gran atención a la «capacidad correctora» en lugar de a la cuantificación y el análisis de la naturaleza de los errores que detecta, y a la adopción de medidas preventivas pertinentes para evitar tales errores; señala, en particular, que las comunicaciones de la Comisión sobre la protección del presupuesto de la Unión no ofrecen una estimación del nivel de irregularidad presente en las solicitudes de reembolso iniciales o aprobadas;

68.

Comparte la opinión expresada por el Tribunal en su Informe Especial n.o 27/2016 en el sentido de que la distinción introducida por la reforma Kinnock-Prodi entre «la responsabilidad política de los comisarios» y la responsabilidad operativa de sus directores generales significa que no siempre ha quedado claro si la «responsabilidad política» incluye la asunción de responsabilidades por la ejecución del presupuesto de las direcciones generales, o si es algo diferente (véase el punto 5 del resumen del Informe Especial n.o 27/2016 del Tribunal);

69.

Señala que el Colegio de Comisarios no asume responsabilidades por las cuentas anuales elaborando un prólogo o un informe del presidente o del comisario responsable del presupuesto, y que la Comisión no elabora una declaración anual sobre gobernanza ni sobre control interno, en consonancia con las mejores prácticas y las prácticas habituales en los Estados miembros;

70.

Pide una vez más a la Comisión y a los Estados miembros que adopten procedimientos eficaces para confirmar el calendario, el origen y el importe de las medidas correctoras, y que presenten información que concilie en la medida de lo posible el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el ejercicio de presentación de las recuperaciones o de las correcciones financieras resultantes en las notas que acompañan a las cuentas;

71.

Pide de nuevo a la Comisión que presente cada año una verdadera «declaración de fiabilidad» única, basada en los informes anuales de actividad de los directores generales y que elabore sus propias estimaciones estadísticas del nivel de error; pide a la Comisión que evalúe por separado el importe de los fondos de la Unión que prevé recuperar como recuperaciones o correcciones financieras vinculadas al ejercicio 2015;

72.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis pormenorizado de los denominados «proyectos retrospectivos», es decir, la práctica de desplazar al programa operativo regional proyectos ya iniciados por las autoridades con otros recursos con vistas a completar o sustituir medidas o proyectos que presentan dificultades operativas o han resultado irregulares, y que dicho análisis incluya las evaluaciones ex ante, para comprobar que los proyectos de sustitución responden a los objetivos previstos;

73.

Pide a la Comisión que añada a sus estados financieros una declaración anual sobre gobernanza y control interno que incluya, en particular:

y que en su comunicación sobre la protección del presupuesto de la Unión ofrezca una estimación del nivel de irregularidad presente en las solicitudes de reembolso iniciales o aprobadas;

74.

Pide a los Estados miembros que proporcionen datos fiables a la Comisión, especialmente en lo relativo a los informes de control;

75.

Respalda las reservas formuladas en sus informes anuales de actividad por los directores generales de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI); considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

76.

No ve motivo para que, al igual que en años anteriores, el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) haya vuelto a formular una reserva general respecto de todos los pagos y solicitudes de reembolso de costes en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación; pide a la Comisión que adopte por fin un enfoque más pertinente y basado en los riesgos y que recurra a reservas específicas cuando sea necesario.

77.

Señala que el informe de gestión anual y rendimiento para 2015 combina dos informes anteriores: el informe de evaluación elaborado de conformidad con el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el informe de síntesis requerido por el artículo 66, apartado 9, del Reglamento Financiero;

78.

Celebra que el informe proporcione, para cada una de las líneas presupuestarias, información sobre los avances en la ejecución de los programas del marco financiero plurianual 2014-2020 y datos sobre los resultados de los programas del marco financiero plurianual 2007-2013, al tiempo que presenta los vínculos con la Estrategia Europa 2020;

79.

Lamenta que en el llamado «informe de evaluación» se confundan, por una parte, las descripciones de actividades con los resultados y, por otra parte, se pretenda evaluar el impacto de las políticas y hacer promesas para el futuro;

80.

Recuerda que los Estados miembros no están obligados a incluir indicadores comunes en sus programas, con excepción de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y que las evaluaciones basadas en resultados no forman parte de la fase de control inicial en los Estados miembros;

81.

Lamenta que, en lugar de simplificar sus instrumentos de gobernanza interna, la Comisión haya añadido un nuevo plan estratégico plurianual para cada servicio de la Comisión sobre la base de objetivos generales comunes que abarcan las diez prioridades políticas de la Comisión Juncker y que apoyan los objetivos de Europa 2020 y las obligaciones derivadas del Tratado;

82.

Reitera su petición de una concentración temática, como se recoge en su informe de aprobación de la gestión del presupuesto del año 2014; pide a la Comisión que estudie en qué medida la concentración temática podría contribuir a la simplificación y a una disminución de la carga normativa y de la carga que representan los controles;

83.

Pide a la Comisión que apruebe su informe de gestión anual y rendimiento a su debido tiempo, de manera que el Tribunal pueda tenerlo presente en su informe anual; insiste en que la información que se facilite en este informe ha de ser lo más objetiva posible y contener una evaluación global de los resultados alcanzados por la Comisión con sus políticas en el ejercicio precedente; pide a la Comisión que reflexione sobre la necesidad de definir un período de programación política a largo plazo, como la Estrategia Europa 2020, de diez años de duración;

84.

Llama la atención sobre la necesidad de que el proceso de establecer indicadores de rendimiento sea transparente y democrático e implique a todas las instituciones, socios e interesados de la Unión afectados, para que los indicadores sean adecuados para medir la ejecución del presupuesto de la Unión, así como para responder a las expectativas de los ciudadanos de la Unión;

85.

Pide a la Comisión que en sus próximos informes de rendimiento evalúe mejor las realizaciones y resultados de cada política; pide a la Comisión que presente de manera clara y sintética la contribución de las políticas europeas a la consecución de los objetivos de la Unión y que evalúe sus contribuciones respectivas a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

86.

Recuerda que Horizonte 2020 es un programa vasto y ambicioso cuyo objetivo general descansa sobre tres prioridades: la excelencia científica, el liderazgo industrial y los retos sociales;

87.

Observa que la Comisión Juncker aprobó diez prioridades políticas para el período 2014-2019, que no equivalen exactamente a las prioridades de la Estrategia Europa 2020; señala que ello da lugar a que el marco jurídico y la dotación presupuestaria de Horizonte 2020 sean reflejo de la estrategia Europa 2020, mientras que, a la hora de ejecutar Horizonte 2020, la Comisión ha reorientado desde 2014 sus mecanismos de planificación estratégica y gestión en función de las diez prioridades políticas;

88.

Lamenta que, hasta la fecha, la Comisión no haya definido la relación entre las dos series de prioridades, y pide a la Comisión que aclare estos vínculos;

89.

Subraya que un factor esencial para el éxito de Horizonte 2020 es que se produzcan sinergias y complementariedades eficaces entre los programas de investigación e innovación nacionales y europeos; observa que la Comisión tiene la intención de analizar el impacto y las sinergias entre Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de inversión europeos en el contexto de la evaluación intermedia de Horizonte 2020;

90.

Toma nota de los dos ejemplos de complementariedades entre programas de investigación nacionales y de la Unión recogidos en el Informe Anual del Tribunal de 2015 y de que las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Bulgaria y Portugal consideraron que, aunque hay aspectos en que los programas de investigación europeos y nacionales son complementarios en sus países, también existen algunos problemas a escala nacional en lo tocante a los indicadores relacionados con Horizonte 2020 en el marco de planes de acción y estrategias nacionales y algunos problemas de coordinación e interacción entre todos los intervinientes de Horizonte 2020 a escala nacional (7); toma nota, además, de que Bulgaria fue el primer Estado miembro que utilizó de manera voluntaria el mecanismo de apoyo a las políticas de Horizonte 2020 y anima a la Comisión a seguir apoyando a los Estados miembros que necesitan modernizar sus sectores de investigación e innovación;

91.

Recuerda que el marco jurídico de Horizonte 2020 introduce varios elementos importantes para la gestión del rendimiento, como objetivos e indicadores clave de rendimiento; destaca que, globalmente, los objetivos e indicadores acordados representan una mejora real con respecto a programas marco anteriores;

92.

Señala la persistencia de algunas deficiencias en los indicadores de rendimiento utilizados en Horizonte 2020, como

93.

Lamenta que el Tribunal constate que la Comisión no está utilizando los programas de trabajo de Horizonte 2020 y las convocatorias de propuestas relacionadas con ellos para reforzar la necesaria atención al rendimiento (9);

94.

Constata con satisfacción que, por lo que respecta a las propuestas y los acuerdos de subvención examinados por el Tribunal, se prestó suficiente atención al rendimiento en los objetivos, cuando así lo exigió la Comisión, al igual que ocurrió con el proceso de evaluación de esas propuestas;

95.

Lamenta que, en los distintos programas de trabajo que impulsan Horizonte 2020 y en las convocatorias de propuestas relacionadas, el recurso al concepto más amplio de «impacto esperado» en vez de «resultado previsto» agrave el riesgo de que la información facilitada para esta sección sea demasiado amplia y la evaluación del rendimiento de Horizonte 2020 sea difícil de agregar (10);

96.

Manifiesta su preocupación por que la Comisión no use siempre del mismo modo conceptos esenciales del rendimiento (como «realización», «efectos», «resultados» e «impacto»);

97.

Lamenta que el Tribunal haya constatado que la configuración actual no permite a la Comisión supervisar y notificar por separado el gasto y los resultados de investigación y desarrollo (I + D) y de innovación en el marco de Horizonte 2020; lamenta, además, que, aunque la contribución financiera de Horizonte 2020 en el marco de Europa 2020 está bien establecida en el proceso presupuestario a través de las fichas de programas publicadas, la Comisión aún no haya presentado un informe adecuado sobre la ejecución de Horizonte 2020 y su contribución a Europa 2020; pide a la Comisión que informe adecuadamente sobre la ejecución de Horizonte 2020 y su contribución a Europa 2020 a medida que disponga de los resultados del programa;

98.

Sugiere que debería otorgarse más importancia al papel de los puntos de contacto nacionales para poder proporcionar asistencia técnica de calidad in situ; considera que las evaluaciones anuales de resultados, las formaciones y el estímulo de los puntos de contacto nacionales eficaces aumentarán la tasa de éxito del programa Horizonte 2020;

99.

Pide a la Comisión que presente, en sus futuros informes de rendimiento, la contribución de Horizonte 2020 a Europa 2020 de una manera clara y exhaustiva;

100.

Lamenta las observaciones del Tribunal según las cuales muchos de los objetivos utilizados en los planes de gestión y los informes anuales de actividad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), la Dirección General de Acción por el Clima (DG CLIMA), la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENVI) y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) se tomaron directamente de textos estratégicos o legislativos y no eran lo suficientemente detallados para ser utilizados con fines de gestión y seguimiento.

101.

Pide a la Comisión que:

102.

Celebra que los datos generales de la auditoría del Tribunal indiquen que los ingresos no están afectados por un nivel significativo de error y, en particular, que los sistemas examinados se consideren eficaces en los recursos propios basados en la RNB y el IVA, que los sistemas examinados se consideren en general eficaces en el caso de los recursos propios tradicionales, pese a que los controles internos clave de los Estados miembros visitados por el Tribunal se consideraron parcialmente eficaces, y que la verificación de las operaciones por el Tribunal no haya puesto de manifiesto errores;

103.

Recuerda que una reserva constituye un dispositivo que ofrece la posibilidad de mantener sujeto a corrección algún punto dudoso de los datos RNB presentados por un Estado miembro, y celebra que el Tribunal no detectara problemas graves en las reservas suprimidas analizadas en 2015;

104.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a los avances realizados para mejorar la fiabilidad de los datos RNB de Grecia, aún no se hayan suprimido las reservas; observa que se trata de la única reserva general que seguía pendiente a finales de 2015 y que se refería a los ejercicios 2008 y 2009;

105.

Observa que, por lo que respecta a los derechos de aduana, el Tribunal constata que la metodología utilizada para los controles efectuados para comprobar que los importadores respetan la reglamentación en materia de aranceles e importaciones (que incluyen auditorías de las inspecciones posteriores al despacho aduanero), la calidad y los resultados obtenidos difieren entre los distintos Estados miembros; señala que el Tribunal destacó la interrupción del período de caducidad de tres años en Francia para las notificaciones de deuda, práctica que difiere de las de otros Estados miembros y da lugar a un trato diferente de los operadores económicos en la Unión (11);

106.

Observa que, por lo que respecta a los recursos propios, a finales de 2015 la Comisión también tenía una lista de 325 puntos pendientes relacionados con el incumplimiento de las normas aduaneras de la Unión que se detectaron en el curso de las inspecciones en los Estados miembros;

107.

Señala que, por lo que respecta a las declaraciones de los derechos de aduana y las cotizaciones sobre el azúcar, el Tribunal detectó deficiencias en la gestión de los títulos de crédito (conocidos como «contabilidad B») en los Estados miembros, y que la Comisión detectó deficiencias similares en diecisiete de los veintidós Estados miembros visitados;

108.

Subraya que el Tribunal detectó riesgos en relación con el cobro de la deuda aduanera de empresas registradas fuera de la Unión o de ciudadanos de terceros países y que, en algunos casos, varios Estados miembros fueron incapaces de cobrar deudas de ciudadanos o empresas con sede en Bielorrusia, las Islas Vírgenes Británicas, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania;

109.

Destaca que el impacto de las importantes revisiones de los saldos RNB podría haber sido menor si hubiera existido una política de revisión común en la Unión que armonizase el calendario de las revisiones más importantes;

110.

Lamenta la persistencia de los aspectos estructurales y jurídicos responsables del incidente político que se produjo a finales de octubre de 2014 en relación con las contribuciones de algunos Estados miembros;

111.

Pide a la Comisión que:

112.

Señala que la Comisión aceptó emprender nuevas acciones sobre 88 peticiones formuladas por el Parlamento en su Resolución adjunta a la Decisión sobre la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión para el ejercicio 2014;

113.

Observa que, según la Comisión, en el caso de 227 peticiones del Parlamento ya se habían tomado o estaban en curso las medidas solicitadas, y que, por razones relacionadas con el marco jurídico y presupuestario actual o con su papel institucional o sus prerrogativas, la Comisión no podía aceptar 35 peticiones del Parlamento Europeo;

114.

Lamenta que las respuestas de la Comisión sigan siendo vagas y ambiguas en algunos casos;

115.

Celebra la gestión de la Comisión para dar seguimiento a cinco de los seis compromisos principales;

116.

Insiste, no obstante, en que la Comisión debe impartir instrucciones a todas sus direcciones generales para que publiquen en sus informes anuales de actividad respectivos todas las recomendaciones específicas por país que hayan emitido en el contexto del Semestre Europeo (sexto compromiso);

117.

Pide a la Comisión que reconsidere su posición, en particular por lo que respecta a la fiabilidad de los datos transmitidos por los Estados miembros, la transparencia en lo tocante a los beneficiarios finales de los fondos de la Unión, la transparencia de las actividades del Comité de Ética, la lucha contra la corrupción y la reforma de las estructuras administrativas de las Escuelas Europeas;

118.

Condena firmemente que la Comisión no sienta la necesidad de seguir publicando el informe sobre la lucha contra la corrupción de la Unión; está convencido de que, independientemente de las intenciones de la Comisión en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, esta cancelación de última hora envía el mensaje equivocado no solo a los Estados miembros sino también a los ciudadanos; reitera su opinión de que la corrupción sigue siendo un problema para la Unión y los Estados miembros, y de que, sin unas medidas contra la corrupción efectivas, merma el rendimiento económico, el Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas dentro de la Unión; pide a la Comisión que termine y publique el informe sobre la lucha contra la corrupción de 2016, que actúe de manera rápida y rigurosa para eliminar la corrupción en los Estados miembros y las instituciones de la Unión y que ordene una evaluación independiente de las normas contra la corrupción en las propias instituciones de la Unión;

119.

Reitera firmemente su petición a la Comisión de que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables tomando como base los requisitos establecidos en el Programa de Estocolmo para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar las políticas de lucha contra la corrupción de los Estados miembros; invita a la Comisión a desarrollar un índice de corrupción con el fin de clasificar a los Estados miembros; opina que este índice de corrupción podría proporcionar a la Comisión una base sólida sobre la cual establecer sus mecanismos de control específicos para cada país para controlar el gasto de los recursos de la Unión;

120.

Toma nota de que, a pesar de la reiterada tasa de error, así como los retrasos en su ejecución y cierre, en la evaluación ex post del Séptimo Programa Marco, realizada por un grupo de expertos de alto nivel (13), se considera que este programa ha sido un éxito; observa que el grupo de alto nivel subrayó, en particular, que el Séptimo Programa Marco:

121.

Lamenta que durante la consulta pública de las partes interesadas, celebrada en el marco de la evaluación del Séptimo Programa Marco entre febrero y mayo de 2015, se señalaran las siguientes deficiencias:

122.

Lamenta profundamente que, con toda probabilidad, no se vaya a alcanzar el objetivo de invertir de aquí a 2020 el 3 % del producto interior bruto (PIB) de los Estados miembros en investigación; considera, por lo tanto, que deberían detenerse los recortes recurrentes en el presupuesto de la Unión en relación con los programas de investigación; pide a todos los Estados miembros que hagan frente a este desafío; pide asimismo a la Comisión que saque las conclusiones necesarias para una revisión intermedia del marco financiero plurianual y para el próximo marco financiero plurianual;

123.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos de la Unión por la Innovación: a mediados de 2014 se habían respetado o estaban en curso todos los compromisos;

124.

Celebra asimismo que la cuota de fondos de Horizonte 2020 asignados a las pequeñas y medianas empresas aumentara del 19,4 % en 2014 al 23,4 % en 2015, y recomienda que se impulse activamente esta tendencia;

125.

Considera inaceptable que la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) no haya respetado la petición del Parlamento de que las direcciones generales de la Comisión publiquen en sus informes anuales de actividad todas sus recomendaciones específicas por país; toma nota con preocupación de la limitada representatividad territorial de los 20 proyectos más importantes de Horizonte 2020.

126.

Señala que en el capítulo 5 del Informe anual del Tribunal se examinan los pagos en los siguientes ámbitos: investigación (10 400 millones EUR), educación, formación, juventud y deporte (1 800 millones EUR), espacio (1 400 millones EUR), transporte (1 300 millones EUR), otros programas y acciones (1 100 millones EUR), energía (500 millones EUR) y competitividad de las empresas y pequeñas y medianas empresas (COSME) (300 millones EUR); observa, por tanto, que el 62 % del gasto se destina a la investigación;

127.

Toma nota de que la responsabilidad en lo relativo a la aplicación de los programas marco de investigación es compartida entre varias direcciones generales de la Comisión, agencias ejecutivas, empresas comunes y los llamados «organismos del artículo 185» (asociaciones con los Estados miembros), lo cual exige una estrecha coordinación;

128.

Aclara que la auditoría del Tribunal se centró casi exclusivamente en los pagos correspondientes al Séptimo Programa Marco;

129.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que en el informe anual de actividad de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) se indique que a finales de 2015 aún no se habían finalizado 1 915 proyectos del Séptimo Programa Marco por valor de 1 630 millones EUR; observa que esta situación podría retrasar la aplicación de Horizonte 2020;

130.

Destaca que el Tribunal considera que los sistemas de control y supervisión para la investigación y otras políticas internas son «parcialmente eficaces»;

131.

Muestra su preocupación por el hecho de que, en 2015, 72 (el 48 %) de las 150 operaciones auditadas por el Tribunal estuvieran afectadas por errores; observa que, sobre la base de los 38 errores que cuantificó el Tribunal, este estima que el porcentaje de error es del 4,4 %; observa, además, que en 16 casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información para evitar o bien detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos; señala que, si se hubiera utilizado toda esta información para corregir los errores, el nivel estimado de error para este capítulo habría sido un 0,6 % más bajo;

132.

Lamenta que, en 10 de las 38 operaciones sujetas a errores cuantificados, el Tribunal comunicara errores superiores al 20 % de los elementos examinados; observa que estos diez casos (nueve del Séptimo Programa Marco de Investigación y uno del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013) representan el 77 % del nivel estimado de error global para «Competitividad para el crecimiento y el empleo» en 2015;

133.

Lamenta que la mayoría de los errores cuantificados detectados por el Tribunal (33 de 38) consistieran en el reembolso de gastos indirectos y de personal no subvencionables declarados por los beneficiarios, y observa que casi todos los errores que el Tribunal detectó en las declaraciones de gastos se debían a la interpretación errónea de las complejas normas de subvencionabilidad por parte de los beneficiarios o al cálculo incorrecto de los gastos subvencionables, lo que lleva a la conclusión evidente de que es necesario simplificar estas normas;

134.

Celebra que, según el Tribunal, el cumplimiento de las normas de contratación pública mejorara significativamente;

135.

Se pregunta por qué, al igual que en años anteriores, el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) ha vuelto a emitir una reserva general respecto de todas las solicitudes de reembolso de costes en el marco del Séptimo Programa Marco (1 470 millones EUR); opina que, globalmente, las reservas generales no pueden considerarse un instrumento de buena gestión financiera; reconoce, sin embargo, que ciertas partes del gasto efectuado en el marco del Séptimo Programa Marco no estaban cubiertas por una reserva si se consideraba probado que los riesgos (y por tanto las tasas de error residuales) eran significativamente más bajos que para el conjunto de los gastos; señala que en investigación y desarrollo tecnológico, esto se aplica a los gastos de algunas empresas comunes; señala que fuera de la Dirección General de Investigación e Innovación, esto se aplica también al gasto de la Agencia Ejecutiva de Investigación en el marco del programa Marie Curie y al conjunto del gasto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación;

136.

Manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología no participara en 2015 en el Centro Común de Apoyo para investigación e innovación;

137.

Muestra su preocupación por el hecho de que, tal como ha afirmado el comisario competente, el Séptimo Programa Marco no se habrá ejecutado y evaluado plenamente antes de 2020, lo que podría provocar retrasos en los futuros programas de seguimiento; insta a la Comisión a publicar el informe de evaluación tan pronto como sea posible y, a más tardar, antes de que presente el programa de investigación para después de Horizonte 2020.

138.

Observa que, en el marco de Horizonte 2020, hasta finales de 2015 tan solo se efectuaron pagos de anticipos; advierte a la Comisión de que un inicio tardío de los proyectos de Horizonte 2020 podría retrasar la ejecución del programa; advierte de que no deben producirse retrasos financieros al final del programa;

139.

Manifiesta su preocupación por las conclusiones del Tribunal según las cuales, a pesar del desarrollo paralelo de programas plurianuales que establecen objetivos políticos, como Europa 2020 u Horizonte 2020, no existe un verdadero vínculo entre ellos (14);

140.

Lamenta, por otra parte, que el primer informe de seguimiento Horizonte 2020 contenga solo información muy limitada sobre los efectos de las sinergias entre el programa y los Fondos Estructurales (15); pide a la Comisión que informe sobre los efectos de las sinergias a medida que disponga de los resultados del programa;