29.6.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 171/1

(1)

Los precios fijados en muchos instrumentos financieros y contratos financieros dependen de la exactitud e integridad de los índices de referencia. Una serie de casos graves de manipulación de los índices de referencia de tipos de interés, como el Líbor y el Euríbor, y denuncias sobre la manipulación de índices de referencia en los sectores de la energía, el petróleo y las divisas demuestran que los índices de referencia pueden estar sujetos a conflictos de intereses. El uso de la discrecionalidad, así como ser utilizados por regímenes de gobernanza poco estricta, incrementa la vulnerabilidad de los índices frente a las manipulaciones. Los fallos en cuanto a la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia, o las dudas sobre tal exactitud e integridad, pueden minar la confianza de los mercados, originar pérdidas a los consumidores e inversores y falsear la economía real. Por ello, es necesario garantizar la exactitud, solidez e integridad de los índices de referencia y de su proceso de determinación.

(2)

La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece una serie de disposiciones sobre la fiabilidad de los índices utilizados como referencia para fijar el precio de un instrumento financiero cotizado. La Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece una serie de disposiciones en relación con los índices de referencia utilizados por los emisores. La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) establece una serie de requisitos por lo que atañe a la utilización de índices de referencia por los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). El Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) establece una serie de disposiciones que prohíben la manipulación de los índices utilizados como referencia en relación con los productos energéticos al por mayor. Sin embargo, dichos actos legislativos solo regulan determinados aspectos de algunos índices de referencia, sin abordar todas las vulnerabilidades de la elaboración de todos los índices de referencia ni abarcar todos los usos de los índices de referencia financieros en el sector financiero.

(3)

Los índices de referencia son vitales para fijar los precios de las operaciones transfronterizas y favorecer así un funcionamiento eficaz del mercado único en relación con una amplia gama de instrumentos y servicios financieros. Muchos índices utilizados como tipos de referencia en los contratos financieros, en particular en las hipotecas, se elaboran en un Estado miembro pero los utilizan entidades de crédito y consumidores de otros Estados miembros. Además, esas entidades de crédito a menudo cubren sus riesgos u obtienen la financiación necesaria para celebrar esos contratos financieros en el mercado interbancario transfronterizo. Solo un reducido número de Estados miembros ha adoptado normas nacionales sobre los índices de referencia, pero sus respectivos marcos normativos en la materia ya muestran divergencias en relación con aspectos tales como el ámbito de aplicación. Por otra parte, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) aprobó el 17 de julio de 2013 un conjunto de principios sobre los índices de referencia financieros (en lo sucesivo, «los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros»), y el 5 de octubre de 2012 aprobó unos principios para las agencias de comunicación de precios del petróleo (en lo sucesivo, «los principios de la OICV para las agencias de comunicación de precios del petróleo») (en lo sucesivo, conjuntamente, «los principios de la OICV»), y, puesto que dichos principios prevén una cierta flexibilidad por lo que atañe a su ámbito exacto de aplicación y las modalidades de implementación, es probable que los Estados miembros adopten normas nacionales que incorporen esos principios de forma divergente.

(4)

Esa diferencia de enfoques redundaría en una fragmentación del mercado interior, pues los administradores y los usuarios de índices de referencia estarían sujetos a distintas normas en diferentes Estados miembros. Por lo tanto, cabría que los índices de referencia elaborados en un Estado miembro no pudieran utilizarse en otros Estados miembros. Sin un marco armonizado que garantice la exactitud e integridad de los índices de referencia utilizados en los instrumentos financieros y en los contratos financieros, o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, en la Unión, es previsible que las diferencias entre las leyes de los Estados miembros generen obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior de los índices de referencia.

(5)

Las normas de la Unión en materia de protección del consumidor no abordan el tema específico del suministro de información adecuada sobre los índices de referencia en los contratos financieros. Como consecuencia de reclamaciones de los consumidores y litigios por la utilización de índices de referencia en diversos Estados miembros, cabe prever que se adopten medidas divergentes a escala nacional, inspiradas en el legítimo interés de protección del consumidor, que podrían dar lugar a una fragmentación del mercado interior, debido a las diferentes condiciones de competencia conexas a diferentes niveles de protección del consumidor.

(6)

Por tanto, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior y mejorar las condiciones de tal funcionamiento, en particular por lo que se refiere a los mercados financieros, y garantizar un elevado grado de protección de los consumidores y los inversores, procede establecer un marco normativo que regule los índices de referencia a escala de la Unión.

(7)

Resulta oportuno y necesario que ese marco normativo adopte la forma de reglamento, a efectos de garantizar que se apliquen uniformemente en toda la Unión normas que impongan obligaciones directas a quienes intervengan en la elaboración, la aportación y la utilización de índices de referencia. Dado que un marco jurídico que regule la elaboración de índices de referencia comporta necesariamente medidas que especifiquen con precisión los requisitos aplicables en relación con los diferentes aspectos inherentes a dicha elaboración de índices de referencia, incluso pequeñas divergencias en alguno de esos aspectos podrían generar importantes obstáculos al ejercicio de esta actividad a escala transfronteriza. Por consiguiente, se considera que la forma de reglamento, que es directamente aplicable, reduce la posibilidad de que se adopten medidas divergentes a escala nacional y garantiza un enfoque coherente y mayor seguridad jurídica, e impide que surjan tales obstáculos.

(8)

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe ser tan amplio como resulte necesario para establecer un marco normativo preventivo. La elaboración de índices de referencia comporta una valoración discrecional y está intrínsecamente sujeta a determinados tipos de conflictos de intereses, lo que implica la posibilidad de manipular los índices, así como la existencia de incentivos para hacerlo. Dichos factores de riesgo son comunes a todos los índices de referencia, por lo que deben estar sujetos a los oportunos requisitos en materia de gobernanza y de control. No obstante, el nivel de riesgo varía, lo que requiere que se adopte un enfoque diferenciado para cada situación. La vulnerabilidad y la importancia de un índice de referencia varían en el transcurso del tiempo, de modo que restringir el ámbito de aplicación a los índices que actualmente son importantes o vulnerables no serviría para afrontar los riesgos que cualquier índice de referencia plantee en el futuro. En particular, índices de referencia cuyo uso no está muy extendido en el presente podrían utilizarse más en el futuro, de manera que cualquier manipulación mínima de los mismos podría tener efectos significativos.

(9)

El factor esencial para delimitar el ámbito de aplicación del presente Reglamento es si el valor del índice de referencia obtenido determina el valor de un instrumento financiero o un contrato financiero, o mide la rentabilidad de un fondo de inversión. Por tanto, dicho ámbito no debe depender de la naturaleza de los datos de cálculo. Consiguientemente, los índices de referencia calculados a partir de datos de cálculo económicos, como pueden ser los precios de acciones, y cifras o valores no económicos, como pueden ser parámetros atmosféricos, deben también incluirse. El marco establecido por el presente Reglamento debe reconocer también el elevado número de índices de referencia existentes y los diferentes efectos que tienen para la estabilidad financiera y la economía real. El presente Reglamento también debe ofrecer una respuesta proporcionada frente a los riesgos inherentes de los diferentes índices de referencia. Procede, por tanto, que el presente Reglamento regule los índices de referencia que se utilizan para fijar los precios de los instrumentos financieros cotizados o negociados en centros de negociación regulados.

(10)

Numerosos consumidores son parte en contratos financieros, en particular contratos de crédito garantizados por hipotecas, que tienen como referencia índices que están sujetos a los mismos riesgos. El presente Reglamento debe, por tanto, abarcar los contratos de crédito tal como se definen en las Directivas 2008/48/CE (8) y 2014/17/UE (9) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(11)

Muchos índices de inversión están afectados por importantes conflictos de intereses, y se utilizan para medir la rentabilidad de fondos tales como los fondos de tipo OICVM. Algunos de esos índices se publican y otros se ponen a disposición del público o de una parte del público, gratuitamente o a cambio de una cuota, y su manipulación puede afectar negativamente a los inversores. Por consiguiente, el presente Reglamento debe abarcar los índices o tipos de referencia que se utilizan para medir la rentabilidad de un fondo de inversión.

(12)

Todos los contribuidores de datos de cálculo para los índices de referencia pueden practicar la discrecionalidad y están potencialmente afectados por conflictos de intereses, por lo que existe el riesgo de ser fuente de manipulaciones. Realizar aportaciones para la elaboración de un índice de referencia es voluntario. Si alguna iniciativa exige que los contribuidores modifiquen sensiblemente sus modelos de negocio, aquellos podrían dejar de contribuir. No obstante, en el caso de entidades ya reguladas y supervisadas, que deben contar con sistemas de buena gobernanza y de control, cabe suponer que ello no les genere costes importantes o una carga administrativa desmesurada. En consecuencia, el presente Reglamento impone una serie de obligaciones a los contribuidores supervisados. Cuando se determina un índice de referencia sobre la base de datos fácilmente accesibles, la fuente de dichos datos no ha de considerarse un contribuidor.

(13)

Los índices de referencia financieros no se utilizan solamente para la emisión y elaboración de contratos e instrumentos financieros. El sector financiero también depende de los índices de referencia para medir la rentabilidad de un fondo de inversión con el objetivo de realizar un seguimiento del rendimiento, determinar la asignación de activos de una cartera o calcular las tasas de rendimiento. Un determinado índice de referencia puede utilizarse directamente como referencia para los instrumentos financieros y los contratos financieros, o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, o indirectamente dentro de una combinación de índices. En este último caso, también se considera utilización la fijación y revisión de la importancia que se debe conceder a los diferentes índices que componen una combinación de índices con el fin de determinar la amortización o el valor de un instrumento financiero o de un contrato financiero, así como de medir la rentabilidad de un fondo de inversión, puesto que este tipo de actividades no implican discrecionalidad, en contraposición a la actividad de elaboración de índices de referencia. La tenencia de instrumentos financieros que hagan referencia a un índice dado no se ha de considerar como utilización del índice de referencia.

(14)

Los bancos centrales ya responden a principios, criterios y procedimientos que garantizan que desempeñan su actividad con integridad e independencia. Por tanto, no es necesario que los bancos centrales estén sujetos a lo dispuesto en el presente Reglamento. Cuando los bancos centrales elaboran índices de referencia, en particular cuando dichos índices están destinados a fines de operaciones, los bancos centrales son responsables de establecer procedimientos internos adecuados que garanticen la exactitud, integridad, fiabilidad e independencia de esos índices de referencia, especialmente por lo que respecta a la transparencia en materia de gobernanza y metodología de cálculo.

(15)

Asimismo, las autoridades públicas, incluidos los institutos nacionales de estadística, no deben estar sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento cuando aporten datos para índices de referencia, elaboren dichos índices o controlen su elaboración, con fines de política pública, incluidas las medidas de empleo, actividad económica e inflación.

(16)

Un administrador es la persona física o jurídica bajo cuyo control se elabora un índice de referencia y, en particular, administra los mecanismos destinados a determinar el índice de referencia, recopila y analiza los datos de cálculo, determina el índice de referencia y lo publica. Un administrador debe poder externalizar a un tercero una o más de esas funciones, incluyendo el cálculo o la publicación del índice de referencia, o bien otros servicios y actividades pertinentes para la elaboración del índice de referencia. Sin embargo, cuando alguien simplemente publique o mencione un índice de referencia como parte de su actividad periodística, pero no ejerza control sobre la elaboración de ese índice, no debe estar sujeto a las obligaciones que el presente Reglamento impone a los administradores.

(17)

Un índice se calcula aplicando una fórmula o algún otro método, a partir de valores subyacentes. Existe un grado de discrecionalidad en la elaboración de la fórmula, la realización del cálculo necesario y la determinación de los datos de cálculo, lo que conlleva el riesgo de manipulación. Por tanto, todos los índices de referencia que respondan a esa característica de discrecionalidad deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(18)

Sin embargo, cuando se utiliza un solo precio o valor como referencia de un instrumento financiero, por ejemplo, si el valor de una sola acción u obligación constituye el precio de referencia de una opción o futuro, no ha lugar a realizar ningún cálculo, ni existen datos de cálculo ni discrecionalidad. Por consiguiente, los precios de referencia consistentes en un único precio o un único valor no deben considerarse índices de referencia a efectos del presente Reglamento.

(19)

Los precios de referencia o de liquidación proporcionados por entidades de contrapartida central (en lo sucesivo, «las ECC») no deben considerarse índices de referencia, ya que se utilizan para determinar el precio de liquidación o los márgenes, o para gestionar el riesgo, y, en consecuencia, no determinan ni el importe a pagar en relación con un instrumento financiero ni el valor de este.

(20)

La elaboración de tipos deudores por parte de prestamistas no debe considerarse un caso de elaboración de índices de referencia a efectos del presente Reglamento. Un tipo deudor elaborado por un prestamista bien se fija mediante decisión interna, bien se calcula como una horquilla o un recargo respecto de un índice (por ejemplo, el Euríbor). En el primer caso, el prestamista queda exento de lo dispuesto en el presente Reglamento por lo que respecta a la actividad en relación con los contratos financieros que celebre con sus propios clientes, mientras que en el segundo caso se considera que el prestamista es un mero usuario de un índice de referencia.

(21)

A fin de garantizar la integridad de los índices de referencia, quienes los administren deben tener la obligación de implantar mecanismos de gobernanza adecuados que permitan controlar los conflictos de intereses y mantener la confianza en que exista tal integridad. Aun cuando la gestión sea eficaz, los administradores estarán, en su mayoría, expuestos a algún conflicto de intereses y pueden tener que realizar juicios y tomar decisiones que afecten a diversos grupos de interesados. En consecuencia, es importante que los administradores dispongan de una función ejercida con integridad para vigilar la aplicación y eficacia del sistema de gobernanza, que permita efectuar una vigilancia eficaz.

(22)

La manipulación o la falta de fiabilidad de los índices de referencia pueden causar perjuicios a los inversores y los consumidores. Por ello, el presente Reglamento debe establecer disposiciones sobre el mantenimiento de registros por los administradores y los contribuidores, así como sobre la transparencia en cuanto al objetivo de un índice y su metodología, facilitando de este modo una resolución más justa y eficiente de las posibles reclamaciones con arreglo al Derecho nacional o al Derecho de la Unión.

(23)

La labor de auditoría y la ejecución eficaz del presente Reglamento exigen un análisis y elementos de prueba ex post. Por ello, el presente Reglamento debe establecer requisitos aplicables a los administradores de índices de referencia en relación con el mantenimiento de registros adecuados sobre el cálculo del índice durante un período de tiempo suficiente. Es previsible que tanto la realidad cuya medición persigue el índice como las condiciones en que tiene lugar la medición varíen a lo largo del tiempo. Esto hace necesario que la metodología y el proceso de elaboración de un índice de referencia sean verificados periódicamente, con vistas a determinar las deficiencias y las posibles mejoras. Muchos interesados pueden verse afectados por fallos en la elaboración de los índices de referencia y pueden contribuir a detectar esas deficiencias. A tal efecto, el presente Reglamento debe establecer un marco para implantar un mecanismo de tramitación de reclamaciones por parte de los administradores de índices de referencia que permita a los interesados transmitir sus reclamaciones a los administradores de índices de referencia y garantizar que estos últimos determinen objetivamente si tales reclamaciones están fundadas.

(24)

La elaboración de índices de referencia comporta, a menudo, la externalización de funciones importantes, tales como las de cálculo de los mismos, recopilación de los datos de cálculo y difusión del índice. A fin de velar por la eficacia del sistema de gobernanza, es preciso garantizar que, en ningún caso, la externalización exima a los administradores de índices de referencia de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades, y que tenga lugar de forma tal que no interfiera ni en la capacidad de los administradores para cumplir con sus obligaciones o responsabilidades, ni en la capacidad de la autoridad competente para supervisar a estos últimos.

(25)

Los administradores de índices de referencia son los destinatarios centrales de los datos de cálculo y pueden evaluar su integridad y exactitud de forma permanente. Por tanto, es preciso que el presente Reglamento exija a los administradores tomar determinadas medidas cuando un administrador considere que los datos de cálculo no representan correctamente el mercado o la realidad económica que el índice de referencia pretende medir, incluidas las medidas para cambiar los datos de cálculo, los contribuidores o la metodología, o bien para dejar de elaborar el índice de referencia. Además, los administradores deben establecer, como parte de su marco de control, medidas para controlar, cuando sea posible, los datos de cálculo antes de la publicación del índice de referencia y para validar los datos de cálculo después de su publicación, incluyendo su comparación con patrones históricos en caso necesario.

(26)

Toda discrecionalidad a la hora de suministrar los datos de cálculo genera la posibilidad de manipular un índice de referencia. Cuando los datos de cálculo se basan en las operaciones, existe menos margen discrecional y, por tanto, disminuirá la probabilidad de manipulación. En consecuencia, por regla general, los administradores de índices de referencia deben utilizar los datos de cálculo de operaciones reales siempre que sea posible, pero cabe recurrir a datos adicionales cuando los datos de operaciones no basten, o resulten inadecuados, para garantizar la integridad y exactitud de los índices.

(27)

La exactitud y fiabilidad de un índice de referencia a la hora de medir la realidad económica a cuya medición se destina depende del método y los datos de cálculo utilizados. Por tanto, es necesario adoptar un método transparente que garantice la fiabilidad y exactitud del índice. Dicha transparencia no debe entenderse como la publicación de la fórmula aplicada para determinar un índice de referencia dado, sino como la comunicación de los elementos necesarios para que los interesados puedan entender cómo se ha llegado a dicho índice de referencia y evaluar su representatividad, pertinencia e idoneidad para la utilización prevista.

(28)

Puede llegar a ser necesario cambiar la metodología para garantizar que el índice de referencia siga siendo exacto, pero todo cambio en la metodología afecta a los usuarios y las partes interesadas en los índices. Por consiguiente, es necesario especificar los procedimientos que resulten aplicables cuando se modifique aquella, incluida la necesidad de efectuar consultas, de modo que los usuarios y los interesados puedan adoptar las medidas necesarias a la vista de esos cambios o notificar al administrador sus inquietudes con respecto a tales cambios.

(29)

Los empleados de los administradores pueden detectar posibles infracciones del presente Reglamento o posibles vulnerabilidades que puedan dar lugar a manipulación o intento de manipulación. El presente Reglamento debe, por tanto, establecer un marco para que los empleados puedan alertar confidencialmente a los administradores de posibles infracciones del mismo.

(30)

La integridad y la exactitud de los índices de referencia dependen de la integridad y la exactitud de los datos de cálculo aportados por los contribuidores. Es esencial que las obligaciones de los contribuidores en relación con dichos datos de cálculo se especifiquen claramente, que se pueda confiar en su cumplimiento y que las obligaciones sean coherentes con los controles y la metodología aplicados por los administradores de índices de referencia. Resulta, por tanto, necesario que estos últimos elaboren un código de conducta que especifique esos requisitos, así como las responsabilidades de los contribuidores por lo que respecta a la aportación de datos de cálculo. Los administradores deben cerciorarse de que los contribuidores respetan el código de conducta. Cuando los contribuidores estén radicados en terceros países, los administradores deben cerciorarse de dicho respeto en la medida de sus posibilidades.

(31)

Los contribuidores pueden estar afectados por conflictos de intereses y pueden practicar la discrecionalidad a la hora de determinar los datos de cálculo. Por tanto, es preciso que estén sujetos a un sistema de gobernanza que garantice la gestión de esos conflictos y que los datos de cálculo sean exactos, se ajusten a lo requerido por el administrador del índice de referencia y puedan ser validados.

(32)

Muchos índices de referencia se obtienen mediante la aplicación de una fórmula que usa datos de cálculo elaborados por las entidades siguientes: centros de negociación, agentes de publicación autorizados, proveedores de información consolidada, o sistemas de información autorizados, mercados de energía o plataformas de subastas de derechos de emisión. En algunas circunstancias, la recopilación de datos se externaliza a un proveedor de servicios que recibe los datos íntegra y directamente de dichas entidades. En esos casos, la regulación y la supervisión existentes garantizan la integridad y la transparencia de los datos de cálculo y prevén requisitos de gobernanza y procedimientos para la notificación de infracciones. En consecuencia, esos índices de referencia son menos vulnerables frente a manipulaciones y están sujetos a una verificación independiente, por lo que los correspondientes administradores están libres de determinadas obligaciones establecidas en el presente Reglamento.

(33)

Los diferentes tipos de índices de referencia y los diferentes sectores a los que se aplican presentan características, vulnerabilidades y riesgos diferentes. Resulta oportuno, por tanto, especificar más las disposiciones del presente Reglamento para determinados tipos de índices de referencia y determinados sectores. Los índices de referencia de tipos de interés son índices de referencia que desempeñan una importante función en la transmisión de la política monetaria y, por tanto, es necesario introducir en el presente Reglamento disposiciones específicas para dichos índices.

(34)

Los mercados de materias primas físicas tienen características únicas que deben tenerse en cuenta. Los índices de referencia de materias primas se utilizan muy extensamente y pueden tener características sectoriales específicas, siendo por ello necesario introducir en el presente Reglamento disposiciones específicas para dichos índices de referencia. Determinados índices de referencia de materias primas están exentos de lo dispuesto en el presente Reglamento pero deben respetar, no obstante, los correspondientes principios de la OICV. Los índices de referencia de materias primas pueden llegar a ser cruciales, ya que el régimen no se limita a los índices de referencia basados en aportaciones de contribuidores que sean en su mayor parte entidades supervisadas. Los requisitos establecidos en el presente Reglamento en relación con las aportaciones obligatorias y los colegios no son aplicables a los índices de referencia cruciales de materias primas sujetos al anexo II.

(35)

Los fallos de los índices de referencia cruciales pueden repercutir en la integridad del mercado, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de los hogares y las empresas en los Estados miembros. Esos efectos potencialmente desestabilizadores del fallo de un índice de referencia crucial podrían afectar a un único Estado miembro o a más de uno. Así pues, es necesario que el presente Reglamento prevea un procedimiento para determinar qué índices de referencia deben considerarse índices de referencia cruciales, así como que se apliquen requisitos adicionales para garantizar la integridad y la solidez de dichos índices de referencia.

(36)

Los índices de referencia cruciales pueden determinarse usando un criterio cuantitativo o una combinación de criterios cuantitativos y cualitativos. Por otra parte, en los casos en que un índice de referencia no alcance el umbral cuantitativo correspondiente, podría, no obstante, considerarse que dicho índice es crucial cuando carezca de sustitutos orientados al mercado o tenga muy pocos y su existencia y exactitud sean pertinentes para la integridad del mercado, la estabilidad financiera y la protección de los consumidores en uno o varios Estados miembros, y cuando todas las autoridades competentes acuerden que el índice de referencia en cuestión debe considerarse crucial. En caso de desacuerdo entre las autoridades competentes, debe prevalecer la decisión de la autoridad competente del administrador a la hora de considerar crucial o no dicho índice de referencia. En ese caso, la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEVM) establecida por el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) debe poder publicar un dictamen sobre la evaluación realizada por la autoridad competente del administrador. Asimismo, una autoridad competente también puede calificar un índice de referencia de crucial basándose en determinados criterios cualitativos, cuando el administrador y la mayoría de los contribuidores a dicho índice de referencia estén radicados en su Estado miembro. Todos los índices de referencia cruciales deben incluirse en una lista establecida por la Comisión mediante un acto de ejecución, que debe ser revisada y actualizada de forma regular.

(37)

La cesación de la administración de un índice de referencia crucial por parte de un administrador podría invalidar contratos financieros o instrumentos financieros, ocasionar pérdidas a consumidores e inversores y afectar a la estabilidad financiera. Por lo tanto, es necesario que la autoridad competente esté facultada para imponer la administración obligatoria de los índices de referencia cruciales con el fin de preservar la existencia del índice de que se trate. En caso de procedimiento de insolvencia de un administrador de un índice de referencia, la autoridad competente debe presentar una evaluación, para su examen por la autoridad judicial que corresponda, sobre la posibilidad de que se traspase el índice de referencia crucial a un nuevo administrador y sobre la manera de hacerlo, o de que se deje de elaborar.

(38)

Sin perjuicio de la aplicación del Derecho de competencia de la Unión y de la capacidad de los Estados miembros para adoptar medidas encaminadas a facilitar su cumplimiento, es necesario exigir a los administradores de índices de referencia cruciales, incluidos los índices cruciales de materias primas, que adopten las medidas adecuadas para garantizar que las licencias y la información relativas a los índices de referencia se faciliten a todos los usuarios con equidad, de manera razonable, transparente y no discriminatoria.

(39)

Cuando los contribuidores dejan de suministrar datos de cálculo a los índices de referencia cruciales pueden minar con ello la credibilidad de dichos índices de referencia, puesto que quedaría perjudicada la capacidad de tales índices de referencia para medir el mercado o la realidad económica subyacentes. Por lo tanto, es necesario que la autoridad competente esté facultada para imponer a las entidades supervisadas la obligación de aportación en el caso de los índices cruciales con el fin de preservar la credibilidad del índice de que se trate. La aportación obligatoria de datos de cálculo no tiene por objeto imponer a las entidades supervisadas la obligación de realizar operaciones o de comprometerse a realizarlas.

(40)

Dada la existencia de una gran variedad de tipos y tamaños de índices de referencia, conviene introducir el principio de proporcionalidad en el presente Reglamento y evitar imponer una carga administrativa excesiva sobre los administradores de índices de referencia cuya cesación suponga una amenaza menor para el sistema financiero en su conjunto. Así pues, además del régimen de índices de referencia cruciales, deben establecerse dos regímenes diferenciados: uno para índices de referencia significativos y otro para índices de referencia no significativos.

(41)

Los administradores de índices de referencia significativos deben poder optar por no aplicar un número limitado de requisitos detallados del presente Reglamento. Las autoridades competentes deben, no obstante, seguir estando facultadas para exigir la aplicación de dichos requisitos de acuerdo con los criterios definidos en el presente Reglamento. Los actos delegados y los actos de ejecución aplicables a los administradores de índices de referencia significativos deben tener debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad y tratar de evitar la carga administrativa siempre que sea posible.

(42)

Los administradores de índices de referencia no significativos están sujetos a un régimen menos detallado, en el que el administrador debe poder optar por no aplicar algunos requisitos del presente Reglamento. En tal caso, el administrador de que se trate debe explicar la conveniencia de no hacerlo en una declaración de cumplimiento, la cual debe publicarse y transmitirse a la autoridad competente del administrador. Dicha autoridad competente debe revisar la declaración de cumplimiento y poder solicitar información adicional o exigir cambios para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento. Si bien los índices de referencia no significativos también pueden ser vulnerables frente a manipulaciones, son más fáciles de sustituir, por lo que la transparencia para con los usuarios debe ser la principal herramienta de los participantes en el mercado para elegir con conocimiento de causa los índices de referencia que consideren adecuados. Por ello, los actos delegados del título II no deben ser de aplicación a los administradores de índices de referencia no significativos.

(43)

A fin de que los usuarios de índices de referencia elijan los índices adecuados y comprendan los riesgos que comportan, es preciso que sepan qué pretende medir el índice en cuestión y qué posibilidad de manipulación presenta. Procede, por tanto, que el administrador del índice de referencia emita una declaración sobre el índice de referencia en la que se especifiquen tales elementos. Para garantizar una aplicación uniforme, así como que las declaraciones sobre los índices de referencia tengan una longitud razonable pero se centren, al mismo tiempo, en el suministro de la información clave que necesitan los usuarios de un modo fácilmente accesible, la AEVM debe describir con mayor precisión el contenido de las declaraciones sobre los índices de referencia, distinguiendo de forma adecuada entre los diferentes tipos y especificidades de los índices de referencia y sus administradores.

(44)

El presente Reglamento debe tener en cuenta los principios de la OICV que sirven de pauta internacional por lo que atañe a las disposiciones reguladoras aplicables a los índices de referencia. Como principio fundamental, para garantizar la protección del inversor, la supervisión y la normativa de un tercer país deben ser equivalentes a la supervisión y normativa de la Unión con respecto a los índices de referencia. En consecuencia, los índices de referencia elaborados en ese tercer país pueden ser utilizados por entidades supervisadas de la Unión, siempre que la Comisión haya adoptado una decisión positiva sobre la equivalencia del régimen de dicho tercer país. En tales circunstancias, las autoridades competentes deben celebrar convenios de cooperación con las autoridades de supervisión de terceros países. La AEVM debe coordinar la elaboración de esos convenios de cooperación y el intercambio entre autoridades competentes de la información recibida de terceros países. No obstante, para evitar cualquier impacto negativo derivado de una posible cesación abrupta de la utilización en la Unión de índices de referencia elaborados en un tercer país, el presente Reglamento también prevé otros mecanismos (a saber, reconocimiento y validación) mediante los cuales los índices de referencia de un tercer país pueden ser usados por entidades supervisadas radicadas en la Unión.

(45)

El presente Reglamento establece un procedimiento de reconocimiento de los administradores radicados en un tercer país por parte de la autoridad competente del Estado miembro de referencia. El reconocimiento debe otorgarse a los administradores que cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Habida cuenta del papel que desempeñan los principios de la OICV como criterios de alcance mundial para la elaboración de índices de referencia, la autoridad competente del Estado miembro de referencia debe poder otorgar el reconocimiento a los administradores que apliquen los principios de la OICV. Para ello, la autoridad competente debe evaluar la aplicación de los principios de la OICV por parte de un administrador concreto y determinar si dicha aplicación equivale, en el caso del administrador en cuestión, al cumplimiento de los diferentes requisitos establecidos en el presente Reglamento, teniendo en cuenta las particularidades del régimen de reconocimiento en comparación con el régimen de equivalencia.

(46)

El presente Reglamento introduce asimismo un régimen de validación que permite, bajo determinadas condiciones, a los administradores o a las entidades supervisadas radicadas en la Unión validar índices de referencia elaborados en un tercer país para su uso en la Unión. Para ello, la autoridad competente debe determinar si, en la elaboración del índice de referencia que se somete a validación, el cumplimiento de los principios de la OICV equivaldría al cumplimiento del presente Reglamento, teniendo en cuenta las particularidades del régimen de validación en comparación con el régimen de equivalencia. Un administrador o una entidad supervisada que haya validado un índice de referencia elaborado en un tercer país debe ser enteramente responsable de dicho índice de referencia validado, así como de que se cumplan las condiciones correspondientes establecidas en el presente Reglamento.

(47)

Todos los administradores de índices de referencia pueden practicar la discrecionalidad, están potencialmente afectados por conflictos de intereses y corren el riesgo de disponer de sistemas de gobernanza y de control inadecuados. Como los administradores controlan el proceso de determinación del índice, exigir que estén sujetos a autorización o inscripción registral y supervisión es la manera más eficaz de garantizar la integridad del índice.

(48)

Determinados administradores deben ser autorizados y supervisados por la autoridad competente del Estado miembro en el que radique el administrador en cuestión. Las entidades ya sujetas a supervisión que elaboren índices de referencia financieros que no sean cruciales deben ser registradas y supervisadas por la autoridad competente a efectos del presente Reglamento. Las entidades que elaboren únicamente índices que se consideren no significativos también deben ser registradas por la autoridad competente. La autorización e inscripción registral deben constituir procedimientos diferenciados; el procedimiento de autorización requiere una evaluación más amplia de la solicitud del administrador. El registro o autorización del administrador no debe afectar a la supervisión de dicho administrador por las autoridades competentes. Por otra parte, debe establecerse un régimen transitorio que permita registrarse a las personas que elaboren índices de referencia que no sean cruciales y cuyo uso no esté muy extendido en uno o varios Estados miembros, con vistas a facilitar la fase inicial de aplicación del presente Reglamento. La AEVM debe mantener a escala de la Unión un registro que contenga información sobre los administradores autorizados o registrados, sobre los índices de referencia y los administradores que elaboran dichos índices de referencia en virtud de una decisión positiva tomada de conformidad con el régimen de equivalencia o con el régimen de reconocimiento, sobre administradores de la Unión o entidades supervisadas que hayan validado índices de referencia de un tercer país y sobre los índices así validados y sus administradores radicados en un tercer país.

(49)

En algunas circunstancias, puede ocurrir que una persona elabore un índice pero desconozca que dicho índice se está utilizando como referencia de un instrumento financiero, un contrato financiero o un fondo de inversión. Esto sucede, en particular, cuando los usuarios y los administradores del índice de referencia están radicados en Estados miembros diferentes. Por ello, resulta necesario incrementar el nivel de transparencia con respecto al índice de referencia concreto que se utilice. Dicha transparencia puede lograrse mediante la mejora del contenido de los folletos o de los documentos de información clave que requiere el Derecho de la Unión y del contenido de las notificaciones previstas en el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(50)

La eficacia de la supervisión se garantiza asignando un conjunto de facultades, instrumentos y recursos efectivos a las autoridades competentes de cada Estado miembro. Por consiguiente, el presente Reglamento debe prever, en particular, una serie mínima de facultades de supervisión e investigación de que debe dotarse a las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo al Derecho nacional. En el ejercicio de las facultades que les asigna el presente Reglamento, las autoridades competentes y la AEVM deben obrar objetiva e imparcialmente, y adoptar sus decisiones siempre de forma autónoma.

(51)

A efectos de detectar los casos de infracción del presente Reglamento, es necesario que las autoridades competentes puedan tener acceso a los locales de las personas jurídicas para incautarse de documentos, de acuerdo con el Derecho nacional. El acceso a dichos locales es necesario cuando se tenga la sospecha razonable de que existen documentos y otros datos relacionados con el objeto de la inspección o investigación, y que pueden ser pertinentes para demostrar la infracción del presente Reglamento. Además, el acceso a dichos locales resulta necesario cuando: la persona a la que se haya dirigido ya una solicitud de información no la atienda, o haya motivos razonables para creer que, si se le dirigiera esa solicitud, no la atendería, o que los documentos o la información contemplados en la solicitud serían ocultados, alterados o destruidos. Si es preciso obtener una autorización previa de las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate, con arreglo al Derecho nacional, el acceso a los locales debe efectuarse una vez obtenida dicha autorización judicial previa.

(52)

Las grabaciones de conversaciones telefónicas y los registros de tráfico de datos existentes y en poder de entidades supervisadas pueden constituir un elemento esencial, a veces el único, de cara a detectar y demostrar la infracción del presente Reglamento, en particular los requisitos de gobernanza y de control. Dichos registros y grabaciones pueden servir para verificar la identidad de la persona responsable de la transmisión de los datos de cálculo y las personas responsables de autorizar esta, así como si se mantiene la separación organizativa de los empleados. Por tanto, las autoridades competentes deben poder exigir la entrega de las grabaciones de conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas, y los registros de tráfico de datos existentes y en poder de entidades supervisadas, siempre que se tenga la sospecha razonable de que esas grabaciones y registros relacionados con el objeto de la inspección o investigación pueden ser pertinentes para demostrar la infracción del presente Reglamento.

(53)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el derecho a la protección de los consumidores, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. En consecuencia, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de acuerdo con esos derechos y principios.

(54)

El derecho de defensa de las personas afectadas debe estar plenamente garantizado. En particular, las personas incursas en un procedimiento deben tener acceso a las conclusiones en que hayan basado las autoridades competentes la decisión, y tener derecho a ser oídas.

(55)

La transparencia con respecto a los índices de referencia es necesaria por razones de estabilidad del mercado financiero y protección del inversor. Todo intercambio o comunicación de información entre las autoridades competentes debe realizarse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos personales previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12). Todo intercambio o comunicación de información que realice la AEVM debe hacerse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos personales previstas en el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

(56)

Teniendo en cuenta los principios enunciados en la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros, y los actos jurídicos de la Unión adoptados a raíz de dicha Comunicación, los Estados miembros deben, con el fin de garantizar un enfoque común y un efecto disuasorio, establecer normas relativas a las sanciones administrativas y otras medidas administrativas, incluidas las multas, aplicables a los supuestos de infracción de las disposiciones del presente Reglamento y velar por su ejecución. Dichas sanciones administrativas y otras medidas administrativas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(57)

Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas que deban aplicarse en cada caso deben determinarse atendiendo, cuando proceda, a factores tales como la restitución de todo beneficio financiero constatado, la gravedad y duración de la infracción, todo posible factor agravante o atenuante, la necesidad de que las multas administrativas tengan efectos disuasorios, y, en su caso, comportar una reducción en caso de cooperación con la autoridad competente. En particular, la cuantía efectiva de las multas administrativas que deban imponerse en un determinado caso debe poder ser la más elevada prevista en el presente Reglamento o en el Derecho nacional cuando se trate de infracciones muy graves, mientras que en el caso de infracciones leves o de acuerdo deben poder aplicarse multas administrativas muy inferiores a la cuantía más elevada. La autoridad competente debe poder imponer una prohibición temporal de ejercer funciones de dirección a los administradores o los contribuidores.

(58)

El presente Reglamento no debe ser obstáculo para que los Estados miembros apliquen sanciones administrativas más elevadas y debe entenderse sin perjuicio de las posibles disposiciones de la legislación de los Estados miembros en materia de sanciones penales.

(59)

Aunque nada impide a los Estados miembros establecer normas sobre sanciones administrativas y penales respecto de las mismas infracciones, no debe exigirse a los Estados miembros que establezcan normas sobre sanciones administrativas aplicables a las infracciones del presente Reglamento que ya estén sancionadas por el Derecho penal nacional. De conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros no están obligados a imponer sanciones administrativas y penales por un mismo delito, pero deben poder hacerlo si su Derecho nacional se lo permite. No obstante, el mantenimiento de sanciones penales, en lugar de sanciones administrativas, para las infracciones del presente Reglamento no debe reducir ni afectar de otro modo a la capacidad de las autoridades competentes para cooperar, acceder a la información e intercambiarla en tiempo oportuno con las autoridades competentes de otros Estados miembros a efectos del presente Reglamento, en particular cuando las infracciones pertinentes se hayan puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para su enjuiciamiento penal.

(60)

Es preciso reforzar las disposiciones sobre el intercambio de información entre autoridades competentes y consolidar los deberes de asistencia y cooperación mutua. Habida cuenta del aumento de la actividad transfronteriza, las autoridades competentes deben facilitarse mutuamente la información pertinente para el ejercicio de sus funciones, de modo que se garantice el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, incluso en aquellos casos en que las infracciones o presuntas infracciones puedan afectar a las autoridades de dos o más Estados miembros. Es necesario observar el más estricto secreto profesional en el intercambio de información, con el fin de asegurar la buena transmisión de esa información y la protección de los derechos de los interesados.

(61)

Al objeto de garantizar que las decisiones de imponer sanciones administrativas u otras medidas administrativas, adoptadas por las autoridades competentes, tengan un efecto disuasorio sobre el público en general, deben publicarse. La publicación de las decisiones de imponer sanciones administrativas u otras medidas administrativas constituye también para las autoridades competentes una importante herramienta con vistas a informar a los participantes en el mercado de los tipos de comportamiento que se considera que infringen el presente Reglamento, y favorecer en general un adecuado comportamiento de aquellos. Cuando tal publicación pueda ocasionar un perjuicio desmesurado a las personas afectadas o ponga en riesgo la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, las autoridades competentes deben publicar las sanciones administrativas u otras medidas administrativas respetando el anonimato, o aplazar la publicación. Asimismo, las autoridades competentes deben poder decidir no publicar una decisión en la que se impongan sanciones administrativas u otras medidas administrativas, cuando se considere que una publicación anónima o aplazada no basta para garantizar que la estabilidad de los mercados financieros no esté en riesgo. Asimismo, las autoridades competentes no deben estar obligadas a publicar sanciones administrativas u otras medidas administrativas que consideren de menor entidad cuando tal publicación resulte desproporcionada.

(62)

Los índices de referencia cruciales pueden involucrar a contribuidores, administradores y usuarios de más de un Estado miembro. En consecuencia, si un índice crucial deja de elaborarse o se producen hechos que pueden dañar significativamente su integridad, ello podría afectar a más de un Estado miembro, de tal modo que la supervisión de ese índice únicamente por la autoridad competente del Estado miembro en el que radica el administrador del índice de referencia no resultará por sí sola ni eficiente ni eficaz a la hora de afrontar los riesgos que el índice de referencia crucial comporta. En ese caso, al objeto de garantizar la eficacia del intercambio de información de supervisión entre las autoridades competentes, y la coordinación de las actividades de estas y las medidas de supervisión, deben crearse colegios, que incluyan a las autoridades competentes y a la AEVM. Las actividades de los colegios deben contribuir a la aplicación armonizada de las normas que establece el presente Reglamento y a la convergencia de las prácticas de supervisión. La autoridad competente del administrador debe definir procedimientos escritos para el intercambio de información y el proceso de toma de decisiones, que podrían incluir normas sobre los procedimientos de votación, cooperación en relación con las medidas de aportación obligatoria y los casos en los que las autoridades competentes deben consultarse entre sí. La mediación, jurídicamente vinculante, de la AEVM es un elemento fundamental para lograr la coordinación de las prácticas de supervisión, su coherencia y convergencia.

(63)

Los índices de referencia pueden aplicarse a instrumentos financieros y contratos financieros de larga duración. En ciertos casos existe el riesgo de que una vez que el presente Reglamento entre en vigor, la elaboración de tales índices pueda no estar ya permitida, debido a que posean características que no sea posible adaptar a lo establecido en el presente Reglamento. Al mismo tiempo, prohibir la continuidad de esos índices puede significar la resolución o invalidación de los instrumentos financieros o contratos financieros, y perjudicar así a los inversores. Resulta oportuno, por tanto, prever que esos índices puedan seguir elaborándose durante un período transitorio.

(64)

En los casos en los que el presente Reglamento afecte o pueda afectar a entidades supervisadas y mercados sujetos al Reglamento (UE) n.o 1227/2011, la AEVM necesitaría consultar a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) para utilizar sus conocimientos especializados en materia de mercados de la energía y atenuar cualquier posible duplicidad de regulación.

(65)

A fin de especificar más en detalle los elementos técnicos del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la especificación de los elementos técnicos de las definiciones; por lo que respecta al cálculo de los importes nominales de los instrumentos financieros, el importe nocional de los derivados y el valor neto de los activos de los fondos de inversión sujetos a un índice de referencia para determinar si tal índice de referencia es crucial; por lo que respecta a la revisión del método de cálculo utilizado para determinar el umbral para la determinación de índices de referencia cruciales y significativos; por lo que respecta al establecimiento de las razones objetivas para la validación de un índice de referencia o una familia de índices de referencia elaborados en un tercer país; por lo que respecta a los elementos para evaluar si cabe esperar de forma razonable que la cesación o modificación de un índice de referencia ya existente daría lugar a un caso de fuerza mayor, frustraría o de algún otro modo infringiría las condiciones de cualquier contrato financiero o instrumento financiero, o las reglas de cualquier fondo de inversión, que utilice ese índice como referencia; por lo que respecta a la ampliación del período de 24 meses previsto para la inscripción registral en lugar de la autorización de determinados administradores. Al adoptar tales actos, la Comisión debe tener en cuenta el progreso tecnológico o del mercado y la convergencia internacional de las prácticas de supervisión en relación con los índices de referencia, en particular la labor de la OICV. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se efectúen con arreglo a los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016 (14). En particular, para garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen sistemáticamente acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión en las que se trate la preparación de los actos delegados.

(66)

Las normas técnicas deben garantizar una armonización coherente de los requisitos para la elaboración de los índices utilizados como referencia, y la aportación a los mismos, y una adecuada protección de los inversores y consumidores en toda la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, resulta eficiente y adecuado confiar a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones políticas, para su presentación a la Comisión. La Comisión debe adoptar proyectos de normas técnicas de regulación elaborados por la AEVM mediante actos delegados conforme al artículo 290 del TFUE y de acuerdo con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, con respecto a los procedimientos y las características de la función de vigilancia, por cuanto se refiere a la manera de garantizar la adecuación y verificabilidad de los datos de cálculo, así como los procedimientos internos de supervisión y verificación del contribuidor; con respecto a la información que ha de facilitar un administrador sobre los índices de referencia y la metodología; con respecto a los elementos del código de conducta; con respecto a los requisitos en materia de sistemas y controles; con respecto a los criterios que debe tener en cuenta la autoridad competente a la hora de decidir si aplicar o no determinados requisitos adicionales; con respecto al contenido de la declaración sobre el índice de referencia y los casos en los que se requiere la actualización de la declaración; con respecto al contenido mínimo de los convenios de cooperación entre las autoridades competentes y la AEVM; con respecto a la forma y el contenido de la solicitud de reconocimiento de un administrador de un tercer país y la presentación de la información que ha de facilitarse junto con dicha solicitud; y con respecto a la información que ha de facilitarse en la solicitud de autorización o inscripción registral.

(67)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer y revisar una lista de autoridades públicas de la Unión, para establecer y revisar la lista de índices de referencia cruciales y para determinar la equivalencia de los marcos normativos a que estén sujetos los elaboradores de índices de referencia de terceros países a los efectos de una equivalencia total o parcial. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

(68)

La Comisión debe también estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM y que establezcan plantillas para las declaraciones de cumplimiento y los procedimientos y modalidades del intercambio de información entre las autoridades competentes y la AEVM, mediante actos de ejecución conforme al artículo 291 del TFUE y de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.

(69)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un régimen coherente y eficaz frente a las vulnerabilidades que presentan los índices de referencia, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, debido a que los efectos generales de los problemas que plantean dichos índices solo pueden apreciarse plenamente en el contexto de la Unión, sino que, debido a la dimensión y efectos del presente Reglamento, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(70)

Dada la urgencia de la necesidad de restaurar la confianza en los índices de referencia y promover mercados financieros justos y transparentes, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación.

(71)

Los consumidores deben poder celebrar contratos financieros, en particular de crédito hipotecario y crédito al consumo, que estén sujetos a un índice de referencia, pero su inferior capacidad de negociación y el uso de cláusulas tipo hacen que sus posibilidades de elección del índice de referencia utilizado puedan ser limitadas. Resulta, por tanto, necesario garantizar, al menos, que los prestamistas y los intermediarios de crédito faciliten información adecuada a los consumidores. Para ello, procede modificar las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE en consecuencia.

(72)

El Reglamento (UE) n.o 596/2014 exige que las personas con responsabilidades de dirección, así como las personas estrechamente vinculadas con ellas, notifiquen al emisor y a la autoridad competente toda operación ejecutada por cuenta propia relativa a instrumentos financieros ligados a su vez a acciones e instrumentos de deuda de su emisor. No obstante, existe toda una gama de instrumentos financieros ligados a acciones e instrumentos de deuda de un emisor determinado. Entre tales instrumentos financieros se incluyen participaciones de organismos de inversión colectiva, productos estructurados o instrumentos financieros que incluyan un derivado que proporcione una exposición al rendimiento de las acciones o instrumentos de deuda emitidos por un emisor. Toda operación relativa a instrumentos financieros de este tipo que supere un umbral mínimo debe ser objeto de notificación al emisor y a la autoridad competente. Debe hacerse una excepción cuando el instrumento financiero vinculado proporcione una exposición igual o inferior al 20 % de las acciones o los instrumentos de deuda del emisor o cuando la persona con responsabilidades de dirección o la persona estrechamente vinculada con ella no conociera, y no pudiera conocer, la composición de la inversión del instrumento financiero vinculado. Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 596/2014.

a)

los bancos centrales;

b)

las autoridades públicas que aporten datos para índices de referencia, elaboren dichos índices o controlen su elaboración, con fines de política pública, incluidas las medidas de empleo, actividad económica e inflación;

c)

las entidades de contrapartida central (ECC) que elaboren precios de referencia o de liquidación utilizados a efectos de liquidación y gestión del riesgo de las entidades de contrapartida central;

d)

la facilitación de precios únicos de referencia de cualquiera de los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, de la Directiva 2014/65/UE;

e)

la prensa, otros medios de comunicación o los periodistas que única y exclusivamente publiquen o mencionen un índice de referencia como parte de su actividad periodística, pero no ejerzan control sobre la elaboración de ese índice;

f)

las personas físicas o jurídicas que concedan o se comprometan a conceder créditos en el ejercicio de su actividad comercial o profesional, exclusivamente en la medida en que publiquen o pongan a disposición del público sus propios tipos deudores fijos o variables, fijados mediante decisiones internas y aplicables únicamente a los contratos financieros celebrados por ellas o por empresas del mismo grupo con sus clientes respectivos;

g)

los índices de referencia de materias primas basados en datos aportados por contribuidores que sean en su mayor parte entidades no supervisadas, con sujeción a las dos condiciones siguientes:

h)

los proveedores de índices, por lo que respecta a los índices que elaboren, cuando desconozcan y no hayan podido razonablemente haber sabido que dichos índices se utilizan como referencia a los fines contemplados en el artículo 3, apartado 1, punto 3.

a)

que se publique o se ponga a disposición del público;

b)

que se determine periódicamente:

a)

la administración de los mecanismos destinados a determinar un índice de referencia;

b)

la recogida, el análisis o el tratamiento de datos de cálculo con miras a determinar un índice de referencia, y

c)

la determinación de un índice de referencia mediante una fórmula u otro método de cálculo o mediante la evaluación de los datos de cálculo aportados a tal efecto;

a)

la emisión de un instrumento financiero al que se aplique un índice o una combinación de índices;

b)

la determinación del importe a pagar relativo a un instrumento financiero o a un contrato financiero al aplicar un índice o una combinación de índices;

c)

el hecho de ser parte en un contrato financiero que utilice como referencia un índice o una combinación de índices;

d)

la elaboración de un tipo deudor tal como se define en el artículo 3, letra j), de la Directiva 2008/48/CE, calculado como una horquilla o un recargo respecto de un índice o una combinación de índices y utilizado exclusivamente como referencia en un contrato financiero del que el prestamista sea parte;

e)

el cálculo la rentabilidad de un fondo de inversión mediante un índice o una combinación de índices con el fin de realizar un seguimiento de los rendimientos de dicho índice o combinación de índices, así como de definir la asignación de activos de una cartera o de calcular las tasas de rentabilidad;

a)

una entidad de crédito, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16);

b)

una empresa de servicios de inversión, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE;

c)

una empresa de seguros, tal como se define en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17);

d)

una empresa de reaseguros, tal como se define en el artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE;

e)

un OICVM, tal como se define en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE o, según proceda, una sociedad de gestión de OICVM, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de dicha Directiva;

f)

un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA), tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18);

g)

un fondo de pensiones de empleo, tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19);

h)

un prestamista, tal como se define en el artículo 3, letra b), de la Directiva 2008/48/CE para los fines de los contratos de crédito en virtud del artículo 3, letra c), de dicha Directiva;

i)

una entidad no crediticia, tal como se define en el artículo 4, punto 10, de la Directiva 2014/17/UE para los fines de los contratos de crédito, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de dicha Directiva;

j)

un organismo rector del mercado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/65/UE;

k)

una entidad de contrapartida central (ECC), tal como se define en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (20);

l)

un registro de operaciones, tal como se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

m)

un administrador;

a)

todo contrato de crédito, tal como se define en el artículo 3, letra c), de la Directiva 2008/48/CE;

b)

todo contrato de crédito, tal como se define en el artículo 4, punto 3, de la Directiva 2014/17/UE;

a)

los datos de cálculo aportados total y directamente por:

b)

el valor neto de inventario de los fondos de inversión;

a)

cualquier Gobierno o administración pública, incluidas las entidades encargadas de la gestión de la deuda pública o que intervengan en dicha gestión;

b)

cualquier entidad o persona que realice funciones administrativas públicas de conformidad con el Derecho nacional, que tenga responsabilidades o funciones públicas o que preste servicios públicos, incluidas las medidas de empleo, actividad económica e inflación bajo el control de una entidad en el sentido de lo dispuesto en la letra a).

a)

garantizarán la confidencialidad de la información aportada al administrador o que este elabore, sin perjuicio de las obligaciones de información y transparencia en virtud del presente Reglamento, y

b)

mitigarán de manera específica los conflictos de intereses derivados de la propiedad o el control del administrador o debidos a otros intereses del grupo al que pertenezca o causados por otras personas que puedan ejercer una influencia o control sobre el administrador en relación con la determinación del índice de referencia.

a)

posean las cualificaciones, los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar los cometidos que se les asignen y estén sujetos a una gestión y supervisión efectivas;

b)

no estén sujetos a influencias indebidas o conflictos de intereses y que la remuneración y la evaluación del rendimiento de estas personas no generen conflictos de intereses o menoscaben de otro modo la integridad del proceso de determinación de los índices de referencia;

c)

no tengan intereses o vínculos empresariales que pongan en peligro las actividades del administrador de que se trate;

d)

estén sujetos a la prohibición de contribuir a la determinación de un índice de referencia mediante la participación en ofertas de compra o de venta y transacciones, ya sea a título personal o en nombre de participantes en el mercado, salvo si tal forma de contribución se requiere explícitamente como parte de la metodología del índice de referencia y está sujeta a normas específicas en el marco de la misma, y

e)

estén sujetos a procedimientos eficaces para controlar el intercambio de información con otros empleados que tomen parte en actividades que puedan suponer un riesgo de conflicto de intereses, o con terceros, cuando dicha información pueda afectar al índice de referencia.

a)

revisión de la definición del índice de referencia y de su metodología como mínimo una vez al año;

b)

vigilancia de cualquier cambio en la metodología del índice de referencia y capacidad de solicitar al administrador que emprenda consultas sobre tales cambios;

c)

supervisión del sistema de control del administrador, de la gestión y del funcionamiento del índice de referencia y, cuando el índice de referencia se base en datos de cálculo de contribuidores, del código de conducta a que se refiere el artículo 15;

d)

revisión y aprobación de los procedimientos de cesación del índice de referencia, incluida cualquier consulta sobre tal cesación;

e)

vigilancia de terceros que intervengan en la elaboración del índice de referencia, incluidos los agentes de cálculo o difusión;

f)

evaluación de las auditorías o revisiones internas y externas, y control de la aplicación de las medidas correctoras que se determinen;

g)

si el índice de referencia se basa en datos de cálculo de contribuidores, seguimiento de los datos de cálculo y contribuidores, así como de las acciones del administrador para impugnar o validar las aportaciones de datos de cálculo;

h)

si el índice de referencia se basa en datos de cálculo de contribuidores, adopción de medidas efectivas en relación con cualquier infracción del código de conducta a que se refiere el artículo 15, y

i)

comunicación a las autoridades competentes de cualquier falta cometida por los contribuidores, si el índice de referencia se basa en datos de cálculo de contribuidores, o por los administradores, de la que tenga conocimiento la función de vigilancia, y de cualesquiera datos de cálculo anómalos o sospechosos.

a)

la gestión del riesgo operativo;

b)

planes adecuados y efectivos de continuidad de la actividad y de recuperación en caso de catástrofe;

c)

los procedimientos de contingencia establecidos en caso de que el proceso de elaboración del índice de referencia se vea perturbado.

a)

garantizar que los contribuidores respeten el código de conducta a que se refiere el artículo 15 y cumplan las normas aplicables a los datos de cálculo;

b)

controlar los datos de cálculo, entre ellas, si es viable, el seguimiento de dichos datos de cálculo antes de la publicación del índice de referencia y la validación de los datos de cálculo después de la publicación con el fin de detectar errores y anomalías.

a)

todos los datos de cálculo, incluido su uso;

b)

la metodología empleada para determinar un índice de referencia;

c)

cualquier realización de juicios o práctica de la discrecionalidad por parte del administrador y, si procede, por parte de los evaluadores, en la determinación de un índice de referencia, incluida una justificación de dicho juicio o valoración discrecional;

d)

los casos en los que no se haya tomado en consideración un dato de cálculo, especialmente si se ajustaba a los requisitos de la metodología de un índice de referencia, y la justificación para ello;

e)

otros cambios o desviaciones con respecto a los procedimientos y las metodologías estándar, incluidos los que se hayan producido durante los períodos de tensión o perturbación del mercado;

f)

la identidad de los transmitentes y las personas físicas empleadas por los administradores para determinar índices de referencia;

g)

toda la documentación relativa a las posibles reclamaciones, incluida la presentada por un reclamante, y

h)

las conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas entre cualquier persona empleada por el administrador y los contribuidores o transmitentes en relación con un índice de referencia.

a)

que el administrador ponga a disposición la política de tramitación de reclamaciones, en el marco de la cual puedan presentarse reclamaciones en cuanto a si la determinación de un índice de referencia concreto es representativa del valor de mercado, a cambios propuestos en el proceso de determinación del índice de referencia, a la aplicación de la metodología relativa a la determinación de un índice de referencia concreto y a otras decisiones que afecten al proceso de determinación de ese índice;

b)

que las reclamaciones sean objeto de una investigación oportuna y equitativa, comunicándose al reclamante el resultado de la misma en un plazo razonable, salvo si tal comunicación fuese contraria a los objetivos de política pública, o a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 596/2014, y

c)

que la investigación se lleve a cabo sin la intervención de ningún miembro del personal que pueda estar o haber estado involucrado en el objeto de la reclamación.

a)

que el proveedor de servicios disponga de la competencia, la capacidad y cualquier autorización que exija la ley para realizar las funciones, servicios o actividades externalizados de forma fiable y profesional;

b)

que el administrador ponga a disposición de las autoridades competentes pertinentes la identidad y las funciones del proveedor de servicios que participe en el proceso de determinación del índice de referencia;

c)

que el administrador tome las medidas oportunas si se observa que el proveedor de servicios podría no estar desempeñando las funciones externalizadas de forma eficaz y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

d)

que el administrador conserve los recursos precisos para supervisar eficazmente las funciones externalizadas y gestionar los riesgos asociados a la externalización;

e)

que el proveedor de servicios comunique al administrador cualquier hecho que pueda incidir de manera significativa en su capacidad para desempeñar las funciones externalizadas de forma eficaz y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

f)

que el proveedor de servicios coopere con la autoridad competente con respecto de las actividades externalizadas, y el administrador y la autoridad competente tengan acceso efectivo a los datos relativos a las actividades externalizadas, así como a los locales comerciales del proveedor de servicios, y la autoridad competente esté facultada para ejercer esos derechos de acceso;

g)

que el administrador pueda poner fin al acuerdo de externalización cuando sea necesario;

h)

que el administrador adopte medidas razonables, incluidos planes de contingencia, para evitar riesgos operativos indebidos relacionados con la participación del proveedor de servicios en el proceso de elaboración del índice de referencia.

a)

los datos de cálculo serán suficientes para que puedan reflejar con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia.

Los datos de cálculo serán datos de operaciones, si están disponibles y resultan apropiados; si los datos de operaciones no bastan o no resultan apropiados para reflejar con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia, podrán utilizarse datos de cálculo distintos de los datos de operaciones, incluidas las estimaciones de precios, cotizaciones y cotizaciones firmes, u otros valores;

b)

los datos de cálculo a que se refiere la letra a) serán verificables;

c)

el administrador elaborará y publicará directrices claras sobre los tipos de datos de cálculo, la prioridad en el uso de los diferentes tipos de datos de cálculo y el ejercicio de apreciaciones expertas, para garantizar la conformidad con la letra a) y con la metodología;

d)

cuando un índice de referencia se base en datos de cálculo de contribuidores, el administrador obtendrá, cuando proceda, los datos de cálculo de un panel o una muestra fiable y representativa de contribuidores, a fin de que el índice de referencia resultante sea fiable y representativo del mercado o la realidad económica a cuya medición se destina;

e)

el administrador no utilizará datos de cálculo de contribuidores cuando tenga indicaciones de que dichos contribuidores no respetan el código de conducta a que se refiere el artículo 15, y en tal caso obtendrá datos públicos disponibles y representativos.

a)

criterios que determinen quién podrá presentar datos de cálculo al administrador y un proceso de selección de los contribuidores;

b)

un proceso para evaluar los datos de cálculo del contribuidor y, cuando proceda, suspender nuevas aportaciones de este o aplicarle otras sanciones por incumplimiento, y

c)

un proceso para validar los datos de cálculo, también a la vista de otros indicadores o datos, a fin de garantizar su integridad y exactitud.

a)

obtendrá datos de otras fuentes que corroboren los datos de cálculo, y

b)

garantizará que los contribuidores disponen de procedimientos internos de vigilancia y verificación adecuados.

a)

sea sólida y fiable;

b)

responda a normas claras en las que se especifique cómo y cuándo podrá practicarse la discrecionalidad en dicha determinación;

c)

sea rigurosa, continua y susceptible de validación, también, cuando proceda, a través de pruebas retrospectivas con datos de operaciones disponibles;

d)

tenga resiliencia y garantice que el índice de referencia pueda calcularse en el mayor número posible de circunstancias, sin comprometer su integridad;

e)

pueda identificarse y verificarse.

a)

tendrá en cuenta factores tales como el tamaño y la liquidez normal del mercado, la transparencia de la negociación y las posiciones de los participantes en el mercado, la concentración del mercado, la dinámica del mercado y la adecuación de toda muestra a efectos de la representación del mercado o la realidad económica que el índice está destinado a medir;

b)

determinará qué constituye un mercado activo a los fines de dicho índice de referencia, y

c)

definirá la prioridad concedida a diferentes tipos de datos de cálculo.

a)

los elementos clave de la metodología que el administrador emplee para cada uno de los índices de referencia elaborados y publicados o, cuando sea aplicable, para cada familia de índices de referencia elaborada y publicada;

b)

detalles de la revisión interna y la autorización de una determinada metodología, así como la frecuencia con que se realice esa revisión;

c)

los procedimientos de consulta sobre cualquier cambio sustancial que proponga introducir el administrador en su metodología y la justificación de dichos cambios, incluyendo una definición de lo que constituye un cambio sustancial y las circunstancias en las que notificará a los usuarios esos cambios.

a)

una notificación anticipada, con un plazo claramente establecido, a fin de ofrecer la posibilidad de analizar el impacto de los cambios sustanciales propuestos y presentar observaciones al respecto, y

b)

la accesibilidad, tras toda posible consulta, de las observaciones presentadas a que se refiere la letra a) del presente apartado y de las respuestas del administrador a estas, salvo que quien presente las observaciones haya solicitado un tratamiento confidencial.

a)

una descripción clara de los datos de cálculo que deban aportarse y los requisitos necesarios para garantizar que los datos de cálculo se aporten de conformidad con los artículos 11 y 14;

b)

identificación de las personas habilitadas para aportar datos de cálculo al administrador y los procedimientos para verificar la identidad de los contribuidores y los transmitentes, así como la autorización necesaria para que cualquier transmitente pueda aportar datos de cálculo en nombre de un contribuidor;

c)

políticas para garantizar que los contribuidores aporten todos los datos de cálculo pertinentes;

d)

los sistemas y controles que el contribuidor estará obligado a establecer, en particular:

a)

los contribuidores supervisados garantizarán que la aportación de datos de cálculo no se vea afectada por conflictos de intereses reales o potenciales, y que, siempre que deba practicarse la discrecionalidad, se actúe con independencia y honestidad, basándose en información pertinente conforme al código de conducta a que se refiere el artículo 15;

b)

los contribuidores supervisados dispondrán de un sistema de control que garantice la integridad, exactitud y fiabilidad de los datos de cálculo, y que estos se aporten de acuerdo con el presente Reglamento y el código de conducta a que se refiere el artículo 15.

a)

controles relativos a las personas habilitadas para transmitir datos de cálculo a un administrador, incluido, cuando sea oportuno, un proceso de visado por parte de una persona física que ocupe un cargo de mayor rango que el transmitente;

b)

una formación adecuada de los transmitentes, que englobe, como mínimo, el presente Reglamento y el Reglamento (UE) n.o 596/2014;

c)

medidas de gestión de conflictos de intereses, incluidas la separación organizativa de los empleados cuando proceda y la consideración de la manera de suprimir los incentivos, creados por las políticas de remuneración, para manipular los índices de referencia;

d)

el mantenimiento, durante un período de tiempo adecuado, de un registro de las comunicaciones sobre la aportación de datos de cálculo, de toda la información utilizada para permitir al contribuidor presentar cada comunicación, y de todos los conflictos de intereses posibles o existentes incluyendo, pero no únicamente, el riesgo al que se expone el contribuidor respecto de los instrumentos financieros que utilizan el índice como referencia;

e)

el mantenimiento de registros de las auditorías internas y externas.

a)

el índice de referencia se utiliza directa o indirectamente dentro de una combinación de índices como referencia para instrumentos financieros o contratos financieros o para medir la rentabilidad de fondos de inversión, con un valor total de como mínimo 500 000 millones EUR sobre la base de toda la gama de plazos de vencimiento del índice de referencia, cuando proceda;

b)

el índice de referencia se basa en las transmisiones de los contribuidores que, en su mayoría, están radicados en un Estado miembro, y se considera crucial en dicho Estado miembro de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 2, 3, 4 y 5 del presente artículo;

c)

el índice de referencia cumple todos los criterios siguientes:

Si un índice de referencia cumple los criterios establecidos en la letra c), incisos ii) y iii), pero no cumple los criterios establecidos en la letra c), inciso i), las autoridades competentes de los Estados miembros afectados junto con la autoridad competente del Estado miembro en el que está radicado el administrador podrán acordar que se considere que el índice de referencia en cuestión es crucial en virtud del presente párrafo. En cualquier caso, la autoridad competente del administrador consultará a las autoridades de los Estados miembros afectados. En caso de desacuerdo entre las autoridades competentes, la autoridad competente del administrador decidirá si debe considerarse que el índice de referencia en cuestión es crucial en virtud del presente párrafo, tomando en consideración los motivos del desacuerdo. Las autoridades competentes o, en caso de desacuerdo, la autoridad competente del administrador transmitirá la evaluación a la Comisión. Tras recibir la evaluación, la Comisión adoptará un acto de ejecución de conformidad con el presente apartado. Además, en caso de desacuerdo, la autoridad competente del administrador transmitirá su evaluación a la AEVM, que podrá publicar un dictamen.

a)

el valor de los instrumentos financieros y de los contratos financieros que tengan el índice por referencia, así como el valor de los fondos de inversión que los tienen por referencia para medir la rentabilidad, dentro del Estado miembro y su pertinencia en términos del valor total de los instrumentos financieros y de los contratos financieros pendientes, y del valor total de los fondos de inversión en el Estado miembro en cuestión;

b)

el valor de los instrumentos financieros y de los contratos financieros que tengan el índice por referencia, así como el valor de los fondos de inversión que los tienen por referencia para medir la rentabilidad, dentro del Estado miembro y su pertinencia en términos de producto nacional bruto del Estado miembro;

c)

cualquier otra cifra para evaluar, sobre una base objetiva, el posible impacto de la discontinuidad o de la falta de fiabilidad del índice de referencia para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de hogares y empresas en el Estado miembro.

a)

especificar cómo se han de evaluar el importe nominal de los instrumentos financieros distintos de los derivados, el importe nocional de los derivados y el valor neto de los activos de los fondos de inversión, incluido en el caso de una referencia indirecta a un índice de referencia dentro de una combinación de índices de referencia, a fin de compararlos con los umbrales contemplados en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 24, apartado 1, letra a);

b)

revisar el método de cálculo utilizado para determinar los umbrales mencionados en el apartado 1 del presente artículo a la luz de la evolución del mercado, los precios y la regulación, así como la idoneidad de la clasificación de los índices de referencia cuando el valor total de los instrumentos financieros, contratos financieros y fondos de inversión que los tienen por referencia se acerca al umbral. Dicha revisión se realizará como mínimo cada dos años a partir del 1 de enero de 2018;

c)

especificar cómo se han de aplicar los criterios contemplados en el apartado 1, letra c), inciso iii), del presente artículo, tomando en consideración cualesquiera datos que ayuden a evaluar, sobre bases objetivas, las posibles consecuencias de la discontinuidad o falta de fiabilidad del índice de referencia para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de los hogares y las empresas en uno o varios Estados miembros.

a)

comunicarlo inmediatamente a su autoridad competente, y

b)

en un plazo de cuatro semanas a partir de dicha comunicación, presentar una evaluación de cómo el índice de referencia:

a)

informará a la AEVM y, si procede, al colegio creado en virtud del artículo 46, y

b)

realizará, en un plazo de cuatro semanas, su propia evaluación de cómo el índice de referencia se ha de traspasar a un nuevo administrador o dejar de elaborarse, teniendo en cuenta el procedimiento establecido de conformidad con el artículo 28, apartado 1.

a)

la elaboración del índice de referencia se haya traspasado a un nuevo administrador;

b)

se puede dejar de elaborar el índice de referencia de manera ordenada, o

c)

el índice de referencia ya no sea crucial.

a)

requerir a las entidades supervisadas seleccionadas conforme al apartado 7 del presente artículo, incluidas las entidades que aún no son contribuidores del índice de referencia crucial correspondiente, que aporten datos de cálculo al administrador de acuerdo con la metodología de este, el código de conducta a que se refiere el artículo 15 y otras normas. Dicha obligación estará vigente durante un período adecuado que no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que se tomó la decisión inicial de requerir la aportación obligatoria en virtud del apartado 5 o, respecto de aquellas entidades que aún no sean contribuidores, a partir de la fecha en que se adopte la decisión de requerir la aportación obligatoria en virtud de la presente letra;

b)

ampliar el período de aportación obligatoria por un tiempo adecuado que no superará 12 meses, tras proceder a una revisión en virtud del apartado 9 de las medidas adoptadas de conformidad con la letra a) del presente apartado;

c)

determinar en qué forma y plazo deben aportarse datos de cálculo, sin imponer a las entidades supervisadas la obligación de negociar o comprometerse a negociar;

d)

requerir del administrador que modifique la metodología, el código de conducta del artículo 15 u otras normas aplicables al índice de referencia crucial.

a)

probable que los contribuidores sigan aportando datos de cálculo durante al menos un año aunque se revoque la medida, lo que quedará probado mediante, como mínimo:

b)

que la elaboración del índice de referencia puede mantenerse una vez que los contribuidores obligados a aportar datos de cálculo dejen de hacerlo;

c)

que existe un índice de referencia sustitutivo aceptable, al que los usuarios del índice de referencia crucial pueden pasarse con un coste mínimo, lo que quedará patente mediante, al menos, un informe escrito del administrador en el que especifique la forma de transición a un índice de referencia sustitutivo y la capacidad de los usuarios para pasar a ese índice sustitutivo, así como el coste para ellos, o

d)

que no pueden identificarse contribuidores alternativos adecuados y la cesación de las aportaciones de las entidades supervisadas correspondientes debilitaría el índice de referencia hasta tal punto que sería necesario poner fin a su elaboración.

a)

se utiliza directa o indirectamente dentro de una combinación de índices como referencia para instrumentos financieros o contratos financieros o para medir la rentabilidad de fondos de inversión, con un valor total de como mínimo 50 000 millones EUR sobre la base de toda la gama de plazos de vencimiento del índice de referencia durante un período de seis meses, cuando proceda, o

b)

carece de sustitutos adecuados orientados al mercado o tiene muy pocos y si, en caso de que deje de elaborarse o se elabore sobre la base de datos de cálculo que ya no sean representativos del mercado subyacente o la realidad económica, o sobre la base de datos de cálculo poco fiables, se registrasen consecuencias significativas y adversas para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de los hogares y las empresas en uno o varios Estados miembros.

a)

la vulnerabilidad de los índices de referencia frente a la manipulación;

b)

la naturaleza de los datos de cálculo;

c)

el nivel de los conflictos de intereses;

d)

el grado de discrecionalidad del administrador;

e)

los efectos de los índices de referencia en los mercados;

f)

la naturaleza, dimensión y complejidad de la elaboración del índice de referencia;

g)

la importancia del índice de referencia para la estabilidad financiera;

h)

el valor de los instrumentos financieros, contratos financieros o fondos de inversión que tengan el índice por referencia;

i)

el tamaño y la forma o estructura organizativa del administrador.

a)

se definirá clara e inequívocamente el mercado o la realidad económica medida por el índice, así como las circunstancias en las que esa medida puede no ser fiable;

b)

se detallarán las especificaciones técnicas que sirvan para identificar clara e inequívocamente los elementos del cálculo del índice de referencia en relación con los cuales pueda practicarse la discrecionalidad, los criterios aplicables a dicha discrecionalidad y la posición de las personas que puedan practicarla, y de qué modo cabe evaluar posteriormente tal discrecionalidad;

c)

se advertirá de la posibilidad de que determinados factores, entre ellos factores externos que escapen al control del administrador, pueden hacer necesario introducir cambios en el índice o dar por terminada su elaboración, y

d)

se advertirá a los usuarios de que los cambios que se introduzcan en el índice o el hecho de dar por terminada su elaboración pueden afectar a todo contrato financiero o instrumento financiero que tenga el índice por referencia o en la medición de la rentabilidad de fondos de inversión.

a)

la definición de todos los términos clave en relación con el índice de referencia;

b)

los motivos para la adopción de la metodología aplicable al índice de referencia y los procedimientos de revisión y aprobación de dicha metodología;

c)

los criterios y procedimientos utilizados para determinar el índice de referencia, incluyendo una descripción de los datos de cálculo, la prioridad concedida a los diferentes tipos de datos de cálculo, los datos mínimos necesarios para determinar un índice de referencia, el empleo de cualesquiera modelos o métodos de extrapolación y todo procedimiento para reequilibrar los componentes de un índice de índices de referencia;

d)

los controles y las normas que rigen la realización de un juicio o la práctica de la discrecionalidad por parte del administrador o de cualquier contribuidor, a fin de garantizar la coherencia en el uso de tales facultades de juicio y de discrecionalidad;

e)

los procedimientos que rigen la determinación del índice de referencia en períodos de tensión, o en períodos en los que las fuentes de datos de operaciones puedan resultar insuficientes, inexactas o poco fiables, y las posibles limitaciones del índice en tales períodos;

f)

los procedimientos para solventar errores en los datos de cálculo o en la determinación del índice de referencia, incluidos los casos en que sea preciso volver a determinar el índice, y

g)

la determinación de las posibles limitaciones de un índice de referencia, incluido su funcionamiento en mercados sin liquidez o fragmentados, y la posible concentración de insumos.

a)

que la Comisión haya adoptado una decisión en materia de equivalencia de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 o 3, del presente artículo;

b)

que el administrador esté autorizado o registrado, y sujeto a supervisión, en el tercer país de que se trate;

c)

que el administrador haya comunicado a la AEVM su consentimiento en cuanto a que sus índices de referencia presentes o futuros puedan ser utilizados por entidades supervisadas de la Unión, su consentimiento en cuanto a la lista de índices de referencia para ser utilizados en la Unión y le haya comunicado qué autoridad competente será responsable de su supervisión en el tercer país de que se trate, y

d)

que los convenios de cooperación a los que se refiere el apartado 4 del presente artículo sean operativos.

a)

que los administradores autorizados o registrados en ese tercer país cumplen disposiciones vinculantes equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento, teniendo en cuenta, en particular, si el marco jurídico y las prácticas de supervisión del tercer país garantizan el cumplimiento de los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros, o bien, cuando proceda, de los principios de la OICV para las agencias de comunicación de precios del petróleo, y

b)

que las disposiciones vinculantes son objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en ese tercer país.

a)

los requisitos obligatorios de un tercer país con respecto a administradores concretos o a índices de referencia o familias de índices de referencia concretos son equivalentes a los exigidos en virtud del presente Reglamento, teniendo en cuenta, en particular, si el marco jurídico y las prácticas de supervisión del tercer país garantizan el cumplimiento de los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros, o bien, cuando proceda, de los principios de la OICV para las agencias de comunicación de precios del petróleo, y

b)

dichos administradores concretos o índices de referencia o familias de índices de referencia concretos son objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en ese tercer país.

a)

el mecanismo de intercambio de información entre la AEVM y las autoridades competentes de los terceros países de que se trate, incluido el acceso a toda la información pertinente sobre los administradores autorizados en ese tercer país que solicite la AEVM;

b)

el mecanismo de notificación inmediata a la AEVM cuando la autoridad competente de un tercer país considere que el administrador autorizado en ese tercer país que esté siendo supervisado por ella infringe las condiciones de autorización u otra legislación nacional en dicho tercer país;

c)

los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervisión, incluidas las inspecciones in situ.

a)

actúa de forma claramente perjudicial para los intereses de los usuarios de sus índices de referencia o para el correcto funcionamiento de los mercados, o

b)

ha infringido gravemente la legislación nacional u otras disposiciones que le sean aplicables en el tercer país considerado, basándose en las cuales la Comisión adoptó la decisión de ejecución con arreglo al artículo 30, apartados 2 o 3.

a)

que la AEVM haya remitido el asunto a la autoridad competente del tercer país y que dicha autoridad no haya adoptado las medidas adecuadas necesarias para proteger a los inversores y el correcto funcionamiento de los mercados en la Unión o no haya demostrado que el administrador en cuestión cumple los requisitos que se le aplican en dicho tercer país;

b)

que la AEVM haya informado a la autoridad competente del tercer país de su intención de cancelar la inscripción registral del administrador, al menos 30 días antes de proceder a dicha cancelación.

a)

cuando un administrador forme parte de un grupo que incluya una entidad supervisada radicada en la Unión, el Estado miembro de referencia será el Estado miembro en el que esté radicada dicha entidad supervisada. Esta entidad supervisada será designada como representante legal a efectos del apartado 3;

b)

si la letra a) no es aplicable, cuando un administrador forme parte de un grupo que incluya más de una entidad supervisada radicada en la Unión, el Estado miembro de referencia será el Estado miembro en el que esté radicado el mayor número de entidades supervisadas o, en el caso de que haya igual número de entidades supervisadas, el Estado miembro de referencia será aquel en el que más alto sea el valor de los instrumentos financieros, contratos financieros o fondos de inversión que utilicen como referencia el índice de referencia. Una de las entidades supervisadas radicadas en el Estado miembro de referencia, determinado con arreglo a la presente letra, será designada representante legal a efectos del apartado 3;

c)

si ninguna de las letras a) o b) del presente apartado es aplicable, cuando uno o varios índices de referencia elaborados por el administrador se utilicen como referencia para instrumentos financieros admitidos a negociación en un centro de negociación, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 24, de la Directiva 2014/65/UE, en uno o varios Estados miembros, el Estado miembro de referencia será el Estado miembro en el que el instrumento financiero relativo a cualquiera de esos índices de referencia haya sido admitido a negociación o haya sido negociado por primera vez en un centro de negociación y sigan siendo objeto de negociación. Si los instrumentos financieros pertinentes han sido admitidos a negociación o han sido negociados por primera vez simultáneamente en plataformas de negociación situadas en diferentes Estados miembros y siguen siendo objeto de negociación, el Estado miembro de referencia será aquel en el que más alto sea el valor de los instrumentos financieros, contratos financieros o fondos de inversión que utilicen como referencia el índice;

d)

si ninguna de las letras a), b) o c) es aplicable, cuando uno o varios índices de referencia elaborados por un administrador sean utilizados por entidades supervisadas en más de un Estado miembro, el Estado miembro de referencia será el Estado miembro en el que esté radicado el mayor número de entidades supervisadas o, en el caso de que haya un número igual de entidades supervisadas, el Estado miembro de referencia será aquel en el que más alto sea el valor de los instrumentos financieros, contratos financieros o fondos de inversión que utilicen como referencia el índice;

e)

si ninguna de las letras a), b), c) o d) es aplicable y si el administrador ha celebrado un acuerdo con una entidad supervisada para autorizar la utilización de un índice de referencia elaborado por él, el Estado miembro de referencia será el Estado miembro en el que esté radicada dicha entidad supervisada.

a)

cuando el administrador radicado en un tercer país esté sujeto a supervisión, que exista un acuerdo de cooperación apropiado entre la autoridad competente del Estado miembro de referencia y la autoridad competente del tercer país donde esté radicado el administrador, de conformidad con las normas técnicas de regulación adoptadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30, apartado 5, a fin de garantizar un intercambio eficaz de información que permita que la autoridad competente pueda desempeñar sus funciones de conformidad con el presente Reglamento;

b)

que el ejercicio efectivo por la autoridad competente de sus funciones de supervisión en aplicación del presente Reglamento no se vea impedido por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del tercer país donde esté radicado el administrador ni, en su caso, por limitaciones de las facultades de supervisión e investigación de las autoridades supervisoras de dicho tercer país.

a)

que el administrador u otra entidad supervisada responsable de la validación haya verificado y pueda demostrar a su autoridad competente de forma continuada que la elaboración del índice de referencia o de la familia de índices de referencia que se someten a validación cumple, por mandato legal o de forma voluntaria, requisitos como mínimo tan estrictos como los del presente Reglamento;

b)

que el administrador u otra entidad supervisada responsable de la validación tenga la experiencia necesaria para controlar eficazmente las actividades de elaboración de índices de referencia realizadas en un tercer país y para gestionar los riesgos asociados a dichas actividades;

c)

que exista una razón objetiva para elaborar el índice de referencia o la familia de índices de referencia en un tercer país y para validarlos con el fin de utilizarlos en la Unión.

a)

autorización, si elabora o tiene intención de elaborar índices que se utilicen o se vayan a utilizar como índices de referencia en el sentido del presente Reglamento;

b)

inscripción registral, si se trata de una entidad supervisada distinta de un administrador que elabore o tenga intención de elaborar índices que se utilicen o se vayan a utilizar como índices de referencia en el sentido del presente Reglamento, con la condición de que la actividad de elaboración de índices de referencia no se vea impedida por la disciplina del sector que se aplica a la entidad supervisada y que ninguno de los índices elaborados se considere un índice de referencia crucial, o bien

c)

inscripción registral, si solo elabora o tiene intención de elaborar índices de referencia que se consideren no significativos.

a)

examinará la solicitud de autorización y decidirá si otorga o deniega la autorización en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de una solicitud completa;

b)

examinará la solicitud de inscripción registral y decidirá si la otorga o deniega en un plazo de 45 días hábiles a partir de la recepción de una solicitud completa.

a)

renuncie expresamente a la autorización o inscripción registral o no haya elaborado índices de referencia en los 12 meses anteriores;

b)

haya obtenido la autorización o la inscripción registral o haya validado un índice de referencia valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c)

deje de cumplir las condiciones iniciales de autorización o inscripción en el registro, o

d)

haya infringido de forma grave o reiterada las disposiciones adoptadas de conformidad con el presente Reglamento.

a)

la identidad de los administradores autorizados o registrados de conformidad con el artículo 34 y las autoridades competentes responsables de su supervisión;

b)

la identidad de los administradores que cumplan las condiciones del artículo 30, apartado 1, la lista de índices de referencia a que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra c), y las autoridades competentes del tercer país responsable de su supervisión;

c)

la identidad de los administradores que hayan obtenido el reconocimiento de conformidad con el artículo 32, la lista de índices de referencia a que se refiere el artículo 32, apartado 7, y, cuando proceda, las autoridades competentes del tercer país responsable de su supervisión;

d)

los índices de referencia que estén validados de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 33 y la identidad de los administradores o las entidades supervisadas responsables de la validación.

a)

han obtenido el consentimiento escrito de la autoridad competente y la información se revela solo a los fines para los que esa autoridad haya dado su consentimiento, o

b)

dicha información resulta necesaria en el marco de un procedimiento judicial.

a)

realizar ella misma la investigación o inspección in situ;

b)

permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud participar en la investigación o inspección in situ;

c)

designar a auditores o expertos para que presten apoyo o realicen la investigación o inspección in situ.

a)

tener acceso a cualesquiera documentos u otros datos bajo cualquier forma y recibir o realizar una copia de los mismos;

b)

solicitar información a cualquier persona que participe en la elaboración de un índice de referencia, o que haga aportaciones para ello, incluidos los proveedores de servicios en quienes se hayan externalizado funciones, servicios o actividades para la elaboración de índices de referencia de conformidad con el artículo 10, así como los ordenantes de la externalización, y en caso necesario convocar e interrogar a cualquiera de esas personas con el fin de obtener información;

c)

requerir información relativa a los índices de referencia de materias primas a los contribuidores de los mercados al contado mediante, cuando proceda, formularios normalizados e informes sobre las operaciones y tener acceso directamente a los sistemas de los operadores;

d)

realizar investigaciones o inspecciones in situ, en lugares distintos de los domicilios particulares de las personas físicas;

e)

entrar en los locales de personas jurídicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 596/2014, a fin de incautarse de documentos u otros datos bajo cualquier forma, siempre que se tenga la sospecha razonable de que existen documentos u otros datos relacionados con el objeto de la inspección o investigación que pueden ser pertinentes para demostrar una infracción del presente Reglamento; si es preciso obtener una autorización previa de las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate, con arreglo al Derecho nacional, esta facultad solo se utilizará una vez obtenida dicha autorización judicial previa;

f)

exigir las grabaciones de conversaciones telefónicas o de comunicaciones electrónicas u otros registros de tráfico de datos que obren en poder de una entidad supervisada;

g)

requerir la inmovilización o el embargo de activos;

h)

exigir la suspensión temporal de toda práctica que la autoridad competente considere contraria a lo dispuesto en el presente Reglamento;

i)

imponer la prohibición temporal de ejercer una actividad profesional;

j)

adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el público esté correctamente informado sobre la elaboración de un índice de referencia, tales como exigir al administrador pertinente o a la persona que haya publicado o divulgado dicho índice o a ambos que publiquen una declaración rectificativa de anteriores aportaciones al índice de referencia o de las cifras de este.

a)

directamente;

b)

en colaboración con otras autoridades o los organismos de los mercados;

c)

bajo su responsabilidad por delegación en dichas autoridades u organismos de los mercados;

d)

mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.

a)

las infracciones de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 34, cuando sean de aplicación, y

b)

la falta de cooperación o el desacato en relación con una investigación o una inspección o una solicitud con arreglo al artículo 41.

a)

emitir un requerimiento por el que se conmine al administrador o a la entidad supervisada responsable de la infracción a que ponga fin a la misma y se abstenga de repetirla;

b)

exigir la restitución de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas gracias a la infracción, cuando las mismas puedan determinarse;

c)

efectuar una amonestación pública en la que se indique el administrador o la entidad supervisada responsable y la naturaleza de la infracción;

d)

revocar o suspender la autorización o la inscripción registral de un administrador;

e)

prohibir temporalmente que cualquier persona física que se considere responsable de la infracción ejerza funciones de dirección en administradores o contribuidores supervisados;

f)

imponer sanciones administrativas pecuniarias de, como máximo, el triple del importe de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas gracias a la infracción, cuando las mismas puedan determinarse, o

g)

si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de, como máximo, las cuantías siguientes:

h)

si se trata de una persona jurídica, sanciones administrativas pecuniarias de, como máximo, las cuantías siguientes:

a)

la gravedad y duración de la infracción;

b)

el grado de importancia del índice de referencia para la estabilidad financiera y para la economía real;

c)

el grado de responsabilidad de la persona responsable;

d)

la solidez financiera de la persona responsable, según se deduzca, en particular, del volumen de negocios total anual de la persona jurídica responsable o los ingresos anuales de la persona física responsable;

e)

la magnitud de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas por la persona responsable, cuando las mismas puedan determinarse;

f)

el grado de cooperación de la persona responsable con la autoridad competente, sin perjuicio de la obligación de que dicha persona restituya las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas;

g)

las anteriores infracciones de la persona de que se trate;

h)

las medidas adoptadas tras la infracción por una persona responsable, para evitar que aquella se repita.

a)

aplazar la publicación de la decisión hasta el momento en que desaparezcan las razones que motivan dicho aplazamiento, o

b)

publicar la decisión de forma anónima de conformidad con el Derecho nacional, si tal publicación anónima garantiza la protección efectiva de los datos de naturaleza personal de que se trate;

c)

no publicar la decisión si la autoridad competente opina que la publicación con arreglo a las letras a) o b) será insuficiente para garantizar:

a)

la información que deban intercambiarse las autoridades competentes;

b)

el proceso de toma de decisiones entre las autoridades competentes y el plazo en el que deberá tomarse cada decisión;

c)

los casos en que las autoridades competentes deban consultarse recíprocamente;

d)

la cooperación que deba prestarse de acuerdo con el artículo 23, apartados 7 y 8.

a)

la modificación del código de conducta a que se refiere el artículo 15, la metodología u otras normas aplicables al índice de referencia;

b)

un período transitorio durante el cual se aplicarán los procedimientos previstos en el artículo 28, apartado 2.

a)

cuando una autoridad competente no haya comunicado información esencial;

b)

cuando, en respuesta a una solicitud al amparo del apartado 3, la autoridad competente del administrador haya notificado a la autoridad solicitante que no se dan las condiciones previstas en ese apartado, o no haya respondido a dicha solicitud en un plazo razonable;

c)

cuando las autoridades competentes no hayan alcanzado un acuerdo en relación con lo especificado en el apartado 6;

d)

cuando no haya acuerdo respecto a la medida que deberá tomarse con arreglo a los artículos 34, 35 y 42;

e)

cuando existan desacuerdos respecto a la medida que deberá tomarse de conformidad con los artículos 23, apartado 6;

f)

cuando existan desacuerdos respecto a la medida que deberá tomarse de conformidad con el apartado 8, párrafo tercero, del presente artículo.

a)

dicho proveedor de índices no elabora un índice de referencia crucial;

b)

la autoridad competente tiene conocimiento, sobre una base razonable, de que el índice o índices elaborados por el proveedor de índices no se utilizan extensamente, en el sentido del presente Reglamento, ni en el Estado miembro donde el proveedor de índices esté radicado, ni en otros Estados miembros.

a)

el funcionamiento y la eficacia del régimen de índices de referencia cruciales, administración obligatoria y aportación obligatoria contemplado en los artículos 20, 21 y 23, y la definición de índice de referencia crucial del artículo 3, apartado 1, punto 25;

b)

la eficacia del régimen de autorización, registro y supervisión de los administradores establecido en el título VI y los colegios a que se refiere el artículo 46, así como la conveniencia de que determinados índices de referencia sean supervisados por un órgano de la Unión, y

c)

el funcionamiento y la eficacia del artículo 19, apartado 2, y en particular de su ámbito de aplicación.

1)

El artículo 19 se modifica como sigue:

2)

El artículo 35 se modifica como sigue:

3)

En el artículo 38 se añaden los párrafos siguientes:

«A más tardar el 3 de julio de 2019, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo, previa consulta de la AEVM, sobre el nivel de los umbrales establecidos en el artículo 19, apartado 1 bis, letras a) y b), en relación con las operaciones realizadas por directivos en las que las acciones o instrumentos de deuda del emisor forman parte de un organismo de inversión colectiva o proporcionan una exposición a una cartera de activos, con el objetivo de valorar si el nivel es apropiado o es necesario ajustarlo.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 35 para ajustar los umbrales del artículo 19, apartado 1 bis, letras a) y b), si, en ese informe llega a la conclusión de que es necesario ajustarlos.».

1)

En el artículo 5, apartado 1, se inserta el párrafo siguiente tras el párrafo segundo:

«Cuando el contrato de crédito se base en un índice de referencia tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), el prestamista o, si corresponde, el intermediario de crédito comunicará al consumidor el nombre del índice de referencia y de su administrador, así como las posibles implicaciones para el consumidor, en un documento aparte, que podrá adjuntarse a la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo.

(*)  Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).»."

2)

En el artículo 27, apartado 1, se inserta el párrafo siguiente después del párrafo segundo:

«A más tardar el 1 de julio de 2018, los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 5, apartado 1, párrafo tercero y lo comunicarán a la Comisión. Aplicarán estas disposiciones a partir del 1 de julio de 2018.».

1)

En el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, se inserta la letra siguiente:

(**)  Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).»."

2)

En el artículo 42, apartado 2, se inserta el párrafo siguiente después del párrafo primero:

«A más tardar el 1 de julio de 2018, los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e bis), y lo comunicarán a la Comisión. Aplicarán esas disposiciones a partir del 1 de julio de 2018.».

3)

En el artículo 43, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e bis), no se aplicará a los contratos de crédito existentes antes del 1 de julio de 2018.».

29.6.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 171/66

(1)

La cría de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina ocupa un lugar estratégico en la agricultura de la Unión en términos económicos y sociales y contribuye a preservar el patrimonio cultural de la Unión. Esta actividad agropecuaria, que contribuye a la seguridad alimentaria en la Unión, constituye una fuente de ingresos para la población agraria. La cría de animales de dichas especies se fomenta mejor cuando se promueve el uso de animales reproductores de raza pura o de porcinos reproductores híbridos de alta calidad genética registrada.

(2)

En consecuencia, como parte de su política agrícola, los Estados miembros se han venido esforzando en promover la producción de ganado con características genéticas específicas a través de la fijación de criterios, a veces realizándolo a través de la inversión pública. Las disparidades entre dichos criterios pueden crear obstáculos técnicos al comercio de animales reproductores y su material reproductivo, así como a su entrada en la Unión.

(3)

El marco jurídico de la Unión para la cría de animales reproductores de raza selecta de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina y de porcinos reproductores híbridos lo constituyen las Directivas 88/661/CEE (3), 89/361/CEE (4), 90/427/CEE (5), 91/174/CEE (6), 94/28/CE (7) y 2009/157/CE (8) del Consejo. El objetivo de todas estas Directivas era desarrollar la cría ganadera en la Unión y al mismo tiempo regular el comercio de los animales reproductores y de su material reproductivo y su entrada en la Unión, manteniendo así la competitividad del sector de la cría animal en la Unión.

(4)

Las Directivas 87/328/CEE (9), 90/118/CEE (10) y 90/119/CEE (11) del Consejo fueron adoptadas para evitar que los Estados miembros mantuvieran o adoptaran normas nacionales relativas a la admisión para la reproducción de animales reproductores de las especies bovina y porcina y la producción y utilización de su esperma, oocitos y embriones que pudiesen constituir una prohibición, una restricción o un obstáculo para el comercio, tanto en el caso de la cubrición natural como en el de la inseminación artificial o la recogida de esperma, oocitos o embriones.

(5)

Con arreglo a las Directivas 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE y 2009/157/CE, la Comisión, previa consulta a los Estados miembros a través del Comité Zootécnico Permanente creado de conformidad con la Decisión 77/505/CEE del Consejo (12), adoptó una serie de decisiones que establecen criterios específicos por especies para la autorización o el reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de criadores, para el registro de los animales reproductores en libros genealógicos, para la admisión de los ovinos y caprinos reproductores de raza pura para la reproducción y la inseminación artificial, para las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos reproductores y para el establecimiento de los certificados genealógicos o zootécnicos para el comercio de animales reproductores y su material reproductivo.

(6)

La Comisión también creó una lista de las entidades de cría ganadera de terceros países y el modelo de los certificados genealógicos o zootécnicos para la entrada en la Unión de animales reproductores y de su esperma, oocitos y embriones.

(7)

Las Directivas 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE y 2009/157/CE son muy similares en cuanto a estructura y contenido. Algunas de ellas han sido modificadas a lo largo del tiempo. En aras de la simplicidad y la coherencia del Derecho de la Unión, procede racionalizar la normativa de la Unión establecida en esas directivas.

(8)

Durante los últimos veinte años, la Comisión ha tenido que responder a un número significativo de denuncias planteadas por criadores y operadores que llevan a cabo programas de cría respecto de la transposición e interpretación nacional de los actos jurídicos de la Unión sobre la cría de animales en distintos Estados miembros. Para garantizar la aplicación uniforme de la normativa de la Unión sobre la cría de animales y evitar la creación de obstáculos al comercio de animales reproductores y su material reproductivo derivados de divergencias en la transposición nacional de las Directivas, las condiciones zootécnicas y genealógicas para el comercio de animales reproductores y su material reproductivo y su entrada en la Unión deben establecerse en un reglamento.

(9)

Además, la experiencia ha demostrado que, para facilitar la aplicación de la normativa establecida en las citadas Directivas, algunas de sus disposiciones exigen una redacción más precisa, junto con una terminología coherente y uniforme para todos los Estados miembros. En aras de la claridad y la coherencia del Derecho de la Unión, es apropiado contar con un mayor número de definiciones, entre ellas una definición de «raza».

(10)

La búsqueda de competitividad en el sector de la cría animal no debe conllevar la desaparición de razas con características que están adaptadas a contextos biofísicos concretos. Si el tamaño de sus poblaciones es demasiado pequeño, las razas locales podrían correr el riesgo de perder diversidad genética. Como elemento importante de la biodiversidad agrícola, los recursos genéticos animales aportan una base esencial para el desarrollo sostenible del sector ganadero y ofrecen oportunidades para adaptar los animales a entornos, condiciones de producción y demandas del mercado y de los consumidores cambiantes. Por consiguiente, los actos jurídicos de la Unión sobre la cría de animales deben contribuir a la conservación de los recursos genéticos animales, la protección de la biodiversidad y la fabricación de productos regionales típicos de calidad basados en las características hereditarias específicas de razas locales de animales domésticos. Los actos jurídicos de la Unión deben también promover programas de cría viables para la mejora de las razas y especialmente, cuando se trate de razas amenazadas o razas autóctonas que no se encuentren habitualmente en la Unión, para la conservación de las razas y de la diversidad genética intra e interracial.

(11)

Gracias a la selección y la cría se han hecho progresos significativos en el desarrollo de características relacionadas con la productividad de las especies ganaderas, lo que ha permitido reducir los costes de producción en las explotaciones. Sin embargo, esta evolución ha conllevado en algunos casos efectos secundarios adversos que han generado en la sociedad inquietudes relacionadas con el bienestar animal y con el medio ambiente. La aplicación de la genómica y el uso de tecnologías de la información avanzadas, como la «ganadería de precisión» -que permite registrar importantes conjuntos de datos sobre características alternativas relacionadas directa o indirectamente con el bienestar animal y con cuestiones de sostenibilidad-, tienen un gran potencial para hacer frente a la preocupación en la sociedad y lograr los objetivos de una cría animal sostenible en términos de mayor eficiencia en el uso de los recursos y de refuerzo de la resistencia y rusticidad de los animales. La recopilación de datos sobre esas características alternativas debe adquirir mayor importancia en el marco de los programas de cría y se le debe dar mayor prominencia en la definición de los objetivos de selección. En este contexto, los recursos genéticos de las razas amenazadas deben considerarse un depósito de genes que pueden contribuir a alcanzar esos objetivos en materia de bienestar animal y de sostenibilidad.

(12)

El presente Reglamento debe aplicarse a los animales reproductores de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina y a su material reproductivo, cuando se pretenda inscribir a dichos animales o los descendientes procedentes de tal material reproductivo como animales reproductores de raza pura en un libro genealógico, o registrarlos como porcinos reproductores híbridos en un registro genealógico, especialmente con miras al comercio dentro de la Unión, inclusive dentro de un Estado miembro, o a la entrada en la Unión de esos animales reproductores y su material reproductivo.

(13)

Los términos «animal reproductor» o «animal reproductor de raza pura» no deben entenderse únicamente en referencia a los animales que aún conservan su función reproductiva. De hecho, los animales castrados pueden contribuir con sus datos genealógicos y zootécnicos a la evaluación de la calidad genética de la población reproductora y, por ende, a la integridad de la clasificación de los animales reproductores sobre la base de los resultados. En función de los objetivos del programa de cría, la falta o la pérdida de datos resultante de la exclusión explícita de los animales castrados de la inscripción en un libro o registro genealógico podría sesgar los resultados de la evaluación de la calidad genética de los animales reproductores relacionados genéticamente con esos animales castrados.

(14)

El objetivo de las normas sobre los animales reproductores de raza pura que establece el presente Reglamento es facilitar el acceso al comercio con arreglo a principios acordados en lo relativo al reconocimiento de las sociedades de criadores de razas puras que gestionan las razas y la aprobación de sus programas de cría respectivos. Asimismo, el presente Reglamento debe establecer normas para el registro de los animales reproductores de raza pura en la sección principal de los libros genealógicos y, cuando existan, en las diversas categorías de mérito de la sección principal. También debe establecer las normas para las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética y normas para la admisión de animales reproductores para la reproducción, así como el contenido de los certificados zootécnicos.

(15)

Del mismo modo, el objetivo de las normas sobre los porcinos reproductores híbridos que establece el presente Reglamento, debe ser garantizar el acceso al comercio basado en principios pactados aplicables al reconocimiento de las sociedades de criadores de porcinos híbridos que gestionan las diversas razas, líneas o cruces de la especie porcina y la aprobación de los programas de cría respectivos. Asimismo, el presente Reglamento debe establecer normas para el registro de los porcinos reproductores híbridos en los registros genealógicos. También debe establecer las normas para las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética y normas para la admisión de estos animales para la reproducción, así como el contenido de los certificados zootécnicos.

(16)

No resulta adecuado abordar en el presente Reglamento las cuestiones relativas a la clonación.

(17)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber garantizar un enfoque armonizado del comercio de animales reproductores y su material reproductivo y de su entrada en la Unión, así como de los controles oficiales que es necesario realizar con respecto a los programas de cría llevados a cabo por las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus efectos, complejidad y carácter transfronterizo e internacional, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(18)

La calidad de los servicios que prestan las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos y la forma en que evalúan y clasifican a los animales reproductores repercuten en la calidad y exactitud de la información zootécnica y genealógica recogida o determinada con respecto a estos animales y en su valor en el mercado. En consecuencia, deben establecerse normas para el reconocimiento de las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos y para la aprobación de sus programas de cría basadas en criterios armonizados a escala de la Unión. Estas normas deben regular también la supervisión por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros con el fin de garantizar que las normas establecidas por las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos no provoquen disparidades entre programas de cría, creando, de este modo, obstáculos técnicos al comercio en la Unión.

(19)

Conviene establecer en el presente Reglamento procedimientos similares a los establecidos en las Directivas 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE y 2009/157/CE para hacer el listado de las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos reconocidas, en particular a efectos de la actualización, transmisión y publicación de las listas.

(20)

Los programas de cría con animales reproductores de raza pura se llevan a cabo con la finalidad global de mejorar de forma sostenible los caracteres productivos y no productivos de los animales de una raza determinada o de conservar una raza. En esos programas de cría debe participar un número suficientemente elevado de animales reproductores de raza pura de criadores que, a través de la cría y la selección, promuevan y desarrollen características deseables en estos animales o garanticen la conservación de la raza, con arreglo a los objetivos aceptados conjuntamente por los criadores participantes. Asimismo, los programas de cría con porcinos reproductores híbridos se llevan a cabo a fin de desarrollar características deseables a través del cruce planificado entre distintas razas, líneas o cruces de porcinos. Los animales reproductores (de raza pura o híbridos) que participan en un programa de cría se inscriben en un libro o registro genealógico, que contiene información sobre sus ascendientes y, en función de los objetivos de cría establecidos en el programa de cría, se someten a pruebas de control de rendimientos o a cualquier otra evaluación que dé lugar al registro de los datos sobre las características relacionadas con los objetivos de ese programa de cría. Cuando el programa de cría así lo especifique, se realiza una evaluación genética para calcular el valor genético de los animales y clasificar a los animales en consecuencia. Dichos valores genéticos y los resultados de las pruebas de control de rendimientos, así como la información genealógica, constituyen la base de la cría y la selección.

(21)

El derecho de reconocimiento como sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos que se ajusta a los criterios establecidos debe ser un principio fundamental del Derecho de la Unión sobre la cría de animales y del mercado interior. La protección de la actividad económica de una sociedad de criadores de razas puras reconocida no debe ser motivo para que una autoridad competente deniegue el reconocimiento de una nueva sociedad de criadores de razas puras dedicada a la misma raza ni para la violación de los principios por los que se rige el mercado interior. Lo anterior también es válido en caso de aprobación de un nuevo programa de cría, o en caso de aprobación de la ampliación geográfica de un programa de cría existente, cuando se refieran a la misma raza, o se refieran a animales reproductores de la misma raza que pueden seleccionarse entre la población reproductora de una sociedad de criadores de raza pura que ya esté llevando a cabo un programa de cría con esa raza. Sin embargo, cuando en un Estado miembro una o varias sociedades de criadores de razas puras reconocidas ya estén llevando a cabo un programa de cría aprobado de una raza determinada, la autoridad competente de dicho Estado miembro debe estar autorizada, en determinados casos específicos, a denegar la aprobación de un nuevo programa de cría para la misma raza, incluso si ese programa de cría cumple todos los requisitos necesarios para la aprobación. Puede constituir motivo de denegación que la aprobación de un nuevo programa de cría comprometa la conservación de esa raza o la diversidad genética dentro de esa raza en ese Estado miembro. La conservación de esa raza podría verse comprometida, en particular, como consecuencia de la fragmentación de la población reproductora, que podría dar lugar a un aumento de la consanguinidad, a más casos de defectos genéticos constatados, a pérdida de potencial de selección o a un menor acceso de los criadores a animales reproductores de raza pura o su material reproductivo. Otro motivo de denegación puede estar relacionado con la existencia de incoherencias en las características de la raza definidas o en los objetivos principales de esos programas de cría. En efecto, con independencia de la finalidad del programa de cría -concretamente, la conservación o la mejora de la raza-, la autoridad competente debe poder denegar la aprobación de un nuevo programa de cría de la misma raza cuando las diferencias entre los objetivos principales de los dos programas de cría o entre los rasgos esenciales de las características de raza definidas en esos programas de cría generarían una pérdida de eficiencia en términos de progreso genético respecto de esos objetivos o esos rasgos u otros conexos, o cuando el intercambio de animales entre ambas poblaciones conlleve el riesgo de pérdida, por selección o exogamia, de aquellos rasgos esenciales de la población inicial. Por último, en el caso de una raza amenazada o de una raza autóctona que no se encuentre habitualmente en uno o varios territorios de la Unión, la autoridad competente también debe poder denegar la aprobación de un nuevo programa de cría para la misma raza sobre la base de que ese nuevo programa de cría impediría la aplicación efectiva del programa de cría existente, especialmente debido a una falta de coordinación o de intercambio de información genealógica y zootécnica que impidiese beneficiarse de las ventajas que podrían derivarse de una evaluación común de los datos recogidos sobre esa raza. En caso de denegación de la aprobación de un programa de cría, la autoridad competente siempre debe facilitar a los solicitantes una explicación motivada y concederles un derecho de recurso contra esa denegación.

(22)

Los criadores deben tener derecho a diseñar y aplicar un programa de cría para uso propio sin que dicho programa de cría tenga que ser aprobado por las autoridades competentes. No obstante, cada uno de los Estados miembros o sus autoridades competentes deben conservar la posibilidad de regular esas actividades, en particular cuando ese programa de cría conlleve transacciones comerciales con animales reproductores o su material reproductivo o ponga en peligro un programa de cría ya existente y aprobado para esa misma raza.

(23)

Si la finalidad del programa de cría es conservar la raza, los requisitos del programa de cría se podrían complementar con medidas de conservación ex situ e in situ o con otros instrumentos para supervisar el estatus de la raza que garanticen la conservación sostenible a largo plazo de esa raza. Esas medidas deben poder establecerse en el programa de cría.

(24)

Las asociaciones y organizaciones de criadores, incluidas aquellas organizaciones de criadores que sean empresas privadas, o los organismos públicos solo deben ser reconocidos como sociedades de criadores de razas puras cuando en sus programas de cría participen criadores y cuando garanticen que esos criadores tienen libertad para seleccionar y criar sus animales reproductores de raza pura, derecho a inscribir en sus libros genealógicos a los descendientes de esos animales, y la posibilidad de ser propietarios de esos animales.

(25)

Antes de introducir modificaciones en el programa de cría autorizado, las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos deben presentar esas modificaciones a la autoridad competente que las haya reconocido. Con objeto de evitar una carga administrativa innecesaria a la autoridad competente y a las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos, dichas sociedades solo deben comunicar a la autoridad competente las modificaciones que puedan afectar sustancialmente al programa de cría. Se trata de modificaciones que afecten, en particular, a la ampliación del territorio geográfico, modificaciones en la finalidad o en los objetivos de selección y cría del programa de cría, modificaciones en la descripción de las características de la raza o en la delegación de determinadas funciones en terceros, así como de modificaciones importantes en el sistema de registro de genealogías o en los métodos utilizados para las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética, y cualquier otra modificación que la autoridad competente considere una modificación sustancial del programa de cría. Independientemente de la presentación obligatoria de las modificaciones sustanciales a la autoridad competente, las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos deben proporcionar a la autoridad competente, a petición de esta, una versión actualizada del programa de cría.

(26)

Cuando exista una necesidad reconocida de mantener o promover el desarrollo de una raza en un territorio determinado, o en caso de que se trate de una raza amenazada, la autoridad competente debe tener la posibilidad de llevar a cabo, con carácter temporal, un programa de cría con esa raza, a condición de que aún no exista un programa de cría para esa raza. No obstante, la autoridad competente que lleve a cabo ese programa de cría debe dejar de tener la posibilidad de hacerlo cuando el programa de cría se pueda transferir a un operador que cumpla los requisitos necesarios para la correcta ejecución del mismo.

(27)

Como la conservación de razas amenazadas exige la creación y el reconocimiento de sociedades de criadores de razas puras en cuyos programas de cría participa un número limitado de animales reproductores, el tamaño de la población reproductora no debe considerarse, por regla general, un requisito esencial para el reconocimiento de las sociedades de criadores de razas puras que gestionan razas amenazadas ni para la aprobación de sus programas de cría, especialmente dado que el reconocimiento tiene lugar a escala nacional.

(28)

En el presente Reglamento deben establecerse normas específicas relativas, en particular, a la promoción de animales de la sección anexa a la sección principal y a las excepciones aplicables a las pruebas de control de rendimientos y a la evaluación genética, con el fin de tener en cuenta el estatus específico de las razas amenazadas.

(29)

La Unión es Parte contratante en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en virtud de la Decisión 93/626/CEE del Consejo (13), cuyos objetivos son, en particular, la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Dicho Convenio establece que las Partes contratantes tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos y son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos. La Unión también es Parte en el Protocolo de Nagoya, sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en virtud de la Decisión 2014/283/UE del Consejo (14). En consecuencia, el presente Reglamento debe tener en cuenta, en su caso, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya y debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

(30)

Las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos reconocidas en un Estado miembro deben tener la posibilidad de aplicar su programa de cría autorizado en uno o varios de los demás Estados miembros a fin de garantizar la mejor utilización posible, dentro de la Unión, de los animales reproductores de alto valor genético. A tal fin, un procedimiento de notificación simplificado debe garantizar que la autoridad competente del otro Estado miembro sea consciente de la intención de llevar a cabo actividades transfronterizas. No obstante, los desplazamientos estacionales de animales reproductores que tengan lugar dentro de las fronteras de un Estado miembro o que afecten a varios Estados miembros no tienen que conllevar obligatoriamente la ampliación del territorio geográfico.

(31)

Debe facilitarse la cooperación transfronteriza entre las sociedades de criadores de razas puras y entre las sociedades de criadores de porcinos híbridos que deseen desarrollarla, garantizando a la vez la libertad de emprendimiento y la supresión de obstáculos a la libre circulación de los animales reproductores y su material reproductivo.

(32)

Dado que una autoridad competente podría tener que autorizar varios programas de cría llevados a cabo por una sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos que haya reconocido, y dado que una autoridad competente podría tener que autorizar la ampliación en su territorio de programas de cría llevados a cabo por una sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos reconocida en otro Estado miembro, el reconocimiento de una sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos debe separarse de la aprobación de sus programas de cría. No obstante, en el momento de evaluar una solicitud de reconocimiento como sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos, la autoridad competente debe recibir también una solicitud de aprobación de al menos un programa de cría.

(33)

Diversas denuncias tramitadas por la Comisión en años precedentes muestran que el presente Reglamento debe establecer normas claras que rijan las relaciones entre una sociedad de criadores de razas puras que establezca un libro genealógico filial para una raza concreta de animales reproductores de raza pura de la especie equina y la sociedad de criadores de razas puras que reivindica la creación del libro genealógico original de esa raza.

(34)

Es necesario aclarar la relación entre criadores y sociedades de criadores de razas puras, en particular para garantizar el derecho de los criadores a participar en el programa de cría en el territorio geográfico para el que se haya autorizado y, cuando se haya previsto la afiliación, para garantizar el derecho de afiliación de esos criadores. Las sociedades de criadores de razas puras deben disponer de normas que permitan resolver los litigios con los criadores que participen en sus programas de cría y garantizar la igualdad de trato de esos criadores. Además, deben definir sus propios derechos y obligaciones, así como los de los criadores que participen en sus programas de cría.

(35)

Los criadores cuyos animales reproductores se desplacen estacionalmente dentro de las fronteras de un Estado miembro o de una zona que sobrepase las fronteras nacionales deben tener derecho a seguir participando en el programa de cría a condición de que la sede de su explotación se encuentre en el territorio geográfico de ese programa de cría.

(36)

En el presente Reglamento se debe tener en cuenta la situación específica imperante en el sector de los porcinos reproductores híbridos. La mayoría de las empresas privadas del sector de los porcinos reproductores híbridos tienen sistemas de producción cerrados y gestionan sus propios animales de reproducción. Por consiguiente, deben establecerse varias excepciones para esas empresas, concretamente en lo que se refiere a la participación de los criadores en el programa de cría y al derecho de registro de porcinos reproductores híbridos en los registros genealógicos.

(37)

La definición de «porcino reproductor híbrido» incluye a animales de todos los niveles de la pirámide de cría y selección, que son utilizados para optimizar los cruzamientos combinando ventajas específicas de sus distintos genotipos y aprovechando los efectos de la heterosis. En función del nivel de la pirámide de cría y selección, «porcino reproductor híbrido» incluye razas, líneas o cruces. Por consiguiente, no todos los animales son necesariamente «híbridos» en el sentido tradicional.

(38)

De la experiencia adquirida con la aplicación, sobre todo de la Directiva 90/427/CEE y, en menor medida, de las Directivas 89/361/CEE y 2009/157/CE, se desprende que se requieren normas más precisas para resolver eficazmente los litigios entre los criadores, por una parte, y las sociedades de criadores de razas puras, por otra, a partir de un reglamento interno claramente establecido y unos derechos y deberes de los criadores claramente descritos. La mejor forma de conseguirlo es resolver los litigios a través del ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que se producen.

(39)

Las sociedades de criadores de razas puras que crean y llevan libros genealógicos de animales reproductores de raza pura de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina, así como las sociedades de criadores de porcinos híbridos, a excepción de las empresas privadas que operan en sistemas de producción cerrados, que crean y llevan registros genealógicos de porcinos reproductores híbridos, deben inscribir en sus libros genealógicos o registrar en sus registros genealógicos a los animales reproductores sin discriminación alguna con respecto al Estado miembro de origen de los animales o de sus propietarios, y, cuando así lo disponga el programa de cría, deben clasificar a dichos animales en función de sus méritos.

(40)

Las sociedades de criadores de razas puras deben poder establecer asimismo secciones anexas para el registro aquellos animales que no cumplen los criterios de filiación pero que, según las sociedades de criadores de razas puras, reúnen las características de la raza establecidas en el programa de cría de la raza en cuestión, con objeto de cruzar después esos animales con animales reproductores de raza pura pertenecientes a la raza incluida en el programa de cría, de manera que sus descendientes puedan ser promovidos a la sección principal del libro genealógico. Las normas específicas aplicables a la promoción de los descendientes de esos animales en la sección principal de un libro genealógico deben establecerse a nivel de la Unión.

(41)

La promoción de los descendientes a la sección principal de los libros genealógicos solo debe permitirse a través de la línea materna, con excepción de la especie equina. Sin embargo, en el caso de una raza amenazada de las especies bovina, porcina, ovina y caprina y de razas ovinas «rústicas» para las que no existan suficientes machos reproductores de raza pura, los Estados miembros deben tener la posibilidad de autorizar a las sociedades de criadores de razas puras a aplicar normas menos estrictas para promover a los descendientes de esos animales, registrados en las secciones anexas, en la sección principal de su libro genealógico con objeto de evitar un deterioro ulterior de la diversidad genética de esas razas. Asimismo, deben preverse normas especiales que permitan reconstruir razas que se hayan extinguido o se encuentren en grave peligro de extinción. Los Estados miembros que hagan uso de esas excepciones deben evaluar cuidadosamente la situación de riesgo de esas poblaciones reproductoras y garantizar una gestión segura de los recursos genéticos.

(42)

Cuando sea necesario crear una nueva raza asociando características de animales reproductores de raza pura de distintas razas o combinando animales con suficiente grado de parecido físico que ya reproducen con suficiente estabilidad genética como para considerar que se han convertido en una nueva raza, debe permitirse a las sociedades de criadores de razas puras crear libros genealógicos y llevar a cabo programas de cría con esas nuevas razas.

(43)

Ninguna disposición del presente Reglamento debe impedir que los animales registrados en una sección anexa de un libro genealógico de una raza determinada se vean sujetos a los compromisos de la medida agroambiental y climática contemplada en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) y puedan, por tanto obtener ayudas de las autoridades nacionales o regionales en el marco de sus programas de desarrollo rural.

(44)

En el caso de los animales reproductores de raza pura de la especie equina, las sociedades de criadores de razas puras deben poder establecer en sus programas de cría normas por las que se prohíba o limite el uso de determinadas técnicas reproductivas y de determinados animales reproductores de raza pura, incluido el uso de su material reproductivo. Las sociedades de criadores de razas puras deben, por ejemplo, poder solicitar que los descendientes sean resultado únicamente de la monta natural. Las sociedades de criadores de razas puras que recurran a esa prohibición o limitación deben establecer esas normas en su programa de cría, de conformidad con las normas establecidas por la sociedad de criadores de razas puras que lleve el libro genealógico original.

(45)

Los animales reproductores de raza pura registrados en los libros genealógicos deben identificarse de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(46)

En el caso de los animales reproductores de raza pura de la especie equina, el Reglamento (UE) 2016/429 establece que las autoridades competentes en el ámbito de la sanidad animal deben expedir para los animales de la especie equina un documento de identificación permanente y único, que la Comisión especificará en detalle mediante actos delegados. A fin de armonizar en la mayor medida posible el certificado zootécnico con dicho documento de identificación permanente y único en lo referente al contenido y al procedimiento administrativo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por lo que respecta al formato y al contenido de un documento de identificación permanente y único para los animales de la especie equina.

(47)

El derecho de participación de animales reproductores de raza pura de la especie equina en competiciones internacionales se rige por acuerdos privados internacionales. Habida cuenta de la dimensión internacional del sector equino, al preparar y elaborar los actos delegados y de ejecución pertinentes la Comisión debe tener en cuenta esos acuerdos con el fin de que se conserve el derecho de participación de esos animales reproductores de raza pura de la especie equina a participar en competiciones internacionales.

(48)

La admisión de los animales reproductores con fines reproductivos, y en particular para la cubrición natural o la reproducción asistida, debe ser regulada a nivel de la Unión a fin de evitar las trabas al comercio, especialmente cuando se haya sometido a tales animales reproductores a pruebas de control de rendimientos o a evaluación genética llevadas a cabo de conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento y, en particular, en el anexo III.

(49)

Ni los Estados miembros ni sus autoridades competentes deben utilizar el presente Reglamento para prohibir, limitar u obstaculizar el uso de animales reproductores de raza pura o su material reproductivo para la producción de animales no destinados a ser inscritos o registrados como animales reproductores en un libro o registro genealógico.

(50)

Si bien es cierto que se han establecido a nivel de la Unión las normas para las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética de los animales reproductores de las especies bovina, porcina, ovina y caprina, en las que se valora un número determinado de características, los numerosos requisitos aplicables a las diversas razas, usos y selecciones de animales reproductores de raza pura de la especie equina ha impedido, hasta la fecha, su armonización. En su lugar, los libros genealógicos de origen de las razas equinas recogen las normas específicas para las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética.

(51)

A fin de tener en cuenta la evolución técnica, los progresos científicos o la necesidad de conservar recursos genéticos valiosos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE para modificar el anexo III del presente Reglamento. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, también deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer normas uniformes y más detalladas aplicables a las pruebas de control de rendimientos y a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina.

(52)

Debe existir la posibilidad de que las pruebas de control de rendimientos o la evaluación genética los lleve a cabo un tercero designado por las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos o un organismo público, incluida una autoridad que ejerza esta misión como una función autónoma. Ese tercero podría ser autorizado y evaluado por la autoridad competente en el marco de la autorización del programa de cría. A menos que el Estado miembro correspondiente o sus autoridades competentes dispongan lo contrario, las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos que externalicen las pruebas de control de rendimientos o la evaluación genética deben seguir siendo responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables a esas actividades y deben especificar el tercero designado en su programa de cría.

(53)

En función de la especie o de la raza, entre otros factores, puede ser necesario armonizar o mejorar los métodos de las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética de los animales reproductores de raza pura utilizados por las sociedades de criadores de razas puras o por los terceros designados por ellas. A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución que le permitan designar los centros de referencia de la Unión Europea. Con el fin de modificar, en caso necesario, la función de estos centros de referencia, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de acuerdo con el artículo 290 del TFUE. Dichos centros de referencia de la Unión Europea deben tener la posibilidad de recibir apoyo financiero de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (18). En el caso de los bovinos reproductores de raza pura, esas funciones son desempeñadas por el «Centro Interbull», una subcomisión permanente del Comité Internacional de Control del Rendimiento Ganadero (ICAR), que es el centro de referencia de la Unión Europea designado mediante la Decisión 96/463/CE del Consejo (19).

(54)

Además, con el fin de prestar ayuda a las sociedades de criadores de razas puras que gestionan razas amenazadas, cuando exista una necesidad reconocida, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para designar centros de referencia de la Unión Europea con la función específica de fomentar el establecimiento o la armonización de los métodos utilizados por dichas sociedades de criadores de razas puras. Con el fin de modificar, en caso necesario, la función de estos centros de referencia, también deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE. Al designar esos centros y describir sus funciones, la Comisión debe tener debidamente en cuenta las actividades del Punto Focal Regional Europeo para los recursos genéticos de los animales (PFRE), creado en el marco del Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos en Europa de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los métodos establecidos por esos centros no deben ser vinculantes.

(55)

Los criadores que estén participando en un programa de cría deben tener derecho a obtener certificados zootécnicos para sus animales reproductores incluidos en ese programa de cría y para el material reproductivo de dichos animales. Los certificados zootécnicos deben acompañar a los animales reproductores o a su material reproductivo cuando se comercialicen o entren en la Unión con miras a la inscripción o el registro de esos animales o de los descendientes procedentes de ese material reproductivo en otros libros o registros genealógicos. Los certificados zootécnicos deben informar al criador de la calidad genética y la genealogía del animal adquirido. Dichos certificados deben expedirse en su caso, por ejemplo, para acompañar a animales reproductores que vayan a participar en una exposición o que sean llevados a centros de testaje o a centros de inseminación artificial.

(56)

El presente Reglamento no prohíbe a los Estados miembros ni a las autoridades competentes exigir que, en caso de comercialización, el esperma de los animales reproductores de raza pura de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina destinado a la inseminación artificial con miras a la producción de animales no destinados a convertirse en animales reproductores de raza pura, vaya acompañado de información sobre la calidad y la genealogía de ese animal. En general, se espera que la competitividad del sector de la cría animal en la Unión pueda mejorar si el material reproductivo de los animales reproductores, en particular su esperma, así como la información conexa incluida en los certificados zootécnicos, se ponen también a disposición de los operadores que reproducen animales sin la intención de inscribir a sus descendientes en un libro genealógico.

(57)

La entrada en la Unión y la exportación a terceros países de animales reproductores y su material reproductivo es importante para la agricultura de la Unión. En consecuencia, la entrada en la Unión de animales reproductores y su material reproductivo debe tener lugar en condiciones equiparables a las normas aplicables al comercio en la Unión. Sin embargo, solo debe permitirse el registro o la inscripción de los animales reproductores y su material reproductivo en la sección principal de un libro o registro genealógico en la Unión si el nivel de los controles llevados a cabo en el tercer país exportador garantiza que los datos genealógicos y los resultados de las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética presentan la misma fiabilidad que los de la Unión, y si las entidades de cría ganadera que aportan dichos datos y resultados están incluidas en una lista de la Comisión. Asimismo, las entidades de cría ganadera de terceros países deben aceptar, con carácter recíproco, los animales reproductores y su material reproductivo de las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos reconocidas en la Unión.

(58)

El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (20) dispone que la Comisión debe establecer una nomenclatura de mercancías, a saber la «nomenclatura combinada», o en forma abreviada «NC», que satisfaga al mismo tiempo las exigencias del arancel aduanero común, de las estadísticas del comercio exterior de la Unión y de otras políticas de la Unión relativas a la importación y exportación de mercancías. El anexo I de dicho Reglamento enumera los códigos NC de los animales reproductores de raza pura de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina y de esperma de bovinos e indica que están exentos del tipo del derecho convencional. En tal caso, estos animales y su material reproductivo deben ir acompañados del certificado zootécnico correspondiente que acredite su clasificación como animales reproductores de raza pura o como material reproductivo de estos animales. Los animales reproductores de raza pura también deben de ir acompañados de un documento que indique que serán inscritos en un libro genealógico llevado por una sociedad de criadores de razas puras o registrados en un registro genealógico llevado por una sociedad de criadores de porcinos híbridos.

(59)

Al entrar en la Unión, estos animales reproductores y su material reproductivo se someten a controles veterinarios conforme a lo dispuesto en las Directivas 91/496/CEE (21) y 97/78/CE (22) del Consejo. En el caso de los animales reproductores de raza pura, deben someterse asimismo a los controles necesarios para la aplicación de la exención del tipo del derecho convencional para animales reproductores de raza pura.

(60)

Es necesario establecer normas sobre los controles oficiales efectuados para comprobar el cumplimiento de las normas que establece el presente Reglamento y sobre otras actividades oficiales, realizadas por las autoridades competentes de conformidad con el presente Reglamento, que están adaptadas al sector de la cría animal. Las autoridades competentes deben poder efectuar controles oficiales de todos los operadores sujetos a las normas del presente Reglamento y, en particular, de las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos, de los terceros que lleven a cabo las pruebas de control de rendimientos o la evaluación genética y de los criadores, y, en caso de que expidan certificados zootécnicos, de los centros de recogida y almacenamiento de esperma, de los centros de almacenamiento de embriones, y de los equipos de recogida o producción de embriones.

(61)

Las autoridades competentes deben efectuar controles oficiales para comprobar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento y de los requisitos establecidos en el programa de cría aprobado. Esos controles pueden incluir la inspección de los equipos utilizados para las pruebas de control de rendimientos o la verificación de los procedimientos instaurados para el registro de los datos zootécnicos y genealógicos o el examen de los documentos o sistemas utilizados para almacenar y tratar esos datos recogidos sobre los animales reproductores. En ese examen se pueden tener en cuenta los controles de calidad o los sistemas de control que garantizan la exactitud de los datos registrados, como los controles de filiación realizados para comprobar la genealogía de un animal. Las autoridades competentes pueden efectuar controles oficiales de las instalaciones, las oficinas y los equipos de los criadores y las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos, así como de los animales reproductores o del material reproductivo recogido de esos animales reproductores incluidos en el programa de cría.

(62)

Cuando en el presente Reglamento se haga referencia a «otras actividades oficiales», ha de interpretarse que incluye el reconocimiento de sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos, la aprobación de programas de cría o la prestación de ayuda a otros Estados miembros y a terceros países.

(63)

Para la aplicación efectiva de la normativa de la Unión sobre animales reproductores y su material reproductivo establecida en el presente Reglamento, es preciso que las autoridades competentes de los Estados miembros cooperen entre sí y se presten asistencia administrativa siempre que sea necesario. En consecuencia, en el presente Reglamento deben establecerse, con las adaptaciones necesarias, normas generales sobre asistencia y cooperación administrativas similares a las que figuran actualmente en el título IV del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

(64)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar, cuando existan pruebas de un incumplimiento grave y generalizado, en un tercer país, del Derecho de la Unión relativo a la cría de animales, medidas especiales a fin de limitar las repercusiones de este incumplimiento.

(65)

Las autoridades competentes de los Estados miembros también deben tener las competencias necesarias para ejecutar las normas zootécnicas y genealógicas en materia de animales reproductores establecidas en el presente Reglamento, en particular la suspensión de la aprobación de un programa de cría o la retirada del reconocimiento de una sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos en caso de incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento.

(66)

La Comisión debe llevar a cabo controles en los Estados miembros, según proceda, entre otros, a partir de los resultados de los controles oficiales llevados a cabo por los Estados miembros, para garantizar la aplicación de las normas establecidas en el presente Reglamento en todos ellos.

(67)

La Comisión debe llevar a cabo controles en terceros países, cuando proceda, con objeto de crear la lista de entidades de cría ganadera de terceros países a partir de los cuales debe permitirse la entrada en la Unión de animales reproductores y de su esperma, oocitos y embriones, con objeto de establecer las condiciones de su entrada en la Unión y de obtener información zootécnica y genealógica relativa a la aplicación de los acuerdos sobre equivalencia. La Comisión también debe llevar a cabo controles en terceros países, cuando la recurrencia o aparición de cualquier problema relacionado con los animales reproductores o con su material reproductivo lo justifique.

(68)

La comprobación del cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento por medio de controles oficiales reviste una importancia fundamental para garantizar que los objetivos del presente Reglamento se alcancen efectivamente en toda la Unión. La existencia de deficiencias en el sistema de control de un Estado miembro puede obstaculizar significativamente en algunos casos el logro de esos objetivos y provocar situaciones de incumplimiento grave y generalizado de esas normas. Por consiguiente, la Comisión debe poder reaccionar en caso de que se constaten deficiencias graves en el sistema de control de un Estado miembro adoptando medidas aplicables hasta que el Estado miembro afectado tome las medidas necesarias para poner fin a la irregularidad. Esas medidas incluyen la prohibición del comercio de animales reproductores o su material reproductivo, o la aplicación de condiciones especiales a dicho comercio, o cualquier otra medida que la Comisión considere apropiada para poner fin a ese incumplimiento generalizado.

(69)

Dado que las Directivas 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE y 2009/157/CE deben derogarse y ser sustituidas por el presente Reglamento, también es necesario derogar los actos de la Comisión adoptados en virtud de dichas Directivas y sustituirlos, en su caso, por actos delegados o actos de ejecución adoptados en virtud de las respectivas facultades conferidas en el presente Reglamento. Por consiguiente, se deben derogar y, en su caso, sustituir dichos actos de la Comisión.

(70)

Con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento y de completarlo o modificar sus anexos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento de los requisitos relativos a la realización de pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética, las funciones y los requisitos aplicables a los centros de referencia de la Unión Europea y el contenido y formato de los certificados zootécnicos.

(71)

Al preparar y elaborar actos delegados, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de acuerdo con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional Legislar mejor de 13 de abril de 2016 (24). En particular, para garantizar la igualdad de participación en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros y sus expertos tienen sistemáticamente acceso a las reuniones de grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de los actos delegados.

(72)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo relativo a los modelos de formularios con los que los Estados miembros deben facilitar información al público en relación con la lista de sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos reconocidas, los métodos para la comprobación de la identidad de los animales reproductores de raza pura, las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética, la designación de los centros de referencia de la Unión Europea, los modelos de documento de identificación permanente y único de los équidos, los modelos de los certificados zootécnicos que acompañan a los animales reproductores y su material reproductivo, el reconocimiento de la equivalencia de las medidas aplicadas en terceros países, la determinación de las perturbaciones graves del sistema de control de un Estado miembro y el establecimiento de medidas específicas relativas a la entrada en la Unión de animales reproductores y de su material reproductivo. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (25). Si el Comité Zootécnico Permanente no emite dictamen, la Comisión no debe adoptar el acto de ejecución.

(73)

Las normas establecidas en las Directivas 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE y 2009/157/CE y la Decisión 96/463/CE deben sustituirse por las normas establecidas en el presente Reglamento y en los actos delegados y de ejecución adoptados por la Comisión en virtud de los poderes y competencias conferidos en el presente Reglamento. En consecuencia, deben derogarse dichos actos jurídicos.

(74)

De conformidad con las Directivas 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE y 2009/157/CE se adoptaron las siguientes decisiones de la Comisión relativas, entre otros, a los criterios específicos de cada especie para la aprobación o el reconocimiento de las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos, la entrada de animales reproductores en los libros genealógicos y la aceptación para la reproducción y la inseminación artificial, para las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética: Decisiones 84/247/CEE (26), 84/419/CEE (27), 89/501/CEE (28), 89/502/CEE (29), 89/504/CEE (30), 89/505/CEE (31), 89/507/CEE (32), 90/254/CEE (33), 90/255/CEE (34), 90/256/CEE (35), 90/257/CEE (36), 92/353/CEE (37), 96/78/CE (38) y 2006/427/CE (39). El presente Reglamento debe establecer normas que sustituyan a las de dichas decisiones de la Comisión.

(75)

El presente Reglamento debe establecer normas similares a las de la Decisión 92/354/CEE de la Comisión (40).

(76)

De conformidad con las Directivas 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE y 2009/157/CE se adoptaron los siguientes actos jurídicos de la Comisión: Decisiones 89/503/CEE (41), 89/506/CEE (42), 90/258/CEE (43), 96/79/CE (44), 96/509/CE (45), 96/510/CE (46) y 2005/379/CE (47) y Reglamento de Ejecución (UE) 2015/262 (48). El presente Reglamento debe establecer normas que sustituyan a las de dichos actos jurídicos de la Comisión.

(77)

Para garantizar la claridad jurídica y evitar duplicaciones, los actos jurídicos de la Comisión mencionados en los considerandos 74, 75 y 76 deben quedar derogados a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento. Además, al menos 18 meses antes de dicha fecha de aplicación, la Comisión debe adoptar actos de ejecución con el fin de establecer los modelos de formularios para la presentación de la información que debe constar en la lista de sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos reconocidas que los Estados miembros deben facilitar al público, así como los modelos de certificados zootécnicos de los animales reproductores y su material reproductivo. Dichos actos de ejecución han de ser aplicables a más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento.

(78)

A fin de garantizar una transición fluida para las organizaciones y asociaciones de criadores, las empresas privadas u otras organizaciones o asociaciones que fueron autorizadas o reconocidas, con o sin límite de tiempo en virtud de los actos derogados por el presente Reglamento y para los programas de cría llevados a cabo por esos operadores, debe considerarse que tanto dichos operadores como sus programas de cría han sido reconocidos o aprobados de conformidad con el presente Reglamento. De ahí que no se deba someter a tales operadores a los procedimientos de reconocimiento, aprobación y notificación de la ampliación del territorio geográfico a otros Estados miembros, que establece el presente Reglamento, aunque sí se les deban aplicar las demás disposiciones de este. Los Estados miembros deben garantizar que dichos operadores cumplen todas las normas contempladas en el presente Reglamento, en particular sometiéndolos a controles oficiales basados en el riesgo. En caso de incumplimiento, las autoridades competentes deben garantizar que dichos operadores adoptan todas las medidas necesarias para remediar el incumplimiento en cuestión y, en caso necesario, deben suspenderles o retirarles el reconocimiento otorgado o la aprobación de sus programas de cría.

(79)

La Comisión aprobó recientemente una propuesta de nuevo Reglamento relativo a los controles oficiales y las demás actividades oficiales. Con ese nuevo Reglamento se pretenden derogar el Reglamento (CE) n.o 882/2004, la Directiva 89/608/CEE del Consejo (49), la Directiva 90/425/CEE del Consejo (50), y las Directivas 91/496/CEE y 97/78/CE. También está previsto que se incorporen en él algunas de las normas establecidas en el Reglamento (CE) n.o 882/2004 y en las Directivas mencionadas, con las adaptaciones que resulten oportunas. No obstante, no se contempla que el ámbito de aplicación de ese nuevo Reglamento comprenda la cría de animales. En aras de la claridad y la seguridad jurídicas, y hasta que dicho nuevo Reglamento no derogue las Directivas 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE y 97/78/CE, es preciso suprimir en las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE todas las referencias hechas al adjetivo «zootécnico» -con sus posibles variantes gramaticales-, no siendo en cambio necesaria tal modificación en las Directivas 91/496/CEE y 97/78/CE. Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE.

(80)

Hasta la fecha de aplicación del artículo 110 del Reglamento (UE) 2016/429, las sociedades de criadores de razas puras que lleven a cabo programas de cría aprobados de animales reproductores de raza pura de la especie equina deben poder seguir emitiendo los documentos de identificación para dichos animales reproductores de raza pura, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 90/427/CEE.

(81)

El presente Reglamento debe aplicarse a partir del primer día del vigésimo octavo mes siguiente a la fecha de su entrada en vigor.

a)

normas zootécnicas y genealógicas relativas al comercio de animales reproductores y de su material reproductivo, y a su entrada en la Unión;

b)

normas relativas al reconocimiento de las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos y a la autorización de sus programas de cría;

c)

los derechos y las obligaciones de los criadores, las sociedades de criadores de razas puras y las sociedades de criadores de porcinos híbridos;

d)

normas relativas a la inscripción de animales reproductores en libros y registros genealógicos y a la admisión para la reproducción de animales reproductores y de su material reproductivo;

e)

normas relativas a las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética de los animales reproductores;

f)

normas relativas a la expedición de certificados zootécnicos para los animales reproductores y su material reproductivo;

g)

normas relativas a la realización de controles oficiales, y en particular aquellos realizados a las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos, y a la realización de otras actividades oficiales;

h)

normas relativas a la asistencia y cooperación administrativa y a la ejecución por parte de los Estados miembros;

i)

normas relativas a los controles que realice la Comisión en los Estados miembros y en terceros países.

a)

la especie bovina (Bos taurus, Bos indicus y Bubalus bubalis);

b)

la especie porcina (Sus scrofa);

c)

la especie ovina (Ovis aries);

d)

la especie caprina (Capra hircus), o

e)

la especie equina (Equus caballus y Equus asinus);

a)

el reconocimiento de las sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos y la autorización de los programas de cría llevados a cabo con animales reproductores;

b)

los controles oficiales de los operadores;

c)

la prestación de asistencia a otros Estados miembros y a terceros países en caso de detección de incumplimientos;

d)

las actividades oficiales distintas de las mencionadas en letras a) y c);

a)

porcinos reproductores de raza pura pertenecientes a razas o líneas diferentes;

b)

porcinos reproductores que sean el resultado de un cruce (animales híbridos) de razas o líneas diferentes;

c)

porcinos reproductores pertenecientes a una u otra de las categorías a que se refieren las letras a) o b);

a)

todo libro, archivo o sistema informático llevado por una sociedad de criadores de razas puras, consistente en una sección principal y, cuando la sociedad de criadores de razas puras así lo decida, en una o más secciones anexas para animales de la misma especie que no son inscribibles en la sección principal;

b)

en su caso, cualquier libro similar llevado por una entidad de cría ganadera;

a)

todo fichero o sistema informático llevado por una sociedad de criadores de porcinos híbridos en el que se registran los porcinos reproductores híbridos con datos de sus ascendientes;

b)

en su caso, cualquier registro similar llevado por una entidad de cría ganadera;

a)

tenga su sede en el territorio del Estado miembro en el que esté situada la autoridad competente;

b)

acredite en su solicitud que se ajusta a los criterios establecidos en la parte 1 del anexo I, en relación con los programas de cría para los que prevea solicitar aprobación, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, y, en su caso, el artículo 12;

c)

incluya en su solicitud, para cada uno de los programas de cría previstos, un proyecto de programa que contenga la información indicada en la parte 2 del anexo I y, adicionalmente, en el caso de los animales reproductores de raza pura de la especie equina, la información indicada en la parte 3 del anexo I;

d)

presente, al presentar la solicitud a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, una solicitud de aprobación de al menos uno de dichos programas de cría previstos, de conformidad con el artículo 8, apartado 2.

a)

el nombre, la información de contacto y, caso de haberlo, el sitio web de la sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos;

b)

para cada una de las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos que figuran en dicha lista:

a)

tengan una o más de las siguientes finalidades:

b)

describan de forma pormenorizada los objetivos de selección y de cría;

c)

cumplan los requisitos establecidos en el anexo I, parte 2, así como, para los animales reproductores de raza pura de la especie equina, en su parte 3.

a)

la sociedad en cuestión siga siendo responsable frente a la autoridad competente de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I, partes 2 y 3;

b)

no exista ningún conflicto de intereses entre dicho tercero y las actividades económicas de los criadores que participen en el programa de cría;

c)

dicho tercero cumpla todos los requisitos necesarios para el desempeño de tales actividades;

d)

las sociedades de criadores de razas puras o de porcinos híbridos en cuestión especifiquen las actividades que tengan previsto subcontratar, así como el nombre y los datos de contacto de las terceras partes, en la solicitud a que se refiere el apartado 2.

a)

los rasgos esenciales de las características de raza o los principales objetivos de ese programa de cría;

b)

la conservación de esa raza o de la diversidad genética dentro de esa raza, o

c)

cuando ese programa de cría tenga como finalidad la conservación de dicha raza, la aplicación efectiva de dicho programa de cría:

a)

el número de programas de cría ya aprobados para esa raza en ese Estado miembro;

b)

el tamaño de las poblaciones reproductoras abarcadas por dichos programas de cría;

c)

los posibles aportes genéticos de los programas de cría llevados a cabo por otras sociedades de criadores de razas puras dedicadas a la misma raza en otros Estados miembros o por entidades de cría ganadera en terceros países.

a)

notificar este hecho a la autoridad competente del otro Estado miembro al menos 90 días antes de la fecha prevista de inicio del programa de cría en ese otro Estado miembro y, a petición de la autoridad notificada, facilitar una traducción de dicha notificación a una de las lenguas oficiales de ese otro Estado miembro;

b)

a petición de la autoridad notificada, facilitar, al menos 60 días antes de la fecha prevista de inicio del programa de cría en ese otro Estado miembro, una copia del programa de cría aprobado de conformidad con el artículo 8, apartado 3, acompañado, si así lo solicita dicha autoridad, de una traducción a una de las lenguas oficiales de ese otro Estado miembro, que deberá proporcionar la sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos solicitante.

a)

ya se esté llevando a cabo en dicho Estado miembro un programa de cría aprobado con animales reproductores de raza pura de la misma raza, y

b)

la aprobación de un nuevo programa de cría ponga en peligro el programa de cría llevado a cabo por otra sociedad de criadores de razas puras de la misma raza que ya haya sido aprobado en ese otro Estado miembro por lo que se refiere, como mínimo, a uno de los siguientes elementos:

a)

sus animales reproductores se encuentren en explotaciones situadas dentro del territorio geográfico de dicho programa de cría;

b)

sus animales reproductores pertenezcan, en el caso de animales reproductores de raza pura, a la raza o, en el caso de los porcinos reproductores híbridos, a la raza, línea o cruce objeto de dicho programa de cría.

a)

a la inscripción de sus animales reproductores de raza pura en la sección principal del libro genealógico establecido para la raza en cuestión por la sociedad de criadores de razas puras, de conformidad con los artículos 18 y 20;

b)

al registro de sus animales en la sección anexa del libro genealógico establecido para la raza en cuestión por la sociedad de criadores de razas puras, de conformidad con el artículo 20;

c)

al registro de sus porcinos reproductores híbridos en un registro genealógico establecido para la raza, línea o cruce en cuestión por la sociedad de criadores de porcinos híbridos, de conformidad con el artículo 23;

d)

a la participación en las pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética de conformidad con el artículo 25;

e)

a la entrega de un certificado zootécnico de conformidad con el artículo 30, apartados 1 y 4;

f)

a la entrega, previa petición, de los resultados actualizados de pruebas de control de rendimientos y la evaluación genética de sus animales reproductores, cuando dichos resultados estén disponibles;

g)

al acceso a todos los demás servicios facilitados en relación con dicho programa de cría a los criadores participantes por parte de la sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos que lo lleve a cabo.

a)

a afiliarse a dicha sociedad de criadores de razas puras o de porcinos híbridos;

b)

a participar en la definición y el desarrollo del programa de cría de conformidad con el reglamento interno a que se refiere el anexo I, parte 1, sección B, punto 1, letra b).

a)

en función de los méritos de dichos animales, y subdividir a su vez esas categorías en función de la edad o del sexo, o

b)

en función de la edad o del sexo de dichos animales, siempre y cuando esas categorías estén también subdivididas en función de los méritos.

a)

en el caso de las hembras de las especies bovina, porcina, ovina y caprina, en el anexo II, parte 1, capítulo III, punto 1, letra a);

b)

en el caso de animales de una raza amenazada de las especies bovina, porcina, ovina y caprina o de razas ovinas «rústicas», en el anexo II, parte 1, capítulo III, punto 2, o

c)

en el caso de los machos y las hembras de la especie equina, en el anexo II, parte 1, capítulo III, punto 1, letra b).

a)

establecer, en su programa de cría, un período para la creación del nuevo libro genealógico adecuado para el intervalo generacional de la especie o de la raza en cuestión;

b)

hacer referencia a cualquier otro libro genealógico existente en el que se hayan registrado los animales reproductores de raza pura o sus padres por primera vez tras el nacimiento, junto con el número de registro original en dicho libro;

c)

identificar, en sus sistemas de registro de las genealogías, los animales que consideran como animales fundadores de la raza.

a)

se haya fijado en el programa de cría un período para la constitución o reconstitución de dicho libro genealógico, adecuado para la raza en cuestión;

b)

cuando proceda, se mencione cualquier otro libro genealógico en el que se hayan inscrito los animales reproductores de raza pura o sus ascendentes, junto con el número de registro original en dicho libro;

c)

se identifiquen, en el sistema de registro de las genealogías, los animales que la sociedad de criadores de razas puras considera que son los ejemplares que participan en la reconstitución de una raza.

a)

para la cubrición natural, cualquier animal reproductor de raza pura perteneciente a dicha raza;

b)

para la inseminación artificial, esperma recogido de animales reproductores de raza pura de la especie bovina que se hayan sometido a evaluación genética de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25;