(1)

El artículo 14, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 517/2014 permite la comercialización de aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor cargados con hidrofluorocarburos, si los hidrofluorocarburos contenidos en los aparatos se computan dentro del sistema de cuotas a que hace referencia el capítulo IV de dicho Reglamento. Al comercializar aparatos precargados, los fabricantes e importadores de los aparatos deben documentar el cumplimiento de ese requisito y emitir una declaración de conformidad a este respecto.

(2)

Al emitir las declaraciones de conformidad y la documentación, es necesario prever las diferentes opciones que reflejan las distintas maneras de que disponen los productores e importadores para garantizar la conformidad. Esas opciones se refieren a la comercialización de aparatos cargados con hidrofluorocarburos sujetos a una autorización de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 517/2014, aparatos cargados con hidrofluorocarburos que hayan sido comercializados anteriormente a granel y hayan sido reexportados y cargados posteriormente en esos aparatos fuera de la Unión y equipos cargados con hidrofluorocarburos en la Unión. Los importadores y fabricantes deben presentar diferentes tipos de documentos que reflejen los diversos tipos de actividades realizadas por esas empresas.

(3)

Para garantizar la credibilidad de las declaraciones de conformidad basadas en autorizaciones con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 517/2014, es importante velar por la trazabilidad de dichas autorizaciones. En este sentido, conviene que esas autorizaciones estén debidamente inscritas en el registro establecido con arreglo al artículo 17 de dicho Reglamento.

(4)

A fin de proporcionar orientaciones para la verificación por terceros de la declaración de conformidad y de la documentación correspondiente exigida por el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 517/2014, conviene determinar el ámbito de aplicación de dicha verificación, así como las modalidades de presentación de los documentos de verificación.

(5)

Por motivos de coherencia, es preciso que las disposiciones pertinentes establecidas en el presente Reglamento y las establecidas en el Reglamento (UE) n.o 517/2014 se apliquen a partir de las mismas fechas.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 24 del Reglamento (UE) n.o 517/2014.

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

En los últimos años, el desafío que plantean el fraude fiscal y la evasión fiscal se ha agravado considerablemente y se ha convertido en un motivo de gran preocupación tanto en la Unión como a nivel mundial. El intercambio automático de información constituye una herramienta importante a este respecto y, en su Comunicación de 6 de diciembre de 2012 relativa a un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, la Comisión destacó la necesidad de promover enérgicamente el intercambio automático de información como la norma europea e internacional de transparencia e intercambio de información en el ámbito fiscal para el futuro. En sus Conclusiones del 22 de mayo de 2013, el Consejo Europeo solicitó una ampliación del intercambio automático de información a escala mundial y de la Unión para combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva.

(2)

Los «grupos de empresas multinacionales», al operar en distintos países, tienen la posibilidad de utilizar prácticas de planificación fiscal agresiva a las que no pueden recurrir las empresas nacionales. Cuando los «grupos de empresas multinacionales» emplean prácticas de este tipo, las empresas estrictamente nacionales, normalmente pequeñas y medianas empresas (pymes), pueden verse especialmente afectadas, ya que soportan una carga fiscal más elevada que la de los «grupos de empresas multinacionales». Por otra parte, todos los Estados miembros pueden sufrir pérdidas de ingresos y se plantea el riesgo de que los países compitan entre sí para atraer a «grupos de empresas multinacionales» ofreciéndoles más ventajas fiscales.

(3)

Las autoridades tributarias de los Estados miembros precisan información exhaustiva y pertinente sobre los «grupos de empresas multinacionales» en relación con su estructura, su política en materia de precios de transferencia y sus operaciones internas dentro y fuera de la Unión. Esa información permitirá a las autoridades tributarias reaccionar frente a las prácticas fiscales perniciosas mediante cambios en la legislación o efectuando evaluaciones de riesgo y auditorías fiscales adecuadas, y detectar si las empresas han recurrido a prácticas que tengan por efecto trasladar artificialmente cantidades importantes de rentas a entornos fiscalmente favorables.

(4)

El aumento de la transparencia respecto de las autoridades tributarias podría servir de acicate para que los «grupos de empresas multinacionales» abandonen ciertas prácticas y paguen la cuota impositiva que les corresponde en el país en que se obtienen los beneficios. Por lo tanto, potenciar la transparencia de los «grupos de empresas multinacionales» es una parte esencial de la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios.

(5)

La Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros relativa a un código de conducta sobre la documentación relacionada con los precios de transferencia exigida de las empresas asociadas en la Unión Europea (DPT UE) (3) ya dota a los «grupos de empresas multinacionales» en la Unión de un método para comunicar información a las autoridades tributarias sobre las operaciones comerciales a nivel mundial y las políticas en materia de precios de transferencia (archivo maestro) e información sobre las operaciones concretas de la entidad local (archivo local). No obstante, la DPT UE no prevé por el momento ningún mecanismo para la elaboración de un informe país por país.

(6)

En el informe país por país, los «grupos de empresas multinacionales» deben facilitar cada año y para cada territorio fiscal en el que operen el importe de sus ingresos, los beneficios antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta pagado y devengado. Los «grupos de empresas multinacionales» han de notificar igualmente el número de empleados, el capital declarado, los resultados no distribuidos y los activos materiales en cada territorio fiscal. Por último, los «grupos de empresas multinacionales» deben identificar a cada entidad del grupo que opere en un determinado territorio fiscal e indicar las actividades económicas que ejerce cada entidad.

(7)

Con el fin de utilizar de modo más eficiente los recursos públicos y reducir la carga administrativa que recae sobre los «grupos de empresas multinacionales», la obligación de comunicar información solo debe aplicarse a «grupos de empresas multinacionales» con unos ingresos anuales consolidados superiores a un determinado importe. La presente Directiva debe garantizar que en toda la Unión se recopile la misma información y se facilite oportunamente a las administraciones tributarias.

(8)

Con objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, la Unión ha de velar por una competencia leal entre «grupos de empresas multinacionales» de la Unión y de fuera de la Unión cuando una o varias de sus entidades estén radicadas en la Unión. Ambos grupos deben estar sujetos, pues, a la obligación de comunicar información. No obstante, a fin de garantizar una transición armoniosa, los Estados miembros deben poder aplazar un año la obligación de información en lo que respecta a las entidades constitutivas residentes en un Estado miembro que no sean las «entidades matrices últimas» de un «grupo de empresas multinacionales» ni sus «entidades matrices subrogadas».

(9)

Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y garantizar su aplicación. Si bien la elección de las sanciones queda a discreción de los Estados miembros, estas han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(10)

Para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario asegurarse de que los Estados miembros adopten normas coordinadas sobre las obligaciones de transparencia de los «grupos de empresas multinacionales».

(11)

Por lo que se refiere al intercambio de información entre los Estados miembros, la Directiva 2011/16/UE del Consejo (4) ya contempla la obligatoriedad del intercambio automático de información en una serie de ámbitos.

(12)

El intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre los Estados miembros debe incluir en cada caso la comunicación de un conjunto definido de datos básicos que sea accesible para aquellos Estados miembros en los que, atendiendo a los datos del informe país por país, una o varias entidades del «grupo de empresas multinacionales» tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad económica desarrollada a través de un establecimiento permanente de un «grupo de empresas multinacionales».

(13)

A fin de minimizar los costes y las cargas administrativas tanto para las administraciones tributarias como para los «grupos de empresas multinacionales», es necesario prever normas que estén en consonancia con la evolución internacional y que contribuyan positivamente a su aplicación. El 19 de julio de 2013, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo, «Plan de acción BEPS»), una iniciativa importante para modificar las actuales normas fiscales internacionales. El 5 de octubre de 2015, la OCDE presentó sus informes finales, que fueron refrendados por los Ministros de Hacienda del G-20. Durante la reunión de los días 15 y 16 de noviembre de 2015, el conjunto de medidas de la OCDE también fue refrendado por los líderes del G-20.

(14)

Los trabajos sobre la acción 13 del Plan de acción BEPS culminaron en un conjunto de normas para facilitar información destinadas a los «grupos de empresas multinacionales», incluidos el archivo maestro, los archivos locales y el informe país por país. Procede, por lo tanto, tener en cuenta las normas de la OCDE a la hora de establecer las normas sobre el informe país por país.

(15)

El hecho de que una «entidad constitutiva» no pueda obtener o adquirir toda la información necesaria para cumplir la obligación de información con arreglo a la presente Directiva podría ser considerado por los Estados miembros como un indicador de la necesidad de evaluar los riesgos asociados a precios de transferencia particularmente elevados y otros riesgos de erosión de la base imponible y traslado de beneficios relacionados con ese «grupo de empresas multinacionales».

(16)

El Estado miembro que determine que otro Estado miembro se abstiene de manera persistente de facilitar automáticamente informes país por país procurará establecer consultas con él.

(17)

En su acción en el ámbito de la información país por país, la Unión debe seguir prestando especial atención a la futura evolución a escala de la OCDE. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben utilizar el informe final de 2015 sobre la acción 13 del proyecto relativo a la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios de la OCDE y el G-20, elaborado por la OCDE, como fuente de ilustración o interpretación de la presente Directiva y a fin de garantizar la coherencia en la aplicación en los distintos Estados miembros.

(18)

Es necesario especificar los requisitos lingüísticos aplicables al intercambio de información entre los Estados miembros sobre los informes país por país. También es necesario adoptar las modalidades prácticas necesarias para actualizar la red común de comunicación definida en el artículo 3, punto 13, de la Directiva 2011/16/UE (en lo sucesivo, «red CCN»). A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del artículo 20, apartado 6, y del artículo 21, apartado 6, de la Directiva 2011/16/UE deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(19)

Con el fin de utilizar de modo más eficiente los recursos, facilitar el intercambio de información y evitar que cada Estado miembro tenga que realizar adaptaciones similares de sus sistemas, el intercambio de información debe realizarse mediante la red CCN. La Comisión debe adoptar las modalidades prácticas necesarias para la actualización del sistema, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2011/16/UE.

(20)

Por lo tanto, el ámbito de aplicación del intercambio de información obligatorio debe ampliarse de forma que incluya el intercambio automático de información de los informes país por país.

(21)

En el informe anual de los Estados miembros a la Comisión en virtud del artículo 23 de la Directiva 2011/16/UE se debe detallar el alcance de la presentación a escala local conforme al artículo 8 bis bis de dicha Directiva y a su anexo III, sección II, punto 1, y se debe incluir una lista de todos los territorios en que sean residentes las «entidades matrices últimas» de «entidades constitutivas» con base en la Unión, pero donde no se hayan presentado o intercambiado informes completos.

(22)

La información intercambiada en virtud de la presente Directiva no conduce a la revelación de secretos comerciales, industriales o profesionales, ni de procesos comerciales o de información cuya revelación sea contraria al interés público.

(23)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos, en especial, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(24)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de una cooperación administrativa eficaz entre los Estados miembros, en condiciones compatibles con el buen funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la uniformidad y eficacia requeridas, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25)

Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2011/16/UE en consecuencia.

1)

En el artículo 3, el punto 9 se sustituye por el texto siguiente:

«9)   “intercambio automático”:

En el contexto del artículo 8, apartados 3 bis y 7 bis, del artículo 21, apartado 2, y del artículo 25, apartados 2 y 3, todo término entrecomillado se entenderá con arreglo a la definición correspondiente establecida en el anexo I. En el contexto del artículo 8 bis bis y del anexo III, todo término entrecomillado se entenderá con arreglo a la definición correspondiente establecida en el anexo III;».

2)

En el capítulo II, sección II, se inserta el artículo siguiente:

3)

En el artículo 16 se añade el apartado siguiente:

4)

En el artículo 20 se añade el apartado siguiente:

5)

En el artículo 21 se añade el apartado siguiente:

6)

En el artículo 23, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

7)

Se inserta el artículo siguiente:

8)

El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:

(*1)  Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»."

9)

Se añade el anexo III, cuyo texto figura en el anexo de la presente Directiva.

(1)

Determinadas disposiciones del anexo VI de la Directiva 2007/59/CE relativas a los requisitos lingüísticos de nivel B1 para los maquinistas representan una carga innecesariamente gravosa en casos muy específicos en los que los maquinistas alcanzan exclusivamente la estación fronteriza de un Estado miembro vecino, lo que repercute por tanto en la continuidad de las operaciones transfronterizas.

(2)

Procede por tanto reducir esa carga lingüística superflua en los tramos entre las fronteras y las estaciones situadas en su proximidad y designadas para operaciones transfronterizas mediante la exención de los maquinistas interesados de la obligación de cumplir los requisitos lingüísticos de nivel B1.

(3)

Como condición previa para la exención, deben establecerse mecanismos suficientes para garantizar la comunicación entre los maquinistas interesados y el personal del administrador de infraestructura en situaciones habituales, degradadas y de emergencia a fin de evitar impactos negativos en la seguridad del sistema ferroviario.

(4)

Deben preverse medidas transitorias para los maquinistas que hayan obtenido o vayan a obtener la licencia con arreglo a la Directiva 2007/59/CE antes de la fecha de aplicación de las disposiciones nacionales de incorporación al derecho interno de la presente Directiva.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2007/59/CE en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité contemplado en el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2007/59/CE.

(1)

El objetivo de las normas de ejecución relativas a las medidas de seguridad, los estados de alarma estándar y la gestión de situaciones de crisis es proporcionar niveles adecuados de protección de la integridad física de las personas, de los locales o de otros activos que sean proporcionados a los riesgos identificados, realizando una gestión eficiente y oportuna de la seguridad.

(2)

El sistema de seguridad relativo a los estados de alarma creado por la Decisión 2007/65/CE de la Comisión (2) deberá revisarse y simplificarse a fin de hacerlo más flexible y eficaz como respuesta a las amenazas a la seguridad.

(3)

La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) como organismo de la Unión funcionalmente autónomo requiere una modificación de las normas actuales sobre los estados de alarma aplicables en lo que respecta al deber de asistencia y protección del personal de la Comisión. El SEAE es responsable de la seguridad y la protección en los locales de la Delegación de la Unión Europea y del personal que trabaja en ellos.

(4)

La presente Decisión está sujeta a una decisión de habilitación de la Comisión en favor del miembro de la Comisión responsable de las cuestiones de seguridad, de plena conformidad con el Reglamento interno, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión (UE, Euratom) 2015/443.

(5)

Procede, por tanto, derogar la Decisión 2007/65/CE.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 178/2002 establece los principios generales que regulan, tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, los alimentos en general, y su seguridad, en particular. Contempla la adopción de medidas de emergencia por parte de la Comisión cuando existan pruebas de que algún alimento importado de un tercer país puede constituir un riesgo grave para la salud humana.

(2)

La Decisión de Ejecución 2014/88/UE de la Comisión (2) prohibió la importación en la Unión de los productos alimenticios procedentes de Bangladesh que están compuestos de hojas de betel, o que las contienen, hasta el 31 de julio de 2014. Se adoptó tras haber recibido un elevado número de notificaciones a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), alertando de la presencia de una amplia variedad de cepas de salmonela, incluida la Salmonella typhimurium, en productos alimenticios compuestos de hojas de betel, o que contienen dichas hojas. La cepa de Salmonella typhimurium constituye el segundo serotipo más notificado en casos humanos, y se han detectado prevalencias elevadas en productos alimenticios compuestos de hojas de betel (Piper betle, conocidas comúnmente como «paan» o «quid de betel») o que las contienen, procedentes de Bangladesh. Desde 2011, el Reino Unido ha comunicado varios brotes de intoxicación por salmonela a través de hojas de betel.

(3)

Puesto que Bangladesh no fue capaz de proporcionar garantías respecto de la seguridad de las importaciones de hojas de betel en la Unión y a pesar de los esfuerzos de la Comisión, mediante las Decisiones de Ejecución 2014/510/UE (3) y (UE) 2015/1028 (4) de la Comisión se extendió el período de aplicación de la suspensión temporal de las importaciones de estos productos que establece la Decisión de Ejecución 2014/88/UE hasta el 30 de junio de 2015 y el 30 de junio de 2016 respectivamante.

(4)

El plan de acción revisado presentado por Bangladesh en agosto de 2015 estaba incompleto. No había garantías ni de que se aplicara realmente ni de que se hiciera cumplir. La nueva información presentada por Bangladesh en abril de 2016 tampoco demostró la eficacia del mencionado plan de acción. La prohibición de exportación de hojas de betel autoimpuesta introducida por Bangladesh en mayo de 2013 sigue en vigor. Sin embargo, no ha resultado ser totalmente efectiva, y desde su adopción se han notificado a través del RASFF veintiséis casos de tentativa de importación de hojas de betel en la Unión. Por lo tanto, puede concluirse que las garantías proporcionadas por Bangladesh son insuficientes para hacer frente a los graves riesgos para la salud humana. Deben, por lo tanto, mantenerse las medidas de emergencia establecidas por la Decisión 2014/88/UE.

(5)

El período de aplicación de la Decisión de Ejecución 2014/88/UE debe, por lo tanto, prorrogarse.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.