24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/1

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/2

(1)

El Reglamento (UE) n.o 509/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) cambió la referencia a la República de Perú del anexo I al anexo II del Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo (2).

(2)

Dicha referencia a la República de Perú está acompañada de una nota a pie de página en la que se indica que la exención de visado se aplica a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de exención de visados que debe celebrarse con la Unión Europea.

(3)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 509/2014, la Comisión evaluó la situación en la República de Perú respecto a los criterios establecidos en dicho Reglamento. El 29 de octubre de 2014, la Comisión adoptó un informe en el que llegaba a la conclusión de que la importante mejora de la situación económica y social de Perú durante los últimos años justificaba la exención del requisito de visado para los nacionales de Perú que viajaran a la Unión Europea.

(4)

El 19 de mayo de 2015, el Consejo adoptó una decisión por la que se autorizaba a la Comisión a iniciar negociaciones con la República de Perú para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración (en lo sucesivo, «Acuerdo»).

(5)

Las negociaciones sobre el Acuerdo se iniciaron el 20 de mayo de 2015 y concluyeron con éxito con su rúbrica, mediante canje de notas, el 9 de junio de 2015.

(6)

Procede firmar el Acuerdo y aprobar las declaraciones anexas a él, en nombre de la Unión. Procede aplicar el Acuerdo de forma provisional a partir del día siguiente a la fecha de su firma, hasta tanto no terminen los procedimientos necesarios para su celebración.

(7)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.

(8)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (4); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/4

a)

hacer un seguimiento de la aplicación del presente Acuerdo;

b)

proponer modificaciones o adiciones al presente Acuerdo;

c)

resolver las controversias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo.

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/11

(1)

Es importante garantizar que los objetivos de la Directiva 2009/65/CE se alcancen de manera uniforme en todos los Estados miembros, a fin de reforzar la integridad del mercado interior y ofrecer seguridad jurídica a quienes participan en él, incluidos los inversores minoristas e institucionales, las autoridades competentes y otras partes interesadas. La adopción de un reglamento garantiza un marco coherente para todos los operadores del mercado y constituye la mejor garantía posible de que existan condiciones equitativas y uniformes de competencia, así como un nivel de protección del inversor adecuado y común. Garantiza, asimismo, la aplicabilidad directa de normas detalladas uniformes sobre el ejercicio de la actividad de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y los depositarios, normas que, por su naturaleza, son directamente aplicables y, por tanto, no deben ser objeto de transposición a nivel nacional. La adopción de un reglamento también garantiza que las modificaciones pertinentes de la Directiva 2009/65/CE, introducidas por la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), puedan aplicarse desde la misma fecha en todos los Estados miembros.

(2)

La Directiva 2009/65/CE establece una amplio conjunto de requisitos relativos a las obligaciones de los depositarios, los acuerdos de delegación y el régimen de responsabilidad relativo a los activos de los OICVM bajo custodia, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los inversores, teniendo en cuenta que un OICVM es un régimen de inversión minorista. Por tanto, los derechos y obligaciones específicos del depositario, la sociedad de gestión y la sociedad de inversión deben establecerse claramente. El contrato escrito ha de contener toda la información necesaria para que el depositario o un tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE puedan custodiar adecuadamente todos los activos del OICVM, y para que el depositario desempeñe adecuadamente sus funciones de vigilancia y control.

(3)

A fin de que el depositario pueda evaluar y controlar el riesgo de custodia, el contrato debe recoger información suficiente sobre las categorías de instrumentos financieros en los que el OICVM puede invertir y especificar las regiones geográficas en las que el OICVM tiene previsto invertir. El contrato debe recoger también los pormenores de un procedimiento de gradación ascendente con el fin de especificar las circunstancias, las obligaciones de notificación y las medidas que debe adoptar un miembro del personal del depositario, a cualquier nivel de la estructura organizativa, respecto a las discrepancias detectadas, incluida la notificación a la sociedad de gestión o de inversión, y/o a las autoridades competentes, conforme a lo exigido por el presente Reglamento. Por tanto, el depositario debe advertir a la sociedad de gestión o de inversión de los riesgos significativos detectados en el sistema de liquidación de un determinado mercado. La rescisión del contrato debe reflejar el hecho de que esta opción representa el último recurso del depositario si no está convencido de que los activos se encuentran protegidos de manera suficiente. Debe prevenir asimismo el riesgo moral, con arreglo al cual el OICVM tomaría decisiones de inversión sin tener en cuenta los riesgos de custodia, basándose en que el responsable sería el depositario. A fin de mantener un elevado grado de protección del consumidor, la disposición que detalla cómo vigilar a terceros debe aplicarse en toda la cadena de custodia.

(4)

De cara a garantizar que el depositario pueda desempeñar sus funciones, es necesario aclarar las tareas previstas en el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2009/65/CE y, en particular, los controles de segundo nivel que debe emprender el depositario. Tales tareas no deben impedir al depositario efectuar verificaciones ex ante de acuerdo con el OICVM cuando lo considere pertinente. A fin de garantizar que pueda desempeñar sus funciones, el depositario debe disponer de su propio procedimiento de gradación ascendente para los casos en que se detecten irregularidades. Este procedimiento debe garantizar que se notifique a las autoridades competentes todo incumplimiento significativo. Las responsabilidades de vigilancia que incumben al depositario con respecto a terceros se establecen sin perjuicio de las responsabilidades que incumben al OICVM de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.

(5)

El depositario debe verificar si el número de participaciones emitidas coincide con los ingresos por suscripción recibidos. Asimismo, a fin de garantizar que los pagos efectuados por los inversores con motivo de la suscripción se hayan recibido, el depositario debe asegurarse también de que se realice otra conciliación entre las órdenes de suscripción y los ingresos por suscripción. Igual conciliación debe efectuarse por lo que atañe a las órdenes de reembolso. El depositario debe verificar también que el número de participaciones que figure en las cuentas del OICVM sea igual al número de participaciones vivas que figure en el registro del OICVM. El depositario debe adaptar sus procedimientos en consecuencia, de modo que tenga en cuenta la frecuencia de las suscripciones y los reembolsos.

(6)

El depositario debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que se apliquen de manera efectiva las oportunas políticas y procedimientos de valoración de los activos del OICVM, realizando verificaciones por muestreo o comprobando si la variación del cálculo del valor del patrimonio neto a lo largo del tiempo es coherente con la de un parámetro. De cara a fijar sus procedimientos, el depositario debe comprender claramente los métodos de valoración utilizados por el OICVM para valorar los activos del OICVM. La frecuencia de las verificaciones debe ser acorde con la frecuencia de valoración de los activos del OICVM.

(7)

En virtud de la obligación de vigilancia que le impone la Directiva 2009/65/CE, el depositario debe establecer un procedimiento destinado a verificar, con carácter ex post, si el OICVM cumple con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como con su reglamento y documentos constitutivos. Ello supone, entre otras cosas, comprobar que las inversiones del OICVM sean coherentes con sus estrategias de inversión, según se describen en el reglamento del OICVM y sus documentos de oferta, y cerciorarse de que el OICVM no incumpla las restricciones de inversión que le sean aplicables. El depositario debe vigilar las operaciones del OICVM e investigar cualquier operación inhabitual. En caso de incumplimiento de los límites o las restricciones establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias nacionales aplicables, o en el reglamento y los documentos constitutivos del OICVM, el depositario debe actuar con celeridad para deshacer la operación que vulnera tales disposiciones legales o reglamentarias o el reglamento.

(8)

El depositario debe velar por que el cálculo de los ingresos sea exacto, de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. A tal efecto, el depositario debe garantizar que el cálculo y la distribución de ingresos sean adecuados y, cuando detecte un error, que el OICVM adopte las oportunas medidas correctoras. Una vez garantizado esto, el depositario debe verificar que la distribución de ingresos sea completa y exacta.

(9)

Al objeto de que el depositario tenga una imagen nítida de las entradas y salidas de efectivo del OICVM en todos los casos, el OICVM debe garantizar que el depositario reciba sin demora indebida información exacta sobre todos los flujos de tesorería, incluida información procedente de todo tercero en el que el OICVM tenga abierta una cuenta de efectivo.

(10)

A fin de que los flujos de tesorería del OICVM sean objeto de un adecuado seguimiento, el depositario debe velar por que existan procedimientos para ello, que estos se apliquen de manera efectiva y que sean revisados periódicamente. En particular, el depositario debe examinar el procedimiento de conciliación para comprobar si es adecuado para el OICVM y si se aplica con la debida periodicidad, atendiendo a la naturaleza, el tamaño y la complejidad del OICVM. Este procedimiento debe, por ejemplo, comparar uno a uno cada flujo de tesorería, según figure en los estados bancarios, con los flujos de tesorería registrados en las cuentas del OICVM. Si las conciliaciones se hacen diariamente, como ocurre en la mayoría de OICVM, el depositario debe efectuar la conciliación también diariamente. El depositario debe, en particular, comprobar las divergencias puestas de relieve por los procedimientos de conciliación y las medidas correctoras adoptadas, al objeto de notificar al OICVM, sin demora indebida, toda posible anomalía no subsanada y revisar íntegramente los procedimientos de conciliación. La revisión debe hacerse al menos anualmente. El depositario debe también detectar oportunamente los flujos de tesorería significativos y, en particular, aquellos que no resulten coherentes con las operaciones del OICVM, como, por ejemplo, variaciones en las posiciones de los activos del OICVM o suscripciones y reembolsos, y debe recibir periódicamente estados de las cuentas de efectivo y verificar la concordancia de sus propios registros de posiciones de efectivo con los del OICVM. El depositario debe mantener su registro actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 5, letra b), de la Directiva 2009/65/CE.

(11)

El depositario debe velar por que todos los pagos efectuados por inversores o por cuenta de estos a raíz de la suscripción de participaciones de un OICVM se reciban y consignen en una o varias cuentas de efectivo de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2009/65/CE. El OICVM debe, por tanto, asegurarse de que el depositario disponga de la información pertinente que necesite para comprobar adecuadamente la recepción de los pagos de los inversores. El OICVM debe asegurarse de que el depositario obtenga esta información sin demora indebida cuando el tercero reciba una orden de reembolso o emisión de participaciones de un OICVM. La información debe, pues, ser transmitida al depositario al término del día laboral por la entidad responsable de la suscripción y el reembolso de las participaciones de un OICVM, a fin de impedir un posible uso indebido de los pagos de los inversores.

(12)

El depositario debe mantener en custodia todos los instrumentos financieros del OICVM que puedan consignarse o mantenerse en una cuenta directa o indirectamente a nombre del depositario o de un tercero en el que se deleguen funciones de custodia, en particular a nivel del depositario central de valores. Además, el depositario debe mantener en custodia los instrumentos financieros que estén solo directamente registrados en el propio emisor o su agente a nombre del depositario o de un tercero en que se hayan delegado funciones de custodia. Los instrumentos financieros que, de acuerdo con la legislación nacional aplicable, estén registrados en el emisor o su agente solo a nombre del OICVM no deben mantenerse en custodia. Deben mantenerse asimismo en custodia todos los instrumentos financieros que puedan entregarse físicamente al depositario. Siempre que se reúnan las condiciones en las cuales han de mantenerse en custodia los instrumentos financieros, los instrumentos financieros aportados como garantía a un tercero o aportados por un tercero en beneficio del OICVM deben también ser mantenidos en custodia por el propio depositario o por un tercero en el que se hayan delegado las funciones de custodia, siempre y cuando sean propiedad del OICVM.

(13)

Los instrumentos financieros en custodia deben ser objeto de la debida atención y protección en todo momento. A fin de garantizar una adecuada evaluación del riesgo de custodia, al poner en juego la debida atención, deben establecerse obligaciones inequívocas para el depositario, que debe, en particular, saber quiénes conforman la cadena de custodia, verificar que se hayan mantenido las obligaciones de diligencia debida y separación a lo largo de toda la cadena, velar por que él mismo tenga un adecuado acceso a los libros y registros de los terceros en quienes se hayan delegado funciones de custodia, velar por que se cumplan los requisitos de diligencia debida y separación, documentar todas estas tareas y facilitar estos documentos a la sociedad de gestión o de inversión.

(14)

El depositario debe tener, en todo momento, una visión global de todos los activos que no sean instrumentos financieros que deban ser custodiados. En relación con esos activos, se aplica la obligación de verificar la propiedad y mantener un registro de conformidad con la Directiva 2009/65/CE. Son ejemplos de tales activos los activos físicos que no entren en la categoría de instrumentos financieros con arreglo a la Directiva 2009/65/CE o no puedan entregarse físicamente al depositario, contratos financieros tales como algunos derivados y los depósitos en efectivo.

(15)

A fin de adquirir certeza suficiente de que el OICVM es realmente el propietario de los activos, el depositario debe cerciorarse de que recibe toda la información que considere necesaria para estar seguro de que el OICVM tiene el derecho de propiedad sobre el activo. Tal información puede consistir en una copia de un documento oficial en el que conste que el OICVM es el propietario del activo, o todo elemento de prueba formal y fiable que el depositario considere adecuado. Si fuera necesario, el depositario debe solicitar elementos de prueba adicionales al OICVM, o, en su caso, a un tercero.

(16)

El depositario debe también llevar un registro de todos los activos que considere que son propiedad del OICVM. Puede establecer un procedimiento para recibir información de terceros, siendo posible establecer procedimientos que garanticen que los activos no puedan ser transferidos sin que el depositario o el tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia sea informado de esas operaciones.

(17)

Cuando delegue funciones de custodia en terceros con arreglo al artículo 22 bis de la Directiva 2009/65/CE, el depositario está obligado a implantar y aplicar un procedimiento adecuado y documentado que garantice que el tercero cumpla, en todo momento, lo establecido en el artículo 22 bis, apartado 3, de la Directiva 2009/65/CE. A fin de que los activos estén suficientemente protegidos, es necesario establecer una serie de principios aplicables a la delegación de las funciones de custodia.

(18)

Esos principios no deben considerarse exhaustivos, ni por lo que atañe a la especificación detallada de los deberes de competencia, atención y diligencia del depositario, ni por lo que atañe a la especificación de todas las medidas que un depositario deba tomar en relación con los principios en sí mismos. La obligación de vigilar de forma continua al tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia debe consistir en verificar que dicho tercero ejecute correctamente todas las funciones delegadas y cumpla con el contrato de delegación y otros requisitos legales, como los relativos a la independencia y la prohibición de reutilización. El depositario debe examinar igualmente los elementos evaluados en el proceso de selección y designación, comparándolos con la evolución del mercado. El depositario debe en todo momento poder analizar adecuadamente los riesgos conexos a la decisión de confiar activos a ese tercero. La frecuencia del examen se adaptará de manera que resulte siempre acorde con las condiciones de mercado y los riesgos conexos. El depositario, a fin de poder hacer frente a una posible insolvencia del tercero, debe elaborar planes de emergencia, entre ellos la posible selección de otros proveedores, según proceda. Aunque estas medidas pueden reducir el riesgo de custodia del depositario, no alteran la obligación de restituir los instrumentos financieros o abonar la correspondiente cuantía en caso de pérdida, en función de si se cumple o no lo establecido en el artículo 24 de la Directiva 2009/65/CE.

(19)

Para cerciorarse de que los activos y los derechos del OICVM están protegidos contra la insolvencia de terceros, el depositario ha de comprender la normativa en materia de insolvencia del tercer país en el que esté establecido el tercero en cuestión, y asegurarse de la exigibilidad de su relación contractual. Antes de delegar las funciones de custodia en un tercero residente fuera de la Unión, el depositario ha de recibir un asesoramiento jurídico independiente sobre la exigibilidad del acuerdo contractual con el tercero de que se trate con arreglo a la legislación y la jurisprudencia en materia de insolvencia del país en el que esté establecido el tercero, con el fin de garantizar que dicho acuerdo sea aplicable también en caso de insolvencia del tercero. La obligación del depositario de evaluar el marco jurídico y normativo del tercer país comprende además la recepción de un dictamen jurídico independiente en el que se evalúe la legislación y la jurisprudencia sobre insolvencia del tercer país en el que resida el tercero en cuestión. Las federaciones sectoriales o bufetes de abogados pertinentes podrán agrupar tales dictámenes, según el caso, o emitirlos para cada país en beneficio de varios depositarios.

(20)

El acuerdo contractual con el tercero seleccionado en el que se deleguen las funciones de custodia debe contener una cláusula sobre rescisión anticipada, ya que es necesario que el depositario se encuentre en disposición de rescindir tal relación contractual en caso de que cambie la legislación o la jurisprudencia de un tercer país de tal modo que la protección de los activos de los OICVM deje de estar garantizada. En tales casos, el depositario debe notificar a la sociedad de gestión o de inversión tal modificación. La sociedad de gestión o de inversión debe notificarlo a sus autoridades competentes y adoptar todas las medidas necesarias en el mejor interés del OICVM y sus inversores. La notificación a las autoridades competentes sobre el aumento del riesgo de custodia e insolvencia que ataña a los activos del OICVM en un tercer país no debe eximir al depositario ni a la sociedad de gestión o de inversión de sus deberes y obligaciones previstos en la Directiva 2009/65/CE.

(21)

Cuando delegue funciones de custodia, el depositario debe garantizar que se cumpla lo dispuesto en el artículo 22 bis, apartado 3, letra c), de la Directiva 2009/65/CE, y que los activos de los OICVM clientes del depositario estén debidamente separados. Esta obligación debe garantizar, en particular, que los activos del OICVM no se pierdan por insolvencia del tercero en quien se hayan delegado funciones de custodia y que los activos del OICVM no sean reutilizados por el tercero por su propia cuenta. Asimismo, el depositario debe poder prohibir déficits temporales en los activos del cliente, recurrir a «colchones» o prohibir que se compense el saldo deudor de un cliente con el saldo acreedor de otro. Aunque estas medidas pueden reducir el riesgo de custodia que afecta al depositario cuando delega funciones de custodia, no alteran la obligación de restituir los instrumentos financieros o abonar la correspondiente cuantía en caso de pérdida, en función de si se cumple o no lo establecido en la Directiva 2009/65/CE.

(22)

Antes y durante la delegación de las funciones de custodia, el depositario debe velar, mediante sus acuerdos precontractuales y contractuales, por que el tercero adopte medidas y establezca disposiciones encaminadas a impedir que los activos del OICVM puedan distribuirse a los acreedores del propio tercero, o realizarse en beneficio de estos. La Directiva 2009/65/CE exige a todos los Estados miembros que adapten sus leyes en materia de insolvencia a este requisito. Por tanto, es necesario que el depositario recabe información independiente sobre las leyes y la jurisprudencia aplicables en materia de insolvencia del tercer país en el que los activos del OICVM deban mantenerse.

(23)

La responsabilidad que incumbe al depositario en virtud del artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2009/65/CE se materializa en caso de que se pierda un instrumento financiero mantenido en custodia por el propio depositario o por un tercero en quien se haya delegado la custodia, a no ser que el depositario pueda probar que la pérdida se ha producido como resultado de un acontecimiento externo que escape a un control razonable, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos por evitarlas. Esta pérdida debe diferenciarse de una pérdida sufrida por los inversores en su inversión por una reducción del valor de los activos como consecuencia de una decisión de inversión.

(24)

Para que una pérdida dé lugar a que se reclame la responsabilidad del depositario, ha de ser definitiva, sin perspectivas de recuperación del activo financiero. Así, en las situaciones en las que los instrumentos financieros estén bloqueados o no estén disponibles solo temporalmente no debe considerarse que existe pérdida a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Directiva 2009/65/CE. En cambio, cabe señalar tres tipos de situaciones en las que la pérdida debe considerarse definitiva, a saber: cuando el instrumento financiero ya no existe o nunca ha existido; cuando el instrumento financiero existe, pero el OICVM ha perdido definitivamente su derecho de propiedad sobre él; y cuando el OICVM ostenta el derecho de propiedad, pero no puede ya transmitir la titularidad o crear derechos limitados de propiedad sobre el instrumento financiero de forma permanente.

(25)

Se considera que un instrumento financiero ya no existe si, por ejemplo, ha desaparecido debido a un error contable que no puede subsanarse, o que nunca ha existido, en caso de que la propiedad del OICVM se hubiera registrado basándose en documentación falsa. Debe considerarse que existe pérdida si la pérdida del instrumento financiero se debe a conducta fraudulenta.

(26)

No puede dictaminarse que existe pérdida si el instrumento financiero se ha sustituido por otro instrumento financiero, o se ha convertido en otro instrumento financiero, por ejemplo, en situaciones en las que las acciones se cancelen y se sustituyan con la emisión de nuevas acciones a raíz de la reestructuración de una sociedad. No debe considerarse que un OICVM está permanentemente privado de su derecho de propiedad sobre el instrumento financiero si ha transmitido legítimamente la propiedad a un tercero. Por consiguiente, cuando se establezca una distinción entre la propiedad legal y la propiedad efectiva de los activos, la definición de pérdida debe referirse a la pérdida del derecho de propiedad efectiva.

(27)

Solo en caso de producirse un acontecimiento externo que escape a un control razonable, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos por evitarlas, podría el depositario no ser considerado responsable de acuerdo con el artículo 24 de la Directiva 2009/65/CE. A fin de quedar exento de responsabilidad, el depositario debe demostrar que estas condiciones se cumplen en su totalidad y debe establecerse el procedimiento a seguir a tal efecto.

(28)

En primer lugar, debe determinarse si el acontecimiento que originó la pérdida era externo. La responsabilidad del depositario no debe quedar afectada por la delegación de las funciones de custodia y, por tanto, debe considerarse que un acontecimiento es externo si no se produce como resultado de una acción u omisión del depositario o del tercero en quien se haya delegado la custodia de los instrumentos financieros. A continuación, debe analizarse si el acontecimiento escapa al control del depositario, comprobando si un depositario prudente no podría razonablemente haber hecho nada para evitar que se produjera ese acontecimiento. De acuerdo con estas pautas, tanto acontecimientos naturales como actos de una autoridad pública pueden considerarse acontecimientos externos que escapan a un control razonable. En cambio, una pérdida originada por no aplicar las obligaciones de separación establecidas en el artículo 21, apartado 11, letra d), inciso iii), de la Directiva 2009/65/CE, o la pérdida de activos por una alteración de la actividad del tercero conexa a su insolvencia no puede considerarse que constituyan acontecimientos externos que escapen a un control razonable.

(29)

Por último, el depositario debe demostrar que la pérdida no podría haberse evitado pese a realizarse todos los esfuerzos razonables. En este contexto, el depositario debe informar a la sociedad de gestión o de inversión y adoptar las medidas oportunas en función de las circunstancias. Por ejemplo, en una situación en la que el depositario considere que la única actuación adecuada es la enajenación del instrumento financiero, aquel debe informar de ello debidamente a la sociedad de gestión o de inversión, que, a su vez, debe dar instrucciones al depositario por escrito sobre si los instrumentos financieros deben conservarse o enajenarse. Toda posible instrucción al depositario en el sentido de conservar los activos debe comunicarse a los inversores del OICVM sin demoras indebidas. La sociedad de gestión o de inversión debe tener debidamente en cuenta las recomendaciones del depositario. En función de las circunstancias, si el depositario aún considera que el nivel de protección del instrumento financiero no es suficiente, pese a reiterados avisos, debe plantearse posibles medidas adicionales, como rescindir el contrato, a condición de que el OICVM disponga de un plazo para hallar otro depositario de acuerdo con el Derecho nacional.

(30)

Las salvaguardas para la protección de los inversores en el marco del régimen del depositario deben tener en cuenta las posibles interconexiones entre este y la sociedad de gestión o de inversión, como aquellas que se deriven de una gestión común o vinculada o de participaciones cruzadas. Tales interconexiones, en la medida en que las permita la legislación nacional, pueden dar lugar a conflictos de intereses asociados al riesgo de fraude (irregularidades no declaradas a las autoridades competentes para evitar una mala reputación), al riesgo de recurso jurídico (reticencia a adoptar medidas legales contra el depositario, o evitación de tales medidas), al sesgo de selección (elección del depositario no basada en la calidad y el precio), al riesgo de insolvencia (estándares inferiores en la separación de activos o la atención a la solvencia del depositario), o al riesgo de exposición a un grupo único (inversiones intragrupo).

(31)

La independencia operativa de la sociedad de gestión o de inversión y del depositario, incluidas las situaciones en las que las funciones de custodia se han delegado, proporciona salvaguardas adicionales que garantizan la protección de los inversores sin costes indebidos al elevar los estándares de conducta de las entidades que pertenecen al mismo grupo o se encuentran vinculadas de otro modo. Los requisitos de independencia operativa deben abordar elementos sustanciales como la identidad o los vínculos personales de los gestores, los empleados o las personas que desempeñen funciones de supervisión respecto a otras entidades o empresas en el grupo, incluidas las situaciones en las que tales personas mantienen algún tipo de vinculación con estas entidades.

(32)

Para garantizar un tratamiento proporcionado, cuando la sociedad de gestión o de inversión y el depositario pertenezcan al mismo grupo, al menos un tercio de los miembros o dos personas (optándose por la menor de estas dos cifras) de los órganos encargados de las funciones de supervisión, o de los órganos directivos que también desempeñan funciones de supervisión, deben ser independientes.

(33)

En lo que atañe al gobierno corporativo, deben reflejarse las características específicas del sistema monista, en el que la empresa es dirigida por un órgano corporativo que asume tanto las funciones de dirección como de supervisión, y del sistema dual, en el que conviven un consejo de administración y un consejo de supervisión.

(34)

A fin de que las autoridades competentes, los OICVM y los depositarios puedan adaptarse a las nuevas disposiciones contenidas en el presente Reglamento, de forma que estas puedan aplicarse de manera eficiente y efectiva, conviene aplazar seis meses, con respecto a la fecha de su entrada en vigor, la fecha de aplicación del presente Reglamento.

(35)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del grupo de expertos del Comité Europeo de Valores.

a)

una descripción de los servicios que prestará el depositario y los procedimientos que deberá adoptar este respecto a cada tipo de activo en el que pueda invertir el OICVM y que se confíen al depositario;

b)

una descripción del modo en que se desempeñarán las funciones de custodia y vigilancia dependiendo de los tipos de activos y las regiones geográficas en las que el OICVM prevea invertir, con inclusión, respecto a las obligaciones de custodia, de listas de países y procedimientos para la incorporación o la supresión de países de tales listas. Esta información deberá ser coherente con la que figure en el reglamento, los documentos constitutivos y los documentos de oferta del OICVM acerca de los activos en los que este pueda invertir;

c)

el período de validez y las condiciones de modificación y rescisión del contrato, incluidas las situaciones que podrían llevar a la rescisión y los pormenores del procedimiento de rescisión, así como, cuando proceda, los procedimientos por los cuales el depositario transmitirá toda la información pertinente a su sucesor;

d)

las obligaciones de confidencialidad aplicables a las partes de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias. Dichas obligaciones no impedirán a las autoridades competentes acceder a la pertinente documentación e información;

e)

los medios y procedimientos por los cuales el depositario transmitirá a la sociedad de gestión o de inversión toda la información pertinente que esta necesite para desempeñar su cometido, incluido el ejercicio de los derechos que puedan llevar aparejados los activos, y para poder tener puntualmente una visión global exacta de las cuentas del OICVM;

f)

los medios y procedimientos por los cuales la sociedad de gestión o de inversión transmitirá toda la información pertinente o garantizará que el depositario tenga acceso a toda la información que necesite para desempeñar su cometido, incluidos los procedimientos que garanticen que el depositario reciba información de terceros designados por la sociedad de gestión o de inversión;

g)

los procedimientos a seguir en caso de que se contemple la posibilidad de modificar el reglamento, los documentos constitutivos o los documentos de oferta del OICVM, especificando las situaciones en las que el depositario habrá de ser informado o en las que se requerirá el acuerdo previo del depositario para proceder a la modificación;

h)

toda la información que habrán de intercambiar la sociedad de inversión o de gestión, o los terceros que actúen por cuenta del OICVM, por una parte, y el depositario, por otra, en relación con la venta, la suscripción, el reembolso, la emisión, la anulación y la recompra de participaciones del OICVM;

i)

toda la información que habrán de intercambiar la sociedad de inversión o de gestión, o los terceros que actúen por cuenta del OICVM, y el depositario en lo que atañe al desempeño de las obligaciones de este;

j)

cuando las partes del contrato se propongan designar a terceros para que realicen una parte de su cometido respectivo, el compromiso de facilitar con regularidad información sobre cualquier tercero que se haya designado y, previa solicitud, información sobre los criterios aplicados para seleccionar al tercero y las medidas previstas a efectos del seguimiento de las actividades realizadas por el tercero seleccionado;

k)

información sobre las tareas y responsabilidades que hayan de asumir las partes del contrato en lo referente a las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo;

l)

información sobre todas las cuentas de efectivo abiertas a nombre de la sociedad de inversión o de gestión por cuenta del OICVM y los procedimientos mediante los cuales se garantizará que el depositario sea informado en caso de que se abra una nueva cuenta;

m)

los pormenores de los procedimientos de gradación ascendente del depositario, incluida la identidad de las personas que este deberá contactar en la sociedad de inversión o de gestión al poner en marcha un procedimiento de ese tipo;

n)

el compromiso del depositario de informar de que la separación de los activos ha dejado de ser suficiente para garantizar una protección contra la insolvencia de un tercero, en el que se hayan delegado funciones de custodia con arreglo al artículo 22 bis de la Directiva 2009/65/CE en un determinado país;

o)

los procedimientos mediante los cuales se garantice que el depositario, en relación con los deberes que le correspondan, pueda investigar la conducta de la sociedad de inversión o de gestión y evaluar la calidad de la información recibida, en particular consultando los libros de contabilidad de la sociedad de inversión o de gestión o a través de visitas in situ;

p)

los procedimientos mediante los cuales se garantice que la sociedad de gestión o de inversión pueda someter a examen el desempeño por el depositario de sus obligaciones.

a)

conciliar las órdenes de suscripción con los ingresos por suscripciones, y el número de participaciones emitidas con los ingresos por suscripciones recibidos por el OICVM;

b)

conciliar las órdenes de reembolso con los reembolsos pagados, y el número de participaciones anuladas con los reembolsos pagados por el OICVM;

c)

verificar con regularidad que el procedimiento de conciliación es apropiado.

a)

verificar de forma permanente que se establezcan y apliquen procedimientos adecuados y constantes para la valoración de los activos del OICVM de conformidad con la legislación nacional aplicable, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Directiva 2009/65/CE, y con el reglamento y los documentos constitutivos del OICVM;

b)

velar por que las políticas y los procedimientos de valoración se apliquen de manera efectiva y se revisen.

a)

procedimientos apropiados para verificar que las instrucciones de la sociedad de gestión o de inversión se atienen a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales aplicables y al reglamento y los documentos constitutivos del OICVM;

b)

un procedimiento de gradación ascendente cuando el OICVM haya quebrantado alguno de los límites o restricciones a que se refiere el párrafo segundo.

a)

se asegure de que el cálculo de los ingresos netos se aplica con arreglo al reglamento y los documentos constitutivos del OICVM y a la legislación nacional aplicable cada vez que tales ingresos vayan a distribuirse;

b)

se asegure de que se toman las medidas oportunas cuando los auditores del OICVM hayan formulado reservas en relación con los estados financieros anuales. La sociedad de gestión o de inversión facilitará al depositario toda la información sobre las reservas formuladas en relación con los estados financieros;

c)

compruebe la exhaustividad y la precisión de los pagos de dividendos cada vez que vayan a distribuirse los ingresos.

a)

velar por que la totalidad del efectivo del OICVM esté contabilizado en cuentas abiertas en un banco central o una entidad de crédito autorizada con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), o en una entidad de crédito autorizada en un tercer país, en que se requieran cuentas de efectivo con vistas a las operaciones del OICVM, a condición de que los requisitos prudenciales de supervisión y regulación aplicados en dicho tercer país sean considerados por la autoridad competente del Estado miembro de origen del OICVM al menos equivalentes a los aplicados en la Unión;

b)

aplicar procedimientos eficaces y adecuados para la conciliación de todos los movimientos de tesorería y realizar tales conciliaciones diariamente, o, en el supuesto de que los movimientos de tesorería sean poco frecuentes, cuando estos se produzcan;

c)

aplicar procedimientos apropiados para determinar, al cierre de cada día hábil, los flujos de tesorería significativos y aquellos que pudieran ser disconformes con las operaciones del OICVM;

d)

revisar periódicamente la idoneidad de tales procedimientos, en particular mediante el reexamen completo del proceso de conciliación al menos una vez al año, y comprobar que las cuentas de efectivo abiertas a nombre de la sociedad de inversión o de la sociedad de gestión que actúe por cuenta del OICVM, o a nombre del depositario que actúe por cuenta del OICVM, estén incluidas en el proceso de conciliación;

e)

controlar de manera continua los resultados de las conciliaciones y las medidas adoptadas a raíz de cualquier discrepancia observada en los procedimientos de conciliación, e informar a la sociedad de gestión o de inversión en caso de que alguna irregularidad no se rectifique sin demora indebida, así como a las autoridades competentes si resulta imposible corregir la situación;

f)

verificar la coincidencia de sus propios registros de posiciones de efectivo con los del OICVM.

a)

que sean instrumentos financieros contemplados en el artículo 50, apartado 1, letras a) a e) y letra h), de la Directiva 2009/65/CE, o valores negociables que integren derivados contemplados en el artículo 51, apartado 3, párrafo cuarto, de la Directiva 2009/65/CE;

b)

que puedan registrarse o mantenerse en una cuenta de valores directa o indirectamente a nombre del depositario.

a)

los instrumentos financieros se registran correctamente con arreglo al artículo 22, apartado 5, letra a), inciso ii), de la Directiva 2009/65/CE;

b)

los registros y cuentas separadas se mantienen de tal forma que se asegure su exactitud, y en particular su correspondencia con los instrumentos financieros y el efectivo mantenidos por cuenta del OICVM;

c)

se llevan a cabo con regularidad conciliaciones entre las cuentas y los registros internos del depositario y los de terceros en los que se hayan delegado funciones de custodia de conformidad con el artículo 22 bis de la Directiva 2009/65/CE;

d)

se actúa con la debida atención en relación con los instrumentos financieros en custodia, a fin de asegurar un elevado nivel de protección de los inversores;

e)

se evalúan y controlan todos los riesgos de custodia pertinentes en toda la cadena de custodia, y se informa a la sociedad de gestión o de inversión de cualquier riesgo significativo detectado;

f)

se adoptan medidas organizativas adecuadas para minimizar el riesgo de pérdida o disminución del valor de los instrumentos financieros, o de los derechos relacionados con dichos instrumentos, como consecuencia de fraude, administración deficiente, mantenimiento inadecuado de registros o negligencia;

g)

se verifica el derecho de propiedad del OICVM, o de la sociedad de gestión que actúe por cuenta de este organismo, sobre los activos.

a)

disponga de acceso, sin demora indebida, a toda la información que necesite con objeto de cumplir con sus deberes de verificación de la propiedad y llevanza de registros, incluida la información pertinente que el depositario haya de recibir de terceros;

b)

posea información suficiente y fiable que le permita estar seguro del derecho de propiedad del OICVM sobre los activos;

c)

lleve un registro de los activos con respecto a los cuales tenga la seguridad de que el OICVM ostenta la propiedad mediante:

a)

evaluar el marco legal y reglamentario, incluidos el riesgo país, el riesgo de custodia y la exigibilidad de los contratos celebrados por el tercero. La evaluación deberá, en particular, permitir al depositario determinar las implicaciones de una posible insolvencia del tercero para los activos y derechos del OICVM;

b)

velar por que la evaluación de la exigibilidad de las disposiciones contractuales a que se refiere la letra a), cuando el tercero resida en un tercer país, se base en el asesoramiento jurídico de una persona física o jurídica independiente del depositario o de dicho tercero;

c)

evaluar si las prácticas, procedimientos y controles internos del tercero son adecuados para garantizar que los instrumentos financieros del OICVM sean objeto de un nivel elevado de atención y protección;

d)

evaluar si la solidez financiera y la reputación del tercero están en consonancia con las tareas delegadas. La evaluación se basará en la información que facilite el posible tercero, así como en otros datos e información;

e)

asegurarse de que el tercero tenga la capacidad operativa y los medios tecnológicos para desempeñar las tareas de custodia delegadas con un grado elevado de protección y seguridad.

a)

controlar la actuación del tercero y el cumplimiento por este de las normas del depositario;

b)

asegurarse de que el tercero desempeña sus tareas de custodia con gran esmero, prudencia y diligencia y, en particular, de que procede de manera efectiva a la separación de los instrumentos financieros conforme a lo exigido en el artículo 16 del presente Reglamento;

c)

reexaminar los riesgos de custodia derivados de la decisión de confiar los activos al tercero y notificar a la sociedad de gestión o de inversión sin demora indebida cualquier variación de dichos riesgos. La evaluación se basará en la información que facilite el tercero, así como en otros datos e información. Cuando se produzcan turbulencias en los mercados o cuando se detecte un riesgo, se deberá incrementar la frecuencia y el alcance del reexamen;

d)

vigilar que se cumpla la prohibición establecida en el artículo 22, apartado 7, de la Directiva 2009/65/CE;

e)

vigilar que se cumpla la prohibición establecida en el artículo 25 de la Directiva 2009/65/CE y los requisitos previstos en los artículos 21 a 24 del presente Reglamento.

a)

lleve todos los registros y cuentas que sean necesarios para que el depositario pueda distinguir, en todo momento y sin demora, los activos de los OICVM clientes del depositario de sus propios activos, de los activos de sus otros clientes, de los activos mantenidos por el depositario por cuenta propia y de los activos mantenidos por cuenta de clientes del depositario que no sean OICVM;

b)

lleve los registros y cuentas de forma que se garantice su exactitud, y en especial su correspondencia con los activos custodiados por cuenta de los clientes del depositario;

c)

efectúe con regularidad conciliaciones entre las cuentas y registros internos del depositario y los del tercero en el que haya delegado funciones de custodia de conformidad con el artículo 22 bis, apartado 3, párrafo tercero, de la Directiva 2009/65/CE;

d)

adopte medidas organizativas adecuadas para minimizar el riesgo de pérdida o disminución del valor de los instrumentos financieros, o de los derechos relacionados con dichos instrumentos financieros, como consecuencia de una mala utilización de los mismos, fraude, administración deficiente, mantenimiento inadecuado de registros o negligencia;

e)

mantenga el efectivo del OICVM en una cuenta o cuentas de un banco central de un tercer país o una entidad de crédito autorizada de un tercer país, a condición de que los requisitos prudenciales de supervisión y regulación aplicados a las entidades de crédito en dicho tercer país sean considerados por la autoridad competente del Estado miembro de origen del OICVM al menos equivalentes a los aplicados en la Unión, de conformidad con el artículo 22, apartado 4, letra c), de la Directiva 2009/65/CE.

a)

reciba asesoramiento jurídico de una persona física o jurídica independiente que confirme que la legislación aplicable en materia de insolvencia reconoce la separación de los activos de los OICVM clientes del depositario de sus activos propios y de los activos de sus otros clientes, de los activos mantenidos por el depositario por cuenta propia, y de los activos mantenidos por cuenta de clientes del depositario que no sean OICVM según se refiere en el artículo 16 del presente Reglamento, y que los activos de los OICVM clientes del depositario no forman parte de los bienes del tercero en caso de insolvencia, no pueden distribuirse a los acreedores del tercero en el que se hayan delegado funciones de custodia conforme al artículo 22 bis de la Directiva 2009/65/CE, ni realizarse en beneficio estos;

b)

garantice que las condiciones dispuestas en la legislación y la jurisprudencia aplicables en materia de insolvencia de dicho tercer país reconocen que los activos de los OICVM clientes del depositario están separados y no pueden distribuirse a los acreedores a que se refiere la letra a), ni realizarse en beneficio de estos, y que tales condiciones se cumplen al celebrar el acuerdo de delegación con el depositario, así como de manera permanente durante toda la vigencia de la delegación;

c)

informe de inmediato al depositario cuando cualquiera de las condiciones contempladas en la letra b) deje de cumplirse;

d)

lleve registros y cuentas exactos y actualizados de los activos del OICVM sobre cuya base el depositario pueda establecer en cualquier momento y con precisión la naturaleza, la ubicación y la situación en cuanto a propiedad de tales activos;

e)

proporcione al depositario una declaración periódicamente, y en cualquier caso siempre que se produzca un cambio, en la que se detallen los activos de los OICVM clientes del depositario;

f)

informe al depositario de los cambios en la legislación aplicable en materia de insolvencia, así como de su aplicación efectiva.

a)

que se demuestre la invalidez de un derecho de propiedad establecido del OICVM, bien por haber dejado de existir o porque nunca haya existido;

b)

que el OICVM haya quedado definitivamente desposeído de su derecho de propiedad sobre el instrumento financiero;

c)

que el OICVM se halle definitivamente en la imposibilidad de enajenar, directa o indirectamente, el instrumento financiero.

a)

que el hecho que haya dado lugar a la pérdida no sea consecuencia de ningún acto u omisión del depositario o de un tercero en el que se haya delegado la custodia de los instrumentos financieros de conformidad con el artículo 22, apartado 5, letra a), de la Directiva 2009/65/CE;

b)

que el depositario no pudiera razonablemente haber impedido que se produjera el hecho que haya dado lugar a la pérdida, pese a la adopción de cuantas precauciones quepa esperar de un depositario diligente con arreglo a los usos del sector;

c)

que el depositario no pudiera haber impedido la pérdida pese a un proceso riguroso y completo de diligencia debida, documentado con la adopción de las medidas siguientes:

a)

cuando se produzcan acontecimientos naturales que escapen a la influencia o al control humanos;

b)

cuando un gobierno u órgano estatal, incluidos los órganos jurisdiccionales, adopte alguna ley, decreto, reglamento, resolución u orden que incida en los instrumentos financieros en custodia;

c)

en caso de guerra, disturbios u otros trastornos de importancia.

a)

ninguna persona podrá ser al mismo tiempo miembro del órgano de dirección de la sociedad de gestión y miembro de la sociedad de gestión del depositario;

b)

ninguna persona podrá ser al mismo tiempo miembro del órgano de dirección de la sociedad de gestión y empleado del depositario;

c)

ninguna persona podrá ser al mismo tiempo miembro del órgano de dirección del depositario y empleado de la sociedad de gestión o de la sociedad de inversión;

d)

cuando el órgano de dirección de la sociedad de gestión no se encargue de las funciones de supervisión en la sociedad, su órgano encargado de estas funciones solo podrá tener un tercio como máximo de miembros que sean a la vez miembros del órgano de dirección, del órgano encargado de las funciones de supervisión o empleados del depositario;

e)

cuando el órgano de dirección del depositario no se encargue de las funciones de supervisión en el depositario, su órgano encargado de estas funciones solo podrá tener un tercio como máximo de miembros que sean a la vez miembros del órgano de dirección de la sociedad de gestión, del órgano encargado de las funciones de supervisión de la sociedad de gestión o de la sociedad de inversión, o empleados de la sociedad de gestión o de la sociedad de inversión.

a)

una evaluación en la que se comparen las ventajas de designar a un depositario con un vínculo o un vínculo de grupo con las ventajas de designar a un depositario sin tales vínculos con la sociedad de gestión o de inversión, teniendo en cuenta, al menos, los costes, los conocimientos técnicos, la situación financiera y la calidad de los servicios prestados por todos los depositarios evaluados;

b)

un informe, basado en la evaluación contemplada en la letra a), en el que se describa el modo en que la designación cumple los criterios predefinidos objetivos a los que se refiere el apartado 1 y se lleva a cabo para atender exclusivamente a los intereses del OICVM y sus inversores.

a)

la identificación de todos los conflictos de intereses derivados de tal vínculo;

b)

la adopción de todas las medidas razonables para evitar tales conflictos.

a)

cuando los órganos de dirección de la sociedad de gestión y del depositario se encarguen además de las funciones de supervisión en sus respectivas sociedades, al menos un tercio de los miembros, o dos personas (optándose por la menor de estas dos cifras), de tales órganos de dirección sean independientes;

b)

cuando los órganos de dirección de la sociedad de gestión y del depositario no se encarguen de las funciones de supervisión en sus respectivas sociedades, al menos un tercio de los miembros, o dos personas (optándose por la menor de estas dos cifras), del órgano encargado de tales funciones en la sociedad de gestión y en el depositario sean independientes.

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/31

(1)

No se han fijado límites máximos de residuos (LMR) para Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo de calcio, hidrogenocarbonato de sodio, rescalure, Beauveria bassiana cepa ATCC 74040 y Beauveria bassiana cepa GHA. Dado que estas sustancias tampoco se han incluido en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005, debe aplicarse el valor por defecto de 0,01 mg/kg establecido en el artículo 18, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento. El yoduro de potasio está incluido en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(2)

Por lo que se refiere a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó (2) que estos virus no son patógenos para los seres humanos y no producen toxinas. Por consiguiente, se considera apropiado incluir esta sustancia en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(3)

Por lo que se refiere al carburo de calcio, la Autoridad llegó a la conclusión (3) de que dicha sustancia no entra en la cadena alimentaria humana. En consecuencia, se considera apropiado incluir esta sustancia en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(4)

El yoduro de potasio es una sustancia mineral que puede utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios de conformidad con la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4). En vista de lo anterior, se considera oportuno suprimir la nota a pie de página que solicita la evaluación de esta sustancia de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(5)

El hidrogenocarbonato de sodio se ha aprobado como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Teniendo en cuenta el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2069 de la Comisión (6), esta considera que procede incluir dicha sustancia en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(6)

Por lo que respecta al rescalure, la Autoridad ha llegado a la conclusión (7) de que procede incluir esta sustancia en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(7)

En lo que respecta a Beauveria bassiana cepa ATCC 74040 y Beauveria bassiana cepa GHA (8), la Autoridad no ha podido establecer conclusiones sobre la evaluación del riesgo alimentario para los consumidores porque no disponía de determinada información y era necesario que los gestores del riesgo examinaran la cuestión más detenidamente. Dicho examen se refleja en los respectivos informes de revisión (9)  (10), en los que se concluyó que el riesgo para los humanos a través de los metabolitos de estas sustancias es insignificante. A la vista de estas conclusiones, la Comisión considera que procede incluir dichas sustancias en el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005.

(8)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 396/2005 en consecuencia.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/34

(1)

En el anexo II y en el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) n.o 396/2005 se fijaron los límites máximos de residuos (LMR) para la atrazina.

(2)

Todas las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contienen atrazina han sido revocadas. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 396/2005, deben suprimirse los LMR establecidos para esta sustancia activa en los anexos II y III.

(3)

De conformidad con el artículo 43 del Reglamento (CE) n.o 396/2005, la Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») que emitiera un dictamen científico sobre los LMR temporales que se habían establecido para los cereales, tras la presentación por Argentina de una solicitud de tolerancia en la importación. Tomando como base los ensayos de residuos presentados por el solicitante en apoyo de la utilización de atrazina en el maíz, de conformidad con las buenas prácticas agrícolas argentinas, la Autoridad llegó a la conclusión (2) de que deben reducirse los LMR para la atrazina en los cereales hasta un nivel de 0,05 mg/kg. Este nivel se corresponde con el correspondiente límite de determinación que existe en la actualidad para la atrazina en productos de origen vegetal. Los LMR propuestos no suponen un riesgo para la salud de los consumidores europeos.

(4)

Se ha recabado, a través de la Organización Mundial del Comercio, la opinión de los socios comerciales de la Unión sobre los nuevos LMR y se han tenido en cuenta sus observaciones.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 396/2005 en consecuencia.

(6)

A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el presente Reglamento debe establecer disposiciones transitorias para los productos que se hayan producido antes de la modificación de los LMR efectuada mediante el presente Reglamento y con respecto a los cuales la información muestre que se ha mantenido un elevado nivel de protección de los consumidores.

(7)

Conviene dejar transcurrir un plazo razonable antes de que sea aplicable la modificación de los LMR a fin de que los Estados miembros, los terceros países y los explotadores de empresas alimentarias tengan tiempo de prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven de dicha modificación.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/47

(1)

El anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 establece la lista de la Unión de aditivos alimentarios cuyo uso está autorizado en alimentos y las condiciones de uso.

(2)

Dicha lista puede actualizarse de conformidad con el procedimiento común contemplado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), bien por iniciativa de la Comisión o en respuesta a una solicitud.

(3)

El 23 de enero de 2015 se presentó una solicitud de autorización del uso de glucósidos de esteviol (E 960) como edulcorantes en la mostaza. Posteriormente, se permitió el acceso de los Estados miembros a la solicitud con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1331/2008.

(4)

Los glucósidos de esteviol son componentes de sabor dulce no calóricos que pueden utilizarse para sustituir la sacarosa en la producción de mostaza, lo que permite prolongar la vida útil de esta y su estabilidad microbiológica (al disminuir el contenido de azúcar se limita la fermentación cuyo sustrato es el azúcar) sin menoscabo de las necesarias propiedades organolépticas del producto. Al permitir la utilización de los glucósidos de esteviol en la mostaza será posible ampliar la oferta de este producto con uno que contenga un edulcorante distinto de los empleados hasta ahora y dotado de un sabor algo diferente.

(5)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») evaluó la seguridad de los glucósidos de esteviol, extraídos de las hojas de la planta Stevia rebaudiana Bertoni, como edulcorante y emitió un dictamen el 14 de abril de 2010 (3). La Autoridad estableció una ingesta diaria admisible (IDA) de 4 mg/kg de peso corporal/día, expresada como equivalentes de esteviol.

(6)

Al autorizar este edulcorante en la mostaza a razón de 120 mg/kg (como equivalentes de esteviol) se incrementaría el aporte de E 960 dentro de los límites siguientes: entre 0 y 0,133 % de la IDA en caso de un consumo medio, y entre 0 y 1,143 % de la IDA en caso de un consumo elevado. Se considera que esto constituye una exposición suplementaria desdeñable de los consumidores, por lo que no plantea ningún problema de seguridad.

(7)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1331/2008, la Comisión debe recabar el dictamen de la Autoridad para poder actualizar la lista de aditivos alimentarios de la Unión establecida en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008, salvo en caso de que no sea probable que dicha actualización repercuta en la salud humana. Dado que la autorización de la utilización de los glucósidos de esteviol (E 960) como edulcorante en la mostaza constituye una actualización de dicha lista de improbable repercusión en la salud humana, no es preciso recabar el dictamen de la Autoridad.

(8)

Por tanto, procede autorizar la utilización de los glucósidos de esteviol (E 960) como edulcorantes en la mostaza (subcategoría de alimentos 12.4) a un nivel máximo de 120 mg/kg.

(9)

Por tanto, procede modificar el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/49

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 170/2013 de la Comisión (2) establece medidas transitorias en el sector del azúcar con motivo de la adhesión de Croacia a la Unión. El capítulo II, sección 2, del Reglamento aborda la determinación y eliminación de las cantidades excedentes de azúcar presentes en Croacia en la fecha de su adhesión. En particular, fija plazos para la determinación de las cantidades excedentes de azúcar, para su eliminación y para la presentación de las pruebas de la eliminación por parte de los agentes económicos identificados en Croacia. También fija los períodos de referencia que deben utilizarse para calcular los importes que habrá de abonar Croacia si no se eliminan las cantidades excedentes de azúcar.

(2)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1345/2014 de la Comisión (3) determinó las cantidades excedentes de azúcar almacenadas en Croacia antes de su adhesión y que se deben eliminar del mercado de la Unión a expensas de Croacia de conformidad con los plazos fijados en el Reglamento de Ejecución (UE) no 170/2013, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1407 (4).

(3)

Mediante carta de 26 de enero de 2016, Croacia comunicó a la Comisión que, aunque no cuestiona la obligación de garantizar la eliminación de las cantidades excedentes de azúcar determinadas por la Comisión, no ha podido resolver plenamente las dificultades imprevistas de procedimiento al aplicar el requisito de obligar a los agentes económicos afectados a eliminar dichos excedentes, lo cual condujo a la ampliación de los plazos para la eliminación, y que necesitaba un poco más de tiempo. Procede, por tanto, ampliar por un período de cuatro meses los plazos previstos en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 170/2013.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 170/2013 en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

1)

En el artículo 9, apartado 1, «31 de marzo de 2016» se sustituye por «31 de julio de 2016».

2)

El artículo 10 queda modificado como sigue:

3)

El artículo 11 queda modificado como sigue:

4)

El artículo 12 queda modificado como sigue:

24.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/51

(1)

En el Reglamento (CE) n.o 669/2009 de la Comisión (2), se establecen normas relativas a la intensificación de los controles oficiales a los que deben someterse las importaciones de los piensos y alimentos de origen no animal enumerados en la lista de su anexo I (en lo sucesivo, «la lista») en los puntos de entrada de los territorios mencionados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 882/2004.

(2)

En el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 669/2009, se establece que la lista debe revisarse de forma periódica, y como mínimo trimestralmente, tomando en consideración, al menos, las fuentes de información mencionadas en dicho artículo.

(3)

Teniendo en cuenta la frecuencia y la importancia de los recientes incidentes alimentarios notificados a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, los resultados de las auditorías realizadas en terceros países por la Dirección de Auditorías y Análisis en los ámbitos Sanitario y Alimentario de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, así como los informes trimestrales sobre las partidas de piensos y alimentos de origen no animal presentados por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 669/2009, es necesario modificar la lista.

(4)

En particular, con respecto a las partidas de cacahuetes (maníes) y productos derivados originarios de Madagascar, aceite de palma originario de Ghana y limones originarios de Turquía, las fuentes de información pertinentes señalan la aparición de nuevos riesgos que requieren un mayor nivel de control oficial. Por tanto, deben añadirse a la lista entradas relativas a dichas partidas.

(5)

Asimismo, al modificar la lista conviene suprimir las entradas relativas a mercancías para las que la información disponible indique, en general, un cumplimiento satisfactorio de los requisitos de seguridad correspondientes de la legislación de la Unión y en relación con las que, por tanto, ya no se justifique un mayor nivel de control oficial. En consecuencia, deben suprimirse las entradas de la lista correspondientes a las berenjenas y el melón amargo de la República Dominicana.

(6)

En aras de la coherencia y la claridad, conviene sustituir el anexo I del Reglamento (CE) n.o 669/2009 por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

(7)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 669/2009 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.