16.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 70/1

(1)

La asistencia y el apoyo mutuos frente a las catástrofes son tanto una manifestación fundamental del valor universal de la solidaridad entre las personas como un imperativo moral, ya que dichas catástrofes pueden dar lugar a que una parte significativa de la población no pueda cubrir sus necesidades básicas, con posibles efectos negativos y graves para su salud y sus vidas.

(2)

Los efectos de las catástrofes naturales o de origen humano en la Unión son cada vez mayores, debido, por una parte, a factores como el cambio climático, pero también a otras circunstancias externas que se están produciendo en los países vecinos de la Unión. La situación de la migración y los refugiados que afecta a la Unión es un notable ejemplo de una situación en la que, a pesar de los esfuerzos realizados por la Unión para hacer frente a las causas subyacentes ubicadas en terceros países, la situación económica de los Estados miembros puede verse directamente afectada.

(3)

Esta situación llevó al Consejo Europeo de 19 de febrero de 2016 a pedir a la Comisión que se dotase de la capacidad para proporcionar asistencia humanitaria internamente, con el fin de apoyar a los países que tienen que hacer frente a un elevado número de refugiados y migrantes.

(4)

Las catástrofes naturales o de origen humano pueden ser de tal magnitud que pueden dar lugar a graves dificultades económicas en uno o varios Estados miembros. También pueden producirse en uno o varios Estados miembros que ya se enfrentan a dificultades económicas graves por otros motivos, con el resultado de exacerbar y agravar la situación económica general de los Estados miembros afectados. En cualquier caso, la capacidad de respuesta de los Estados miembros afectados se vería perjudicada, lo que, a su vez, provocaría que se resintieran la asistencia y el apoyo que se presta a las personas necesitadas.

(5)

Aunque la Unión ya puede conceder ayudas macrofinancieras a los Estados miembros y expresar la solidaridad europea a las regiones siniestradas a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) creado en virtud del Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo (1), actualmente no existe ningún instrumento adecuado a escala de la Unión para hacer frente, de forma independiente y suficientemente predecible, a las necesidades humanitarias de la población afectada por una catástrofe en la Unión, como alimentos, asistencia sanitaria urgente, alojamiento, agua, saneamiento e higiene, protección y educación. Se puede ofrecer asistencia mutua en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión establecido en virtud de la Decisión n.o 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), pero el funcionamiento del citado mecanismo se basa en contribuciones voluntarias de los Estados miembros. También se podría prestar asistencia y apoyo a través de los instrumentos políticos y de financiación de los que ya dispone la Unión, como los destinados a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión. Sin embargo, tal asistencia y apoyo serían accesorios y complementarios a la consecución de los objetivos políticos principales de dichos instrumentos y, por tanto, tendrían un alcance y una magnitud limitados.

(6)

En consecuencia, parece conveniente que la Unión actúe con un espíritu de solidaridad para cubrir las necesidades básicas de la población afectada por catástrofes en la Unión y que contribuya a reducir las repercusiones económicas de dichas catástrofes en los Estados miembros.

(7)

Dado que cubrir las necesidades básicas de la población afectada por catástrofes dentro de la Unión, proporcionando asistencia urgente, guarda bastantes semejanzas con el hecho de prestar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por catástrofes naturales o de origen humano en terceros países, todas las operaciones en virtud del presente Reglamento deben llevarse a cabo de conformidad con principios humanitarios acordados internacionalmente. Estas acciones constituyen medidas adecuadas a la situación económica de los Estados miembros que se enfrentan a tales dificultades y complementan la labor de la Unión, al promover la cooperación entre los Estados miembros con el fin de potenciar la eficacia de los sistemas de prevención y protección frente a catástrofes naturales o de origen humano.

(8)

Habida cuenta de la necesidad de actuar con un espíritu de solidaridad, la prestación de asistencia urgente en virtud del presente Reglamento debe financiarse con cargo al presupuesto general de la Unión, así como mediante aportaciones de otros donantes públicos o privados.

(9)

El reembolso de los gastos y la adjudicación de contratos públicos y subvenciones con arreglo al presente Reglamento debe cumplir lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), teniendo en cuenta la naturaleza específica de la asistencia urgente. Así pues, resulta procedente prever la posibilidad de que las subvenciones y los contratos públicos puedan adjudicarse directa o indirectamente, y que las subvenciones puedan financiar hasta la totalidad de los costes subvencionables y ser concedidas con efecto retroactivo. La Comisión debe estar en condiciones de financiar las operaciones de asistencia urgente de cualquier organización que, independientemente de su naturaleza jurídica, pública o privada, tenga la experiencia requerida y, a tal efecto, hará uso de un régimen de gestión directa o indirecta, según proceda.

(10)

Además, conviene recurrir a aquellas organizaciones con las que la Comisión haya celebrado contratos marco de colaboración en virtud del Reglamento (CE) n.o 1257/96 del Consejo (4), habida cuenta de la experiencia pertinente adquirida por estas organizaciones en la prestación de ayuda humanitaria, en estrecha coordinación con la Comisión. Siempre que sea posible, se debe tratar de involucrar a las organizaciones no gubernamentales locales a través de organizaciones asociadas con las que se hayan suscrito contratos marco de colaboración, con el fin de maximizar las sinergias y la eficiencia de la asistencia urgente prestada en virtud del presente Reglamento.

(11)

Los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo de gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, la recuperación de fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012.

(12)

El presente Reglamento debe establecer la base para prestar asistencia financiera en caso de catástrofes naturales o de origen humano para las que la Unión, con un espíritu de solidaridad, esté en mejores condiciones que los Estados miembros por sí solos y de modo descoordinado, para movilizar unos niveles de financiación apropiados y de utilizarlos para ejecutar operaciones que podrían salvar vidas, de forma económica, eficiente y eficaz, permitiendo así una acción más efectiva gracias a su escala y complementariedad.

(13)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su escala o sus efectos, pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(14)

La prestación de asistencia urgente en virtud del presente Reglamento se debe supervisar adecuadamente, recurriendo, en caso necesario, a los conocimientos especializados más pertinentes disponibles a escala de la Unión. Asimismo, se debe evaluar la aplicación general del presente Reglamento.

(15)

Dada la urgencia de la asistencia requerida, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente.

16.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 70/7

(1)

Con arreglo al artículo 80, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, la Directiva 91/414/CEE del Consejo (2) es aplicable, con respecto al procedimiento y las condiciones de aprobación, a las sustancias activas para las que se haya adoptado una decisión conforme al artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva antes del 14 de junio de 2011. Las condiciones del artículo 80, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 se cumplieron respecto al pinoxaden mediante la Decisión 2005/459/CE de la Comisión (3).

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el 31 de marzo de 2004 el Reino Unido recibió una solicitud de Syngenta Crop Protection AG para la inclusión de la sustancia activa pinoxaden en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Mediante la Decisión 2005/459/CE se reconoció la conformidad documental del expediente, en la medida en que podía considerarse que, en principio, cumplía los requisitos sobre datos e información establecidos en los anexos II y III de la Directiva 91/414/CEE.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/414/CEE, se evaluaron los efectos de esta sustancia activa en la salud humana y animal y en el medio ambiente en relación con los usos propuestos por el solicitante. El 30 de noviembre de 2005, el Estado miembro designado ponente, Reino Unido, presentó un proyecto de informe de evaluación. De conformidad con el artículo 11, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 188/2011 de la Comisión (4), el 6 de junio de 2011 se pidió información adicional al solicitante. La evaluación de los datos adicionales por el Reino Unido se presentó el 30 de enero de 2012, como adenda del proyecto de informe de evaluación.

(4)

El proyecto de informe de evaluación fue revisado por los Estados miembros y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad»). El 14 de junio de 2013, la Autoridad presentó a la Comisión su conclusión (5) sobre la revisión inter pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa pinoxaden utilizada como plaguicida. Los Estados miembros y la Comisión revisaron el proyecto de informe de evaluación y la conclusión de la Autoridad en el marco del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, documentación que ultimaron el 29 de enero de 2016 como informe de revisión de la Comisión relativo al pinoxaden.

(5)

Según los diversos exámenes efectuados, cabe pensar que los productos fitosanitarios que contienen pinoxaden satisfacen, en general, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y apartado 3, de la Directiva 91/414/CEE, sobre todo respecto a los usos examinados y detallados en el informe de revisión de la Comisión. Procede, por tanto, autorizar el pinoxaden.

(6)

No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, leído en relación con su artículo 6, y teniendo en cuenta los actuales conocimientos científicos y técnicos, es preciso incluir determinadas condiciones y restricciones. Procede, en particular, pedir más información confirmatoria.

(7)

Debe dejarse transcurrir un período razonable antes de la aprobación, a fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos resultantes de la aprobación.

(8)

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 como consecuencia de la aprobación y teniendo en cuenta la situación específica creada por la transición de la Directiva 91/414/CEE al Reglamento (CE) n.o 1107/2009, procede aplicar, no obstante, lo que se expone a continuación. Los Estados miembros deben disponer de un plazo de seis meses a partir de la aprobación para revisar las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan pinoxaden. Los Estados miembros deben modificar, sustituir o retirar las autorizaciones, según proceda. No obstante el plazo mencionado, debe preverse un período más largo para la presentación y evaluación de la documentación completa especificada en el anexo III de la Directiva 91/414/CEE con respecto a cada producto fitosanitario y cada uso propuesto, de conformidad con los principios uniformes.

(9)

La experiencia adquirida con las inclusiones en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE de sustancias activas evaluadas en el marco del Reglamento (CEE) n.o 3600/92 de la Comisión (6) pone de manifiesto que pueden surgir dificultades al interpretar las obligaciones de los titulares de las autorizaciones vigentes en lo que se refiere al acceso a los datos. A fin de evitar nuevas dificultades, es preciso aclarar las obligaciones de los Estados miembros, en particular la obligación de comprobar que el titular de una autorización demuestra tener acceso a una documentación que cumple los requisitos del anexo II de la Directiva mencionada. Sin embargo, esta aclaración no impone nuevas obligaciones a los Estados miembros ni a los titulares de autorizaciones además de las previstas en las Directivas adoptadas hasta la fecha para modificar el anexo I de esa Directiva o en los Reglamentos por los que se aprueban las sustancias activas.

(10)

De conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (7) debe modificarse en consecuencia.

(11)

También es conveniente permitir a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para los productos fitosanitarios que contienen la sustancia pinoxaden, a fin de proporcionarles el tiempo necesario para cumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento en lo que se refiere a dichas autorizaciones provisionales.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

a)

en el caso de un producto que contenga pinoxaden como única sustancia activa, modificarán o retirarán la autorización, cuando sea necesario, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, o bien

b)

en el caso de un producto que contenga pinoxaden entre otras sustancias activas, modificar o retirar la autorización, según proceda, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, o en el plazo que establezca para tal modificación o retirada todo acto por el que se hayan incluido la sustancia o sustancias en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, o por el que se hayan aprobado dicha sustancia o sustancias si tal plazo expira después de dicha fecha.

16.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 70/12

(1)

Con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1924/2006, las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos están prohibidas a no ser que las autorice la Comisión de conformidad con ese mismo Reglamento y las incluya en una lista de declaraciones autorizadas.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 1924/2006 también establece que los explotadores de empresas alimentarias pueden presentar solicitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables a la autoridad nacional competente de un Estado miembro. Dicha autoridad nacional competente debe remitir las solicitudes válidas a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (en lo sucesivo, «la Autoridad») para que realice una evaluación científica, así como a la Comisión y a los Estados miembros para su información.

(3)

La Autoridad ha de emitir un dictamen sobre la declaración de propiedades saludables en cuestión.

(4)

La Comisión debe tomar una decisión sobre la autorización de dicha declaración de propiedades saludables teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Autoridad.

(5)

A raíz de una solicitud presentada por InQpharm Europe Ltd con arreglo al artículo 13, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre una declaración de propiedades saludables relativa a un extracto acuoso estandarizado de judías blancas (Phaseolus vulgaris L.) y la reducción del peso corporal (pregunta n.o EFSA-Q-2013-00973 (2)). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera siguiente: «Ayuda a reducir el peso corporal».

(6)

El 16 de julio de 2014, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, en el que se llegaba a la conclusión de que la información facilitada era insuficiente para establecer una relación de causa-efecto entre el consumo de extracto acuoso estandarizado de judías blancas (Phaseolus vulgaris L.) y la reducción del peso corporal. Por tanto, al no cumplir la declaración los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1924/2006, no debe ser autorizada.

(7)

A raíz de una solicitud presentada por Natural Alternative International, Inc. (NAI) con arreglo al artículo 13, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre la declaración de propiedades saludables relativa a la beta-alanina y la mejora del rendimiento físico durante un ejercicio de breve duración y alta intensidad (pregunta n.o EFSA-Q-2013-00974 (3)). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera siguiente: «La beta-alanina aumenta el rendimiento durante un ejercicio de breve duración y alta intensidad».

(8)

El 16 de julio de 2014, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, en el que se llegaba a la conclusión de que no quedaba establecida una relación de causa-efecto entre el consumo de beta-alanina y la mejora del rendimiento físico durante un ejercicio de breve duración y alta intensidad. Por tanto, al no cumplir la declaración los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1924/2006, no debe ser autorizada.

(9)

A raíz de una solicitud presentada por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) con arreglo al artículo 13, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre una declaración de propiedades saludables relativa a los yogures y las leches fermentadas, sin grasa, conforme a las especificaciones «sin grasa», «bajo contenido de azúcares», «alto contenido de proteínas», «fuente de calcio» y «fuente de vitamina D» en relación con las declaraciones nutricionales y la reducción de la grasa corporal y visceral, al mismo tiempo que se mantiene una masa corporal magra, en el contexto de una dieta de bajo valor energético (pregunta n.o EFSA-Q-2014-00126 (4)). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera siguiente: «Los yogures y las leches fermentadas con cultivos vivos de yogur, sin grasa, con vitamina D añadida y sin azúcares añadidos ayudan a reducir la grasa corporal y visceral en el contexto de una dieta de bajo valor energético».

(10)

El 7 de enero de 2015, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, en el que se llegaba a la conclusión de que no quedaba establecida la relación de causa-efecto entre el consumo de yogures y leches fermentadas con cultivos vivos de yogur, sin grasa, conforme a las especificaciones «sin grasa», «bajo contenido de azúcares», «alto contenido de proteínas», «fuente de calcio» y «fuente de vitamina D» en relación con las declaraciones nutricionales y la reducción de la grasa corporal y visceral, al mismo tiempo que se mantiene una masa corporal magra, en el contexto de una dieta de bajo valor energético. En dicho dictamen, la Autoridad señaló también que el solicitante no había facilitado ningún estudio llevado a cabo en personas del que pudieran sacarse conclusiones para fundamentar científicamente la solicitud. Por tanto, al no cumplir la declaración los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1924/2006, no debe ser autorizada.

(11)

A raíz de una solicitud presentada por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) con arreglo al artículo 13, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre una declaración de propiedades saludables relativa a los yogures y las leches fermentadas con cultivos vivos de yogur, sin grasa, conforme a las especificaciones «sin grasa», «bajo contenido de azúcares», «alto contenido de proteínas», «fuente de calcio» y «fuente de vitamina D» en relación con las declaraciones nutricionales y el mantenimiento de una masa corporal magra en el contexto de una dieta de bajo valor energético (pregunta n.o EFSA-Q-2014-00127 (5)). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera siguiente: «Los yogures y las leches fermentadas con cultivos vivos de yogur, sin grasa, con vitamina D añadida y sin azúcares añadidos ayudan a mantener una masa corporal magra (músculos y huesos) en el contexto de una dieta de bajo valor energético».

(12)

El 7 de enero de 2015, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, en el que se llegaba a la conclusión de que no quedaba establecida la relación de causa-efecto entre el consumo de yogures y leches fermentadas con cultivos vivos de yogur, sin grasa, conforme a las especificaciones «sin grasa», «bajo contenido de azúcares», «alto contenido de proteínas», «fuente de calcio» y «fuente de vitamina D» en relación con las declaraciones nutricionales y el mantenimiento de una masa corporal magra en el contexto de una dieta de bajo valor energético. En dicho dictamen, la Autoridad señaló también que el solicitante no había facilitado ningún estudio llevado a cabo en personas del que pudieran sacarse conclusiones para fundamentar científicamente la solicitud. Por tanto, al no cumplir la declaración los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1924/2006, no debe ser autorizada.

(13)

A raíz de una solicitud presentada por Avesthagen Limited con arreglo al artículo 13, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre una declaración de propiedades saludables relativa a Teestar™, un extracto de semillas de alholva estandarizado por su contenido de galactomanano y la reducción de las respuestas glucémicas posprandiales (pregunta n.o EFSA-Q-2014-00153 (6)). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera siguiente: «Teestar™ reduce los niveles de glucosa en la sangre».

(14)

El 8 de enero de 2015, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, en el que se llegaba a la conclusión de que no quedaba establecida una relación de causa-efecto entre el consumo de Teestar™, un extracto de semillas de alholva estandarizado por su contenido de galactomanano y la reducción de las respuestas glucémicas posprandiales. En dicho dictamen, la Autoridad señaló también que, a falta de pruebas de un efecto de Teestar™ sobre la respuesta glucémica posprandial en las personas, los estudios sobre posibles mecanismos llevados a cabo con animales no constituyen una base para fundamentar científicamente la solicitud. Por tanto, al no cumplir la declaración los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1924/2006, no debe ser autorizada.

(15)

Al determinar las medidas previstas en el presente Reglamento se han tenido en cuenta los comentarios formulados a la Comisión por los solicitantes, con arreglo al artículo 16, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

16.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 70/16

(1)

En el Reglamento (CE) n.o 1924/2006 se establece que están prohibidas las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos a no ser que las autorice la Comisión de conformidad con ese mismo Reglamento y las incluya en una lista de declaraciones autorizadas.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 1924/2006 también dispone que los explotadores de empresas alimentarias pueden presentar solicitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables a la autoridad nacional competente de un Estado miembro. Dicha autoridad nacional competente debe remitir las solicitudes válidas a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad»).

(3)

Cuando la Autoridad recibe una solicitud, debe informar de ello sin demora a los demás Estados miembros y a la Comisión y emitir un dictamen sobre la declaración de propiedades saludables en cuestión.

(4)

La Comisión debe tomar una decisión sobre la autorización de dicha declaración de propiedades saludables teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Autoridad.

(5)

A raíz de una solicitud presentada por Lycotec Ltd. con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre la declaración de propiedades saludables relativa a los efectos del licopeno L-tug, que supuestamente logra una reducción del colesterol de las LDL (lipoproteínas de baja densidad) [Petición n.o EFSA-Q-2014-00590 (2)]. La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera siguiente: «Se ha demostrado que el licopeno L-tug disminuye el nivel de colesterol en sangre. Un nivel elevado de colesterol constituye un factor de riesgo de cardiopatías coronarias.»

(6)

El 26 de febrero de 2015, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad, que llegaba a la conclusión de que, a partir de los datos presentados, no quedaba establecida una relación causal entre el consumo del licopeno L-tug y la reducción del colesterol de las LDL en sangre. Así pues, la declaración no cumple los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 y no debe autorizarse.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

16.3.2016   

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L 70/18

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

16.3.2016   

ES

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L 70/20

(1)

De acuerdo con el artículo 50 del Acta de adhesión de Croacia, en caso de que los actos de las instituciones adoptados antes de la adhesión requieran una adaptación como consecuencia de esta y en dicha Acta o sus anexos no se hayan previsto las necesarias adaptaciones, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, adoptará los actos necesarios al respecto en caso de que la Comisión no hubiera adoptado el acto originario.

(2)

La Decisión n.o 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) establece los niveles de referencia de los Estados miembros para la gestión forestal, los valores mínimos para la definición de «bosque» y el año o período de referencia de emisiones en los anexos II, V y VI, respectivamente.

(3)

A raíz de la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea el 1 de julio de 2013, el nivel de referencia específico, los valores para la definición de «bosque» y el año de referencia de las emisiones correspondientes a Croacia también deben incluirse en los anexos II, V y VI de la Decisión n.o 529/2013/UE, respectivamente.

(4)

Procede, por lo tanto, modificar la Decisión n.o 529/2013/UE en consecuencia.

1)

Se añade en el anexo II, después de la entrada correspondiente a Bulgaria, el texto siguiente:

2)

Se añade en el anexo V, después de la entrda correspondiente a Bulgaria, el texto siguiente en lo concerniente a la superficie (ha), la cubierta de copas de los árboles (%) y la altura de los árboles (m), respectivamente:

3)

Se añade en el anexo VI, después de la entrada correspondiente a Bulgaria, el texto siguiente:

16.3.2016   

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L 70/22

(1)

El 15 de enero de 2014, la empresa Glycom A/S presentó a las autoridades competentes irlandesas una solicitud de comercialización de la lacto-N-neotetraosa como nuevo ingrediente alimentario.

(2)

El 10 de junio de 2014, el órgano irlandés competente en materia de evaluación de alimentos emitió su informe de evaluación inicial. En dicho informe llegó a la conclusión de que la lacto-N-neotetraosa cumple los criterios establecidos para los nuevos alimentos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 258/97.

(3)

El 7 de julio de 2014, la Comisión remitió el informe de evaluación inicial a los demás Estados miembros.

(4)

En el plazo de sesenta días contemplado en el artículo 6, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 258/97, se presentaron objeciones fundamentadas.

(5)

El 13 de octubre de 2014, la Comisión consultó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y le pidió que efectuase una evaluación adicional de la lacto-N-neotetraosa como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97.

(6)

El 29 de junio de 2015, la EFSA adoptó un dictamen titulado «Dictamen científico sobre la inocuidad de la lacto-N-neotetraosa como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97» (2), en el que llegó a la conclusión de que esta sustancia es segura para los usos propuestos y en los niveles de uso indicados.

(7)

El 5 de octubre de 2015, el solicitante envió un escrito a la Comisión en el que facilitaba información adicional en apoyo de la aprobación y utilización de la 2′-O-fucosilactosa y la lacto-N-neotetraosa en complementos alimenticios destinados a la población general (con exclusión de los lactantes) de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 258/97.

(8)

El 14 de octubre de 2015, la Comisión consultó a la EFSA y le pidió que evaluase la inocuidad de estos nuevos alimentos en los complementos alimenticios, también para los niños (excepto los lactantes).

(9)

El 28 de octubre de 2015, la EFSA, en su «Declaración sobre la inocuidad de la lacto-N-neotetraosa y la 2′-O-fucosilactosa como nuevos ingredientes alimentarios en los complementos alimenticios para niños» (3), concluyó que la lacto-N-neotetraosa es segura para los usos propuestos y en los niveles indicados.

(10)

La Directiva 96/8/CE de la Comisión (4) establece condiciones que deben cumplir los alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para la reducción de peso. La Directiva 1999/21/CE de la Comisión (5) establece condiciones que deben cumplir los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales. La Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) establece condiciones que deben cumplir los complementos alimenticios. La Directiva 2006/125/CE de la Comisión (7) establece condiciones que deben cumplir los alimentos elaborados a base de cereales y los alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. La Directiva 2006/141/CE de la Comisión (8) establece condiciones que deben cumplir los preparados para lactantes y los preparados de continuación. El Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) establece condiciones que deben cumplirse para añadir vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos. El Reglamento (CE) n.o 41/2009 de la Comisión (10) establece condiciones a las que deben ajustarse la composición y el etiquetado de los productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten. El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 828/2014 de la Comisión (11) establece los requisitos para la transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos. Debe autorizarse el uso de la lacto-N-neotetraosa sin perjuicio de los requisitos de dichos actos legislativos.

(11)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

16.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 70/27

(1)

El 23 de junio de 2014, la empresa Glycom A/S presentó una solicitud a las autoridades competentes de Irlanda para introducir en el mercado la 2′-O-fucosil-lactosa como nuevo ingrediente alimentario.

(2)

El 3 de octubre de 2014, el organismo irlandés competente en materia de evaluación de los alimentos emitió su informe de evaluación inicial. En dicho informe se llegó a la conclusión de que la 2′-O-fucosil-lactosa cumple los criterios establecidos para los nuevos alimentos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 258/97.

(3)

El 9 de octubre de 2014, la Comisión remitió el informe de evaluación inicial a los demás Estados miembros.

(4)

En el plazo de 60 días previsto en el artículo 6, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 258/97, se presentaron objeciones fundamentadas.

(5)

El 22 de diciembre de 2014, la Comisión consultó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y le solicitó que efectuase una evaluación de la 2′-O-fucosil-lactosa como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97.

(6)

El 29 de junio de 2015, la EFSA concluyó, en su «Scientific Opinion on the safety of 2′-O-fucosyllactose as a novel food ingredient pursuant to Regulation (EC) No 258/97» (2) [Dictamen científico sobre la inocuidad de la 2′-O-fucosil-lactosa como nuevo ingrediente alimentario de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 258/97], que la 2′-O-fucosil-lactosa es segura para los usos propuestos y en las dosis de utilización indicadas.

(7)

El 5 de octubre de 2015, el solicitante envió una carta la Comisión y transmitió información adicional en apoyo de la utilización y la aprobación de la 2′-O-fucosil-lactosa y la lacto-N-neotetraosa en complementos alimenticios para la población general (con exclusión de los lactantes) de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 258/97.

(8)

El 14 de octubre de 2015, la Comisión consultó a la EFSA y le pidió que realizara una evaluación de la seguridad de estos nuevos alimentos en los complementos alimenticios, también para los niños (con exclusión de los lactantes).

(9)

El 28 de octubre de 2015, la EFSA concluyó, en su «Statement on the safety of lacto-N-neotetraose and 2′-O-fucosyllactose as novel food ingredients in food supplements for children» (3) [Declaración sobre la inocuidad de la lacto-N-neotetraosa y la 2′-O-fucosil-lactosa como nuevos ingredientes alimentarios en complementos alimenticios para niños], que la 2′-O-fucosil-lactosa es segura para los usos propuestos y en las dosis de utilización indicadas.

(10)

La Directiva 96/8/CE de la Comisión (4) establece requisitos sobre los alimentos destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso. La Directiva 1999/21/CE de la Comisión (5) establece requisitos sobre los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales. La Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) establece requisitos en relación con los complementos alimenticios. La Directiva 2006/125/CE de la Comisión (7) establece requisitos sobre los alimentos elaborados a base de cereales y los alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. La Directiva 2006/141/CE de la Comisión (8) establece requisitos sobre los preparados para lactantes y los preparados de continuación. El Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) establece requisitos sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos. El Reglamento (CE) n.o 41/2009 de la Comisión (10) establece requisitos acerca de la composición y el etiquetado de los productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten. El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 828/2014 de la Comisión (11) establece requisitos para la transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos. El uso de 2′-O-fucosil-lactosa debe autorizarse sin perjuicio de los requisitos de la legislación mencionada.

(11)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

16.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 70/32

(1)

El procedimiento para el reconocimiento de las entidades de contrapartida central («ECC») establecidas en terceros países que se prevé en el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 tiene por objeto permitir a las ECC establecidas y autorizadas en terceros países cuyas normas de regulación sean equivalentes a las contenidas en dicho Reglamento prestar servicios de compensación a miembros compensadores o plataformas de negociación establecidos en la Unión. Dicho procedimiento de reconocimiento y la decisión de equivalencia prevista en él contribuyen, pues, a la realización del objetivo general del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, reducir el riesgo sistémico potenciando el recurso a ECC sólidas y seguras para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles, incluso cuando dichas ECC están establecidas y autorizadas en un tercer país.

(2)

Para que el régimen jurídico de un tercer país se considere equivalente al régimen jurídico de la Unión con respecto a las ECC, el resultado sustancial del marco jurídico y de supervisión aplicable debe ser equivalente al de los requisitos de la Unión por lo que respecta a los objetivos de regulación logrados por ambos. Por tanto, la finalidad de la evaluación de tal equivalencia es comprobar que el marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América («Estados Unidos») garantiza que las ECC establecidas y autorizadas en dicho país no exponen a los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión a un nivel de riesgo más elevado que aquel al que quedarían expuestos por las ECC autorizadas en la Unión y que, por consiguiente, no suponen niveles inaceptables de riesgo sistémico en la Unión.

(3)

El 1 de septiembre de 2013, la Comisión recibió el dictamen técnico de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre el marco jurídico y de supervisión aplicable a las ECC establecidas en los Estados Unidos. En él se señalaba una serie de diferencias entre los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables, a nivel nacional, a las ECC en los Estados Unidos y los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC en virtud del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Sin embargo, la presente Decisión no solo se basa en un análisis comparativo de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC en los Estados Unidos, sino también en una evaluación del resultado de dichos requisitos y de su adecuación para mitigar, en una forma que se considere equivalente al resultado de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.o 648/2012, los riesgos a los que los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión puedan verse expuestos.

(4)

De conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, deben cumplirse tres condiciones para determinar que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a las ECC autorizadas en él es equivalente al establecido en el citado Reglamento.

(5)

Con arreglo a la primera condición, las ECC autorizadas en un tercer país deben cumplir requisitos jurídicamente vinculantes que sean equivalentes a los requisitos establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(6)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en los Estados Unidos a las ECC autorizadas (el término utilizado en el contexto de la CFTC es «registradas») y supervisadas por la Commodity Futures Trading Commission (Comisión de Futuros sobre Materias Primas; en lo sucesivo, «la CFTC») están contenidos en la Commodity Exchange Act (Ley del mercado de materias primas), en su versión modificada por los títulos VII y VIII de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor; en lo sucesivo, «la Ley Dodd-Frank»), y el Reglamento de la CFTC promulgado en virtud de aquella. La CFTC es la autoridad competente para la supervisión de todos los contratos de derivados que no se basan en un valor único (bono o acción), un préstamo único o un grupo o índice de valores de base estrecha, y es responsable asimismo de la autorización y regulación de las ECC que prestan servicios de compensación en relación con los mencionados contratos de derivados (derivative clearing organizations; en lo sucesivo, «DCO»). Los contratos de derivados que entran en el ámbito de competencia de la CFTC constituyen, pues, un subconjunto de los contratos de derivados a los que se aplican las disposiciones relativas a las ECC establecidas en el Reglamento (UE) n.o 648/2012. La presente Decisión se refiere únicamente a la equivalencia del marco jurídico y de supervisión correspondiente a las DCO y no al aplicable a las ECC que prestan servicios de compensación en relación con los contratos de derivados que son competencia de la Securities and Exchange Commission (Comisión de Valores y Bolsa-SEC). Cuando las ECC estén autorizadas a un tiempo como agencias de compensación bajo la jurisdicción de la SEC y como DCO, la presente Decisión solo se refiere a dichas entidades en la medida en que presten servicios de compensación con respecto a los contratos de derivados que sean competencia de la CFTC.

(7)

Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a las ECC autorizadas por la CFTC incluyen normas de alto nivel que se plasman en los principios básicos relativos a las DCO contenidos en la sección 5b.c).2) de la Ley del mercado de materias primas y la parte 39, subpartes A y B, del Reglamento de la CFTC. Para poder recibir la autorización de la CFTC, todas las ECC deben atenerse a los citados principios básicos. Estos se complementan con una serie de normas específicas de gestión reforzada del riesgo aplicables a las DCO que han sido designadas como de importancia sistémica (en lo sucesivo, «SIDCO») por el Financial Stability Oversight Council (Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera) de los Estados Unidos, y respecto de las cuales la CFTC ha sido designada como organismo de supervisión. Las normas de gestión reforzada del riesgo se establecen en la parte 39, subparte C, del Reglamento de la CFTC (disposiciones 39.30 a 39.42). Las normas de alto nivel y las normas específicas de gestión reforzada del riesgo relativas a las SIDCO (conjuntamente denominadas «las reglas primarias») son aplicables a las SIDCO y las DCO que, pese a no haber sido designadas como SIDCO, hayan optado de forma voluntaria por quedar jurídicamente vinculadas por las citadas normas específicas (en lo sucesivo, «las DCO de participación voluntaria»). Esas reglas primarias constituyen el primer nivel de los requisitos jurídicamente vinculantes que se aplican a las DCO.

(8)

De conformidad con las reglas primarias, las DCO deben adoptar normas y procedimientos internos sujetos a la aprobación de la CFTC. Las normas y procedimientos internos de la DCO deben especificar pormenorizadamente la forma en que esta dará cumplimiento a determinados preceptos establecidos en el marco de las reglas primarias. Por otra parte, las normas y procedimientos internos comprenden requisitos que complementan los prescritos por las reglas primarias. Una vez aprobados por la CFTC, las normas y procedimientos internos pasan a ser jurídicamente vinculantes para la DCO y forman parte integrante del marco jurídico y de supervisión al que la DCO ha de atenerse. En caso de incumplimiento de las reglas primarias o las normas y procedimientos internos de la DCO, la CFTC está facultada para sancionarla, en su caso, imponiéndole una multa o suspendiendo o revocando su autorización.

(9)

Los requisitos jurídicamente vinculantes impuestos en los Estados Unidos con respecto a los contratos de derivados compensados por DCO se estructuran, por consiguiente, en dos niveles. Las reglas primarias aplicables a las SIDCO y las DCO de participación voluntaria constituyen el primer nivel de tales requisitos. Las normas y procedimientos internos de las SIDCO y las DCO de participación voluntaria constituyen el segundo nivel. A la hora de determinar la equivalencia de conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, es necesario, por tanto, considerar, junto con las reglas primarias, la naturaleza y el grado de detalle de los requisitos jurídicos contenidos en las normas y procedimientos internos de las SIDCO y las DCO de participación voluntaria, a fin de comprobar si los requisitos jurídicamente vinculantes resultantes de la combinación de ambos componentes del marco jurídico y de supervisión pueden considerarse equivalentes a los establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(10)

Las reglas primarias aplicables a las SIDCO y las DCO de participación voluntaria, completadas con sus normas y procedimientos internos, arrojan resultados sustanciales equivalentes a los efectos de las normas establecidas en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Las reglas primarias incluyen requisitos en materia de gobernanza (incluidos requisitos relativos a la organización, la alta dirección, los comités de riesgo, la conservación de información, las participaciones cualificadas o la información transmitida a la autoridad competente), conflictos de intereses, externalización, conducta profesional, continuidad de la explotación y segregación de actividades, así como riesgo de liquidez, garantías, política de inversión y riesgo de liquidación.

(11)

Aunque las reglas primarias con respecto a los riesgos de liquidez no exigen a las SIDCO y las DCO de participación voluntaria que mantengan recursos líquidos admisibles para satisfacer lo que en inglés se denomina cover 2 principle («principio de cobertura doble»), es decir, los recursos líquidos para cubrir el impago de, al menos, los dos miembros compensadores frente a los cuales tengan las mayores exposiciones, dichas DCO están, no obstante, obligadas a establecer procedimientos para cubrir cualquier déficit de liquidez no cubierto, garantizando la disponibilidad de recursos comprometidos cuando las pérdidas superen el impago del miembro compensador frente al cual tengan la mayor exposición. Si bien se trata de un planteamiento diferente al principio de cobertura doble expuesto en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012, produce resultados sustanciales equivalentes a los efectos de las normas contenidas en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

(12)

Las reglas primarias en materia de participación, gestión de exposiciones, requisitos de márgenes, fondos para impagos, otros recursos financieros, y prelación de garantías y procedimientos en caso de impago siguen un enfoque similar a las normas establecidas en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012, pero difieren en algunos aspectos. Por lo que respecta al margen inicial aplicado a las posiciones propias de los miembros compensadores, las reglas primarias prevén un período de liquidación mínimo de un día para los contratos de derivados no extrabursátiles, incluidos futuros, opciones y permutas sobre materias primas agrícolas y energéticas y metales, y de cinco días para los demás derivados, y la recaudación del margen se efectúa sobre una base neta. En cambio, la normativa de la Unión establece un período de liquidación mínimo de dos días para los derivados no extrabursátiles y de cinco días para los derivados extrabursátiles, con recaudación del margen habitualmente sobre una base neta. Así pues, en lo que respecta a las posiciones propias de los miembros compensadores, el período de liquidación más largo, de dos días, que se aplica en la Unión a los contratos de derivados no extrabursátiles da lugar a que las ECC autorizadas en la Unión recauden mayores márgenes en relación con dichas posiciones. Por el contrario, en el caso de los márgenes iniciales recaudados con respecto a las posiciones de los clientes de los miembros compensadores, las reglas primarias requieren que se recauden sobre una base bruta para todas las categorías de contratos de derivados, en tanto que el Derecho de la Unión no impone un requisito semejante. Esta diferencia en la base de recaudación, bruta o neta, del margen arroja resultados equivalentes si se considera el importe del margen mantenido por las DCO con respecto a las posiciones de clientes, ya que aquella compensa la diferencia en el período de liquidación. Por consiguiente, las reglas primarias sobre requisitos de márgenes pueden considerarse equivalentes a las disposiciones de la legislación de la Unión en lo referente a las posiciones de clientes de los miembros compensadores. Por otra parte, el Derecho de la Unión exige la aplicación de una de tres medidas antiprociclicidad para asegurar que los márgenes iniciales no se reduzcan demasiado en períodos de estabilidad económica ni aumenten súbitamente en momentos de tensión, mientras que las reglas primarias no contienen ningún requisito concreto de ese tipo. Las citadas medidas permiten que los márgenes sean estables y prudentes. Además, las reglas primarias obligan a las SIDCO y las DCO de participación voluntaria a aplicar el principio de cobertura doble cuando hayan sido designadas como de importancia sistémica en varios países o territorios o cuando realicen actividades con un perfil de riesgo más complejo. Las normas de la Unión, en cambio, imponen el principio de cobertura doble a todas las ECC.

(13)

El marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos aplicable a las DCO debe, pues, considerarse equivalente, siempre que, con arreglo a las normas y procedimientos internos de las DCO autorizadas como SIDCO y DCO de participación voluntaria, se garantice el cumplimiento por dichas organizaciones de los requisitos que se indican a continuación. Los requisitos son: 1) cuando se trate de contratos de derivados no extrabursátiles ejecutados en mercados regulados, un período de liquidación de dos días respecto del margen inicial aplicado a las posiciones propias de los miembros compensadores; 2) en relación con la totalidad de los contratos de derivados, medidas para limitar la prociclicidad que propicien márgenes estables y prudentes y que sean equivalentes a, al menos, una de las opciones establecidas en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012; y 3) recursos financieros prefinanciados suficientes para permitir a la DCO afrontar el impago de, como mínimo, los dos miembros compensadores frente a los que tenga las mayores exposiciones, en condiciones de mercado extremas pero verosímiles, teniendo en cuenta los riesgos adicionales a los que dicha DCO esté expuesta en caso de impago simultáneo de entidades pertenecientes al grupo de los miembros compensadores en situación de impago.

(14)

La Comisión observa que las especificidades relativas a determinados contratos de derivados agrícolas cotizados que se ejecutan en mercados regulados de los Estados Unidos y son compensados por DCO están ligadas a mercados utilizados en gran medida por contrapartes no financieras de ese mismo país, que gestionan sus riesgos comerciales a través de estos contratos y cuyo grado de interconexión sistémica con el resto del sistema financiero es reducido. El riesgo derivado de la compensación de estos contratos es insignificante desde la óptica de los miembros compensadores y las plataformas de negociación establecidos en la Unión. En consecuencia, las disposiciones reglamentarias aplicables específicamente a los referidos contratos de derivados agrícolas no afectan sustancialmente a la evaluación de equivalencia.

(15)

Cabe considerar, por tanto, que el marco jurídico y de supervisión de la CFTC integrado por las reglas primarias y las normas y procedimientos internos de las SIDCO y las DCO de participación voluntaria que cumplan los preceptos de la presente Decisión en lo que respecta a la gestión de riesgos conforma unos requisitos jurídicamente vinculantes que son equivalentes a los establecidos en el título IV del Reglamento (UE) n.o 648/2012. Únicamente las SIDCO y las DCO de participación voluntaria que cumplan esos requisitos jurídicamente vinculantes (es decir, las reglas primarias, completadas por las normas y procedimientos internos aprobados por la CFTC y conformes a los preceptos contenidos en el presente acto) pueden ser objeto de reconocimiento por la AEVM, la cual debe verificar, de conformidad con el artículo 25, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 648/2012, que dichos preceptos formen parte de las normas y procedimientos internos de cualquier ECC sujeta al régimen considerado y que solicite el reconocimiento en la Unión. Asimismo, de conformidad con el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la AEVM vigila que siga cumpliéndose el régimen equivalente definido en la presente Decisión, incluidas las correspondientes condiciones, y puede retirar el reconocimiento cuando no sea ese el caso. En particular, la AEVM debe comprobar que la ECC aplica un período de liquidación de dos días con respecto a las posiciones propias de los miembros compensadores en contratos de derivados no extrabursátiles, así como medidas destinadas a limitar la prociclicidad que sean equivalentes a cualquiera de las tres medidas establecidas en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 a la hora de lograr márgenes estables y prudentes, y que dicha ECC dispone de recursos financieros prefinanciados suficientes para afrontar el impago, como mínimo, de los dos miembros compensadores frente a los que tenga las mayores exposiciones, en condiciones de mercado extremas pero verosímiles, teniendo en cuenta los riesgos adicionales a los que dicha entidad esté expuesta en caso de impago simultáneo de entidades pertenecientes al grupo de los miembros compensadores en situación de impago.

(16)

Con arreglo a la segunda condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión con respecto a las ECC establecidas en los Estados Unidos debe prever igualmente que estas estén sometidas de forma permanente en dicho país a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(17)

La CFTC realiza un seguimiento continuo del cumplimiento, por parte de las DCO, de los requisitos relativos a la gestión del riesgo, mediante procedimientos de vigilancia y análisis basados en el riesgo, que incluyen comprobaciones en relación con los requisitos prudenciales. La CFTC efectúa verificaciones a través de equipos que se encargan de esta labor. Al término de la verificación, la CFTC redacta un informe en el que se resumen sus resultados, incluidos los posibles motivos de preocupación. El informe expone las deficiencias que, en su caso, se hayan constatado y la CFTC puede adoptar diversas medidas para garantizar que las DCO solucionen adecuadamente los problemas detectados, entre ellas, la imposición de sanciones y la suspensión o revocación de la autorización en caso de que no se subsanen las deficiencias. Este informe, o la información contenida en él, así como cualquier medida adoptada a raíz del mismo pueden ser comunicados a las autoridades de regulación de terceros países al amparo de acuerdos de cooperación.

(18)

Cabe concluir, por lo tanto, que el marco jurídico y de supervisión con respecto a las DCO prevé de forma permanente una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.

(19)

Con arreglo a la tercera condición prevista en el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, el marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos debe incluir un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de ECC autorizadas en virtud de regímenes jurídicos de terceros países («ECC de terceros países»).

(20)

Las ECC de terceros países pueden solicitar a la CFTC autorización en calidad de DCO. Con arreglo a la potestad que le confiere el título 7, sección 2(i), del Código de los Estados Unidos, la CFTC puede admitir respecto de las ECC de terceros países el cumplimiento sustitutivo (substituted compliance), en la medida en que haya determinado que los requisitos que impone a las DCO y los del régimen regulador del tercer país son equiparables. En el supuesto de que admita el cumplimiento sustitutivo, puede considerarse que una ECC de un tercer país autorizada como DCO cumple los requisitos de la CFTC si satisface las exigencias comparables de su propio país. Asimismo, con vistas a otorgar reconocimiento, se requiere la celebración de un memorándum de acuerdo entre la CFTC y la autoridad de supervisión del tercer país competente respecto de la ECC solicitante.

(21)

Por lo tanto, debe considerarse que el marco jurídico y de supervisión de la CFTC establece un sistema equivalente efectivo para el reconocimiento de las ECC de terceros países.

(22)

La presente Decisión se basa en los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en los Estados Unidos a las SIDCO y las DCO de participación voluntaria en el momento de la adopción de la presente Decisión. La Comisión, en colaboración con la AEVM, debe seguir realizando un seguimiento regular de la evolución del marco jurídico y de supervisión de las SIDCO y las DCO de participación voluntaria, así como del cumplimiento de las condiciones en las que se basa la adopción de la presente Decisión.

(23)

El reexamen periódico del marco jurídico y de supervisión aplicable a las SIDCO y las DCO de participación voluntaria en los Estados Unidos debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión emprenda en cualquier momento un reexamen específico, cuando algún hecho importante, y en particular las verificaciones realizadas por la AEVM o la información de que esta disponga como resultado de la cooperación con la CFTC en materia de supervisión de conformidad con los procedimientos y mecanismos a que se refiere el artículo 25, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, obliguen a la Comisión a reevaluar la equivalencia otorgada por la presente Decisión. Esta reevaluación podría dar lugar a la derogación de la presente Decisión.

(24)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

a)

en el caso de las posiciones propias de los miembros compensadores en contratos de derivados ejecutados en mercados regulados o en mercados de contratos designados (designated contract markets) en virtud de la sección 5 de la CEA y el título 7, sección 7, del Código de los Estados Unidos, un período de liquidación de dos días calculado sobre una base neta;

b)

en relación con la totalidad de los contratos de derivados, medidas destinadas a limitar la prociclicidad equivalentes, como mínimo, a una de las siguientes opciones:

a)

que se basen en un producto agrícola subyacente al que se apliquen los precios, calidades, pesos, medidas y factores de conversión de referencia publicados por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos en relación con las materias primas agrícolas y sus productos, y se negocien en un mercado de contratos designado estadounidense de conformidad con la sección 5 de la CEA y el título 7, sección 7, del Código de los Estados Unidos, o cuyo producto agrícola subyacente sea el azúcar, el aceite de soja, la harina de soja, el cacao, el café o la madera y que se negocien en un mercado de contratos designado estadounidense de conformidad con la sección 5 de la CEA y el título 7, sección 7, del Código de los Estados Unidos;

b)

que se refieran a un producto agrícola subyacente que constituya la base de un contrato de derivados sobre materias primas agrícolas presentado para su compensación por una organización de compensación de derivados establecida en los Estados Unidos;

c)

que, cuando se especifique uno o varios lugares de producción del producto agrícola subyacente, ninguno de ellos se sitúe dentro de la Unión;

d)

que cumplan una de las condiciones siguientes: