27.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 19/1

(1)

El Reglamento (UE) no 347/2013 establece un marco para la determinación, la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común (en lo sucesivo, «PIC») necesarios para ejecutar los nueve corredores geográficos prioritarios de infraestructura energética estratégica identificados en los campos de la electricidad, el gas y el petróleo, y las tres áreas prioritarias de infraestructuras energéticas a escala de la Unión de redes inteligentes, autopistas de la electricidad y redes de transporte de dióxido de carbono.

(2)

De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (UE) no 347/2013, la Comisión está facultada para adoptar actos delegados a fin de establecer la lista de la Unión de proyectos de interés común («la lista de la Unión»).

(3)

Los proyectos propuestos para la inclusión en la lista de la Unión han sido evaluados por los grupos regionales y cumplen los criterios establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) no 347/2013.

(4)

Los proyectos de listas regionales de PIC han sido acordados por los grupos regionales en reuniones técnicas. Tras los dictámenes favorables que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía («ACER») emitió el 30 de octubre de 2015 sobre la aplicación coherente de los criterios de evaluación y del análisis coste-beneficio en las regiones, los órganos decisorios de los grupos regionales adoptaron las listas regionales el 3 de noviembre de 2015. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) no 347/2013, antes de la adopción de las listas regionales, todos los proyectos propuestos fueron aprobados por los Estados miembros con cuyo territorio están relacionados.

(5)

Se consultó a las organizaciones representantes de las partes interesadas, como productores, gestores de las redes de distribución, suministradores, consumidores y organizaciones para la protección del medio ambiente, sobre los proyectos propuestos para su inclusión en la lista de la Unión.

(6)

Los proyectos de interés común deben figurar por prioridades estratégicas transeuropeas en materia de infraestructura energética en el orden establecido en el anexo I del Reglamento (UE) no 347/2013. La lista de la Unión no debe contener ninguna clasificación de los proyectos.

(7)

Los PIC deben figurar como PIC autónomos, o como parte de un grupo de varios PIC. Sin embargo, es conveniente agrupar determinados PIC, ya que son interdependientes o (potencialmente) competidores.

(8)

La lista de la Unión contiene proyectos en diversas fases de desarrollo, como previabilidad, viabilidad, concesión de autorizaciones y construcción. En el caso de los PIC que se hallen en una fase temprana del desarrollo, pueden ser necesarios estudios que demuestren la viabilidad técnica y económica y el cumplimiento de la legislación de la Unión, también en materia de medio ambiente. En este contexto, es necesario determinar, evaluar y evitar o reducir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.

(9)

La inclusión de proyectos en la lista de la Unión se entiende sin perjuicio del resultado de la evaluación ambiental y de la tramitación de las autorizaciones correspondientes. De conformidad con el artículo 5, apartado 8, del Reglamento (UE) no 347/2013, un proyecto que no sea conforme con el Derecho de la Unión puede ser suprimido de la lista de la Unión. La ejecución de los PIC, incluida su observancia de la legislación pertinente, debe ser objeto de un seguimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de ese Reglamento.

(10)

De conformidad con el artículo 3, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 347/2013, la lista de la Unión se establece cada dos años, por lo que la lista de la Unión establecida por el Reglamento Delegado (UE) no 1391/2013 de la Comisión (2) ya no es válida y debe sustituirse.

(11)

De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (UE) no 347/2013, la lista de la Unión debe adoptar la forma de anexo de dicho Reglamento.

(12)

Procede pues modificar el Reglamento (UE) no 347/2013 en consecuencia.

27.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 19/22

(1)

Las medidas antidumping en vigor sobre las importaciones de determinados cables de acero originarios de Ucrania fueron inicialmente establecidas por el Reglamento (CE) no 1796/1999 del Consejo (2) («el Reglamento original») y ampliadas en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) no 102/2012 del Consejo (3) (en lo sucesivo, «las medidas en vigor»).

(2)

Las medidas en vigor adoptan la forma de un derecho ad valorem del 51,8 %.

(3)

La Comisión Europea («la Comisión») ha recibido una solicitud de reconsideración provisional parcial, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base. La solicitud fue presentada por PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» («el solicitante»), un productor exportador de Ucrania.

(4)

El alcance de la solicitud se limita al examen del dumping en lo que respecta al solicitante.

(5)

En su solicitud, el solicitante aporta indicios razonables del carácter duradero de los cambios de su actual estructura, basada en la fusión, entre otros, de dos productores exportadores ucranianos no vinculados, de los cuales solo uno fue investigado antes de forma individual.

(6)

El solicitante también alega que, sobre la base de sus precios en el mercado nacional o sobre la base de su valor normal calculado (costes de producción, gastos de venta, generales y administrativos y beneficios), en lugar del valor normal del país análogo utilizado anteriormente, el margen de dumping del solicitante es significativamente inferior al nivel actual de las medidas.

(7)

Por lo tanto, el solicitante alega que ya no es necesario seguir imponiendo las medidas al nivel actual para contrarrestar los efectos del dumping perjudicial anteriormente establecido.

(8)

Habiendo determinado, tras informar a los Estados miembros, que existían pruebas suficientes que justificaban el inicio de una reconsideración provisional parcial, la Comisión, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4) el 18 de noviembre de 2014, abrió una investigación con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, cuyo alcance se limitaba al examen del dumping con respecto al solicitante.

(9)

El producto afectado por la presente reconsideración es el mismo que en la investigación original y la última investigación, que dieron lugar a la imposición de las medidas en vigor, es decir, cables de acero, incluidos los cables cerrados, a excepción de los de acero inoxidable, con un corte transversal máximo superior a 3 mm originarios de Ucrania («el producto afectado» o «cables de acero»), clasificados actualmente en los códigos NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 y ex 7312 10 98.

(10)

El producto fabricado y vendido en Ucrania, así como en terceros países, y el exportado a la Unión tienen las mismas características físicas y técnicas básicas y usos finales, y por lo tanto se consideran similares en el sentido del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

(11)

La Comisión informó oficialmente de la apertura de la reconsideración provisional al solicitante, a las asociaciones conocidas de la industria de la Unión y a las autoridades de Ucrania. Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones por escrito y de ser escuchadas.

(12)

La Comisión envió también un cuestionario al solicitante, del que recibió una respuesta dentro del plazo fijado. La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación del dumping. Se llevó a cabo una inspección en los locales del solicitante en Odessa, Ucrania.

(13)

La investigación de reconsideración abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.

(14)

El volumen total de exportaciones a la Unión durante el período de investigación de reconsideración se limitó a solo dos operaciones de venta, que, como se explica en el considerando 26, no se consideraron representativas. Como también se menciona en el considerando 26, el precio de exportación se determinó por tanto sobre la base de las exportaciones realizadas por el solicitante a terceros países durante el período de investigación de reconsideración, con arreglo al artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base. El volumen de ventas en los mercados de terceros países se ha utilizado para evaluar la representatividad de las ventas en el mercado nacional a fin de establecer el valor normal a efectos del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base

(15)

Para calcular el valor normal se empezó por determinar si el total de las ventas del producto similar realizadas por el solicitante a clientes independientes en el mercado nacional era representativo con respecto a su volumen total de exportaciones a terceros países. De conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, se consideró que las ventas en el mercado nacional eran representativas, ya que su volumen total representaba como mínimo el 5 % del volumen total de exportaciones a terceros países en el período de investigación de reconsideración.

(16)

Para cada tipo de producto vendido por el solicitante en su mercado nacional y considerado directamente comparable con el tipo exportado a terceros países, se examinó si las ventas interiores eran suficientemente representativas a efectos del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Las ventas en el mercado nacional de un tipo de producto específico se consideraron suficientemente representativas cuando el volumen total de las ventas interiores de ese tipo a clientes independientes durante el período de investigación de reconsideración equivalía a un mínimo del 5 % del volumen total de las ventas del tipo de producto comparable exportado a terceros países durante el mismo período.

(17)

Asimismo, se examinó si podía considerarse que las ventas de cada tipo de producto en el mercado nacional se habían realizado en el curso de operaciones comerciales normales con arreglo al artículo 2, apartado 4, del Reglamento de base. Para ello, se calculó la proporción de ventas a clientes independientes en el mercado nacional que fueron rentables para cada tipo de producto exportado a los terceros países afectados durante el período de investigación de reconsideración.

(18)

Para los tipos de producto en relación con los cuales más del 80 % del volumen de ventas interiores se realizaron a precios superiores al coste y la media ponderada de los precios de venta fue igual o superior al coste unitario de producción, el valor normal por tipo de producto se calculó como la media ponderada de los precios reales en el mercado nacional de todas las ventas, fueran o no rentables, del tipo de producto en cuestión.

(19)

Cuando el volumen de las ventas rentables de un tipo de producto representaba el 80 % o menos de las ventas totales, o cuando el precio medio ponderado de dicho tipo de producto era inferior al coste unitario de producción, el valor normal se basó en el precio real en el mercado nacional, calculado como el precio medio ponderado únicamente de las ventas rentables de dicho tipo de producto efectuadas en el mercado nacional durante el período de investigación de reconsideración.

(20)

Cuando los precios en el mercado nacional de un tipo concreto del producto vendido por el solicitante no pudieron utilizarse para determinar el valor normal, este se calculó de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base.

(21)

Para calcular el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos, y a los beneficios, se basaron, con arreglo al artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base, en los datos reales de producción y ventas del producto similar, en el curso de operaciones comerciales normales, proporcionados por el solicitante.

(22)

Tras la comunicación definitiva, el solicitante alegó que, para determinar el valor normal, debían excluirse sus ventas en el mercado nacional a empresas estatales. El solicitante alegó que los precios aplicados a empresas estatales fueron sistemáticamente superiores a los aplicados a otros clientes en el mercado nacional debido al mayor riesgo de impago o de importante retraso en el pago, lo cual se reflejó también en la política interna de fijación de precios de la empresa. Por tanto, los precios más altos no estaban relacionados con las características del producto en cuestión. En segundo lugar, el solicitante alegó que, si el valor normal se calculaba de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, solo debían utilizarse los gastos de venta, generales y administrativos de las ventas en el mercado nacional a distribuidores independientes para garantizar la comparabilidad con las exportaciones efectuadas exclusivamente a los mismos tipos de clientes.

(23)

En cuanto a la petición del solicitante de excluir las ventas en el mercado nacional a empresas estatales al determinar el valor normal, las pruebas recogidas durante la investigación confirmaron que los precios de venta a empresas estatales por tipo de product, eran por término medio siempre más elevados que los aplicados a cualquier otro tipo de clientes del mercado nacional. Esta diferencia constante de precios es resultado de la combinación de una serie de factores específicos que afectan solo a este tipo de clientes en el mercado nacional: i) la identificación por el solicitante de las ventas a empresas estatales como de alto riesgo de impago o de importante retraso de los pagos; ii) el hecho de que esta política se aplique de forma efectiva concediendo a las empresas estatales plazos mucho más largos de crédito, incluida la posibilidad, reflejada en el contrato, de retrasar el pago; iii) las pruebas del historial de pagos atrasados; iv) el hecho de que el Derecho ucraniano exime a las empresas estatales de satisfacer las reclamaciones de los acreedores en caso de quiebra; v) el hecho de que las ventas a empresas estatales se realicen a través de procedimientos de licitación complejos, en los que las disposiciones del contrato no son negociables, sino que se utiliza un contrato estándar preestablecido; y, por último, vi) que las empresas estatales no están autorizadas por ley a abonar anticipos para comprar mercancías. Así pues, sobre la base de estas circunstancias específicas, se aceptó la alegación del solicitante.

(24)

En cuanto a la solicitud de utilizar solo los gastos de venta, generales y administrativos de las ventas en el mercado nacional a distribuidores independientes al calcular el valor normal, el artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base establece que los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos, deben basarse en los datos reales de producción y ventas del solicitante, en el curso de operaciones comerciales normales, del producto similar. De conformidad con dicho artículo, se utilizaron los datos de todas las ventas del solicitante (excluyendo las ventas a empresas estatales) en el mercado nacional. Dado que los precios de venta a usuarios finales en el mercado nacional se ajustaron de conformidad con el artículo 2, apartado 10, letra d), inciso i), del Reglamento de base, como se explica en los considerandos 30 y 31, estaban a un nivel comparable al de las ventas a distribuidores independientes en el mercado nacional. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(25)

El solicitante también alegó que, al calcular el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, debía utilizarse un margen de beneficio razonable del 5 %. El solicitante hizo referencia a una investigación previa sobre cables de acero, en la que se consideró razonable este margen de beneficio. También alegó que, como alternativa, el nivel de beneficio no debía superar el nivel de beneficio de las ventas a distribuidores independientes, ya que este nivel de ventas es comparable al de las ventas de exportación. Sin embargo, el artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base establece que los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos, y a los beneficios deben basarse en los datos reales de producción y ventas del solicitante, en el curso de operaciones comerciales normales, del producto similar. Puesto que se disponía de dichos datos, se utilizaron de conformidad con dicho artículo. Por consiguiente, se rechazó la alegación.

(26)

Durante el período de investigación de reconsideración solo se registraron dos transacciones de ventas a la Unión. No se consideraron representativas, por su volumen limitado y porque se hicieron a un solo cliente con especificaciones de producto particulares. Por tanto, el precio de exportación se determinó de conformidad con el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, que permite calcular el precio de exportación sobre la base de cualquier criterio razonable. En este caso, para calcular el precio de exportación se utilizaron como base las ventas del producto similar realizadas por el solicitante a terceros países durante el período de investigación de reconsideración. Las ventas a terceros países se caracterizaban por un volumen significativo a gran número de clientes y la investigación no mostró distorsiones de precios ni otros factores en mercados de terceros países, lo que sugería que las ventas del solicitante a dichos mercados no podían utilizarse para establecer el precio de exportación.

(27)

El valor normal medio y el precio medio de exportación se compararon a precio franco fábrica. Para garantizar una comparación justa entre el valor normal y el precio de exportación, se efectuaron los debidos ajustes para tener en cuenta la diferencia de costes de créditos y transporte, con arreglo al artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base.

(28)

El solicitante pidió también un ajuste del valor normal por la diferencia en la fase comercial, alegando que sus ventas en el mercado nacional a minoristas y usuarios finales a través de centros regionales de ventas no eran comparables con las ventas a distribuidores independientes. El solicitante también alegó que todas las exportaciones se hicieron a distribuidores independientes y, por tanto, solo eran comparables con las ventas en el mercado nacional a distribuidores independientes. Se alegó que el cálculo del ajuste de conformidad con el artículo 2, apartado 10, letra d), inciso i), del Reglamento de base debía basarse en una media ponderada de la diferencia de precios entre las ventas a los dos niveles comerciales del mercado nacional.

(29)

Tras la comunicación definitiva, el solicitante mantuvo su solicitud de realizar un ajuste por las diferencias en la fase comercial. También alegó que el ajuste por la fase comercial debía determinarse sobre una base trimestral para eliminar los efectos de la devaluación de la moneda ucraniana frente a las monedas extranjeras que influía en los precios de las materias primas y la elevada inflación en el período de investigación de reconsideración.

(30)

La investigación puso de manifiesto que las ventas a minoristas (a través de centros regionales de ventas) se realizaron en una fase comercial distinta de la de las ventas de exportación y que esta diferencia se reflejaba en los precios de venta. Los precios nacionales de venta a usuarios finales a través de centros regionales de ventas eran siempre más elevados y las cantidades eran sistemáticamente menores con respecto a las ventas a distribuidores independientes. Además, los usuarios finales se beneficiaron de los servicios adicionales ofrecidos por los centros regionales de ventas. Por tanto, se concedió un ajuste por las diferencias en la fase comercial en el sentido del artículo 2, apartado 10, letra d), inciso i), del Reglamento de base.

(31)

El solicitante basa el cálculo del ajuste solicitado en la diferencia media de precio global entre las dos fases comerciales, ponderada sobre la base del volumen de ventas a distribuidores independientes. Sin embargo, los volúmenes vendidos a distribuidores independientes no deberían incidir en el nivel del ajuste. Por consiguiente, la Comisión calcula el ajuste sobre la base de la diferencia del precio medio ponderado por tonelada y por tipo de producto aplicada al volumen vendido a los usuarios finales únicamente.

(32)

Por último, el ajuste no se calculó sobre una base trimestral, como proponía el solicitante, ya que se estableció que no neutralizaría la incidencia de las distorsiones mencionadas en el considerando 29.

(33)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, el valor normal medio ponderado por tipo se comparó con el precio de exportación medio ponderado a terceros países del tipo de producto similar correspondiente. Esta comparación puso de manifiesto la existencia de dumping.

(34)

El margen de dumping del solicitante, expresado como porcentaje del precio neto franco en frontera de la Unión, se cifró en un 10,5 %.

(35)

De conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, la Comisión examinó si cabía razonablemente pensar que el cambio de las circunstancias relativas al dumping era duradero.

(36)

El derecho antidumping aplicable actualmente se fijó en la investigación original. En el período de investigación de dicha investigación, se consideró que Ucrania era una economía en transición y, por tanto, el valor normal se estableció sobre la base del artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base. Por tanto, el valor normal se basó en los precios pagados en el mercado de un país análogo con economía de mercado, a saber, Polonia.

(37)

Ucrania obtuvo el estatuto de economía de mercado en 2005 y, por tanto, ya no se le aplica el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base. En consecuencia, el margen de dumping del solicitante durante el período de investigación de reconsideración se basó en sus propios datos verificados.

(38)

Las pruebas obtenidas y verificadas durante la investigación confirmaron los cambios de su actual estructura empresarial, basada en la fusión de dos productores exportadores anteriormente no vinculados y una tercera entidad responsable de las ventas y la comercialización. La fusión se produjo en 2010. El cambio se considera de carácter duradero, ya que las tareas antes realizadas por las distintas entidades fueron realmente transferidas al solicitante. No se hallaron indicios de futuros cambios posibles.

(39)

Por consiguiente, a la luz de lo anterior, se considera poco probable que las circunstancias que dieron lugar a la apertura de esta reconsideración cambien en un futuro previsible de una manera que afecte a sus conclusiones. Se concluye, por tanto, que los cambios son duraderos y que ya no está justificado aplicar las medidas en su nivel actual.

(40)

Tras la comunicación definitiva, el Comité de Enlace de la Federación Europea de Industrias de Cables de Acero (EWRIS) alegó que las operaciones militares en curso en la región de Ucrania, donde se encuentra uno de los dos centros de producción del solicitante, no permiten concluir que el cambio mencionado en el considerando 38 sea de carácter duradero. A este respecto, cabe señalar en primer lugar que la conclusión sobre el carácter duradero del cambio de circunstancias con respecto al dumping se basó en dos elementos contemplados en los considerandos 37 y 38, de los cuales EWRIS solo impugna uno. En segundo lugar, la investigación puso de manifiesto que el centro de producción del solicitante en la región de Donetsk no ha estado en funcionamiento desde el verano de 2014, lo que limita la capacidad de producción del solicitante. Dicha decisión del solicitante, motivada por las preocupaciones en materia de seguridad, no invalida la conclusión de que la fusión de los dos anteriores productores de cables de acero ha sido efectiva desde 2010 y que constituye un cambio estructural de carácter duradero en las operaciones de las dos empresas. Por tanto, se rechazó este argumento.

(41)

A la luz de los resultados de la presente investigación de reconsideración, se considera adecuado modificar el derecho antidumping aplicable a las importaciones del producto afectado procedentes de Ucrania mediante la introducción de un derecho aplicable a PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» a un nivel del 10,5 %.

(42)

Esta conclusión no afecta a las medidas nacionales en vigor.

(43)

Se informó a las partes interesadas de los hechos y las consideraciones esenciales en que se han basado dichas conclusiones y se les dio la oportunidad de presentar observaciones, que se tuvieron debidamente en cuenta. Dado que estas observaciones dieron lugar a cambios sustanciales en las conclusiones de la Comisión sobre el margen de dumping, se envió una segunda comunicación a las partes interesadas el 8 de diciembre de 2015. Se tuvieron debidamente en cuenta, cuando se consideró procedente, las observaciones a esta segunda comunicación.

(44)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1225/2009.

27.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 19/28

(1)

El artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 2368/2002 establece una lista de autoridades comunitarias que la Comisión deberá mantener en el anexo III.

(2)

Bulgaria envió una carta a la Comisión informando de su intención de dejar de mantener una autoridad de la Unión en Bulgaria de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2368/2002.

(3)

Procede modificar el anexo III del Reglamento (CE) n.o 2368/2002 en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité mencionado en el artículo 22 del Reglamento (CE) n.o 2368/2002.

27.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 19/31

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.