13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/1

(1)

El 18 de junio de 2007, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar un Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por otra (1), relativo a un acuerdo marco entre la Unión Europea y la República Argelina Democrática y Popular sobre los principios generales para la participación de la República Argelina Democrática y Popular en los programas de la Unión (en lo sucesivo, «el Protocolo»).

(2)

Las negociaciones han concluido.

(3)

El objetivo del Protocolo consiste en determinar las normas técnicas y financieras que permitan a la República Argelina Democrática y Popular participar en determinados programas de la Unión. El marco horizontal que crea el Protocolo constituye un mecanismo de cooperación económica, financiera y técnica que permite acceder a la asistencia, en particular financiera, que ha de prestar la Unión en virtud de los programas por ella establecidos. Dicho marco se aplicará exclusivamente a aquellos programas de la Unión cuyos actos jurídicos constitutivos contemplen la posibilidad de que la República Argelina Democrática y Popular participe. Por consiguiente, la firma y aplicación provisional del Protocolo no suponen el ejercicio, en virtud de las distintas políticas sectoriales objeto de los programas, de competencias que se ejercen en el momento del establecimiento de dichos programas.

(4)

Procede firmar el Protocolo en nombre de la Unión y aplicarlo con carácter provisional, a la espera de la finalización de los procedimientos necesarios para su celebración.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/3

(1)

Argelia firmó un Acuerdo Euromediterráneo por el que se creaba una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Argelia, por otra (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2005.

(2)

El Consejo Europeo de Bruselas de 17 y 18 de junio de 2004 acogió con satisfacción las propuestas de la Comisión Europea relativas a una Política Europea de Vecindad (PEV) y aprobó las conclusiones del Consejo de 14 de junio de 2004.

(3)

Posteriormente, y en múltiples ocasiones, el Consejo adoptó conclusiones en favor de esa política.

(4)

El 5 de marzo de 2007, el Consejo manifestó su apoyo al planteamiento general y global expuesto en la Comunicación de la Comisión Europea de 4 de diciembre de 2006 para permitir que los países socios incluidos en la Política Europea de Vecindad participasen en los trabajos de las agencias comunitarias y en los programas comunitarios en función de sus méritos y cuando las bases jurídicas así lo permitiesen.

(5)

Argelia ha expresado su deseo de participar en varios programas de la Unión.

(6)

Las modalidades y condiciones específicas relativas a la participación de Argelia en cada uno de los programas de la Unión, en particular la contribución financiera y los procedimientos de comunicación de información y de evaluación, se determinarán en un Acuerdo entre la Comisión Europea y las autoridades competentes de Argelia.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/7

(1)

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha examinado la solicitud, presentada por Italia, de aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Pecorino Toscano», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 1263/96 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (UE) no 306/2010 (3).

(2)

Al tratarse de una modificación que no se considera de menor importancia, en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha publicado la solicitud de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del citado Reglamento.

(3)

Dado que no se ha presentado a la Comisión declaración de oposición alguna con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede aprobar la modificación del pliego de condiciones.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/9

(1)

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha examinado la solicitud de Italia con miras a la aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Ciliegia di Vignola», registrada en virtud del Reglamento (UE) no 1032/2012 de la Comisión (2).

(2)

Al tratarse de una modificación que no se considera de menor importancia, en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha publicado la solicitud de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3), en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del citado Reglamento.

(3)

Dado que no se ha presentado a la Comisión declaración de oposición alguna con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede aprobar la modificación del pliego de condiciones.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/10

(1)

De conformidad con el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha examinado la solicitud del Reino Unido con vistas a la aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Welsh Beef», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 2066/2002 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (UE) no 97/2011 (3).

(2)

Al tratarse de una modificación que no se considera de menor importancia, en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1151/2012, la Comisión ha publicado la solicitud de modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), en aplicación del artículo 50, apartado 2, letra a), del citado Reglamento.

(3)

Dado que no se ha presentado a la Comisión declaración de oposición alguna con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede aprobar la modificación del pliego de condiciones.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/11

(1)

El Reglamento (CE) no 798/2008 de la Comisión (3) establece requisitos de certificación veterinaria para las importaciones en la Unión y el tránsito por esta, incluido el almacenamiento en tránsito, de aves de corral y productos derivados («las mercancías»). Dicho Reglamento establece que las mercancías pueden importarse en la Unión, o transitar por ella, únicamente cuando procedan de terceros países, territorios, zonas o compartimentos que figuren en las columnas 1 y 3 del cuadro de la parte 1 de su anexo I.

(2)

En el Reglamento (CE) no 798/2008 también se establecen las condiciones para considerar libre de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) un tercer país, territorio, zona o compartimento.

(3)

Canadá figura en la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 como tercer país desde el cual están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por ella de las mercancías cubiertas por dicho Reglamento procedentes de determinadas partes de su territorio, dependiendo de la presencia de brotes de IAAP. Dicha regionalización se reconoció mediante el Reglamento (CE) no 798/2008, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/198 de la Comisión (4), a raíz de la aparición de brotes de IAAP en la provincia de la Columbia Británica.

(4)

Un Acuerdo entre la Unión y Canadá (5) prevé un rápido reconocimiento mutuo de medidas de regionalización en el caso de brotes de una enfermedad en la Unión o en Canadá («el Acuerdo»).

(5)

El 8 de abril de 2015, Canadá confirmó un brote de IAAP del subtipo H5N2 en aves de corral en la provincia de Ontario. Las autoridades veterinarias de Canadá suspendieron inmediatamente la expedición de certificados veterinarios referentes a partidas de mercancías destinadas a la exportación a la Unión procedentes de todo su territorio. Canadá también llevó a cabo el sacrificio sanitario para controlar la IAAP y limitar su propagación.

(6)

A raíz de ese brote en la provincia de Ontario, Canadá presentó información sobre la situación epidemiológica en su territorio y las medidas adoptadas para evitar la propagación de la IAAP, que la Comisión acaba de evaluar. Sobre la base de dicha evaluación, de los compromisos establecidos en el Acuerdo y de las garantías proporcionadas por Canadá, cabe concluir que, para abordar los riesgos que conlleva la introducción de las mercancías en la Unión, basta con limitar las restricciones de esta introducción a la zona afectada por la IAAP en las provincias de la Columbia Británica y Ontario, que las autoridades veterinarias de Canadá han sometido a restricciones debido a los actuales brotes.

(7)

Canadá ha notificado además la finalización de las medidas de limpieza y desinfección después del sacrificio sanitario en las explotaciones donde se detectaron brotes entre diciembre de 2014 y febrero de 2015 en la provincia de la Columbia Británica. Procede, por consiguiente, indicar las fechas en las que estas partes del territorio que se sometieron a restricciones veterinarias debido a dichos brotes pueden considerarse de nuevo libres de IAAP y en las que deben volver a autorizarse las importaciones en la Unión de determinadas mercancías de aves de corral originarias de esas zonas.

(8)

Debe, por tanto, modificarse la entrada relativa a Canadá en la lista de la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 para tener en cuenta la situación epidemiológica de dicho tercer país.

(9)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/17

(1)

La necesidad de acelerar la renovación o el mantenimiento como consecuencia de un uso más intenso de la red puede tomarse en consideración a efectos de calcular los costes directos, siempre y cuando se garantice que solo se incluyen los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario.

(2)

Los administradores de infraestructuras están sujetos a la obligación de explotar las redes incluso cuando se enfrentan a restricciones que obstaculizan la eficiencia de la gestión y el control de costes. En consecuencia, los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar los costes directos a la altura de los costes correspondientes a una prestación de servicios eficiente.

(3)

La fijación del canon de acceso por vía férrea en función de los costes directamente imputables al servicio ferroviario no debe conllevar, para el administrador de infraestructuras, una pérdida financiera neta o una ganancia financiera neta como resultado de la explotación del servicio ferroviario.

(4)

Los valores históricos de los activos deben basarse en los importes pagados por su adquisición por el administrador de infraestructuras, siempre y cuando este siga siendo responsable de tales importes.

(5)

No debe permitirse al administrador de infraestructuras recuperar el coste de la inversión en un activo cuando no esté obligado a reembolsar dicho coste.

(6)

Teniendo en cuenta que las modalidades de cálculo de los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario deben ser aplicables en toda la Unión, han de ser compatibles con los sistemas existentes de contabilidad de los costes de infraestructuras y con los datos sobre costes aplicados por los administradores de infraestructuras.

(7)

La aplicación de previsiones de costes y de niveles de prestación no debe dar lugar, en circunstancias empresariales normales, a unos costes directos y cánones de acceso por vía férrea más elevados ni, por ende, a un uso ineficaz de la red. Así pues, deben aplicarse los valores históricos de los activos, y solamente cuando no se disponga de tales valores, o cuando los valores actuales sean inferiores, podrían considerarse estos últimos. Como alternativa, podrían utilizarse valores estimados o valores de reposición, previsiones de costes y previsiones de niveles de prestación, siempre y cuando el administrador de infraestructuras justifique ante el organismo regulador el método utilizado para determinarlos y le demuestre que se han determinado con objetividad.

(8)

Solo debe permitirse al administrador de infraestructuras incluir en el cálculo de sus costes directos aquellos costes respecto a los cuales pueda demostrar de manera objetiva y rigurosa que se derivan directamente de la explotación del servicio ferroviario. Por ejemplo, el desgaste de las señales en vía y cabinas de enclavamiento no varía en función del tráfico y, por tanto, no debe incluirse en el canon basado en los costes directos (2). A la inversa, algunos elementos, como las infraestructuras de los aparatos de vía, están expuestos a desgaste por la explotación del servicio ferroviario y, por tanto, deben quedar parcialmente sujetos al canon basado en los costes directos. A medida que los sensores se van desplegando a mayor escala en trenes e infraestructuras, podrían facilitar información adicional sobre el desgaste que produce realmente el servicio ferroviario.

(9)

El Tribunal de Justicia ha dictado una sentencia sobre el cálculo de los costes directos de la explotación del servicio ferroviario (3). El presente Reglamento toma en consideración esa sentencia.

(10)

Los equipos de alimentación eléctrica, tales como cables o transformadores, no suelen sufrir desgaste por la explotación del servicio ferroviario. No están expuestos a fricciones ni a otros impactos causados por la explotación del servicio ferroviario. Así pues, los costes de los equipos de alimentación eléctrica no deben incluirse en el cálculo de los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario. Ahora bien, los trenes de tracción eléctrica desgastan el medio de contacto (el hilo de contacto o el tercer carril electrificado) debido a la fricción y a los arcos eléctricos que causan. En consecuencia, una parte de los costes de mantenimiento y renovación de esos medios de contacto podría considerarse directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario. La tensión eléctrica y mecánica generada por la circulación de trenes puede deteriorar otros componentes de los equipos de la línea aérea de contacto y dar lugar, por tanto, a costes de mantenimiento y renovación.

(11)

Los costes directos del servicio ferroviario difieren en función de las características específicas de diseño de los vehículos o vías férreas que se utilicen. Los Estados miembros pueden permitir que sus administradores de infraestructuras modulen los costes directos medios, en consonancia, entre otras cosas, con las mejores prácticas internacionales, para reflejar tales diferencias.

(12)

De acuerdo con un principio económico bien asentado, los cánones de usuario basados en los costes marginales garantizan la utilización óptima de la capacidad de infraestructura disponible. Por tanto, para calcular los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario, el administrador de infraestructuras puede decidir aplicar el indicador de los costes marginales.

(13)

Por otro lado, las mejores prácticas internacionales (4) han desarrollado métodos y modelos, como la modelización econométrica o de ingeniería, que permiten calcular los costes marginales de la utilización de infraestructuras. Al mismo tiempo, las mejores prácticas internacionales seguirán desarrollándose a medida que se realicen más trabajos independientes de análisis e investigación verificados independientemente del administrador de infraestructuras —por ejemplo, por el organismo regulador—, incluidos trabajos de análisis e investigación específicos de Estados miembros concretos atendiendo a las características específicas de sus infraestructuras. En consecuencia, debe permitirse al administrador de infraestructuras utilizar tales modelos para determinar los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario.

(14)

Otros tipos de modelización econométrica o de ingeniería podrían ofrecer un mayor grado de precisión en el cálculo de los costes directos o los costes marginales del uso de infraestructuras. Ahora bien, la modelización de costes exige un mayor nivel de calidad de los datos y de pericia que los métodos basados en deducir de los costes totales determinadas categorías de costes no elegibles. Los organismos reguladores, además, podrían no estar aún en condiciones de verificar la conformidad de un cálculo específico con las disposiciones de la Directiva 2012/34/UE. En consecuencia, cuando se cumplan esos requisitos más estrictos, debe permitirse al administrador de infraestructuras calcular los costes directos sobre la base de modelos econométricos o de ingeniería o de una combinación de ambos.

(15)

Los organismos reguladores deben estar en condiciones de comprobar si los distintos principios de tarificación se aplican en consonancia con la información que les haya facilitado el administrador de infraestructuras. Así pues, el anexo IV de la Directiva 2012/34/UE exige al administrador de infraestructuras que, en la declaración sobre la red, detalle la metodología, las normas y, cuando proceda, los baremos de costes y cánones.

(16)

Algunos estudios internacionales (5), en estrecha colaboración con los administradores de infraestructuras, han calculado el valor de los costes unitarios directos. Aunque en esos estudios se analizaban diversos métodos aplicados en los Estados miembros para composiciones de flota distintas y destinos diferentes, el valor de los costes directos, en kilómetros-tren, se situaba frecuentemente por debajo de 2 EUR (a precios y tipos de cambio de 2005, utilizando un índice de precios adecuado) por kilómetro-tren de un tren de 1 000 t. Para limitar el esfuerzo administrativo de los organismos reguladores, cuando los costes directos se sitúen por debajo de esta cifra, no debe exigirse el mismo grado de detalle en el cálculo correspondiente.

(17)

Por distintas razones —aumento de la productividad, difusión de nuevas tecnologías o mejores conocimientos sobre la generación de costes—, el cálculo de los costes directos debe actualizarse o revisarse periódicamente, en consonancia, entre otras cosas, con las mejores prácticas internacionales.

(18)

Teniendo en cuenta que las empresas ferroviarias necesitan sistemas de cánones predecibles y tienen expectativas razonables en cuanto a la evolución de los cánones de infraestructuras, el administrador de infraestructuras debe facilitar un plan de introducción gradual para las empresas ferroviarias que explotan servicios ferroviarios y cuyos cánones podrían aumentar significativamente a raíz de la revisión de la aplicación de las modalidades de cálculo vigentes, en caso de que el organismo regulador exigiera la presentación de tal plan.

(19)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité contemplado en el artículo 62, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE.

1)

«costes directos», los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario;

2)

«costes unitarios directos», los costes directos por kilómetro-tren, por kilómetro-vehículo o por tonelada-kilómetro bruta de un tren, o su combinación;

3)

«centro de costes», unidad empresarial del sistema de contabilidad del administrador de infraestructuras a la que se asignan los costes para su imputación directa o indirecta a un servicio comercializable.

a)

los costes del personal necesario para mantener abierto un determinado tramo de línea si un candidato solicita explotar un servicio ferroviario específico fuera de los horarios de apertura normales de esa línea;

b)

la parte de los costes de las infraestructuras de los aparatos de vía, incluidos desvíos y travesías, atribuible al desgaste debido al servicio ferroviario;

c)

la parte de los costes de renovación y mantenimiento del hilo de contacto o del tercer carril electrificado, o de ambos, y de los equipos de soporte de la línea aérea de contacto, directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario;

d)

los costes del personal necesario para preparar la asignación de surcos ferroviarios y el calendario, en la medida en que sean directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario.

a)

los costes fijos relacionados con la puesta a disposición de un tramo de línea que el administrador de infraestructuras debe sufragar incluso en ausencia de circulación de trenes;

b)

los costes no relacionados con pagos efectuados por el administrador de infraestructuras; los costes o centros de costes que no estén relacionados directamente con la prestación de los servicios del paquete de acceso mínimo o con el acceso a infraestructuras que conectan con instalaciones de servicio;

c)

los costes de adquisición, venta, desmantelamiento, descontaminación, nueva puesta en cultivo o alquiler de tierras u otros activos fijos;

d)

los gastos generales a escala de la red, incluidos los de salarios y pensiones;

e)

los costes de financiación;

f)

los costes relacionados con el progreso o la obsolescencia tecnológicos;

g)

los costes de los activos intangibles;

h)

los costes de los sensores de vía y de los equipos de comunicación y dispositivos de señalización situados en vía que no sean directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario;

i)

los costes de los equipos de información, comunicación o telecomunicación no situados en vía;

j)

los costes relacionados con incidencias de fuerza mayor, accidentes y perturbaciones de servicio específicos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 de la Directiva 2012/34/UE;

k)

los costes de los equipos de alimentación eléctrica para el suministro de corriente de tracción que no sean directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario; los costes directos de la explotación de los servicios ferroviarios que no utilizan equipos de alimentación eléctrica no incluirán los costes de utilización de tales equipos;

l)

los costes relacionados con la transmisión de la información mencionada en el anexo II, punto 1, letra f), de la Directiva 2012/34/UE, salvo que sean imputables a la explotación del servicio ferroviario;

m)

los costes administrativos derivados de los sistemas de cánones diferenciados contemplados en el artículo 31, apartado 5, y en el artículo 32, apartado 4, de la Directiva 2012/34/UE;

n)

la amortización no determinada por el deterioro efectivo de las infraestructuras debido a la explotación del servicio ferroviario;

o)

la parte de los costes de mantenimiento y renovación de infraestructuras civiles que no sea directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario.

a)

longitud del tren y/o número de vehículos del tren;

b)

masa del tren;

c)

tipo de vehículo, en particular su masa no suspendida;

d)

velocidad del tren;

e)

potencia de tracción de la unidad motriz;

f)

peso por eje y/o número de ejes;

g)

número registrado de planos en las ruedas o uso efectivo de equipos de protección contra deslizamientos;

h)

rigidez longitudinal de los vehículos y fuerzas horizontales que impactan en la vía;

i)

potencia eléctrica consumida y medida o comportamiento dinámico de los pantógrafos o patines de contacto como parámetro para fijar los cánones por el desgaste del hilo de contacto o del carril electrificado;

j)

parámetros de vía, en particular los radios;

k)

cualquier otro parámetro relacionado con el coste, cuando el administrador de infraestructuras pueda demostrar al organismo regulador que los valores de tal parámetro, incluida su variación, cuando proceda, se miden y registran de manera objetiva.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/23

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/25

(1)

La Decisión 2007/777/CE de la Comisión (2) establece normas sanitarias y zoosanitarias para la importación, el tránsito y el almacenamiento en la Unión de partidas de productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados («las mercancías»).

(2)

En la parte 1 del anexo II de la Decisión 2007/777/CE se describen los territorios de los terceros países desde los cuales está restringida la introducción en la Unión de las mercancías por motivos zoosanitarios y a los que se aplica la regionalización. La parte 2 de ese anexo establece una lista de terceros países o partes de terceros países desde donde está autorizada la introducción en la UE de las mercancías, a condición de que se hayan sometido al tratamiento adecuado, según se describe en la parte 4 de dicho anexo.

(3)

Canadá figura en la parte 2 del anexo II de la Decisión 2007/777/CE como tercer país desde el que están autorizadas las importaciones y el tránsito en la Unión de mercancías obtenidas a partir de aves de corral, caza de pluma de cría y aves de caza silvestres procedentes de la totalidad o ciertas partes de su territorio. La regionalización de Canadá quedó reconocida por la Decisión 2007/777/CE, modificada por la Decisión de Ejecución (UE) no 2015/204 de la Comisión (3) a raíz de los brotes de gripe aviar altamente patógena en aves de corral de la provincia de la Columbia Británica en Canadá. La Decisión 2007/777/CE dispone que podrá autorizarse la introducción en la Unión de mercancías procedentes de la zona afectada tras haber sido sometidas al tratamiento «D» descrito en la parte 4 del anexo II de la Decisión 2007/777/CE (en lo sucesivo, «el tratamiento D»).

(4)

Canadá ha confirmado un nuevo brote de gripe aviar altamente patógena en aves de corral en la provincia de Ontario durante el mes de abril de 2015. Debido a este nuevo brote, las autoridades veterinarias de Canadá han suspendido inmediatamente la expedición de certificados veterinarios para las mercancías afectadas que estaba previsto enviar a la Unión desde el territorio canadiense en su totalidad. Canadá también ha puesto en práctica una política de erradicación para controlar la gripe aviar altamente patógena y limitar su propagación.

(5)

Un acuerdo entre la Unión y Canadá (4) (en lo sucesivo, «el Acuerdo») prevé un rápido reconocimiento mutuo de medidas de regionalización, en caso de brote de la enfermedad en la Unión o en Canadá.

(6)

Debido al nuevo brote de gripe aviar altamente patógena en la provincia de Ontario (Canadá), las mercancías obtenidas a partir de aves de corral, caza de pluma de cría y aves de caza silvestres procedentes de las partes de dicha provincia que las autoridades veterinarias canadienses hayan sometido a restricciones, deben someterse, como mínimo, al tratamiento D, a fin de evitar la introducción del virus de la gripe aviar altamente patógena en la Unión.

(7)

En relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en la Columbia Británica, la regionalización del territorio de Canadá se reconoció también mediante el Reglamento (CE) no 798/2008 de la Comisión (5), modificado por los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/198 (6) y (UE) 2015/908 (7) en lo que concierne a las importaciones de determinadas mercancías de aves de corral que entran dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

(8)

En aras de la coherencia, la descripción de los territorios que figura en la parte 1 del anexo II de la Decisión 2007/777/CE debe referirse a la regionalización descrita en la columna 3 del cuadro de la parte 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 de acuerdo con las fechas a las que se hace referencia en las columnas 6A y 6B de este cuadro.

(9)

Por consiguiente, debe modificarse la parte 1 del anexo II de la Decisión 2007/777/CE.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/28

(1)

De conformidad con la Decisión de Ejecución 2013/493/UE de la Comisión (2), la vigésima primera región en que debería iniciarse la recogida y transmisión de datos al Sistema de Información de Visados (VIS) para todas las solicitudes de visado comprende Andorra, Mónaco, San Marino y la Santa Sede, la vigésima segunda región en que debería iniciarse la recogida y transmisión de datos al Sistema de Información de Visados (VIS) para todas las solicitudes de visado comprende Irlanda y el Reino Unido, y la vigésima tercera región en que debería iniciarse la recogida y transmisión de datos al Sistema de Información de Visados (VIS) para todas las solicitudes de visado comprende Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza).

(2)

Los Estados miembros han notificado a la Comisión que han adoptado las disposiciones técnicas y jurídicas necesarias para recoger y transmitir al VIS los datos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 767/2008 para todas las solicitudes de dichas regiones, incluidas disposiciones para la recogida o transmisión de datos en nombre de otro Estado miembro.

(3)

Cumplida, pues, la condición dispuesta en el artículo 48, apartado 3, frase primera, del Reglamento (CE) no 767/2008, procede fijar la fecha de puesta en marcha del VIS en las regiones vigésima primera, vigésima segunda y vigésima tercera.

(4)

Dado que el Reglamento (CE) no 767/2008 constituye un desarrollo del acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, decidió aplicar el Reglamento (CE) no 767/2008 en su ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, Dinamarca está obligada por el Derecho internacional a aplicar la presente Decisión.

(5)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3). Por tanto, el Reino Unido no está obligado por la presente Decisión ni sujeto a su aplicación.

(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (4). Por tanto, Irlanda no está obligada por la presente Decisión ni sujeta a su aplicación.

(7)

Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos últimos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (5), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (6).

(8)

En lo que respecta a Suiza, la presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado por la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (7), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (8).

(9)

En lo que respecta a Liechtenstein, la presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la adhesión de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (10).

(10)

En lo que respecta a Chipre, la presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo a tenor, respectivamente, del artículo 3, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2011.

(11)

Ante la necesidad de fijar la fecha de puesta en marcha del VIS en las regiones vigésima primera, vigésima segunda y vigésima tercera en el futuro inmediato, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/30

(1)

De conformidad con la Decisión de Ejecución 2013/493/UE de la Comisión (2), la vigésima región en que debería iniciarse la recogida y transmisión de datos al Sistema de Información de Visados (VIS) para todas las solicitudes de visado comprende Bangladés, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

(2)

Los Estados miembros han notificado a la Comisión que han adoptado las disposiciones técnicas y jurídicas necesarias para recoger y transmitir al VIS los datos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 767/2008 para todas las solicitudes de dicha región, incluidas disposiciones para la recogida o transmisión de datos en nombre de otro Estado miembro.

(3)

Cumplida, pues, la condición dispuesta en el artículo 48, apartado 3, frase primera, del Reglamento (CE) no 767/2008, procede fijar la fecha de puesta en marcha del VIS en la vigésima región.

(4)

Dado que el Reglamento (CE) no 767/2008 constituye un desarrollo del acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, decidió aplicar el Reglamento (CE) no 767/2008 en su ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, Dinamarca está obligada por el Derecho internacional a aplicar la presente Decisión.

(5)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3). Por tanto, el Reino Unido no está obligado por la presente Decisión ni sujeto a su aplicación.

(6)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (4). Por tanto, Irlanda no está obligada por la presente Decisión ni sujeta a su aplicación.

(7)

Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos últimos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (5), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (6).

(8)

En lo que respecta a Suiza, la presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo firmado por la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (7), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (8).

(9)

En lo que respecta a Liechtenstein, la presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la adhesión de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (10).

(10)

La presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o está relacionado con él de otro modo a tenor, respectivamente, del artículo 3, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de Adhesión de 2011.

(11)

Ante la necesidad de fijar la fecha de puesta en marcha del VIS en la vigésima región en el futuro inmediato, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/32

(1)

El Consejo Europeo, reunido en sesión extraordinaria el 23 de abril de 2015, recordó la gravedad de la situación en el Mediterráneo y manifestó su determinación de hacer que la Unión Europea movilice todos los esfuerzos a su alcance para evitar más pérdidas de vidas en el mar y para abordar las causas profundas de la emergencia humanitaria. El Consejo Europeo se comprometió además a establecer un primer proyecto piloto voluntario de reasentamiento en toda la Unión, ofreciendo plazas a las personas que tengan derecho a protección (1).

(2)

En su Resolución de 29 de abril de 2015, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a que hicieran mayores contribuciones a los programas de reasentamiento existentes y destacó la necesidad de garantizar un acceso seguro y legal al sistema de asilo de la Unión (2).

(3)

Hay actualmente un desequilibrio importante entre los Estados miembros por lo que respecta al compromiso de reasentar a personas. Solo quince Estados miembros y tres Estados asociados tienen un programa de reasentamiento (hay, además, otro Estado miembro que ha anunciado el inicio de un programa de este tipo), tres Estados miembros y un Estado asociado han aplicado medidas de reasentamiento con carácter ad hoc, mientras que los demás no participan en absoluto en esta tarea.

(4)

En 2014, el número de solicitantes de asilo en la Unión alcanzó un máximo de 626 000, mientras que 6 380 nacionales de terceros países necesitados de protección internacional fueron reasentados en la Unión (3). El número de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos en todo el mundo en 2013 superó los 50 millones de personas, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial (4).

(5)

El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 10 de octubre de 2014 reconoció en sus conclusiones que, teniendo en cuenta «[…] los esfuerzos emprendidos por los Estados miembros afectados por los flujos migratorios, todos los Estados miembros deberán aportar su contribución [al reasentamiento] de forma justa y equilibrada» (5).

(6)

El 13 de mayo de 2015, la Comisión presentó una amplia Agenda Europea de Migración (6) en la que, entre otras cosas, se define un conjunto de medidas inmediatas específicamente concebidas para responder a la tragedia humana en todo el Mediterráneo.

(7)

Para evitar que las personas desplazadas necesitadas de protección tengan que recurrir a las redes delictivas de traficantes y tratantes, en la Agenda se pide a la Unión Europea que redoble sus esfuerzos de reasentamiento. En consecuencia, la Comisión presenta esta Recomendación en la que se propone un programa de reasentamiento a nivel de la UE para ofrecer 20 000 plazas con arreglo a una clave de distribución.

(8)

En caso de que los Estados asociados decidan participar, la clave de distribución y las asignaciones por cada Estado miembro y Estado asociado participante se adaptarán en consecuencia.

(9)

A tenor de los debates mantenidos en la reunión sobre este tema que celebró el Foro de reubicación y reasentamiento el 25 de noviembre de 2014, la clave de distribución debe basarse en: a) el tamaño de la población (40 % de ponderación), b) el PIB total (40 % de ponderación), c) el número medio de solicitudes de asilo espontáneas y el número de refugiados reasentados por millón de habitantes durante el período 2010-2014 (10 % de ponderación), y d) la tasa de desempleo (10 % ponderación).

(10)

Un total de 20 000 personas deberían ser admitidas en la Unión durante el período de dos años de aplicación del presente programa por los Estados miembros. La responsabilidad de acoger a esas personas debería incumbir exclusivamente a los Estados participantes, de conformidad con las normas de la Unión e internacionales pertinentes. Esta actuación responde al llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que instó a los países europeos a asumir mayores compromisos de recepción de refugiados a través de programas de reasentamiento sostenibles, haciendo suya la campaña promovida por la Organización Internacional para las Migraciones y cinco organizaciones no gubernamentales.

(11)

A la hora de determinar las regiones prioritarias, deberían tenerse en cuenta la situación en los países vecinos y los actuales flujos migratorios, en particular en relación con los programas regionales de desarrollo y protección en Oriente Próximo, el norte de África y el Cuerno de África.

(12)

Se debería recurrir a los conocimientos y la experiencia del ACNUR y otros organismos pertinentes, en concreto la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, buscando su asistencia para la aplicación del programa de reasentamiento.

(13)

Deberían tomarse medidas a fin de evitar movimientos secundarios de personas reasentadas desde el Estado de reasentamiento a otros Estados miembros y Estados asociados participantes.

(14)

La Comisión prevé contribuir al programa poniendo a disposición un importe suplementario de 50 millones EUR en los años 2015 y 2016 en el marco del Programa de Reasentamiento de la Unión, expuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Con el fin de optimizar el uso de los incentivos económicos, la Comisión ajustará las cantidades a tanto alzado y las prioridades de reasentamiento previstas en ese Programa a través de un acto delegado, de conformidad con el artículo 17, apartados 4 y 10, del mismo Reglamento. En caso de que los Estados asociados decidieran participar en el programa de reasentamiento, no podrían beneficiarse de las cantidades a tanto alzado previstas en el Reglamento (UE) no 516/2014 como compensación por sus compromisos.

1.

La Comisión recomienda que los Estados miembros reasienten a 20 000 personas necesitadas de protección internacional con arreglo a las condiciones y la clave de reparto establecidas en la presente Recomendación.

2.

«Reasentamiento» significa la transferencia de personas desplazadas y manifiestamente necesitadas de protección internacional, a instancias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de un tercer país a un Estado miembro, de acuerdo con este último, con el objetivo de protegerlas contra la devolución y de admitirlas y concederles el derecho de estancia y cualesquiera otros derechos similares a los concedidos a un beneficiario de protección internacional.

3.

El programa europeo de reasentamiento debería incluir a todos los Estados miembros.

4.

El programa debería consistir en un compromiso europeo único de 20 000 plazas destinadas al reasentamiento de personas. La duración del programa debería ser de dos años a partir de la fecha de adopción de la presente Recomendación.

5.

Las plazas de reasentamiento totales comprometidas deberían asignarse a los Estados miembros con arreglo a la clave de distribución que figura en el anexo. En caso de que los Estados asociados decidieran participar en el programa, la clave de distribución se adaptaría en consecuencia.

6.

Entre las regiones prioritarias de reasentamiento deberían figurar el norte de África, Oriente Próximo y el Cuerno de África, prestando especial atención a los países en los que se están llevando a cabo programas regionales de desarrollo y protección.

7.

Los Estados miembros y los Estados asociados participantes deberían ser responsables de las decisiones individuales de admisión, una vez realizados los controles médicos y de seguridad adecuados, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debería ser responsable de evaluar a los candidatos al reasentamiento en las regiones prioritarias y de presentar propuestas para su reasentamiento en los Estados miembros y los Estados asociados participantes.

8.

Cuando una persona reasentada sea admitida en el territorio de un Estado miembro o un Estado asociado participante, ese Estado debería llevar a cabo un procedimiento formal para la protección internacional, incluida la toma de impresiones dactilares, de manera rápida y conforme con la legislación aplicable, en concreto el Reglamento (UE) no 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), la Directiva 2005/85/CE del Consejo (10), la Directiva 2003/9/CE del Consejo (11), y, a partir del 20 de julio de 2015, las Directivas 2013/32/UE (12) y 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13).

9.

Tras este proceso, cuando un Estado miembro conceda a una persona reasentada el estatuto de protección internacional o de protección nacional, esa persona deberá disfrutar, en el Estado miembro en el que se reasiente, de los derechos garantizados a los beneficiarios de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95/UE, o derechos similares garantizados por el Derecho nacional. En ese contexto, la libre circulación dentro de la Unión debería estar sujeta a las mismas condiciones y restricciones aplicables a otros nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros. En el caso de los Estados asociados participantes, debería aplicarse la legislación nacional equivalente.

10.

Los candidatos al reasentamiento deberían ser informados de sus derechos y obligaciones, tanto en el marco del programa de reasentamiento como en virtud de las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y nacional en materia de asilo, antes de su admisión en el territorio de los Estados miembros o de Estados asociados participantes, en particular de las consecuencias de su posterior desplazamiento dentro de la Unión o de los Estados asociados participantes, así como del hecho de que los derechos vinculados al estatuto de protección internacional o protección nacional solo les amparan en el Estado de reasentamiento.

11.

Las personas reasentadas que entren sin autorización en el territorio de un Estado miembro o un Estado asociado participante que no sea el Estado de reasentamiento, bien a la espera de que se complete el procedimiento formal de protección internacional o tras la concesión de la protección internacional, deberían ser devueltas al Estado de reasentamiento, conforme a las normas establecidas en el Reglamento (UE) no 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

12.

Debería asegurarse la participación práctica de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en la aplicación del programa, en concreto para prestar asistencia específica a los Estados miembros y a los Estados asociados participantes, en especial a aquellos que no tengan experiencia previa en materia de reasentamiento. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo debería supervisar la aplicación del programa e informar periódicamente al respecto.

13.

Los Estados miembros deberían tener derecho a recibir una asignación financiera proporcional al número de personas reasentadas en su territorio, según las cantidades a tanto alzado establecidas en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 516/2014, modificado por el Reglamento Delegado (UE) no xxx/2015 (16) de la Comisión.

14.

Los destinatarios de la presente Recomendación serán los Estados miembros.

13.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/38

(1)

El Acuerdo fue firmado el 21 de junio de 1999 y entró en vigor el 1 de junio de 2002.

(2)

El anexo III (Reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales) del Acuerdo fue sustituido por la Decisión no 2/2011 del Comité Mixto UE-Suiza (2) y debe ser actualizado para tener en cuenta nuevos actos jurídicos de la Unión Europea y de Suiza adoptados con posterioridad.