(1)

Compete a las autoridades responsables la gestión y el control del gasto en virtud del Reglamento (UE) no 514/2014. Para ello, deben llevar a cabo controles administrativos y sobre el terreno.

(2)

Los controles administrativos efectuados por las autoridades responsables deben consistir, en primer lugar, en el examen de las declaraciones financieras remitidas por los beneficiarios. Un control más detallado de los distintos justificantes solo debe llevarse a cabo cuando ese análisis revele discrepancias o irregularidades. Para garantizar un nivel suficiente de garantía, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa, también es importante aclarar las circunstancias en que la autoridad responsable podrá confiar en un certificado de auditoría.

(3)

Los controles sobre el terreno deben cubrir tanto los aspectos operativos como los financieros y pueden tener que efectuarse en distintas fases de un proyecto. Por lo tanto, resulta necesario definir el ámbito de aplicación de cada tipo de control sobre el terreno, a fin de garantizar que se efectúan de la manera más eficaz.

(4)

Los controles operativos sobre el terreno deben llevarse durante la fase de ejecución de los proyectos para que puedan adoptarse las medidas correctivas oportunas. Tales controles deben aplicarse tanto a una muestra de proyectos que estén aún en curso en el primer día del ejercicio financiero correspondiente como a los proyectos que comiencen durante dicho ejercicio.

(5)

Con el fin de garantizar un nivel suficiente de garantía, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa, es preciso determinar las circunstancias en las que el riesgo de error se considera irrelevante y, en consecuencia, puede reducirse el número de controles financieros sobre el terreno. Sin embargo, también es necesario especificar las medidas que se han de adoptar si el porcentaje de error es significativo, a fin de obtener garantías suficientes de la legalidad y regularidad del gasto de la Unión.

(6)

Deben aclararse los principales elementos de los controles sobre el terreno. En particular, las autoridades responsables deben verificar la naturaleza no lucrativa de los proyectos financiados por los programas nacionales. Deben comprobar que los proyectos no reciben doble financiación de los gastos al amparo de los programas nacionales ni de otros programas de la Unión durante todos los períodos de programación, incluida la financiación de las agencias.

(7)

Los justificantes deben conservarse durante un período de tiempo determinado después de la realización de cada proyecto, a fin de permitir que las autoridades responsables, la Comisión (incluida la OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan efectuar sus controles.

(8)

A fin de garantizar su aplicación tan pronto como se aprueben los programas nacionales, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(9)

El Reino Unido e Irlanda están vinculados por el Reglamento (UE) no 514/2014 y, en consecuencia, están sujetos al presente Reglamento.

(10)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el considerando 47 del Reglamento (UE) no 514/2014, Dinamarca no está vinculada por el Reglamento (UE) no 514/2014 ni por el presente Reglamento.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité para los Fondos de Asilo, Migración e Integración y de Seguridad Interior.

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1)

Con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1306/2013, la Comisión, a partir de las cuentas anuales presentadas por los Estados miembros, acompañadas de la información requerida para la liquidación de cuentas y un dictamen de auditoría respecto a la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas y los informes redactados por los organismos de certificación, tiene que liquidar las cuentas de los organismos pagadores a los que se hace referencia en el artículo 7 de dicho Reglamento.

(2)

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento (UE) no 1306/2013, el ejercicio agrícola comienza el 16 de octubre del año «N – 1» y finaliza el 15 de octubre del año «N». De conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 de la Comisión (2), al liquidar las cuentas del ejercicio financiero de 2014, con el fin de alinear el período de referencia de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) con el del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), han de tenerse en consideración los gastos efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre de 2013 y el 15 de octubre de 2014.

(3)

El artículo 33, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014, dispone que los importes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 33, apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento, deban recuperarse de los Estados miembros o abonarse a estos, han de fijarse deduciendo los pagos intermedios correspondientes al ejercicio financiero de que se trate de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al artículo 33, apartado 1. La Comisión debe deducir ese importe del pago intermedio siguiente o añadírselo.

(4)

La Comisión ha examinado la información remitida por los Estados miembros y ha comunicado a estos, antes del 30 de abril de 2015, los resultados de sus exámenes junto con las modificaciones necesarias.

(5)

En el caso de algunos organismos pagadores, las cuentas anuales y los documentos que las acompañan permiten a la Comisión tomar una decisión sobre la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas anuales remitidas.

(6)

La información transmitida por algunos otros organismos pagadores requiere investigaciones adicionales y, por consiguiente, sus cuentas no pueden ser liquidadas en la presente Decisión.

(7)

La Comisión, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (UE) no 1306/2013, puede reducir o suspender temporalmente los pagos intermedios a los Estados miembros. Debe informar de ello al Estado o Estados miembros de que se trate. Al adoptar la presente Decisión, la Comisión debe tener en cuenta los importes reducidos o suspendidos con el fin de evitar la realización de cualquier pago inadecuado o inoportuno, o el reembolso de importes que posteriormente puedan ser objeto de correcciones financieras. En concreto, la cuarta declaración trimestral de 2013 y la primera declaración trimestral de 2014 incluían, respectivamente, los importes de 51 543 EUR y 26 892 EUR para el programa de desarrollo rural de la región italiana del Lacio (Programa CCI 2007IT06RPO005). Estos importes se han incluido asimismo en la declaración anual del ejercicio financiero de 2014. Los importes en cuestión han sido objeto de una reducción en virtud del artículo 41 del Reglamento (UE) no 1306/2013, tal como ordenaban las Decisiones de Ejecución de la Comisión C(2014) 3268 y C(2014) 5156 por incumplimiento de los plazos establecidos para la verificación obligatoria. Dado que todavía está en curso el procedimiento contemplado en el artículo 34 del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014, procede mantener esas reducciones. Por lo que se refiere al programa de desarrollo rural de Bulgaria (CCI 2007BG06RPO001), se han declarado en el tercer trimestre de 2014 los importes de 420 467,77 EUR y 598 402,41 EUR en el marco de las medidas 311 y 312, respectivamente. Estos importes se han incluido asimismo en la declaración anual del ejercicio financiero de 2014. Los importes en cuestión deben excluirse de la financiación de la Unión en virtud de la presente Decisión, ya que han de tenerse en cuenta las eventuales reducciones en virtud del artículo 41 del Reglamento (UE) no 1306/2013. Las eventuales reducciones tienen de hecho carácter provisional y se entienden sin perjuicio de las decisiones que se adopten con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento (UE) no 1306/2013.

(8)

Con arreglo al artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013, las consecuencias financieras de la falta de recuperación por irregularidades deben sufragarse en un 50 % a cargo del Estado miembro correspondiente cuando la recuperación no se haya efectuado en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la solicitud de recuperación, o de ocho años en caso de que la recuperación sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. El artículo 54, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1306/2013 obliga a los Estados miembros a consignar en las cuentas anuales los importes a su cargo en aplicación del apartado 2 de dicho artículo. En el Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 se recogen las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de informar sobre los importes que han de recuperarse. En el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 figura el modelo de cuadro que los Estados miembros han de utilizar para proporcionar información sobre los importes que deben recuperarse en 2015. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir sobre las consecuencias financieras de la falta de recuperación por irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigüedad, según el caso.

(9)

De conformidad con el artículo 54, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación, por causas debidamente justificadas. Esta decisión puede tomarse solamente cuando los costes de la recuperación (sumando los ya sufragados y los probables que estén pendientes) supongan un importe superior al que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional, del deudor o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad. En caso de que la decisión haya sido tomada dentro de un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la solicitud de recuperación, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Unión el 100 % de las consecuencias financieras de la falta de recuperación. Con arreglo al artículo 29, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014, los importes que un Estado miembro concreto haya decidido no recuperar deben incluirse, junto con los motivos de dicha decisión, en las cuentas anuales a las que se refiere el artículo 102, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento (UE) no 1306/2013. Por tanto, dichos importes no deben imputarse a los Estados miembros correspondientes y, en consecuencia, han de quedar a cargo del presupuesto de la Unión.

(10)

De conformidad con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013, el total acumulado de la prefinanciación y de los pagos intermedios no debe rebasar el 95 % de la participación del Feader en cada programa de desarrollo rural. Los siguientes programas han alcanzado este umbral: 2007AT06RPO001, 2007BE06RPO001, 2007DE06RPO004, 2007DE06RPO010, 2007IE06RPO001 y 2007UK06RPO003. El saldo pendiente de estos programas se abonará cuando se cierre el período de programación.

(11)

El Reglamento (UE) no 1306/2013 derogó y sustituyó el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo (3). El artículo 26, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) no 1290/2005, que corresponde a lo dispuesto en el artículo 36, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) no 1306/2013, establece que los pagos intermedios deben abonarse con la condición de que se respete el importe total de la participación financiera programada del Feader. Por otra parte, el Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 incorpora algunas de las disposiciones del Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión (4), que había sido derogado por el Reglamento Delegado (UE) no 907/2014 de la Comisión (5). En el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (CE) no 883/2006, que corresponde a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014, se establece que, cuando el conjunto de las declaraciones de gastos supere el total de la contribución programada para un programa de desarrollo rural, el importe que deba pagarse se limitará al importe programado, sin perjuicio del límite previsto en el artículo 24, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1290/2005, que corresponde a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013. El plan financiero para el Eje 2 del programa de desarrollo rural 2007EE06RPO001 se rebasó en 1 122 778,99 EUR en las declaraciones trimestrales segunda y tercera de 2014. El plan financiero para el Eje 5 del programa de desarrollo rural 2007ES06RPO009 se rebasó en 18 560,56 EUR en la tercera declaración trimestral de 2014. El plan financiero para el Eje 2 del programa de desarrollo rural 2007FI06RPO001 se rebasó en 5 599 314,3 EUR en la segunda declaración trimestral de 2014. El plan financiero para el Eje 2 del programa de desarrollo rural 2007LU06RPO001 se rebasó en 169 459,49 EUR en la tercera declaración trimestral de 2014. Los planes financieros para el Eje 2 y para el Eje 5 del programa de desarrollo rural 2007UK06RPO002 se rebasaron en 2 597 538,87 EUR y 427 086,47 EUR, respectivamente, en las declaraciones trimestrales segunda y tercera de 2014. Los importes mencionados no han sido pagados por la Comisión. Hasta la fecha de adopción de la presente Decisión, la Comisión no ha adoptado los planes financieros modificados. Los importes por un total de 9 934 738,68 EUR que se incluyen en las declaraciones anuales del ejercicio financiero de 2014 deben, por tanto, excluirse de la decisión de liquidación financiera correspondiente al ejercicio financiero de 2014 y serán objeto de reembolso posterior por la Comisión tras la adopción de los planes financieros modificados o al cierre del período de programación.

(12)

De conformidad con el artículo 36, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) no 1306/2013, un importe de 913 212,81 EUR declarado para el programa de desarrollo rural 2007PT06RPO001 había sido excluido de la decisión de liquidación correspondiente al ejercicio financiero de 2013. A raíz de la adopción del plan financiero modificado, este importe fue reembolsado por la Comisión en 2014 y, por tanto, debe incluirse en la presente Decisión de liquidación.

(13)

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) no 1306/2013, la presente Decisión se adopta sin perjuicio de las decisiones que la Comisión pueda tomar más adelante para excluir de la financiación de la Unión los gastos que no se hayan efectuado con arreglo a sus normas.

(1)

Con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no 1306/2013, la Comisión, a partir de las cuentas anuales presentadas por los Estados miembros, acompañadas de la información requerida para la liquidación de cuentas y un dictamen de auditoría respecto a la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas y los informes redactados por los organismos de certificación, tiene que liquidar las cuentas de los organismos pagadores a los que se hace referencia en el artículo 7 de dicho Reglamento.

(2)

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento (UE) no 1306/2013, el ejercicio agrícola comienza el 16 de octubre del año «N – 1» y finaliza el 15 de octubre del año «N». Al liquidar las cuentas correspondientes al ejercicio financiero de 2014, han de tenerse en consideración los gastos efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre de 2013 y el 15 de octubre de 2014, según se establece en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 de la Comisión (2).

(3)

El artículo 33, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014, dispone que los importes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 33, apartado 1, del citado Reglamento, deban recuperarse de los Estados miembros o abonarse a estos, han de fijarse deduciendo los pagos mensuales correspondientes al ejercicio financiero en cuestión, en este caso 2014, de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al artículo 33, apartado 1. La Comisión debe deducir ese importe del pago mensual correspondiente al gasto realizado en el segundo mes siguiente a la decisión de liquidación de cuentas, o añadirlo al citado pago mensual.

(4)

La Comisión ha examinado la información remitida por los Estados miembros y ha comunicado a estos, antes del 30 de abril de 2015, los resultados de sus exámenes junto con las modificaciones necesarias.

(5)

En el caso de algunos organismos pagadores, las cuentas anuales y los documentos que las acompañan permiten a la Comisión tomar una decisión sobre la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas anuales remitidas.

(6)

La información transmitida por algunos otros organismos pagadores requiere investigaciones adicionales y, por consiguiente, sus cuentas no pueden ser liquidadas en la presente Decisión.

(7)

De acuerdo con el artículo 5, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) no 907/2014 de la Comisión (3), los rebasamientos de plazos registrados en los meses de agosto, septiembre y octubre deben tenerse en consideración en la decisión de liquidación de cuentas. Una parte de los gastos declarados por algunos Estados miembros en esos meses de 2014 se efectuó después de los plazos aplicables. Es necesario, por lo tanto, que la presente Decisión determine las reducciones correspondientes.

(8)

La Comisión, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1306/2013, ya ha reducido o suspendido una serie de pagos mensuales en la contabilización de gastos del ejercicio financiero de 2014, debido a rebasamientos de los límites financieros o incumplimiento de los plazos de pago. Al adoptar la presente Decisión, la Comisión debe tener en cuenta los importes reducidos o suspendidos con el fin de evitar la realización de cualquier pago inadecuado o inoportuno, o el reembolso de importes que posteriormente puedan ser objeto de correcciones financieras. Estos importes pueden examinarse de forma más pormenorizada, cuando proceda, en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad, con arreglo al artículo 52 del Reglamento (UE) no 1306/2013.

(9)

Con arreglo al artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013, las consecuencias financieras derivadas de la falta de recuperación por irregularidades deben sufragarse en un 50 % a cargo del Estado miembro correspondiente cuando la recuperación no se haya efectuado en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de solicitud de recuperación, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. El artículo 54, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1306/2013 obliga a los Estados miembros a consignar en las cuentas anuales los importes a su cargo en aplicación del apartado 2 de dicho artículo. En el Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 se recogen las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de informar sobre los importes que han de recuperarse. En el anexo II de dicho Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014 figura el modelo de cuadro que los Estados miembros han de utilizar para proporcionar información sobre los importes que deben recuperarse en 2015. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir las consecuencias financieras de la falta de recuperación por irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigüedad, según el caso.

(10)

De conformidad con el artículo 54, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1306/2013, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación, por causas debidamente justificadas. Esta decisión puede tomarse solamente cuando los costes de la recuperación (sumando los ya sufragados y los probables que estén pendientes) supongan un importe superior al que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional, del deudor o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad. En caso de que la decisión haya sido tomada dentro de un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la solicitud de recuperación, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Unión el 100 % de las consecuencias financieras de la falta de recuperación. Con arreglo al artículo 29, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) no 908/2014, los importes que un Estado miembro concreto haya decidido no recuperar deben incluirse, junto con los motivos de dicha decisión, en las cuentas anuales a las que se refiere el artículo 102, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento (UE) no 1306/2013. Por tanto, dichos importes no deben imputarse a los Estados miembros correspondientes y, en consecuencia, están a cargo del presupuesto de la Unión.

(11)

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) no 1306/2013, la presente Decisión se adopta sin perjuicio de las decisiones que la Comisión pueda tomar más adelante para excluir de la financiación de la Unión los gastos que no se hayan efectuado con arreglo a sus normas.

(1)

El artículo 11 del Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe, por otra (en lo sucesivo, «el Acuerdo») se refiere al Protocolo 3 del Acuerdo (en lo sucesivo, «el Protocolo 3»), que establece las normas de origen y prevé la acumulación del origen entre la Unión Europea, las Islas Feroe y otras Partes Contratantes del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas (2) («el Convenio»).

(2)

El artículo 39 del Protocolo 3 establece que el Comité Mixto establecido en el artículo 31 del Acuerdo podrá decidir modificar las disposiciones del presente Protocolo.

(3)

El Convenio tiene por objeto sustituir los protocolos sobre normas de origen actualmente en vigor en los países de la zona paneuromediterránea por un único acto jurídico.

(4)

La Unión Europea y el Reino de Dinamarca por lo que respecta a las Islas Feroe firmaron el Convenio el 15 de junio de 2011.

(5)

La Unión Europea y el Reino de Dinamarca por lo que respecta a las Islas Feroe depositaron sus instrumentos de aceptación ante el depositario del Convenio el 26 de marzo de 2012 y el 9 de septiembre de 2013, respectivamente. Como consecuencia de ello, en aplicación de su artículo 10, apartado 3, el Convenio entró en vigor, en relación con la Unión y las Islas Feroe, el 1 de mayo de 2012 y el 1 de noviembre de 2013, respectivamente.

(6)

Por lo tanto, el Protocolo 3 debe ser sustituido por un nuevo Protocolo en el que se haga referencia al Convenio.