(1)

En el contexto de su programa de ajuste económico, Grecia ha emprendido un programa de privatización (2). Larco General Mining & Metallurgical Company S.A. («Larco») es una de las empresas de propiedad estatal elegidas para ser privatizadas.

(2)

En marzo de 2012, el Fondo Helénico para el Desarrollo de Activos («HRADF») (3) informó a la Comisión sobre el proyecto de privatización de Larco. Con el fin de aclarar si el proyecto de privatización podría plantear problemas en al ámbito de las ayudas estatales, en abril de 2012 la Comisión abrió un expediente de oficio e inició una evaluación preliminar.

(3)

En el contexto de estas conversaciones, la respuesta de las autoridades griegas a un cuestionario el 16 de marzo de 2012 puso de manifiesto que Larco ya se había beneficiado de medidas estatales. La Comisión solicitó información adicional mediante correos electrónicos de 18 y 24 de abril, 5 de julio, 22 de agosto y 7 de diciembre de 2012, y por cartas de 4 de mayo de 2012 y de 14 de enero de 2013, a los que las autoridades griegas respondieron el 20 y 26 de abril, 3 de octubre, 13 y 15 de noviembre, 7 y 24 de diciembre de 2012 y el 18 de enero de 2013. El 30 de abril y el 11 de septiembre de 2012 se celebraron reuniones entre los servicios de la Comisión y representantes de las autoridades griegas, en Atenas, y el 25 de enero de 2013, en Bruselas.

(4)

Por carta de 6 de marzo de 2013 («la Decisión de 6 de marzo de 2013»), la Comisión informó a Grecia de que había decidido incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del Tratado en relación con determinadas medidas de ayuda descritas en la sección 2.2 («el procedimiento de investigación formal»).

(5)

La Decisión de 6 de marzo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (4). La Comisión invitó a las autoridades griegas y a los terceros interesados a que presentaran sus observaciones sobre las medidas de ayuda.

(6)

La Comisión recibió observaciones de las autoridades griegas el 30 de abril de 2013. No recibió observaciones de terceros interesados.

(7)

Por correo electrónico de 21 de enero de 2014, las autoridades griegas informaron a la Comisión de que aceptaban la adopción de la Decisión en lengua inglesa.

(8)

Larco está especializada en la extracción y el tratamiento de mineral de laterita, extracción de lignito y producción de ferro-níquel y sus subproductos. Sus actividades incluyen la prospección, desarrollo, explotación minera, fundición y comercio de sus productos en todo el mundo. Larco es uno de los mayores productores del mundo de ferro-níquel. En 2012 contaba con 960 trabajadores, y, por consiguiente, podía considerarse una gran empresa (5).

(9)

En el momento del procedimiento de investigación formal, el 55,2 % de las acciones de Larco eran propiedad del Estado griego a través de HRADF, el 33,4 %, del National Bank of Greece S.A. (en lo sucesivo, «NBG», una entidad financiera privada) y el 11,4 %, de Public Power Corporation S.A. («PPC», el operador histórico de electricidad de Grecia, cuyo accionista mayoritario es el Estado).

(10)

Larco explota una planta de fundición en Lárimna, Grecia Central. Larco tiene también derechos de explotación minera en diversos lugares de Grecia en cuatro lotes: las minas de Agios Ioannis (cerca de Lárimna), las de Eubea, las de Kastoria y la mina de lignito de Servia.

(11)

Larco fue fundada en 1989 como una nueva empresa tras la liquidación de Hellenic Mining and Metallurgical S.A. de Lárimna (en lo sucesivo, «antigua Larco»). La antigua Larco todavía está en proceso de liquidación, pero sus activos se asignaron a Larco junto con los correspondientes pasivos en 1989. La antigua Larco es, por lo tanto, acreedor de Larco.

(12)

En abril de 1998, Larco y sus principales acreedores, es decir, la antigua Larco, PPC y el Estado griego, llegaron a un acuerdo de liquidación de la deuda. Según el acuerdo de 1998, el pasivo de Larco frente a estos acreedores estaba supuestamente sujeto a un interés del 6 % anual. Sin embargo, la deuda con el Estado griego ha permanecido estable o se ha incrementado ligeramente al menos desde 2004 (6), mientras que la deuda de Larco con la PPC y la antigua Larco se ha eliminado o se ha reducido (7).

(13)

Parece, pues, que el Estado trata su crédito a Larco de forma diferente a los otros dos acreedores.

(14)

El 22 de diciembre de 2008, el Estado aportó una garantía sobre un préstamo de 30 millones EUR del Banco ATE a Larco. La garantía cubría el 100 % del préstamo durante un período de hasta 3 años y aplicaba una prima de garantía del 1 % anual.

(15)

En 2009, a la vista de su patrimonio neto negativo, el Consejo de Administración de Larco propuso una ampliación de capital social de 134 millones EUR, que aprobaron los tres accionistas. Sin embargo, solo el Estado griego ejerció sus derechos en su totalidad, mientras que NBG los ejerció en parte y PPC no participó en absoluto en la ampliación de capital social. Ningún nuevo accionista participó en la ampliación de capital social.

(16)

La ampliación real de capital social solo ascendió a 65,5 millones EUR, de los que el Estado aportó aproximadamente 45 millones EUR (el 69 % del total del capital aportado) y NBG, 20,5 millones EUR (31 %). A pesar de la mala situación financiera de Larco, parece que la ampliación de capital no se basó en un plan de reestructuración para restablecer la viabilidad de la empresa y también parece que NBG dio de baja el valor contable de la empresa «porque el grupo no prevé recuperar el valor contable de la inversión, dado que la empresa atraviesa por importantes problemas financieros» (8) (véase el considerando 45 de la Decisión de 6 de marzo de 2013).

(17)

El 10 de mayo de 2010 el Estado otorgó una garantía para cubrir una carta de garantía que NBG iba a facilitar a Larco por un importe de aproximadamente 10,8 millones EUR. La garantía cubría el 100 % de la carta de garantía con una duración indefinida y tenía una prima de garantía del 2 % anual.

(18)

En 2010, las autoridades tributarias griegas auditaron los estados financieros de Larco y rechazaron el tratamiento contable de algunas pérdidas derivadas de contratos de cobertura para el precio del níquel. Como consecuencia del registro erróneo de las pérdidas, se le impuso a Larco una multa fiscal de 190 millones EUR (9).

(19)

Posteriormente, Larco recurrió la imposición de la multa fiscal en los tribunales griegos. Según la legislación griega (10), la entidad que debe asumir una multa fiscal debe abonar previamente el 25 % del importe en cuestión para poder recurrirla ante los tribunales (en este caso, el 25 % se elevaría a 47 millones EUR).

(20)

Sin embargo, en el caso de Larco un tribunal administrativo griego decidió eximir a la empresa de la obligación del pago previo del 25 % de la multa fiscal, sustituyéndolo por la obligación de depositar cartas de garantía por solo 1,5 millones EUR.

(21)

El 30 de diciembre de 2011, el Estado aportó dos garantías sobre dos préstamos por valor de 30 millones EUR y 20 millones EUR del Banco ATE. Uno de los préstamos (el de 20 millones EUR) había vencido en el momento en que se concedió la garantía. Las garantías aportaban una cobertura del 100 % y se aplicaba una prima del 1 % anual

(22)

En la Decisión de 6 de marzo de 2013, (considerandos 18 a 25), la Comisión llegaba a la conclusión preliminar de que Larco podía ser considerada una empresa en crisis desde 2007 a tenor de las Directrices de salvamento y de reestructuración (11). En este contexto, la Comisión llegaba a la conclusión preliminar de que las seis medidas constituían ayuda estatal y expresó sus dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior.

(23)

Si las medidas señaladas constituyeran ayuda estatal, se habrían concedido infringiendo las obligaciones de notificación y de suspensión establecidas en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(24)

En sus observaciones en el contexto del procedimiento formal de investigación, las autoridades griegas alegaron que Larco no era una empresa en crisis durante los años 2008 y 2009 porque las pérdidas registradas se debían a la bajada del precio mundial del ferro-níquel durante esos años. Las autoridades griegas sostenían que Larco solo era una empresa en crisis desde 2010.

(25)

Las autoridades griegas alegaban que el crédito del Estado frente a Larco no equivalía a fondos estatales, ya que era inicialmente un crédito privado otorgado por la Organisation for Entreprise Restructuring S.A. («OER»). Cuando OER fue liquidada, con arreglo a la Ley 2741/1999, la totalidad de sus créditos se cedió al Estado.

(26)

Además, las autoridades griegas explicaron que el acuerdo de liquidación de la deuda de 1998 contenía normas específicas sobre la tramitación y recaudación de la deuda pendiente que serían aplicables al final de cada ejercicio como sigue:

(27)

Si Larco no obtenía beneficios después de 1999, los acreedores tenían derecho a intentar cobrar la deuda por diversos medios, como considerar el pago vencido, la capitalización de la deuda, etc. No obstante, los acreedores no tenían derecho a la ejecución forzosa de la deuda pendiente, por ejemplo, mediante el embargo de los activos de la sociedad o el inicio forzoso del procedimiento de quiebra contra la empresa.

(28)

Hasta 2003, los acreedores recibieron los intereses devengados, según lo acordado. Durante el período 2004-2007, Larco no obtuvo beneficios y, por tanto, no hubo reembolso de los intereses devengados. En 2007, PPC celebró un acuerdo sobre materias primas con Larco, acuerdo que aceptaron todos los acreedores, por el cual Larco suministraba lignito a PPC, reduciendo así la deuda en consecuencia. La deuda con PPC se saldó completamente en 2011.

(29)

El administrador de la antigua Larco ha intentado cobrar la deuda por vía judicial y, al parecer, ya se han pagado algunas cantidades. Para 2011, la antigua Larco ya había cobrado 5 millones EUR de su deuda pendiente con arreglo al Acuerdo de 1998. Puesto que la antigua Larco tiene también deudas contraídas con el Estado griego, este cobró la totalidad de los 5 millones EUR.

(30)

Por lo que se refiere a la deuda directa de Larco con el Estado griego, el Estado había enviado periódicamente a Larco las facturas por el importe anual de la deuda, incluidos los intereses devengados.

(31)

Por lo tanto, las autoridades griegas alegaron que la deuda derivada del Acuerdo de 1998 no podía ser considerada fondos estatales y que, en cualquier caso, no existía una ventaja selectiva en favor de Larco.

(32)

Las autoridades griegas alegaron la Comunicación sobre las garantías (12) y, en particular, el punto 3.2, que incluye las condiciones en las que la Comisión puede descartar la presencia de ayuda estatal en una garantía individual. Según las autoridades griegas:

(33)

Por lo tanto, las autoridades griegas alegaron que la garantía estatal de 2008 no constituye ayuda estatal.

(34)

Las autoridades griegas aclararon que la Medida 2 se concedió en virtud de la Decisión ministerial YA 2/93378/0025, de 22 de diciembre de 2008, y cubría el importe exacto de 30 000 000 EUR:

(35)

Las autoridades griegas alegaron que la participación del Estado en la ampliación de capital pretendía proteger el valor de la empresa, teniendo en cuenta su futura privatización, y con el fin de llevar a cabo el plan de reestructuración. En su decisión, el Estado tuvo en cuenta el potencial de crecimiento de Larco, el valor de sus activos y la situación general del mercado de ferro-níquel, así como las medidas de reducción de costes y de reestructuración.

(36)

NBG aportó el 31 % de la ampliación de capital. Contrariamente al Estado, NBG decidió ejercer sus derechos solo en parte. Las autoridades griegas alegaron que el objetivo de NBG era mantener un cierto control sobre la empresa y, por lo tanto, sus acciones no debían considerarse como una falta de confianza en el futuro de Larco. En efecto, NBG redujo su participación en Larco al mínimo necesario, según la legislación griega, para tener derecho de veto sobre determinadas decisiones importantes en el Consejo de Administración.

(37)

El tercer accionista, PPC, explícitamente decidió no participar en la ampliación de capital, aceptando que se diluyera su participación. Las autoridades griegas alegaron que PPC no participó porque su intención era permitir que el Estado dispusiera de una participación mayoritaria, con vistas a la privatización de la empresa.

(38)

En conclusión, las autoridades griegas afirmaron que el Estado actuó como un inversor en una economía de mercado y que, por consiguiente, la ampliación de capital de 2009 no constituía ayuda estatal.

(39)

Por lo que se refiere a la fecha de concesión, las autoridades griegas no proporcionaron información concluyente. Las actas de la junta de accionistas muestra que el Estado griego aportó 15 000 000 EUR para la ampliación de capital el 15 de abril de 2009, con arreglo al documento Οικ2/27694/0025 del Ministerio de Hacienda, dentro de la aportación total del Estado a la ampliación de capital social, que ascendió a 44 999 999,40 EUR. Los estados financieros de Larco de 2009 muestran que la ampliación de capital se decidió el 14 de mayo de 2009, pero no aclaran cuando se produjo realmente la aportación de nuevo capital.

(40)

Las autoridades griegas explicaron que, en el marco del Acuerdo de 1998, la antigua Larco había intentado el cobro de la deuda de Larco ante los tribunales griegos y había habido una serie de sentencias judiciales y autos de anulación, entre otras cosas en lo que respecta a una deuda de aproximadamente 10,5 millones EUR (13).

(41)

En el contexto de un recurso interpuesto por Larco y por el peligro de daño irreparable, el Tribunal Supremo de Grecia suspendió el pago de la deuda de aproximadamente 10,5 millones EUR, hasta que el tribunal competente dictara sentencia firme. La suspensión se concedió a condición de que Larco aportara una carta de garantía a la antigua Larco por el importe suspendido. NBG aportó a Larco la carta de garantía por aproximadamente 10,8 millones EUR (10,5 millones EUR de la deuda impugnada inicialmente + 0,3 millones EUR de costas judiciales). La carta de garantía fue a su vez cubierta por una garantía estatal por la totalidad del importe, a la que se aplicaba una prima del 2 % anual durante un período de tiempo ilimitado.

(42)

Las autoridades griegas explicaron que el Estado concedió esa medida como accionista con la intención de cumplir las condiciones de la suspensión y proteger su inversión, ante la eventualidad de que las deudas se declararan morosas. En caso contrario, la suspensión no habría sido aplicable y la antigua Larco habría tenido derecho a exigir el cobro de la deuda, por ejemplo, embargando los activos de Larco. Larco podría entonces quebrar. Según las autoridades griegas, NBG no habría concedido la carta de garantía sin la garantía estatal.

(43)

Las autoridades griegas aclararon que la medida 4 se concedió en virtud de la Decisión ministerial YA 2/923/0025 de 10 mayo de 2010 y cubría el importe exacto de 10 510 824,95 EUR y 310 000 EUR de costas judiciales, es decir, en total, 10 820 824,95 EUR.

(44)

Las autoridades griegas aclararon que la medida en cuestión se refiere a un impuesto adicional, y no a una multa fiscal. El impuesto adicional se impuso porque las autoridades fiscales no estuvieron de acuerdo en que las pérdidas derivadas de contratos de cobertura se dedujeran de los ingresos netos de Larco, como defendía la empresa. Las autoridades griegas también aclararon que el Tribunal solicitó a Larco que presentara cartas de garantía por un valor total de 4,7 millones EUR.

(45)

Las autoridades griegas aportaron pruebas de que Larco estaba autorizada para sustituir el prepago del impuesto adicional por cartas de garantía sobre la base de una disposición jurídica de carácter general. La sentencia del Tribunal que permitía a Larco sustituir el prepago del impuesto adicional por cartas de garantía, de conformidad con la legislación nacional (14), aplicó una prueba de sopesamiento, teniendo en cuenta los beneficios del acreedor (el Estado) y la viabilidad del deudor (Larco), y así decidió la suspensión temporal de la obligación del prepago de 47 millones EUR (es decir, el 25 % de los impuestos adicionales), sustituyéndolo por cartas de garantía de 4,7 millones EUR en total. Dicha suspensión debía aplicarse hasta que se dictara una sentencia firme en el litigio interpuesto por Larco contra el Estado por la imposición del impuesto adicional.

(46)

Además, las autoridades griegas alegaron que las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden ser imputables al Estado.

(47)

Las autoridades griegas también explicaron que, pese a la suspensión temporal, el Estado, en la práctica, había anulado el efecto financiero de dicha suspensión al compensar la deuda tributaria adicional de Larco con las cantidades adeudadas por el Estado a Larco, como las devoluciones en concepto del impuesto sobre la renta o el IVA. Esto ha sido posible por la reciente legislación para acelerar la recaudación fiscal en Grecia.

(48)

Así pues, al parecer el Estado ya había recaudado como mínimo 16,1 millones EUR del importe adeudado por el prepago de la deuda tributaria adicional de Larco.

(49)

Las autoridades griegas aclararon que ninguno de los dos préstamos para los que se concedieron las garantías estaba en mora. El préstamo de 20 millones EUR fue concedido por el Banco ATE como una refinanciación de un préstamo anterior de 20 millones EUR, que estaba en mora.

(50)

Las autoridades griegas alegaron que las dos garantías estatales no implicaban recursos estatales, ya que el Estado adeudaba 60 millones EUR a Larco por las devoluciones en concepto del IVA. Por lo tanto, si se ejecutaran las garantías, los importes podrían compensar la deuda pendiente del Estado.

(51)

Las autoridades también alegaron que, si la medida constituyera ayuda, debería ser considerada compatible con el mercado interior, puesto que cumplía el Marco temporal (15) y el correspondiente régimen griego temporal de garantías de préstamo («régimen temporal de garantías») (16). En particular, dichas autoridades consideraban que, dejando aparte el hecho de que Larco era una empresa en crisis en el momento en que se concedió la medida, se cumplían las demás condiciones del régimen:

(52)

Por último, las autoridades griegas alegaron que si la Comisión concluyera que la medida constituía ayuda y que no se reunían las condiciones del régimen temporal de garantías, las medidas deberían considerarse ayuda de salvamento. Dicha ayuda debería considerarse notificada, puesto que la Comisión tuvo conocimiento de la medida por la respuesta al cuestionario de 16 de marzo de 2012, en la fase preliminar de la investigación de oficio.

(53)

Según las autoridades griegas, la ayuda cumplía los requisitos de las Directrices de salvamento y reestructuración, puesto que:

(54)

Las autoridades griegas aclararon que la Medida 6 se concedió en virtud de i) la Decisión ministerial YA 2/95156/0025, de 30 de diciembre de 2011, que cubría el importe exacto de 30 000 000 EUR, y ii) la Decisión ministerial YA 2/95161/0025, de 30 de diciembre de 2011, por el importe exacto de 20 000 000 EUR.

(55)

La presente Decisión aborda como punto preliminar la cuestión de si Larco es una empresa en crisis a tenor de las Directrices de salvamento y reestructuración. Posteriormente, la Decisión evaluará si las medidas en cuestión constituyen ayuda estatal a favor de Larco, a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y, por último, si dicha ayuda podría ser compatible con el mercado interior.

(56)

En su Decisión de 6 de marzo de 2013 y, en particular, en los considerandos 18 a 25, la Comisión concluyó, con carácter preliminar, que Larco era una empresa en crisis en el momento en que se concedieron las seis medidas en cuestión. Los datos financieros clave de Larco durante el período 2007-2011 se recogen en el cuadro:

Datos financieros clave de Larco de 2007-6/2012 (millones EUR)

(57)

El punto 10, letra a), de las Directrices de salvamento y reestructuración establece que las sociedades de responsabilidad limitada se considerarán en crisis cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se haya perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses. Dicha disposición refleja el supuesto de que una empresa que sufre una pérdida masiva de su capital suscrito será incapaz de enjugar pérdidas que la conducirán a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo (como expone el punto 9 de las Directrices de salvamento y reestructuración).

(58)

Además, según el punto 11 de las Directrices de salvamento y reestructuración, se podrá considerar que una empresa está en crisis «cuando estén presentes los síntomas habituales de crisis como el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto». A este respecto, según el Tribunal General, «la existencia de un capital propio negativo […] puede considerarse un indicador importante de una situación de dificultad financiera de una empresa» (17).

(59)

Según los estados financieros de Larco para el período 2007-Primer semestre de 2012, el capital suscrito de la empresa no se redujo en más de la mitad. Sin embargo, durante el mismo período, el patrimonio neto de la sociedad pasó a ser negativo. En asuntos anteriores, la Comisión ha considerado que, cuando una sociedad tiene un patrimonio negativo, la implicación es que se ha perdido la totalidad de su capital suscrito y existe una presunción, a priori, de que se reúnen los criterios del punto 10, letra a), de las Directrices de salvamento y de reestructuración (18).

(60)

En el caso de Larco, la Comisión considera que su capital suscrito parece que no se redujo en más de la mitad, ya que la empresa no adoptó medidas adecuadas, como prevé generalmente la legislación griega (19). Dichas medidas adecuadas están orientadas a convertir el patrimonio de una empresa de negativo en positivo y, al mismo tiempo, a aumentarlo a un nivel adecuado. Esas medidas adecuadas podrían ser la capitalización de pérdidas o bien un aumento de capital, o ambas cosas.

(61)

A este respecto, la Comisión considera que una capitalización de pérdidas habría dado lugar a la pérdida de la totalidad del capital suscrito de la empresa, ya que las pérdidas acumuladas eran mayores que el capital suscrito. Por esta razón, la Comisión considera que, en el presente asunto, desde 2008 se reúnen los criterios mencionados en el punto 10, letra a), de las Directrices de salvamento y de reestructuración.

(62)

Además, por lo que se refiere a los criterios del punto 11 de las Directrices de salvamento y reestructuración, Larco sufrió una disminución significativa del volumen de negocios desde 2007 hasta 2009 e incurrió en pérdidas importantes en 2008 y 2009, por un importe total de 221 millones EUR (116 millones EUR y 105 millones EUR, respectivamente). En 2010 y 2011, la empresa había aumentado su volumen de negocios y los ingresos, pero estos aumentos no fueron suficientes para permitir su recuperación financiera. Durante el mismo período, su patrimonio neto seguía siendo negativo y su deuda continuó creciendo. Por otra parte, las operaciones de Larco volvieron a ser deficitarias en el primer semestre de 2012.

(63)

La Comisión no está de acuerdo con el argumento de las autoridades griegas de que Larco no estaba en crisis durante los años 2008 y 2009 porque las pérdidas se debieron a la bajada del precio del ferro-níquel.

(64)

En primer lugar, el hecho de que una bajada del precio del ferro-níquel generara pérdidas y contribuyera a las dificultades de Larco no altera en sí mismo la conclusión de que Larco mostraba los síntomas habituales de una empresa en crisis. Una empresa saneada tendría que adaptar sus costes a tales cambios de precios con el fin de evitar pérdidas.

(65)

En segundo lugar, en los años 2008 y 2009 la empresa presentó un patrimonio negativo y su deuda iba en aumento (un 63 % entre 2007 y 2008). Aunque el precio del ferro-níquel y el volumen de negocios aumentaron significativamente después de 2010, los resultados financieros posteriores de Larco indican que sus dificultades persistieron. Por lo tanto, no puede concluirse que las pérdidas de 2008 y 2009 solo se debieran a los bajos precios del ferro-níquel.

(66)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, se concluye que Larco era una empresa en crisis, a tenor de las Directrices de salvamento y reestructuración, en el momento en que se concedieron las seis medidas en cuestión.

(67)

El artículo 107, apartado 1, del Tratado dispone que serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(68)

De acuerdo con la práctica reiterada de la Comisión, confirmada por la jurisprudencia, el criterio para evaluar si una transacción entre un organismo público y una empresa constituye ayuda estatal es el principio del inversor o del acreedor en una economía de mercado (en lo sucesivo, «PIEM» o «PAEM») (20). De este principio se deriva que, cuando el Estado actúa en un mercado como un operador comercial, debe hacerlo de un modo comparable al de un operador privado. Si el Estado no actúa así, podría existir ayuda estatal. En otras palabras, el parámetro de referencia para apreciar si una transacción implica ayuda estatal es si un operador privado que se encontrara en una situación similar se habría comportado de la misma manera. En aplicación de este principio, no pueden tenerse en cuenta consideraciones no económicas como razones para la concesión de medidas de apoyo.

(69)

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no puede aceptar el argumento de las autoridades griegas de que el crédito de OER era un crédito privado. Con arreglo a la Ley griega 1386/1983 (artículo 1) (21), por la que se crea OER, «OER actuará en beneficio del interés social, bajo la supervisión del Estado». Según el artículo 3 de dicha Ley, el Estado era el único accionista de OER. Además, el Estado tenía la posibilidad de designar directamente al presidente y a dos de los ocho miembros del Consejo de Administración y, de manera indirecta, a otros cuatro miembros. De lo anterior se desprende que los recursos de OER representan fondos estatales y, por tanto, cualquier crédito de OER parece ser imputable al Estado.

(70)

Las pruebas aportadas por las autoridades griegas muestran que la deuda de Larco con OER (posteriormente cedida al Estado) había sido comunicada y facturada regularmente, de conformidad con el Acuerdo de liquidación de la deuda de 1998. Parte de la deuda se cobró cuando lo permitió la rentabilidad de la empresa. Larco emprendió inversiones durante ese período, lo que redujo los reembolsos, pero estas inversiones fueron acordadas por todos los acreedores. Con arreglo al Acuerdo, los acreedores no tenían derecho a la ejecución forzosa de la deuda pendiente.

(71)

Habida cuenta de cuanto antecede, se concluye que la Medida 1 cumplía el PAEM, puesto que el Estado, como acreedor, actuó de forma comparable a la de un acreedor privado, ya que utilizó todos los medios a su disposición dentro del marco contractual acordado para cobrar la deuda.

(72)

Las garantías estatales ponen en riesgo los fondos estatales ya que su ejecución se cubre mediante el presupuesto del Estado. Además, cualquier garantía que no esté adecuadamente remunerada supone una pérdida de recursos financieros para el Estado. Así pues, en esta medida se cumple el criterio de los fondos estatales y la imputabilidad al Estado, lo que no discuten las autoridades griegas.

(73)

La Comisión no está de acuerdo con el argumento de las autoridades griegas de que se reúnen las condiciones del punto 3.2 de la Comunicación sobre las garantías. La Comisión ha establecido que Larco era una empresa en crisis en 2008. Además, una prima de garantía anual de un 1 % no puede considerarse que refleje el riesgo de impago de los préstamos garantizados, habida cuenta de las importantes dificultades financieras de Larco y, en particular, su alto coeficiente de endeudamiento.

(74)

La Comisión considera que un acreedor razonable en una economía de mercado no habría concedido a Larco una garantía en esas condiciones. Puesto que la medida se concedió a Larco de forma selectiva, la Comisión concluye que la garantía estatal de 2008 otorgó una ventaja selectiva al beneficiario.

(75)

Larco se dedica a un sector cuyos productos son objeto de intercambios entre los Estados miembros y la propia empresa exporta la mayor parte de su producción a otros Estados miembros. Además, existe extracción, fundición y refinado de níquel en otros seis Estados miembros aparte de Grecia, a saber: Austria, Finlandia, Francia (Nueva Caledonia), España, Suecia y el Reino Unido (22). El níquel se negocia en bolsa en casi todos los Estados miembros (23).

(76)

Las medidas en cuestión permiten a Larco seguir en funcionamiento, de tal modo que, a diferencia de otros competidores con dificultades financieras, no tiene que afrontar las consecuencias que normalmente se derivan de unos difíciles resultados financieros. Esto falsea la competencia, ya que otras empresas activas en los mismos mercados tienen que funcionar sin esa ayuda estatal.

(77)

Por lo tanto, se concluye que la Medida 2 constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado. La Comisión considera que la ayuda asciende al importe del préstamo garantizado, ya que es dudoso que Larco, teniendo en cuenta sus dificultades económicas, hubiera conseguido financiación en el mercado, independientemente de las condiciones. En otras palabras, la Comisión considera que Larco recibió una ventaja igual al importe del préstamo garantizado, ya que sin la garantía estatal no habría podido conseguir esa financiación en el mercado.

(78)

La Comisión no dispone de información que indique que se ha ejecutado la garantía.

(79)

La participación del Estado en la ampliación de capital de 2009 de Larco implica fondos estatales y es imputable al Estado. Por tanto, se cumple este criterio, lo que no discuten las autoridades griegas.

(80)

La Comisión no ha recibido pruebas convincentes de las autoridades griegas que justificaran su argumento de que el Estado actuó como un inversor razonable en una economía de mercado. De hecho, las actas de las juntas de accionistas aportadas como prueba sugieren que no a estos no se les presentó ningún plan de reestructuración antes de la ampliación de capital, a pesar de que Larco era una empresa en crisis. Además, el importe definitivo de la ampliación de capital fue insuficiente al final para cubrir el patrimonio negativo de Larco y, por tanto, no podría considerarse como una medida de protección de su valor y de apoyo a su reestructuración.

(81)

Por lo que se refiere a la participación de NBG, la Comisión recuerda la aclaración del Tribunal: «la concomitancia, por sí sola, aun en presencia de inversiones privadas significativas, no puede bastar para concluir que no existe ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, sin tener en cuenta otros elementos pertinentes de hecho o de Derecho.» (24).

(82)

De hecho, la participación parcial de NBG no puede utilizarse como prueba de concomitancia entre el Estado y los accionistas privados, ya que NBG estaba expuesto a Larco no solo como accionista, sino también como acreedor. Su decisión de participar parcialmente en la ampliación de capital fue, por lo tanto, un medio para proteger no solo el valor de su inversión, sino también su posición como acreedor.

(83)

Por otra parte, el Estado ya había aportado a Larco la garantía estatal de 2008. Así pues, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia pertinente, la participación del Estado en la ampliación de capital de 2009 no puede considerarse de manera aislada, sino que debe ser considerada en el contexto de otras medidas de ayuda (25).

(84)

Por último, las actas de las juntas de accionistas no apoyan el argumento de las autoridades griegas de que la intención de PPC era permitir al Estado una amplia participación mayoritaria. Más bien, PPC simplemente declaró que no iba a participar en la ampliación de capital.

(85)

Por tanto, la Comisión considera que un inversor razonable en una economía de mercado no habría participado en la ampliación de capital de Larco en esas condiciones. Puesto que la medida se concedió a Larco de forma selectiva, la Comisión concluye que la participación del Estado en la ampliación de capital de 2009 concedió al beneficiario una ventaja selectiva.

(86)

Por los motivos expuestos en los considerandos 75 y 76, la medida puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia.

(87)

Por lo tanto, se concluye que la Medida 3 constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado. Dado que no se discute que el Estado ejerció plenamente sus derechos en la ampliación del capital social [poco claro], el valor de la Medida 3 asciende a 44 999 999,40 EUR.

(88)

Por lo que se refiere a la fecha de concesión, del acta de la junta de accionistas de 14 de mayo de 2009 se deduce que el Estado griego aportó 15 000 000 EUR a la ampliación de capital el 15 de abril de 2009 (26), dentro de la aportación total del Estado a la ampliación de capital social [poco claro], que ascendió a 44 999 999,40 EUR. La Comisión no dispone de información acerca de la fecha en la que se concedió el importe restante de la aportación del Estado a la ampliación de capital social de la empresa.

(89)

Por los mismos motivos que en la Medida 2, en la Medida 4 se cumple el criterio de los fondos estatales y la imputabilidad al Estado, lo que no discutieron las autoridades griegas.

(90)

La Comisión reconoce que puede resultar práctica comercial común que los accionistas aporten garantías en condiciones similares a las del presente asunto. Sin embargo, dado que NBG era también accionista de Larco, la Comisión considera que sería normal que los accionistas compartieran proporcionalmente la exposición derivada de la garantía en cuestión. En cambio, el Estado asumió todo el riesgo, aportando una garantía para una deuda, cuando Larco estaba en crisis y su deuda iba ya en aumento.

(91)

Al igual que en lo que respecta a la Medida 2, no se cumplen las condiciones establecidas en la sección 3.2 de la Comunicación sobre las garantías, dado que una prima del 2 % no puede considerarse que reflejara el riesgo de impago por parte de Larco.

(92)

Así pues, la Comisión considera que un acreedor razonable en una economía de mercado no hubiera proporcionado a Larco una garantía en esas condiciones. Puesto que la medida se concedió a Larco de forma selectiva, la Comisión concluye que otorgó una ventaja selectiva al beneficiario.

(93)

Por los motivos expuestos en los considerandos 75 y 76, la medida puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia.

(94)

Por lo tanto, se concluye que la Medida 4 constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado. La Comisión considera que el importe de la ayuda es igual al importe garantizado, ya que es evidente que, independientemente de las condiciones, ningún operador de mercado razonable habría podido garantizar dicho importe a Larco, teniendo en cuenta sus dificultades económicas. En otras palabras, la Comisión considera que Larco recibió una ventaja igual al importe garantizado, ya que sin la garantía estatal no habría podido conseguir una garantía en el mercado.

(95)

La Comisión no dispone de información que indique que se ha ejecutado la garantía.

(96)

La Comisión toma nota de las aclaraciones de las autoridades griegas por lo que se refiere a las circunstancias que rodean a la Medida 5.

(97)

A la luz de las pruebas presentadas por las autoridades griegas, la Comisión está de acuerdo en que el derecho a sustituir el prepago del impuesto adicional por cartas de garantía se lo concedió a Larco el Tribunal sobre la base de criterios objetivos, que se habrían aplicado a cualquier empresa en una situación similar. Por tanto, se concluye que la Medida 5 no implica una ventaja selectiva para Larco.

(98)

La Comisión toma nota de las aclaraciones de las autoridades griegas por lo que se refiere a las circunstancias que rodean a la Medida 6.

(99)

La Comisión no está de acuerdo con las autoridades griegas en que la Medida 6 no comporta fondos estatales. En primer lugar, como se ha explicado con respecto a la Medida 2, las garantías estatales ponen en riesgo los fondos estatales ya que su ejecución se cubre mediante el presupuesto del Estado. Además, cualquier garantía que no esté adecuadamente remunerada con una prima de mercado supone una pérdida de recursos financieros para el Estado. Por otra parte, el argumento sobre la deuda pendiente de 60 millones EUR en concepto de IVA parece contradecir las observaciones formuladas en relación con la Medida 5, en relación con la cual las autoridades griegas alegaron que legal y deliberadamente no devolvieron el IVA adeudado, con el fin de compensar la suspensión del prepago del impuesto adicional.

(100)

Por tanto, la Comisión considera que esta medida reúne el criterio de los fondos estatales y la imputabilidad al Estado.

(101)

Al igual que en las Medidas 2 y 4, tampoco en el caso de esta medida se cumplen las condiciones establecidas en el punto 3.2 de la Comunicación sobre las garantías.

(102)

Así pues, la Comisión considera que un acreedor razonable en una economía de mercado no habría concedido a Larco una garantía en esas condiciones. Puesto que la medida se concedió a Larco de forma selectiva, la Comisión concluye que otorgó una ventaja selectiva al beneficiario.

(103)

Por los motivos expuestos en los considerandos 75 y 76, la medida puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia.

(104)

Por lo tanto, se concluye que la Medida 6 constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado. Al igual que en el caso de la Medida 2, la Comisión considera que el importe de la ayuda asciende al importe de los préstamos garantizados, ya que es dudoso que Larco, teniendo en cuenta sus dificultades económicas, hubiera conseguido financiación en el mercado, independientemente de las condiciones.

(105)

La Comisión no dispone de información que indique que se ha ejecutado la garantía.

(106)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que las Medidas 1 y 5 no constituyen ayuda estatal, mientras que las medidas 2, 3, 4 y 6 constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(107)

Por lo tanto, la ayuda estatal comprendida en la Medida 2 asciende a 30 000 000 EUR, concedidos el 22 de diciembre de 2008. La ayuda estatal comprendida en la Medida 3 asciende a 44 999 999,40 EUR, pero la fecha o fechas de su concesión deben ser aclaradas por las autoridades griegas. La ayuda estatal comprendida en la Medida 4 asciende a 10 820 824,95 EUR, concedida el 10 de mayo de 2010 y el total de la ayuda estatal comprendida en la Medida 6 asciende a 50 000 000 EUR (que resultan de 30 000 000 EUR + 30 000 000 EUR) concedida el 30 de diciembre de 2011.

(108)

Las Medidas 2, 3, 4 y 6 constituyen ayuda estatal y se concedieron infringiendo las obligaciones de notificación y de suspensión establecidas en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. Por consiguiente, estas medidas constituyen ayuda estatal ilegal.

(109)

Si, como queda demostrado, algunas medidas constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, procede examinar su compatibilidad a la vista de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 de dicho artículo.

(110)

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde al Estado miembro aducir posibles razones de la compatibilidad con el mercado interior y demostrar que se cumplen las condiciones de dicha compatibilidad (27).

(111)

En el caso de las Medidas 2 y 4, las autoridades griegas no han aducido ninguna posible justificación de la compatibilidad de las ayudas, ya que alegaron que las medidas no constituían ayuda estatal.

(112)

Habida cuenta de que las medidas constituyen ayuda estatal, deben evaluarse en lo que se refiere a su compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado CE y, en particular, a la luz de las Directrices de salvamento y reestructuración, puesto que Larco ha sido una empresa en crisis al menos desde 2008. Según el punto 20 de las Directrices de salvamento y reestructuración, «una empresa en crisis no puede considerarse un instrumento adecuado para promover otros objetivos políticos hasta que su viabilidad no esté garantizada. Por consiguiente, la Comisión considera que la ayuda a empresas en crisis puede contribuir al desarrollo de actividades económicas sin afectar negativamente al comercio en forma contraria al interés común, únicamente si se cumplen los requisitos que figuran en las presentes Directrices.».

(113)

Sin embargo, en este asunto no se cumplen las condiciones pertinentes de las Directrices de salvamento y reestructuración (punto 3.1). Ni se había puesto fin a las garantías después de seis meses ni las autoridades griegas notificaron un plan de reestructuración que restableciera la viabilidad de la empresa ni se aplicaron contrapartidas para paliar el falseamiento de la competencia. Por último, no hay pruebas de que la ayuda se limitara al mínimo necesario, especialmente con una importante contribución propia del beneficiario de la ayuda. Las autoridades no presentaron un plan de liquidación.

(114)

Por lo que se refiere a la Medida 6, las autoridades griegas alegan que era compatible con el Marco temporal y el régimen temporal de garantías y, en cualquier caso, que podía considerarse ayuda de salvamento.

(115)

La Comisión no está de acuerdo con los argumentos de las autoridades griegas. Considera que no se cumplían las condiciones del Marco temporal y el régimen temporal de garantías, puesto que Larco era una empresa en crisis. El importe total de las dos garantías superaba los costes salariales anuales de Larco, la garantía superaba el 90 % del préstamo y el 1 % anual no podía considerarse una prima de mercado que reflejara el riesgo de impago del importe garantizado.

(116)

En cuanto a la alegación de que la medida equivalía a una ayuda de salvamento, aunque la Comisión ha mantenido conversaciones con las autoridades griegas sobre Larco desde 2011, dichas autoridades nunca mencionaron que las garantías de 2011 debieran considerarse ayuda de salvamento y nunca presentaron una notificación a tal efecto. De hecho, en su respuesta al cuestionario de 16 de marzo de 2012, declararon explícitamente que la empresa no se había beneficiado de ayudas de salvamento o de reestructuración durante los últimos 10 años.

(117)

En cualquier caso, en este asunto tampoco se cumplen las condiciones pertinentes de las Directrices de salvamento y reestructuración. Ni se extinguieron después de seis meses las garantías de 2011 ni las autoridades griegas notificaron un plan de reestructuración o de liquidación. El plan de negocio que justificaba la necesidad de 30 millones EUR para inversiones no puede constituir la base de un plan de reestructuración compatible a efectos de las Directrices de salvamento y reestructuración. El motivo es que dicho plan no pretendía restablecer la viabilidad de la empresa ni se habían previsto contrapartidas para paliar el falseamiento de la competencia. Por último, no había pruebas de que la ayuda se limitara al mínimo necesario, especialmente gracias a una importante contribución propia del beneficiario de la ayuda. Las autoridades tampoco presentaron un plan de liquidación.

(118)

La Comisión no ha identificado ningún otro posible motivo de compatibilidad de las Medidas 2, 4 y 6.

(119)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que las Medidas 2, 4 y 6 son incompatibles con el mercado interior.

(120)

Las autoridades griegas no señalaron ningún posible motivo de compatibilidad de la Medida 3, ya que alegaron que la medida no constituía ayuda estatal.

(121)

Dado que la medida constituye ayuda estatal, también debería evaluarse lo referente a su compatibilidad con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración, por las razones expuestas en el considerando 112. Sin embargo, en este asunto tampoco se cumplen las condiciones pertinentes de las Directrices de salvamento y reestructuración. Las autoridades griegas no notificaron nunca un plan de reestructuración que restableciera la viabilidad de la empresa ni se aplicaron contrapartidas para paliar el falseamiento de la competencia. Por último, no hay pruebas de que la ayuda se limitara al mínimo necesario, especialmente con una importante contribución propia del beneficiario de la ayuda.

(122)

La Comisión no ha encontrado ningún otro posible motivo de compatibilidad de esta Medida.

(123)

Ante esta situación, la Comisión considera que la Medida 3 es incompatible con el mercado interior.

(124)

Según el Tratado y reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se comprueba la incompatibilidad de una ayuda con el mercado interior, la Comisión es competente para decidir que el Estado interesado debe suprimirla o modificarla (28). El Tribunal también ha mantenido sistemáticamente que la obligación por parte de un Estado miembro de suprimir ayuda que la Comisión haya considerado incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación existente anteriormente (29). El Tribunal de Justicia ha establecido al respecto que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes recibidos en forma de ayudas ilegales, perdiendo así la ventaja de la que había gozado en el mercado frente a sus competidores, y una vez que se restablece la situación anterior a la concesión de la ayuda (30).

(125)

En la línea de esta jurisprudencia, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo (31) establece que «cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […]».

(126)

Así pues, dado que ninguna de las medidas en cuestión fueron notificadas a la Comisión, infringiendo lo dispuesto en el artículo 108 del Tratado y, por tanto, se consideran ayuda ilegal e incompatible, deben recuperarse con el fin de restablecer la situación que existía en el mercado antes de su concesión. La recuperación se producirá a partir del momento en que se generó la ventaja para el beneficiario, es decir, cuando se puso la ayuda a disposición del beneficiario y devengará intereses hasta su recuperación efectiva.

(127)

La Medidas 1 y 5 no constituyen ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(128)

Grecia aplicó ilegalmente las Medidas 2, 3, 4 y 6, infringiendo el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(129)

En particular, las Medidas 2, 4 y 6 (garantías estatales de 2008, 2010 y 2011) en favor de Larco constituían ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado y eran incompatibles con el mercado interior, porque no se cumplían las condiciones pertinentes de las Directrices de salvamento y reestructuración y no se encontró ningún otro motivo de compatibilidad.

(130)

La Medida 3 (participación del Estado en la ampliación de capital de Larco de 2009) también constituía ayuda estatal y era incompatible con el Tratado, al no cumplirse las condiciones pertinentes de las Directrices de salvamento y reestructuración ni encontrarse ninguna otra base para su compatibilidad.

(131)

La Comisión señala que Grecia ha aceptado que la presente Decisión se adopte en lengua inglesa.