27.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 189/1

(1)

El Derecho de la Unión establece requisitos relativos a los alimentos y a la seguridad alimentaria, así como a los piensos y a la inocuidad de los piensos, en todas las fases de la producción, e incluye normas destinadas a garantizar prácticas equitativas en el comercio y la transmisión de información a los consumidores. También establece requisitos relativos a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de los animales y las zoonosis, así como requisitos sobre el bienestar de los animales, los subproductos animales, las cuestiones fitosanitarias y el material de reproducción vegetal, la protección de las variedades vegetales, los organismos modificados genéticamente, la comercialización y la utilización de productos fitosanitarios y el uso sostenible de los plaguicidas. El Derecho de la Unión también contempla controles y otras actividades oficiales destinadas a garantizar la aplicación efectiva y el cumplimiento de los mencionados requisitos.

(2)

El objetivo general del Derecho de la Unión en dichos ámbitos es contribuir a un alto nivel de protección de la salud de las personas, los animales y los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria, a un alto nivel de protección y de información de los consumidores y a un alto nivel de protección del medio ambiente, al tiempo que se favorece la competitividad y la creación de empleo.

(3)

La consecución de ese objetivo general requiere recursos financieros adecuados. Por consiguiente, es necesario que la Unión contribuya a la financiación de las medidas llevadas a cabo en los diversos ámbitos relativos a dicho objetivo general. Además, con vistas a que el gasto se canalice eficazmente hacia los fines oportunos, deben establecerse objetivos específicos e indicadores para evaluar el logro de dichos objetivos.

(4)

La financiación de la Unión en materia de gasto relativo a alimentos y piensos ha adoptado en el pasado la forma de subvenciones, adjudicación de contratos y pagos a organizaciones internacionales que trabajan en este ámbito. Procede mantener la financiación de la misma manera.

(5)

La financiación de la Unión también puede ser utilizada por los Estados miembros para apoyar actividades de control, prevención o erradicación de plagas o enfermedades de los animales que lleven a cabo organizaciones que trabajen en esos campos.

(6)

Por razones de disciplina presupuestaria, es necesario establecer en el presente Reglamento la lista de las medidas que pueden disfrutar de una contribución de la Unión, así como los costes subvencionables y los porcentajes aplicables.

(7)

Teniendo en cuenta el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (3) el importe máximo para los gastos relacionados con los alimentos y los piensos para el período 2014- 2020 se establece en 1 891 936 000 EUR.

(8)

Además, debe concederse financiación a escala de la Unión para hacer frente a circunstancias excepcionales tales como situaciones de emergencia relacionadas con la sanidad animal y vegetal, cuando los créditos con cargo a la línea presupuestaria 3 sean insuficientes, pero sean necesarias medidas de emergencia. La financiación para hacer frente a tales crisis deberá movilizarse recurriendo, por ejemplo, al instrumento de flexibilidad de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (4).

(9)

El Derecho actualmente vigente establece que determinados costes subvencionables se reembolsarían con arreglo a porcentajes fijos. Con respecto a otros gastos, la ley no prevé limitación o reembolso alguno. En aras de la racionalización y simplificación del sistema, debe establecerse un porcentaje fijo máximo de reembolso. Es conveniente establecer dicho porcentaje en la cuantía habitualmente aplicada a las subvenciones. También es necesario prever la posibilidad de aumentar ese porcentaje máximo en determinadas circunstancias.

(10)

Dada la importancia de conseguir los objetivos del presente Reglamento, es conveniente financiar el 100 % de los costes subvencionables correspondientes a determinadas acciones, siempre que la ejecución de estas también acarree costes no subvencionables.

(11)

La Unión tiene la responsabilidad de garantizar que los fondos se utilicen de forma adecuada, pero también de adoptar medidas para responder a la necesidad de simplificar sus programas de gasto con el fin de reducir la carga administrativa y los costes para los beneficiarios de fondos y para todos los actores implicados, conforme a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 8 de octubre de 2010, titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea».

(12)

El Derecho de la Unión exige que los Estados miembros apliquen determinadas medidas en caso de aparición o desarrollo de determinadas enfermedades de los animales o zoonosis. Por consiguiente, la Unión debe aportar una contribución financiera para esas medidas de emergencia.

(13)

También es necesario reducir el número de brotes de enfermedades de los animales y zoonosis que presenten un riesgo para la salud humana y para la de los animales, mediante las oportunas medidas de erradicación, control y vigilancia, así como prevenir la aparición de dichos brotes. Los programas nacionales destinados a la erradicación, el control y la vigilancia de las enfermedades de los animales y las zoonosis deben beneficiarse, por tanto, de la financiación de la Unión Europea.

(14)

Por motivos de organización y eficiencia de la gestión de los fondos en los ámbitos de la sanidad animal y vegetal, es adecuado establecer normas sobre el contenido, la presentación, la evaluación y la aprobación de los programas nacionales, incluidos los que se aplican en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión contempladas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»). Por las mismas razones, también han de establecerse plazos para la presentación de informes y de solicitudes de pago.

(15)

En la Directiva 2000/29/CE del Consejo (5), se exige que los Estados miembros adopten determinadas medidas de emergencia para la erradicación de organismos nocivos para los vegetales o los productos vegetales (en lo sucesivo, «plagas»). La Unión debe conceder una contribución financiera para la erradicación de dichas plagas. En determinadas condiciones, también debe estar disponible una contribución financiera de la Unión para las medidas de emergencia destinadas a evitar el avance de las plagas que tengan las consecuencias más graves en la Unión y que no puedan erradicarse en determinadas zonas, así como las medidas de prevención relativas a dichas plagas.

(16)

Las medidas de emergencia adoptadas contra las plagas deben poder optar a la cofinanciación de la Unión en caso de que dichas medidas tengan valor añadido para toda la Unión. Por esta razón, debe facilitarse una contribución financiera de la Unión en lo relativo a las plagas enumeradas en el anexo I, parte A, sección I, y el anexo II, parte A, sección I, de la Directiva 2000/29/CE, bajo el epígrafe «Organismos nocivos de cuya presencia no se tiene constancia en ningún lugar de la Comunidad y cuyos efectos son importantes para toda ella». Cuando se tenga constancia de la presencia de plagas en la Unión, únicamente tendrán derecho a optar a una contribución financiera de la Unión las medidas relativas a las plagas que tengan una repercusión más grave en esta Dichas plagas incluyen, en particular las sujetas a las medidas contempladas en las Directivas del Consejo 69/464/CEE (6), 93/85/CEE (7), 98/57/CE (8) o 2007/33/CE (9). Conviene asimismo habilitar una contribución financiera de la Unión contra aquellas plagas no enumeradas en el anexo I o el anexo II de la Directiva 2000/29/CE que sean objeto de medidas nacionales y que provisionalmente podrían incluirse en el anexo I, parte A, sección I, o en el anexo II, parte A, sección I, de la Directiva 2000/29/CE. Las disposiciones relativas a las plagas que sean objeto de medidas de emergencia de la Unión para su erradicación también deben poder recibir una contribución financiera de la Unión.

(17)

Es necesario detectar a tiempo la presencia de determinadas plagas. Las investigaciones realizadas por los Estados miembros para comprobar esa presencia son esenciales para lograr la inmediata erradicación de los brotes de dichas plagas. Las investigaciones realizadas por los distintos Estados miembros son esenciales para proteger el territorio de todos los demás Estados miembros. La Unión puede contribuir a la financiación de dichas investigaciones en general, a condición de que su objeto incluya al menos una de las dos categorías críticas de plagas: aquellas de cuya presencia en la Unión no se tiene constancia y aquellas sujetas a medidas de emergencia por parte de la Unión.

(18)

La financiación por parte de la Unión de medidas en el ámbito de la salud animal y la fitosanidad debe cubrir costes subvencionables específicos. En casos excepcionales y debidamente justificados, también debe cubrir los gastos soportados por los Estados miembros para aplicar otras medidas necesarias. Estas medidas pueden incluir, por ejemplo, la aplicación de medidas de bioseguridad reforzadas necesarias en caso de brotes de enfermedades o de presencia de plagas, la destrucción y transporte de canales durante los programas de erradicación o los costes de compensar a los propietarios en las campañas de vacunación urgente.

(19)

Las regiones ultraperiféricas de los Estados miembros encuentran dificultades ocasionadas por su alejamiento y su dependencia respecto de un número reducido de productos. Es conveniente que la Unión conceda una participación financiera a los Estados miembros para los programas que llevan a cabo con el fin de controlar las plagas en dichas regiones ultraperiféricas de conformidad con los objetivos del Reglamento (UE) no 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Dado que algunas de las regiones ultraperiféricas están sujetas a la normativa nacional aplicable a tales regiones en lugar de a las normas de la Unión recogidas en la Directiva 2000/29/CE, la contribución financiera de la Unión debe aplicarse a las normas vigentes en tales regiones, independientemente de que se trata de normas de la Unión o nacionales.

(20)

Los controles oficiales efectuados por los Estados miembros son una herramienta esencial para comprobar y vigilar la aplicación y el cumplimiento de los requisitos de la Unión. La eficacia y la eficiencia de los sistemas oficiales de control es vital para mantener un alto nivel de seguridad de las personas, los animales y los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria, al tiempo que se garantiza un alto nivel de protección del medio ambiente. Dichas medidas de control deben contar con apoyo financiero de la Unión. En particular, se debe ofrecer una contribución financiera a los laboratorios de referencia de la UE, con el fin de ayudarlos a sufragar los costes derivados de la ejecución de los programas de trabajo aprobados por la Comisión. Por otra parte, dado que la eficacia de los controles oficiales depende también de que las autoridades de control dispongan de personal bien preparado que posea un conocimiento adecuado del Derecho de la Unión, es necesario que esta pueda contribuir a la formación del personal y a los pertinentes programas de intercambio organizados por las autoridades competentes.

(21)

La gestión eficaz de los controles oficiales depende de un rápido intercambio de datos e información relativos a dichos controles. Además, la aplicación adecuada y armonizada de las normas pertinentes depende del establecimiento de sistemas eficaces en los que participen las autoridades competentes de los Estados miembros. Por tanto, también debe ser posible conceder una contribución financiera para la creación y el funcionamiento de las bases de datos y de los sistemas informatizados de tratamiento de la información destinados a tal efecto.

(22)

La Unión debe facilitar financiación para las actividades técnicas, científicas, de coordinación y de comunicación necesarias para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión y la adaptación del Derecho a la evolución de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Debe facilitarse asimismo financiación para proyectos destinados a mejorar la eficacia y la eficiencia de los controles oficiales.

(23)

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), toda propuesta presentada al legislador que incluya excepciones a las disposiciones de dicho Reglamento debe señalar claramente dichas excepciones y establecer las razones concretas que las justifiquen. Por consiguiente, teniendo en cuenta la naturaleza específica de determinados objetivos contemplados en el presente Reglamento, y teniendo en cuenta que las respectivas autoridades competentes de los Estados miembros están mejor situadas para realizar las actividades relacionadas con dichos objetivos, dichas autoridades deben considerarse beneficiarios identificados a tenor de lo dispuesto en el artículo 128, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012. Por tanto, debe ser posible conceder subvenciones a dichas autoridades sin previa publicación de convocatorias de propuestas.

(24)

No obstante lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012, y como excepción al principio de no retroactividad establecido en su artículo 130, los costes de las medidas de emergencia contempladas en los artículos 7 y 17 del presente Reglamento deben ser subvencionables a partir de la fecha de la notificación por el Estado miembro a la Comisión de la aparición de una enfermedad o de la presencia de una plaga debido al carácter urgente e imprevisible de dichas medidas. La Comisión efectuará los correspondientes compromisos presupuestarios y el pago de los costes subvencionables, previa evaluación de las solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros.

(25)

Es de la máxima importancia que ese tipo de medidas de emergencia se apliquen de forma inmediata. Por lo tanto, sería contraproducente excluir de la financiación los costes soportados antes de la presentación de la solicitud de subvención, puesto que ello alentaría a los Estados miembros a concentrar sus esfuerzos inmediatos en la preparación de una solicitud de subvención, en vez de en la ejecución de las medidas de emergencia.

(26)

Dada la amplitud del Derecho de la Unión vigente relativo a la aplicación de medidas de erradicación y vigilancia, y a las limitaciones técnicas de otras pericias disponibles, la ejecución de las medidas contempladas en el presente Reglamento corresponde principalmente a las autoridades competentes de los Estados miembros. Por tanto es necesario, en determinados casos, cofinanciar los costes salariales del personal de las administraciones nacionales.

(27)

El establecimiento de programas permite la coordinación y el establecimiento de prioridades y contribuye de ese modo a la utilización eficaz de los recursos financieros de la Unión. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar los programas de trabajo relativos a la aplicación de determinadas medidas previstas en el presente Reglamento.

(28)

Para garantizar un uso responsable y eficaz de los recursos financieros de la Unión, debe autorizarse a la Comisión a comprobar que la financiación de la Unión Europea se utiliza efectivamente para la ejecución de las medidas subvencionables, bien por medio de controles sobre el terreno o por medio de controles documentales.

(29)

Los intereses financieros de la Unión deben protegerse a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluyendo la prevención, la detección y la investigación de irregularidades, y la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o incorrectamente empleados.

(30)

La lista de enfermedades de los animales que pueden optar a financiación en virtud de las medidas de emergencia figura en un anexo del presente Reglamento, que contiene las enfermedades enumeradas en el artículo 3, apartado 1, el artículo 4, apartado 1, el artículo 6, apartado 1 y el artículo 14, apartado 1, de la Decisión 2009/470/CE del Consejo (12). Para poder tener en cuenta las enfermedades de los animales que deben notificarse de conformidad con la Directiva del 82/894/CEE Consejo (13), y las enfermedades que pueden representar una nueva amenaza para la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, que le permitan ampliar esa lista.

(31)

Las listas de enfermedades y zoonosis de los animales que pueden optar a financiación al amparo de los programas de erradicación, control y vigilancia figuran anexas al presente Reglamento y contienen las enfermedades de los animales y las zoonosis enumeradas en el anexo I de la Decisión 2009/470/CE. Para tener en cuenta las situaciones provocadas por aquellas enfermedades de los animales que tienen un impacto significativo sobre la producción animal o el comercio, el desarrollo de zoonosis que supone una amenaza para los seres humanos, o nuevos avances científicos o epidemiológicos, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, que le permitan ampliar dichas listas.

(32)

En la adopción de actos delegados en virtud del presente Reglamento, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(33)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta al establecimiento de los programas de trabajo anuales; de la contribución financiera para medidas de emergencia o cuando sea necesario para responder a acontecimientos imprevisibles; de procedimientos para la presentación por los Estados miembros de solicitudes y de informes y solicitudes de pago para las subvenciones. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(34)

El Derecho de la Unión debe ejecutarse de forma que se garantice la obtención de los beneficios previstos, a la luz de la experiencia. Por consiguiente, procede que la Comisión evalúe el funcionamiento y la eficacia del presente Reglamento y comunique sus resultados a las demás instituciones.

(35)

En la aplicación de la normativa de la Unión contemplada en el presente Reglamento, la Comisión está actualmente asistida por diversos comités y, en particular, por los establecidos por las Decisiones 66/399/CEE (15) y 76/894/CEE (16) del Consejo, las Directivas 98/56/CE (17) y 2008/90/CE (18) del Consejo, y el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). Procede racionalizar el procedimiento de comité en este ámbito y encargar al Comité creado mediante el artículo 58 del Reglamento (CE) no 178/2002 la tarea de asistir a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución relativas al gasto en los ámbitos de referencia, así como modificar el nombre de dicho Comité con el fin de reflejar la ampliación de sus cometidos. Por tanto, deben derogarse las Decisiones 66/399/CEE y 76/894/CEE, y modificarse en consecuencia las Directivas 98/56/CE y 2008/90/CE, y el Reglamento (CE) no 178/2002.

(36)

El presente Reglamento sustituye las disposiciones de la Decisión 2009/470/CE. Además, sustituye los artículos 13 quater, apartado 5, y los artículos 22 a 26 de la Directiva 2000/29/CE; el artículo 66 del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (20); el capítulo VII del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (21); el artículo 22 de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (22); y el artículo 76 del Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (23). Por tanto, deben modificarse la Directiva 2000/29/CE, los Reglamentos (CE) no 882/2004 y (CE) no 396/2005, la Directiva 2009/128/CE y el Reglamento (CE) no 1107/2009.

(37)

La introducción de la cofinanciación de la Unión para los costes soportados por los Estados miembros en la indemnización a los propietarios por el valor de los vegetales, productos vegetales u otros objetos destruidos de conformidad con las medidas contempladas en el artículo 16 de la Directiva 2000/29/CE requiere que se desarrollen unas directrices sobre las condiciones aplicables por cuanto se refiere a los límites del valor del mercado para los cultivos y los árboles correspondientes. Por consiguiente, conviene que dicha introducción se aplique únicamente a partir del 1 de enero de 2017.

a)

que regula los alimentos y la seguridad alimentaria, en cualquier fase de la producción, la transformación, la distribución y la eliminación de dichos alimentos, incluidas las normas destinadas a garantizar prácticas equitativas en el comercio y a proteger los intereses y la información de los consumidores, y la fabricación y el uso de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos;

b)

que regula los piensos y la inocuidad de los piensos en cualquiera de las fases de la producción, la transformación, la distribución, la eliminación de dichos piensos y el uso de los mismos, incluidas las normas destinadas a garantizar prácticas equitativas en el comercio y a proteger los intereses y la información de los consumidores;

c)

que establece requisitos en materia de sanidad animal;

d)

que establece requisitos sobre el bienestar de los animales;

e)

relativa a las medidas de protección contra los organismos nocivos para los vegetales o los productos vegetales, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra e), de la Directiva 2000/29/CE («plagas»);

f)

relativa a la producción, con vistas a su comercialización, y a la comercialización del material de reproducción vegetal;

g)

que establece los requisitos aplicables a la comercialización de productos fitosanitarios y al uso sostenible de los plaguicidas;

h)

destinada a prevenir y a reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud de los animales debidos a los subproductos animales y los productos derivados;

i)

relativa a la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente;

j)

relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual en relación con las variedades vegetales y a la conservación y el intercambio de los recursos fitogenéticos.

a)

el objetivo general de contribuir a un alto nivel de protección de la salud humana, animal y vegetal a lo largo de la cadena alimentaria y en ámbitos afines, mediante la prevención y la erradicación de enfermedades y plagas y asegurando un alto nivel de protección de los consumidores y del medio ambiente, reforzando al mismo tiempo la competitividad de la industria alimentaria y de forrajes de la Unión y favoreciendo la creación de empleo;

b)

los siguientes objetivos específicos:

a)

respecto del objetivo específico del apartado 1, letra b), inciso i), la reducción del número de casos de enfermedades de seres humanos registrados en la Unión que estén relacionados con la seguridad de los alimentos o con las zoonosis;

b)

respecto del objetivo específico del apartado 1, letra b), inciso ii):

c)

respecto del objetivo específico del apartado 1, letra b), inciso iii):

d)

respecto del objetivo específico del apartado 1, letra b), inciso iv), una tendencia favorable de los resultados de los controles en ámbitos concretos objeto de preocupación efectuados y comunicados por los expertos de la Comisión en los Estados miembros.

a)

las actividades transfronterizas ejecutadas conjuntamente por dos o más Estados miembros, al objeto de controlar, prevenir o erradicar plagas o enfermedades de los animales;

b)

los Estados miembros cuya renta nacional bruta per cápita según los últimos datos de Eurostat sea inferior al 90 % de la media de la Unión.

a)

tengan por objeto evitar víctimas humanas o importantes perturbaciones económicas para la Unión en su conjunto;

b)

sean tareas específicas indispensables para la Unión en su conjunto, y así lo haya establecido la Comisión en un programa de trabajo adoptado de conformidad con el artículo 36, apartado 1, o

c)

se lleven a cabo en terceros países.

a)

la salud humana;

b)

la salud y el bienestar de los animales, o

c)

la producción agrícola o de la acuicultura o los sectores afines de la economía.

a)

costes de indemnización a los propietarios por el valor de los animales sacrificados o eliminados, dentro del límite del valor de mercado de dichos animales si no se hubieran visto afectados por la enfermedad;

b)

costes del sacrificio o eliminación de los animales, y costes de transporte asociados;

c)

costes de indemnización a los propietarios por el valor de los productos de origen animal destruidos, dentro del límite del valor de mercado de dichos productos inmediatamente antes de que surgiera cualquier sospecha o se confirmara la enfermedad;

d)

costes de limpieza, desinsectación y desinfección de las explotaciones y los equipos, teniendo en cuenta la epidemiología y las características del agente patógeno;

e)

costes relativos al transporte y la destrucción de los piensos contaminados y, si no pueden desinfectarse, de los equipos contaminados;

f)

costes de la adquisición, el almacenamiento, y la administración o distribución de vacunas y cebos, así como los costes de la propia inoculación, si la Comisión decide o autoriza dichas medidas;

g)

costes de transporte y eliminación de las canales;

h)

en casos excepcionales y debidamente justificados, cualesquiera otros costes esenciales para la erradicación de la enfermedad, tal como se establece en la decisión de financiación a que se refiere el artículo 36, apartado 4, del presente Reglamento.

a)

la situación de las enfermedades de los animales que tienen un impacto significativo sobre la producción animal o el comercio;

b)

el desarrollo de las zoonosis que suponen una amenaza para los seres humanos, o

c)

los nuevos avances científicos o epidemiológicos.

a)

costes de muestreo de animales;

b)

costes de las pruebas, siempre que estas se limiten a:

c)

costes de indemnización a los propietarios por el valor de los animales sacrificados o eliminados, dentro del límite del valor de mercado de dichos animales si no se hubiesen visto afectados por la enfermedad;

d)

costes de sacrificar o eliminar a los animales;

e)

costes de indemnización a los propietarios por el valor de los productos de origen animal destruidos, dentro del límite del valor de mercado de dichos productos inmediatamente antes de que surgiera cualquier sospecha o se confirmara la enfermedad;

f)

costes de adquisición, almacenamiento, inoculación, administración o distribución de las dosis de vacunas o de las vacunas y cebos utilizados en relación con los programas;

g)

costes de limpieza, desinfección y desinsectación de la explotación y los equipos, teniendo en cuenta la epidemiología y las características del agente patógeno, y

h)

en casos excepcionales y debidamente justificados, los costes soportados para la ejecución de otras medidas necesarias distintas de las contempladas en las letras a) a g), a condición de que dichas medidas se establezcan en la decisión de subvención a que se refiere el artículo 13, apartados 3 y 4.

a)

la descripción de la situación epidemiológica de la enfermedad de los animales o la zoonosis antes de la fecha de comienzo del programa;

b)

la descripción y la delimitación de las zonas geográficas y administrativas en las que vaya a aplicarse el programa;

c)

la duración del programa;

d)

las medidas que deban aplicarse;

e)

la estimación presupuestaria;

f)

los objetivos que deben alcanzarse para la fecha de terminación del programa y los beneficios que se espera obtener del mismo, y

g)

los indicadores adecuados para medir la consecución de los objetivos del programa.

a)

la lista de los programas nacionales técnicamente aprobados y propuestos para ser cofinanciados;

b)

el importe provisional asignado a cada programa;

c)

el límite máximo provisional de la contribución financiera de la Unión para cada programa, y

d)

cualquier condición provisional a que esté sujeta la contribución financiera de la Unión.

a)

medidas de erradicación de una plaga de una zona infestada, adoptadas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 16, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/29/CE, o con arreglo a las medidas de la Unión adoptadas de conformidad con el artículo 16, apartado 3, de dicha Directiva;

b)

medidas destinadas a evitar el avance de una plaga, contra la que se hayan adoptado medidas de la Unión en tal sentido en aplicación del artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2000/29/CE, en una zona infestada de la que no pueda erradicarse la plaga, en los casos en que dichas medidas sean esenciales para proteger a la Unión contra la propagación de dicha plaga; dichas medidas se referirán exclusivamente a la erradicación de la plaga en cuestión de la zona tampón, en caso de que su presencia se detecte en dicha zona;

c)

otras medidas de protección adoptadas contra la propagación de una plaga, contra la que se hayan adoptado medidas de la Unión de conformidad con el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2000/29/CE, excepto las medidas de erradicación a que se refiere la letra a) y las medidas destinadas a evitar el avance de una plaga a que se hace referencia en la letra b), en caso de que dichas medidas sean esenciales para proteger a la Unión contra la propagación de la plaga en cuestión.

a)

que se refieran a plagas enumeradas en el anexo I, parte A, sección I, y en el anexo II, parte A, sección I, de la Directiva 2000/29/CE;

b)

que se refieran a plagas a las que sea aplicable una medida adoptada por la Comisión de conformidad con el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2000/29/CE;

c)

que se refieran a plagas contra las que se hayan adoptado medidas conforme a las Directivas 69/464/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE o 2007/33/CE, o

d)

que se refieran a plagas, no recogidas en las listas de los anexos I o II de la Directiva 2000/29/CE, sujetas a una medida adoptada por la autoridad competente de un Estado miembro según lo previsto en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2000/29/CE y que pueden ser provisionalmente clasificadas en el anexo I, parte A, sección I, o en el anexo II, parte A, sección I, de la Directiva 2000/29/CE.

a)

costes de personal, independientemente de su categoría profesional, que participe directamente en las medidas, así como costes de alquiler de equipos, material fungible y cualquier otro material necesario, productos de tratamiento, muestreo y pruebas de laboratorio;

b)

costes de los contratos de servicios con terceros para ejecutar parte de las medidas;

c)

costes de indemnización a los operadores o propietarios afectados por el tratamiento, la destrucción y la consiguiente eliminación de vegetales, productos vegetales y otros objetos, y por la limpieza y la desinfección de los locales, la tierra, el agua, el suelo, los sustratos de cultivo, las instalaciones, la maquinaria y los equipos;

d)

costes de indemnización a los propietarios afectados por el valor de los vegetales, productos vegetales u otros objetos sujetos a las medidas contempladas en el artículo 16 de la Directiva 2000/29/CE que hayan sido destruidos, dentro del límite del valor de mercado que tendrían dichos vegetales, productos vegetales u otros objetos si no hubieran resultado afectados por estas medidas; el valor residual, en su caso, se deducirá de la indemnización, y

e)

en casos excepcionales y debidamente justificados, los costes efectuados para la ejecución de otras medidas necesarias distintas de las contempladas en las letras a) a d), a condición de que dichas medidas se establezcan en la decisión de financiación a que se refiere el artículo 36, apartado 4.

a)

que se refieran a plagas enumeradas en el anexo I, parte A, sección I, y en el anexo II, parte A, sección I, de la Directiva 2000/29/CE;

b)

que se refieran a plagas amparadas por una medida adoptada por la Comisión de conformidad con el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2000/29/CE.

a)

costes de muestreo;

b)

costes de las pruebas, siempre que estas se limiten a:

c)

en casos excepcionales y debidamente justificados, los costes soportados para la ejecución de otras medidas necesarias distintas de las contempladas en las letras a) y b), a condición de que dichas medidas se establezcan en la decisión de concesión de la ayuda a que se refiere el artículo 22, apartados 3 y 4.

a)

las plagas incluidas en el programa;

b)

la descripción y la delimitación de las zonas geográficas y administrativas en las que vaya a aplicarse el programa, y la descripción de la situación de dichas zonas en lo que se refiere a la presencia de las plagas en cuestión;

c)

la duración del programa;

d)

el número de los exámenes visuales, las muestras y las pruebas previstos relativos a las plagas y los vegetales, los productos vegetales y los demás objetos de que se trate;

e)

la estimación presupuestaria;

f)

los objetivos que deben alcanzarse para la fecha de terminación del programa y los beneficios que se esperan obtener del mismo, y

g)

los indicadores adecuados para medir la consecución de los objetivos del programa.

a)

la lista de los programas de vigilancia aprobados técnicamente y propuestos para cofinanciación;

b)

el importe provisional asignado a cada programa;

c)

el límite máximo provisional de la contribución financiera de la Unión para cada programa, y

d)

cualquier condición provisional a que esté sujeta la contribución financiera de la Unión.

a)

costes de personal, independientemente de su categoría profesional, que participe directamente en la aplicación de las medidas, así como costes de alquiler de equipos, material fungible y productos de tratamiento;

b)

costes de los contratos de servicios con terceros para ejecutar parte de las medidas;

c)

costes de muestreo;

d)

costes de las pruebas, siempre que estas se limiten a:

a)

las plagas incluidas en el programa;

b)

la descripción y la delimitación de las zonas geográficas y administrativas en las que vaya a aplicarse el programa, y la descripción de la situación de dichas zonas en lo que se refiere a la presencia de las plagas en cuestión;

c)

un análisis técnico de la situación fitosanitaria regional;

d)

la duración del programa;

e)

las actividades incluidas en el programa y, en su caso, el número de los exámenes visuales, las muestras y las pruebas previstos relativos a las plagas y los vegetales, los productos vegetales y los demás objetos de que se trate;

f)

la estimación presupuestaria;

g)

los objetivos que deben alcanzarse para la fecha de terminación del programa y los beneficios que se espera obtener, y

h)

los indicadores adecuados para medir la consecución de los objetivos del programa.

a)

la lista de los programas para las regiones ultraperiféricas aprobados técnicamente y propuestos para cofinanciación;

b)

el importe provisional asignado a cada programa;

c)

el límite máximo provisional de la contribución financiera de la Unión para cada programa, y

d)

cualquier condición provisional a que esté sujeta la contribución financiera de la Unión.

a)

costes de personal, independientemente de su categoría profesional, que participe directamente en las actividades de los laboratorios que se realicen en su calidad de laboratorio de referencia de la Unión;

b)

costes de bienes de equipo;

c)

costes de material fungible;

d)

costes de envío de muestras, misiones, reuniones y actividades de formación.

a)

costes de la organización de actividades de formación, incluidas también las abiertas a participantes procedentes de terceros países, o de intercambio;

b)

costes de viaje, alojamiento y dietas diarias del personal de las autoridades competentes que participe en actividades de formación.

a)

costes del muestreo y de las pruebas de laboratorio,

b)

costes del equipo necesario para llevar a cabo las tareas de control oficial y la recogida de datos.

a)

tengan un valor añadido probado para la Unión en su conjunto y estén disponibles en toda la Unión para todos los usuarios interesados, y

b)

sean necesarias para la aplicación efectiva y eficaz de las normas a que se refiere el artículo 1.

a)

la aplicación efectiva de las medidas objeto de la contribución financiera de la Unión;

b)

la conformidad de las prácticas administrativas con las normas de la Unión;

c)

la existencia de los justificantes necesarios y su concordancia con las medidas objeto de contribución por parte de la Unión.

1)

En el artículo 17, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos creado por el artículo 58, apartado 1, del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (25). Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (26).

(25)  Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1)."

(26)  Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»."

2)

En el artículo 18, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos creado por el artículo 58, apartado 1, del Reglamento (CE) no 178/2002. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.».

1)

En el artículo 13 quater se suprime el apartado 5.

2)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 15 bis

Los Estados miembros dispondrán que cualquier persona que tenga conocimiento de la presencia de una plaga recogida en las listas del anexo I o del anexo II o de una plaga respecto a la que se aplique una medida adoptada de conformidad con el artículo 16, apartado 2, o con el artículo 16, apartado 3, o que tenga motivos para sospechar dicha presencia, deberá notificarlo por escrito a la autoridad competente en un plazo de diez días laborables y, si así se lo requiere dicha autoridad, deberá facilitar la información que obre en su poder relativa a esa presencia.».

3)

Se suprimen los artículos 22 a 26.

27.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 189/33

(1)

En 1997, a raíz de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y de la creciente necesidad de rastrear mediante marcas auriculares convencionales el origen y los desplazamientos de los animales, el Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo (3) endureció la normativa de la Unión en materia de identificación y trazabilidad de dichos animales.

(2)

El Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece que cada Estado miembro ha de establecer un sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina de conformidad con dicho Reglamento.

(3)

El Reglamento (CE) no 1760/2000 establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina consistente en marcas auriculares en ambas orejas del animal, en bases de datos informatizadas, en pasaportes para los animales y registros individuales de cada explotación.

(4)

La trazabilidad del origen de la carne de vacuno a través de un sistema de identificación y registro es un requisito indispensable para incluir la mención del origen de la carne de vacuno en la etiqueta a lo largo de toda la cadena alimentaria. Con estas medidas se garantiza la protección de los consumidores y de la salud pública y se fomenta la confianza del consumidor.

(5)

En la Comunicación de la Comisión de 22 de octubre de 2009 titulada «Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea – Planes de reducción sectoriales y acciones en 2009», el Reglamento (CE) no 1760/2000 y, más concretamente, los sistemas de identificación de los bovinos y de etiquetado facultativo de la carne de vacuno, figuraban como uno de los deberes de notificación más gravosos por la carga administrativa que suponen para las empresas.

(6)

El uso de sistemas de identificación electrónica permitiría racionalizar en las explotaciones los procedimientos de trazabilidad gracias a una lectura y registro automatizados más precisos. También permitiría el registro automatizado de los desplazamientos de los animales en la base de datos informatizada, lo que agilizaría el sistema de trazabilidad y mejoraría su fiabilidad y precisión, y mejoraría asimismo la gestión de determinados pagos directos abonados a los ganaderos. El uso de sistemas de identificación electrónica también mejoraría la gestión de determinados pagos directos a los ganaderos.

(7)

Los sistemas de identificación electrónica por radiofrecuencia han mejorado considerablemente en los diez últimos años. Esa tecnología permite una lectura más rápida y precisa de los códigos de identidad individuales de los animales directamente en los sistemas de procesamiento de datos y eso reduce el tiempo necesario para detectar los animales o los alimentos potencialmente infectados, con lo cual se dispone de mejores bases de datos y de una mayor capacidad para reaccionar rápidamente en caso de brotes de enfermedades, lo que supone un ahorro en mano de obra si bien implica un encarecimiento de los costes de equipamiento.

(8)

El presente Reglamento es coherente con el hecho de que los sistemas de identificación electrónica ya han sido introducidos en la Unión en especies animales no bovinas, como es el caso del sistema obligatorio utilizado en ovinos y caprinos.

(9)

Habida cuenta de los avances tecnológicos en materia de sistemas de identificación electrónica, varios Estados miembros han decidido empezar a aplicar con carácter facultativo la identificación electrónica de los bovinos. Con tales iniciativas se pueden acabar implantando diferentes sistemas en función de cada Estado miembro y por diferentes partes interesadas. Tal implantación impediría una posterior armonización de las normas técnicas en la Unión. Conviene garantizar la interoperabilidad de los sistemas de identificación electrónica de los Estados miembros, así como su coherencia con las normas ISO pertinentes u otras normas técnicas internacionales aprobadas por organizaciones internacionales con capacidad normativa reconocidas, entendiéndose que esas normas internacionales pueden garantizar, como mínimo, un mayor nivel de rendimiento que las normas ISO.

(10)

El informe de la Comisión, de 25 de enero de 2005, sobre la posible introducción de la identificación electrónica para animales de la especie bovina concluye que la identificación por radiofrecuencia ha alcanzado un estado de desarrollo tal que ya se puede pensar en su utilización práctica. Dicho informe también concluye que sería muy conveniente implantar la identificación electrónica de los bovinos en la Unión porque, entre otras ventajas, contribuiría a reducir la carga administrativa.

(11)

Según la Comunicación de la Comisión, de 10 de septiembre de 2008, titulada «Plan de acción para la aplicación de la Estrategia de Salud Animal de la UE», la Comisión tiene previsto, a medida que se introducen los sistemas de identificación electrónica, simplificar deberes de notificación tales como los registros de las explotaciones y los pasaportes para animales.

(12)

La Comunicación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2007, titulada «Una nueva Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013) en la que «más vale prevenir que curar» » sugiere que la aplicación de la identificación electrónica a los animales de la especie bovina puede constituir una mejora del sistema europeo de identificación y registro para simplificar los deberes de notificación, tales como los registros de explotaciones y los pasaportes para animales, y sugiere llevar a cabo un intercambio electrónico de pasaportes de bovinos. Este intercambio permitiría la introducción del sistema de identificación electrónica con una inserción de datos en tiempo real, así como considerables ahorros en términos de costes y de esfuerzos de las autoridades competentes de los Estados miembros y demás partes interesadas, y reduciría la carga de trabajo al transferir los datos de los pasaportes de los animales directamente a bases de datos informatizadas. El presente Reglamento es coherente con esa iniciativa.

(13)

Se espera por lo tanto que el presente Reglamento contribuya a lograr algunos de los objetivos clave de las principales estrategias de la Unión, incluida la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, impulsando el crecimiento económico, la cohesión y la competitividad.

(14)

Algunos terceros países ya han adoptado normas que permiten la utilización de avanzadas tecnologías de identificación electrónica. La Unión Europea debería adoptar normas similares para facilitar el comercio y mejorar la competitividad del sector de referencia.

(15)

A la luz del desarrollo tecnológico de nuevos tipos de dispositivos de identificación electrónica, conviene ampliar el alcance de los medios de identificación previstos en el Reglamento (CE) no 1760/2000 con el fin de permitir el uso de dispositivos de identificación electrónica como medio de identificación oficial. Dado que la introducción de las correspondientes disposiciones comporta una inversión considerable, es necesario permitir un período transitorio de cinco años que deje a los Estados miembros tiempo suficiente para prepararse. Durante dicho período transitorio, las marcas auriculares convencionales van a seguir siendo el único medio de identificación oficial para bovinos.

(16)

Ahora bien, generalizar con carácter obligatorio la identificación electrónica en toda la Unión Europea podría tener efectos económicos adversos para algunos explotadores. Conviene, por lo tanto, que, una vez que la identificación electrónica se convierta en medio oficial de identificación, los poseedores de los animales puedan utilizarla con carácter facultativo. En virtud de dicho régimen facultativo, los poseedores de los animales que puedan obtener beneficios económicos con su uso elegirían la identificación electrónica, mientras que otros poseedores han de poder continuar identificando a sus animales mediante dos marcas auriculares convencionales.

(17)

Los Estados miembros disponen de sistemas de cría, prácticas agrarias y organizaciones sectoriales muy distintos. Procede, por lo tanto, autorizar a los Estados miembros a imponer la identificación electrónica con carácter obligatorio en su territorio únicamente cuando lo estimen apropiado y tras haber estudiado todos esos factores, incluidas las repercusiones para los pequeños ganaderos, y tras consultar a las organizaciones que representan al sector ganadero. En los movimientos comerciales de un animal dentro de la Unión la obligación de identificar electrónicamente a un animal de la especie bovina debe corresponder al Estado miembro que haya impuesto el uso de la identificación electrónica en su territorio. Ello no ha de implicar que ese Estado miembro esté obligado a volver a identificar a animales que ya estén identificados electrónicamente en el Estado miembro de origen.

(18)

Los animales y la carne que entren en la Unión procedentes de terceros países deben ser sometidos a requisitos de identificación y trazabilidad que ofrezcan un nivel de protección equivalente.

(19)

Al importar animales vivos en la Unión procedentes de terceros países, estos deben ser sometidos, a su llegada, a los mismos requisitos de identificación que los que se aplican a los animales nacidos en la Unión.

(20)

Los dos medios de identificación oficiales asignados a un animal deben llevar el mismo código de identificación. Sin embargo, durante la fase inicial de adaptación al uso de dispositivos electrónicos como medio oficial de identificación, no puede excluirse que, en determinados casos, las limitaciones técnicas relacionadas con la configuración del código de identificación original de un animal impidan la réplica del código en un dispositivo de identificación electrónica. Esto podría suceder cuando la combinación de números de un código de identificación existente de un animal impida la conversión del código en un formato electrónico. Por consiguiente, deben preverse excepciones transitorias específicas a fin de que también se pueda aplicar un dispositivo de identificación electrónica en esos animales, siempre que se garantice la plena trazabilidad y que sea posible identificar individualmente a los animales, incluida la explotación en que hayan nacido.

(21)

El Reglamento (CE) no 1760/2000 establece que la autoridad competente debe expedir un pasaporte para cada animal que deba ser identificado con arreglo a dicho Reglamento. Ello genera una carga administrativa considerable a los Estados miembros. Las autoridades competentes de los Estados miembros tienen la obligación de constituir una base de datos informatizada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Directiva 64/432/CEE del Consejo (5). Dado que dichas bases de datos tenían que estar plenamente operativas antes del 31 de diciembre de 1999, deben garantizar suficientemente la trazabilidad de los desplazamientos de bovinos por el territorio nacional. Por lo tanto, habría que expedir pasaportes únicamente para los animales destinados al comercio en el interior de la Unión. No obstante, el presente Reglamento no debe impedir que haya disposiciones nacionales en relación con la expedición de pasaportes para animales no destinados al comercio dentro de la Unión.

(22)

La Comisión puso en marcha Bovex, el proyecto piloto para el intercambio de pasaportes para bovinos entre Estados miembros, con el fin de facilitar el intercambio de datos entre Estados miembros garantizando, al mismo tiempo, la trazabilidad de los animales durante sus desplazamientos dentro de la Unión. En cuanto el intercambio electrónico de datos entre las bases de datos nacionales sea plenamente operativo, el requisito de expedir pasaportes para animales en formato papel ya no debe aplicarse a los animales destinados a los desplazamientos dentro de la Unión. Esto ha de contribuir a reducir la carga administrativa para los Estados miembros y los agentes económicos.

(23)

El título II, sección II, del Reglamento (CE) no 1760/2000 establece una serie de normas reguladoras del sistema de etiquetado facultativo de la carne de vacuno que requieren la aprobación por parte de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate de determinadas especificaciones del etiquetado. La carga administrativa soportada y los costes en que incurren los Estados miembros y los agentes económicos a la hora de aplicar este sistema no son proporcionados en relación con los beneficios del sistema. Al haber entrado en vigor nuevas normas a raíz de la adopción de dicho Reglamento, las normas específicas sobre el sistema de etiquetado facultativo se han vuelto superfluas y por lo tanto procede suprimirlas. No obstante, el derecho de los agentes económicos a informar a los consumidores mediante un etiquetado facultativo acerca de las características de la carne y el derecho de los consumidores a recibir información verificable no deben verse comprometidos. En consecuencia, al igual que sucede con otros tipos de carne, la información sobre la carne de vacuno adicional a la del etiquetado obligatorio debe respetar la legislación horizontal en vigor, incluido el Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(24)

A fin de evitar riesgos de fraude en el etiquetado de la carne y de proteger a los consumidores europeos, los controles y sanciones aplicables deben tener suficiente efecto disuasorio.

(25)

De conformidad con el Reglamento (UE) no 1169/2011, la Comisión presentó un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en relación con la indicación obligatoria del país de origen o el lugar de procedencia de la carne utilizada como ingrediente. Dicho informe iba acompañado de la propuesta legislativa pertinente, con el fin de garantizar más transparencia en toda la cadena de la carne e informar mejor a los consumidores europeos. Tomando en consideración los últimos problemas relativos al etiquetado de los productos cárnicos que han afectado al funcionamiento de la cadena alimentaria, el Parlamento Europeo y el Consejo esperaban que el informe se adoptase lo antes posible durante el segundo semestre de 2013, siendo finalmente adoptado el 17 de diciembre de 2013.

(26)

A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, procede adaptar a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) los poderes delegados en la Comisión en virtud del Reglamento (CE) no 1760/2000.

(27)

A fin de garantizar la aplicación de las normas necesarias para el correcto funcionamiento de la identificación, del registro y de la trazabilidad de los bovinos y de la carne de vacuno, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a los requisitos relativos a medios alternativos de identificar a los bovinos; a las circunstancias concretas en las que se ha de permitir a los Estados miembros prorrogar el plazo máximo previsto para la aplicación de los medios de identificación a los datos que hay que intercambiar entre las bases de datos informatizadas de los Estados miembros; al plazo previsto para determinados informes obligatorios; a los requisitos aplicables a los medios de identificación; a la adición de medios de identificación a la lista que figura en el anexo I; a las normas relativas a la información procedente de las bases de datos informatizadas que debe figurar en los pasaportes para animales y en los registros individuales que deben llevarse en cada explotación; a la identificación y registro de los desplazamientos de los bovinos a los pastos estacionales incluida la trashumancia; a las normas de etiquetado de determinados productos que deben ser equivalentes a las establecidas en el Reglamento (CE) no 1760/2000; a las disposiciones del etiquetado relativas a la presentación simplificada de la mención del origen para los casos de estancias muy cortas del animal en el Estado miembro o tercer país de nacimiento o de sacrificio, y la definición y los requisitos aplicables a términos o categorías de términos que pueden incluirse en las etiquetas de buey y ternera frescos y congelados preenvasados. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(28)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del Reglamento (CE) no 1760/2000 por lo que se refiere al registro de las explotaciones que recurran a medios alternativos de identificación; a las características técnicas y a las modalidades del intercambio de datos entre las bases de datos informatizadas de los Estados miembros; al reconocimiento de la plena operatividad de los sistemas de intercambio de datos, al formato y al diseño de los medios de identificación; a los procedimientos y normas técnicas necesarias para la puesta en práctica de la identificación electrónica; a las normas relativas a la configuración del código de identificación, al tamaño máximo y la composición de determinados grupos de animales, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(29)

La aplicación del presente Reglamento debe ser objeto de seguimiento. En consecuencia, a más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, por lo que se refiere a las disposiciones relativas al etiquetado facultativo de la carne de vacuno, y nueve años por lo que se refiere a las disposiciones relativas a la identificación electrónica, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo dos informes tanto sobre la aplicación del presente Reglamento como sobre la viabilidad técnica y económica de la introducción de la identificación electrónica obligatoria en todo el territorio de la Unión. Dichos informes han de acompañarse, en caso necesario, de las correspondientes propuestas legislativas.

(30)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1760/2000 en consecuencia.

1)

En el artículo 1, apartado 2, se suprime la segunda frase.

2)

En el artículo 2, el primer guion se sustituye por el texto siguiente:

«—   "animal": el animal de la especie bovina, tal como se define en artículo 2, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 64/432/CEE, incluidos los animales que participan en espectáculos culturales o deportivos,».

3)

En el artículo 3, párrafo primero, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

4)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4

Obligación de identificar a los animales

1.   Se identificará a todos los animales de una explotación como mínimo mediante dos medios de identificación enumerados en el anexo I y conformes a las normas adoptadas con arreglo al apartado 3 y aprobados por la autoridad competente. Al menos uno de los medios de identificación deberá ser visible y llevar un código de identificación visible.

El párrafo primero no se aplicará a los animales que hayan nacido antes del 1 de enero de 1998 y que no estén destinados al comercio dentro de la Unión. Dichos animales se identificarán mediante, por lo menos, un medio de identificación.

Con el fin de garantizar la adaptación a los avances técnicos, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 22 ter en lo referente a la adición de medios de identificación a la lista definida en el anexo I, garantizando al mismo tiempo su interoperabilidad.

Los medios de identificación serán asignados a la explotación y distribuidos y aplicados a los animales del modo que determinen las autoridades competentes.

Los dos medios de identificación autorizados de conformidad con los actos delegados y los actos de ejecución adoptados con arreglo al apartado 3 y al presente apartado y que se apliquen a un animal llevarán un mismo y único código de identificación que, junto con el registro de los animales, permita identificar individualmente a cada animal y a la explotación en que haya nacido.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando los caracteres que forman el código de identificación del animal no permitan la aplicación de un dispositivo de identificación electrónica con el mismo código de identificación único, el Estado miembro de que se trate podrá permitir, bajo la supervisión de la autoridad competente, que el segundo medio de identificación lleve un código diferente siempre que se cumpla cada una de las siguientes condiciones:

3.   Con el fin de garantizar una trazabilidad y una adaptabilidad a los avances técnicos que sean adecuadas y para permitir un óptimo funcionamiento del sistema de identificación, la Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 22 ter relativos a los requisitos aplicables a los medios de identificación definidos en el anexo I y a las medidas transitorias necesarias para la introducción de un concreto medio de identificación.

Sobre la base de las normas ISO pertinentes u otras normas técnicas internacionales adoptadas por organizaciones internacionales con capacidad normativa reconocidas, entendiéndose que esas normas internacionales pueden como mínimo garantizar un mayor nivel de seguridad y rendimiento que las normas ISO, la Comisión fijará, mediante actos de ejecución, las normas necesarias relativas a:

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 23, apartado 2.

4.   Con efectos a partir del 18 de julio de 2019, los Estados miembros garantizarán que se disponga de la infraestructura necesaria que permita la identificación de los animales sobre la base de un dispositivo de identificación electrónica como medio de identificación oficial de conformidad con el presente Reglamento.

Con efectos a partir del 18 de julio de 2019, los Estados miembros podrán establecer disposiciones nacionales que hagan obligatorio el uso de un dispositivo de identificación electrónica como uno de los dos medios de identificación contemplados en el apartado 1.

Los Estados miembros que opten por la posibilidad establecida en el párrafo segundo comunicarán a la Comisión el texto de dichas disposiciones nacionales y publicarán esta información en internet. La Comisión asistirá a los Estados miembros a la hora de poner esta información a disposición del público facilitando en su sitio de internet enlaces a los correspondientes sitios de internet de los Estados miembros.

5.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los animales de la especie bovina destinados a espectáculos culturales o deportivos, con excepción de ferias y exposiciones, podrán ser identificados mediante medios de identificación alternativos que ofrezcan garantías de identificación equivalentes a las que se establecen en el apartado 1.

Las explotaciones que recurran a medios de identificación alternativos contemplados en el párrafo primero se registrarán en la base de datos informatizada a que se refiere el artículo 5.

La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá las normas reguladoras de dicho registro. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 23, apartado 2.

Con el fin de garantizar la trazabilidad basada en las normas de identificación equivalentes a las previstas en el apartado 1, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 22 ter relativos a los requisitos de los medios de identificación alternativos a que se refiere el párrafo primero, incluidas medidas transitorias necesarias para su introducción.

La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, las normas relativas al formato y al diseño de los medios de identificación alternativos a que se refiere el párrafo primero, incluidas las medidas transitorias necesarias para su introducción. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 23, apartado 2.

6.   Los Estados miembros se comunicarán recíprocamente y comunicarán a la Comisión el modelo de medio de identificación utilizado en su territorio. Publicarán esta información en internet. La Comisión asistirá a los Estados miembros a la hora de poner esta información a disposición del público facilitando en su sitio de internet enlaces a los correspondientes sitios de internet de los Estados miembros.».

5)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 4 bis

Plazo para la aplicación del medio de identificación

1.   Los medios de identificación establecidos en el artículo 4, apartado 1, se aplicarán al animal antes del vencimiento del plazo máximo que establezca el Estado miembro de nacimiento del animal. El plazo máximo será calculado a partir de la fecha de nacimiento del animal y no será superior a 20 días.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, por razones relacionadas con el desarrollo fisiológico de los animales, el plazo podrá ampliarse hasta 60 días a partir del nacimiento del animal en el caso del segundo medio de identificación.

Ningún animal podrá abandonar la explotación en la que haya nacido sin que se le hayan aplicado ambos medios de identificación.

2.   Con el fin de permitir la aplicación de los medios de identificación en circunstancias especiales que impliquen dificultades prácticas, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 22 ter para determinar las circunstancias extraordinarias en las cuales los Estados miembros pueden ampliar los plazos máximos de aplicación de los medios de identificación contemplados en el apartado 1, párrafos primero y segundo. Los Estados miembros informarán a la Comisión cada vez que haga uso de esa posibilidad.

Artículo 4 ter

Identificación de animales procedentes de terceros países

1.   Todo animal sometido a los controles veterinarios con arreglo a la Directiva 91/496/CEE que entre en la Unión procedente de un tercer país con destino a una explotación situada en el territorio de la Unión será identificado en la explotación de destino con uno de los medios de identificación contemplados en el artículo 4, apartado 1.

La identificación original aplicada al animal en el tercer país de origen será registrada en la base de datos informatizada a que se refiere el artículo 5 junto con el código único de identificación del medio de identificación que le haya sido asignado por el Estado miembro de destino.

El párrafo primero no se aplicará a los animales destinados directamente a ser sacrificados en un matadero de un Estado miembro en los veinte días siguientes a la realización de dichos controles veterinarios en cumplimiento de la Directiva 91/496/CEE.

2.   Los medios de identificación de los animales a que se refiere el artículo 4, apartado 1, se aplicarán en el plazo que determine el Estado miembro en el que se ubique la explotación de destino. Dicho plazo no excederá de los veinte días siguientes a la realización de los controles veterinarios a que se refiere el apartado 1.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, por razones relacionadas con el desarrollo fisiológico de los animales, el plazo podrá ampliarse hasta 60 días a partir del nacimiento del animal en el caso del segundo medio de identificación.

Los dos medios de identificación a que se refiere el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, se aplicarán en todos los casos a los animales antes de que abandonen la explotación de destino.

3.   Cuando la explotación de destino esté situada en un Estado miembro que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, haya establecido disposiciones nacionales que hagan obligatorio el uso de dispositivos de identificación electrónica, los animales serán identificados mediante dicho dispositivo en la explotación de destino sita en la Unión en el plazo que determine dicho Estado miembro. Dicho plazo no excederá de los veinte días siguientes a la realización de los controles veterinarios a que se refiere el apartado 1.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, por razones relacionadas con el desarrollo fisiológico de los animales, el plazo podrá ampliarse hasta 60 días a partir del nacimiento del animal en el caso del segundo medio de identificación.

Los dispositivos de identificación electrónica se aplicarán en todos los casos a los animales antes de que abandonen la explotación de destino.

Artículo 4 quater

Identificación de animales desplazados de un Estado miembro a otro

1.   Los animales desplazados de un Estado miembro a otro conservarán los medios de identificación originales que con arreglo al artículo 4, apartado 1, les hayan sido aplicados.

Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero, a partir del 18 de julio de 2019, la autoridad competente del Estado miembro de destino podrá permitir:

2.   Cuando la explotación de destino esté situada en un Estado miembro que haya establecido disposiciones a nivel nacional para hacer obligatorio el uso de dispositivos de identificación electrónica, los animales serán identificados mediante dicho dispositivo en la explotación de destino a más tardar en el plazo que determine el Estado miembro en el que se ubique dicha explotación. Ese plazo máximo no excederá de los veinte días siguientes a la llegada de los animales a la explotación de destino.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, por razones relacionadas con el desarrollo fisiológico de los animales, ese plazo podrá ampliarse hasta 60 días a partir del nacimiento del animal en el caso del segundo medio de identificación.

El dispositivo de identificación electrónica se aplicará en todos los casos a los animales antes de que abandonen la explotación de destino.

Sin embargo, el párrafo primero no se aplicará a los animales destinados directamente a ser sacrificados en un matadero de un Estado miembro que haya establecido disposiciones a nivel nacional para hacer obligatorio el uso de dispositivos de identificación electrónica.

Artículo 4 quinquies

Retirada, modificación o sustitución de medios de identificación

No se podrá retirar, modificar ni sustituir ningún medio de identificación sin la autorización de las autoridades competentes. Únicamente se concederá dicha autorización cuando la retirada, modificación o sustitución no comprometa la trazabilidad del animal y cuando sea posible su identificación individual, incluida la de su explotación de nacimiento.

Toda sustitución de un código de identificación se registrará en la base de datos informatizada prevista en el artículo 5, junto con el código de identificación único del medio de identificación original del animal.».

6)

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

Las autoridades competentes de los Estados miembros constituirán una base de datos informatizada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Directiva 64/432/CEE.

Los Estados miembros podrán intercambiar datos electrónicos entre sus bases de datos informatizadas a partir de la fecha en que la Comisión reconozca la plena operatividad del sistema de intercambio de datos. Este intercambio se realizará de manera que se garantice la protección de datos y se impida todo abuso a fin de proteger los intereses del poseedor.

A fin de garantizar el intercambio electrónico de información entre los Estados miembros, la Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 22 ter para establecer las normas reguladoras de los datos que podrán ser intercambiados entre las bases de datos informatizadas de los Estados miembros.

La Comisión, mediante actos de ejecución, fijará las condiciones y modalidades técnicas de tales intercambios y reconocerá la plena operatividad del sistema de intercambio de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 23, apartado 2.».

7)

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 6

1.   Cuando un Estado miembro no intercambie datos electrónicos con otros Estados miembros en el marco del sistema de intercambio electrónico a que se refiere el artículo 5:

2.   Al objeto de permitir la trazabilidad de los desplazamientos del animal desde la explotación de origen situada en un Estado miembro, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 22 ter en lo referente a la definición de normas relativas a la información procedente de la base de datos informatizada que debe figurar en el pasaporte para animales, incluidas las medidas transitorias necesarias para su introducción.».

8)

Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 6 bis

Las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales en relación con la expedición de pasaportes para animales no destinados al comercio dentro de la Unión.».

9)

El artículo 7 se modifica como sigue:

10)

Se suprime el artículo 8.

11)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 9 bis

Formación

Los Estados miembros velarán por que toda persona responsable de la identificación y del registro de los animales haya recibido formación y asesoramiento sobre las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, así como sobre todo acto delegado o acto de ejecución adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.

Cuando se modifiquen las disposiciones pertinentes, la información correspondiente se pondrá a disposición de la persona a que se refiere el párrafo primero.

Los Estados miembros garantizarán la existencia de cursos de formación adecuados.

La Comisión facilitará el intercambio de mejores prácticas con el fin de mejorar la calidad de la información y la formación en toda la Unión.».

12)

Se suprime el artículo 10.

13)

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12

A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:

1)   «carne de vacuno»: los productos de los códigos NC 0201, 0202, 0206 10 95 y 0206 29 91;

2)   «etiquetado»: la aplicación de una etiqueta a uno o varios trozos de carne o a su material de envasado, o, en el caso de productos no preenvasados, el suministro de información por escrito y de manera visible al consumidor en el punto de venta;

3)   «organización»: una agrupación de agentes económicos pertenecientes al mismo sector o a distintos sectores dedicados al comercio de carne de vacuno;

4)   «carne picada»: carne deshuesada que ha sido sometida a una operación de triturado en fragmentos y que contiene menos de un 1 % de sal, y que se incluye en los códigos NC 0201, 0202, 0206 10 95 y 0206 29 91;

5)   «recortes»: trozos pequeños de carne reconocidos como aptos para el consumo humano producidos exclusivamente en las operaciones de recorte durante el deshuesado de canales y/o el despiece de carne;

6)   «carne despiezada»: carne que ha sido despiezada en pequeños cubos, lonchas u otras porciones individuales que no requiere un nuevo despiece por parte de un operador antes de ser adquirida por el consumidor final y puede ser utilizada directamente por dicho consumidor. Esta definición no afecta a la carne picada ni a los recortes.».

14)

El artículo 13 se modifica como sigue:

15)

En el artículo 14 se sustituye el párrafo cuarto por el texto siguiente:

«A fin de garantizar la conformidad con las normas horizontales relativas al etiquetado en la presente sección, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 22 ter, para establecer, sobre la base de la experiencia relativa a la carne picada, normas equivalentes a las de los tres primeros párrafos del presente artículo para los recortes de carne de vacuno o de la carne de vacuno despiezada.».

16)

Se sustituye el artículo 15 por el texto siguiente:

«Artículo 15

Etiquetado obligatorio de la carne de vacuno procedente de terceros países

No obstante lo dispuesto en el artículo 13, la carne de vacuno importada en el territorio de la Unión que no disponga de toda la información prevista en dicho artículo 13 se etiquetará con la indicación siguiente:

"origen: no UE" y "lugar de sacrificio: (nombre del tercer país)".».

17)

A partir del 13 de diciembre de 2014:

18)

Se suprimen los artículos 19, 20 y 21.

19)

El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 22

1.   Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Los controles previstos se llevarán a cabo sin perjuicio de los controles que la Comisión pueda efectuar en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95.

Las sanciones impuestas por los Estados miembros a los poseedores, agentes económicos u organizaciones que comercialicen carne de vacuno serán eficaces, disuasorias y proporcionales.

Las autoridades competentes llevarán a cabo cada año un número mínimo de controles oficiales relativos a la identificación y registro de los animales, que cubran por lo menos el 3 % de las explotaciones.

Las autoridades competentes aumentarán inmediatamente el índice mínimo de controles oficiales a que se refiere el párrafo segundo si se pone de manifiesto que no se han cumplido las disposiciones de identificación y registro de animales.

La selección de las explotaciones que han de ser inspeccionadas por la autoridad competente se efectuará basándose en un análisis de riesgos.

Cada Estado miembro presentará un informe anual a la Comisión a más tardar el 31 de agosto sobre la realización de controles oficiales durante el año anterior.

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente impondrá a un poseedor las siguientes sanciones administrativas:

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando los agentes económicos y las organizaciones que comercializan carne de vacuno hayan etiquetado dicha carne sin cumplir con sus obligaciones en virtud del título II, los Estados miembros, según proceda y de conformidad con el principio de proporcionalidad, exigirán la retirada de la carne de vacuno del mercado. Los Estados miembros, además de las sanciones a que se refiere el apartado 1, podrán:

4.   Los expertos de la Comisión, conjuntamente con las autoridades competentes:

5.   El Estado miembro en cuyo territorio se efectúen controles sobre el terreno prestará a los expertos de la Comisión toda la ayuda necesaria para el cumplimiento de su cometido. El resultado de los controles efectuados se tratará con las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate antes de la elaboración y la difusión del informe definitivo. Este informe contendrá, en su caso, recomendaciones dirigidas a los Estados miembros para mejorar el cumplimiento del presente Reglamento.».

20)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 22 bis

Autoridades competentes

Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes o a las autoridades responsables de velar por el cumplimiento del presente Reglamento y de cualquier otro acto que adopte la Comisión basándose en este.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados la identidad de dichas autoridades.

Artículo 22 ter

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 4, apartados 1, 3, y 5, el artículo 4 bis, apartado 2, el artículo 5, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartados 1, 2 y 6, el artículo 13, apartado 6, el artículo 14, apartado 4, y el artículo 15 bis se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 17 de julio de 2014. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en los artículos 4, apartados 1, 3, y 5, el artículo 4 bis, apartado 2, el artículo 5, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartados 1, 2 y 6, el artículo 13, apartado 6, el artículo 14, apartado 4, y el artículo 15 bis podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartados 1, 3 y 5, el artículo 4 bis, apartado 2, el artículo 5, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartados 1, 2 y 6, el artículo 13, apartado 6, el artículo 14, apartado 4, y el artículo 15 bis, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

21)

El artículo 23 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 23

Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida en los actos de ejecución adoptados en aplicación del artículo 4, apartados 3 y 5, el artículo 5 y el artículo 13, apartado 6, por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal creado en virtud del artículo 58 del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

2.   Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante un procedimiento escrito, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión del dictamen, el presidente del comité así lo decide o si una mayoría simple de miembros del comité así lo solicita.

(9)  Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1)."

(10)  Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»."

22)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 23 bis

Informe y evolución legislativa

A más tardar:

la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo los informes correspondientes acerca de la aplicación y el impacto del presente Reglamento sin olvidar, en el primer caso, la posibilidad de revisar las disposiciones sobre etiquetado facultativo y, en el segundo, la viabilidad técnica y económica de la introducción de la identificación electrónica obligatoria en todo el territorio de la Unión.

Dichos informes irán acompañados, en caso necesario, de las correspondientes propuestas legislativas.».

23)

Se inserta el anexo siguiente:

27.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 189/50

(1)

La Unión ha celebrado una serie de acuerdos comerciales internacionales de carácter multilateral, regional y bilateral que establecen derechos y obligaciones en beneficio mutuo de las Partes.

(2)

Es esencial que la Unión posea instrumentos adecuados para garantizar el ejercicio eficaz de sus derechos en virtud de los acuerdos comerciales internacionales con el fin de salvaguardar sus intereses económicos. Así es particularmente en situaciones en las que los terceros países adoptan medidas de restricción del comercio que reducen los beneficios para los operadores económicos de la Unión en el marco de acuerdos comerciales internacionales. La Unión debe estar en situación de reaccionar rápidamente y de manera flexible conforme a los procedimientos y plazos establecidos por los acuerdos comerciales internacionales que ha suscrito. Por tanto, son necesarias normas que definan el marco para el ejercicio de sus derechos en determinadas situaciones específicas.

(3)

Los mecanismos de solución de diferencias creados por el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por otros acuerdos comerciales, incluidos los acuerdos de carácter regional o bilateral, tienen la finalidad de hallar una solución positiva a las diferencias que surjan entre la Unión y otra Parte o Partes en los respectivos acuerdos. No obstante, la Unión debe poder suspender concesiones u otras obligaciones, de conformidad con tales mecanismos de solución de diferencias, cuando otras vías para encontrar una solución positiva a las diferencias hayan resultado infructuosas. La acción de la Unión en tales casos tiene el propósito de incitar al respeto, por parte del tercer país en cuestión, de las normas comerciales internacionales pertinentes a fin de restablecer una situación de beneficios recíprocos.

(4)

En virtud del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, todo miembro de esta organización que se proponga aplicar o trate de prorrogar una medida de salvaguardia debe procurar mantener un nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al existente entre él y los miembros exportadores que se verían negativamente afectados por tal medida de salvaguardia. Se aplican normas similares en el contexto de otros acuerdos comerciales internacionales, incluidos los regionales o bilaterales, suscritos por la Unión. La Unión debe adoptar medidas de reequilibrio mediante la suspensión de concesiones u otras obligaciones en los casos en que el tercer país en cuestión no aplique ajustes suficientes y proporcionados. La acción de la Unión en estos casos tiene el propósito de incitar a la introducción por terceros países de medidas potenciadoras del comercio a fin de restablecer una situación de beneficios recíprocos.

(5)

El artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el Entendimiento relativo a su interpretación regulan la modificación o retirada de concesiones establecidas en las listas arancelarias de los miembros de la OMC. Los miembros que se vean afectados por cualquier modificación de este tipo tienen derecho, en determinadas condiciones, a retirar concesiones sustancialmente equivalentes. La Unión debe adoptar medidas de reequilibrio en tales casos, a menos que se adopten ajustes compensatorios. La acción de la Unión tendría la finalidad de inducir a terceros países a aplicar medidas potenciadoras del comercio.

(6)

La Unión debe tener la posibilidad de hacer respetar sus derechos en el ámbito de la contratación pública cuando un socio comercial no respete los compromisos que ha construido en virtud del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC o de otros acuerdos comerciales internacionales. El Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC establece que las diferencias planteadas en su marco no deben dar lugar a la suspensión de concesiones u otras obligaciones resultantes de cualquier otro Acuerdo de la OMC. La actuación de la Unión ha de tener por finalidad garantizar el mantenimiento de un nivel sustancialmente equivalente de concesiones según lo establecido en los acuerdos comerciales internacionales pertinentes.

(7)

Los Estados miembros deben velar por la aplicación en sus respectivos territorios de las medidas de política comercial en el ámbito de la contratación pública de la forma que mejor se adapte a sus estructuras y prácticas administrativas, dentro del respeto del Derecho de la Unión.

(8)

Las medidas de política comercial adoptadas en virtud del presente Reglamento deben seleccionarse y concebirse basándose en criterios objetivos, como la eficacia de las medidas para inducir al cumplimiento de las normas comerciales internacionales por terceros países, su potencial para ayudar a los operadores económicos de la Unión afectados por medidas de terceros países y el objetivo de minimizar las repercusiones económicas negativas para la Unión, también en relación con las materias primas básicas.

(9)

El presente Reglamento debe centrarse en las medidas en cuyo diseño y aplicación la Unión tiene experiencia. Debe considerarse la posibilidad de ampliar su ámbito de aplicación para que contemple la adopción de medidas en el sector de los derechos de propiedad intelectual y medidas adicionales relativas a los servicios como parte de la revisión del funcionamiento del presente Reglamento, prestando la debida consideración a las características específicas de cada sector.

(10)

Al hacer respetar los derechos de la Unión, el origen de una mercancía debe determinarse con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo (2). Al hacer respetar los derechos de la Unión en una solución de diferencias en el sector de contratación pública, el origen de un servicio debe determinarse sobre la base del origen de la persona física o jurídica que lo preste. Las autoridades o entidades contratantes deben aplicar las precauciones normales y ejercer la debida diligencia a la hora de evaluar la información y las garantías ofrecidas por los licitadores en lo referente al origen de las mercancías y los servicios.

(11)

La Comisión debe revisar el ámbito, el funcionamiento y la eficacia del presente Reglamento, incluidas las posibles medidas en el sector de los derechos de propiedad intelectual y medidas adicionales en relación con los servicios, a más tardar tres años después de la primera ocasión en que se aplique o cinco años a más tardar después de su fecha de entrada en vigor, lo que ocurra antes. La Comisión deberá informar sobre su evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe podrá ir acompañado de las propuestas legislativas adecuadas.

(12)

Es importante asegurar la comunicación y el intercambio de pareceres efectivos entre la Comisión, por una parte, y el Parlamento Europeo y el Consejo, por otra, en particular sobre las diferencias en el marco de acuerdos comerciales internacionales que puedan conducir a la adopción de medidas en virtud del presente Reglamento.

(13)

Procede modificar el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo (3) para que haga referencia al presente Reglamento por lo que se refiere a la aplicación de medidas de política comercial.

(14)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias tienen que ejercerse de acuerdo con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(15)

A la vista de la elevada complejidad del estudio de las múltiples repercusiones que pueden tener las medidas de política comercial adoptadas en virtud del presente Reglamento, y con miras a dar suficientes oportunidades para alcanzar un apoyo lo más amplio posible, la Comisión no debe adoptar actos de ejecución cuando, excepcionalmente, el comité contemplado en el presente Reglamento no emita un dictamen sobre el proyecto de acto de ejecución presentado por la Comisión.

(16)

Para salvaguardar los intereses de la Unión, la Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la necesidad de adaptar las medidas de política comercial al comportamiento de los terceros interesados, razones imperiosas de urgencia así lo requieran.

(17)

El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la posible adopción de medidas de política comercial sobre la base de otros actos pertinentes de la Unión o de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respetando al mismo tiempo las disposiciones aplicables de los acuerdos comerciales internacionales en materia de suspensión o retirada de concesiones u otras obligaciones.

a)

responder a infracciones de las normas comerciales internacionales por parte de terceros países que afecten a los intereses de la Unión, con vistas a encontrar una solución satisfactoria que restablezca los beneficios para los operadores económicos de la Unión;

b)

reequilibrar las concesiones u otras obligaciones de las relaciones comerciales con terceros países, cuando el trato otorgado a las mercancías de la Unión se altere de tal modo que afecte a los intereses de la Unión.

a)

tras la resolución jurisdiccional de diferencias comerciales en virtud del Entendimiento sobre normas y procedimientos que regulan la Solución de Diferencias de la OMC (Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC), cuando la Unión haya sido autorizada para suspender concesiones u otras obligaciones en el marco de los acuerdos multilaterales y plurilaterales cubiertos por dicho Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC;

b)

tras la resolución jurisdiccional de diferencias comerciales en virtud de otros acuerdos comerciales internacionales, incluidos los regionales o bilaterales, cuando la Unión tenga derecho a suspender concesiones u otras obligaciones en el marco de dichos acuerdos;

c)

para el reequilibrio de concesiones u otras obligaciones al que pueda dar derecho la aplicación de una medida de salvaguardia por un tercer país con arreglo al artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC o a las disposiciones sobre salvaguardias incluidas en otros acuerdos comerciales internacionales, incluidos los regionales o bilaterales;

d)

en los casos de modificación de las concesiones por parte de un miembro de la OMC con arreglo al artículo XXVIII del GATT de 1994, cuando no se hayan acordado medidas compensatorias.

a)

cuando se suspendan concesiones u otras obligaciones tras la resolución jurisdiccional de una diferencia comercial en aplicación del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC, su nivel no deberá superar el nivel autorizado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC;

b)

cuando se suspendan concesiones u otras obligaciones tras la realización de un procedimiento internacional de solución de diferencias en el marco de cualquier acuerdo comercial internacional, incluidos los acuerdos bilaterales o regionales, su nivel no deberá superar el nivel de anulación o menoscabo derivado de la medida del tercer país en cuestión, determinado por la Comisión o mediante el recurso a un arbitraje, según el caso;

c)

en caso de reequilibrio de concesiones u otras obligaciones en el marco de las disposiciones sobre salvaguardias de acuerdos comerciales internacionales, la acción de la Unión deberá ser sustancialmente equivalente al nivel de las concesiones u otras obligaciones afectadas por la medida de salvaguardia, con arreglo a las condiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC o a las disposiciones sobre salvaguardias de cualquier acuerdo comercial internacional, incluidos los acuerdos comerciales regionales o bilaterales, en virtud de los cuales se aplique la medida de salvaguardia;

d)

cuando las concesiones sean retiradas en el comercio con un tercer país en relación con el artículo XXVIII del GATT de 1994 y con el Entendimiento (5) sobre su interpretación, deberán ser sustancialmente equivalentes a las concesiones modificadas o retiradas por dicho tercer país de conformidad con los términos establecidos en el artículo XXVIII del GATT de 1994 y en dicho Entendimiento.

a)

eficacia de las medidas para incitar a los terceros países a cumplir las normas comerciales internacionales;

b)

potencial de las medidas para ayudar a los operadores económicos de la Unión afectados por medidas de terceros países;

c)

disponibilidad de fuentes alternativas de suministro para las mercancías o servicios de que se trate, a fin de evitar o minimizar todo impacto negativo en las industrias usuarias, las autoridades o entidades contratantes, o los consumidores finales dentro de la Unión;

d)

evitación de costes y de complejidad administrativa desproporcionada en la aplicación de las medidas;

e)

y cualquier otro criterio específico que pueda establecerse en los acuerdos comerciales internacionales en relación con los casos a los que se refiere el artículo 3.

a)

la suspensión de concesiones arancelarias y la imposición de derechos de aduana nuevos o más elevados, incluidos el restablecimiento de derechos de aduana al nivel de la nación más favorecida, la imposición de derechos de aduana por encima del nivel de la nación más favorecida o la introducción de cualquier otro gravamen a la importación o exportación de mercancías;

b)

la introducción o el incremento de restricciones cuantitativas de las importaciones o exportaciones de mercancías, a través de contingentes, licencias de importación o exportación u otras medidas;

c)

la suspensión de concesiones relativas a mercancías, servicios o proveedores en el ámbito de la contratación pública, mediante:

a)

incluirán umbrales, con arreglo a las características de las mercancías o servicios de que se trate, por encima de los cuales se aplicarán la exclusión y/o el recargo forzoso de los precios, teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo comercial celebrado y el nivel de anulación o menoscabo;

b)

determinarán los sectores o las categorías de mercancías o servicios a las que se aplicarán, así como las excepciones aplicables;

c)

determinarán las autoridades o entidades contratantes, o las categorías de autoridades o entidades contratantes, enumeradas por Estado miembro, cuya contratación pública cubran. A fin de proporcionar la base para esta determinación, cada Estado miembro presentará una lista de autoridades o entidades contratantes adecuadas, o categorías de autoridades o entidades contratantes adecuadas. Las medidas garantizarán que se alcance un nivel adecuado de suspensión de concesiones u otras obligaciones y una distribución equitativa entre los Estados miembros.

a)

cuando se trate de una persona física, su país de nacionalidad o el país en el que tenga el derecho de residencia permanente;

b)

cuando se trate de una persona jurídica:

a)

cuando el tercer país cuyas medidas se hayan considerado que infringen las normas comerciales internacionales en un procedimiento de solución de diferencias se ponga en conformidad, o cuando se alcance otra solución mutuamente satisfactoria;

b)

en los casos de reequilibrio de concesiones u otras obligaciones tras la adopción por un tercer país de una medida de salvaguardia, cuando la medida de salvaguardia se retire o expire, o cuando el tercer país afectado conceda una compensación adecuada y proporcionada a la Unión tras la adopción de un acto de ejecución con arreglo al artículo 4, apartado 1;

c)

en los casos de modificación de concesiones por un miembro de la OMC en el marco del artículo XXVIII del GATT de 1994, cuando el tercer país conceda una compensación adecuada y proporcionada a la Unión tras la adopción de un acto de ejecución con arreglo al artículo 4, apartado 1.

a)

la evolución internacional por lo que atañe a la suspensión de otras obligaciones en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS);

b)

la evolución dentro de la Unión por lo que respecta a la adopción de normas comunes sobre los sectores de los servicios;

c)

la eficacia de las posibles medidas de política comercial adicionales como medio de hacer respetar los derechos de la Unión en virtud de acuerdos comerciales internacionales;

d)

los mecanismos disponibles para garantizar de manera uniforme y eficiente la aplicación práctica de posibles medidas de política comercial adicionales relativas a los servicios, y

e)

las implicaciones para los proveedores de servicios presentes en la Unión en el momento de la adopción de actos de ejecución en virtud del presente Reglamento.

27.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 189/59

(1)

La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el cual esté garantizada la libre circulación de personas. Para el progresivo establecimiento de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2)

De conformidad con el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), entre tales medidas se pueden incluir aquellas destinadas a garantizar, en particular, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros, la tutela judicial efectiva y la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.

(3)

El 24 de octubre de 2006, la Comisión, mediante el «Libro Verde sobre una mayor eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: Embargo de los activos bancarios», inició un proceso de consulta sobre la necesidad de un procedimiento europeo uniforme para la retención de cuentas bancarias y las posibles características de dicho procedimiento.

(4)

En el Programa de Estocolmo de diciembre de 2009 (3), que estableció las prioridades en materia de justicia, libertad y seguridad para el período de 2010 a 2014, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que evaluara la necesidad y la viabilidad de establecer algunas medidas provisionales, incluso cautelares, a escala de la Unión, para prevenir, por ejemplo, la desaparición de activos antes de la ejecución de un crédito, y que presentara las propuestas adecuadas para mejorar la eficiencia con respecto a la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión en relación con las cuentas bancarias y los activos de deudores.

(5)

Los procedimientos nacionales para la obtención de medidas cautelares como las órdenes de retención de cuentas existen en todos los Estados miembros, pero las condiciones para la concesión de tales medidas y la eficacia de su aplicación varían considerablemente. Además, el recurso a las medidas cautelares nacionales puede resultar engorroso en los casos con repercusión transfronteriza y, en particular, cuando el acreedor desea retener varias cuentas localizadas en diferentes Estados miembros. Por consiguiente, se considera necesario y oportuno adoptar un instrumento jurídico de la Unión que sea vinculante y directamente aplicable, por el que se establezca un nuevo procedimiento de la Unión que permita, en los asuntos transfronterizos, la eficaz y rápida retención de los activos que se tengan en cuentas bancarias.

(6)

El procedimiento que establece el presente Reglamento debe constituir un medio complementario y opcional para el acreedor, que conserva plena libertad de recurrir a cualquier otro procedimiento establecido en el Derecho nacional para la obtención de una medida equivalente.

(7)

Un acreedor ha de poder obtener una medida cautelar en forma de una orden europea de retención de cuentas («orden de retención» u «orden») que impida la transferencia o retirada de fondos poseídos por su deudor en una cuenta bancaria mantenida en un Estado miembro, si existe el riesgo de que, sin dicha medida, la ejecución ulterior de su crédito contra el deudor se vea impedida o resulte considerablemente más difícil. La retención de los fondos de la cuenta del deudor debe tener por efecto que se impida la utilización de los fondos no solo al propio deudor sino también a cualquier otra persona autorizada por el mismo para efectuar pagos a través de esa cuenta, por ejemplo mediante una orden permanente de pago, un débito directo o la utilización de una tarjeta de crédito.

(8)

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir todas las materias civiles y mercantiles salvo determinadas materias claramente definidas. En particular, el presente Reglamento no debe aplicarse a los créditos frente a deudores incursos en procedimientos de insolvencia. Ello ha de entenderse en el sentido de que no se pueda dictar una orden de retención contra el deudor una vez iniciado respecto de este un procedimiento de insolvencia tal como se define en el Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo (4). Por otro lado, la exclusión debe permitir que se haga uso de la orden de retención para garantizar la reintegración de pagos indebidos efectuados por dicho deudor a terceros.

(9)

El presente Reglamento debe aplicarse a las cuentas mantenidas en entidades de crédito cuya actividad consista en aceptar del público depósitos y otros fondos reembolsables y conceder créditos por su propia cuenta.

Por consiguiente, no debe aplicarse a las entidades financieras que no acepten tales depósitos, por ejemplo entidades que den financiación a proyectos de exportación e inversión o proyectos en países en desarrollo o entidades que presten servicios de mercado financiero. Por otra parte, el presente Reglamento no debe aplicarse a las cuentas bancarias de los bancos centrales ni a las cuentas mantenidas en estos, cuando actúen en su calidad de autoridades monetarias, ni a las cuentas que no puedan quedar retenidas por una orden nacional equivalente a la orden de retención o que gocen de otro tipo de inmunidad frente al embargo con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se mantenga la cuenta de que se trate.

(10)

El presente Reglamento debe aplicarse exclusivamente a los asuntos transfronterizos y debe definir qué constituye un asunto transfronterizo en este contexto específico. A los efectos del presente Reglamento, debe considerarse que existe un asunto transfronterizo cuando el órgano jurisdiccional que conoce de la solicitud de orden de retención se encuentre en un Estado miembro y la cuenta bancaria afectada por dicha orden se tenga en otro Estado miembro. También se debe considerar que existe un asunto transfronterizo cuando el acreedor esté domiciliado en un Estado miembro y el órgano jurisdiccional y la cuenta bancaria que haya de retenerse estén situados en otro Estado miembro.

El presente Reglamento no debe aplicarse a la retención de aquellas cuentas mantenidas en el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se solicite la orden de retención cuando el domicilio del acreedor se encuentre también en ese mismo Estado miembro, aun en el caso de que el acreedor solicite al mismo tiempo una orden de retención para una o varias cuentas mantenidas en otro Estado miembro. En tal caso, el acreedor debe presentar dos solicitudes distintas (una para la orden de retención y otra para la aplicación de una medida nacional).

(11)

El procedimiento para solicitar una orden de retención ha de ser accesible al acreedor que, antes de que se inicie el procedimiento sobre el fondo del asunto y en cualquier fase de dicho procedimiento, desee asegurar la ejecución de la resolución judicial posterior sobre el fondo del asunto. Ha de ser accesible igualmente al acreedor que haya obtenido ya una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva por el que se exija al deudor el pago de la deuda al acreedor.

(12)

La orden de retención debe poderse solicitar para asegurar los créditos que ya sean exigibles. Debe poderse solicitar igualmente para asegurar los créditos que aún no sean exigibles, siempre que se deriven de una transacción o de un hecho que ya haya tenido lugar y sea posible determinar su cuantía, incluidas las derivadas de acciones en materia delictual o cuasidelictual así como de acciones civiles por daños y perjuicios o de restitución basadas en un acto que dé lugar a un proceso penal.

El acreedor ha de poder solicitar que se dicte la orden de retención por el importe del principal de la deuda o por un importe inferior. Este último supuesto podría convenirle, por ejemplo, en caso de que ya haya obtenido otra medida cautelar respecto de una parte de la deuda.

(13)

Con el fin de garantizar una estrecha conexión entre los procedimientos relativos a la orden de retención y los procedimientos sobre el fondo del asunto, la competencia internacional para dictar la orden debe corresponder a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes para conocer del fondo del asunto. A los efectos del presente Reglamento, el concepto de procedimiento sobre el fondo debe incluir cualquier procedimiento cuyo objetivo sea obtener un título ejecutivo sobre la deuda subyacente, incluidos, por ejemplo, los procedimientos sobre medidas provisionales relativos a órdenes de pago o procedimientos como el «procédure en référé» francés. En caso de que el deudor sea un consumidor domiciliado en un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro deben ser los únicos competentes para dictar la orden.

(14)

Los requisitos para dictar la orden de retención deben procurar un equilibrio adecuado entre el interés del acreedor en obtener una orden y el interés del deudor en evitar que se abuse de esta.

En consecuencia, si el acreedor solicita una orden de retención antes de obtener una resolución judicial, ha de acreditar al órgano jurisdiccional ante el que se solicite, mediante la presentación de las correspondientes pruebas, que tiene probabilidades de que prospere su pretensión sobre el fondo del asunto contra el deudor.

Además, debe exigirse al acreedor en todas las situaciones, incluso cuando ya haya obtenido una resolución judicial, que demuestre al órgano jurisdiccional que su pretensión necesita urgentemente protección judicial y que, sin la orden, la ejecución de la resolución judicial existente o futura puede verse impedida o resultar considerablemente más difícil por existir un riesgo real de que, cuando el acreedor logre que se ejecute dicha resolución, el deudor haya dilapidado, ocultado o destruido sus bienes, o los haya enajenado por un valor inferior al real, en una proporción inusual o por un medio no habitual.

El órgano jurisdiccional debe valorar las pruebas aportadas por el acreedor para acreditar la existencia de ese riesgo. Esta valoración podría tener por objeto, por ejemplo, la conducta del deudor respecto de la reclamación del acreedor o en un litigio anterior entre las partes, el historial crediticio del deudor, la naturaleza de los activos del deudor y cualquier actuación reciente de este en relación con sus activos. Al valorar las pruebas, el órgano jurisdiccional puede considerar que los movimientos para retirar fondos de cuentas y los gastos que realice el deudor en el ejercicio normal de su actividad o sus gastos familiares recurrentes no son, en sí mismos, inusuales. El solo impago o impugnación del crédito, o el mero hecho de que el deudor tenga más de un acreedor, no deben, por sí mismos, considerarse prueba suficiente que justifique que se dicte una orden. Tampoco debe considerarse motivo suficiente para dictar una orden el mero hecho de que el deudor padezca dificultades financieras o sufra un deterioro de su situación financiera. No obstante, el órgano jurisdiccional puede tener en cuenta estos factores en la valoración general de la existencia del riesgo.

(15)

A fin de garantizar el efecto sorpresa de la orden de retención y para garantizar que la orden sea un instrumento de utilidad para los acreedores que intentan cobrar sus créditos en asuntos transfronterizos, el deudor no debe ser informado de la solicitud del acreedor, ni ser oído antes de que se dicte la orden, ni recibir notificación de la orden antes de su cumplimiento. Cuando, sobre la base de las pruebas y la información aportadas por el acreedor o, en su caso, por su o sus testigos, el órgano jurisdiccional considere que no está justificada la retención de la cuenta o cuentas en cuestión, no debe dictar la orden.

(16)

Cuando el acreedor solicite una orden de retención antes de incoar un procedimiento sobre el fondo del asunto ante un órgano jurisdiccional, el presente Reglamento debe obligarle a incoar ese procedimiento dentro de un determinado plazo, así como a acreditar tal incoación al órgano jurisdiccional ante el que hubiera presentado la solicitud de orden. Si el acreedor incumple esta obligación, la orden debe ser revocada de oficio por el órgano jurisdiccional o debe dejarse sin efecto automáticamente.

(17)

Dado que no se procede a la audiencia previa del deudor, el presente Reglamento debe establecer otras garantías específicas a fin de prevenir el abuso de la orden y proteger los derechos del deudor.

(18)

Una salvaguardia importante a tal efecto debe ser la posibilidad de exigir al acreedor que preste una caución para garantizar que el deudor pueda ser indemnizado en una fase ulterior por cualquier daño o perjuicio que le haya ocasionado la orden de retención. En función del Derecho nacional, dicha caución puede prestarse en forma de fianza o de otro tipo de garantía, como una garantía bancaria o una hipoteca. El órgano jurisdiccional debe gozar de discrecionalidad para determinar el importe de la caución que sea suficiente para evitar el abuso de la orden y asegurar la indemnización al deudor, y tener potestad, en caso de que no haya pruebas específicas sobre la cuantía de los daños o perjuicios potenciales, para considerar orientativo el importe por el que vaya a dictarse la orden a efectos de determinar la cuantía de la caución.

Cuando el acreedor aún no haya obtenido una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva que obligue al deudor al pago de la deuda al acreedor, la prestación de la caución debe ser la norma y solamente de manera excepcional el órgano jurisdiccional debe eximir de esta obligación o requerir una caución por un importe inferior si considera que dicha caución es improcedente, superflua o desproporcionada dadas las circunstancias concretas del caso. Dichas circunstancias podrían consistir, por ejemplo, en que el acreedor, pese unas pretensiones y alegaciones bien fundadas, no tiene medios suficientes para prestar una caución, en que el crédito se deriva de una obligación de alimentos o del pago de sueldos o salarios, o en que la cuantía del crédito es tal que no es probable que la orden cause daño o perjuicio alguno al deudor, por ejemplo, en caso de una pequeña deuda comercial.

Cuando el acreedor ya haya obtenido una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva, la prestación de la caución debe dejarse a la discreción del órgano jurisdiccional. Salvo en las circunstancias excepcionales antes mencionadas, la prestación de una caución puede ser procedente, por ejemplo, cuando la resolución cuya ejecución se pretende asegurar por medio de la orden de retención no sea aún ejecutiva o solo sea ejecutiva provisionalmente debido a que haya un recurso pendiente.

(19)

Otro elemento importante para el logro del adecuado equilibrio entre los intereses del acreedor y del deudor debe ser la responsabilidad, como norma, del acreedor por cualquier daño o perjuicio que la orden de retención ocasione al deudor. Así pues, el presente Reglamento debe establecer, como mínimo, la responsabilidad del acreedor cuando el daño o perjuicio ocasionado al deudor por la orden de retención se deba a su culpa. En este contexto, la carga de la prueba corresponde al deudor. Por lo que se refiere a los motivos de responsabilidad especificados en el presente Reglamento, debe preverse una norma armonizada por la que se establezca una presunción iuris tantum de culpa por parte del acreedor.

Por otra parte, los Estados miembros deben poder mantener o introducir en su Derecho nacional otros motivos de responsabilidad distintos de los que especifica el presente Reglamento. Para estos otros motivos de responsabilidad, los Estados miembros deben asimismo poder mantener o introducir otros tipos de responsabilidad, como la responsabilidad objetiva.

El presente Reglamento debe también establecer una norma de conflicto de leyes en la que se especifique que la ley aplicable a la responsabilidad del deudor debe ser la del Estado miembro de ejecución. En caso de existir varios Estados miembros de ejecución, la ley aplicable debe ser la del Estado miembro de ejecución en el que el deudor tenga su residencia habitual. En caso de que el deudor no resida habitualmente en ningún Estado miembro de ejecución, la ley aplicable debe ser la del Estado miembro de ejecución con el que el asunto presente la conexión más estrecha. Para determinar la conexión más estrecha, la cuantía del importe retenido en los distintos Estados miembros de ejecución podría ser uno de los factores que el órgano jurisdiccional tenga que tomar en consideración.

(20)

A fin de superar las dificultades prácticas existentes que afrontan los acreedores para obtener información sobre el paradero de las cuentas bancarias del deudor en un contexto transfronterizo, el presente Reglamento debe establecer un mecanismo que permita al acreedor solicitar que, antes de que se dicte una orden de retención, el órgano jurisdiccional recabe la información necesaria para permitir identificar la cuenta del deudor de la autoridad de información designada del Estado miembro en el que dicho acreedor crea que el deudor posee una cuenta. Dada la especial naturaleza de esa intervención de las autoridades públicas y de ese acceso a datos privados, el acceso a la información de cuentas solo debe concederse, como norma, en los casos en que el acreedor ya haya obtenido una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva. No obstante, el acreedor debe poder presentar excepcionalmente una solicitud de información de cuentas aunque dicha resolución, transacción o documento aún no tenga fuerza ejecutiva. Dicha solicitud debe ser posible cuando el importe a retener sea sustancial teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el órgano jurisdiccional llegue a la conclusión, basándose en las pruebas presentadas por el acreedor, de que urge obtener esa información de cuentas debido al riesgo de que sin ella peligre la ejecución ulterior de su crédito frente al deudor y, por consiguiente, pueda ocasionarse un deterioro considerable de la situación financiera del acreedor.

Para que dicho mecanismo funcione, los Estados miembros deben establecer en su Derecho nacional uno o más métodos de obtención de dicha información que sean eficaces y eficientes y no resulten desproporcionados en relación con su coste y duración. El mecanismo solamente debe aplicarse cuando concurran todas las condiciones y requisitos para que se dicte la orden de retención y el acreedor haya justificado adecuadamente en su solicitud cuáles son los motivos que lo inducen a creer que el deudor posee una o más cuentas en un Estado miembro específico, por ejemplo que el deudor trabaje o ejerza una actividad profesional en dicho Estado miembro o posea en él algún bien en propiedad.

(21)

Además, con objeto de garantizar la protección de los datos personales del deudor, no debe facilitarse al acreedor la información obtenida con respecto a la identificación de la cuenta o las cuentas bancarias del deudor. Esta información debe facilitarse únicamente al órgano jurisdiccional requirente, y de forma excepcional al banco del deudor en caso de que este u otra entidad responsable de la ejecución de la orden en el Estado miembro de ejecución no pudiera identificar la cuenta del deudor partiendo de la información contenida en la orden, por ejemplo en caso de que varias personas con el mismo nombre y domicilio mantengan cuentas en el mismo banco. En tales casos, cuando conste en la orden que el número o los números de las cuentas que deban retenerse se obtuvieron merced a una solicitud de obtención de información, el banco debe solicitar dicha información a la autoridad de información del Estado miembro de ejecución, y debe poder formular tal petición sin excesivo formalismo.

(22)

El presente Reglamento debe conceder al acreedor el derecho a interponer recurso contra una negativa a dictar la orden de retención. Tal derecho debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que el acreedor presente una nueva solicitud de orden de retención basada en nuevos hechos o nuevas pruebas.

(23)

Las estructuras de ejecución para la retención de cuentas bancarias varían de forma considerable entre los Estados miembros. Con objeto de evitar la duplicidad de tales estructuras en los Estados miembros y de respetar en la mayor medida posible los procedimientos nacionales, el presente Reglamento, por lo que se refiere a la ejecución y a la cumplimentación efectiva de la orden de retención, debe basarse en los métodos y estructuras aplicados a órdenes nacionales equivalentes en el Estado miembro en el que deba ejecutarse la orden.

(24)

A fin de garantizar una ejecución rápida, el presente Reglamento debe disponer que la transmisión de la orden del Estado miembro de origen a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución se efectúe por cualquier medio adecuado que garantice que el contenido de los documentos transmitidos sea verídico, fiel y legible sin dificultad.

(25)

Cuando la autoridad competente del Estado miembro de ejecución reciba la orden de retención, debe tomar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento de acuerdo con su Derecho nacional, bien transmitiéndola al banco u otra entidad responsable de la ejecución de este tipo de órdenes en ese Estado miembro o bien, si así lo dispone el Derecho nacional, requiriendo al banco por otros medios que ejecute la orden.

(26)

En función del método aplicable con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución por lo que respecta a las órdenes nacionales equivalentes, la ejecución de la orden de retención debe efectuarse, bien mediante el bloqueo del importe retenido en la propia cuenta del deudor, o bien, cuando así lo contemple el Derecho nacional, mediante la transferencia de ese importe a una cuenta destinada a fines de retención, que podrá ser una cuenta a nombre de la autoridad de ejecución competente, del órgano jurisdiccional, del banco en que el deudor tenga su cuenta o de un banco designado como entidad coordinadora a efectos de la retención de cuentas en el asunto de que se trate.

(27)

El presente Reglamento no debe impedir que se solicite el pago adelantado de tasas por la ejecución de la orden de retención. Este aspecto debe determinarse con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro en el que deba ejecutarse la orden.

(28)

La orden de retención debe seguir el mismo orden de prelación, si lo hubiera, que una orden nacional equivalente en el Estado miembro de ejecución. En caso de que, con arreglo al Derecho nacional, determinadas medidas de ejecución tengan prelación respecto de las medidas de retención, se les ha de dar la misma prelación en relación con las órdenes de retención dictadas en virtud del presente Reglamento. A los efectos del presente Reglamento, las órdenes personales que existen en algunos ordenamientos jurídicos nacionales pueden considerarse equivalentes a órdenes nacionales.

(29)

El presente Reglamento debe imponer al banco u otra entidad responsable de ejecutar la orden de retención en el Estado miembro de ejecución la obligación de declarar si dicha orden ha dado lugar efectivamente a la retención de fondos del deudor, y en caso afirmativo, en qué cuantía, e imponer al acreedor la obligación de velar por que se liberen, en su caso, los fondos retenidos que excedan del importe especificado en la orden.

(30)

El presente Reglamento debe proteger el derecho del deudor a un juez imparcial así como su derecho a una tutela judicial efectiva y permitirle, por consiguiente, habida cuenta del carácter no contradictorio del procedimiento por el que se dicta la orden de retención, impugnar la orden o sus medidas de ejecución, por los motivos contemplados en el presente Reglamento, inmediatamente después de la cumplimentación de la orden.

(31)

A este respecto, el presente Reglamento debe exigir que tanto la orden de retención como todos los documentos presentados por el acreedor al órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen y las traducciones necesarias se notifiquen al deudor sin demora tras la cumplimentación de la orden. El órgano jurisdiccional debe tener la facultad de adjuntar otros documentos en los que haya basado su resolución y que puedan ser útiles al deudor para su defensa, como las transcripciones literales de la vista oral.

(32)

El deudor debe tener la posibilidad de solicitar el reexamen de la orden de retención, en particular en caso de no haberse cumplido las condiciones o los requisitos previstos en el presente Reglamento, o cuando se hayan modificado las circunstancias que dieron lugar a que se dictara la orden de tal modo que esta deje de estar justificada. Por ejemplo, el deudor ha de poder recurrir cuando el asunto no sea transfronterizo, tal como se define en el presente Reglamento; cuando no se hayan respetado las normas de competencia previstas en el presente Reglamento; cuando el acreedor no haya iniciado el procedimiento sobre el fondo del asunto dentro de los plazos fijados en el presente Reglamento y, por consiguiente, la orden no haya sido revocada de oficio por el órgano jurisdiccional o no se haya dejado sin efecto automáticamente; cuando el crédito del acreedor no precise de protección urgente en forma de una orden de retención por la inexistencia de riesgo de que se impida o dificulte sustancialmente la posterior ejecución de ese crédito, o cuando el establecimiento de la caución incumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

El deudor debe contar asimismo con la posibilidad de interponer un recurso si no se le han notificado la orden y la declaración sobre la retención con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, o si los documentos que se le han notificado no se ajustan a los requisitos lingüísticos previstos en el presente Reglamento. No obstante, dicho recurso no debe concederse si la falta de notificación o de traducción se subsana dentro de un plazo determinado. Para subsanar la falta de notificación, el acreedor debe solicitar al órgano responsable de la notificación del Estado miembro de origen que se remitan al deudor los documentos correspondientes mediante carta certificada, o, en caso de que el deudor esté de acuerdo en recoger los documentos en el órgano jurisdiccional, debe facilitar al órgano jurisdiccional las traducciones de los documentos que sean necesarias. Dicha solicitud no ha de ser necesaria cuando la falta de notificación ya haya sido subsanada por otros medios, por ejemplo cuando, con arreglo al Derecho nacional, el órgano jurisdiccional haya procedido a la notificación de oficio.

(33)

La cuestión de quién debe proporcionar las traducciones que se exigen con arreglo al presente Reglamento y quién debe sufragar los costes de las mismas se ha de regir por el Derecho nacional.

(34)

La competencia para conocer de los recursos interpuestos contra la orden de retención debe corresponder a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se haya dictado. La competencia para conocer de los recursos interpuestos contra la ejecución de la orden debe corresponder a los órganos jurisdiccionales o, en su caso, las autoridades competentes de ejecución del Estado miembro de ejecución.

(35)

El deudor debe tener derecho a solicitar la liberación de los fondos retenidos si aporta una caución sustitutoria apropiada. Dicha caución puede prestarse en forma de fianza o de otro tipo de garantía, como una garantía bancaria o una hipoteca.

(36)

El presente Reglamento debe garantizar que la retención de las cuentas del deudor no afecte a las cantidades que estén exentas de embargo con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, por ejemplo las cantidades necesarias para garantizar los medios de subsistencia del deudor y su familia. En función del procedimiento aplicable en dicho Estado miembro, la cantidad correspondiente debe ser, bien declarada exenta de oficio por el órgano responsable, que puede ser el órgano jurisdiccional, el banco o la autoridad de ejecución competente, antes de que se cumplimente la orden, o bien quedar exenta a solicitud del deudor después de su cumplimentación. Cuando por la misma orden de retención se retengan cuentas en varios Estados miembros y la exención se haya aplicado más de una vez, el acreedor debe tener la posibilidad de solicitar al órgano jurisdiccional competente de cualquiera de los Estados miembros de ejecución o, si así lo dispone el Derecho nacional del Estado miembro de ejecución afectado, a la autoridad de ejecución competente de este, una adaptación de la exención aplicada en dicho Estado miembro.

(37)

Para garantizar la adopción y ejecución rápidas y sin demora de la orden de retención de cuentas, el presente Reglamento debe fijar los plazos para la conclusión de las diferentes fases del procedimiento. Solo ha de permitirse a los órganos jurisdiccionales o a las autoridades que intervengan en el procedimiento no aplicar dichos plazos en circunstancias excepcionales, por ejemplo en asuntos de particular complejidad jurídica o factual.

(38)

A fin de calcular los plazos previstos en el presente Reglamento, debe aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo (5).

(39)

A fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, debe preverse la obligación de los Estados miembros de comunicar a la Comisión determinada información sobre su legislación y procedimientos en relación con las órdenes de retención y órdenes nacionales equivalentes.

(40)

A fin de facilitar la aplicación práctica del presente Reglamento, deben establecerse formularios normalizados, en particular, para la solicitud de una orden de retención, para la propia orden, para la declaración sobre retención de fondos y para el escrito de demanda o de recurso en virtud del presente Reglamento.

(41)

Con objeto de mejorar la eficiencia del procedimiento, el presente Reglamento debe contemplar la mayor utilización posible de las tecnologías modernas de comunicación aceptadas en virtud de las normas de procedimiento del Estado miembro de que se trate, en particular para la cumplimentación de los formularios normalizados previstos en el presente Reglamento y para la comunicación entre las autoridades que intervienen en el procedimiento. Por otra parte, los métodos para la firma de la orden de retención y otros documentos previstos en el presente Reglamento deben ser tecnológicamente neutros con objeto de permitir la aplicación de los métodos existentes, como la certificación digital o la autenticación segura, y los que resulten de la futura evolución tecnológica en este ámbito.

(42)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta al establecimiento y modificaciones subsiguientes de los formularios normalizados previstos en el presente Reglamento. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(43)

Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución por los que se establezcan y se modifiquen posteriormente los formularios normalizados previstos en el presente Reglamento de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011.

(44)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, pretende garantizar el respeto a la vida privada y familiar, la protección de datos de carácter personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, conforme a lo establecido, respectivamente, en sus artículos 7, 8, 17 y 47.

(45)

En el marco del acceso a los datos de carácter personal y de su utilización y transmisión con arreglo al presente Reglamento, deben cumplirse los requisitos establecidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) de acuerdo con su transposición al Derecho nacional de los Estados miembros.

(46)

A efectos de la aplicación del presente Reglamento, es no obstante necesario establecer determinadas condiciones específicas de acceso a los datos de carácter personal, de utilización y de transmisión de los mismos. En este contexto, se ha tomado en consideración el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (8). La notificación a la persona a la que se refieren los datos debe llevarse a cabo de conformidad con el Derecho nacional. No obstante, la notificación al deudor de la divulgación de información relativa a su cuenta o cuentas debe aplazarse 30 días, con el fin de evitar que una pronta notificación ponga en peligro el efecto de la orden de retención.

(47)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un procedimiento de la Unión consistente en una medida cautelar que permita al acreedor obtener una orden de retención de cuentas que impida que peligre la ejecución ulterior de su crédito debido a la transferencia o la retirada de fondos que el deudor posea en una cuenta bancaria dentro de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(48)

El presente Reglamento se debe aplicar únicamente a aquellos Estados miembros que estén vinculados por él con arreglo a los Tratados. El procedimiento para conseguir una orden de retención previsto en el presente Reglamento debe por tanto estar únicamente a disposición de acreedores domiciliados en un Estado miembro vinculado por el presente Reglamento, y las órdenes dictadas de conformidad con el presente Reglamento únicamente han de afectar a la preservación de cuentas bancarias mantenidas en ese Estado miembro.

(49)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(50)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(51)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

a)

los derechos de propiedad derivados del régimen matrimonial o de una relación a la que la ley aplicable atribuya efectos comparables al matrimonio;

b)

los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte;

c)

los créditos frente a un deudor respecto del cual se hayan iniciado procedimientos de insolvencia, procedimientos de liquidación de sociedades u otras personas jurídicas insolventes, procedimientos cuyo objeto sea alcanzar un acuerdo judicial o un convenio de acreedores, u otros procedimientos análogos;

d)

la seguridad social;

e)

el arbitraje.

a)

el Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se solicite la orden de retención, de conformidad con el artículo 6, ni

b)

el Estado miembro de domicilio del acreedor.

a)

el Estado miembro indicado en el código IBAN (número internacional de cuenta bancaria) de la cuenta, o

b)

en el caso de una cuenta bancaria que no tenga código IBAN, el Estado miembro en el que se encuentre la sede central del banco en que se mantenga la cuenta, o en caso de que la cuenta esté abierta en una sucursal, el Estado miembro en el que se encuentre la sucursal;

a)

se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y

b)

haya sido acreditada por una autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal fin;

a)

antes de que incoe un procedimiento en un Estado miembro contra el deudor sobre el fondo del asunto, o en cualquier fase de ese procedimiento hasta el momento en que se dicte la resolución judicial o se apruebe o concluya una transacción judicial;

b)

después de que haya obtenido en un Estado miembro una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva que obligue al deudor a pagar una deuda a su favor.

a)

denominación y dirección del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la solicitud;

b)

información relativa al acreedor: nombre y datos de contacto y, en su caso, el nombre y datos de contacto del representante del acreedor, y

c)

información relativa al deudor: nombre y datos de contacto y, en su caso, el nombre y datos de contacto del representante del deudor y, si se conoce esta información:

d)

un número que sirva para identificar al banco, como el código IBAN o BIC, y/o el nombre y dirección del banco, en el que el deudor mantenga una o varias cuentas que deban retenerse;

e)

si se dispone de él, el número de la cuenta o las cuentas que deban retenerse y, en tal caso, una indicación de si debiera retenerse cualquier otra cuenta mantenida por el deudor en el mismo banco;

f)

en caso de que no se pueda aportar ninguno de los datos exigidos en virtud de la letra d), una declaración de que se formula una solicitud de obtención de información sobre cuentas con arreglo al artículo 14, si dicha solicitud es posible, y la justificación de las razones por las que el acreedor cree que el deudor tiene una o más cuentas en un banco de un Estado miembro determinado;

g)

la cantidad por la que se solicita que se dicte la orden de retención:

h)

cuando el acreedor no haya obtenido una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva:

i)

cuando el acreedor ya haya obtenido una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva, una declaración de que dicha resolución, transacción o documento aún no se ha ejecutado o, en caso de haberse ejecutado solo en parte, una indicación de en qué parte no se ha ejecutado;

j)

una descripción de todas las circunstancias pertinentes que justifiquen que se dicte la orden de retención de conformidad con el artículo 7, apartado 1;

k)

en su caso, una indicación de las razones por las que el acreedor considera que debe quedar exento de la prestación de una caución con arreglo al artículo 12;

l)

lista de las pruebas que el acreedor ha aportado;

m)

una declaración, según lo dispuesto en el artículo 16, de si el acreedor ha solicitado ante otros órganos jurisdiccionales o autoridades una orden nacional equivalente, o si ya ha obtenido o se le ha denegado tal orden y, en caso de haberse obtenido, en qué parte se ha ejecutado;

n)

una indicación facultativa de la cuenta bancaria del acreedor que deberá utilizarse en su caso para el pago voluntario de la deuda por parte del deudor;

o)

una declaración de que la información presentada por el acreedor en la solicitud es verídica y completa a su leal saber y entender y de que el acreedor es consciente de que cualquier alegación deliberadamente falsa o incompleta podría tener consecuencias jurídicas en virtud del Derecho del Estado miembro en que se presenta la solicitud o dar lugar a la exigencia de responsabilidades con arreglo al artículo 13.

a)

desde el momento en que se presente el escrito de demanda o escrito equivalente, a condición de que posteriormente el acreedor no deje de tomar todas las medidas que se le exijan para que se dé al deudor traslado de dicho escrito, o

b)

si dicho escrito ha de notificarse al demandado antes de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el acreedor no deje de tomar todas las medidas que se le exijan para presentar el escrito al órgano jurisdiccional.

a)

si la orden se revoca porque el acreedor no ha incoado el procedimiento sobre el fondo del asunto, salvo que dicha omisión se haya debido al pago de la deuda por parte del deudor o a otra forma de transacción entre las partes;

b)

si el acreedor no ha liberado los importes retenidos en exceso con arreglo al artículo 27;

c)

si se determina ulteriormente que, debido al incumplimiento por el acreedor de sus obligaciones previstas en el artículo 16, era improcedente dictar una orden, o solo procedía dictarla por un importe inferior;

d)

si se revoca la orden o su ejecución se deja sin efecto debido al incumplimiento por el acreedor sus obligaciones en virtud del presente Reglamento en materia de notificación o traducción de documentos, o en materia de subsanación de la falta de notificación o de traducción.

a)

en el que el deudor tenga su residencia habitual conforme a la definición del artículo 23 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) o, en su defecto,

b)

con el que el asunto tenga la conexión más estrecha.

a)

la obligación de que todos los bancos de su territorio revelen, a requerimiento de la autoridad de información, si el deudor posee una cuenta en ellos;

b)

el acceso por la autoridad de información a los datos pertinentes de que dispongan las autoridades o administraciones públicas en sus registros o por otros medios;

c)

la posibilidad por parte de sus órganos jurisdiccionales de requerir al deudor que revele en qué banco o bancos del Estado miembro correspondiente mantiene una o varias cuentas bancarias, si ese requerimiento se acompaña de un apercibimiento personal que le prohíba retirar o transferir fondos depositados en su cuenta o cuentas hasta el importe que deba retenerse en virtud de la orden, o

d)

cualquier otro método que sea eficaz y eficiente a fin de obtener la información pertinente, siempre que no sea desproporcionado por su coste o duración.

a)

la parte A, que contendrá la información indicada en el apartado 2 que debe facilitarse al banco, al acreedor y al deudor, y

b)

la parte B, que contendrá la información indicada en el apartado 3 que debe facilitarse al acreedor y al deudor además de la indicada en el apartado 2.

a)

denominación y dirección del órgano jurisdiccional y número de expediente del asunto de que se trate;

b)

datos del acreedor tal como se indican en el artículo 8, apartado 2, letra b);

c)

datos del deudor tal como se indican en el artículo 8, apartado 2, letra c);

d)

nombre y domicilio del banco afectado por la orden;

e)

en caso de que el acreedor haya facilitado en su solicitud el número de cuenta del deudor, el número o los números de la cuenta o cuentas que deban retenerse y, en su caso, la indicación de si procede también retener otras cuentas que tenga el deudor en ese mismo banco;

f)

en su caso, la indicación de que el número de la cuenta que debe retenerse se obtuvo a través de un requerimiento con arreglo al artículo 14 y de que el banco, en caso de ser necesario con arreglo al artículo 24, apartado 4, párrafo segundo, ha de obtener el número o números en cuestión de la autoridad de información del Estado miembro de ejecución;

g)

la cantidad que debe retenerse de acuerdo con la orden;

h)

la instrucción, dirigida al banco, de que ejecute la orden de conformidad con el artículo 24;

i)

la fecha en que se dicte la orden;

j)

en caso de que el acreedor haya indicado en su solicitud una cuenta, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra n), una autorización para que el banco, con arreglo al artículo 24, apartado 3, libere y transfiera, a petición del deudor y siempre que lo permita el Derecho del Estado miembro de ejecución, fondos hasta el importe especificado en la orden a partir de la cuenta retenida con destino a la cuenta que el acreedor haya indicado en su solicitud;

k)

información para encontrar la versión electrónica del formulario que deba emplearse a efectos de la declaración prevista en el artículo 25.

a)

una descripción del objeto y de los motivos por los que el órgano jurisdiccional dictó la orden;

b)

la cuantía de la caución prestada por el acreedor, en su caso;

c)

si procede, el plazo para incoar el procedimiento sobre el fondo del asunto y para aportar al órgano jurisdiccional que dicte la orden la prueba de la incoación;

d)

si procede, la indicación de los documentos que deberán traducirse de acuerdo con el artículo 49, apartado 1, segunda frase;

e)

si procede, la indicación de que corresponde al acreedor incoar la ejecución de la orden, y por consiguiente, en su caso, de que le corresponde transmitirla a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución conforme al artículo 23, apartado 3, y de proceder a la notificación al deudor conforme al artículo 28, apartados 2, 3 y 4, e

f)

información sobre los recursos que puede interponer el deudor.

a)

hasta que se revoque la orden;

b)

hasta que se deje sin efecto la ejecución de la orden, o

c)

hasta que surta efecto, respecto de los fondos retenidos, una medida destinada a ejecutar una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva obtenido por el acreedor en relación con el crédito que se pretendía garantizar mediante la orden de retención.

a)

velando por que dicho importe no se transfiera ni retire de la cuenta o las cuentas indicadas en la orden o identificadas de acuerdo con el apartado 4, o

b)

si así lo dispone el Derecho nacional, transfiriendo dicho importe a una cuenta destinada a fines de retención.

a)

que tal autorización al banco se mencione expresamente en la orden de conformidad con el artículo 19, apartado 2, letra j),

b)

que el Derecho del Estado miembro de ejecución permita tal liberación y transferencia, y

c)

que no concurran distintas órdenes respecto de la cuenta de que se trate.

a)

en caso de que, de acuerdo con el artículo 19, apartado 2, letra f), se indique en la orden que el número o números de la cuenta o cuentas que deben retenerse se obtuvieron en virtud de una petición con arreglo al artículo 14, obtendrá dicho número o números de la autoridad de información del Estado miembro de ejecución, y

b)

en todos los demás casos, no cumplimentará la orden.

a)

cuentas de ahorro de las que el deudor sea el único titular;

b)

cuentas corrientes de las que el deudor sea el único titular;

c)

cuentas de ahorro conjuntas, a reserva de lo dispuesto en el artículo 30;

d)

cuentas corrientes conjuntas, a reserva de lo dispuesto en el artículo 30.

a)

cuando la orden afecte a varias cuentas en el mismo Estado miembro o en Estados miembros diferentes, o

b)

cuando se haya dictado la orden después de haberse ejecutado una o varias órdenes nacionales equivalentes contra el mismo deudor para garantizar la misma deuda.

a)

la orden de retención, empleando las partes A y B del formulario que se prevé en el artículo 19, apartados 2 y 3;

b)

la solicitud de orden de retención presentada por el acreedor ante el órgano jurisdiccional;

c)

copia de todos los documentos presentados por el acreedor ante el órgano jurisdiccional para obtener la orden.

a)

no se reúnen las condiciones o los requisitos establecidos en el presente Reglamento;

b)

falta de notificación al deudor, en el plazo de 14 días a partir de la retención de su cuenta o cuentas, de la orden, la declaración prevista en el artículo 25 y/o los demás documentos mencionados en el artículo 28, apartado 5;

c)

incumplimiento en los documentos notificados al deudor de conformidad con el artículo 28 de los requisitos lingüísticos establecidos en el artículo 49, apartado 1;

d)

falta de liberación de las cantidades retenidas que excedan de la cantidad indicada en la orden como dispone el artículo 27;

e)

pago total o parcial de la deuda cuya ejecución el acreedor trataba de garantizar por medio de la orden, o

f)

desestimación, en virtud de una resolución judicial sobre el fondo del asunto de la pretensión de ejecución del pago deuda que el acreedor trataba de garantizar por medio de la orden;

g)

suspensión o, en su caso, anulación de la resolución judicial sobre el fondo del asunto, la transacción judicial o el documento público con fuerza ejecutiva cuya ejecución el acreedor trataba de garantizar por medio de la orden.

a)

si el acreedor solicita al órgano responsable de la notificación con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen que se notifiquen los documentos al deudor, o

b)

si el deudor ha indicado en su escrito de impugnación que acepta recoger los documentos en el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen y, en caso de que el acreedor fuera responsable de facilitar traducciones, si le transmite a dicho órgano jurisdiccional las traducciones exigidas en el artículo 49, apartado 1.

a)

quedará limitada por el motivo de que deben estar exentas de embargo ciertas cantidades que se tengan en la cuenta con arreglo al artículo 31, apartado 3, o de que al cumplimentar la orden no hayan sido tenidas en cuenta, o no lo hayan sido correctamente, las cantidades inembargables con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, o

b)

se dejará sin efecto por:

a)

el órgano jurisdiccional que haya dictado la orden podrá ordenar la liberación de los fondos retenidos en caso de que el deudor presente a ese órgano jurisdiccional una caución por el importe de la orden, o una garantía sustitutoria otorgada en una forma admitida por el Derecho del Estado miembro de la sede del órgano jurisdiccional y por un valor equivalente al menos a dicho importe;

b)

el órgano jurisdiccional competente o, cuando así lo establezca el Derecho nacional, la autoridad competente de ejecución del Estado miembro de ejecución podrá dejar sin efecto la ejecución de la orden de retención en el Estado miembro de ejecución en caso de que el deudor presente a ese órgano jurisdiccional o a esa autoridad una caución por el importe retenido en dicho Estado miembro, o una garantía sustitutoria otorgada en una forma admitida por el Derecho del Estado miembro de la sede del órgano jurisdiccional y por un valor equivalente al menos a dicho importe.

a)

para impugnar una orden de retención, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen, y

b)

para impugnar la ejecución de la orden de retención en el Estado miembro de ejecución, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución o, si así lo establece el Derecho nacional de este Estado miembro, la autoridad de ejecución competente.

a)

el Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), salvo lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, en el artículo 14, apartados 3 y 6, en el artículo 17, apartado 5, en el artículo 23, apartados 3 y 6, en el artículo 25, apartados 2 y 3, en el artículo 28, apartados 1, 3, 5 y 6, en el artículo 29, en el artículo 33, apartado 3, en el artículo 36, apartados 2 y 4, y en el artículo 49, apartado 1, del presente Reglamento;

b)

el Reglamento (UE) no 1215/2012;

c)

el Reglamento (CE) no 1346/2000;

d)

la Directiva 95/46/CE, salvo lo dispuesto en el artículo 14, apartado 8, y en el artículo 47, del presente Reglamento;

e)

el Reglamento (CE) no 1206/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (15);

f)

el Reglamento (CE) no 864/2007, salvo lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, del presente Reglamento.

a)

los órganos jurisdiccionales competentes para dictar una orden de retención (artículo 6, apartado 4);

b)

la autoridad competente para obtener información de cuentas (artículo 14);

c)

los métodos de obtención de información de cuentas previstos en su Derecho nacional (artículo 14, apartado 5);

d)

los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ha de interponer un recurso (artículo 21);

e)

la autoridad o autoridades competentes a efectos de la recepción, transmisión y notificación de la orden de retención y otros documentos con arreglo al presente Reglamento (artículo 4, punto 14);

f)

la autoridad competente para ejecutar la orden de retención de conformidad con el capítulo 3;

g)

la medida en que pueden retenerse las cuentas conjuntas y nominales con arreglo a su Derecho nacional (artículo 30);

h)

las normas aplicables a las cantidades exentas de embargo con arreglo a su Derecho nacional (artículo 31);

i)

si, con arreglo a su Derecho nacional, los bancos tienen derecho a cobrar comisiones por cumplimentar órdenes nacionales equivalentes o por facilitar información de cuentas, y en tal caso, a cuál de las partes corresponde el pago de dichas comisiones de manera provisional y definitiva (artículo 43);

j)

el baremo de tasas u otro conjunto de normas que fijen las tasas aplicables exigidas por la autoridad u otro organismo que participen en la tramitación o en la ejecución de la orden de retención (artículo 44);

k)

si se reconoce alguna prelación a las órdenes nacionales equivalentes con arreglo a su Derecho nacional (artículo 32);

l)

los órganos jurisdiccionales o, en su caso, la autoridad de ejecución, competentes para resolver un recurso (artículo 33, apartado 1, artículo 34, apartados 1 o 2);

m)

los órganos jurisdiccionales ante los cuales se pueda recurrir, el plazo, si lo hubiera, para la interposición de dicho recurso con arreglo a su Derecho nacional y el hecho que marca el inicio de ese plazo (artículo 37);

n)

una indicación de las tasas judiciales (artículo 42), y

o)

lenguas admitidas para las traducciones de documentos (artículo 49, apartado 2).

a)

los instrumentos financieros deberían incluirse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, y

b)

los importes abonados en la cuenta del deudor con posterioridad a la ejecución de la orden de retención podrían retenerse en virtud de esta.

a)

el número de solicitudes de órdenes de retención y el número de casos en que se dictaron tales órdenes;

b)

el número de recursos interpuestos de conformidad con los artículos 33 y 34 y, cuando sea posible, el número de asuntos en los que se hayan estimado, y

c)

el número de veces que se haya recurrido en virtud del artículo 37 y el número de asuntos en los que se haya estimado dicho recurso.

27.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 189/93

(1)

El objetivo de la política de la Unión en el ámbito de las fronteras exteriores de la Unión es garantizar el control eficaz del cruce de las fronteras exteriores, inclusive mediante la vigilancia de fronteras, contribuyendo al mismo tiempo a proteger y a salvar vidas. La vigilancia de fronteras tiene por objeto impedir el cruce no autorizado de las fronteras, luchar contra la delincuencia transfronteriza y detener a las personas que cruzan ilegalmente las fronteras o adoptar contra ellas otro tipo de medidas. La vigilancia de fronteras debería ser capaz de impedir que las personas se sustraigan a las inspecciones en los pasos fronterizos, y disuadirlas de hacerlo. Con este propósito, la vigilancia de fronteras no se limita a la detección de los intentos de cruce no autorizado de las fronteras, sino que engloba también medidas positivas como la interceptación de embarcaciones sospechosas de intentar entrar en la Unión sin someterse a controles fronterizos, así como disposiciones dirigidas a abordar las situaciones de búsqueda y salvamento que pueden surgir durante una operación de vigilancia marítima de fronteras y disposiciones destinadas a finalizar con éxito esas operaciones.

(2)

Las políticas de la Unión en materia de gestión de fronteras, asilo e inmigración y su aplicación deben regirse por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, en virtud del artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Siempre que sea necesario, los actos de la Unión adoptados en el marco de esas políticas han de incluir medidas apropiadas para la aplicación de ese principio y promover el reparto de la carga, en particular a través del traslado, de forma voluntaria, de los beneficiarios de protección internacional.

(3)

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe limitarse a las operaciones de vigilancia de fronteras llevadas a cabo por los Estados miembros en sus fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea («la Agencia») creada en virtud del Reglamento (CE) no 2007/2004 del Consejo (2). Las medidas de investigación y las medidas punitivas se rigen por el Derecho penal nacional y los instrumentos existentes sobre asistencia judicial mutua en el campo de la cooperación judicial en materia penal en la Unión.

(4)

La Agencia es la encargada de coordinar la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores, también por lo que se refiere a la vigilancia de fronteras. La Agencia tiene también la misión de ayudar a los Estados miembros en circunstancias que requieran una mayor asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores, teniendo en cuenta el hecho de que algunas situaciones pueden implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo. Para reforzar dicha cooperación, es necesario establecer normas específicas para las actividades de vigilancia fronteriza llevadas a cabo por unidades marítimas, terrestres y aéreas de un Estado miembro en la frontera marítima de otros Estados miembros o en alta mar en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia.

(5)

La cooperación con terceros países vecinos resulta esencial a la hora de impedir el cruce no autorizado de las fronteras, de luchar contra la delincuencia transfronteriza y prevenir la pérdida de vidas humanas en el mar. De conformidad con el Reglamento (CE) no 2007/2004 y en la medida en que se garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de los migrantes, la Agencia puede cooperar con las autoridades competentes de terceros países, en particular en el análisis del riesgo y la formación, y debe facilitar la cooperación operativa entre los Estados miembros y terceros países. Cuando la cooperación con terceros países tenga lugar en el territorio o en el mar territorial de dichos países, los Estados miembros y la Agencia han de respetar normas y requisitos al menos equivalentes a los establecidos por el Derecho de la Unión.

(6)

El Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) establecido por el Reglamento (UE) no 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, (3) se propone reforzar el intercambio de información y la cooperación operativa entre los Estados miembros y con la Agencia. Con ello se trata de mejorar considerablemente, también con la ayuda de la Agencia, el conocimiento de la situación y la capacidad de reacción de los Estados miembros, a efectos de detectar, prevenir y combatir la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza y contribuir a garantizar la protección y salvamento de las vidas de los migrantes en sus fronteras exteriores. Al coordinar las operaciones de vigilancia de fronteras, la Agencia debe proporcionar a los Estados miembros información y análisis sobre esas operaciones, de conformidad con dicho Reglamento.

(7)

El presente Reglamento sustituye a la Decisión 2010/252/UE del Consejo (4) que fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal») en su sentencia de 5 de septiembre de 2012 en el asunto C-355/10. En dicha sentencia, el Tribunal mantuvo los efectos de la Decisión 2010/252/UE hasta que entraran en vigor nuevas normas. Por consiguiente, desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la citada Decisión deja de surtir efectos.

(8)

Durante las operaciones de vigilancia marítima de fronteras, los Estados miembros deben respetar sus obligaciones respectivas en virtud del Derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales aplicables.

(9)

A la hora de coordinar operaciones de vigilancia marítima de fronteras, la Agencia debe desempeñar sus funciones ateniéndose plenamente a la normativa aplicable de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), y el Derecho internacional aplicable, en particular los actos mencionados en el considerando 8.

(10)

De acuerdo con el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y los principios generales del Derecho de la Unión, las medidas adoptadas en el transcurso de una operación de vigilancia deben ser proporcionales a los objetivos perseguidos, no discriminatorias y deben respetar plenamente la dignidad humana, los derechos fundamentales y los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo, incluyendo el principio de no devolución. Tanto los Estados miembros como la Agencia deben cumplir las disposiciones del acervo en materia de asilo, y especialmente las de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) por lo que se refiere a las solicitudes de protección internacional presentadas en el territorio, con inclusión de la frontera, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros.

(11)

La aplicación del presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), en particular por lo que se refiere a la ayuda que debe prestarse a las víctimas de trata de seres humanos.

(12)

El presente Reglamento debe aplicarse observando plenamente el principio de no devolución definido en la Carta, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con arreglo a dicho principio, ninguna persona debe ser desembarcada en un país, forzada a entrar en él ni entregada, de la manera que sea, a sus autoridades cuando exista un riesgo grave de que se vea expuesta a sufrir pena de muerte, tortura, persecución o cualquier otra pena o trato inhumano o degradante, entre otros casos, o cuando su vida o su libertad estén amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, o cuando exista un riesgo grave de que sea expulsada, trasladada o extraditada a otro país incumpliendo el principio de no devolución.

(13)

La posible existencia de un acuerdo entre un Estado miembro y un tercer país no exime a los Estados miembros de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión e internacional, especialmente las relativas al cumplimiento del principio de no devolución, en los casos en que sepan o deban saber que las deficiencias sistémicas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese tercer país constituyen una razón válida para creer que el solicitante de asilo se enfrentaría a un riesgo grave de ser sometido a un trato inhumano o degradante o cuando sepan o deban saber que ese tercer país lleva a cabo prácticas que violan el principio de no devolución.

(14)

Durante las operaciones de vigilancia marítima de fronteras, pueden presentarse situaciones en las que sea necesario prestar auxilio a personas en peligro. De acuerdo con el Derecho internacional, todo Estado debe exigir al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros, preste auxilio sin demora a cualquier persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar, y que se dirija a la mayor velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro. Dicho auxilio debe prestarse independientemente de cuál sea la nacionalidad o el estatuto de las personas necesitadas de auxilio o de las circunstancias en que estas se encuentren. El patrón del buque y su tripulación no deben verse expuestos a que se les impongan condenas penales por el mero hecho de haber rescatado a personas que se hallen en peligro en el mar y haberlas trasladado a un lugar seguro.

(15)

Los Estados miembros deben cumplir la obligación de prestar auxilio a personas en peligro de conformidad con las disposiciones aplicables de los instrumentos internacionales que regulan las situaciones de búsqueda y salvamento, y de acuerdo con los requisitos relativos a la protección de los derechos fundamentales. El presente Reglamento no debe afectar a las responsabilidades de las autoridades de búsqueda y salvamento, incluida la de garantizar que la coordinación y la cooperación se lleven a cabo de tal modo que se pueda conducir a las personas rescatadas a un lugar seguro.

(16)

En caso de que la zona operativa de una operación marítima abarque la zona de búsqueda y salvamento de un tercer país, debe procurarse el establecimiento de canales de comunicación con las autoridades de búsqueda y salvamento de ese tercer país a la hora de planificar una operación marítima, de forma que se garantice que esas autoridades puedan responder a los casos de búsqueda y salvamento que se produzcan en su zona de búsqueda y salvamento.

(17)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 2007/2004, las operaciones de vigilancia de fronteras coordinadas por la Agencia se llevan a cabo de acuerdo con un plan operativo. Así pues, por lo que respecta a las operaciones marítimas, el plan operativo debe incluir información específica sobre la aplicación de la jurisdicción y la legislación pertinentes en la zona geográfica en que tiene lugar la operación conjunta, el proyecto piloto o la intervención rápida, incluidas las referencias al Derecho de la Unión e internacional en relación con la interceptación, el salvamento en el mar y el desembarque. El plan operativo debe establecerse de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento que regulan la interceptación, el salvamento en el mar y el desembarque en el contexto de las operaciones de vigilancia marítima de las fronteras coordinadas por la Agencia, y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la operación de que se trate. El plan operativo debe incluir procedimientos para garantizar que se identifique a las personas que necesiten protección internacional, a las víctimas de trata de seres humanos, a los menores no acompañados y otras personas vulnerables y se les preste la asistencia adecuada, incluido el acceso a la protección internacional.

(18)

La práctica conforme al Reglamento (CE) no 2007/2004 es que, para cada operación marítima, se establezca una estructura de coordinación en el Estado miembro de acogida, integrada por funcionarios del Estado miembro de acogida, agentes invitados y representantes de la Agencia, incluido el Coordinador de la Agencia. Esta estructura de coordinación —normalmente denominada «Centro de Coordinación Internacional»— debe utilizarse como canal de comunicación entre los agentes que participan en la operación marítima y las autoridades competentes.

(19)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos en los artículos 2 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en la Carta, y en particular la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la trata de seres humanos, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho de asilo y la protección en caso de devolución y expulsión, los principios de no devolución y no discriminación, el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos del niño. Los Estados miembros y la Agencia deben aplicar el presente Reglamento de acuerdo con estos derechos y principios.

(20)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la adopción de normas específicas para la vigilancia marítima de las fronteras por agentes de la guardia de fronteras que operan bajo la coordinación de la Agencia, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros debido a las diferencias que existen en sus legislaciones y prácticas, sino que, debido al carácter multinacional de las operaciones, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta está facultada para adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(21)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su ordenamiento jurídico interno.

(22)

Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (8), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (9).

(23)

Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (10), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (11).

(24)

Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (12), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo (13).

(25)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (14); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no está vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(26)

El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (15); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

a)

solicitar información y documentación sobre la propiedad, la matrícula y elementos relacionados con la travesía del buque, así como sobre la identidad, la nacionalidad y otros datos pertinentes de las personas a bordo, incluido si hay personas que necesiten urgentemente asistencia médica, y haciendo saber a las personas que se encuentren a bordo que podrían no ser autorizadas a cruzar la frontera;