20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/1

(1)

De conformidad con el artículo 4, apartado 7, del Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los recursos de los Fondos Estructurales destinados al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y asignados a las acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible («las acciones innovadoras») deben ser aplicados por la Comisión.

(2)

El artículo 92, apartado 8, del Reglamento (UE) no 1303/2013 permite a la Comisión asignar los recursos destinados a las acciones innovadoras gestionadas indirectamente a tenor del artículo 60 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(3)

Es necesario establecer normas detalladas sobre los principios para la gestión de las acciones innovadoras por las entidades u organismos a los que se hayan encomendado tareas de ejecución del presupuesto a tenor del artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) no 966/2012.

(4)

Es necesario establecer normas detalladas sobre los principios para la selección de las acciones innovadoras que vayan a recibir ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para velar por la selección de propuestas de calidad, conviene establecer los procedimientos y criterios de selección de acciones innovadoras, teniendo en cuenta la diversidad territorial de las zonas urbanas de la Unión.

(5)

La Comisión debe determinar los temas para la selección de acciones innovadoras velando por que las convocatorias de propuestas aborden problemas de desarrollo urbano que probablemente irán adquiriendo en la Unión una importancia creciente en los próximos años.

a)

instrucciones para los solicitantes y los beneficiarios;

b)

un programa anual de trabajo para su aprobación por la Comisión;

c)

la organización de convocatorias de propuestas para seleccionar las acciones innovadoras;

d)

la evaluación de la admisibilidad de los solicitantes;

e)

la creación de un grupo de expertos, de acuerdo con la Comisión, para evaluar y clasificar las propuestas;

f)

la selección de las acciones innovadoras a propuesta del grupo de expertos, de acuerdo con la Comisión;

g)

la obligación de darle al beneficiario un documento que establezca las condiciones de financiación especificadas por la Comisión;

h)

el examen de los informes presentados por los beneficiarios y de los pagos que se les efectúen;

i)

el seguimiento de cada acción innovadora;

j)

la organización de eventos de comunicación;

k)

la difusión de los resultados, de acuerdo con la Comisión;

l)

la auditoría de cada acción innovadora, velando por el respeto de los principios de buena gestión financiera de la subvención;

m)

una contribución financiera a las tareas de gestión de la entidad delegataria, en forma de cantidad fija para cubrir sus costes operativos, establecida sobre la base del importe de los fondos de la Unión que se le hayan encomendado para la concesión de ayudas.

a)

cualquier autoridad urbana de una unidad administrativa local definida en función del grado de urbanización como ciudad, localidad o suburbio que tenga al menos 50 000 habitantes;

b)

cualquier asociación o agrupación de autoridades urbanas de unidades administrativas locales definidas en función del grado de urbanización como ciudades, localidades o suburbios que sumen al menos 50 000 habitantes; estas asociaciones o agrupaciones podrán ser transfronterizas o estar situadas en distintas regiones o Estados miembros.

a)

el carácter innovador de la propuesta y si permite determinar o probar soluciones nuevas;

b)

la calidad de la propuesta;

c)

la implicación de los socios pertinentes en la preparación de la propuesta;

d)

la capacidad de presentar resultados medibles;

e)

la transferibilidad de las soluciones propuestas.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/4

(1)

En principio no deben incluirse como un elemento de los fondos propios las pérdidas o ganancias por pasivos de una entidad que se deriven de cambios en su propio riesgo de crédito. Sin embargo, en los modelos de negocio basados en el principio de equilibrio o financiación simétrica estricta no se aplica esa regla, partiendo de la premisa de que cualquier aumento o disminución del valor de un pasivo es compensado íntegramente por un aumento o una disminución correspondiente del valor del activo con el que dicho pasivo está plenamente emparejado.

(2)

Es importante establecer los requisitos para determinar si existe una estrecha correspondencia entre los pasivos de una entidad consistentes en bonos garantizados según lo mencionado en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y el valor de los activos de la entidad subyacentes a los bonos garantizados.

(3)

La estrecha correspondencia debe reflejarse en el tratamiento contable de esos bonos y de los préstamos hipotecarios subyacentes, sin la cual no sería prudente reconocer las pérdidas y ganancias derivadas de cambios en el propio riesgo de crédito.

(4)

Una opción de entrega permite al prestatario volver a comprar en el mercado el bono garantizado específico que financia el préstamo hipotecario y entregarlo al banco a modo de reembolso anticipado de dicho préstamo. Como consecuencia de la disponibilidad de esa opción para el prestatario, el valor razonable de los préstamos hipotecarios debe ser, en todo momento, igual al valor razonable de los bonos garantizados que financian esos préstamos. Ello implica que el cálculo del valor razonable de los préstamos hipotecarios debe incluir la valoración al valor razonable de la opción de entrega implícita con arreglo a las prácticas comerciales establecidas.

(5)

El presente Reglamento se basa en el proyecto de normas técnicas de regulación presentado por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(6)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre el proyecto de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

a)

cualquier cambio en el valor razonable de los bonos garantizados emitidos por la entidad genera en todo momento un cambio igual en el valor razonable de los activos subyacentes a los bonos garantizados; el valor razonable se determinará con arreglo al marco contable aplicable según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 77, del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

los préstamos hipotecarios subyacentes a los bonos garantizados emitidos por la entidad para financiar los préstamos pueden ser reembolsados en todo momento volviendo a comprar los bonos garantizados al valor nominal o de mercado mediante el ejercicio de la opción de entrega;

c)

existe un mecanismo transparente para determinar el valor razonable de los préstamos hipotecarios y de los bonos garantizados; la determinación del valor de los préstamos hipotecarios incluirá el cálculo del valor razonable de la opción de entrega.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/6

(1)

Con el fin de garantizar la eficiencia de la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, el intercambio de información debe ser bidireccional, dentro de las competencias de supervisión respectivas de dichas autoridades. Resulta necesario, por tanto, especificar la información relativa a las entidades y, en su caso, al funcionamiento de sus sucursales, que deben facilitar las autoridades competentes del Estado miembro de origen a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, así como la información relativa a las sucursales que deben facilitar las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

(2)

El intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida debe considerarse en el contexto más amplio de la supervisión de los grupos bancarios transfronterizos, y en su caso, se podría facilitar información en base consolidada. En particular, si una entidad tiene la empresa matriz última en el Estado miembro en que tenga su domicilio social, y la autoridad competente afectada es también el supervisor en base consolidada, se debe reconocer la posibilidad de facilitar la información en base consolidada y no al nivel de una entidad que opere a través de una sucursal. No obstante, en este caso, la autoridad competente debe notificar a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida que la información se facilita en base consolidada.

(3)

El intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida no se limita a los tipos de información que se especifican en el artículo 50 de la Directiva 2013/36/UE ni, por lo tanto, a los tipos de información que se especifican en el presente Reglamento. En particular, los artículos 35, 36, 39, 43 y 52 de la Directiva 2013/36/UE establecen una disposición separada para el intercambio de información relativa a la verificación in situ de las sucursales, las notificaciones del ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, y las medidas, incluidas las medidas cautelares, adoptadas por las autoridades competentes en relación con las sucursales y sus empresas matrices. El presente Reglamento no debe, por tanto, especificar requisitos de intercambio de información en estos ámbitos.

(4)

Es necesario establecer los requisitos relativos a la información que debe intercambiarse entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida con el fin de armonizar las prácticas de regulación y supervisión en toda la Unión. Esta información ha de abarcar todos los ámbitos especificados en el artículo 50 de la Directiva 2013/36/UE, a saber, la dirección, gestión y propiedad, incluidas las líneas de negocio, como las contempladas en el artículo 317 del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la liquidez y las constataciones relacionadas con la supervisión en materia de liquidez, la solvencia, la garantía de depósitos, las grandes exposiciones, el riesgo sistémico, la organización administrativa y contable, y los mecanismos de control interno. A fin de facilitar el control de las entidades, las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida deben mantenerse informadas acerca de los casos de incumplimiento de lalegislación nacional o de la Unión, así como sobre las medidas de supervisión y las sanciones impuestas a las entidades. Además, entre la información que deben intercambiar las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, de modo que estas últimas estén en condiciones de controlar las entidades de forma eficiente, debe incluirse información adicional sobre el apalancamiento y los preparativos para situaciones de urgencia.

(5)

Cuando una crisis de liquidez afecte o se espere que afecte a una entidad, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben tener una idea clara de la situación para poder adoptar medidas cautelares en las condiciones establecidas en el artículo 43 de la Directiva 2013/36/UE. Por consiguiente, el presente Reglamento debe prever normas claras sobre los tipos de información que han de intercambiar las autoridades cuando se produzca una crisis de liquidez. También es necesario especificar la información que se va a intercambiar, de forma que las autoridades estén preparadas con la suficiente antelación para situaciones de urgencia como las contempladas en el artículo 114, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE.

(6)

Habida cuenta de las diferencias de tamaño, complejidad e importancia de las sucursales que operan en los Estados miembros de acogida, es importante aplicar el principio de proporcionalidad en el intercambio de información. A tal fin, las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida deben intercambiar una gama más amplia de información cuando las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida sean responsables de sucursales consideradas significativas de conformidad con el artículo 51 de la Directiva 2013/36/UE.

(7)

Para garantizar que la información pertinente sea intercambiada dentro de unos límites razonables, evitando al mismo tiempo las situaciones en las que las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida están obligadas a enviar cualquier información sobre una entidad, independientemente de su naturaleza e importancia, a todas las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida, en casos específicos, solo la información que sea pertinente para una sucursal específica debe transmitirse exclusivamente a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de esta sucursal. Para fines similares, en una serie de ámbitos específicos, solo debe intercambiarse entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida la información que ponga de manifiesto casos de incumplimiento, lo que significa que no es necesario intercambiar información cuando la entidad se atenga a la legislación nacional y de la Unión.

(8)

El presente Reglamento debe abordar asimismo el intercambio de información en relación con la realización de actividades en un Estado miembro de acogida en forma de prestación de servicios transfronterizos. Dada la naturaleza de los servicios transfronterizos, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida se enfrentan a una falta de información sobre las operaciones que se llevan a cabo en su territorio, por lo que es esencial especificar en detalle la información que es necesario intercambiar con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera y controlar las condiciones de las autorizaciones, en particular para comprobar si la entidad presta servicios de conformidad con las notificaciones realizadas. El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea, ABE) a la Comisión.

(9)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

a)

la estructura del órgano de dirección y la alta dirección, incluida la asignación de responsabilidades para la supervisión de una sucursal;

b)

la lista de los accionistas y socios con participaciones cualificadas sobre la base de la información facilitada por la entidad de crédito, de conformidad con el artículo 26, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE.

a)

cualquier deficiencia significativa en la gestión del riesgo de liquidez de una entidad de la que tengan constancia las autoridades competentes y que pueda afectar a las sucursales, cualquier medida de supervisión relacionada que haya sido adoptada en relación con dichas deficiencias, y el alcance del cumplimiento de estas medidas de supervisión por parte de la entidad;

b)

la evaluación global llevada a cabo por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la gestión del riesgo y del perfil de riesgo de liquidez de una entidad, en particular en relación con una sucursal;

c)

las ratios de una entidad que indiquen su posición de liquidez y financiación estable a nivel nacional o de la Unión en la moneda nacional del Estado miembro de acogida de la entidad y en todas las demás monedas que sean significativas para la entidad;

d)

los componentes del colchón de liquidez de una entidad;

e)

el nivel de los gravámenes que pesan sobre los activos de una entidad;

f)

la ratio de los préstamos de una entidad en relación con sus depósitos;

g)

cualquier ratio de liquidez nacional que sea aplicable a una entidad, en el marco de las medidas de política macroprudencial, por las autoridades competentes o la autoridad designada, ya sea como requisitos vinculantes, directrices, recomendaciones, advertencias o de otra forma, incluidas las definiciones de estas ratios;

h)

cualquier requisito de liquidez específico aplicado de conformidad con el artículo 105 de la Directiva 2013/36/UE;

i)

cualquier obstáculo a la transferencia de efectivo y garantías hacia o desde las sucursales de una entidad.

a)

la política de liquidez y financiación de la entidad, incluidas descripciones de los regímenes de financiación de sus sucursales cualquier régimen de apoyo dentro del grupo, y los procedimientos de centralización de tesorería;

b)

los planes de emergencia en materia de liquidez y financiación de la entidad, incluida información sobre los supuestos escenarios de crisis.

a)

los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92 del Reglamento (UE) no 575/2013, teniendo en cuenta cualquier medida adoptada o reconocida de conformidad con el artículo 458 de dicho Reglamento y, cuando proceda, teniendo en cuenta las disposiciones transitorias establecidas en la parte décima de dicho Reglamento;

b)

cualquier requisito de fondos propios adicional impuesto de conformidad con el artículo 104 de la Directiva 2013/36/UE;

c)

los requisitos de colchones de capital establecidos en el título VII, capítulo 4, de la Directiva 2013/36/UE.

a)

la ratio de capital de nivel 1 ordinario de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

la ratio de capital de nivel 1 de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 575/2013;

c)

la ratio total de capital de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) no 575/2013;

d)

el importe total de la exposición en riesgo de la entidad a tenor del artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) no 575/2013;

e)

los requisitos de fondos propios aplicables en el Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 92 del Reglamento (UE) no 575/2013, teniendo en cuenta cualquier medida adoptada o reconocida de conformidad con el artículo 458 de dicho Reglamento y, cuando proceda, teniendo en cuenta las disposiciones transitorias establecidas en la parte décima de dicho Reglamento;

f)

el nivel del colchón de conservación de capital que la entidad está obligada a mantener de conformidad con el artículo 129 de la Directiva 2013/36/UE;

g)

el nivel del colchón de capital anticíclico específico por entidad que la entidad está obligada a mantener de conformidad con el artículo 130 de la Directiva 2013/36/UE;

h)

el nivel de cualquier colchón contra riesgos sistémicos que la entidad esté obligada a mantener de conformidad con el artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE;

i)

el nivel de cualquier colchón para entidades de importancia sistémica mundial (EISM) o para otras entidades de importancia sistémica (OEIS) que la entidad esté obligada a mantener de conformidad con el artículo 131, apartados 4 y 5, de la Directiva 2013/36/UE;

j)

el nivel de cualquier requisito de fondos propios adicional impuesto de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36/UE y cualquier otro requisito impuesto relativo a la solvencia de la entidad de conformidad con dicho artículo.

a)

la cobertura máxima del sistema de garantía de depósitos por depositante admisible;

b)

el alcance de la cobertura y los tipos de depósitos cubiertos;

c)

cualquier exclusión de la cobertura, incluidos los productos y tipos de depositantes;

d)

el régimen de financiación del sistema de garantía de depósitos, en particular si el sistema se financia ex ante o ex post, y el volumen del sistema;

e)

los datos de contacto del administrador del sistema.

a)

las sanciones administrativas impuestas u otras medidas administrativas aplicadas con arreglo a los artículos 64 a 67 de la Directiva 2013/36/UE;

b)

las medidas de supervisión impuestas con arreglo a los artículos104 o 105 de la Directiva 2013/36/UE;

c)

las sanciones penales impuestas en relación con infracciones del Reglamento (UE) no 575/2013 o de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE.

a)

los datos de contacto de urgencia de las personas responsables de la gestión de las situaciones de urgencia dentro de las autoridades competentes;

b)

los procedimientos de comunicación aplicables en situaciones de urgencia.

a)

una descripción de cualquier situación respecto de la cual las autoridades competentes hayan determinado que una entidad no ha cumplido la legislación nacional o de la Unión o los requisitos en relación con la supervisión prudencial o la supervisión de la conducta en el mercado de las entidades, incluidos los requisitos del Reglamento (UE) no 575/2013 y de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE, junto con una explicación de las medidas de supervisión adoptadas o previstas para subsanar el incumplimiento;

b)

una descripción de cualquier incumplimiento de las condiciones en las cuales, por motivos de interés general, se deben llevar a cabo las actividades de la sucursal en el Estado miembro de acogida;

c)

cualquier riesgo sistémico detectado que plantee la sucursal o sus actividades en el Estado miembro de acogida, incluida cualquier evaluación del impacto probable de la suspensión o el cese de las operaciones de la sucursal en los aspectos siguientes:

d)

la cuota de mercado de la sucursal, si supera el 2 % del total del mercado en el Estado miembro de acogida en una de las categorías siguientes:

e)

cualquier obstáculo para la transferencia de efectivo y garantías desde o hacia la sucursal.

a)

cualquier situación respecto de la cual las autoridades competentes del Estado miembro de origen hayan determinado que la entidad no ha cumplido la legislación nacional o de la Unión o los requisitos en relación con la supervisión prudencial o la supervisión de la conducta en el mercado de las entidades, incluidos los requisitos del Reglamento (UE) no 575/2013 y de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE, junto con una explicación de las medidas de supervisión adoptadas o previstas para subsanar el incumplimiento;

b)

el volumen de depósitos procedentes de residentes en el Estado miembro de acogida;

c)

el volumen de préstamos otorgados a residentes en el Estado miembro de acogida;

d)

en relación con las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2013/36/UE que una entidad haya notificado su deseo de ejercer en el Estado miembro de acogida en régimen de prestación de servicios:

a)

una descripción de la situación que se haya producido, en particular la causa subyacente de la situación de crisis, el impacto previsto de la crisis de liquidez en la entidad y la evolución de la situación en lo que respecta a las operaciones intragrupo;

b)

una explicación de las medidas que se hayan adoptado o se prevea adoptar, ya sea por las autoridades competentes o por la entidad, en particular cualquier requisito impuesto a la entidad por las autoridades competentes para mitigar la crisis de liquidez;

c)

los resultados de las evaluaciones de las consecuencias sistémicas de la crisis de liquidez;

d)

la información cuantitativa disponible más reciente relativa a la liquidez especificada en el artículo 4, apartado 1, letras c) a h).

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/15

(1)

El artículo 362 del Reglamento (UE) no 575/2013 define el riesgo de mercado general como el riesgo que se deriva de una modificación del precio de un instrumento financiero debida, en el caso de instrumentos de deuda negociables o de derivados de deuda, a una variación del nivel de los tipos de interés o, cuando se trate de instrumentos de patrimonio o derivados de estos, a un movimiento más general registrado en el mercado de valores y no imputable a determinadas características específicas de los valores de que se trate.

(2)

A efectos del cálculo del riesgo de mercado general previsto en el artículo 343 del Reglamento (UE) no 575/2013, resulta oportuno considerar que diferentes instrumentos de patrimonio corresponden al mismo mercado cuando estén sujetos al mismo riesgo de mercado general, es decir, cuando las variaciones de precio del instrumento sean el resultado de condiciones económicas locales. Un «mercado» debe definirse, por tanto, para estos fines por referencia a una economía integrada, que normalmente equivaldrá a un país.

(3)

Sin perjuicio de lo anterior, la introducción de la moneda única ha eliminado factores significativos de segmentación entre los mercados de renta variable de la zona del euro. Por ejemplo, ha eliminado el riesgo de tipo de cambio entre los Estados miembros participantes y permite publicar los resultados de las empresas en la misma moneda. Además, la adopción del euro ha exigido una amplia convergencia económica y jurídica entre los Estados miembros participantes y se sustenta en un mercado integrado con normas comunes. Si bien estas últimas características son comunes a todos los Estados miembros de la Unión, la moneda única ha supuesto una integración económica más estrecha y profunda entre los Estados miembros participantes, lo que justifica, por tanto, un tratamiento diferenciado a los efectos del presente Reglamento. Por consiguiente, «mercado» debe definirse por referencia a todos los mercados de renta variable situados dentro de la zona del euro y, en relación con los mercados de renta variable no pertenecientes a la zona del euro, a nivel de cada país.

(4)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(5)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

a)

en lo que respecta a la zona del euro, todos los instrumentos de patrimonio cotizados en mercados de acciones ubicados en Estados miembros que han adoptado el euro como moneda;

b)

en lo que respecta a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro y a terceros países, todos los instrumentos de patrimonio cotizados en mercados de acciones ubicados en un mismo país.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/17

(1)

La aplicación del método avanzado para la determinación de los requisitos de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito (AVC) puede implicar a contrapartes en relación con las cuales no se disponga de un diferencial de las permutas de cobertura por impago (CDS). En tal caso, las entidades deben utilizar un diferencial que resulte adecuado teniendo en cuenta la calificación, el sector y la región de la contraparte (diferencial comparable) de conformidad con el artículo 383, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) no 575/2013.

(2)

Las normas sobre la determinación del diferencial comparable para el riesgo de AVC deben prever el uso de categorías amplias de calificación, sector y región, y dar a las entidades la flexibilidad necesaria para determinar el diferencial comparable más adecuado basándose en su juicio experto.

(3)

Al especificar con mayor detalle cómo las entidades deben considerar los atributos de calificación, sector y región de los emisores únicos a la hora de estimar un diferencial comparable adecuado para la determinación de los requisitos de fondos propios, como se exige en el Reglamento (UE) no 575/2013, deben establecerse normas que regulen la consideración de esos atributos por referencia a categorías mínimas para cada atributo, en aras de una aplicación armonizada de esas condiciones.

(4)

Además, en el caso de los emisores únicos, cuando exista un vínculo, como entre un gobierno regional o autoridad local y el emisor soberano, debe ser posible permitir la estimación de un diferencial comparable adecuado sobre la base del diferencial de crédito de un emisor único, si ello propicia una estimación más adecuada.

(5)

A fin de propiciar un cálculo adecuado de la exigencia por riesgo de AVC, se debe determinar un diferencial comparable utilizando los datos observados en un mercado líquido, y los supuestos a ellos referidos, como la interpolación y la extrapolación de los datos relativos a diferentes vencimientos, deben ser conceptualmente sólidos.

(6)

En aras de la convergencia de las prácticas entre las entidades y para evitar las incoherencias, teniendo en cuenta que las probabilidades de impago (PD) implícitas, los diferenciales de las permutas de cobertura por impago (CDS) y la pérdida en caso de impago (LGD) constituyen una ecuación con dos incógnitas y que la convención del mercado consiste en utilizar un valor fijo para la LGD a fin de derivar las PD implícitas a partir de los diferenciales del mercado, las entidades deben utilizar un valor para la «LGDMKT» que sea coherente con la LGD fija comúnmente utilizada por los participantes en el mercado para determinar las PD implícitas a partir de los diferenciales de crédito negociados en mercados líquidos que se han utilizado para determinar el diferencial de crédito comparable de la contraparte en cuestión.

(7)

A efectos de la autorización para utilizar el método avanzado de AVC para un número limitado de carteras menores, conviene considerar una cartera como un conjunto de operaciones compensables según se define en el artículo 272, apartado 4, del Reglamento (UE) no 575/2013, el número de operaciones a las que no es aplicable el método de los modelos internos (MMI) sujetas a la exigencia por riesgo de AVC y el tamaño de los conjuntosde operaciones compensables a las que no es aplicable el MMI sujetas a la exigencia por riesgo de AVC, y limitarlos en términos de un porcentaje del número total de todas las operaciones sujetas a la exigencia por riesgo de AVC y un porcentaje del tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables sujetas al cálculo de la exigencia por riesgo de AVC, para tener en cuenta las distintas dimensiones de las entidades.

(8)

Para mitigar las posibles discontinuidades en el uso del método avanzado de AVC para un número limitado de carteras menores, el uso del método avanzado de AVC solo debe cesar cuando se rebasen los límites cuantitativos durante dos trimestres consecutivos.

(9)

Asimismo, para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo eficientemente sus labores de supervisión, deben poder saber cuándo deja de cumplirse el requisito del número limitado de carteras menores; por lo tanto, en tal caso las entidades deben notificarlo a las autoridades competentes.

(10)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(11)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

a)

que el diferencial comparable se haya determinado considerando la totalidad de los atributos de calificación, sector y región de la contraparte según lo especificado en las letras b), c) y d);

b)

que el atributo de calificación se haya determinado considerando la utilización de una jerarquía predeterminada de fuentes de calificaciones internas y externas; las calificaciones se harán corresponder con los niveles de calidad crediticia indicados en el artículo 384, apartado 2, del Reglamento (UE) no 575/2013; en los casos en que se disponga de calificaciones externas múltiples, su correspondencia con los niveles de calidad crediticia seguirá el enfoque aplicable a las evaluaciones crediticias múltiples establecido en el artículo 138 de dicho Reglamento;

c)

que el atributo de sector se haya determinado considerando al menos las categorías siguientes:

d)

que el atributo de región se haya determinado teniendo en cuenta al menos las categorías siguientes:

e)

que el diferencial comparable refleje de manera representativa los diferenciales de las permutas de cobertura por impago y los diferenciales de otros instrumentos de riesgo de crédito negociados en mercados líquidos de que se dispone, en correspondencia con la combinación pertinente de categorías aplicables y con arreglo a los criterios de calidad de los datos establecidos en el apartado 3;

f)

que la idoneidad del diferencial comparable se determine con referencia a la volatilidad y no al nivel del diferencial.

a)

que el gobierno regional o autoridad local y el emisor soberano tengan las mismas calificaciones;

b)

que no exista ninguna calificación para el gobierno regional o la autoridad local.

a)

el número de todas las operaciones a las que no se aplique el MMI sujetas a la exigencia por riesgo de AVC no excederá del 15 % del número total de operaciones sujetas a la exigencia por riesgo de AVC;

b)

el tamaño de cada conjunto de operaciones compensables a las que no se aplique el MMI sujetas a la exigencia por riesgo de AVC no excederá del 1 % del tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables sujetas a la exigencia por riesgo de AVC;

c)

el tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables a las que no se aplique el MMI sujetas a la exigencia por riesgo de AVC no excederá del 10 % del tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables sujetas a la exigencia por riesgo de AVC.

a)

el número de operaciones a las que no se aplica el MMI en relación con el número total de operaciones;

b)

el tamaño individual del mayor conjunto de operaciones compensables a las que no se aplica el MMI en relación con el tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables, y

c)

el tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables a las que no se aplica el MMI en relación con el tamaño total de todos los conjuntos de operaciones compensables.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/21

(1)

La remuneración variable concedida en instrumentos debe promover una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y no debe ofrecer incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por la entidad. Por consiguiente, las clases de instrumentos que pueden utilizarse a efectos de la remuneración variable deben hacer converger los intereses del personal con los de los accionistas, los acreedores y otras partes interesadas, incitando al personal a actuar teniendo presentes los intereses de la entidad a largo plazo y a no asumir riesgos excesivos.

(2)

A fin de garantizar la existencia de una fuerte relación con la calidad crediticia de la entidad en una perspectiva de continuidad de la explotación, los instrumentos utilizados a efectos de la remuneración variable deben llevar aparejadas circunstancias desencadenantes adecuadas de la amortización o conversión que reduzcan el valor de los instrumentos en caso de que se deteriore la calidad crediticia de la entidad en una perspectiva de continuidad de la explotación. Las circunstancias desencadenantes utilizadas a efectos de la remuneración no deben modificar el nivel de subordinación de los instrumentos y, por tanto, no deben dar lugar a una exclusión de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 como instrumentos de los fondos propios.

(3)

Si bien las condiciones que se aplican a los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 se especifican en los artículos 52 y 63 del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los demás instrumentos contemplados en el artículo 94, apartado 1, letra l), inciso ii), de la Directiva 2013/36/UE que pueden amortizarse o convertirse plenamente en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario no están sujetos a condiciones específicas con arreglo a dicho Reglamento, ya que no están clasificados como instrumentos de los fondos propios a efectos prudenciales. Así pues, deben establecerse requisitos específicos para las diferentes clases de instrumentos a fin de garantizar que son adecuados para ser utilizados a efectos de la remuneración variable, teniendo en cuenta la distinta naturaleza de estos instrumentos. La utilización de los instrumentos a efectos de la remuneración variable no debe, de por sí, impedir que los instrumentos sean admisibles como fondos propios de una entidad, en la medida en que cumplan las condiciones previstas en el Reglamento (UE) no 575/2013. Tampoco debe entenderse que esta utilización constituye en sí misma un incentivo para rescatar el instrumento, ya que, una vez transcurridos los períodos de diferimiento y de retención, los miembros del personal pueden, en general, recibir fondos líquidos por otros medios.

(4)

La categoría correspondiente a los otros instrumentos comprende los instrumentos de deuda distintos del efectivo o los instrumentos vinculados a deuda no admisibles como fondos propios. No se limita a los instrumentos financieros, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 50, del Reglamento (UE) no 575/2013, sino que puede también comprender otros instrumentos distintos del efectivo que puedan formar parte de acuerdos entre la entidad y los miembros del personal. Para tener la certeza de que estos instrumentos reflejan la calidad crediticia de la entidad en una perspectiva de continuidad de la explotación, los requisitos pertinentes deben garantizar que las circunstancias en las que dichos instrumentos se amorticen o se conviertan no se limiten a las situaciones de rescate o resolución de la entidad.

(5)

Cuando los instrumentos utilizados a efectos de la remuneración variable sean rescatados, recomprados o convertidos, en general esas transacciones no deben incrementar el valor de la remuneración concedida mediante el pago de importes superiores al valor del instrumento o la conversión en instrumentos de un valor superior al del instrumento asignado en un principio. Con ello se pretende evitar que la remuneración se abone mediante vehículos o métodos que faciliten el incumplimiento del artículo 94, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE.

(6)

Cuando se conceda una remuneración variable y los instrumentos utilizados para la remuneración variable sean rescatados, recomprados o convertidos, esas transacciones deben basarse en los valores que se hayan establecido de conformidad con la norma contable aplicable. En todas estas situaciones debe, por tanto, exigirse una valoración de los instrumentos, a fin de evitar que se eludan las obligaciones de la Directiva 2013/36/UE relativas a la remuneración, en particular en lo que atañe a la ratio entre el componente fijo y el componente variable de la remuneración y a la adaptación a la asunción de riesgos.

(7)

El artículo 54 del Reglamento (UE) no 575/2013 precisa los mecanismos de amortización o conversión de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional. Además, de conformidad con el artículo 94, apartado 1, letra l), inciso ii), de la Directiva 2013/36/UE, los otros instrumentos podrán amortizarse o convertirse en su totalidad en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. Puesto que el resultado económico de una conversión o amortización de los otros instrumentos es el mismo que en el caso de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional, los mecanismos de amortización o conversión aplicables a los otros instrumentos deben tener en cuenta los mecanismos que se aplican a los instrumentos de capital del nivel 1 adicional, adaptándolos para tener en cuenta el hecho de que esos otros instrumentos no son admisibles como instrumentos de fondos propios desde el punto de vista prudencial. Los instrumentos de capital de nivel 2 no están sujetos a requisitos normativos en materia de amortización y conversión con arreglo al Reglamento (UE) no 575/2013. Para garantizar que el valor de dichos instrumentos, cuando se utilicen a efectos de la remuneración variable, se reduzca en caso de que se deteriore la calidad crediticia de la entidad, conviene especificar las situaciones en las que es necesario amortizar o convertir el instrumento. Los mecanismos de amortización, revalorización y conversión aplicables a los instrumentos de capital de nivel 2 y a los otros instrumentos deben especificarse para garantizar una aplicación coherente.

(8)

Las distribuciones derivadas de los instrumentos pueden adoptar diversas formas. Pueden ser variables o fijas y abonarse periódicamente o al vencimiento del instrumento. En consonancia con la Guía sobre políticas y prácticas de remuneración del Comité de Supervisores Bancarios Europeos (3), con objeto de promover una gestión adecuada y eficaz no deben pagarse al personal distribuciones durante los períodos de diferimiento. Los miembros del personal deben recibir únicamente distribuciones en relación con los períodos siguientes a la consolidación de la titularidad del instrumento. Por consiguiente, solo los instrumentos con distribuciones abonadas periódicamente al titular del instrumento son adecuados a efectos de la remuneración variable; las obligaciones cupón cero o los instrumentos que no distribuyen beneficios no deben tenerse en cuenta en la parte sustancial de la remuneración, que debe consistir en un equilibrio de distintos instrumentos, a tenor del artículo 94, apartado 1, letra l), de la Directiva 2013/36/UE. De lo contrario, el personal se beneficiaría, durante el período de diferimiento, de los aumentos de valor, lo que puede asimilarse a la percepción de distribuciones.

(9)

Las distribuciones muy elevadas pueden reducir el incentivo a largo plazo para una asunción de riesgos prudente, ya que de hecho aumentan la parte variable de la remuneración. En particular, las distribuciones no deberían pagarse a intervalos de más de un año, puesto que ello supondría acumular distribuciones durante los períodos de diferimiento y pagarlas una vez consolidada la remuneración variable. La acumulación de distribuciones sería contraria al artículo 94, apartado 1, letra g), de la Directiva 2013/36/UE en lo que se refiere a la ratio entre los componentes fijo y variable de la remuneración, así como al principio de la letra m) de dicho artículo, según el cual la remuneración pagadera en virtud de las disposiciones de diferimiento no se consolidará más rápidamente que de manera proporcional. Por tanto, las distribuciones efectuadas una vez consolidada la titularidad del instrumento no deben ser superiores a los tipos del mercado. Para ello, debe exigirse que los instrumentos emitidos que se utilicen para la remuneración variable, o los instrumentos a los que estén asociados, estén destinados principalmente a otros inversores o estén sujetos a un límite máximo en cuanto a las distribuciones.

(10)

Los requisitos de diferimiento y retención aplicables a la concesión de una remuneración variable con arreglo al artículo 94, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE tienen que cumplirse en todo momento, incluso cuando los instrumentos utilizados para la remuneración variable son rescatados, recomprados o convertidos. Así pues, en tales situaciones los instrumentos deben canjearse por instrumentos de capital de nivel 1 adicional, instrumentos de capital de nivel 2 y otros instrumentos que reflejen la calidad crediticia de la entidad en una perspectiva de continuidad de la explotación, tengan características equivalentes a las del instrumento asignado en un principio y sean del mismo valor, teniendo en cuenta, en su caso, los importes que hayan sido objeto de amortización. Cuando instrumentos distintos de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional tengan una fecha de vencimiento fija, deben establecerse requisitos mínimos en relación con el vencimiento residual de esos instrumentos en el momento de su asignación, a fin de garantizar que sean compatibles con los requisitos relativos a los períodos de diferimiento y retención aplicables a la remuneración variable.

(11)

La Directiva 2013/36/UE no limita las clases de instrumentos que pueden utilizarse para la remuneración variable a una clase específica de instrumentos financieros. Debe ser posible utilizar instrumentos sintéticos o contratos entre los miembros del personal y las entidades, vinculados a los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 que puedan ser amortizados o convertidos en su totalidad. Ello permite la introducción de condiciones específicas en los términos de dichos instrumentos que solo son aplicables a los instrumentos concedidos al personal, sin necesidad de imponer dichas condiciones a otros inversores.

(12)

En el contexto de un grupo, las emisiones pueden ser gestionadas centralmente dentro de una empresa matriz, por lo que las entidades pertenecientes a ese grupo no siempre pueden emitir instrumentos que resulten adecuados a efectos de la remuneración variable. El Reglamento (UE) no 575/2013 permite que los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 emitidos a través de un ente integrado en el ámbito de consolidación formen parte de los fondos propios de la entidad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Por consiguiente, también debe ser posible utilizar tales instrumentos a efectos de la remuneración variable, siempre que exista un vínculo claro entre la calidad crediticia de la entidad que los utilice y la calidad crediticia del emisor del instrumento. Por lo general, puede presumirse que este vínculo existe entre una empresa matriz y una filial. Los instrumentos distintos de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 que no sean emitidos directamente por una entidad también deben poder utilizarse para la remuneración variable, con sujeción a unas condiciones equivalentes. Los instrumentos vinculados a instrumentos de referencia emitidos por empresas matrices en terceros países y que sean equivalentes a los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 deben poder utilizarse a efectos de la remuneración variable si la circunstancia desencadenante se refiere a la entidad que utiliza dicho instrumento sintético.

(13)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la Comisión Europea.

(14)

La ABE ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

a)

las clases de instrumentos de capital de nivel 1 adicional, cuando estas clases cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2 y en el artículo 2 y lo dispuesto en el artículo 5, apartado 9, y en el artículo 5, apartado 13, letra c);

b)

las clases de instrumentos de capital de nivel 2, cuando estas clases cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2 y en el artículo 3 y lo dispuesto en el artículo 5;

c)

las clases de instrumentos que puedan amortizarse o convertirse en su totalidad en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario y que no sean instrumentos de capital de nivel 1 adicional ni instrumentos de capital de nivel 2 (en lo sucesivo, «otros instrumentos») en los casos contemplados en el artículo 4, cuando estas clases cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2 y lo dispuesto en el artículo 5.

a)

los instrumentos no podrán ser objeto de cobertura o garantía que eleve la prelación de los créditos del titular;

b)

cuando las disposiciones que rijan un instrumento permitan su conversión, ese instrumento solo se utilizará a efectos de la remuneración variable cuando el tipo o el intervalo de conversión se fije en un nivel que garantice que el valor del instrumento en el que se convierta el instrumento asignado inicialmente no sea superior al valor del instrumento asignado inicialmente en el momento en que se haya concedido como remuneración variable;

c)

las disposiciones que rijan los instrumentos convertibles utilizados únicamente a efectos de la remuneración variable garantizarán que el valor del instrumento en que se convierta el instrumento asignado inicialmente no sea superior al valor, en el momento de la conversión, del instrumento asignado inicialmente;

d)

las disposiciones que rijan el instrumento establecerán que las distribuciones se paguen, en su caso, al menos una vez al año y se abonen al titular del instrumento;

e)

el precio de los instrumentos se determinará en función de su valor en el momento de su adjudicación, de conformidad con la norma contable aplicable; la valoración tendrá en cuenta la calidad crediticia de la entidad y deberá someterse a examen independiente;

f)

las disposiciones que rijan los instrumentos emitidos únicamente a efectos de la remuneración variable obligarán a efectuar una valoración de conformidad con la norma contable aplicable en caso de que el instrumento sea rescatado, recomprado o convertido.

a)

que las disposiciones que rijan el instrumento especifiquen una circunstancia desencadenante a efectos del artículo 52, apartado 1, letra n), del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

que la circunstancia desencadenante a que se refiere la letra a) se produzca cuando la ratio de capital de nivel 1 ordinario de la entidad que emita el instrumento, contemplada en el artículo 92, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013, descienda por debajo de uno de los umbrales siguientes:

c)

que se cumpla uno de los requisitos siguientes:

a)

que, en el momento de la asignación de los instrumentos como remuneración variable, el tiempo restante hasta su vencimiento sea igual o superior a la suma de los períodos de diferimiento y retención aplicables a la remuneración variable en lo que respecta a la asignación de esos instrumentos;

b)

que las disposiciones que rijan los instrumentos establezcan que, en caso de producirse una circunstancia desencadenante, el importe del principal de los instrumentos deberá amortizarse de manera permanente o temporal, o los instrumentos deberán convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;

c)

que la circunstancia desencadenante a que se refiere la letra b) se produzca cuando la ratio de capital de nivel 1 ordinario de la entidad que emita el instrumento, contemplada en el artículo 92, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013, descienda por debajo de uno de los umbrales siguientes:

d)

que se cumpla uno de los requisitos establecidos en el artículo 2, letra c).

a)

cuando los otros instrumentos cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2;

b)

cuando los otros instrumentos estén vinculados a un instrumento de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 y cumplan las condiciones contempladas en el apartado 3;

c)

cuando los otros instrumentos estén vinculados a un instrumento que sería un instrumento de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 si no fuera por el hecho de que ha sido emitido por una empresa matriz de la entidad que queda fuera del ámbito de consolidación, con arreglo a lo dispuesto en la parte primera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) no 575/2013, y cuando los otros instrumentos cumplan las condiciones establecidas en el apartado 4.

a)

que los otros instrumentos sean emitidos directamente o a través de una entidad comprendida en la consolidación del grupo con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) no 575/2013, siempre que quepa razonablemente esperar que un cambio de la calidad crediticia del emisor del instrumento entrañe un cambio similar de la calidad crediticia de la entidad que utilice los otros instrumentos a efectos de la remuneración variable;

b)

que las disposiciones que rijan los otros instrumentos no faculten al titular para acelerar el pago previsto de distribuciones o de principal, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la entidad;

c)

que, en el momento de la concesión de los otros instrumentos como remuneración variable, el tiempo restante hasta su vencimiento sea igual o superior a la suma de los períodos de diferimiento y retención aplicables a la concesión de esos instrumentos;

d)

que las disposiciones que rijan los instrumentos establezcan que, en caso de producirse una circunstancia desencadenante, el importe del principal de los instrumentos deberá amortizarse de manera permanente o temporal, o los instrumentos deberán convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;

e)

que la circunstancia desencadenante a que se refiere la letra d) se produzca cuando la ratio de capital de nivel 1 ordinario de la entidad que emita el instrumento, contemplada en el artículo 92, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013, descienda por debajo de uno de los siguientes umbrales:

f)

que se cumpla uno de los requisitos establecidos en el artículo 2, letra c).

a)

que los otros instrumentos cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2, letras a) a e);

b)

que los otros instrumentos estén vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 emitidos a través de una entidad comprendida en la consolidación del grupo con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) no 575/2013 (en lo sucesivo, «el instrumento de referencia»);

c)

que el instrumento de referencia cumpla las condiciones establecidas en el apartado 2, letras c) y f), en el momento en que el instrumento se asigne como remuneración variable;

d)

que el valor de los otros instrumentos esté vinculado al instrumento de referencia, de modo que en ningún momento sea superior al valor del instrumento de referencia;

e)

que el valor de las distribuciones pagadas una vez consolidada la titularidad de los otros instrumentos esté vinculado al instrumento de referencia, de modo que el importe de las distribuciones pagadas no sea superior en ningún momento al valor de las distribuciones pagadas con arreglo al instrumento de referencia;

f)

que las disposiciones que rijan los otros instrumentos establezcan que en caso de rescate, conversión o recompra del instrumento de referencia dentro del período de diferimiento o retención, los otros instrumentos estarán vinculados a un instrumento de referencia equivalente que cumpla las condiciones establecidas en el presente artículo, de manera que no aumente el valor total de esos otros instrumentos.

a)

que las autoridades competentes hayan determinado, a efectos del artículo 127 de la Directiva 2013/36/UE, que la entidad que emite el instrumento al que los otros instrumentos están vinculados está sujeta a supervisión en base consolidada por una autoridad de supervisión de un tercer país que es equivalente a la que se rige por los principios establecidos en dicha Directiva y los requisitos de la parte primera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

que los otros instrumentos cumplan las condiciones contempladas en el apartado 3, letra a), y letras c) a f).

a)

el tipo de conversión que debe utilizarse y el límite aplicable al importe de conversión autorizado;

b)

un intervalo dentro del cual los instrumentos se convertirán en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario.

a)

el crédito del titular del instrumento en caso de insolvencia o liquidación de la entidad;

b)

el importe que deba abonarse en caso de recompra o rescate del instrumento;

c)

las distribuciones derivadas del instrumento.

a)

el importe necesario para restaurar completamente la ratio de capital de nivel 1 ordinario de la entidad hasta situarla en el porcentaje fijado como circunstancia desencadenante en las disposiciones que rijan el instrumento;

b)

el importe íntegro del principal del instrumento.

a)

informarán a los miembros del personal a quienes se hayan asignado los instrumentos como remuneración variable y a las personas que sigan manteniendo dichos instrumentos;

b)

amortizarán el importe del principal de los instrumentos o convertirán los instrumentos en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario lo antes posible y en el plazo máximo de un mes, con arreglo a los requisitos establecidos en el presente artículo.

a)

que las revalorizaciones se basen en los beneficios después de que el emisor del instrumento haya tomado una decisión formal en la que se confirme la cuantía de los beneficios definitivos;

b)

que cualquier revalorización del instrumento o pago de cupones sobre el importe reducido del principal se lleve a cabo a la entera discreción de la entidad, con sujeción a las limitaciones derivadas de las letras c), d) y e), y que la entidad no esté obligada a proceder a una revalorización o a acelerarla en determinadas circunstancias;

c)

que la revalorización se lleve a cabo sobre una base proporcional entre los instrumentos de capital de nivel 1 adicional, los instrumentos de capital de nivel 2 y los otros instrumentos utilizados a efectos de la remuneración variable que hayan sido objeto de una amortización;

d)

que el importe máximo que pueda atribuirse a la suma de la revalorización de los instrumentos de capital de nivel 2 y de los otros instrumentos, junto con el pago de cupones sobre el importe reducido del principal, sea igual a los beneficios de la entidad multiplicados por la cantidad obtenida tras dividir el importe indicado en el inciso i) por el indicado en el inciso ii):

e)

que la suma del importe de cualquier revalorización y del pago de cupones sobre el importe reducido del principal se considere un pago que implica una reducción del capital de nivel 1 ordinario y esté sujeta, junto con otras distribuciones por instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, a las restricciones relativas al importe máximo distribuible establecido en el artículo 141, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/29

(1)

A la vista del mandato incluido en el Reglamento (UE) no 575/2013 de desarrollar una gama de métodos que permitan reflejar otros riesgos distintos del de delta en los requisitos de fondos propios de las entidades «de manera proporcional a la escala y complejidad de las actividades de la entidad en el ámbito de las opciones y certificados de opción», procede elaborar métodos con diferentes niveles de complejidad y sensibilidad al riesgo que se adecúen a los diferentes perfiles de las entidades. Procede, por lo tanto, prever los tres métodos siguientes, en orden creciente de complejidad, para medir los riesgos distintos de delta de las opciones y los certificados de opción: i) el método simplificado, ii) el método delta plus, y iii) el método de escenarios. El presente marco, basado en tres métodos, aplica en gran medida el marco para los riesgos distintos de delta previsto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), con los ajustes necesarios para tener en cuenta el Reglamento (UE) no 575/2013. Ello tiene la ventaja añadida de garantizar la coherencia entre las normas de la Unión y las normas mínimas internacionalmente acordadas.

(2)

Dado que es necesario dar a las entidades que apliquen el método delta plus la posibilidad de tratar las opciones no continuas de un modo más sensible al riesgo, aquellas, en determinadas condiciones, deben poder combinar los métodos previstos para la medición del riesgo de las opciones y los certificados de opción, no solo a escala de grupo, sino también en lo que atañe a las entidades jurídicas individuales. Ahora bien, para que las entidades no puedan aplicar selectivamente los métodos a fin de minimizar sus requisitos de fondos propios, únicamente se debe permitir que una entidad individual combine varios métodos con la condición de que las entidades especifiquen el ámbito de aplicación de cada método antes de comenzar a usarlo, de modo que sea aplicado de manera coherente a lo largo del tiempo.

(3)

Los riesgos distintos de delta relacionados con las opciones y los certificados de opción pueden incluir, entre otros, los riesgos derivados de las variaciones en la gamma del instrumento, el denominado «riesgo gamma» o «riesgo de convexidad», según lo establecido en el artículo 4, apartado 1, letra a), del presente Reglamento, los riesgos derivados de las variaciones en su vega, el denominado «riesgo vega» o «riesgo de volatilidad», según lo establecido en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, los riesgos derivados de las variaciones de los tipos de interés, el denominado «riesgo de tipo de interés» o «riesgo rho» —las no linealidades que no puede englobar el riesgo gamma— y el riesgo de correlación implícita en cestas de opciones o certificados de opción. De estos riesgos, solo los riesgos gamma y vega son de tal importancia que justifican la imposición de requisitos de capital de fondos propios, incluso en el caso de las entidades más complejas, y, por lo tanto, solo esos tipos de riesgos deben contemplarse en el cálculo de los requisitos de fondos propios. El Reglamento (UE) no 575/2013 exige que las entidades hayan recibido la autorización previa de la autoridad competente para utilizar un modelo interno de cálculo de delta. Ahora bien, la utilización de métodos para el riesgo distinto de delta ha de ser objeto de control y evaluación en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisoras de las entidades establecido en las disposiciones de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Además, la mayor complejidad del método de escenarios exige un control más riguroso por parte de las autoridades competentes y, por consiguiente, su utilización por las entidades debe estar supeditada a una serie de condiciones específicas de aplicación, antes de su primera utilización y con carácter permanente.

(4)

Dado que el artículo 330 del Reglamento (UE) no 575/2013 sobre el tratamiento de las operaciones de permuta financiera de tipo de interés fijo por tipo de interés variable se aplica únicamente a efectos del riesgo de tipo de interés, no debe tomarse en consideración para determinados instrumentos financieros, como las opciones sobre permutas financieras.

(5)

Las disposiciones del presente Reglamento guardan una estrecha relación, pues todas ellas se refieren a la medición de los riesgos distintos de delta de las opciones y los certificados de opción vinculados a diferentes subyacentes. En aras de la coherencia de tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y para que las personas sujetas a las obligaciones establecidas en ellas puedan tener una visión global de las mismas y acceder a ellas de manera condensada, resulta conveniente reunir todas las normas técnicas de regulación prescritas al respecto por el Reglamento (UE) no 575/2013 en un solo Reglamento.

(6)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(7)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

a)

el método simplificado establecido en los artículos 2 y 3 del presente Reglamento;

b)

el método delta plus establecido en los artículos 4, 5 y 6 del presente Reglamento;

c)

el método de escenarios establecido en los artículos 7, 8 y 9 del presente Reglamento.

a)

desglosar las cestas de opciones o certificados de opción en sus componentes fundamentales;

b)

desglosar los contratos de techo (cap) y suelo (floor) de tipo de interés u otras opciones conexas a tipos de interés de diversas fechas en una cadena de opciones independientes referidas a distintos períodos (caplets y floorlets);

c)

tratar las opciones o los certificados de opción sobre permutas de tipo de interés fijo por tipo de interés variable como opciones o certificados de opción sobre el componente de interés fijo de la permuta;

d)

tratar las opciones o los certificados de opción relacionados con más de un subyacente de entre los descritos en el artículo 5, apartado 3, como una cesta de opciones o certificados de opción en la que cada opción tiene un subyacente único y particular.

a)

el importe bruto, según lo descrito en los apartados 2 a 5;

b)

el importe del equivalente de delta ponderado por riesgo, que se calculará como el valor de mercado del instrumento subyacente, multiplicado por la delta y seguidamente multiplicado por una de las ponderaciones pertinentes siguientes:

a)

el comprador tenga el derecho incondicional de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en la fecha de expiración o en cualquier momento antes de esa fecha, y el vendedor tenga la obligación de atender la demanda del comprador («opciones o certificados de opción de compra simples»);

b)

el comprador tenga el derecho incondicional de vender el activo subyacente de la misma forma que se describe en la letra a) («opciones o certificados de opción de venta simples»).

a)

la opción o el certificado de opción incorpora un derecho a vender el activo subyacente («opción de venta larga») y se combina con las tenencias del activo subyacente («posición larga en el instrumento subyacente»);

b)

la opción o el certificado de opción incorpora un derecho a vender el activo subyacente («opción de compra larga») y se combina con el compromiso de vender tenencias del instrumento subyacente («posición corta en el activo subyacente»).

a)

el valor de mercado del valor subyacente multiplicado por la suma de los requisitos por riesgo de mercado general y específico para el activo subyacente;

b)

el valor de la posición determinado a precios de mercado o con arreglo a un modelo según lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 104, apartado 2, del Reglamento (UE) no 575/2013 («valor de mercado de la opción o el certificado de opción»).

a)

los requisitos de fondos propios relativos a la derivada parcial de delta respecto al precio del subyacente, que, en el caso de las opciones o los certificados de opción sobre bonos, es la derivada parcial de delta respecto a la tasa de rendimiento al vencimiento del bono subyacente, y, en el caso de las opciones sobre permutas, es la derivada parcial de delta respecto al tipo de la permuta financiera;

b)

el requisito relativo a la primera derivada parcial del valor de una opción o certificado de opción, respecto a la volatilidad implícita.

a)

cuando las opciones o los certificados de opción hayan sido comprados, como el importe máximo entre cero y la diferencia entre los valores siguientes:

b)

cuando las opciones o los certificados de opción hayan sido vendidos, como el importe máximo entre cero y la diferencia entre los importes siguientes:

a)

se calculará un impacto de gamma para cada opción o certificado de opción;

b)

se sumarán los impactos de gamma de las distintas opciones o certificados de opción referidos al mismo tipo de subyacente particular;

c)

el valor absoluto de la suma de todos los valores negativos resultantes de la etapa b) proporcionará el importe de los requisitos de fondos propios por riesgo gamma; los valores positivos resultantes de la etapa b) se descartarán.

a)

para los tipos de interés en la misma moneda, cada una de las bandas de vencimientos que figuran en el cuadro 2 del artículo 339 del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

para los instrumentos de patrimonio y los índices bursátiles, cada mercado, según se defina en las normas que han de desarrollarse con arreglo al artículo 341, apartado 3, del Reglamento (UE) no 575/2013;

c)

para las divisas y el oro: cada par de divisas y el oro;

d)

para las materias primas: las materias primas consideradas idénticas según lo especificado en el artículo 357, apartado 4, del Reglamento (UE) no 575/2013.

a)

para cada opción se determinará el valor de vega;

b)

para cada opción se calculará un desplazamiento hipotético de más/menos 25 % en la volatilidad implícita, entendiéndose la volatilidad implícita de la manera descrita en el artículo 4, apartado 2;

c)

para cada opción se multiplicará el valor de vega resultante de la etapa especificada en la letra a) por el desplazamiento hipotético en la volatilidad implícita resultante de la etapa especificada en la letra b);

d)

para cada tipo de subyacente particular, entendido en la forma descrita en el artículo 5, apartado 3, se sumarán los valores resultantes de la etapa especificada en la letra c);

e)

la suma de los valores absolutos resultantes de la etapa especificada en la letra d) proporcionará el total de los requisitos de fondos propios por riesgo vega.

a)

que hayan establecido una unidad de control de riesgos que supervise el riesgo de su cartera de opciones e informe de los resultados a la dirección;

b)

que hayan notificado a las autoridades competentes una gama predefinida de exposiciones que este método abarcará de manera constante a lo largo del tiempo;

c)

que integren los resultados del método de escenarios en los informes internos sometidos a la dirección de la entidad.

a)

para las opciones o certificados de opción sobre tipo de interés, más/menos la variación supuesta de los tipos de interés que figura en la columna 5 del cuadro 2 del artículo 339 del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

para las opciones o certificados de opción sobre instrumentos de patrimonio o índices bursátiles, más/menos la ponderación contemplada en el artículo 343 del Reglamento (UE) no 575/2013;

c)

para las opciones o certificados de opción sobre divisas y oro, más/menos la ponderación indicada en el artículo 351 del Reglamento (UE) no 575/2013, o, cuando proceda, más/menos la ponderación indicada en el artículo 354 del Reglamento (UE) no 575/2013;

d)

para las opciones (certificados de opción) sobre materias primas, más/menos la ponderación indicada en el artículo 360, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013.

a)

para cada opción o certificado de opción, se aplicarán todos los escenarios mencionados en el artículo 8 para calcular la pérdida o ganancia neta simulada correspondiente a cada escenario; dicha simulación se realizará utilizando métodos de revaloración completa, simulando las variaciones de precios mediante la utilización de modelos de precios y sin recurrir a aproximaciones locales de esos modelos;

b)

para cada tipo de subyacente particular, según lo indicado en el artículo 5, apartado 3, se agregarán los valores obtenidos como resultado del cálculo previsto en la letra a) y referidos a los distintos escenarios;

c)

para cada tipo de subyacente particular, según lo indicado en el artículo 5, apartado 3, el «escenario pertinente» se calculará como aquel para el que los valores determinados en la etapa b) se traducen en la mayor pérdida, o la menor ganancia si no hay pérdidas;

d)

para cada tipo de subyacente particular, según lo indicado en el artículo 5, apartado 3, los requisitos de fondos propios se calcularán de acuerdo con la fórmula descrita en el anexo II;

e)

el requisito total de fondos propios en el caso del riesgo distinto de delta de opciones o certificados de opción será la suma de los requisitos de fondos propios obtenidos del cálculo mencionado en la etapa d) para todos los tipos de subyacentes particulares según lo indicado en el artículo 5, apartado 3.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/36

(1)

De conformidad con el artículo 143, apartado 3, del Reglamento (UE) no 575/2013, por ámbito de aplicación de un sistema de calificación se entienden las categorías de exposiciones que pueden ser calificadas mediante un sistema de calificación específico.

(2)

El Reglamento (UE) no 575/2013 distingue entre las ampliaciones o modificaciones importantes del método basado en calificaciones internas («método IRB») y del método avanzado de cálculo, que están sujetas a autorización, y todas las demás modificaciones, que son objeto de notificación. Por lo que respecta a estas últimas, no hay en el Reglamento (UE) no 575/2013 indicación alguna relativa al momento en que debe notificarse la ampliación o modificación, es decir, si estas deben notificarse antes o después de su implementación. Procede considerar innecesario que las autoridades competentes tengan conocimiento, de antemano, de las ampliaciones o modificaciones de escasa relevancia. Resultaría, además, más eficaz y menos gravoso a las entidades reunir la información sobre esas modificaciones de escasa relevancia y notificarlas periódicamente a las autoridades competentes. Tal ha sido ya, por otra parte, la práctica de supervisión en diversos Estados miembros. Resulta, por tanto, oportuno establecer una división adicional entre las ampliaciones y modificaciones que requieren notificación antes de su implementación y aquellas que solo deben notificarse una vez llevadas a efecto. Ello contribuirá a garantizar que, en su labor cotidiana, las autoridades competentes centren su atención en aquellas ampliaciones y modificaciones que puedan hacer variar de manera significativa los requisitos de fondos propios o el funcionamiento de los modelos o los sistemas de calificación. Garantizará asimismo que las entidades establezcan una distinción, sobre la base de un enfoque de supervisión orientado al riesgo, entre las ampliaciones y modificaciones de gran relevancia y las de menor trascendencia. Cabe considerar prudente tal distinción entre las ampliaciones y modificaciones sujetas a notificación antes de su implementación y las que han de notificarse una vez llevadas a efecto, dado que la notificación previa brindará a las autoridades competentes la posibilidad de comprobar la correcta aplicación del presente Reglamento, lo que, a su vez, reducirá la carga que para las entidades representa la supervisión.

(3)

La importancia de las ampliaciones o modificaciones de los modelos depende del tipo y la categoría de la ampliación o modificación propuesta (que debe reflejarse en criterios cualitativos) y de su potencial para alterar los requisitos de fondos propios o, en su caso, el importe de las exposiciones ponderadas por riesgo (que debe reflejarse en criterios cuantitativos). En consecuencia, los criterios cuantitativos para examinar la importancia de las ampliaciones o modificaciones deben plasmarse en un umbral basado en la variación porcentual de los requisitos de fondos propios o, en su caso, de las exposiciones ponderadas por riesgo, antes y después de la modificación.

(4)

Si bien en el caso de ampliaciones y modificaciones de los métodos avanzados de cálculo el umbral cuantitativo debe calcularse, por razones de simplicidad, sobre la base de los requisitos de fondos propios, cuando se trata de modificaciones de métodos IRB procede calcular el umbral en función de las exposiciones ponderadas por riesgo, a fin de evitar que las diferencias en el importe de los ajustes de valoración del crédito efectuados, que afectan a los requisitos de fondos propios, pero no al importe de las exposiciones ponderadas por riesgo, influyan indebidamente en los umbrales. Por otra parte, los umbrales cuantitativos deben concebirse de modo que puedan tener en cuenta el impacto global de las ampliaciones o modificaciones en las exigencias de capital que se deriven tanto de los métodos internos como de los métodos estándar, a fin de reflejar la medida en que los métodos internos se utilizan para el cálculo de los requisitos globales de fondos propios o las exposiciones ponderadas por riesgo. Esto es válido en lo que se refiere a todos los umbrales en relación con ambos métodos, salvedad hecha del segundo umbral previsto en el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso ii), relativo al método IRB y el umbral de notificación previa en relación con ese mismo método, que están concebidos atendiendo al impacto de las modificaciones sobre las exposiciones ponderadas por riesgo comprendidas en el ámbito de aplicación de un modeloespecífico. Tanto en lo que respecta al método IRB como al método avanzado de cálculo, los cálculos para evaluar el impacto de una determinada ampliación o modificación deben efectuarse con referencia a un mismo momento, dado que el conjunto de exposiciones (en el caso del método IRB) y el perfil de riesgo (en el caso del método avanzado de cálculo) son relativamente estables a lo largo del tiempo.

(5)

Las autoridades competentes pueden, en cualquier momento, adoptar medidas adecuadas de supervisión en lo que respecta a las ampliaciones y modificaciones de modelos que hayan sido notificadas, sobre la base de la revisión permanente de las autorizaciones vigentes para utilizar métodos internos prevista en el artículo 101 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Con ello se pretende, por un lado, garantizar que se mantenga el cumplimiento de los requisitos establecidos en la parte tercera, título II, capítulo 3, sección 6, en la parte tercera, título III, capítulo 4, o en la parte tercera, título IV, capítulo 5, del Reglamento (UE) no 575/2013. Por otro lado, es preciso promulgar normas con vistas a determinar las circunstancias que deben dar lugar a nuevas autorizaciones y notificaciones de las ampliaciones y modificaciones de los métodos internos. Tales normas no deben afectar a los métodos de revisión supervisora de los modelos internos ni a los procesos administrativos previstos en el artículo 20, apartado 8, del Reglamento (UE) no 575/2013.

(6)

Las modificaciones de la utilización parcial permanente de los métodos internos o, en su caso, de la aplicación sucesiva de los métodos internos están reguladas en los artículos 148 y 150 del Reglamento (UE) no 575/2013, por lo que respecta al método IRB, y en el artículo 314 del dicho Reglamento, por lo que se refiere al método avanzado de cálculo. No procede, por tanto que esos tipos de modificaciones estén regulados por el presente Reglamento.

(7)

La autorización de las autoridades competentes afecta a los procedimientos, procesos, controles y sistemas informáticos y de recopilación de datos de los métodos, por lo que no procede que el presente Reglamento regule la adaptación continua de los modelos al conjunto de datos de cálculo utilizados, con arreglo a los procedimientos, procesos, controles y sistemas informáticos y de recopilación de datos autorizados.

(8)

A fin de que las autoridades competentes puedan comprobar que las entidades han aplicado correctamente las normas relativas a la evaluación de la importancia de las ampliaciones y modificaciones, conviene que las entidades presenten a dichas autoridades la oportuna documentación. Con vistas a reducir la carga de la supervisión para las entidades y aumentar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos aplicados por las autoridades competentes a ese respecto, procede dictar normas que especifiquen los requisitos relativos a la documentación que debe acompañar a las solicitudes de autorización o la notificación de las ampliaciones y modificaciones.

(9)

El presente Reglamento se basa los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(10)

Las disposiciones del presente Reglamento guardan estrecha relación entre sí, puesto que se refieren a ampliaciones y/o modificaciones de los métodos avanzados de cálculo y métodos IRB para determinar los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito y riesgo operativo, y dado que los problemas y los procedimientos en materia de supervisión son similares por lo que se refiere a ambos tipos de métodos internos. A fin de garantizar la coherencia entre las citadas disposiciones y facilitar una visión de conjunto de las mismas y un acceso coordinado a ellas por parte de las personas sujetas a las obligaciones que comportan, resulta oportuna su entrada en vigor simultánea y la inclusión en un único Reglamento de todas las normas técnicas de regulación que impone el Reglamento (UE) no 575/2013 en relación con las ampliaciones y modificaciones de los modelos internos para la medición del riesgo de crédito y riesgo operativo. No obstante, dado que el artículo 312, apartado 4, párrafo primero, letra a), trata de otra cuestión, el presente Reglamento aborda exclusivamente lo dispuesto en las letras b) y c).

(11)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

a)

ampliaciones y modificaciones importantes, que, con arreglo al artículo 143, apartado 3, y al artículo 312, apartado 2, del Reglamento (UE) no 575/2013, requieren la autorización de las autoridades competentes;

b)

otras ampliaciones y modificaciones que exigen la notificación a las autoridades competentes.

a)

ampliaciones y modificaciones que requieren notificación antes de su implementación;

b)

ampliaciones y modificaciones que requieren notificación después de su implementación.

a)

a efectos de la evaluación del impacto cuantitativo, las entidades utilizarán los datos disponibles más recientes;

b)

cuando no sea posible realizar una evaluación exacta del impacto cuantitativo, las entidades efectuarán en su lugar una evaluación del impacto a partir de una muestra representativa o por medio de otros métodos de inferencia fiables;

c)

cuando se trate de modificaciones sin un impacto cuantitativo directo, no deberá calcularse impacto cuantitativo alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), respecto del método IRB, o en el artículo 6, apartado 1, letra c), respecto del método avanzado de cálculo.

a)

que formen parte de las modificaciones del ámbito de aplicación de un sistema de calificación o un método de modelos internos para el cálculo de las exposiciones de renta variable descritas en el anexo I, parte I, sección 1;

b)

que formen parte de las modificaciones de los sistemas de calificación o los métodos de modelos internos para el cálculo de las exposiciones de renta variable descritas en el anexo I, parte II, sección 1;

c)

que tengan alguna de las siguientes consecuencias:

a)

en el numerador, la diferencia entre el importe de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito y de dilución asociado al ámbito de aplicación del sistema de calificación interna o del método de modelos internos para el cálculo de las exposiciones de renta variable antes y después de la modificación, al nivel consolidado de la entidad matriz de la UE o al nivel de la entidad si no es ni entidad matriz ni filial;

b)

en el denominador, el importe global de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito y de dilución antes de la modificación, al nivel consolidado de la entidad matriz de la UE o al nivel de la entidad si no es ni entidad matriz ni filial.

a)

en el numerador, la diferencia entre el importe de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito y de dilución asociado al ámbito de aplicación del sistema de calificación interna o del método de modelos internos para el cálculo de las exposiciones de renta variable antes y después de la modificación;

b)

en el denominador, el importe de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito y de dilución, antes de la modificación, asociado al ámbito de aplicación del sistema de calificación o del método de modelos internos para el cálculo de las exposiciones de renta variable.

a)

las modificaciones que satisfagan cualquiera de las condiciones enunciadas a continuación se notificarán a las autoridades competentes al menos dos meses antes de su implementación:

b)

todas las demás modificaciones se notificarán a las autoridades competentes después de su implementación y como mínimo una vez al año.

a)

en el numerador, la diferencia entre el importe de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito y de dilución asociado al ámbito de aplicación del sistema de calificación interna o del método de modelos internos para el cálculo de las exposiciones de renta variable, antes y después de la modificación;

b)

en el denominador, el importe de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito y de dilución, antes de la modificación, asociado al ámbito de aplicación del sistema de calificación o del método de modelos internos para el cálculo de las exposiciones de renta variable.

a)

que formen parte de las ampliaciones descritas en el anexo II, parte I, sección 1;

b)

que formen parte de las ampliaciones descritas en el anexo II, parte II, sección 1;

c)

que tengan alguna de las siguientes consecuencias:

a)

en el numerador, la diferencia entre los requisitos de fondos propios por riesgo operativo asociados al ámbito de aplicación del modelo del método avanzado de cálculo, antes y después de la ampliación o modificación, al nivel consolidado de la entidad matriz de la UE o al nivel de la entidad si no es ni entidad matriz ni filial;

b)

en el denominador, los requisitos globales de fondos propios por riesgo operativo antes de la ampliación o modificación, al nivel consolidado de la entidad matriz de la UE o al nivel de la entidad si no es ni entidad matriz ni filial.

a)

en el numerador, la diferencia entre los requisitos de fondos propios por riesgo operativo asociados al ámbito de aplicación del modelo, antes y después de la ampliación o modificación, al nivel consolidado de una entidad matriz que no sea una entidad matriz de la UE o al nivel de la filial, cuando la entidad matriz no haya recibido autorización para aplicar el método avanzado de cálculo;

b)

en el denominador, los requisitos globales de fondos propios por riesgo operativo antes de la ampliación o modificación, al nivel consolidado de una entidad matriz que no sea una entidad matriz de la UE o al nivel de la filial, cuando la entidad matriz no haya recibido autorización para aplicar el método avanzado de cálculo.

a)

las ampliaciones y modificaciones contempladas en el anexo II, parte I, sección 2, y parte II, sección 2, se notificarán a las autoridades competentes al menos dos meses antes de su implementación;

b)

todas las demás ampliaciones y modificaciones se notificarán a las autoridades competentes después de su implementación y como mínimo una vez al año.

a)

descripción de la ampliación o modificación, justificación y objetivo;

b)

fecha de implementación;

c)

ámbito de aplicación afectado por la ampliación o modificación del modelo, con indicación del correspondiente volumen;

d)

documentación técnica y procedimental;

e)

informes de los análisis o validaciones independientes de las entidades;

f)

confirmación de que la ampliación o modificación ha sido aprobada por los órganos competentes a través de los procedimientos de autorización de la entidad, y fecha de aprobación;

g)

en su caso, impacto cuantitativo de la modificación o la ampliación en el importe de las exposiciones ponderadas por riesgo o en los requisitos de fondos propios;

h)

documentación relativa a las versiones actual y anterior de los modelos internos de la entidad objeto de autorización.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/50

(1)

El artículo 77, apartado 3, de la Directiva 2013/36/UE hace referencia únicamente a «instrumentos de deuda», por lo tanto, los instrumentos de patrimonio de la cartera de negociación no deben incluirse en la evaluación de la significatividad del riesgo específico.

(2)

La significatividad de las exposiciones al riesgo específico en términos absolutos debe medirse aplicando las normas estándar para el cálculo de las posiciones netas de los instrumentos de deuda. Dicha evaluación debe atender a las posiciones netas largas y cortas calculadas de conformidad con el artículo 327, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), una vez tenida en cuenta la cobertura proporcionada por derivados de crédito de conformidad con los artículos 346 y 347 del Reglamento (UE) no 575/2013.

(3)

El artículo 77, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2013/36/UE, que trata del riesgo específico de la cartera de negociación hace referencia a «un gran número de posiciones significativas en instrumentos de deuda de diferentes emisores». Por ello, las presentes normas establecen un umbral para determinar cuándo cabe considerar que hay una «multitud» de posiciones significativas en instrumentos de deuda de diferentes emisores, con arreglo al artículo 77, apartado 4, de dicha Directiva.

(4)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

(5)

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/52

(1)

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) no 211/2011 establece que en un cuarto, como mínimo, de los Estados miembros, los firmantes de una iniciativa ciudadana deberán corresponder, al menos, al número de diputados al Parlamento Europeo elegido en cada Estado miembro multiplicado por 750. Los números mínimos se establecen en el anexo I del Reglamento.

(2)

El 28 de junio de 2013, el Consejo Europeo adoptó la Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo por la que se fija la composición del Parlamento Europeo (2). Dicha Decisión, que entró en vigor el 30 de junio de 2013, establece el número de representantes en el Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro para la legislatura 2014-2019. La legislatura 2014-2019 se iniciará el 1 de julio de 2014.

(3)

Procede modificar el anexo I del Reglamento (UE) no 211/2011 en consecuencia.

20.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 148/54

(1)

El Reglamento (UE) no 223/2014 permite a la Comisión adoptar actos delegados que complementen sus elementos no esenciales con respecto del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD).

(2)

El Reglamento (UE) no 223/2014 exige que la autoridad de gestión establezca un sistema para registrar y almacenar, en formato digital, los datos de cada operación que resulten necesarios para la supervisión, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, incluidos, por lo que se refiere a los programas operativos en materia de inclusión social de las personas más desfavorecidas (OP II), los datos sobre cada uno de los participantes. Por ello es indispensable definir una lista de los datos que habrá que registrar y almacenar en este sistema.

(3)

Determinados datos solo resultan pertinentes para tipos concretos de operaciones o para un tipo de programa operativo; por tanto, se especificará la aplicabilidad de los requisitos relativos a los datos. El Reglamento (UE) no 223/2014 establece requisitos específicos para el registro y el almacenamiento de los datos sobre cada uno de los participantes en las operaciones que reciben ayudas con cargo a los PO II, que habrá que tener en cuenta.

(4)

La lista de los datos tendrá en cuenta los requisitos de notificación establecidos en el Reglamento (UE) no 223/2014, a fin de garantizar que los datos necesarios para la supervisión y la gestión financiera, incluidos los que resultan necesarios para preparar las solicitudes de pagos, las cuentas y los informes de ejecución, se encuentran disponibles en relación con cada operación en un formato en el que resulte fácil agregarlos y reconciliarlos. La lista tendrá en cuenta la necesidad de que determinados datos básicos sobre las operaciones estén en formato digital para una gestión financiera eficaz de las operaciones y para satisfacer el requisito de publicación de información básica sobre las operaciones. Existen otros datos que resultan necesarios para llevar a cabo eficazmente verificaciones y trabajos de auditoría.

(5)

La lista de datos que se registrarán y almacenarán no prejuzgará las características técnicas ni la estructura de los sistemas informatizados instaurados por las autoridades de gestión, ni predeterminará el formato de los datos registrados y almacenados, a menos que así se especifique en el presente Reglamento. Tampoco debe prejuzgar los medios por los que se introducen o se generan los datos en el sistema; en algunos casos, los datos incluidos en la lista pueden requerir la introducción de varios valores. No obstante, es necesario definir determinadas normas sobre la naturaleza de estos datos, a fin de garantizar que la autoridad de gestión pueda cumplir sus responsabilidades en relación con la supervisión, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, incluso cuando ello requiera procesar los datos de los participantes individuales.

(6)

A fin de garantizar el control y la auditoría de los gastos en el marco de los programas operativos es necesario fijar los criterios que ha de cumplir una pista de auditoría para que se considere adecuada.

(7)

Es necesario prever, en relación con el trabajo de auditoría conforme al Reglamento (UE) no 223/2014, que la Comisión y los Estados miembros deben evitar la difusión no autorizada de los datos personales, o el acceso no autorizado a los mismos, y especificar los fines para los que la Comisión y los Estados miembros pueden proceder a su tratamiento.

(8)

La autoridad auditora es responsable de las auditorías de las operaciones. Para garantizar que el alcance y la eficacia de las auditorías son los adecuados y que estas auditorías se realizan con arreglo a las mismas normas en todos los Estados miembros, es necesario determinar las condiciones que han de cumplir.

(9)

Es necesario establecer de forma detallada la base para el muestreo de las operaciones objeto de auditoría, que la autoridad de auditoría observará para definir o aprobar el método de muestreo, incluida la determinación de la unidad de muestra, determinados criterios técnicos que se usarán para la muestra y, en su caso, los factores que se tendrán en cuenta para tomar muestras complementarias.

(10)

La autoridad de auditoría emitirá un dictamen de auditoría donde tratará las cuentas a las que se hace referencia en el Reglamento (UE) no 223/2014. Para garantizar que el alcance y el contenido de las auditorías de las cuentas son los adecuados y que dichas auditorías se realizan con arreglo a las mismas normas en todos los Estados miembros, es necesario determinar las condiciones que han de cumplir.

(11)

Para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de trato de todos los Estados miembros al realizar correcciones financieras, en coherencia con el principio de proporcionalidad, es necesario fijar los criterios para determinar las deficiencias graves en el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control, definir los tipos principales de deficiencias y fijar los criterios para establecer el nivel de corrección financiera que habrá que aplicar y los criterios de aplicación de correcciones financieras extrapoladas o tipos fijos.

(12)

Con el fin de permitir la pronta aplicación de las medidas previstas en el presente Reglamento, este Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

a)

reglas que especifican la información en relación con los datos que deben ser registrados y almacenados en formato digital en el sistema de supervisión establecido por la autoridad de gestión;

b)

requisitos mínimos detallados para la pista de auditoría en relación con los registros contables que será necesario conservar y los documentos justificativos de que será preciso disponer a nivel de autoridad de certificación, autoridad de gestión, organismos intermediarios y beneficiarios;

c)

ámbito de aplicación y contenido de las auditorías de las operaciones y las auditorias de las cuentas y metodología para seleccionar la muestra de las operaciones;

d)

normas detalladas sobre la utilización de los datos recabados durante las auditorías realizadas por los servicios de la Comisión o por representantes autorizados de la Comisión;

e)

normas pormenorizadas sobre los criterios para determinar graves deficiencias en el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control, incluidas las deficiencias graves más importantes, los criterios para establecer el nivel de corrección financiera que cabrá aplicar y los criterios para la aplicación de correcciones financieras extrapoladas o tipos fijos.

a)

la pista de auditoría permitirá verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos en el programa operativo relativo a las ayudas alimentarias y materiales básicas (PO I), o en el marco del comité de seguimiento para los PO II;

b)

en relación con las subvenciones que contempla el artículo 25, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 223/2014, la pista de auditoría permitirá que los importes agregados certificados a la Comisión se concilien con los registros contables detallados y los documentos justificativos de que disponen la autoridad de certificación, la autoridad de gestión, los organismos intermediarios y los beneficiarios en relación con las operaciones cofinanciadas en el marco del programa operativo;

c)

en relación con las subvenciones en virtud del artículo 25, apartado 1, letras b) y c), la pista de auditoría permitirá que los importes agregados certificados a la Comisión se concilien con los datos detallados relacionados con las realizaciones o los resultados y los documentos justificativos de que disponen la autoridad de certificación, la autoridad de gestión, los organismos intermediarios y los beneficiarios, incluidos, si procede, documentos relativos al método para establecer los baremos estándar de los costes unitarios y las cantidades a tanto alzado, en lo relativo a las operaciones cofinanciadas en el marco del programa operativo;

d)

en relación con los costes determinados de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) no 223/2014, la pista de auditoría demostrará y justificará, en su caso, el método de cálculo y la base sobre la que se han decidido las tasas uniformes y los costes directos subvencionables o los costes declarados en el marco de otras categorías seleccionadas a las que se aplica la tasa uniforme;

e)

en relación con los costes determinados de conformidad con el artículo 26, apartado 2, letras b), c) y e), y el artículo 26, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (UE) no 223/2014, la pista de auditoría permitirá justificar los costes directos subvencionables o los costes declarados en el marco de otra categoría de gastos, o los costes a los que se aplica una tasa uniforme;

f)

la pista de auditoría deberá permitir que se verifique el pago de la contribución pública al beneficiario;

g)

para cada operación, en su caso, la pista de auditoría deberá incluir las especificaciones técnicas y el plan de financiación, los documentos relativos a la autorización de la ayuda, los documentos relativos a los procedimientos de contratación pública, los informes del beneficiario y los informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo;

h)

la pista de auditoría deberá incluir información sobre las auditorías y las verificaciones de la gestión llevadas a cabo en relación con la operación;

i)

la pista de auditoría permitirá conciliar los datos relativos a los indicadores de ejecución para la operación con los datos y los resultados notificados y, en su caso, los objetivos del programa.

a)

que la operación se seleccionó de acuerdo con los criterios de selección para el programa operativo, no se completó físicamente ni se ejecutó plenamente antes de que el beneficiario presentara la solicitud de financiación con cargo al programa operativo, se ha ejecutado de conformidad con la decisión aprobatoria y en el momento de la auditoría cumplía todas las condiciones aplicables respecto a su funcionalidad, su uso, y los objetivos que han de alcanzarse;

b)

que el gasto declarado a la Comisión se corresponde con lo que consta en los registros contables y que los documentos justificativos requeridos demuestran una pista de auditoría adecuada según lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento;

c)

que para el gasto declarado a la Comisión en virtud del artículo 25, apartado 1, letras b) y c), se han entregado las realizaciones y los resultados que justifican los pagos al beneficiario, los datos de los participantes, en su caso, u otros registros relacionados con las realizaciones y los resultados están en consonancia con la información facilitada a la Comisión y que la documentación justificativa necesaria demuestra una pista de auditoría adecuada según lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento.

i)

una selección aleatoria de los elementos de la muestra,

ii)

el uso de la teoría de la probabilidad para evaluar resultados de la muestra, incluyendo la medición y el control del riesgo de muestreo y de la precisión planificada y lograda.

a)

la cantidad total del gasto público subvencionable declarado en virtud del artículo 49, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 223/2014 es conforme al gasto y a la contribución pública correspondiente que se incluyen en las solicitudes de pago presentadas a la Comisión para el ejercicio contable pertinente y, en caso de encontrar discrepancias, se han facilitado explicaciones adecuadas en las cuentas de conciliación;

b)

los importes retirados y recuperados durante el ejercicio contable, los importes que tendrán que recuperarse al final del año fiscal y los importes irrecuperables presentados en las cuentas se corresponden con los importes introducidos en los sistemas contables de la autoridad de certificación y se basan en decisiones de la autoridad de gestión o la autoridad de certificación responsable;

c)

el gasto se ha excluido de las cuentas de conformidad con el artículo 49, apartado 2, del Reglamento (UE) no 223/2014, en su caso, y todas las correcciones necesarias se reflejan en las cuentas correspondientes al ejercicio contable de que se trate.

a)

la importancia relativa de la deficiencia grave (o deficiencias graves) en el contexto del sistema de gestión y control en su conjunto;

b)

la frecuencia y el alcance de la deficiencia grave (o deficiencias graves);

c)

el grado de riesgo de pérdida para el presupuesto de la Unión.

a)

cuando las deficiencias graves en el sistema de gestión y control sean tan fundamentales, frecuentes o generalizadas, que representen un fracaso completo del sistema que pone en riesgo la legalidad y regularidad de los gastos de que se trate, se aplicará una tasa uniforme del 100 %;

b)

cuando las deficiencias graves en el sistema de gestión y control sean tan frecuentes y generalizadas que representen un fracaso muy grave del sistema que pone en riesgo la legalidad y la regularidad de una proporción muy alta de los gastos en cuestión, se aplicará una tasa uniforme del 25 %;

c)

cuando las deficiencias graves del sistema de gestión y control se deban a que este no funciona totalmente o funciona tan mal o con demasiada poca frecuencia que plantea un riesgo para la legalidad y la regularidad de una gran parte del gasto de que se trate, se aplicará una tasa uniforme del 10 %;

d)

cuando las deficiencias graves en el sistema de gestión y control se deban a que el sistema no funciona coherentemente, de forma que pone en riesgo la legalidad y la regularidad de una proporción significativa de los gastos en cuestión, se aplicará una tasa uniforme del 5 %.