18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/1

(1)

La Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece un sistema moderno, basado en el riesgo, para la regulación y supervisión de las empresas de seguros y reaseguros de la Unión. Dicho sistema es esencial para garantizar un sector asegurador sólido y fiable, capaz de ofrecer productos de seguros que sean sostenibles y de apoyar la economía real a través del fomento de las inversiones a largo plazo y de una mayor estabilidad.

(2)

La Directiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introduce algunas modificaciones en los artículos 212 a 262 de la Directiva 2009/138/CE, que deben aplicarse a partir del 10 de junio de 2013.

(3)

La Directiva 2012/23/UE del Parlamento Europeo y el Consejo (4) modifica la Directiva 2009/138/CE aplazando la fecha de transposición del 31 de octubre de 2012 al 30 de junio de 2013, la fecha de aplicación del 1 de noviembre de 2012 al 1 de enero de 2014, y la fecha de derogación de las Directivas sobre seguros y reaseguros ya existentes (5) (denominadas colectivamente «Solvencia I»), del 1 de noviembre de 2012 al 1 de enero de 2014.

(4)

El 19 de enero de 2011, la Comisión adoptó una propuesta («la propuesta Ómnibus II») de modificación, entre otras, de la Directiva 2009/138/CE con el fin de tener en cuenta la nueva estructura de supervisión para el seguro, concretamente, la creación de la Autoridad Europea de Supervisión [Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)]. La propuesta Ómnibus II también sirve como medio para adaptar la Directiva 2009/138/CE a la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a través de la transformación de las disposiciones que conceden competencias de la Comisión para adoptar medidas de ejecución en disposiciones que conceden a la Comisión competencias para adoptar actos delegados y de ejecución.

(5)

Habida cuenta de la complejidad de la propuesta Ómnibus II, existe un claro riesgo de que no haya entrado en vigor antes de la fecha de transposición y la fecha de aplicación de la Directiva 2009/138/CE. La no modificación de esas fechas conllevaría que la Directiva 2009/138/CE se aplicara antes de la entrada en vigor de las disposiciones transitorias y adaptaciones pertinentes, incluida una mayor clarificación de las competencias en materia de actos delegados y de ejecución, establecidas en la propuesta Ómnibus II.

(6)

Con el fin de evitar obligaciones legislativas excesivamente gravosas para los Estados miembros en virtud de la Directiva 2009/138/CE y, posteriormente, en virtud de la nueva estructura de supervisión prevista en la propuesta Ómnibus II, procede retrasar las fechas de transposición y aplicación de la Directiva 2009/138/CE, permitiendo que las autoridades de supervisión y las empresas de seguros y de reaseguros dispongan de tiempo suficiente para preparar la aplicación de la nueva estructura.

(7)

Del orden cronológico de los acontecimientos se desprende claramente que el retraso de las fechas de transposición y aplicación de la Directiva 2009/138/CE debe aplicarse también a las modificaciones a la misma introducidas por la Directiva 2011/89/CE.

(8)

Por razones de seguridad jurídica, la fecha de derogación de Solvencia I debe posponerse en consecuencia.

(9)

Dado el muy breve período de tiempo restante antes de las fechas establecidas en la Directiva 2009/138/CE, la presente Directiva debe entrar en vigor sin demora.

(10)

Por consiguiente, resulta justificado aplicar, en el presente caso, la excepción por causa de urgencia contemplada en el artículo 4 del Protocolo (no 1) sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, por lo que se refiere a la transmisión a los Parlamentos nacionales de la presente propuesta de Directiva.

1)

El artículo 309, apartado 1, queda modificado como sigue:

2)

En el artículo 310, párrafo primero, la fecha de «1 de enero de 2014» se sustituye por la de «1 de enero de 2016».

3)

En el artículo 311, párrafo segundo, la fecha de «1 de enero de 2014» se sustituye por la de «1 de enero de 2016».

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/4

(1)

Las relaciones entre la Unión y el Reino Hachemí de Jordania («Jordania») se desarrollan en el marco de la política europea de vecindad (PEV). El 1 de mayo de 2002 entró en vigor un Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Jordania, por otra (2) («el Acuerdo de Asociación UE-Jordania»). El diálogo político bilateral y la cooperación económica se han seguido desarrollando en el marco de los planes de acción de la política europea de vecindad, el más reciente de los cuales abarca el período 2010-2015. En 2010, la Unión concedió a Jordania una asociación de «Estatuto Avanzado», que cubre una amplia zona de la cooperación entre ambas partes. En 2013 el Acuerdo de Asociación UE-Jordania se completó con un Acuerdo Marco entre la Unión Europea y Jordania sobre los principios generales de la participación de Jordania en los programas de la Unión, con miras a fomentar la cooperación entre la Unión y Jordania.

(2)

La economía de Jordania se ha visto considerablemente afectada por la evolución interna relacionada con los acontecimientos acaecidos en los países del Mediterráneo Meridional desde finales de 2010, conocidos como «Primavera Árabe», y por la agitación en la región, en particular en Egipto y Siria. En concreto, la gran afluencia de refugiados sirios que han buscado refugio en Jordania está teniendo un fuerte impacto en la economía de este país. En el marco de un entorno económico mundial más deteriorado, las interrupciones reiteradas del flujo de gas natural procedente de Egipto, que han obligado a Jordania a sustituir sus importaciones de gas egipcio con combustibles más caros para la producción de electricidad, y los recursos financieros importantes necesarios para proporcionar ayuda humanitaria a los refugiados sirios presentes en el territorio jordano han provocado importantes déficits presupuestarios y de financiación externa.

(3)

Desde el inicio de la Primavera Árabe, la Unión ha declarado en varias ocasiones su compromiso de ayudar a Jordania en su proceso de reforma política y económica. Dicho compromiso se reafirmó en las conclusiones de la décima reunión del Consejo de Asociación entre la Unión y Jordania celebrada en diciembre de 2012.

(4)

La posición geográfica de Jordania lo convierte también en un país estratégico para la estabilidad y seguridad en Oriente Próximo, pero de la misma forma lo hace particularmente vulnerable a choques externos, tanto en términos políticos como económicos. Por lo tanto, es importante proporcionar un apoyo adecuado al país y promover un mayor diálogo político y económico entre la Unión y Jordania.

(5)

Jordania ha emprendido una serie de reformas políticas, que, en particular, han llevado a su Parlamento a adoptar más de 40 enmiendas constitucionales en septiembre de 2011, lo que constituye una etapa importante hacia el establecimiento de un sistema realmente democrático. El apoyo político y económico de la Unión al proceso de reforma de Jordania es coherente con la política de la Unión respecto de la región del Mediterráneo Meridional, según se define en el marco de la PEV.

(6)

En consonancia con la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo adoptada junto con la Decisión no 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero excepcional por el que se preste un apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de pagos, que tienda a restablecer la sostenibilidad de la situación financiera externa del beneficiario, que respalde la aplicación de un programa de políticas que contenga medidas decididas en materia de ajuste y de reforma estructural cuyo objetivo sea la mejora de la posición de la balanza de pagos, en particular durante el período que cubra el programa, y que refuerce la aplicación de los acuerdos y programas pertinentes con la Unión.

(7)

En agosto de 2012, las autoridades jordanas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaron un acuerdo de derecho de giro trienal no cautelar («programa del FMI») por un importe de 1 364 millones DEG (Derechos especiales de giro), en favor del programa de ajuste y reforma de la economía de Jordania. Los objetivos del programa del FMI se adecuan al propósito de la ayuda macrofinanciera de la Unión, a saber, aliviar las dificultades a corto plazo de la balanza de pagos y aplicar fuertes medidas de ajuste igualmente adecuadas a tal propósito.

(8)

La Unión ha concedido a Jordania subvenciones por un importe total de 293 millones EUR para el período 2011-2013 en el marco de su programa de cooperación regular tendente a sostener el programa de reforma económica y política del país. Asimismo, le concedió 70 millones EUR en 2012, en el marco del Programa de apoyo a la cooperación, las reformas y el crecimiento integrador (Programa SPRING) y 10 millones EUR de ayuda humanitaria en favor de los refugiados sirios.

(9)

En diciembre de 2012, en vista del empeoramiento de la situación y las perspectivas de su economía, Jordania solicitó una ayuda macrofinanciera de la Unión.

(10)

Teniendo en cuenta que Jordania es un país cubierto por la PEV, debe poder optar a la ayuda macrofinanciera de la Unión.

(11)

Dado que sigue habiendo un importante déficit de financiación exterior residual en la balanza de pagos de Jordania que supera los recursos proporcionados por el FMI y otras instituciones multilaterales, y pese a la aplicación por Jordania de fuertes programas de estabilización y de reforma económicas, y dada la vulnerabilidad de la situación exterior de Jordania frente a perturbaciones exógenas, lo que requiere el mantenimiento de un nivel adecuado de reservas de divisas, se considera que la ayuda macrofinanciera de la Unión que se debe conceder a Jordania («la ayuda macrofinanciera de la Unión») constituye en las actuales circunstancias excepcionales una respuesta adecuada a la solicitud del país de que se le apoye en la estabilización económica, en conjunción con el programa del FMI. La ayuda macrofinanciera de la Unión respaldaría la estabilización económica y el programa de reforma estructural de Jordania, complementando los recursos puestos a disposición en el marco del acuerdo financiero del FMI.

(12)

El objetivo de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser el de apoyar el restablecimiento de la sostenibilidad de la situación financiera exterior de Jordania y de este modo apoyar su desarrollo económico y social.

(13)

La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se basará en una evaluación cuantitativa completa de las necesidades residuales de financiación exterior de Jordania y tendrá en cuenta su capacidad de autofinanciarse con sus propios recursos, en particular con las reservas internacionales a su disposición. La ayuda macrofinanciera de la Unión debe completar los programas y recursos que proporcionen el FMI y el Banco Mundial. La determinación del importe de la ayuda también tendrá en cuenta las contribuciones financieras previstas de donantes multilaterales y la necesidad de un reparto equitativo de la carga entre la Unión y otros donantes, así como el despliegue previo de otros instrumentos de financiación exterior de la Unión en la Jordania y el valor añadido de la participación general de la Unión.

(14)

La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se ajuste, sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios, los objetivos y las medidas fundamentales que se adopten en las distintas áreas de la acción exterior y en el marco de otras políticas pertinentes de la Unión.

(15)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de la Unión respecto de Jordania. Los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación de ayuda macrofinanciera con el fin de coordinar y garantizar la coherencia de la política exterior de la Unión.

(16)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso que Jordania asume respecto de los valores que comparte con la Unión, incluidos los de la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, así como su compromiso con los principios de un comercio abierto, reglamentado y justo.

(17)

Para la concesión de la ayuda macrofinanciera de la Unión, se requerirá como condición previa que Jordania respete unos mecanismos democráticos efectivos, incluidos un sistema parlamentario multipartidista y el Estado de Derecho, y que garantice el respeto de los derechos humanos. Además, la ayuda macrofinanciera de la Unión debe tener como objetivos específicos fortalecer la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de Jordania y promover las reformas estructurales en favor de un crecimiento duradero e integrador, la creación de empleo y el saneamiento fiscal. El cumplimiento de la condición previa y la consecución de estos objetivos han de ser controlados periódicamente por la Comisión.

(18)

Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión asociados a la ayuda macrofinanciera de la Unión, Jordania debe adoptar medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en relación con esta ayuda. Además, conviene adoptar disposiciones para la realización de verificaciones por la Comisión y de auditorías por el Tribunal de Cuentas.

(19)

El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión se realiza sin perjuicio de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo.

(20)

Los importes de la provisión exigida por la ayuda macrofinanciera deben adecuarse a los créditos presupuestarios previstos en el marco financiero plurianual.

(21)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. Con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condiciones de seguir la aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarles regularmente de la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes.

(22)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la presente Decisión deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(23)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar subordinada a condiciones de política económica, que se determinarán en un memorando de entendimiento. A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación y por motivos de eficiencia, debe habilitarse a la Comisión para negociar tales condiciones con las autoridades jordanas bajo la supervisión del comité de representantes de los Estados miembros previsto por el Reglamento (UE) no 182/2011. Según lo dispuesto en dicho Reglamento, el procedimiento consultivo debe aplicarse, como norma general, en todos aquellos casos que difieran de los previstos en ese Reglamento. Considerando que una ayuda superior a 90 millones EUR puede tener efectos importantes, conviene utilizar el procedimiento de examen para operaciones superiores a dicho umbral. Considerando el importe de la ayuda macrofinanciera que la Unión concede a Jordania, debe aplicarse el procedimiento de examen para la adopción del memorando de entendimiento, o para reducir, suspender o cancelar la ayuda.

a)

la condición previa prevista en el artículo 2;

b)

una trayectoria satisfactoria continuada en la aplicación de un programa de políticas que contenga fuertes medidas de ajuste y de reforma estructural, respaldadas por un acuerdo de crédito no cautelar del FMI, y

c)

la aplicación, durante un período específico, de las condiciones financieras y de política económica aprobadas en el memorando de entendimiento.

a)

garantizar que Jordania compruebe con regularidad que la financiación procedente del presupuesto general de la Unión se ha utilizado correctamente, adopte las medidas oportunas para prevenir toda irregularidad o fraude, y ejercite, en caso necesario, acciones legales para recuperar los importes abonados en virtud de la presente Decisión que hayan sido malversados;

b)

velar por la protección de los intereses financieros de la Unión, y en particular para establecer medidas específicas para prevenir y combatir el fraude, la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a la ayuda macrofinanciera de la Unión, con arreglo al Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo (9), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo (10) y el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11);

c)

autorizar expresamente a la Comisión, incluyendo a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, o a sus representantes, a efectuar controles, tales como inspecciones y verificaciones in situ;

d)

autorizar expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a realizar auditorías tanto durante como después del período de disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de la Unión, incluyendo auditorías documentales e in situ tales como las evaluaciones operativas;

e)

garantizar que la Unión esté facultada para proceder al cobro anticipado del préstamo si se determina que, en relación con la gestión de la ayuda macrofinanciera de la Unión, Jordania ha cometido algún acto de fraude o de corrupción o cualquier otra actividad ilegal contraria a los intereses financieros de la Unión.

a)

examinará los avances realizados en la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión;

b)

evaluará la situación económica y las perspectivas económicas de Jordania, así como los avances que se hayan conseguido en la ejecución de las medidas previstas en el artículo 3, apartado 1;

c)

indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas en el memorando de entendimiento, los resultados económicos y presupuestarios de Jordania y las decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la ayuda macrofinanciera de la Unión.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/10

(1)

El Reglamento (UE) no 608/2013 determina las condiciones y procedimientos de intervención de las autoridades aduaneras en relación con mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual que estén, o debieran estar, bajo vigilancia aduanera o sujetas a control aduanero de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo (2).

(2)

A tenor del Reglamento (UE) no 608/2013, las personas y entidades debidamente legitimadas podrán presentar una solicitud al departamento competente de aduanas para que las autoridades aduaneras intervengan sobre dichas mercancías (solicitud) y podrán solicitar también la ampliación del plazo durante el cual las autoridades aduaneras deben intervenir de conformidad con una solicitud aceptada (petición de ampliación del plazo).

(3)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes respecto a la solicitud y a la petición de ampliación, deben establecerse formularios normalizados.

(4)

Estos formularios normalizados reemplazarán a los del Reglamento (CE) no 1891/2004 de la Comisión (3), por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1383/2003 (4), que queda derogado por el Reglamento (UE) no 608/2013.

(5)

Por consiguiente, debe derogarse el Reglamento (CE) no 1891/2004.

(6)

El Reglamento (UE) no 608/2013 se aplicará a partir del 1 de enero de 2014 y, en consecuencia, el presente Reglamento debe ser aplicable también a partir de la misma fecha.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero, mencionado en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) no 608/2013.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/32

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) no 1151/2012, la solicitud de registro de la denominación «Liers vlaaike» presentada por Bélgica fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) no 1151/2012, procede registrar la denominación citada.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/34

(1)

El Reglamento (CE) no 1098/2007 contiene disposiciones relativas al establecimiento de limitaciones del esfuerzo pesquero de las poblaciones de bacalao del mar Báltico.

(2)

Sobre la base del Reglamento (CE) no 1098/2007, se han establecido limitaciones del esfuerzo pesquero para 2014 en el mar Báltico en el anexo II del Reglamento (UE) no 1180/2013 del Consejo (2).

(3)

De conformidad con el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1098/2007, la Comisión puede excluir las subdivisiones CIEM 27 y 28.2 del ámbito de aplicación de algunas limitaciones del esfuerzo pesquero cuando las capturas de bacalao hayan sido inferiores a un determinado umbral en el último período objeto del informe.

(4)

Teniendo en cuenta los informes presentados por los Estados miembros y el dictamen del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, las subdivisiones CIEM 27 y 28.2 deben excluirse en 2014 del ámbito de aplicación de dichas limitaciones del esfuerzo pesquero.

(5)

El Reglamento (UE) no 1180/2013 será aplicable a partir del 1 de enero de 2014. A fin de garantizar la coherencia con dicho Reglamento, es necesario que también el presente Reglamento se aplique a partir del 1 de enero de 2014.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/35

(1)

En el Reglamento (CE) no 669/2009 de la Comisión (2) se establecen normas relativas a la intensificación de los controles oficiales a los que deben someterse las importaciones de los piensos y alimentos de origen no animal enumerados en la lista de su anexo I («la lista») en los puntos de entrada de los territorios mencionados en el anexo I del Reglamento (CE) no 882/2004.

(2)

En el artículo 2 del Reglamento (CE) no 669/2009 se establece que la lista debe revisarse de forma periódica y al menos trimestralmente, teniendo en cuenta como mínimo las fuentes de información mencionadas en dicho artículo.

(3)

La frecuencia y la importancia de los incidentes alimentarios notificados a través del sistema de alerta rápida para piensos y alimentos, las constataciones de las inspecciones realizadas en terceros países por la Oficina Alimentaria y Veterinaria y los informes trimestrales sobre las partidas de piensos y alimentos de origen no animal presentados por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 669/2009 indican que es necesario modificar dicha lista.

(4)

Concretamente, debe modificarse la lista suprimiendo las entradas relativas a mercancías sobre las que la información disponible indique en general un grado de cumplimiento satisfactorio de los requisitos de seguridad pertinentes establecidos en la legislación de la Unión y con respecto a las cuales, por tanto, ya no se justifique una intensificación de los controles oficiales. Deben pues, suprimirse las entradas de la lista correspondientes a nueces de Azerbaiyán, macis, jengibre y cúrcuma de la India, macis de Indonesia y hortalizas del género Brassica de Tailandia.

(5)

En aras de la coherencia y la claridad, conviene sustituir el anexo I del Reglamento (CE) no 669/2009 por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 669/2009 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/43

(1)

Se ha pedido a la Comisión Europea («la Comisión»), con arreglo al artículo 13, apartado 3, y al artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base, que investigue la posible elusión de las medidas antidumping impuestas a determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio originarios de la República Popular China mediante las importaciones de tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio ligeramente modificados procedentes de la República Popular China, y que someta dichas importaciones a registro.

(2)

La solicitud fue presentada el 6 de noviembre de 2013 por Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS y Vitrulan Technical Textiles GmbH, cuatro productores de la Unión de determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio.

(3)

El producto afectado por la posible elusión son determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio, con unas celdas de un tamaño superior a 1,8 mm, tanto de largo como de ancho, y un peso superior a 35 g/m2, excepto los discos de fibra de vidrio, originarios de la República Popular China, clasificados actualmente con los códigos NC ex 7019 51 00 y ex 7019 59 00 («el producto afectado»).

(4)

El producto investigado es el mismo que el que se define en el considerando anterior, pero clasificado con el código NC ex 7019 40 00 y originario de la República Popular China («el producto investigado»).

(5)

Las medidas actualmente en vigor, posiblemente objeto de elusión, son los derechos antidumping establecidos mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 791/2011 del Consejo (2).

(6)

La solicitud contiene suficientes indicios razonables de que las medidas antidumping sobre las importaciones de determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio originarios de la República Popular China están siendo eludidas mediante una ligera modificación del producto afectado para poder incluirlo en códigos aduaneros que, normalmente, no están sujetos a las medidas en cuestión, y que la modificación no altera las características esenciales del producto afectado. La ligera modificación consiste en un aumento de la proporción de rovings de fibra de vidrio en la malla abierta, de manera que predominan en peso en el producto investigado, que debe clasificarse por tanto con el código NC 7019 40 00 como tejido de fibra de vidrio de rovings.

(7)

Los indicios razonables presentados son los siguientes:

(8)

La solicitud muestra que se ha producido un cambio significativo en las características del comercio en lo que respecta a las exportaciones de la República Popular China a la Unión tras la imposición, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 791/2011, de un derecho antidumping definitivo al producto afectado, sin que dicho cambio tenga una causa o justificación económica suficiente que no sea la imposición del derecho.

(9)

Este cambio parece deberse a la importación del producto investigado en la Unión. La solicitud contiene suficientes indicios razonables de que el producto investigado tiene las mismas características esenciales y los mismos usos que el producto afectado.

(10)

Por otro lado, la solicitud contiene suficientes indicios razonables de que los efectos correctores de las medidas antidumping vigentes en el producto afectado se están neutralizando en lo que respecta a cantidades y precios. Al parecer, volúmenes significativos de importaciones del producto investigado han sustituido a las importaciones del producto afectado. Además, hay suficientes indicios razonables de que el precio de las importaciones del producto investigado es inferior al precio no perjudicial determinado en la investigación que llevó a imponer las medidas vigentes.

(11)

Por último, la solicitud contiene suficientes indicios razonables de que los precios del producto investigado son objeto de dumping con respecto al valor normal establecido previamente para el producto afectado.

(12)

Si, en el curso de la investigación y a la luz de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de base, se apreciara la existencia de otras prácticas de elusión, aparte de la mencionada anteriormente, la investigación podrá hacerse extensiva a las mismas.

(13)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión ha concluido que existen pruebas suficientes para justificar la apertura de una investigación con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base y someter a registro las importaciones del producto investigado, con arreglo al artículo 14, apartado 5, de dicho Reglamento.

(14)

Con objeto de obtener la información que considera necesaria para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios a los exportadores/productores conocidos y a las asociaciones de exportadores/productores conocidas de la República Popular China, a los importadores conocidos y a las asociaciones de importadores conocidas de la Unión, así como a las autoridades de la República Popular China. También podría pedirse información, si procede, a la industria de la Unión.

(15)

En cualquier caso, todas las partes interesadas deben ponerse en contacto con la Comisión inmediatamente, y a más tardar en el plazo establecido en el artículo 3 del presente Reglamento, y solicitar un cuestionario en el plazo fijado en el apartado 1 de dicho artículo, dado que el plazo establecido en su apartado 2 se aplica a todas las partes interesadas.

(16)

Se comunicará a las autoridades de la República Popular China la apertura de la investigación.

(17)

Se invita a todas las partes interesadas a presentar por escrito sus puntos de vista y las correspondientes pruebas. Además, la Comisión podrá oír a las partes interesadas, siempre que lo soliciten por escrito y demuestren que existen motivos particulares para ello.

(18)

De conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, podrá eximirse a las importaciones del producto investigado del registro o de la aplicación de las medidas si la importación no constituye una elusión.

(19)

Como la supuesta elusión se produce fuera de la Unión, se pueden conceder exenciones, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, a los productores del producto investigado de la República Popular China que puedan probar que no están vinculados (3) a ningún productor sujeto a las medidas vigentes (4) y se demuestre que no están implicados en las prácticas de elusión definidas en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento de base. Los productores que deseen obtener una exención deberán presentar una solicitud debidamente justificada mediante pruebas en el plazo indicado en el artículo 3, apartado 3, del presente Reglamento.

(20)

Con arreglo al artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base, las importaciones del producto investigado deben someterse a registro para que, si la investigación llega a la conclusión de que existe elusión, puedan recaudarse retroactivamente derechos antidumping de un importe adecuado a partir de la fecha en la que se haya impuesto la obligación de registro de estas importaciones.

(21)

En aras de una gestión correcta, deben establecerse plazos durante los cuales:

(22)

Se señala que el ejercicio de la mayor parte de los derechos de procedimiento establecidos en el Reglamento de base depende de que la parte correspondiente se dé a conocer en el plazo establecido en el artículo 3 del presente Reglamento.

(23)

Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no la facilite en los plazos establecidos u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones positivas o negativas, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, a partir de los datos disponibles.

(24)

Si se comprueba que alguna parte interesada ha facilitado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de esa información y podrán utilizarse los datos disponibles.

(25)

En caso de que una parte interesada no coopere o lo haga solo parcialmente y, como consecuencia de ello, solo se haga uso de los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, las conclusiones pueden ser menos favorables para ella que si se hubiese cooperado.

(26)

La investigación finalizará, de conformidad con el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base, en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(27)

Debe tenerse presente que cualquier dato personal obtenido en el transcurso de la presente investigación se tratará de conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (5).

(28)

Las partes interesadas podrán solicitar la intervención del consejero auditor de la Dirección General de Comercio. Este actúa de intermediario entre las partes interesadas y los servicios de investigación de la Comisión. El consejero auditor revisa las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los documentos, las solicitudes de ampliación de los plazos y las peticiones de las terceras partes que desean ser oídas. El consejero auditor podrá organizar una audiencia con una parte interesada concreta y mediar para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de dicha parte interesada.

(29)

Toda solicitud de audiencia con el consejero auditor debe hacerse por escrito, alegando los motivos de la solicitud. El consejero auditor también ofrecerá a las partes la oportunidad de celebrar una audiencia en la que puedan presentarse distintos puntos de vista y rebatirse argumentos.

(30)

Las partes interesadas podrán encontrar más información y datos de contacto en las páginas del consejero auditor en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/.

Comisión Europea

Dirección General de Comercio

Dirección H

Despacho: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 222962219

Correo electrónico: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/47

(1)

Deben aplicarse normas de origen no preferenciales a todas las medidas de política comercial no preferenciales, incluidos los derechos antidumping y compensatorios.

(2)

En el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 2913/92, se establece el principio básico de que una mercancía en cuya producción haya intervenido más de un país será originaria del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada o que trabajen en una empresa equipada a este efecto y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante.

(3)

La declaración de despacho a libre práctica de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y sus componentes principales está sujeta a un derecho antidumping provisional en virtud del Reglamento (UE) no 513/2013 de la Comisión (2).

(4)

Con el fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de los derechos antidumping provisionales, procede establecer una norma para la interpretación del principio del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 2913/92 en cuanto a la determinación del origen de los productos cubiertos por esas medidas en relación con los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y uno de sus componentes principales, las células fotovoltaicas de silicio cristalino.

(5)

El proceso de producción de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino puede dividirse en las siguientes etapas principales: producción de obleas de silicio; transformación de obleas de silicio en células fotovoltaicas de silicio cristalino; ensamblaje de varias células fotovoltaicas de silicio cristalino en un módulo o panel fotovoltaico de silicio cristalino.

(6)

La etapa más importante en la fabricación de los paneles o módulos fotovoltaicos de silicio cristalino es la transformación de obleas de silicio en células fotovoltaicas de silicio cristalino. Esa es la fase de producción decisiva en la que el uso al que están destinados los componentes del panel o el módulo adquiere carácter definitivo y en el que se les dan sus cualidades específicas.

(7)

Por tanto, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 2913/92, esta transformación es la que debe considerarse la última transformación sustancial en el proceso de producción de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino. Por consiguiente, el país de fabricación de las células fotovoltaicas de silicio cristalino debe ser el país de origen no preferencial de los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino.

(8)

Mediante la Decisión 94/800/CE (3), el Consejo aprobó, entre otras cosas, el Acuerdo relativo a las normas de origen (OMC-GATT, 1994), anejo al Acta final firmada en Marrakech el 15 de abril de 1994. Con arreglo a los principios establecidos en ese Acuerdo para el programa de trabajo en materia de armonización, la determinación de los países donde se realizó la última transformación sustancial de las mercancías debe basarse, ante todo, en el país donde el proceso de producción dé lugar a un cambio de clasificación arancelaria. Solo cuando este criterio no permita determinar el país de la última transformación sustancial podrán utilizarse otros criterios como el del valor añadido o la determinación de una operación de transformación concreta. Conviene utilizar los mismos principios en la legislación aduanera de la UE.

(9)

Las células fotovoltaicas de silicio cristalino se clasifican en la partida 8541 del sistema armonizado (SA). Los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino están clasificados en la misma partida. El material de entrada (obleas de silicio) está clasificado en la partida 3818 del SA. Por tanto, la norma basada en un cambio de partida arancelaria expresa de forma adecuada la última transformación sustancial de las células fotovoltaicas de silicio cristalino. Al mismo tiempo, excluye que el ensamblaje de los paneles fotovoltaicos de silicio cristalino o módulos a partir de células confiera carácter originario al producto final, ya que tanto los paneles como las células están clasificados en la misma partida.

(10)

En el caso de los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, no resulta apropiada una norma de origen basada en el valor añadido, que suele combinarse con el cambio de norma de partida arancelaria para la determinación de productos cuya última transformación es una operación de montaje, ya que la previsibilidad y la seguridad jurídica necesarias se lograrían mejor en lo que respecta a esos productos concretos mediante la identificación de la fase de producción más significativa.

(11)

Se requiere una denominada «norma residual» para determinar el origen de los paneles o módulos fotovoltaicos de silicio cristalino cuando no se cumple la norma principal para el cambio de partida arancelaria. En dicho caso, el origen del panel o módulo debe ser el de las células fotovoltaicas de silicio cristalino o de la mayor parte del valor de las células fotovoltaicas de silicio cristalino.

(12)

Los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino también podrán clasificarse, bajo determinadas condiciones, en la partida 8501 del SA. Asimismo, procede establecer una norma análoga a la de la partida 8541 del SA para los paneles o módulos fotovoltaicos de silicio cristalino.

(13)

Por tanto, conviene modificar en consecuencia el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (4).

(14)

El Comité del Código Aduanero no emitió dictamen alguno. Se consideró que era necesario un acto de ejecución y el Presidente transmitió el proyecto de acto de ejecución al Comité de Apelación para una nueva deliberación. El Comité de Apelación no emitió dictamen alguno.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/50

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/52

(1)

Desde la adopción de la Directiva 2002/56/CE, se han desarrollado nuevos métodos de selección y multiplicación de patatas de siembra, y se han mejorado las herramientas de diagnóstico para identificar los organismos nocivos y las prácticas agronómicas para luchar contra la propagación de organismos nocivos.

(2)

Estas modificaciones técnicas permiten producir patatas de siembra que cumplen unos requisitos más estrictos que los establecidos en los anexos I y II de la Directiva 2002/56/CE. Al mismo tiempo, se han dado a conocer los nuevos agentes de enfermedades, y los conocimientos sobre las enfermedades existentes han evolucionado y demuestran que algunas enfermedades requieren medidas más estrictas.

(3)

En este contexto, se ha adaptado la norma de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) sobre la comercialización y el control de la calidad comercial de las patatas de siembra habida cuenta de los avances técnicos y científicos (2).

(4)

Teniendo en cuenta esta evolución, deben actualizarse determinadas tolerancias y condiciones mínimas, tal como se han establecido en los anexos I y II de la Directiva 2002/56/CE, y las restricciones en relación con la viruela de la patata, la roña profunda de la patata y las patatas de siembra excesivamente deshidratadas o marchitas, deben añadirse en el anexo II.

(5)

Desde la adopción de la Directiva 2002/56/CE, se han desarrollado conocimientos científicos sobre la relación entre el número de generaciones y el nivel de presencia de parásitos de patatas de siembra. La limitación del número de generaciones es un medio necesario para mitigar el riesgo fitosanitario que entrañan las plagas en forma latente. Esta limitación es necesaria para la reducción de dicho riesgo, y no se dispone de otras medidas menos rigurosas en su lugar. Un máximo de siete generaciones para los materiales y las patatas de siembra de la categoría prebase y la categoría base consiguen un equilibrio entre la necesidad de multiplicar un número suficiente de patatas de siembra destinadas a la producción de patatas de siembra certificadas y la protección de su calificación sanitaria.

(6)

Los requisitos relativos a los organismos nocivos Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. deben suprimirse del anexo I, ya que su presencia en la patata de siembra está regulada por la Directiva 69/464/CEE del Consejo (3). Los requisitos relativos a los organismos nocivos Corynebacterium sepedonicum (Spieck. y Kotth.) Skapt. y Burkh., cuyo nombre se ha sustituido por Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. y Kotth.) Davis et al., debe suprimirse de los anexos I y II, ya que su presencia en la patata de siembra está regulada por la Directiva 93/85/CEE del Consejo (4). Los requisitos relativos al organismo nocivo Heterodera rostochiensis Woll., cuyo nombre se ha sustituido por Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens debe suprimirse del anexo II porque su presencia en la patata de siembra está regulada por la Directiva 2007/33/CE del Consejo (5). Los requisitos relativos al organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, cuyo nombre se ha sustituido por Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., debe suprimirse del anexo II, ya que su presencia en la patata de siembra está regulada por la Directiva 98/57/CE del Consejo (6).

(7)

Por tanto, deben modificarse en consecuencia los anexos I y II de la Directiva 2002/56/CE.

(8)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Semillas y Plantas Agrícolas, Hortícolas y Forestales.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/56

(1)

El 6 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 61/89 «Hacia un Tratado sobre el comercio de armas que establezca normas internacionales comunes para la importación, la exportación y el traslado de armas convencionales», iniciando así el proceso de las Naciones Unidas en relación con el Tratado sobre el Comercio de Armas (en lo sucesivo «el proceso TCA»). El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 64/48 «El Tratado sobre el Comercio de Armas», por la cual decidió convocar en 2012 una Conferencia en torno al Tratado sobre el Comercio de Armas a fin de elaborar un instrumento, jurídicamente vinculante, en relación con las normas internacionales más elevadas para las transferencias de armas convencionales.

(2)

Puesto que la Conferencia de las Naciones Unidas en torno al Tratado sobre el Comercio de Armas, convocada en julio de 2012, no llegó a ponerse de acuerdo en cuanto a un documento final dentro del plazo fijado para ello, y tras la Resolución 67/234 A adoptada el 24 de diciembre de 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Conferencia definitiva en torno al Tratado sobre el Comercio de Armas se convocó en marzo de 2013. Redactó para el Tratado un texto equilibrado y con una base amplia que, con todo, no pudo obtener consenso por la oposición de tres Estados miembros de las Naciones Unidas. A continuación se remitió el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas que el 2 de abril de 2013 adoptó por inmensa mayoría el Tratado sobre el Comercio de Armas, votando la Resolución A/RES/67/234 B. Posteriormente el Tratado quedó abierto a la firma el 3 de junio de 2013, y entrará en vigor a la quincuagésima ratificación. Todos los Estados miembros de la Unión han firmado el Tratado.

(3)

En sus conclusiones de 11 de diciembre de 2006, de 10 de diciembre de 2007, de 12 de julio de 2010 y de 25 de junio de 2012, el Consejo manifestó su más firme compromiso en relación con un nuevo instrumento internacional jurídicamente vinculante, que establezca las normas internacionales más elevadas para regular el comercio legal de armas convencionales, que sería pertinente para todos los Estados y podría por ende ser universal.

(4)

Para promover el carácter integrador y la pertinencia del proceso TCA, el Consejo adoptó la Decisión 2009/42/PESC (1) y la Decisión 2010/336/PESC (2), que apoyan, entre otras cosas, una serie de seminarios regionales a escala mundial. Tras la falta de decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas de julio de 2012, las actividades de la Unión en favor del TCA se completaron mediante la Decisión 2013/43/PESC del Consejo (3).

(5)

Ahora la prioridad es el apoyo a la pronta entrada en vigor del Tratado y su aplicación rápida. Según su compromiso anterior con el proceso TCA, la Unión puede actualmente contribuir de manera importante a este objetivo. Podrá hacerlo así, en particular, basándose en su larga experiencia a la hora de financiar ayudas al control de las exportaciones. Debido a que tanto las armas como las licencias para materiales de doble uso siguen siendo competencias nacionales en la Unión, los conocimientos expertos en materia de control de exportaciones que se utiliza en apoyo de la ayuda financiada por la Unión y en los programas de promoción dependen en gran medida de los Estados miembros. Por ello es esencial para el éxito de la ayuda al control de las exportaciones y demás actividades de la Unión que los Estados miembros designen expertos que apoyen los programas de la Unión.

(6)

En el ámbito del control de las exportaciones de armas, la ayuda y las actividades de promoción de la Unión se han venido realizando a tenor de la Acción Común 2008/230/PESC (4) del Consejo y de las Decisiones 2009/1012/PESC (5) y 2012/711/PESC (6) del Consejo. Las actividades emprendidas hasta ahora han incluido a cierto número de países de la vecindad inmediata de la Unión, con miras a reforzar sus sistemas de control de las exportaciones para dotarlos de más responsabilidad y transparencia.

(7)

La Unión es también un antiguo proveedor de ayudas para el control de las exportaciones de materiales de doble uso, en virtud del Reglamento (CE) no 1717/2006 (7), que estableció el Instrumento de Estabilidad, que prevé la ayuda al desarrollo del marco jurídico y de las capacidades institucionales necesarios para establecer y aplicar controles eficaces de las exportaciones de materiales de doble uso, entre otras cosas medidas de cooperación regional. El 28 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1540 (2004) [«RCSNU 1540 (2004)»], que establece controles eficaces de las transferencias de armas de destrucción masiva y materiales afines. La Unión ha apoyado la aplicación de la RCSNU 1540 (2004), en particular mediante la Acción Común 2006/419/PESC del Consejo (8), la Acción Común 2008/368/PESC del Consejo (9), y la Decisión 2013/391/PESC del Consejo (10) y, respecto de la dimensión de la RCSNU 1540 (2004) en cuanto a la exportación de armas, mediante sus programas de ayuda al control de las exportaciones de materiales de doble uso.

(8)

Además de la ayuda específica al control de las exportaciones de armas, los controles desarrollados para la aplicación de la RCSNU 1540 (2004) y con arreglo a los programas de ayuda al control de las exportaciones de materiales de doble uso contribuyen, como tales, a la capacidad general para aplicar eficazmente el Tratado sobre el Comercio de Armas, ya que en muchos casos las legislaciones, los procedimientos administrativos y las agencias encargadas de controlar las exportaciones de doble uso se solapan con las encargadas de controlar las exportaciones de armas convencionales. Así pues, las ayudas facilitadas en el ámbito de los materiales de doble uso apoyan las capacidades relativas al control de las exportaciones de armas. Por eso es esencial garantizar una estrecha coordinación entre las actividades realizadas para controlar las exportaciones de materiales de doble uso y las que se efectúan en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas.

(9)

Habida cuenta de la deseable coordinación de las ayudas al control de las exportaciones previstas en otros ámbitos pertinentes, las actividades que contempla la presente Decisión pretenden reforzar las capacidades del control de las exportaciones en determinado número de países beneficiarios, a fin de apoyar la aplicación eficaz y competente del TCA. Como el impacto del Tratado dependerá de su nivel de adhesión y universalización, también se apoyan actividades de promoción y de sensibilización, con miras a aumentar el apoyo de las partes interesadas y de otros países terceros al TCA, así como el interés en el fomento de su aplicación.

(10)

El Consejo ha encomendado a la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones de Alemania (en lo sucesivo «la BAFA») la aplicación técnica de las Decisiones 2009/1012/PESC y 2012/711/PESC. Ha completado con éxito la organización de todas las actividades previstas en la Decisión 2009/1012/PESC. La BAFA es asimismo la agencia encargada de ejecutar los proyectos relativos al control de las exportaciones de materiales de doble uso financiados mediante el Instrumento de Estabilidad. A la vista de todo ello, la selección de la BAFA como agencia encargada de ejecutar las actividades de la Unión en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas en los países terceros se justifica por su experiencia demostrada, sus cualificaciones y la experiencia necesaria en relación con toda la gama de actividades de la Unión para el control de las exportaciones de armas, tanto en el ámbito del control de las exportaciones de los materiales de doble uso como en el de las exportaciones de armas. La selección de la BAFA facilitará la determinación de sinergias entre las actividades para el control de las exportaciones de materiales de doble uso y de armas, a fin de garantizar que las ayudas relacionadas con el TCA completen adecuadamente las que ya se prestan a tenor de los programas de ayuda existentes para el control de las exportaciones de materiales de doble uso y de armas.

—

ayudar a determinado número de Estados que lo soliciten a reforzar sus sistemas de control de las transferencias de armas, con vistas a que puedan aplicar el TCA;

—

incrementar, a escala nacional y regional, la concienciación y responsabilidad respecto del TCA de las autoridades nacionales y regionales pertinentes, así como de las partes de la sociedad civil interesadas, de modo que participen más en la aplicación del TCA.

a)

ayudar a los países beneficiarios a la hora de elaborar, actualizar y en su caso aplicar las medidas legislativas y administrativas pertinentes destinadas a establecer y desarrollar un sistema eficaz para el control de las transferencias de armas, conforme a los requisitos del TCA;

b)

reforzar la experiencia y las capacidades de los funcionarios de los países beneficiarios encargados de las licencias y de la aplicación, en particular compartiendo las mejores prácticas, así como mediante al formación y el acceso a las fuentes de información correspondientes, a fin de garantizar la aplicación y la ejecución adecuadas de los controles de las exportaciones de armas;

c)

fomentar la transparencia en el comercio internacional de armas, basándose en los requisitos de transparencia del TCA;

d)

promover la continua adhesión de los países beneficiarios al TCA a la hora de la participación de las partes interesadas pertinentes a escala nacional y regional, como los parlamentos nacionales, las organizaciones regionales competentes y los representantes de la sociedad civil con interés a largo plazo en el control de la aplicación eficaz del TCA;

e)

fomentar un mayor interés en el TCA, comprometiéndose con los países que no hayan apoyado el TCA, a fin de apoyar su universalización.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/68

(1)

Mediante notificación registrada en la Comisión el 27 de noviembre de 2013, Hungría solicitó autorización para introducir una medida especial, en virtud del mecanismo de reacción rápida, de excepción al artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE.

(2)

Según se expone en la notificación, las autoridades nacionales han sido informadas de que diversos operadores han emprendido prácticas de evasión fiscal eludiendo el pago del IVA a las autoridades tributarias competentes.

(3)

La medida solicitada consiste en designar al sujeto pasivo destinatario de la entrega de bienes (azúcar en el presente caso) como deudor del IVA en lugar del proveedor.

(4)

El 4 de diciembre de 2013, la Comisión comunicó a los Estados miembros que disponía de toda la información necesaria para examinar la solicitud.

(5)

De acuerdo con las cifras pormenorizadas sobre el fraude en este sector facilitadas por Hungría, resulta evidente que dicho fraude era ya sustancial en 2011 y 2012.

(6)

Por tanto, se ha determinado que el fraude detectado carece de carácter súbito en el sentido del artículo 199 ter de la Directiva 2006/112/CE.

(7)

Así pues, no procede conceder la excepción solicitada.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/69

(1)

El Reglamento (CE) no 58/2003 faculta a Comisión para delegar en las agencias ejecutivas competencias para ejecutar la totalidad o parte de un programa o proyecto de la Unión en nombre de la Comisión y bajo su responsabilidad.

(2)

La finalidad de delegar tareas de ejecución de programas en las agencias ejecutivas es hacer que la Comisión pueda concentrarse en sus actividades y funciones prioritarias, que no pueden externalizarse, sin por ello perder el control y la responsabilidad final de las actividades gestionadas por dichas agencias ejecutivas.

(3)

La delegación de las tareas relacionadas con la ejecución de programas en una agencia ejecutiva exige una clara separación entre las etapas de la programación que implican un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elegir entre diferentes opciones atendiendo a consideraciones políticas, que corresponden a la Comisión, y la ejecución de los programas, que debe encomendarse a la agencia ejecutiva.

(4)

Mediante la Decisión 2004/858/CE (2), la Comisión creó la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública (en lo sucesivo, «la Agencia») y le encomendó la gestión del Programa de Acción Comunitario en el ámbito de la Salud Pública, vigente durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2008 y adoptado mediante la Decisión no 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(5)

Posteriormente, la Comisión modificó el mandato de la Agencia en varias ocasiones para que abarcara la gestión de nuevos proyectos y programas. La Decisión 2008/544/CE de la Comisión (4) transformó la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública en «Agencia Ejecutiva de Salud y Consumidores», prorrogó su mandato hasta el 31 de diciembre de 2015 e incluyó en el mismo la ejecución del Programa de Salud Pública 2008-2013, adoptado mediante la Decisión no 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), del Programa de Consumidores 2007-2013, adoptado mediante la Decisión no 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (6), y de las medidas de formación sobre seguridad alimentaria contempladas en la Directiva 2000/29/CE del Consejo (7) y en el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). La Decisión de Ejecución 2012/740/UE de la Comisión (9) amplió el campo de actividad de la Agencia a las medidas de formación en terceros países y le encomendó la gestión de las medidas de formación sobre seguridad alimentaria cubiertas por la Decisión C(2012) 1548 de la Comisión (10) y por el artículo 22, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Asimismo encomendó a la Agencia la gestión del convenio con la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Consumidores en la Normalización (ANEC), que se rige por el Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

(6)

La Agencia creada mediante la Decisión 2004/858/CE ha demostrado su eficacia y eficiencia. Consultores externos han efectuado una evaluación intermedia de la Agencia Ejecutiva de Salud Pública (conocida como Agencia Ejecutiva de Salud y Consumidores desde julio de 2008). El informe final de diciembre de 2010 mostró que las tareas de ejecución del Programa de Salud Pública podían ser desempeñadas de forma más eficiente por la Agencia, correspondiendo a la Comisión la gestión general de los programas y medidas en cuestión.

(7)

En su Comunicación de 29 de junio de 2011, titulada «Un presupuesto para Europa 2020» (13), la Comisión propuso que en el próximo marco financiero plurianual se utilizara la opción de recurrir de forma más generalizada a las actuales agencias ejecutivas para la aplicación de los programas de la Unión.

(8)

El análisis de los costes y ventajas (14) llevado a cabo con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 58/2003 ha demostrado que la atribución a la Agencia de las tareas de ejecución relacionadas con el Programa de Consumidores, el Programa de Salud Pública y las medidas de formación sobre seguridad alimentaria podría presentar importantes ventajas cualitativas y cuantitativas en comparación con el escenario según el cual todos los aspectos de los nuevos programas se gestionarían internamente en el seno de la Comisión. Los tres programas sucesores están en consonancia con el mandato y la misión de la Agencia y representan una continuación de las actividades de esta. La Agencia ha generado competencias, aptitudes y capacidad en la gestión de esos programas a lo largo de varios años. Por tanto, para la Comisión y los beneficiarios del programa sería ventajoso contar con su experiencia y sus conocimientos acumulados y con el consiguiente aumento de la productividad, en particular merced a una gestión de alta calidad de los programas, a una simplificación de los procedimientos y a una mejor prestación de servicios reflejada en la agilización de la contratación y los pagos. A lo largo del tiempo, la Agencia ha desarrollado canales efectivos para garantizar la proximidad a los beneficiarios y un alto grado de visibilidad de la Unión como promotor de los programas en cuestión. La delegación de la gestión de los programas en la Agencia garantizaría la continuidad de las actividades para los beneficiarios de los programas actualmente delegados y para todas las partes interesadas. Por tanto, el cambio hacia una gestión interna sería perjudicial. Se calcula que la delegación de la gestión de los programas en la Agencia permite obtener mejoras de eficiencia valoradas en 14 millones EUR durante el período comprendido entre 2014 y 2024, en comparación con la hipótesis de gestión interna.

(9)

Para dar a las agencias ejecutivas una identidad coherente, la Comisión, en la medida de lo posible, ha agrupado el trabajo en ámbitos temáticos al establecer sus nuevos mandatos.

(10)

La gestión, que recae actualmente en la Agencia, del Programa de Salud Pública 2008-2013, adoptado mediante la Decisión no 1350/2007/CE, del Programa de Consumidores 2007-2013, adoptado mediante la Decisión no 1926/2006/CE, de las medidas de formación sobre seguridad alimentaria contempladas en la Directiva 2000/29/CE, el Reglamento (CE) no 882/2004, el Reglamento (CE) no 1905/2006 y la Decisión C(2012) 1548 y del convenio con la ANEC, que se rige por el Reglamento (UE) no 1025/2012, y la gestión del Programa de Consumidores 2014-2020 (15), del Programa de Salud Pública 2014-2020 (16), y de las medidas de formación sobre seguridad alimentaria contempladas en el Reglamento (CE) no 882/2004 y la Directiva 2000/29/CE implican la ejecución de proyectos de carácter técnico, que no entrañan la toma de decisiones políticas, y exigen un elevado nivel de conocimientos técnicos y financieros durante todo el ciclo de los proyectos.

(11)

La Agencia debe ser responsable de la prestación de servicios de apoyo administrativo y logístico, en particular cuando la centralización de esos servicios de apoyo suponga mejoras suplementarias de rentabilidad y economías de escala.

(12)

Para garantizar una ejecución coherente y puntual de la presente Decisión y de los programas en cuestión es necesario garantizar que la Agencia ejerza sus funciones relacionadas con la aplicación de estos programas a reserva y a partir de la fecha de entrada en vigor de los mismos.

(13)

Procede crear la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación. Esta debe sustituir y suceder a la agencia ejecutiva creada por la Decisión 2004/858/CE de la Comisión. La Agencia debe funcionar con arreglo al estatuto general establecido en el Reglamento (CE) no 58/2003.

(14)

Por tanto, procede derogar la Decisión 2004/858/CE y adoptar disposiciones transitorias.

(15)

Las medidas previstas por la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Agencias Ejecutivas.

a)

el Programa de Consumidores 2014-2020;

b)

el Programa de Salud Pública 2014-2020;

c)

las medidas de formación sobre seguridad alimentaria contempladas en la Directiva 2000/29/CE y en el Reglamento (CE) no 882/2004.

a)

el Programa de Consumidores 2007-2013;

b)

el Programa de Salud Pública 2008-2013;

c)

las medidas de formación sobre seguridad alimentaria contempladas en la Directiva 2000/29/CE, el Reglamento (CE) no 882/2004, el Reglamento (CE) no 1905/2006 y la Decisión C(2012) 1548;

d)

la gestión del convenio con la Asociación europea para la coordinación de la representación de los consumidores en la normalización (ANEC), que se rige por el Reglamento (UE) no 1025/2012.

a)

gestionar todas o algunas fases de la ejecución de los programas y todas o algunas fases del ciclo de vida de proyectos específicos sobre la base de los programas de trabajo pertinentes aprobados por la Comisión, cuando esta la haya facultado para ello en el acto de delegación;

b)

adoptar los instrumentos de ejecución presupuestaria relativos a ingresos y gastos y llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la gestión del programa, cuando la Comisión la haya facultado para ello en el acto de delegación;

c)

prestar apoyo a la ejecución de los programas, cuando la Comisión la haya facultado para ello en el acto de delegación.

18.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 341/73

(1)

El Reglamento (CE) no 58/2003 faculta a Comisión para delegar en las agencias ejecutivas competencias para ejecutar la totalidad o parte de un programa o proyecto de la Unión en nombre de la Comisión y bajo su responsabilidad.

(2)

La finalidad de delegar tareas de ejecución de programas en las agencias ejecutivas es hacer que la Comisión pueda concentrarse en sus actividades y funciones prioritarias, que no pueden externalizarse, sin por ello perder el control y la responsabilidad final de las actividades gestionadas por dichas agencias ejecutivas.

(3)

La delegación de las tareas relacionadas con la ejecución de programas en una agencia ejecutiva exige una clara separación entre las etapas de la programación que implican un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elegir entre diferentes opciones atendiendo a consideraciones políticas, que corresponden a la Comisión, y la ejecución de los programas, que debe encomendarse a la agencia ejecutiva.

(4)

Mediante la Decisión 2004/20/CE (2), la Comisión creó la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente (en lo sucesivo, «la Agencia») y le encomendó la gestión de la acción comunitaria en los ámbitos de las energías renovables y de la eficiencia energética.

(5)

Posteriormente, la Comisión modificó el mandato de la Agencia mediante la Decisión 2007/372/CE (3), extendiéndolo a la gestión de nuevos proyectos y programas en el ámbito de la innovación, el emprendimiento y la movilidad y cambiando su nombre por el de «Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación».

(6)

La Agencia creada por la Decisión 2004/20/CE ha demostrado que la externalización de la gestión de determinados programas operativos permite a las Direcciones Generales responsables centrarse en los aspectos políticos de los programas. Ante las constantes restricciones del presupuesto de la UE, delegar tareas en una agencia ejecutiva resulta más rentable. Las dos evaluaciones intermedias han mostrado que, en general, la Agencia funciona bien y es un mecanismo de ejecución eficiente y eficaz para las iniciativas de cuyo funcionamiento es responsable.

(7)

En su Comunicación de 29 de junio de 2011, titulada «Un presupuesto para Europa 2020» (4), la Comisión propuso que se utilizara la opción de recurrir de forma más generalizada a las actuales agencias ejecutivas para la aplicación de los programas de la Unión en el próximo marco financiero plurianual.

(8)

El análisis de los costes y las ventajas (5) llevado a cabo con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 58/2003 ha mostrado que los costes previstos serán de 295 millones EUR, en comparación con la hipótesis de gestión interna, que implicaría unos costes de 399 millones EUR. Por lo que respecta a las ventajas, se espera que la gestión por una agencia permita mejoras de eficiencia valoradas en 104 millones EUR en comparación con la hipótesis de gestión interna. Además, la conjunción entre unas tareas ejecutivas más coherentes y las competencias centrales y la imagen de marca de la Agencia aportará importantes ventajas cualitativas. El análisis ha mostrado que, al gestionar conjuntamente el Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (6) (en lo sucesivo, «Horizonte 2020»), el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014-2020) (7) (en lo sucesivo, «COSME») y el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (8) (en lo sucesivo, «LIFE»), la Agencia obtendrá sinergias, simplificación y economías de escala. La puesta en común de todos los aspectos del instrumento de las PYME de Horizonte 2020 proporcionará, por otro lado, un punto de acceso único a los beneficiarios potenciales y garantizará una prestación de servicios coherente. Por lo que respecta al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (9) (en lo sucesivo, «FEMP»), las acciones previstas en el capítulo sobre Política Marítima Integrada son particularmente idóneas para el perfil actual de la Agencia, relacionado con la innovación y la competitividad. Al desplazar la gestión de la sucesión del Programa Marco Polo (2007-2013) a la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes se centralizará aún más la gestión de los programas sobre infraestructuras para el transporte en la agencia antes mencionada y, por tanto, se ofrecerá a los beneficiarios un punto de acceso único para solicitar financiación.

(9)

Para dar a las agencias ejecutivas una identidad coherente, la Comisión, en la medida de lo posible, ha agrupado el trabajo en ámbitos temáticos al establecer sus nuevos mandatos.

(10)

Debe confiarse a la Agencia la gestión de LIFE, sucesor del programa LIFE+, que, con arreglo al marco financiero plurianual (2007-2013), gestiona la Comisión a título interno. La gestión de LIFE implica la ejecución de proyectos de carácter técnico, que no conllevan una toma de decisiones políticas, y exige un alto nivel de conocimientos técnicos y financieros durante todo el ciclo de los proyectos. LIFE se caracteriza por proyectos que generan un número elevado de operaciones homogéneas y normalizadas.

(11)

Debe confiarse a la Agencia la gestión de las partes de COSME que suceden a las partes del Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación, dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013 (10) (en lo sucesivo, «PIC»), cuya gestión comparten actualmente la Agencia y, a título interno, la Comisión. La gestión de las partes de COSME que debe delegarse en la Agencia implica la ejecución de proyectos de carácter técnico, que no conllevan una toma de decisiones políticas, y exige un alto nivel de conocimientos técnicos y financieros durante todo el ciclo de los proyectos. Además, algunas partes del programa COSME se caracterizan por proyectos que generan un número elevado de operaciones homogéneas y normalizadas.

(12)

Debe confiarse a la Agencia la gestión de las partes del FEMP en los ámbitos de Política Marítima Integrada, control y conocimientos y asesoramiento científico, que suceden a actividades similares gestionadas a título interno por la Comisión con arreglo al marco financiero plurianual (2007-2013). La gestión del FEMP implica la ejecución de proyectos de carácter técnico, que no conllevan una toma de decisiones políticas, y exige un alto nivel de conocimientos técnicos y financieros durante todo el ciclo de los proyectos.

(13)

Debe confiarse a la Agencia la gestión de las siguientes partes de Horizonte 2020:

(14)

Debe confiarse a la Agencia la gestión de la sucesión de las acciones ya delegadas en ella como parte del PIC, con arreglo al marco financiero plurianual (2007-2013): Energía Inteligente-Europa (IEE II), la red Enterprise Europe Network, el portal de negocios Tu Europa, la ventanilla European IPR Helpdesk, la iniciativa Eco-innovation y el proyecto IPorta.

(15)

La Agencia debe ser responsable de la prestación de servicios de apoyo administrativo y logístico, en particular cuando la centralización de esos servicios de apoyo suponga mejoras suplementarias de rentabilidad y economías de escala.

(16)

Procede crear la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas. Esta Agencia debe sustituir y suceder a la establecida por la Decisión 2004/20/CE, modificada por la Decisión 2007/372/CE. La Agencia debe funcionar con arreglo al estatuto general establecido en el Reglamento (CE) no 58/2003.

(17)

Procede derogar las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE y adoptar disposiciones transitorias.

(18)

Las medidas previstas por la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Agencias Ejecutivas.

a)

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) (11);

b)

Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (2014-2020) (12);

c)

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (13), incluida la Política Marítima Integrada, el control y los conocimientos y asesoramiento científicos;

d)

partes de la parte II (Liderazgo Industrial) y de la parte III (Retos Sociales) del Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (Horizonte 2020) (14).

a)

Energía Inteligente-Europa (IEE II);

b)

la iniciativa Eco-innovation;

c)

la red Enterprise Europe Network;

d)

el portal de negocios Tu Europa;

e)

la ventanilla European IPR Helpdesk;

f)

el proyecto IPorta.

a)

gestionar todas o algunas etapas de la ejecución de los programas y todas o algunas fases del ciclo de vida de proyectos específicos sobre la base de los programas de trabajo pertinentes aprobados por la Comisión, cuando esta la haya facultado para ello en el acto de delegación;

b)

adoptar los instrumentos de ejecución presupuestaria relativos a ingresos y gastos y llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la gestión del programa, cuando la Comisión la haya facultado para ello en el acto de delegación;

c)

prestar apoyo a la ejecución de los programas, cuando la Comisión la haya facultado para ello en el acto de delegación.