(1)

En abril de 2011, el Consejo estableció, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) no 405/2011 (2) («el Reglamento definitivo»), un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinadas barras y varillas de acero inoxidable («BAI»), clasificadas actualmente bajo los códigos NC 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 y 7222 20 89 y originarias de la India. La investigación que dio lugar a la adopción del Reglamento definitivo se denomina en adelante «la investigación original».

(2)

Las medidas definitivas consistían en derechos compensatorios ad valorem impuestos sobre las importaciones de determinados exportadores que oscilaban entre el 3,3 % y el 4,3 %, en un tipo de derecho del 4,0 % impuesto a las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra y en un tipo de derecho residual del 4,3 % aplicable a todas las demás empresas de la India.

(3)

Viraj Profiles Vpl. Ltd, un productor exportador de la India («el solicitante»), presentó una solicitud de reconsideración provisional parcial. El alcance de la solicitud se limitó al examen de la subvención en lo que respecta al solicitante. El solicitante aportó indicios razonables de que las circunstancias relativas a la subvención, en función de las cuales se establecieron las medidas, habían cambiado de forma significativa, y que esos cambios eran de naturaleza duradera.

(4)

Habiendo determinado, previa consulta al Comité consultivo, que existían pruebas suficientes para justificar el inicio de una reconsideración provisional parcial, la Comisión comunicó, el 9 de agosto de 2012, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (3) («el anuncio de inicio»), el comienzo de una reconsideración provisional parcial, con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base, cuyo alcance se limitaba al examen de las subvenciones de que se había beneficiado el solicitante.

(5)

La investigación de reconsideración de las subvenciones abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 («el período de investigación de reconsideración» o «PIR»).

(6)

La Comisión comunicó oficialmente al solicitante, al Gobierno de la India («el GdI») y a Eurofer como representante de la industria de la Unión en la investigación original («la industria de la Unión») la apertura de la investigación de reconsideración provisional parcial. Se dio a las partes interesadas la oportunidad de dar a conocer su punto de vista por escrito y de solicitar audiencia en el plazo previsto en el anuncio de inicio.

(7)

Se examinaron las alegaciones orales y escritas presentadas por las partes en la fase de inicio y, cuando se consideró apropiado, se tuvieron en cuenta.

(8)

A fin de obtener la información necesaria para su investigación, la Comisión envió un cuestionario al solicitante. Además, se envió un cuestionario al Gobierno de la India.

(9)

Se recibieron respuestas al cuestionario del solicitante y del GdI.

(10)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación de las subvenciones. Se llevaron a cabo inspecciones in situ en los locales del solicitante.

(11)

El producto objeto de reconsideración es el mismo que el definido en la investigación original, a saber, barras y varillas de acero inoxidable, simplemente obtenidos o acabados en frío, salvo las barras y varillas de sección trasversal circular de un diámetro de 80 mm o más, clasificadas actualmente bajo los códigos NC 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 y 7222 20 89 y originarias de la India.

(12)

Basándose en la información presentada por el GdI y otras partes interesadas y a las respuestas al cuestionario de la Comisión, se investigaron los siguientes planes, de que presuntamente se había beneficiado el solicitante:

(13)

Los planes a) y b) se enmarcan en la Ley de comercio exterior (desarrollo y regulación) de 1992 (no 22 de 1992), que entró en vigor el 7 de agosto de tal año. Dicha Ley de comercio autoriza al GdI a expedir notificaciones sobre la política de exportación e importación. Estas se resumen en un documento denominado «Política de comercio exterior», publicado por el Ministerio de Comercio cada cinco años y actualizado regularmente. El documento sobre política de comercio exterior correspondiente al período de investigación de reconsideración se denomina «política de comercio exterior 2009-2014» («FTP 09-14»). El GdI también recopila en el Manual de procedimientos, volumen I («HOP I 09-14») los procedimientos por los que se rige el documento «FTP 09-14», que se actualiza de forma periódica.

(14)

El sistema de créditos a la exportación mencionado en la letra c) se basa en las secciones 21 y 35A de la Ley de reglamentación bancaria de 1949, que autoriza al Banco de Reserva de la India a dirigir a los bancos comerciales en el campo de los créditos de exportación.

(15)

Además, a raíz de la alegación de la industria de la Unión, la Comisión investigó si el solicitante se beneficiaba de:

(16)

Por último, la Comisión verificó que el solicitante aún no ha hecho uso de los siguientes planes que se analizaron en la investigación original:

(17)

La investigación puso de manifiesto que el solicitante se había beneficiado de este plan durante el período de investigación de reconsideración. No obstante, se constató que los incentivos que había recibido eran insignificantes (de un 0,02 %). Por lo tanto, se consideró que no era necesario seguir evaluando la sujeción a medidas compensatorias de este plan.

(18)

Se comprobó que el solicitante tenía el estatus de unidad orientada a la exportación y que había recibido las subvenciones con arreglo a este plan durante el período de investigación de reconsideración.

(19)

Con respecto a este plan, la empresa alegó que la Comisión debería desviarse del método de cálculo del beneficio obtenido con arreglo al plan de unidades orientadas a la exportación utilizado en la investigación original. La empresa alegó que determinados beneficios con arreglo a este plan deberían considerarse como un sistema admisible de devolución de derechos, a tenor de los anexos II y III del Reglamento de base y que, por lo tanto, no deberían someterse a medidas compensatorias.

(20)

No obstante, dado que se constató que, independientemente del método de cálculo utilizado, el tipo de subvención establecido con respecto a este régimen no excedería del 0,22 %, con un margen global de subvención por debajo del nivel mínimo, se decidió no seguir analizando esta alegación en el contexto de la presente investigación de reconsideración.

(21)

Se comprobó que el solicitante no se había beneficiado de este plan en el período de investigación de reconsideración.

(22)

La investigación puso de manifiesto que el solicitante se había beneficiado de este plan durante el período de investigación de reconsideración. Sin embargo, se constató que los incentivos que había recibido eran insignificantes. Por lo tanto, se consideró que no era necesario seguir evaluando la sujeción a medidas compensatorias de este sistema.

(23)

Se comprobó que el solicitante no se había beneficiado de estos programas en el período de investigación de reconsideración.

(24)

La investigación no reveló ningún otro beneficio para el solicitante durante el período de investigación de reconsideración en relación con las materias primas y la energía compradas, lo que implicaría una contribución económica del GdI y que, por tanto, podría ser considerada subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base. Por lo tanto, las alegaciones de la industria de la Unión mencionadas en las letras c) a e) del considerando 15 se consideraron irrelevantes en el contexto de la presente reconsideración.

(25)

Se recuerda que la investigación original fijó el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios para el solicitante, expresado ad valorem, en el 4,3 %.

(26)

Durante el período de investigación de reconsideración, el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios para el solicitante, expresado ad valorem y resultante de un único plan de subvenciones, fue del 0,22 %.

(27)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que ha disminuido el nivel de subvenciones percibidas por el productor exportador solicitante afectado.

(28)

Se examinó también si podía considerarse que las nuevas circunstancias con respecto a los planes analizados tuvieran carácter duradero.

(29)

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las conclusiones en relación con el plan de bienes de capital para el fomento de la exportación durante la presente reconsideración provisional confirmó las conclusiones de la investigación original, para las que la subvención concedida al amparo de este plan se consideró insignificante.

(30)

Por otra parte, mientras que en la investigación original el principal beneficio para el solicitante se otorgó en el marco del plan de unidades orientadas a la exportación, el beneficio obtenido con arreglo a dicho plan disminuyó durante el PIR. Se han obtenido pruebas de que este cambio es de carácter duradero, ya que se refiere a la disminución del nivel de aranceles aduaneros sobre desechos de acero inoxidable y ferroníquel, dos de las principales materias primas utilizadas por el solicitante en la producción del producto afectado.

(31)

Basándose en todo lo expuesto anteriormente, existen indicios de que el solicitante seguirá recibiendo subvenciones en el futuro por un importe inferior al nivel mínimo. Por lo tanto, se considera apropiado modificar el tipo de derecho compensatorio aplicable al solicitante con el fin de reflejar el nivel actual de las subvenciones. Este tipo de derecho se debería establecerse en un 0 % para el solicitante.

(32)

Por lo que se refiere al tipo del derecho actualmente aplicable a las importaciones del producto en cuestión procedentes de los productores exportadores incluidos en el anexo del Reglamento definitivo, hay que señalar que actuales regímenes detallados de los planes investigados y su sujeción a medidas compensatorias no han cambiado con respecto a la investigación anterior. Por ello, no hay razón para volver a calcular la subvención ni los tipos de derecho de dichas empresas. En consecuencia, los tipos de derecho aplicables a las empresas que figuran en el anexo del Reglamento definitivo se mantienen sin cambios.

(33)

Con respecto al tipo de derecho de las demás empresas, se señala que en la investigación original su nivel se fijó al nivel del margen de subvención individual más elevado constatado para las empresas incluidas en la muestra, que correspondía al margen de subvención del solicitante. Dado que el margen del solicitante se ha modificado a raíz de esta reconsideración provisional, el tipo de todas las demás empresas debe revisarse y fijarse en el siguiente margen de subvención más alto. Puesto que el siguiente tipo más alto es el aplicable a las empresas que se incluyen en el anexo, el tipo de derecho para todas las demás empresas debería situarse a dicho nivel, es decir, del 4 %.

(34)

Se informó al GdI y a las demás partes interesadas de los hechos y las consideraciones esenciales sobre cuya base se pretendía proponer la modificación del tipo de derecho aplicable al solicitante.

(35)

Las alegaciones orales y escritas presentadas por las partes fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta.

(36)

Todas las partes interesadas que así lo solicitaron y que demostraron la existencia de razones específicas para ello tuvieron la oportunidad de manifestarse.

(1)

Mediante denuncia registrada el 14 de noviembre de 2005, la fundación Den Nya Välfärden informó a la Comisión sobre la venta de una parcela por el Municipio de Åre a Konsum Jämtland ekonomisk förening («Konsum»), que supuestamente conllevaba una ayuda estatal ilegal («la venta impugnada»).

(2)

Mediante carta de 3 de enero de 2006, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades suecas, que le fue facilitada mediante cartas de 2 y 28 de marzo de 2006.

(3)

Mediante carta de 3 de enero de 2006, la Comisión solicitó información complementaria al denunciante, que le fue facilitada mediante carta de 1 de febrero de 2006.

(4)

Mediante carta de 19 de julio de 2006, la Comisión informó a Suecia de su decisión de incoar, con respecto a la venta impugnada, el procedimiento previsto en el artículo 88 del Tratado CE (2).

(5)

La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(6)

Suecia presentó sus observaciones mediante carta de 27 de septiembre de 2006. La Comisión no recibió observaciones de las partes interesadas.

(7)

Mediante carta de 24 de enero de 2007, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades suecas, que le fue facilitada mediante carta de 21 de febrero de 2007.

(8)

El 30 de enero de 2008, la Comisión adoptó una Decisión final («la Decisión (4)»), concluyendo que la venta impugnada conllevaba una ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE (5).

(9)

La Decisión fue recurrida por Konsum. El Tribunal General la anuló mediante sentencia de 13 de diciembre de 2011 en el asunto T-244/08. Por consiguiente, la Comisión tuvo que volver a examinar la medida y adoptar una nueva decisión sobre la venta impugnada.

(10)

Mediante carta de 22 de marzo de 2012, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades suecas, que le fue facilitada mediante carta de 23 de abril de 2012.

(11)

Después de que las autoridades suecas facilitaran la información solicitada en abril de 2012, Den Nya Välfärden presentó observaciones mediante carta de 21 de mayo de 2012.

(12)

Mediante carta de 15 de mayo de 2012, Lidl Sverige KB («Lidl») presentó información suplementaria que completaba las observaciones presentadas por Den Nya Välfärden. Además, Den Nya Välfärden facilitó información adicional en una reunión celebrada con la Comisión el 25 de junio de 2012.

(13)

Mediante carta de 5 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó nuevas aclaraciones a las autoridades suecas, que respondieron mediante carta de 23 de enero de 2013.

(14)

El municipio de Åre («el Municipio») está situado en el condado de Jämtland, Suecia, y cuenta aproximadamente con 10 100 habitantes.

(15)

Konsum, la presunta beneficiaria de la venta impugnada, es una sociedad cooperativa que vende bienes de consumo, en particular productos alimenticios, en el condado de Jämtland. El 1 de enero de 2006, Konsum se fusionó con Konsum Nord ekonomisk förening. Ambas empresas colaboran con Kooperativa förbundet, una agrupación sueca de sociedades cooperativas. Kooperativa förbundet es la sociedad matriz del Grupo KF, que posee, entre otros, diversos establecimientos minoristas noruegos.

(16)

Åre Centrum AB («Åre Centrum») es una sociedad inmobiliaria privada funcionalmente independiente del Municipio. En el momento de la venta impugnada, Åre Centrum era propiedad de SkiStar AB y otras empresas en Åre. Desde 2007, Åre Centrum forma parte de la sociedad privada DIÖS Fastigheter AB.

(17)

El denunciante, Den Nya Välfärden, es una fundación sueca financiada principalmente por la Confederación de Empresas Suecas. Centra su labor en la defensa de los intereses de las empresas suecas supervisando el funcionamiento de la libre competencia en Suecia. En su denuncia sobre la venta impugnada, Den Nya Välfärden actúa en nombre de uno de sus miembros, Lidl.

(18)

Lidl fue el primer operador extranjero del sector alimentario que accedió (en 2003) al mercado sueco y es un competidor directo de Konsum en el sector de la venta minorista de productos alimenticios.

(19)

La denuncia se refiere a la venta de una parcela por el Municipio a Konsum el 5 de octubre de 2005, por un precio supuestamente inferior al valor de mercado.

(20)

La venta formaba parte de una operación inmobiliaria más amplia, en la que participaron diferentes partes en relación con la venta de varios terrenos. Con tales ventas se pretendía ejecutar un plan general urbanístico (en lo sucesivo, «el Plan»), que había sido adoptado por el Ayuntamiento el 21 de junio de 2005. Uno de los objetivos del Plan era realizar algunas obras de acondicionamiento con el fin de crear una zona libre de tráfico en torno a la plaza principal de Åre (Åre Torg). A este respecto, Åre Centrum fue seleccionado como contratista para llevar a cabo la modernización de Åre Torg de conformidad con dicho Plan.

(21)

En el marco del Plan, en octubre de 2005 se llevaron a cabo las siguientes operaciones de compraventa de terrenos:

(22)

Se supone que en un primer momento el precio de la parcela en cuestión se fijó en 1 EUR en la reunión celebrada el 24 de agosto de 2005 por el Consejo Municipal. No obstante, mediante un correo electrónico de 23 de agosto de 2005 y una llamada telefónica previa, Lidl presentó una oferta de 6,6 millones SEK (alrededor de 710 602 EUR) por la misma parcela, de modo que el precio de venta fue renegociado por el Municipio y Konsum, pasando de 1 SEK a 1 millón SEK (unos 107 000 EUR). Sin embargo, el precio de 1 millón SEK fue revocado tras un recurso interpuesto por dos miembros del Consejo Municipal ante el Tribunal Administrativo del Condado.

(23)

El 5 de octubre de 2005, el Consejo Municipal aprobó definitivamente un precio de 2 millones SEK por la parcela en cuestión. Ese mismo día, el acuerdo final de venta fue firmado por Konsum y el Municipio.

(24)

Según el denunciante, la venta impugnada no estuvo precedida por un procedimiento formal de licitación ni se llevó a cabo una tasación independiente. En su opinión, la venta impugnada vulneró lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). A este respecto, el denunciante afirma, en particular, que la oferta presentada por Lidl era creíble, vinculante y directamente comparable con la oferta que realizó Konsum y aceptó el Municipio. El denunciante considera que, al no aceptar la oferta de Lidl, el Municipio vendió la parcela por debajo de su valor de mercado. Señala que la ayuda asciende a 4,6 millones SEK (unos 495 268 EUR), es decir, la diferencia entre la oferta de Lidl y el precio de venta.

(25)

La Comisión no recibió observaciones de las partes interesadas.

(26)

Mediante carta de 21 de mayo de 2012, el denunciante afirma que Konsum pagó 861 SEK/m2 (unos 92 EUR) por el terreno adquirido a Åre Centrum, en comparación con 312 SEK/m2 (unos 34 EUR) por el terreno comprado al Municipio. Se trata, según el denunciante, de una prueba más de que la venta impugnada se había realizado por debajo del valor de mercado y de que un operador privado habría vendido la parcela a un precio más elevado.

(27)

Según las autoridades suecas, la venta a Konsum formaba parte de una serie de operaciones inmobiliarias, en particular, la venta por Konsum de una parcela en otra zona de Åre (Åre Torg), que el Municipio pretendía utilizar para determinados fines de urbanísticos.

(28)

La venta de dicho terreno permitió a Konsum abandonar Åre Torg y reubicar su establecimiento, de modo que el Municipio pudo lograr los objetivos establecidos en el Plan, es decir, la creación de una zona libre de tráfico alrededor de Åre Torg. Si hubiera aceptado en su lugar la oferta de Lidl, el Municipio no hubiera podido alcanzar el objetivo del Plan, pues Konsum habría permanecido en su ubicación en Åre Torg. Por lo tanto, la oferta de Lidl no podía considerarse comparable a la de Konsum. Por otra parte, las autoridades suecas no consideraron seria ni vinculante la oferta de Lidl a causa de la tardanza de su presentación y la falta de detalles.

(29)

En cualquier caso, las autoridades suecas consideran que la venta impugnada se llevó a cabo con arreglo al valor de mercado. A este respecto, las autoridades suecas han presentado dos informes periciales para sustentar su postura: un informe de tasación elaborado por Ernst & Young Real Estate en mayo de 2003 y un informe de tasación ex post elaborado por Pricewaterhouse Coopers (PwC) en abril de 2012, relativo al valor del terreno en el momento de la venta, en octubre de 2005.

(30)

El informe de tasación de Ernst & Young se redactó en mayo de 2003. Se basaba en el análisis de los flujos de tesorería teniendo en cuenta parámetros tales como el uso previsto del terreno, la evolución futura del mercado en la zona, los costes de explotación y mantenimiento de las propiedades similares, etc. Para establecer el valor de mercado, el informe tomaba como referencia y tasaba determinadas parcelas, una de las cuales (Åre Prästbord 1:76) es adyacente al terreno comprado por Konsum al Municipio (Åre Prästbord 1:30, 1:68 y 1:69). Ese informe tasaba la parcela directamente adyacente en torno a 1 000 SEK/m2 de superficie no construida (alrededor de 110 EUR).

(31)

Según las autoridades suecas, la parcela adyacente a la que se hace referencia en el informe de Ernst & Young es comparable al terreno vendido a Konsum por el Municipio en 2005. A la postre, el precio estimado se correspondería con el precio de venta final de la operación impugnada, 1 200 SEK/m2 de superficie no construida (unos 129 EUR).

(32)

A este respecto, las autoridades suecas destacan que, a la hora de fijar el precio, el Municipio tomó en cuenta el valor por metro cuadrado de superficie no construida. La razón es que las partes preveían la construcción de un local comercial en el terreno. En este sentido, las autoridades suecas consideran que los precios calculados por el denunciante y presentados como prueba de que la venta impugnada tuvo lugar por debajo del valor de mercado [véase el considerando (26)] no deben tenerse en cuenta, puesto que se refieren al precio del terreno por metro cuadrado de superficie total.

(33)

Según las autoridades suecas, se habría tenido en cuenta el período de tiempo entre la fecha de la tasación efectuada por Ernst & Young y la fecha efectiva de la operación (2,5 años), aunque en Åre el mercado de locales de venta minorista de nueva construcción era poco importante, cuando no inexistente. Para respaldar esta afirmación, las autoridades suecas señalaron un índice de precios al consumo a falta de estadísticas oficiales sobre los precios de la propiedad inmobiliaria en el período y la zona considerados. Las autoridades suecas concluyen que el cálculo de Ernst & Young es en cualquier caso comparable al precio de venta final.

(34)

Por otra parte, en respuesta a la solicitud de información enviada por la Comisión el 22 de marzo de 2012, las autoridades suecas remitieron una nueva tasación pericial elaborada a posteriori por PwC, en abril de 2012. El informe de PwC llega a la conclusión de que el valor de mercado del terreno en cuestión (9) en el momento de la compraventa (octubre de 2005) se situaba entre 1,650 y 2,474 millones SEK (entre 177 000 y 265 000 EUR). Para llegar a ese intervalo, el informe se basa en un análisis del precio local de las operaciones con propiedades similares.

(35)

Por otra parte, las autoridades suecas remitieron a una sentencia de 24 de mayo de 2006 del Tribunal Administrativo del Condado de Jämtland, en la que se confirmaba la legalidad de la decisión del Municipio de autorizar la venta del terreno a Konsum por 2 millones SEK. Dicho Tribunal resolvió que la decisión se había ajustado a Derecho y no había favorecido a Konsum esgrimiendo las razones siguientes:

(36)

En respuesta a las alegaciones formuladas por el denunciante, en el sentido de que las operaciones inmobiliarias no han tenido lugar y de que Konsum sigue siendo el propietario del bien inmueble Åre Mörviken 2:91, las autoridades suecas alegan que las operaciones fueron seguidas de un proceso de nueva parcelación de todas las propiedades consideradas. Así pues, una vez completadas las operaciones, se modificó el nombre de las diferentes propiedades en el registro de la propiedad. A este respecto, las autoridades suecas señalan que se modificó el nombre de las propiedades vendidas por el Municipio y Åre Centrum AB a Konsum, de modo que Mörviken 2:91 pasó a ser el nuevo nombre de Åre Prästbord 1:30, 1:68, 1:76 y una parte de 1:69.

(37)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE establece que «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(38)

Según jurisprudencia reiterada (10), la venta por parte de las autoridades públicas de terrenos o edificios a una empresa o a una persona que participe en una actividad económica puede constituir una ayuda estatal, en particular si no se hace a su valor de mercado, es decir, si no se vende al precio que un inversor privado, actuando en condiciones normales de competencia, probablemente habría fijado.

(39)

A este respecto, la Comisión observa que, en principio, las operaciones de venta de terrenos deben evaluarse con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos (11) (en lo sucesivo, «la Comunicación sobre la venta de terrenos»), que establece un conjunto de orientaciones para que los Estados miembros velen por que las ventas de terrenos y construcciones por parte de poderes públicos no conlleven ayudas estatales.

(40)

La Comunicación sobre la venta de terrenos ofrece dos métodos para excluir la presencia de ayudas en tales operaciones: en primer lugar, la venta de terrenos y construcciones tras una licitación suficientemente anunciada, abierta e incondicional, similar a una subasta, adjudicada al mejor o al único postor; y, en segundo lugar, un informe de tasación ex ante elaborado por un perito independiente. Con estos dos métodos se intenta garantizar que el precio al que una autoridad pública venda un terreno refleje adecuadamente, en la medida de lo posible, su valor de mercado, ajustándose por lo tanto al principio del inversor en una economía de mercado (PIEM), con el fin de excluir la posibilidad de que la venta confiera una ventaja económica al comprador del terreno. No puede descartarse, sin embargo, que en estos casos se puedan aplicar otros métodos de valoración, siempre que se garantice que el precio pagado realmente por el comprador basándose en ellos refleje, en la medida de lo posible, el valor de mercado del terreno (12).

(41)

En el caso que nos ocupa y a efectos de la venta impugnada no hubo ni un procedimiento de licitación abierto e incondicional ni una tasación previa realizada por peritos independientes. Por lo tanto, la Comunicación sobre la venta de terrenos no es directamente aplicable. Así pues, el valor de mercado de la parcela ha de deducirse de otros datos disponibles.

(42)

Normalmente, una oferta concreta realizada simultáneamente por un competidor es un mejor indicador del valor de mercado del terreno que el cálculo del valor del terreno que pueda realizar un perito independiente, ya que refleja cuánto está dispuesto a pagar por el terreno el mercado en la fecha de la venta. Ahora bien, para que constituya un indicador fiable del valor de mercado del terreno, dicha oferta debe ser creíble, vinculante y comparable con la oferta aceptada, teniendo en cuenta el contexto específico de la operación de que se trate.

(43)

La Comisión observa que las autoridades suecas han puesto en tela de juicio la credibilidad y el carácter vinculante de la oferta de Lidl. Destacan que la manifestación de interés de Lidl se recibió por correo electrónico el día antes de que el Consejo Municipal adoptara la decisión de dar luz verde a la venta impugnada y que adolecía de falta de precisión.

(44)

La Comisión considera que, en estas circunstancias, cabe en efecto poner en duda la credibilidad de la oferta de Lidl. No obstante, incluso si la oferta de Lidl se considerara fiable, no sería totalmente comparable a la realizada por Konsum. La razón es que Lidl y Konsum no estaban en una situación similar en relación con la parcela considerada. Por el contrario, en lo que se refiere a Konsum, la venta impugnada formaba parte de un conjunto de operaciones inmobiliarias que obedecían al propósito de llevar a la práctica el ya mencionado Plan del Municipio de crear una zona libre de tráfico en torno a Åre Torg.

(45)

A este respecto, resulta de la jurisprudencia que el contexto en que se lleva a cabo una operación debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar si una venta de terrenos o construcciones por parte de un poder público a una empresa conlleva elementos de ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE (13).

(46)

Si bien Lidl solo estaba interesada en obtener la parcela en cuestión, Konsum, según las autoridades suecas, no se hubiera mudado de Åre Torg de no haber podido adquirir las dos parcelas adyacentes en Åre Prästbord. De hecho, la venta impugnada formaba parte de una serie de operaciones inmobiliarias interrelacionadas que obedecían el mismo objetivo con arreglo al Plan urbanístico del Municipio para la zona, a saber, una nueva parcelación de las propiedades a efectos de la creación de una zona libre de tráfico en torno a Åre Torg. Además, al contrario que el acuerdo celebrado entre Konsum y el Municipio, la oferta de Lidl no contenía referencias o especificaciones en relación con el citado Plan. Aceptar la oferta de Lidl, por tanto, hubiese puesto en peligro la consecución de los objetivos enunciados en el Plan, de modo que, desde el punto de vista del Municipio, ambas ofertas no pueden considerarse comparables.

(47)

Por consiguiente, la Comisión concluye que, habida cuenta del contexto de la venta impugnada, la oferta de Lidl no ofrece la mejor aproximación posible para determinar el valor de mercado de la parcela.

(48)

Según las autoridades suecas, no se dispone de ningún informe oficial sobre la evolución de los precios inmobiliarios en Åre en el momento de la venta impugnada debido a la inexistencia de un mercado inmobiliario para ese tipo de operaciones. En su lugar, las autoridades suecas presentaron la tasación de una parcela adyacente realizada por Ernst & Young en mayo de 2003. Si bien es cierto que la valoración fue realizada por un tasador de activos independiente de conformidad con las normas de valoración generalmente reconocidas, había sido realizada casi dos años y medio antes de la venta, de modo que el valor del terreno podría haber cambiado significativamente durante ese período.

(49)

Tras la solicitud de la Comisión, las autoridades suecas proporcionaron otra tasación pericial del valor de mercado del terreno en cuestión. Esa nueva tasación ex post, realizada por PwC en 2012, estima el valor de mercado de la parcela en el momento de la venta impugnada, es decir, en octubre de 2005. El informe de la tasación confirma la afirmación de las autoridades suecas, en el sentido de que, en el momento de la venta, en la zona apenas había operaciones con características similares a partir de las cuales pudiera calcularse el valor de mercado de la propiedad en cuestión. No obstante, para obtener una estimación del valor de mercado de la parcela, el informe aplica un análisis del precio local de las operaciones con propiedades similares. Llega a la conclusión de que, en octubre de 2005, el valor de mercado de la propiedad impugnada se situaba entre 1,65 y 2,475 millones SEK.

(50)

Dado que ese informe fue llevado a cabo por un tasador de activos independiente sobre la base de normas de valoración generalmente reconocidas —a saber, el método de comparación; es decir, un análisis de las operaciones con propiedades similares— para evaluar el valor de mercado de la parcela en la fecha de la venta, la Comisión considera que ese cálculo constituye el mejor indicador disponible para determinar el valor de mercado de la parcela considerada. Sobre la base de ese cálculo, el precio de compra pagado por Konsum al Municipio a cambio de la parcela (2 millones SEK) se sitúa dentro del intervalo que se consideró constituía el valor de mercado en octubre de 2005.

(51)

Por último, la Comisión tiene también en cuenta el hecho de que las partes consideraron el precio por metro cuadrado de superficie no construida a la hora de fijar el precio de la parcela en cuestión. A este respecto, el precio de 1 000 SEK/m2 de superficie no construida, tal y como se valora en el informe de Ernst & Young, parece ser comparable al precio de 1 200 SEK/m2 de superficie no construida acordado para la venta.

(52)

A la luz de lo anterior, la Comisión considera que la venta del Municipio a Konsum, el 5 de octubre de 2005, de las unidades Åre Prästbord 1:30, 1:68 y 1:69 en la zona de Produkthuset, por 2 millones SEK, se realizó al precio de mercado, de modo que la venta no conlleva ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE,