26.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/1

26.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/2

(1)

La Directiva 2002/58/CE prevé la armonización de las disposiciones nacionales necesarias para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad y a la confidencialidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión.

(2)

En virtud del artículo 4 de la Directiva 2002/58/CE, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público están obligados a notificar las violaciones de datos personales a las autoridades nacionales competentes y, en algunos casos, también a los abonados y particulares afectados. Según la definición del artículo 2, letra i), de la Directiva 2002/58/CE, se considera violación de los datos personales toda violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público en la Unión.

(3)

A fin de garantizar una aplicación coherente de las medidas contempladas en el artículo 4, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva 2002/58/CE, el artículo 4, apartado 5, de dicha Directiva confiere a la Comisión competencias para adoptar medidas técnicas de ejecución en relación con las circunstancias, la forma de presentación y los procedimientos aplicables a los requisitos de información y notificación a que se refiere el citado artículo.

(4)

La aplicación de distintos requisitos nacionales en este ámbito puede entrañar inseguridad jurídica, procedimientos más complejos y farragosos, así como considerables gastos administrativos para los proveedores que desarrollan actividades transfronterizas. Por lo tanto, la Comisión considera necesario adoptar dichas medidas técnicas de ejecución.

(5)

El presente Reglamento se limita a la notificación de los casos de violación de datos personales y, por consiguiente, no establece medidas técnicas de ejecución en relación con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2002/58/CE, relativo a la información que ha de darse a los abonados en caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red.

(6)

De conformidad con el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2002/58/CE, los proveedores deben notificar a la autoridad nacional competente todos los casos de violación de datos personales. Por consiguiente, la decisión de efectuar la correspondiente notificación a la autoridad nacional competente o no hacerlo no debe dejarse a discreción del proveedor. No obstante, ello no ha de impedir que la autoridad nacional competente conceda prioridad a la investigación de determinados casos del modo que considere adecuado conforme a la legislación aplicable y adopte las medidas necesarias para evitar la notificación excesiva o insuficiente de violaciones de datos personales.

(7)

Es oportuno establecer un sistema para la notificación de los casos de violación de datos personales a la autoridad nacional competente que consista, cuando se cumplan determinadas condiciones, en varias etapas sujetas a ciertos plazos. Este sistema tiene como objetivo garantizar que la autoridad nacional competente sea informada de la forma más rápida y exhaustiva posible, sin que ello entorpezca indebidamente los esfuerzos del proveedor por investigar el caso y tomar las medidas necesarias para limitarlo y remediar sus consecuencias.

(8)

Para considerar que se ha detectado un caso de violación de datos personales a los efectos del presente Reglamento, no debe bastar meramente con sospechar que se ha producido un caso de este tipo ni con detectar un incidente de seguridad sin disponer de suficiente información al respecto, pese a todos los esfuerzos del proveedor a tal fin. En este contexto, se debe prestar especial atención a la disponibilidad de la información a que se hace referencia en el anexo I.

(9)

En el marco de la aplicación del presente Reglamento, es conveniente que las autoridades nacionales competentes cooperen en los casos de violación de datos personales que tengan una dimensión transfronteriza.

(10)

El presente Reglamento no prevé especificaciones adicionales con respecto al inventario de violaciones de datos personales que los proveedores deben llevar, por cuanto el artículo 4 de la Directiva 2002/58/CE ya detalla su contenido exhaustivamente. Con todo, los proveedores pueden remitirse al presente Reglamento para determinar el formato del inventario.

(11)

Es necesario que todas las autoridades nacionales competentes pongan un soporte electrónico seguro a disposición de los proveedores para que estos notifiquen los casos de violación de datos personales en un formato común, basado en normas tales como la XML, que contenga la información establecida en el anexo I en las lenguas pertinentes, de modo que todos los proveedores de la Unión puedan seguir un procedimiento de notificación similar, independientemente del lugar en que estén ubicados o en que se haya producido la violación de datos personales. A este respecto, la Comisión ha de facilitar la implantación de un soporte electrónico seguro organizando, cuando sea necesario, reuniones con las autoridades nacionales competentes.

(12)

Para evaluar si una violación de datos personales puede tener efectos negativos en los datos personales o la intimidad de un abonado o particular, han de tomarse especialmente en consideración la naturaleza y el contenido de los datos personales en cuestión, en particular cuando se trate de datos financieros como los referentes a tarjetas de crédito y cuentas bancarias; de las categorías especiales de datos contempladas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE; y de determinados datos específicamente vinculados a la prestación de servicios de telefonía o internet como, por ejemplo, datos de correo electrónico, datos de localización, registros de internet, historiales de navegación en internet y listas de llamadas detalladas.

(13)

En circunstancias excepcionales, es conveniente autorizar al proveedor a demorar la notificación al abonado o al particular cuando dicha notificación pueda comprometer la investigación adecuada del caso de violación de datos personales. En este contexto, pueden considerarse circunstancias excepcionales las investigaciones judiciales, así como otros casos de violación de datos personales que no constituyen un delito grave, pero respecto de los que podría ser conveniente retrasar la notificación. En cualquier caso, ha de corresponder a la autoridad nacional competente evaluar, caso por caso y en función de las circunstancias, si procede autorizar ese retraso o exigir que se efectúe la notificación.

(14)

Los proveedores deberían disponer de los datos de contacto de sus abonados, habida cuenta de su relación contractual directa, pero es posible que no exista esta información en el caso de otros particulares que se hayan visto perjudicados por una violación de datos personales. En tal caso, conviene autorizar a los proveedores a efectuar una notificación inicial a dichos particulares mediante anuncios en los principales medios de comunicación nacionales o regionales, tales como los periódicos, que irá seguida lo antes posible de una notificación individual de conformidad con el presente Reglamento. Por consiguiente, el proveedor no está obligado como tal a efectuar notificaciones en los medios de comunicación, sino que más bien está facultado para hacerlo, si así lo desea, cuando aún está tratando de identificar a todos los particulares afectados.

(15)

La información sobre la violación debe referirse exclusivamente a esta y no adjuntarse a información sobre otros asuntos. Por ejemplo, incluir información sobre una violación de datos personales en una factura corriente no ha de considerarse un medio adecuado para notificar una violación de datos personales.

(16)

El presente Reglamento no establece medidas tecnológicas específicas de protección que justifiquen excepciones a la obligación de notificar los casos de violación de datos personales a abonados o particulares, por cuanto dichas medidas pueden evolucionar con el tiempo en función de los avances tecnológicos. Con todo, la Comisión ha de poder publicar una lista indicativa de esas medidas tecnológicas específicas de protección acordes con las prácticas actuales.

(17)

El recurso al cifrado o a las funciones resumen (hashing) no ha de considerarse suficiente por sí mismo como para que los proveedores puedan aducir, de forma más amplia, que han cumplido la obligación de seguridad general establecida en el artículo 17 de la Directiva 95/46/CE. A este respecto, es importante que los proveedores apliquen también medidas técnicas y de organización para prevenir, detectar y bloquear los casos de violación de datos personales. Los proveedores deben tener en cuenta cualquier riesgo residual que pueda subsistir tras haberse practicado controles, al objeto de comprender en qué circunstancias puede producirse una violación de datos personales.

(18)

Cuando el proveedor recurra a otro proveedor para prestar una parte del servicio, por ejemplo en relación con la facturación o funciones de gestión, ese otro proveedor, que no mantiene relación contractual directa alguna con el usuario final, no ha de estar obligado a efectuar notificaciones en caso de violación de datos personales. En cambio, sí debe avisar e informar al proveedor con el que tiene una relación contractual directa. Ello ha de ser también aplicable en el contexto de la prestación al por mayor de servicios de comunicaciones electrónicas, ámbito en el que el proveedor mayorista no suele tener una relación contractual directa con el usuario final.

(19)

La Directiva 95/46/CE establece un marco general para la protección de los datos personales en la Unión Europea. La Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para sustituir la Directiva 95/46/CE (Reglamento sobre protección de datos). El Reglamento sobre protección de datos que se propone impone a todos los responsables del tratamiento de datos la obligación de notificar las violaciones de datos personales, sobre la base del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE. El presente Reglamento de la Comisión es plenamente coherente con la medida propuesta.

(20)

El Reglamento sobre protección de datos propuesto también introduce un número limitado de modificaciones de carácter técnico en la Directiva 2002/58/CE, habida cuenta de la transformación de la Directiva 95/46/CE en un Reglamento. Las consecuencias legales sustantivas del nuevo Reglamento para la Directiva 2002/58/CE serán objeto de un examen por parte de la Comisión.

(21)

La aplicación del presente Reglamento debe revisarse a los tres años de su entrada en vigor, y su contenido ha de examinarse a la luz del marco jurídico vigente en ese momento, incluido el Reglamento sobre protección de datos propuesto. La revisión del presente Reglamento ha de vincularse, cuando sea posible, a cualquier futura revisión de la Directiva 2002/58/CE.

(22)

La aplicación del presente Reglamento puede evaluarse sobre la base, entre otros datos, de las estadísticas elaboradas por las autoridades nacionales competentes sobre los casos de violación de datos personales que se les notifiquen. Dichas estadísticas pueden incluir, por ejemplo, información sobre el número de casos de violación de datos personales notificados a la autoridad nacional competente, a los abonados o a los particulares, el tiempo que se haya tardado en resolver el caso, y las medidas tecnológicas de protección que, en su caso, se hayan adoptado. Estas estadísticas deben proporcionar a la Comisión y a los Estados miembros datos estadísticos coherentes y comparables, sin divulgar la identidad del proveedor que haya efectuado la notificación ni la de los abonados o particulares afectados. Asimismo, la Comisión puede celebrar reuniones periódicas a tal fin con las autoridades nacionales competentes y otras partes interesadas.

(23)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Comunicaciones.

a)

la naturaleza y el contenido de los datos personales en cuestión, en particular si se trata de datos financieros, de categorías especiales de datos contempladas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, así como de datos de localización, registros de internet, historiales de navegación en internet, datos de correo electrónico y listas de llamadas detalladas;

b)

las posibles consecuencias de la violación de datos personales para el abonado o particular afectado, en particular cuando la violación pueda entrañar fraude o usurpación de identidad, daños físicos, sufrimiento psicológico, humillación o perjuicio para su reputación;

c)

las circunstancias en que se haya producido la violación de datos personales, teniendo en cuenta, en particular, el lugar en que hayan sido robados los datos o el momento en que el proveedor haya tenido conocimiento de que los datos se hallan en poder de un tercero no autorizado.

a)

se hayan cifrado de forma segura con un algoritmo normalizado, y la clave usada para descifrar los datos no haya quedado comprometida por ningún fallo de seguridad y haya sido generada de modo que no pueda ser determinada por los medios tecnológicos disponibles por ninguna persona que no esté autorizada a acceder a ella, o

b)

se hayan sustituido por su valor resumen (hash value), calculado mediante una función resumen con clave criptográfica normalizada, y la clave usada para resumir los datos no haya quedado comprometida por ningún fallo de seguridad y haya sido generada de modo que no pueda ser determinada por los medios tecnológicos disponibles por ninguna persona que no esté autorizada a acceder a ella.

26.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/9

(1)

El Reglamento (UE) no 389/2012 establece un marco para la simplificación y mejora de la cooperación administrativa entre los Estados miembros en el ámbito de los impuestos especiales.

(2)

El artículo 21 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (2), establece la obligación de verificación de los datos de un borrador de documento administrativo electrónico por el Estado miembro de expedición antes de que los productos sujetos a impuestos especiales puedan circular en régimen suspensivo. El Reglamento (CE) no 684/2009 de la Comisión, de 24 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo (3) en lo que respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo, especifica el contenido del borrador de documento administrativo electrónico. Dado que la información que figura en ese documento administrativo sobre las autorizaciones relativas a los impuestos especiales debe cotejarse, a efectos de verificación, con los datos de los registros nacionales correspondientes, los datos de cada registro nacional deben ponerse periódicamente a disposición de cada Estado miembro de expedición y mantenerse actualizados.

(3)

Tal y como se dispone en el artículo 19, apartado 4, del Reglamento (UE) no 389/2012, la información contenida en los registros nacionales relativa a operadores económicos que trasladan productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo debe intercambiarse automáticamente a través de un registro central de operadores económicos (en lo sucesivo, «el registro central») que debe ser gestionado por la Comisión.

(4)

Para facilitar el intercambio de información a través del registro central, es necesario establecer la estructura y el contenido de los formularios estándar que deben emplearse, incluidos los códigos que deben introducirse en dichos formularios.

(5)

A fin de que los datos incluidos en el registro central sean correctos y se actualicen de manera automática, la oficina central de enlace para impuestos especiales o el servicio de enlace deben notificar y enviar al registro central las modificaciones de sus registros nacionales correspondientes.

(6)

Con objeto de que los datos almacenados en los registros nacionales sean correctos y estén actualizados, la oficina central de enlace para impuestos especiales o el servicio de enlace deben actualizar el registro nacional el mismo día en que se produce una modificación de una autorización y deben enviar las modificaciones sin dilación al registro central.

(7)

Con el fin de garantizar que los Estados miembros tengan una copia exacta de los datos de otros registros nacionales, la oficina central de enlace para impuestos especiales o el servicio de enlace designado deben adoptar las medidas necesarias para que las nuevas modificaciones procedentes del servicio central se reciben de modo periódico y a su debido tiempo.

(8)

Los operadores económicos deben disponer de medios con los que puedan comprobar que el registro central ha procesado de manera precisa y transmitido sus datos de autorización y verificar los datos de un socio comercial antes de presentar un borrador de documento administrativo electrónico. A efectos de la verificación de la validez de los números de impuestos especiales, de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) no 389/2012, la Comisión debe suministrar los principales datos necesarios de una autorización cuando se le comunique un número de impuestos especiales único válido. Además, deben establecerse normas de corrección de información inexacta en relación con la autorización de un operador económico.

(9)

Para que el registro central funcione de modo eficaz y se garantice un tiempo máximo de tramitación de una notificación de modificación de un registro nacional o de una solicitud general, es necesario especificar el nivel de disponibilidad del registro central y de los registros nacionales, así como las circunstancias en que se permite la restricción de dicho nivel de disponibilidad o funcionamiento del registro central o de los registros nacionales.

(10)

A efectos de evaluación del funcionamiento del registro central, la Comisión debe extraer información estadística del registro y facilitarla mensualmente a los Estados miembros.

(11)

Con el fin de que la Comisión y los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones relativas a los plazos y la disponibilidad de los servicios exigidos el presente Reglamento, procede aplazar hasta el 1 de enero de 2015 la aplicación de los artículos 8, 9 y 10.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Impuestos Especiales.

a)

notificación de las modificaciones de los registros nacionales enviada al registro central por las oficinas centrales de enlace y los servicios de enlace;

b)

notificación de las modificaciones del registro central enviada a los registros nacionales;

c)

presentación de solicitudes al registro central por parte de las oficinas centrales de enlace y los servicios de enlace para la obtención de datos sobre las modificaciones;

d)

presentación de solicitudes por parte de las oficinas centrales de enlace y los servicios de enlace para la obtención de datos estadísticos extraídos del registro central;

e)

envío, por parte de la Comisión, de datos estadísticos extraídos del registro central a los Estados miembros que los soliciten.

a)

la Comisión inscribirá sin demora la modificación en el registro central;

b)

se enviará una notificación a cada Estado miembro cuya oficina central de enlace para impuestos especiales o el servicio de enlace estén registrados para recibir notificaciones de modificación utilizando el mensaje «Operaciones relativas al registro de operadores económicos» del cuadro 2 del anexo I.

a)

si el número de impuestos especiales único suministrado corresponde a una anotación de un depositario autorizado, un destinatario registrado o un expedidor registrado, el extracto contendrá lo siguiente:

b)

si el número de impuestos especiales único suministrado corresponde a una anotación de un depósito fiscal, el extracto contendrá lo siguiente:

c)

si el número de impuestos especiales único suministrado corresponde a un destinatario registrado conforme al artículo 19, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) no 389/2012, el extracto, además de los datos facilitados en la letra a) del presente apartado, contendrá la siguiente información:

a)

número de anotaciones activas e inactivas de los operadores económicos;

b)

número de autorizaciones pendientes de expiración, siendo dicho número el número total de autorizaciones que expiren durante el mes siguiente o el trimestre siguiente;

c)

tipos de operadores económicos, número de operadores económicos, por tipo, y número de depósitos fiscales;

d)

número de operadores económicos autorizados, por producto y por categoría de producto;

e)

número de modificaciones de las autorizaciones relativas a impuestos especiales.

a)

cuando el registro central o un registro nacional no esté disponible debido a fallos del equipo informático o de telecomunicaciones;

b)

cuando haya problemas de red que no están bajo el control directo de la Comisión ni del Estado miembro de que se trate;

c)

en caso de fuerza mayor;

d)

cuando se lleven a cabo tareas de mantenimiento programadas que se hayan notificado al menos cuarenta y ocho horas antes del comienzo previsto del período de mantenimiento.

26.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/34

(1)

El Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de biocidas (2), establece en su anexo II una lista exhaustiva de las sustancias activas existentes que deben evaluarse dentro del programa de trabajo para el examen sistemático de las sustancias activas ya comercializadas, denominado en lo sucesivo «el programa de revisión», y prohíbe la comercialización de biocidas que contengan combinaciones de sustancia activa y tipo de producto no incluidas en dicho anexo ni en los anexos I o IA de la Directiva 98/8/CE o respecto a las cuales la Comisión haya adoptado una decisión de no inclusión.

(2)

La lista que figura en el anexo II del Reglamento (CE) no 1451/2007 incluye combinaciones de sustancia activa existente y tipo de producto que se notificaron de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1896/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre biocidas (3), respecto a las cuales un Estado miembro manifestó interés según lo previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1896/2000, o sobre las que se presentó antes del 1 de marzo de 2006 un expediente que se aceptó como completo.

(3)

Ha habido distintas interpretaciones de las definiciones de «biocidas» del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 98/8/CE y de «sustancia activa» de la letra d) del mismo apartado de ese artículo, así como de las descripciones de tipos de productos contempladas en el anexo V de la citada Directiva. En algunos casos, la interpretación común de la Comisión y las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 26 de la Directiva 98/8/CE ha ido evolucionando con el paso del tiempo. En particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de marzo de 2012, en el asunto C-420/10, Söll GmbH contra Tetra GmbH (4), aclaró que el concepto de «biocidas» debe interpretarse en el sentido de que incluye también los productos que solo actúan de modo indirecto en los organismos nocivos a los que se aplican.

(4)

Puede ocurrir, por tanto, que, guiándose por notas de orientación o por asesoramiento escrito de la Comisión o de una autoridad competente designada con arreglo al artículo 26 de la Directiva 98/8/CE, algunas personas no hayan notificado la combinación de sustancia activa existente y tipo de producto correspondiente a un biocida comercializado, o no hayan asumido la función de participante, convencidas, por motivos objetivos, de que el biocida no entraba en el ámbito de aplicación de la Directiva 98/8/CE o pertenecía a un tipo de producto diferente.

(5)

En tales caso, esas personas deben tener la posibilidad de presentar un expediente para que sea examinado en el marco del programa de revisión, si procede previa notificación, con objeto de evitar que se retiren del mercado biocidas en relación con los cuales los Estados miembros o la Comisión impugnan con posterioridad una interpretación justificada en cuanto al carácter biocida del producto o al tipo correcto que le corresponda.

(6)

Además, cuando, por las mismas razones, haya sustancias activas que no estén aún identificadas como existentes, debe actualizarse el anexo I del Reglamento (CE) no 1451/2007 para que incluya todas las sustancias activas existentes.

(7)

La situación de las personas que quieran notificar una combinación de sustancia activa y tipo de producto sobre la base del presente Reglamento será similar a la de las que quieran asumir la función de participante con arreglo al artículo 12 del Reglamento (CE) no 1451/2007. Procede, por tanto, prever procedimientos y plazos similares para la información de las partes interesadas y para las declaraciones de intención de la Comisión.

(8)

Conviene, además, adaptar al máximo posible los plazos y demás requisitos de notificación a los previstos en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1896/2000 respecto a las primeras notificaciones de sustancias activas existentes, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los métodos de trabajo actuales de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas establecida por el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(9)

Cuando no se haya designado ningún Estado miembro informante en relación con la sustancia activa objeto de notificación, y para garantizar que la sustancia se evalúe para su aprobación, el notificante debe confirmar que una autoridad competente acepta evaluar la futura solicitud de aprobación de la sustancia activa.

(10)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1451/2007 en consecuencia.

(11)

Para garantizar una transición armoniosa entre la Directiva 98/8/CE y el Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (6), algunas disposiciones del presente Reglamento deben aplicarse a partir de la misma fecha que ese Reglamento.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

1)

En el artículo 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Además, se entenderá por «participante» la persona que haya presentado una notificación aceptada por la Comisión con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1896/2000 o al artículo 3 quater, apartado 1, del presente Reglamento, o un Estado miembro que haya manifestado su interés de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1896/2000.».

2)

En el artículo 3, apartado 2, se añade la siguiente letra d):

3)

Se inserta el artículo 3 bis siguiente:

«Artículo 3 bis

Procedimiento de declaración de la intención de notificar

1.   Las personas o los Estados miembros que consideren que un biocida que está comercializándose y que contiene solo sustancias activas existentes está cubierto por la Directiva 98/8/CE y pertenece a uno o varios tipos de productos cuya comercialización está prohibida en virtud del artículo 4 pueden presentar a la Comisión una solicitud con vistas a la notificación de las sustancias activas contenidas en ese biocida, respecto a los tipos de productos pertinentes.

En la solicitud se indicarán las combinaciones pertinentes de sustancia activa y tipo de producto y se justificará por qué no se ha presentado una notificación con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1896/2000, o no se ha manifestado interés de acuerdo con el artículo 5, apartado 3, de ese Reglamento, o no se ha asumido la función de participante conforme al artículo 12 del presente Reglamento, o no se ha presentado un expediente completo de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del presente Reglamento.

2.   Cuando reciba una solicitud con arreglo al apartado 1, la Comisión consultará a los Estados miembros para determinar si esta es aceptable.

La solicitud será aceptable si el biocida entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 98/8/CE o pertenece a uno o varios tipos de productos cuya comercialización está prohibida en virtud del artículo 4 del presente Reglamento, y si, antes de presentarla, el solicitante estaba convencido, por motivos objetivos inducidos por orientaciones o asesoramiento escrito de la Comisión o una autoridad competente designada con arreglo al artículo 26 de la Directiva 98/8/CE, de que el biocida no entraba en el ámbito de aplicación de dicha Directiva o de que pertenecía a un tipo de producto diferente.

La solicitud, sin embargo, no será aceptable si la combinación correspondiente de sustancia activa y tipo de producto ya ha sido objeto de una decisión de no inclusión en el anexo I o en el anexo IA de la Directiva 98/8/CE basada en un informe de evaluación revisado por el Comité Permanente de Biocidas con arreglo al artículo 15, apartado 4, del presente Reglamento.

3.   En caso de que, tras la consulta prevista en el apartado 2, la Comisión considere aceptable la solicitud, la aceptará y admitirá la notificación de la sustancia activa respecto a los tipos de productos pertinentes.

No obstante, si el expediente presentado al Estado miembro informante sobre la sustancia activa pertinente contiene ya todos los datos necesarios para la evaluación de los tipos de productos pertinentes cuya comercialización está prohibida en virtud del artículo 4, y si el participante que ha presentado el expediente quiere que se considere que ha notificado la sustancia activa respecto a esos tipos de productos, el Estado miembro informante informará de ello a la Comisión y no se admitirá ninguna notificación adicional con arreglo al párrafo primero.

La Comisión informará de ello a los Estados miembros y publicará esa información por medios electrónicos.

4.   La persona que tenga la intención de notificar la combinación de sustancia activa y tipo de producto indicados en la publicación electrónica a que se refiere el párrafo tercero del apartado 3 declarará tal intención a la Comisión a en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la publicación electrónica.».

4)

Se inserta el artículo 3 ter siguiente:

«Artículo 3 ter

Procedimiento de notificación

1.   Tras declarar la intención de notificar, la persona a que se refiere el artículo 3 bis, apartado 4, notificará la combinación de sustancia activa y tipo de producto a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas establecida en virtud del Reglamento (CE) no 1907/2006 (denominada en lo sucesivo “la Agencia”) a más tardar 18 meses después de la publicación electrónica prevista en el artículo 3 bis, apartado 3, párrafo tercero.

La notificación se realizará a través del Registro de Biocidas a que se refiere el artículo 71 del Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

2.   La notificación se presentará en formato IUCLID. Contendrá toda la información mencionada en los puntos 1 a 3 y el cuadro del anexo II del Reglamento (CE) no 1896/2000 y pruebas de que la sustancia estaba ya comercializada como sustancia activa de un biocida perteneciente al tipo de producto pertinente en el momento de la publicación electrónica a que se refiere el artículo 3 bis, apartado 3, párrafo tercero.

3.   A menos que ya se haya designado un Estado miembro informante en relación con la sustancia activa considerada, el notificante indicará a qué autoridad competente de un Estado miembro tiene la intención de presentar un expediente, y proporcionará una confirmación escrita de que esa autoridad competente acepta evaluar el expediente.

4.   Cuando reciba una notificación, la Agencia informará de ello a la Comisión y comunicará al notificante las tasas que ha de abonar en aplicación del Reglamento adoptado con arreglo al artículo 80, apartado 1, del Reglamento (UE) no 528/2012. Si el notificante no abona las tasas en el plazo de 30 días a partir de la recepción de tal información, la Agencia rechazará la notificación e informará de ello al notificante.

5.   Una vez recibido el pago de las tasas, la Agencia dispondrá de 30 días para comprobar si la notificación cumple los requisitos del apartado 2. Si no cumple esos requisitos, la Agencia concederá al notificante un plazo de 30 días para completar o corregir la notificación. Al finalizar ese período de 30 días, la Agencia dispondrá de 30 días para, o bien declarar que la notificación cumple los requisitos del apartado 2, o bien para rechazarla e informar de ello al notificante.

6.   Los recursos contra las decisiones adoptadas por la Agencia con arreglo al apartado 4 o al apartado 5 se interpondrán ante la Sala de Recurso establecida por el Reglamento (CE) no 1907/2006. El artículo 92, apartados 1 y 2, y los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE) no 1907/2006 se aplicarán a esos procedimientos de recurso. Un recurso tendrá efectos suspensivos.

7.   La Agencia comunicará sin demora a la Comisión si la notificación cumple los requisitos del apartado 2 o si ha sido rechazada.

5)

Se inserta el artículo 3 quater siguiente:

«Artículo 3 quater

Inclusión en el programa de revisión o exclusión de ese programa

1.   En caso de que una sustancia activa se considere notificada con arreglo al artículo 3 bis, apartado 3, párrafo segundo, o si la Agencia informa a la Comisión de conformidad con el artículo 3 ter, apartado 7, de que una notificación cumple los requisitos del artículo 3 ter, apartado 2, la Comisión aceptará la notificación y:

2.   Si no se ha recibido una declaración de intención de notificar en el plazo establecido en el artículo 3 bis, apartado 4, si no se ha recibido una notificación en el plazo previsto en el artículo 3 ter, apartado 1, o si la Agencia informa a la Comisión con arreglo al artículo 3 ter, apartado 7, de que se ha rechazado una notificación presentada de conformidad con el artículo 3 ter, apartado 1, la Comisión informará de ello a los Estados miembros y publicará esa información por medios electrónicos.»

6)

En el artículo 4 se añade el apartado 4 siguiente:

«4.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los biocidas que contengan una sustancia activa sobre la cual la Comisión haya publicado por medios electrónicos la información pertinente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 bis, apartado 3, párrafo tercero, en relación con los tipos de productos pertinentes podrán comercializarse con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 98/8/CE hasta la fecha en que la Comisión adopte la decisión de incluir en el anexo II la combinación de sustancia activa y tipo de producto de acuerdo con el artículo 3 quater, apartado 1, letra a), o de anular una decisión anterior de no inclusión según el artículo 3 quater, apartado 1, letra b), o durante un período de seis meses a partir de la fecha en que la Comisión haya publicado por medios electrónicos la información pertinente con arreglo al artículo 3 quater, apartado 2.».

7)

En el artículo 9 se añade el apartado 3 siguiente:

«3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de las combinaciones de sustancia activa y tipo de producto incluidas en el anexo II de conformidad con el artículo 3 quater, apartado 1, letra a), o respecto a las cuales se haya anulado una decisión con arreglo al artículo 3 quater, apartado 1, letra b), las solicitudes de aprobación de una sustancia activa con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) no 528/2012 se presentarán a más tardar dos años después de la fecha de la decisión adoptada de conformidad con el artículo 3 quater, apartado 1, letras a) o b).».

26.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/38

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

26.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/40

(1)

El Consejo concedió a Irlanda, a solicitud suya, una ayuda financiera mediante la Decisión de Ejecución 2011/77/UE (2) para apoyar un ambicioso programa económico y de reformas destinado a restablecer la confianza, posibilitar la vuelta de la economía a un crecimiento sostenible y salvaguardar la estabilidad financiera del país, de la zona del euro y del conjunto de la Unión.

(2)

La Comisión completó la novena revisión del programa de reforma económica de Irlanda el 22 de abril de 2013.

(3)

Sería beneficiosa una prolongación del plazo de vencimiento medio máximo del préstamo de la UE ya que ello respaldaría los esfuerzos de Irlanda por recuperar el pleno acceso al mercado y salir con éxito de su programa. Con el fin de sacar el máximo partido a la prolongación del plazo de vencimiento medio máximo del préstamo de la UE, debe autorizarse a la Comisión a prolongar el vencimiento de tramos y cuotas.

(4)

En vista de dicha evolución, es preciso modificar la Decisión de Ejecución 2011/77/UE.

1)

El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La Unión pondrá a disposición de Irlanda un préstamo de un máximo de 22 500 millones EUR, con un plazo de vencimiento medio máximo de 19,5 años. El plazo de vencimiento para las distintas cuotas del préstamo podrá ascender a 30 años como máximo.».

2)

Se añade el apartado siguiente:

«9.   A petición de Irlanda, la Comisión podrá prorrogar el plazo de vencimiento de un tramo o una cuota, siempre que se respete el plazo medio máximo de vencimiento a que se refiere el apartado 1. A tal fin, la Comisión podrá refinanciar total o parcialmente sus empréstitos. Todos los importes que se hayan tomado prestados por adelantado se depositarán en la cuenta que la Comisión ha abierto en el BCE para la administración de la ayuda financiera.».