30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/1

(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) («el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

(2)

De conformidad con el artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE podrá decidir la modificación de, entre otros, el anexo XXI.

(3)

El anexo XXI del Acuerdo EEE contiene disposiciones y medidas específicas sobre estadísticas.

(4)

El Reglamento (UE) no 555/2012 de la Comisión, de 22 de junio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras directas, por lo que respecta a la actualización de los requisitos de información y las definiciones (3), debe incorporarse al Acuerdo EEE, con algunas adaptaciones para Noruega, Islandia y Liechtenstein.

(5)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XXI del Acuerdo EEE.

(6)

La posición de la Unión en el Comité Mixto del EEE debe basarse en el proyecto de Decisión adjunto.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/3

(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) («el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

(2)

De conformidad con el artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE podrá decidir la modificación, entre otros, del Protocolo 31.

(3)

El Protocolo 31 del Acuerdo EEE contiene disposiciones y medidas sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades.

(4)

Conviene ampliar la cooperación de las Partes contratantes en el Acuerdo EEE a las acciones financiadas con las líneas presupuestarias 04 01 04 08 y 04 03 05 para el ejercicio financiero de 2013.

(5)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

(6)

La posición de la Unión en el Comité Mixto del EEE deberá basarse en el proyecto de Decisión adjunto.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/5

(1)

De conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) no 834/2007, todo operador que produzca, elabore, almacene, importe o exporte productos fabricados de conformidad con las normas de producción fijadas en dicho Reglamento, debe someter su empresa al régimen de control a que se refiere el artículo 27 de dicho Reglamento. Las disposiciones de aplicación de tal régimen de control se establecen en el título IV del Reglamento (CE) no 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control (2).

(2)

En virtud de dicho régimen de control, el operador debe notificar a la autoridad competente su compromiso, así como información sobre el organismo de control pertinente, y debe firmar una declaración que certifique que lleva a cabo su actividad de conformidad con las normas de la producción ecológica y acepta, en caso de infracción o irregularidades, la aplicación forzosa de medidas.

(3)

El artículo 30, apartado 2, del Reglamento (CE) no 834/2007 prevé la comunicación de la información relativa a las irregularidades o infracciones que afecten al carácter ecológico de un producto. En aras de una mayor eficiencia, conviene que los operadores informen a su autoridad u organismo de control de toda irregularidad o infracción que afecte al carácter ecológico de sus productos, incluidos los productos ecológicos que reciba de otros operadores.

(4)

A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del régimen de control y en interés del sector ecológico, conviene establecer, sobre la base de una evaluación general del riesgo de incumplimiento de las normas de producción ecológica, un número anual mínimo de muestras que deben ser tomadas y analizadas por las autoridades u organismos de control. Cuando las autoridades u organismos de control sospechen que se están utilizando productos no autorizados para la producción ecológica, deben tomar y analizar muestras de los productos en cuestión. En esos casos, procede no aplicar ningún número mínimo de muestras. Las muestras también pueden ser tomadas y analizadas por las autoridades de control o los organismos de control en cualquier otro caso para detectar el incumplimiento de los requisitos ecológicos de la Unión.

(5)

A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del sistema de control y en interés del sector ecológico, conviene prever la transmisión de la información pertinente en caso de que el operador o sus subcontratistas sean inspeccionados por distintas autoridades u organismos de control o cuando el operador o sus subcontratistas cambien de autoridad o de organismo de control. Conviene autorizar el intercambio adecuado de información y la transmisión de los expedientes de control de estos operadores a fin de garantizar la gestión del régimen de control, de conformidad con los requisitos en materia de protección de los datos personales establecidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3). Los operadores deben aceptar la transmisión y el intercambio de sus datos y de toda la información relativa a sus actividades en virtud del régimen de control.

(6)

A fin de garantizar un aplicación uniforme del régimen de control y evitar ambigüedades, es necesario incluir una definición del término «expediente de control» en el Reglamento (CE) no 889/2008.

(7)

La certificación electrónica contemplada en el artículo 29, apartado 3, del Reglamento (CE) no 834/2007 se refiere a la forma de los documentos justificativos. Conviene precisar que, en caso de certificación electrónica, no se exige la firma de los documentos justificativos si la autenticidad de estos se acredita mediante cualquier otro medio electrónico seguro.

(8)

La experiencia ha demostrado que es necesario realizar algunas precisiones en relación con el intercambio de información entre Estados miembros cuando un Estado miembro comprueba la existencia de irregularidades o infracciones relativas a la conformidad de los productos importados de conformidad con el artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 834/2007, o con el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (4).

(9)

Además, conviene clarificar el procedimiento relativo al intercambio de información entre Estados miembros en caso de irregularidades o infracciones, teniendo en cuenta las mejores prácticas establecidas desde 2009.

(10)

A fin de garantizar la coherencia con el artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) no 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural (5), es importante precisar que los Estados miembros deben garantizar que el organismo pagador recibe la información suficiente sobre los controles realizados cuando los controles no son efectuados por dicho organismo.

(11)

De conformidad con el artículo 44, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), los Estados miembros deben indicar en sus informes anuales toda adaptación de sus planes nacionales de control plurianuales para tener en cuenta, en particular, nuevas disposiciones jurídicas. La Comisión debe disponer de los datos y de la información necesarios sobre la supervisión llevada a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de producción ecológica. Por consiguiente, conviene exigir a los Estados miembros que modifiquen sus planes nacionales de control a fin de tener en cuenta dicha supervisión y que indiquen estas adaptaciones y los datos pertinentes de la producción ecológica en el informe anual contemplado en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 882/2004. Conviene autorizar a los Estados miembros a presentar estos datos de la producción ecológica en un capítulo separado del plan nacional de control y del informe anual.

(12)

Además de las obligaciones en materia de control contempladas en el Reglamento (CE) no 882/2004, el título V del Reglamento (CE) no 834/2007 y el Reglamento (CE) no 889/2008 establecen disposiciones específicas relativas a los controles en el sector ecológico. En caso de que la autoridad competente delegue tareas de control a organismos de control, que son entidades privadas, el Reglamento (CE) no 834/2007 define más en detalle los requisitos y las obligaciones que debe cumplir cada organismo de control.

(13)

La experiencia ha demostrado que las disposiciones específicas en materia de control de la producción ecológica deben ser más detalladas, en particular, a fin de reforzar la supervisión ejercida por las autoridades competentes en relación con los organismos de control en los que estas han delegado tareas de control. Estas disposiciones deben incluirse en el sistema de control de los Estados miembros establecido de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (CE) no 834/2007 como requisitos mínimos uniformes.

(14)

Las autoridades competentes de los Estados miembros deben disponer de procedimientos documentados en relación con la delegación de tareas a organismos de control y su supervisión a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

(15)

Es necesario mejorar el intercambio de información entre Estados miembros, dentro de cada Estado miembro y entre los Estados miembros y la Comisión en relación con la supervisión ejercida por las autoridades competentes y deben adoptarse requisitos mínimos uniformes.

(16)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no 889/2008 en consecuencia.

(17)

A fin de garantizar la eficacia de las disposiciones de control, conviene que los elementos adicionales añadidos por el presente Reglamento que deben figurar en el compromiso incluido en la declaración que tiene que firmar el operador de conformidad con el artículo 63, apartado 2, del Reglamento (CE) no 889/2008, se apliquen también a los operadores que hayan firmado dicha declaración antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

(18)

A fin de garantizar una transición armoniosa del sistema de control actual al sistema modificado, conviene que el presente Reglamento sea aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

(19)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de reglamentación sobre la producción ecológica.

1)

En el artículo 2, se añade la letra s) siguiente:

«s)   “expediente de control”: conjunto de toda la información y los documentos transmitidos, a los fines del régimen de control, a las autoridades competentes del Estado miembro o a las autoridades y organismos de control por un operador sujeto al régimen de control contemplado en el artículo 28 del Reglamento (CE) no 834/2007, incluida toda la información y los documentos pertinentes relativos a este operador o a sus actividades que obren en poder de las autoridades competentes y de las autoridades y organismos de control, con excepción de la información y los documentos que no tengan incidencia en el funcionamiento del régimen de control.».

2)

En el artículo 63, apartado 2, párrafo primero, se añaden las siguientes letras d) a h):

3)

En el artículo 65, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La autoridad o el organismo de control tomará y analizará muestras para la detección de productos no autorizados para la producción ecológica, para comprobar si se han utilizado técnicas no conformes con la producción ecológica o para detectar posibles contaminaciones con productos no autorizados para la producción ecológica. El número de muestras que deberá tomar y analizar cada año la autoridad o el organismo de control corresponderá al menos al 5 % del número de operadores sujetos a su control. La selección de los operadores respecto de los cuales deban recogerse muestras se basará en una evaluación general del riesgo de incumplimiento de las normas de la producción ecológica. Esta evaluación general tendrá en cuenta todas las etapas de la producción, la preparación y la distribución.

La autoridad o el organismo de control tomará y analizará muestras en los casos en que se sospeche que se están utilizando productos o técnicas no autorizados por las normas de la producción ecológica. En tales casos, no se aplicará ningún número mínimo de muestras que deban tomarse y analizarse.

Las muestras también podrán ser tomadas y analizadas por la autoridad de control o el organismo de control en cualquier otro caso para detectar productos no autorizados en la producción ecológica, para comprobar si se han utilizado técnicas de producción no conformes con las normas de la producción ecológica o detectar la posible contaminación con productos no autorizados en la producción ecológica.».

4)

En el artículo 68, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«En caso de certificación electrónica con arreglo al artículo 29, apartado 3, del Reglamento (CE) no 834/2007, no se exigirá la firma en la casilla 8 de los documentos justificativos si la autenticidad de tales documentos se acredita por un método electrónico seguro.».

5)

Los artículos 92 y 92 bis se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 92

Intercambio de información entre las autoridades de control, los organismos de control y las autoridades competentes

1.   En caso de que el operador y sus subcontratistas sean inspeccionados por distintas autoridades u organismos de control, las autoridades o los organismos de control intercambiarán la información pertinente relativa a las operaciones sujetas a su control.

2.   Cuando el operador o sus subcontratistas cambien de autoridad u organismo de control, este cambio deberá ser notificado sin demora a la autoridad competente por las autoridades u organismos de control de que se trate.

La autoridad o el organismo de control precedente transmitirá los elementos pertinentes del expediente de control del operador en cuestión, así como los informes contemplados en el artículo 63, apartado 2, párrafo segundo, a la nueva autoridad u organismo de control.

La nueva autoridad o el nuevo organismo de control comprobará que el operador haya resuelto o esté resolviendo los incumplimientos indicados en el informe de la anterior autoridad u organismo de control.

3.   Cuando el operador se retire del régimen de control, la autoridad o el organismo de control de este operador informará de ello sin demora a la autoridad competente.

4.   Cuando una autoridad o un organismo de control detecte irregularidades o infracciones que afecten al carácter ecológico de los productos, informará de ello sin demora a la autoridad competente del Estado miembro que lo haya designado o aprobado de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (CE) no 834/2007.

Esa autoridad competente podrá requerir también, por propia iniciativa, cualquier otra información sobre irregularidades o infracciones.

En caso de irregularidades o infracciones detectadas en relación con productos sujetos al control de otras autoridades u organismos de control, también informará sin demora a esas autoridades u organismos de control.

5.   Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas y establecerán procedimientos documentados que permitan el intercambio de información entre todas las autoridades de control que hayan designado y/o todos los organismos de control que hayan aprobado de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (CE) no 834/2007, en particular los procedimientos relativos al intercambio de información con fines de comprobar los documentos justificativos contemplados en el artículo 29, apartado 1, de dicho Reglamento.

6.   Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas y establecerán procedimientos documentados a fin de garantizar que la información sobre los resultados de las inspecciones y visitas contempladas en el artículo 65 del presente Reglamento sea comunicada al organismo pagador según las necesidades de dicho organismo pagador de conformidad con el artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) no 65/2011de la Comisión (7).

Artículo 92 bis

Intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión

1.   Cuando un Estado miembro detecte irregularidades o infracciones relativas a la aplicación del presente Reglamento en relación con un producto procedente de otro Estado miembro que lleve las indicaciones contempladas en el título IV del Reglamento (CE) no 834/2007 y en el título III o en el anexo XI del presente Reglamento, lo notificará sin demora al Estado miembro que haya designado a la autoridad de control o aprobado el organismo de control, a los otros Estados miembros y a la Comisión, a través del sistema contemplado en el artículo 94, apartado 1, del presente Reglamento.

2.   Cuando un Estado miembro detecte irregularidades o infracciones relativas al cumplimiento de los productos importados con arreglo al artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 834/2007 de los requisitos establecidos en dicho Reglamento o en el Reglamento (CE) no 1235/2008, lo notificará sin demora a los otros Estados miembros y a la Comisión, a través del sistema contemplado en el artículo 94, apartado 1, del presente Reglamento.

3.   Cuando un Estado miembro detecte irregularidades o infracciones relativas al cumplimiento de los productos importados con arreglo al artículo 19 del Reglamento (CE) no 1235/2008 de los requisitos establecidos en dicho Reglamento y en el Reglamento (CE) no 834/2007, lo notificará sin demora al Estado miembro que haya concedido la autorización, a los otros Estados miembros y a la Comisión, a través del sistema contemplado en el artículo 94, apartado 1, del presente Reglamento. La notificación se enviará a los otros Estados miembros y a la Comisión cuando la irregularidad o la infracción detectada se refiera a productos para los que el propio Estado miembro haya concedido la autorización contemplada en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1235/2008.

4.   El Estado miembro que reciba una notificación relativa a productos no conformes en virtud de los apartados 1 o 3, o el Estado miembro que haya concedido la autorización contemplada en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1235/2008 en relación con un producto respecto del que se haya detectado una irregularidad o una infracción, llevará a cabo una investigación sobre el origen de las irregularidades o de las infracciones. Adoptará inmediatamente las medidas apropiadas.

Ese Estado miembro informará al que le haya enviado la notificación, a los otros Estados miembros y a la Comisión del resultado de la investigación y de las medidas adoptadas, respondiendo a la notificación de origen a través del sistema contemplado en el artículo 94, apartado 1. La respuesta se enviará en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de la notificación de origen.

5.   En caso necesario, el Estado miembro que haya enviado la notificación de origen podrá solicitar información adicional al Estado miembro que haya respondido. En todo caso, después de haber recibido una respuesta o información adicional de un Estado miembro a quien se haya enviado una notificación, el Estado miembro que la haya enviado efectuará las entradas y actualizaciones necesarias en el sistema contemplado en el artículo 94, apartado 1.

Artículo 92 ter

Publicación de información

Los Estados miembros pondrán a disposición del público, de forma adecuada, incluida la publicación en Internet, las listas actualizadas contempladas en el artículo 28, apartado 5, del Reglamento (CE) no 834/2007 con los documentos justificativos actualizados correspondientes a cada operador, tal como se establece en el artículo 29, apartado 1, de dicho Reglamento, y utilizando el modelo que figura en el anexo XII del presente Reglamento. Los Estados miembros observarán escrupulosamente los requisitos en materia de protección de datos personales establecidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

6)

En el título IV, se añade el capítulo 9 siguiente:

«CAPÍTULO 9

Supervisión por las autoridades competentes

Artículo 92 quater

Actividades de supervisión relativas a los organismos de control

1.   Las actividades de supervisión de las autoridades competentes que hayan delegado tareas de control a organismos de control de conformidad con el artículo 27, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) no 834/2007 se centrarán en la evaluación del funcionamiento operativo de estos organismos de control, teniendo en cuenta los resultados de los trabajos del organismo nacional de acreditación contemplado en el artículo 2, apartado 11, del Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

Estas actividades de supervisión incluirán una evaluación de los procedimientos internos de los organismos de control en lo que respecta a los controles, la gestión y el examen de los expedientes de control a la luz de las obligaciones establecidas por el Reglamento (CE) no 834/2007, así como la comprobación de la tramitación de los casos de incumplimiento y la tramitación de los recursos y las reclamaciones.

2.   Las autoridades competentes exigirán a los organismos de control que documenten sus procedimientos de análisis de riesgos.

El procedimiento de análisis de riesgos se concebirá de manera que:

3.   Las autoridades competentes que hayan delegado tareas de control a organismos de control comprobarán que el personal de los organismos de control tenga los conocimientos suficientes, en particular en lo que respecta a los elementos de riesgo que afectan al carácter ecológico de los productos, las cualificaciones, la formación y la experiencia en materia de producción ecológica en general y de las normas pertinentes de la Unión en particular, y que se sigan normas apropiadas de rotación de los inspectores.

4.   Las autoridades competentes dispondrán de procedimientos documentados para la delegación de tareas a organismos de control de conformidad con el artículo 27, apartado 5, del Reglamento (CE) no 834/2007 y para la supervisión de conformidad con el presente artículo, que especifiquen la información que deberán presentar los organismos de control.

Artículo 92 quinquies

Catálogo de medidas aplicables en caso de irregularidades o de infracciones

Las autoridades competentes adoptarán y transmitirán a los organismos de control en los que se hayan delegado tareas de control un catálogo que incluya al menos las infracciones y las irregularidades que afecten al carácter ecológico de los productos y las medidas correspondientes que los organismos de control deberán aplicar en caso de infracciones o irregularidades cometidas por los operadores sujetos a su control que sean activos en la producción ecológica.

Las autoridades competentes podrán incluir en el catálogo cualquier otra información pertinente por propia iniciativa.

Artículo 92 sexies

Inspección anual de los organismos de control

Las autoridades competentes organizarán una inspección anual de los organismos de control en los que hayan delegado tareas de control de conformidad con el artículo 27, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) no 834/2007. A los fines de la inspección anual, la autoridad competente tendrá en cuenta los resultados de los trabajos del organismo nacional de acreditación contemplado en el artículo 2, apartado 11, del Reglamento (CE) no 765/2008. En la inspección anual, la autoridad competente comprobará, en particular:

Artículo 92 septies

Datos relativos a la producción ecológica en el plan de control nacional plurianual y en el informe anual

Los Estados miembros velarán por que sus planes nacionales de control plurianuales contemplados en el artículo 41 del Reglamento (CE) no 882/2004 incluyan la supervisión de los controles realizados en materia de producción ecológica de conformidad con el presente Reglamento e integren, en el informe anual contemplado en el artículo 44 del Reglamento (CE) 882/2004, los datos específicos relativos a dicha supervisión, en lo sucesivo denominados “datos ecológicos”. Los datos ecológicos abarcarán las cuestiones relacionadas en el anexo XIII ter del presente Reglamento.

Los datos ecológicos se basarán en la información relativa a los controles realizados por las autoridades o los organismos de control y en las auditorías realizadas por la autoridad competente.

Los datos se presentarán de conformidad con los modelos facilitados en el anexo XIII quater del presente Reglamento a partir de 2015 para el año 2014.

Los Estados miembros podrán incluir los datos ecológicos como capítulo dedicado a esta cuestión en sus planes de control nacionales y en sus informes anuales.

7)

Se añaden los anexos XIII ter y XIII quater, cuyo texto figura en el anexo del presente Reglamento.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/15

(1)

Según el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009, las superficies dedicadas a la producción de cáñamo solo son subvencionables si las variedades utilizadas tienen un contenido de tetrahidrocannabinol no superior al 0,2 %. De conformidad con el artículo 124, apartado 3, del Reglamento (CE) no 73/2009, el artículo 39 de dicho Reglamento también es aplicable a las superficies acogidas al régimen de pago único por superficie en los nuevos Estados miembros.

(2)

El artículo 10 del Reglamento (CE) no 1120/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el título III del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (2), dispone que el pago de los derechos correspondientes a las superficies plantadas de cáñamo está subordinado a la utilización de semillas de alguna de las variedades enumeradas en el «Catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas», con la excepción de las variedades Finola y Tiborszallasi, que en la actualidad son subvencionables en Finlandia y Hungría, respectivamente.

(3)

Sobre la base de las notificaciones de algunos Estados miembros y habida cuenta de que ya existe un procedimiento en los Estados miembros para excluir una variedad determinada, el régimen puede simplificarse a nivel de la Unión mediante la supresión de la disposición que limita a un determinado Estado miembro la subvencionabilidad de las superficies cultivadas con las variedades Finola y Tiborszallasi.

(4)

El artículo 40 del Reglamento (CE) no 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola (3), especifica el procedimiento que debe seguirse cuando la muestra de una variedad dada supera el contenido de tetrahidrocanabinol establecido en el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009.

(5)

Teniendo en cuenta que los Estados miembros disponen de toda la información para solicitar a la Comisión la autorización para prohibir la comercialización de una variedad de cáñamo con un contenido de tetrahidrocanabinol superior al establecido en el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (CE) no 73/2009 y para excluir dicha variedad del régimen de los pagos directos, el régimen puede simplificarse mediante la supresión de la obligación de notificar las conclusiones de los informes sobre el contenido de tetrahidrocannabinol de las muestras de la variedad de que se trate.

(6)

Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) no 1120/2009 y (CE) no 1122/2009 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de pagos directos.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/17

(1)

El límite máximo de residuos (LMR) de sustancias farmacológicamente activas que se utilizan en la Unión en medicamentos veterinarios para animales destinados a la producción de alimentos o en biocidas empleados en la cría de animales debe establecerse de conformidad con el Reglamento (CE) no 470/2009.

(2)

Las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los LMR en los productos alimenticios de origen animal figuran en el anexo del Reglamento (UE) no 37/2010 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal (2).

(3)

El monepantel está incluido actualmente en el cuadro I del anexo del Reglamento (UE) no 37/2010 como sustancia autorizada para el músculo, la grasa, el hígado y los riñones de los animales de las especies ovina y caprina, con excepción de los que producen leche para el consumo humano.

(4)

Se ha presentado a la Agencia Europea de Medicamentos una solicitud para ampliar la entrada actual correspondiente al monepantel a la leche de ovinos.

(5)

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 470/2009, la Agencia Europea de Medicamentos debe considerar la posibilidad de utilizar, en otro producto alimenticio derivado de la misma especie, los LMR establecidos para una sustancia farmacológicamente activa en un producto alimenticio específico, o los LMR establecidos para una sustancia farmacológicamente activa en una o más especies para otras especies. El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario ha recomendado el establecimiento de un LMR para el monepantel aplicable a la leche de ovinos, y la extrapolación de este LMR a la leche de caprinos.

(6)

La entrada correspondiente al monepantel en el cuadro 1 del anexo del Reglamento (UE) no 37/2010 debe modificarse a fin de incluir el LMR aplicable a la leche de las especies ovina y caprina.

(7)

Procede fijar un plazo de tiempo razonable que permita a las partes interesadas afectadas adoptar las medidas necesarias para cumplir el nuevo LMR.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Medicamentos Veterinarios.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/19

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/21

(1)

El artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que los Estados miembros y la Unión se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea.

(2)

La «Estrategia Europa 2020» propuesta por la Comisión permite a la Unión dirigir su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, acompañado de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. El 13 de julio de 2010 el Consejo adoptó su Recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (3). Además, el 21 de octubre de 2010 el Consejo adoptó su Decisión 2010/707/UE, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (4) (orientaciones para el empleo). Dicho conjunto de directrices y orientaciones forma las orientaciones integradas para aplicar la Estrategia Europa 2020. Cinco metas principales, expuestas bajo las orientaciones integradas correspondientes, constituyen los objetivos compartidos que orientan la actuación de los Estados miembros y tienen en cuenta sus relativas situaciones de partida y circunstancias nacionales, así como las posiciones y las circunstancias de la Unión. La Estrategia Europea de Empleo tiene un papel primordial en la aplicación de los objetivos de empleo y mercado laboral de la Estrategia Europa 2020.

(3)

Las orientaciones integradas van en la línea de las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan sus programas nacionales de reforma y la puesta en marcha de las reformas. Las orientaciones para el empleo deben constituir la base de cualquier recomendación específica que pueda presentar el Consejo a un Estado miembro en virtud del artículo 148, apartado 4, del TFUE, al igual que las recomendaciones específicas que se dirijan a Estados miembros concretos en virtud del artículo 121, apartado 2, del TFUE. Las orientaciones para el empleo deben constituir también la base para elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión al Consejo Europeo.

(4)

El examen de los proyectos de programas nacionales de reforma de los Estados miembros, contenidos en el Informe Conjunto sobre el Empleo adoptado por el Consejo el 28 de febrero de 2013, pone de manifiesto que los Estados miembros deben seguir haciendo todo lo posible para atender a las siguientes prioridades: aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural, conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente, mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

(5)

Las orientaciones para el empleo de 2010 deben mantenerse estables hasta 2014 para poder concentrar los esfuerzos en su aplicación. Hasta finales de 2014, cualquier actualización de las orientaciones para el empleo debe seguir estando estrictamente limitada. En 2011 y 2012 se mantuvieron las orientaciones para el empleo. Deben mantenerse para 2013.

(6)

Los Estados miembros deben sopesar el uso del Fondo Social Europeo cuando lleven a la práctica las orientaciones para el empleo.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/23

(1)

En virtud del artículo 30 del Reglamento (CE) no 1290/2005, la Comisión, a partir de las cuentas anuales presentadas por los Estados miembros, acompañadas de la información requerida para la liquidación de cuentas y un certificado relativo a la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas y los informes redactados por los organismos de certificación, liquida las cuentas de los organismos pagadores a los que se hace referencia en el artículo 6 de dicho Reglamento.

(2)

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del Feader (2), el ejercicio financiero de las cuentas del FEAGA comienza el 16 de octubre del año N-1 y finaliza el 15 de octubre del año N. En el marco de la liquidación de cuentas, con el fin de alinear el período de referencia del gasto del Feader con el del FEAGA, los gastos imputados al ejercicio financiero 2012 deben ser los efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre de 2011 y el 15 de octubre de 2012.

(3)

El artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (3), dispone que los importes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento, deban recuperarse de cada Estado miembro o abonarse a estos, han de fijarse deduciendo los pagos intermedios correspondientes al ejercicio financiero de que se trate de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al apartado 1. La Comisión debe deducir ese importe del pago intermedio siguiente o añadírselo.

(4)

La Comisión ha examinado la información remitida por los Estados miembros y comunicado a estos, antes del 31 de marzo de 2013, los resultados de sus comprobaciones junto con las modificaciones necesarias.

(5)

Las cuentas anuales de algunos organismos pagadores y los documentos que las acompañan permiten a la Comisión adoptar una decisión sobre la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas remitidas. En el anexo I figuran los importes liquidados por Estado miembro y los importes que deben reintegrar los Estados miembros o que deben abonárseles.

(6)

Los datos transmitidos por otros organismos pagadores requieren investigaciones adicionales y, por consiguiente, sus cuentas no pueden ser liquidadas en la presente Decisión. En el anexo II figura la lista de esos organismos pagadores.

(7)

La Comisión, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1290/2005, puede reducir o suspender temporalmente los pagos intermedios a los Estados miembros y debe informar de ello al Estado miembro. Con el fin de evitar un reembolso prematuro o temporal de los importes en cuestión, estos no deben ser reconocidos en la presente Decisión sino que deben examinarse de forma más pormenorizada en virtud del procedimiento de liquidación, según lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005.

(8)

De conformidad con el artículo 33, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las repercusiones financieras de la no recuperación por irregularidades se sufragan en un 50 % con cargo al Estado miembro cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúa antes del cierre de un programa de desarrollo rural en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, o bien en el momento del cierre del programa si dichos plazos expiran antes de tal cierre. Con arreglo al artículo 33, apartado 4, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. En el Reglamento (CE) no 885/2006 se recogen las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura el cuadro que debían presentar los Estados miembros en 2013. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir las consecuencias financieras de la falta de recuperación por irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigüedad, respectivamente. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 33, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005.

(9)

De conformidad con el artículo 33, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación tras el cierre de un programa de desarrollo rural. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión haya sido tomada en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la UE el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo indicado en el artículo 33, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1290/2005 figuran los importes que los Estados miembros decidieron no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros considerados y, por lo tanto, deben correr a cargo del presupuesto de la UE. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 33, apartado 5, de dicho Reglamento.

(10)

De conformidad con el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005, la presente Decisión se adopta sin perjuicio de otras decisiones que la Comisión pueda tomar posteriormente para excluir de la financiación de la Unión Europea gastos que no se hayan efectuado con arreglo a sus normas.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/30

(1)

En virtud del artículo 30 del Reglamento (CE) no 1290/2005, la Comisión, a partir de las cuentas anuales presentadas por los Estados miembros, acompañadas de la información requerida para la liquidación de cuentas y un certificado relativo a la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas y los informes redactados por los organismos de certificación, liquida las cuentas de los organismos pagadores a los que se hace referencia en el artículo 6 de dicho Reglamento.

(2)

De conformidad con el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 883/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del Feader (2), los gastos imputados al ejercicio financiero 2012 deben ser los efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre de 2011 y el 15 de octubre de 2012.

(3)

El artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (3), dispone que los importes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento, deban recuperarse de cada Estado miembro o abonarse a estos, han de fijarse deduciendo los pagos mensuales correspondientes al ejercicio financiero en cuestión, en este caso, 2012, de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al apartado 1. La Comisión deducirá ese importe del pago mensual correspondiente al gasto realizado en el segundo mes siguiente a la decisión de liquidación de cuentas, o lo añadirá al citado pago mensual.

(4)

La Comisión ha verificado la información remitida por los Estados miembros y ha comunicado a estos, antes del 31 de marzo de 2013, los resultados de sus comprobaciones junto con las modificaciones necesarias.

(5)

Las cuentas anuales de algunos organismos pagadores y los documentos que las acompañan permiten a la Comisión adoptar una decisión sobre la integridad, la exactitud y la veracidad de las cuentas remitidas. En el anexo I figuran los importes liquidados por Estado miembro y los importes que deben reintegrar los Estados miembros o que deben abonárseles.

(6)

Los datos transmitidos por otros organismos pagadores requieren investigaciones adicionales y, por consiguiente, sus cuentas no pueden ser liquidadas en la presente Decisión. En el anexo II figura la lista de esos organismos pagadores.

(7)

En virtud del artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 883/2006, los rebasamientos de plazos registrados en los meses de agosto, septiembre y octubre se contabilizan en la decisión de liquidación de cuentas. Una parte de los gastos declarados por algunos Estados miembros en esos meses de 2012 se efectuó después de los plazos aplicables. Es necesario, por lo tanto, que la presente Decisión determine las reducciones correspondientes.

(8)

En aplicación del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1290/2005 y del artículo 9 del Reglamento (CE) no 883/2006, la Comisión ya ha reducido o suspendido una serie de pagos mensuales en la contabilización de gastos del ejercicio financiero 2012. Con el fin de evitar un reembolso prematuro o temporal de los importes en cuestión, estos no deben ser reconocidos en la presente Decisión sino que deben examinarse de forma más pormenorizada en virtud del procedimiento de liquidación de conformidad, según lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005.

(9)

Con arreglo al artículo 32, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1290/2005, las consecuencias financieras derivadas de la falta de recuperación por irregularidades se sufragan en un 50 % con cargo al Estado miembro cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúa en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad. En el Reglamento (CE) no 885/2006 se recogen las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento se recoge el cuadro que han de presentar los Estados miembros en 2013. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir las consecuencias financieras de la falta de recuperación por irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigüedad, respectivamente. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1290/2005.

(10)

De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1290/2005, los Estados miembros pueden decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los costes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión haya sido tomada en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la Comunidad el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo mencionado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros y, por tanto, están a cargo del presupuesto de la Comunidad. Esta decisión se adopta sin perjuicio de las posibles decisiones de conformidad que se adopten en el futuro con arreglo al artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.

(11)

De conformidad con el artículo 30, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005, la presente Decisión se adopta sin perjuicio de otras decisiones que la Comisión pueda tomar posteriormente para excluir de la financiación de la Unión Europea gastos que no se hayan efectuado con arreglo a sus normas.

30.4.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 118/37

(1)

El ámbito de aplicación de la Decisión BCE/2003/4, de 20 de marzo de 2003, sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, canje y retirada de los billetes de banco denominados en euros (1), debe ampliarse para abarcar las futuras series de billetes en euros. Con este fin, la Decisión BCE/2003/4 precisa ciertas modificaciones técnicas. Además, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación e interpretación de la Decisión BCE/2003/4, es necesario clarificar y mejorar algunas de sus normas y procedimientos. Por tanto, es preciso refundir la Decisión BCE/2003/4 para incorporar esas modificaciones y en interés de la claridad y transparencia.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 16 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo (BCE) tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros en la Unión, mientras que el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (en lo sucesivo, «los BCN») pueden emitir estos billetes. Conforme al artículo 10 del Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (2), el BCE y los BCN ponen en circulación los billetes en euros.

(3)

El Instituto Monetario Europeo (IME) llevó a cabo los trabajos preparatorios de la producción y emisión de los billetes en euros, y, en particular por lo que se refiere a sus diseños, facilitó el reconocimiento y la aceptación de las nuevas denominaciones y especificaciones de los billetes en euros por los usuarios, al tener en cuenta los requerimientos concretos de carácter visual y técnico de asociaciones europeas de usuarios de billetes.

(4)

Como sucesor del IME, el BCE es el titular de los derechos de autor de los diseños de los billetes en euros que originariamente correspondían al IME. El BCE, y los BCN en nombre del BCE, pueden hacer valer sus derechos de autor frente a las reproducciones que se emitan o distribuyan contraviniéndolos, como las reproducciones que pueden menoscabar el prestigio de los billetes en euros.

(5)

El BCE y los BCN pueden introducir nuevas series de billetes en euros con elementos de seguridad mejorados que incorporen los avances en tecnología de billetes logrados desde la introducción de la primera serie.

(6)

El derecho del BCE y de los BCN de emitir billetes en euros comprende la facultad de tomar las medidas legales necesarias para proteger la integridad de los billetes en euros como medio de pago. El BCE debe tomar medidas para proporcionar un grado de protección mínimo en todos los Estados miembros cuya moneda es el euro, a fin de garantizar que el público pueda distinguir entre las reproducciones y los billetes en euros que hayan emitido el BCE y los BCN y que no sean falsos en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (3) (en lo sucesivo, «los billetes en euros auténticos»). Por ello es necesario establecer normas comunes con arreglo a las cuales se permita la reproducción de los billetes en euros.

(7)

La presente Decisión no debe afectar a la aplicación de las leyes penales, en particular por lo que respecta a las falsificaciones.

(8)

Solo deben considerarse lícitas las reproducciones electrónicas de billetes en euros cuyo autor haya tomado las medidas técnicas adecuadas para impedir que el público pueda confundir las copias impresas de esas reproducciones con billetes en euros auténticos.

(9)

La facultad de tomar medidas para proteger la integridad de los billetes en euros auténticos como medio de pago comprende la facultad de establecer un régimen común en virtud del cual los BCN estén dispuestos a canjear los billetes en euros auténticos deteriorados. En dicho régimen común se designan determinadas categorías de billetes en euros que los BCN deben retener cuando les sean presentados para su canje.

(10)

La parte del billete en euros original que deba presentarse para que se autorice el canje está sujeta a requisitos de tamaño mínimos. Estos requisitos de tamaño deben expresarse en forma de porcentaje de la superficie del billete en euros original antes de su deterioro, a fin de evitar que se desvirtúen las medidas, por ejemplo en el caso de billetes deteriorados por encogimiento.

(11)

El Reglamento (CE) no 1338/2001 impone a las entidades de crédito y, en el ámbito de su actividad de pago, a otros proveedores de servicios de pago y a cualesquiera otras entidades que participen en la manipulación y entrega al público de billetes y monedas, la obligación de garantizar que verifican la autenticidad de los billetes y monedas recibidos y detectan las falsificaciones.

(12)

Puesto que en la comisión o tentativa de comisión de un delito pueden deteriorarse billetes en euros auténticos por el uso de dispositivos antirrobo, debe asegurarse en esos casos que solo la víctima del delito o tentativa de delito pueda canjear los billetes.

(13)

A fin de fomentar la correcta utilización de los dispositivos antirrobo por todas las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001, conviene que los BCN cobren a esas entidades y agentes una tasa que les compense por el análisis que efectúen con motivo del canje de billetes en euros auténticos deteriorados por el uso de dispositivos antirrobo.

(14)

Esa tasa no debe cobrarse cuando el deterioro sea consecuencia de un robo o hurto frustrado o consumado, y, para evitar el cobro de sumas insignificantes, solo debe cobrarse cuando se canjee un número mínimo de billetes en euros auténticos deteriorados.

(15)

Los billetes en euros auténticos deteriorados en grandes cantidades a consecuencia de la utilización de dispositivos antirrobo, deben presentarse para su canje, si lo exigen los BCN, en lotes de un número mínimo de billetes.

(16)

Para apoyar los esfuerzos por mejorar la seguridad del ciclo del efectivo y para evitar que se penalice el uso de dispositivos antirrobo, conviene hacer un abono en cuenta a las entidades de crédito y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001 que presenten para su canje billetes en euros auténticos deteriorados accidentalmente por dispositivos antirrobo, en la fecha de recepción de los billetes, de manera análoga a los depósitos de efectivo.

(17)

A fin de apoyar a la Unión Europea en la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, conviene que el Eurosistema especifique la manera de tratar las solicitudes de canje de billetes en euros auténticos deteriorados por un valor mínimo de 7 500 EUR. Estas normas se aplican sin perjuicio de otras más rigurosas de identificación e información que adopten los Estados miembros al incorporar al derecho interno la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (4).

(18)

El derecho exclusivo del BCE de autorizar la emisión de billetes en euros en la Unión comprende la facultad de retirarlos y de establecer un régimen común en virtud del cual el BCE y los BCN los retiren.

a)

el símbolo de la Unión Europea;

b)

el nombre de la moneda en los alfabetos latino y griego y, además, en el caso de la segunda serie de billetes en euros, el nombre de la moneda en el alfabeto cirílico;

c)

las iniciales del BCE en las variantes lingüísticas oficiales de la Unión Europea; en el caso de la primera serie de billetes en euros, las iniciales del BCE se limitarán a las cinco variantes lingüísticas oficiales siguientes: BCE, ECB, EZB, EKT y EKP; en el caso de la segunda serie de billetes en euros, las iniciales del BCE se limitarán a las nueve variantes lingüísticas oficiales siguientes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE y EBC;

d)

el símbolo ©, que indica que el BCE es el titular de los derechos de autor, y

e)

la firma del presidente del BCE.

a)

el tamaño de la imagen;

b)

el material o la técnica empleados para producirla;

c)

si elementos del diseño del billete, como pueden ser sus letras o símbolos, se han alterado o añadido.

a)

las reproducciones impresas por una sola cara de un billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1, siempre que su longitud y anchura sean iguales o superiores al 125 %, o iguales o inferiores al 75 %, de la longitud y anchura del billete en euros respectivo conforme a las especificaciones del artículo 1;

b)

las reproducciones impresas por ambas caras de un billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1, siempre que su longitud y anchura sean iguales o superiores al 200 %, o iguales o inferiores al 50 %, de la longitud y anchura del billete en euros respectivo conforme a las especificaciones del artículo 1;

c)

las reproducciones de elementos individuales del diseño de un billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1, siempre que esos elementos no se representen sobre un fondo que se asemeje a un billete;

d)

las reproducciones por una sola cara de parte del anverso o del reverso de un billete en euros, siempre que esa parte sea menos de una tercera parte del anverso o reverso originales del billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1;

e)

las reproducciones hechas de un material claramente distinto del papel, cuyo aspecto sea notoriamente distinto del aspecto del material del que están hechos los billetes;

f)

las reproducciones intangibles disponibles electrónicamente en internet, por medios cableados o inalámbricos o por otros medios que permitan al público acceder a ellas desde el lugar y en el momento individualmente escogidos, siempre que:

—

la longitud de la palabra SPECIMEN será como mínimo igual al 75 % de la longitud de la reproducción,

—

la anchura de la palabra SPECIMEN será como mínimo igual al 15 % de la anchura de la reproducción,

—

la palabra SPECIMEN será de un color opaco que contraste con el color dominante del respectivo billete en euros de conformidad con las especificaciones del artículo 1.

a)

cuando se presente más del 50 % del billete;

b)

cuando se presente el 50 % del billete o menos, si el solicitante demuestra que el resto se ha destruido.

a)

en caso de duda acerca del derecho del solicitante respecto de los billetes, este presentará una identificación y una prueba de que es el propietario de los billetes o un solicitante autorizado por otra causa;

b)

en caso de duda acerca de la autenticidad de los billetes, el solicitante presentará una identificación;

c)

cuando se presenten billetes manchados de tinta, contaminados o impregnados, el solicitante presentará justificación escrita del tipo de mancha, contaminación o impregnación;

d)

cuando se presenten billetes deteriorados por dispositivos antirrobo, el solicitante presentará una declaración escrita sobre la causa de la neutralización;

e)

cuando los billetes hayan resultado deteriorados por dispositivos antirrobo a consecuencia de un robo, hurto u otro delito frustrado o consumado, los billetes solo se canjearán a solicitud del propietario o del solicitante autorizado por otra causa que hayan sido víctimas del delito frustrado o consumado a consecuencia del cual se hayan deteriorado los billetes;

f)

cuando los billetes hayan resultado deteriorados por dispositivos antirrobo y los presenten las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001, dichas entidades y agentes presentarán una declaración escrita sobre la causa de la neutralización, la referencia y características del dispositivo antirrobo, los detalles sobre la parte que presente los billetes deteriorados, y la fecha de su presentación;

g)

cuando hayan resultado deteriorados en grandes cantidades a consecuencia de la activación de dispositivos antirrobo, los billetes se presentarán, en la medida de lo posible y si lo requieren los BCN, en lotes de 100 billetes, siempre que la cantidad de billetes presentados sea suficiente para formar dichos lotes;

h)

cuando las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001 presenten para su canje, en una o varias operaciones, billetes deteriorados por un valor mínimo de 7 500 EUR, dichas entidades y agentes presentarán documentación sobre el origen de los billetes y la identificación del cliente o, en su caso, del titular real conforme a la definición de la Directiva 2005/60/CE. Esta obligación será también de aplicación en caso de duda sobre si se ha alcanzado el umbral de los 7 500 EUR. Las normas de este apartado se aplicarán sin perjuicio de normas de identificación e información más rigurosas que adopten los Estados miembros al incorporar al derecho interno la Directiva 2005/60/CE.

a)

cuando los BCN tengan constancia o indicios suficientes de que el deterioro de los billetes en euros auténticos se ha causado intencionadamente, denegarán su canje y los retendrán a fin de evitar que vuelvan a circular o que el solicitante del canje los presente en otros BCN. No obstante, canjearán esos billetes cuando tengan constancia o indicios suficientes de que el solicitante del canje actúa de buena fe o cuando el solicitante pueda probar que actúa de buena fe. En principio, no se considerarán intencionadamente deteriorados los billetes que lo estén en menor medida, por ejemplo, por presentar anotaciones, números o frases cortas;

b)

cuando los BCN tengan constancia o indicios suficientes de que se ha cometido un delito, denegarán el canje de los billetes en euros auténticos deteriorados y los retendrán, a cambio de un justificante, como prueba que entregarán a las autoridades competentes para iniciar una investigación criminal o apoyar las que estén en curso. Salvo mejor decisión de las autoridades competentes, concluida la investigación, los billetes serán canjeables con las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2;

c)

cuando los BCN tengan constancia o indicios suficientes de que los billetes en euros auténticos deteriorados presentan una contaminación que significa un riesgo para la seguridad e higiene, los canjearán si el solicitante presenta una evaluación de seguridad e higiene expedida por las autoridades competentes.

a)

los billetes no hayan resultado deteriorados a consecuencia de un robo, hurto u otro delito consumado;

b)

el BCN pueda verificar de inmediato que la cantidad solicitada corresponde al menos aproximadamente al valor de los billetes presentados;

c)

se facilite cualquier otra información que requiera el BCN.

—

el tipo o serie de los billetes en euros que se retiran de la circulación,

—

la duración del período de canje,

—

la fecha en que el tipo o serie de los billetes en euros dejarán de tener curso legal,

—

el tratamiento de los billetes en euros presentados una vez que haya concluido el período de retirada o hayan perdido su curso legal.