1.   A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

a)   «Acuerdo»: el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra;

b)   «Reglamento»: el Reglamento (CE) no 883/2004;

c)   «Reglamento de aplicación»: el Reglamento (CE) no 987/2009;

d)   «Estado miembro»: un Estado miembro de la Unión Europea;

e)   «trabajador»:

f)   «miembro de la familia»:

g)   «legislación»:

h)   «prestaciones»:

i)   «prestaciones exportables»:

2.   Otros términos utilizados en la presente Decisión se entenderán con arreglo a la definición contenida:

1.   Los trabajadores de nacionalidad albanesa que estén empleados legalmente en un Estado miembro y los miembros de su familia que residan legalmente con ellos disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de los Estados miembros en los que dichos trabajadores estén empleados.

2.   Los trabajadores que sean nacionales de un Estado miembro y estén empleados legalmente en Albania y los miembros de sus familias que residan legalmente con ellos, disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de Albania.

1.   Las prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), a las que tengan derecho las personas a que se refiere el artículo 2, letras a) y c), no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida:

2.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra b), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso i), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador nacional del Estado miembro de que se trate cuando estos miembros de la familia residan en el territorio de Albania.

3.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra d), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso ii), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador de nacionalidad albanesa cuando dichos miembros de la familia residan en el territorio de un Estado miembro.

1.   Los Estados miembros y Albania se comunicarán mutuamente toda información relacionada con aquellas modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan afectar a la aplicación de la presente Decisión.

2.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Albania se prestarán mutuamente sus buenos oficios y actuarán como si se tratase de aplicar sus propias legislaciones. La asistencia administrativa facilitada por dichas autoridades e instituciones será, por regla general, gratuita. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros y de Albania podrán concertar el reembolso de determinados gastos.

3.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Albania podrán comunicarse directamente entre ellas y con las personas interesadas o sus representantes.

4.   Las instituciones y las personas a las que se aplica la presente Decisión estarán sujetas a una obligación mutua de información y cooperación para garantizar la buena aplicación de la presente Decisión.

5.   Las personas a las que se aplica la presente Decisión informarán cuanto antes a las instituciones del Estado miembro competente o de Albania, cuando sea el Estado competente, y del Estado miembro de residencia o de Albania, cuando sea el Estado de residencia, de cualquier cambio en su situación personal o familiar que tenga incidencia en sus derechos a las prestaciones en el marco de la presente Decisión.

6.   El incumplimiento de la obligación de informar prevista en el apartado 5 podrá ser objeto de medidas proporcionadas con arreglo a la normativa nacional. No obstante, dichas medidas serán equivalentes a las aplicables en situaciones similares de orden jurídico interno y no deberán, en la práctica, hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la presente Decisión concede a los solicitantes de prestaciones.

7.   Los Estados miembros y Albania podrán establecer disposiciones nacionales que determinen unas condiciones para la verificación del derecho a prestaciones, con el fin de tener en cuenta el hecho de que los beneficiarios se encuentran o residen fuera del territorio del Estado en el que está situada la institución deudora. Tales disposiciones serán proporcionadas, no presentarán ningún tipo de discriminación por razón de la nacionalidad y se ajustarán a los principios de la presente Decisión. Dichas disposiciones se notificarán al Consejo de Estabilización y Asociación.

1.   El presente artículo se aplicará a aquellas personas mencionadas en el artículo 2 que perciban prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), así como a las instituciones encargadas de la aplicación de la presente Decisión.

2.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones o un miembro de su familia se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en Albania, o se halle o resida en Albania cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el reconocimiento médico será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación que esta institución aplique.

La institución deudora informará a la institución del lugar de estancia o de residencia de todo requisito especial que deba cumplirse, en su caso, y de los puntos que deberá cubrir el reconocimiento médico.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que haya solicitado el reconocimiento médico.

La institución deudora se reservará el derecho de hacer que el beneficiario sea examinado por el médico que ella elija, bien en el territorio en el que se halle o resida el perceptor o solicitante de la prestación, bien en el país en que se encuentra la institución deudora. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

3.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones o un miembro de su familia se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en Albania, o se halle o resida en Albania cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el control administrativo será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que solicitó el control administrativo.

La institución deudora se reservará el derecho de encargar a un profesional de su elección el examen de la situación del beneficiario. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

4.   Uno o más Estados miembros y Albania podrán convenir otras disposiciones administrativas, previa comunicación al Consejo de Estabilización y Asociación.

5.   Como excepción al principio de asistencia administrativa recíproca y gratuita que figura en el artículo 5, apartado 2, de la presente Decisión, la institución deudora que solicitó que se efectuasen los reconocimientos mencionados en los apartados 2 y 3 del presente artículo reembolsará los gastos de los mismos a la institución a la que se solicitó su realización.

1.   La presente Decisión no originará ningún derecho para un período anterior a la fecha de su entrada en vigor.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se originará un derecho en virtud de la presente Decisión, aunque se refiera a una eventualidad anterior a la fecha de su entrada en vigor.

3.   Toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada será, a petición de esta, liquidada o restablecida a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, siempre y cuando los derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar al pago de una cantidad fija única.

4.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, los derechos originados en virtud de la presente Decisión surtirán efectos a partir de la fecha precitada, sin que pueda aplicarse a los interesados la legislación de los Estados miembros ni de Albania sobre caducidad o limitación de derechos.

5.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada después de haberse agotado el plazo al que se refiere el apartado 4, aquellos derechos que no estén afectados por la caducidad o por la prescripción surtirán efectos a partir de la fecha de su petición, salvo que resulte más beneficioso lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros o de Albania.

1.   Los anexos de la presente Decisión forman parte integrante de la misma.

2.   A petición de Albania o de la Unión Europea, los anexos podrán modificarse mediante decisión del Consejo de Estabilización y Asociación.

1.   A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

2.   Otros términos utilizados en la presente Decisión se entenderán con arreglo a la definición contenida:

1.   Los trabajadores de nacionalidad montenegrina que estén empleados legalmente en un Estado miembro y los miembros de su familia que residan legalmente con ellos disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de los Estados miembros en los que dichos trabajadores estén empleados.

2.   Los trabajadores que sean nacionales de un Estado miembro y estén empleados legalmente en Montenegro y los miembros de su familia que residan legalmente con ellos, disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de Montenegro.

1.   Las prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), a las que tengan derecho las personas a que se refiere el artículo 2, letras a) y c), no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida:

2.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra b), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso i), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador nacional del Estado miembro de que se trate cuando estos miembros de la familia residan en el territorio de Montenegro.

3.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra d), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso ii), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador de nacionalidad montenegrina cuando dichos miembros de la familia residan en el territorio de un Estado miembro.

1.   Los Estados miembros y Montenegro se comunicarán mutuamente toda información relacionada con aquellas modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan afectar a la aplicación de la presente Decisión.

2.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Montenegro se prestarán mutuamente sus buenos oficios y actuarán como si se tratase de aplicar sus propias legislaciones. La asistencia administrativa facilitada por dichas autoridades e instituciones será, por regla general, gratuita. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros y de Montenegro podrán concertar el reembolso de determinados gastos.

3.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Montenegro podrán comunicarse directamente entre ellas y con las personas interesadas o sus representantes.

4.   Las instituciones y las personas a las que se aplica la presente Decisión estarán sujetas a una obligación mutua de información y cooperación para garantizar la buena aplicación de la presente Decisión.

5.   Las personas a las que se aplica la presente Decisión informarán cuanto antes a las instituciones del Estado miembro competente o de Montenegro, cuando sea el Estado competente, y del Estado miembro de residencia o de Montenegro, cuando sea el Estado de residencia, de cualquier cambio en su situación personal o familiar que tenga incidencia en sus derechos a las prestaciones en el marco de la presente Decisión.

6.   El incumplimiento de la obligación de informar prevista en el apartado 5 podrá ser objeto de medidas proporcionadas con arreglo a la normativa nacional. No obstante, dichas medidas serán equivalentes a las aplicables en situaciones similares de orden jurídico interno y no deberán, en la práctica, hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la presente Decisión concede a los solicitantes de prestaciones.

7.   Los Estados miembros y Montenegro podrán establecer disposiciones nacionales que determinen unas condiciones para la verificación del derecho a prestaciones, con el fin de tener en cuenta el hecho de que los beneficiarios se encuentran o residen fuera del territorio del Estado en el que está situada la institución deudora. Tales disposiciones serán proporcionadas, no presentarán ningún tipo de discriminación por razón de la nacionalidad y se ajustarán a los principios de la presente Decisión. Dichas disposiciones se notificarán al Consejo de Estabilización y Asociación.

1.   El presente artículo se aplicará a aquellas personas mencionadas en el artículo 2 que perciban prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), así como a las instituciones encargadas de la aplicación de la presente Decisión.

2.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones o un miembro de su familia se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en Montenegro, o se halle o resida en Montenegro cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el reconocimiento médico será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación que esta institución aplique.

La institución deudora informará a la institución del lugar de estancia o de residencia de todo requisito especial que deba cumplirse, en su caso, y de los puntos que deberá cubrir el reconocimiento médico.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que haya solicitado el reconocimiento médico.

La institución deudora se reservará el derecho de hacer que el beneficiario sea examinado por el médico que ella elija, bien en el territorio en el que se halle o resida el perceptor o solicitante de la prestación, bien en el país en que se encuentra la institución deudora. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

3.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones o un miembro de su familia se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en Montenegro, o se halle o resida en Montenegro cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el control administrativo será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que solicitó el control administrativo.

La institución deudora se reservará el derecho de encargar a un profesional de su elección el examen de la situación del beneficiario. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

4.   Uno o más Estados miembros y Montenegro podrán convenir otras disposiciones administrativas, previa comunicación al Consejo de Estabilización y Asociación.

5.   Como excepción al principio de asistencia administrativa recíproca y gratuita que figura en el artículo 5, apartado 2, de la presente Decisión, la institución deudora que solicitó que se efectuasen los reconocimientos mencionados en los apartados 2 y 3 del presente artículo reembolsará los gastos de los mismos a la institución a la que se solicitó su realización.

1.   La presente Decisión no originará ningún derecho para un período anterior a la fecha de su entrada en vigor.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se originará un derecho en virtud de la presente Decisión, aunque se refiera a una eventualidad anterior a la fecha de su entrada en vigor.

3.   Toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada será, a petición de esta, liquidada o restablecida a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, siempre y cuando los derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar al pago de una cantidad fija única.

4.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, los derechos originados en virtud de la presente Decisión surtirán efectos a partir de la fecha precitada, sin que pueda aplicarse a los interesados la legislación de los Estados miembros ni de Montenegro sobre caducidad o limitación de derechos.

5.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada después de haberse agotado el plazo al que se refiere el apartado 4, aquellos derechos que no estén afectados por la caducidad o por la prescripción surtirán efectos a partir de la fecha de su petición, salvo que resulte más beneficioso lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros o de Montenegro.

1.   Los anexos de la presente Decisión forman parte integrante de la misma.

2.   A petición de Montenegro o de la Unión Europea, los anexos podrán modificarse mediante decisión del Consejo de Estabilización y Asociación.

1.   A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

a)   «Acuerdo»: el Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra;

b)   «Reglamento»: el Reglamento (CE) no 883/2004, aplicable en los Estados miembros de la Unión Europea;

c)   «Reglamento de aplicación»: el Reglamento (CE) no 987/2009;

d)   «Estado miembro»: un Estado miembro de la Unión Europea;

e)   «trabajador»:

f)   «miembro de la familia»:

g)   «legislación»:

h)   «prestaciones»:

i)   «prestaciones exportables»:

2.   Otros términos utilizados en la presente Decisión se entenderán con arreglo a la definición contenida:

1.   Los trabajadores nacionales de San Marino que estén empleados legalmente en un Estado miembro y los miembros de su familia que residan legalmente con ellos disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de los Estados miembros en los que dichos trabajadores estén empleados.

2.   Los trabajadores que sean nacionales de un Estado miembro y estén empleados legalmente en San Marino y los miembros de sus familia que residan legalmente con ellos, disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de San Marino.

1.   Las prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), a las que tengan derecho las personas a que se refiere el artículo 2, letras a) y c), no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida:

2.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra b), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso i), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador nacional del Estado miembro de que se trate cuando estos miembros de la familia residan en el territorio de San Marino.

3.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra d), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso ii), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador nacional de San Marino cuando dichos miembros de la familia residan en el territorio de un Estado miembro.

1.   Los Estados miembros y San Marino se comunicarán mutuamente toda información relacionada con aquellas modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan afectar a la aplicación de la presente Decisión.

2.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de San Marino se prestarán mutuamente sus buenos oficios, y actuarán como si se tratase de aplicar sus propias legislaciones. La asistencia administrativa facilitada por dichas autoridades e instituciones será, por regla general, gratuita. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros y de San Marino podrán concertar el reembolso de determinados gastos.

3.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de San Marino podrán comunicarse directamente entre ellas y con las personas interesadas o sus representantes.

4.   Las instituciones y las personas a las que se aplica la presente Decisión estarán sujetas a una obligación mutua de información y cooperación para garantizar la buena aplicación de la presente Decisión.

5.   Las personas a las que se aplica la presente Decisión informarán cuanto antes a las instituciones del Estado miembro competente o de San Marino, cuando sea el Estado competente, y del Estado miembro de residencia o de San Marino, cuando sea el Estado de residencia, de cualquier cambio en su situación personal o familiar que tenga incidencia en sus derechos a las prestaciones en el marco de la presente Decisión.

6.   El incumplimiento de la obligación de informar prevista en el apartado 5 podrá ser objeto de medidas proporcionadas con arreglo a la normativa nacional. No obstante, dichas medidas serán equivalentes a las aplicables en situaciones similares de orden jurídico interno y no deberán, en la práctica, hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la presente Decisión concede a los solicitantes de prestaciones.

7.   Los Estados miembros y San Marino podrán establecer disposiciones nacionales que determinen unas condiciones para la verificación del derecho a prestaciones, con el fin de tener en cuenta el hecho de que los beneficiarios se encuentran o residen fuera del territorio del Estado en el que está situada la institución deudora. Tales disposiciones serán proporcionadas, no presentarán ningún tipo de discriminación por razón de la nacionalidad y se ajustarán a los principios de la presente Decisión. Dichas disposiciones se notificarán al Comité de cooperación.

1.   El presente artículo se aplicará a aquellas personas mencionadas en el artículo 2 que perciban prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), así como a las instituciones encargadas de la aplicación de la presente Decisión.

2.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones, o un miembro de su familia, se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en San Marino, o se halle o resida en San Marino cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el reconocimiento médico será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación que esta institución aplique.

La institución deudora informará a la institución del lugar de estancia o de residencia de todo requisito especial que deba cumplirse, en su caso, y de los puntos que deberá cubrir el reconocimiento médico.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que haya solicitado el reconocimiento médico.

La institución deudora se reservará el derecho de hacer que el beneficiario sea examinado por el médico que ella elija, bien en el territorio en el que se halle o resida el perceptor o solicitante de la prestación, bien en el país en que se encuentra la institución deudora. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

3.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones o un miembro de su familia se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en San Marino, o se halle o resida en San Marino cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el control administrativo será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que solicitó el control administrativo.

La institución deudora se reservará el derecho de encargar a un profesional de su elección el examen de la situación del beneficiario. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

4.   Uno o más Estados miembros y San Marino podrán convenir otras disposiciones administrativas, previa comunicación al Comité de cooperación.

5.   Como excepción al principio de asistencia administrativa recíproca y gratuita que figura en el artículo 5, apartado 2, de la presente Decisión, la institución deudora que solicitó que se efectuasen los reconocimientos mencionados en los apartados 2 y 3 del presente artículo reembolsará los gastos de los mismos a la institución a la que se solicitó su realización.

1.   La presente Decisión no originará ningún derecho para un período anterior a la fecha de su entrada en vigor.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se originará un derecho en virtud de la presente Decisión, aunque se refiera a una eventualidad anterior a la fecha de su entrada en vigor.

3.   Toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada será, a petición de esta, liquidada o restablecida a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, siempre y cuando los derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar al pago de una cantidad fija única.

4.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, los derechos originados en virtud de la presente Decisión surtirán efectos a partir de la fecha precitada, sin que pueda aplicarse a los interesados la legislación de los Estados miembros ni de San Marino sobre caducidad o limitación de derechos.

5.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada después de haberse agotado el plazo al que se refiere el apartado 4, aquellos derechos que no estén afectados por la caducidad o por la prescripción surtirán efectos a partir de la fecha de su petición, salvo que resulte más beneficioso lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros o de San Marino.

1.   Los anexos de la presente Decisión forman parte integrante de la misma.

2.   A petición de San Marino o de la Unión Europea, los anexos podrán modificarse mediante decisión del Comité de cooperación.

1.   A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

a)   «Acuerdo»: el Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía;

b)   «Reglamento»: el Reglamento (CE) no 883/2004, aplicable en los Estados miembros de la Unión Europea;

c)   «Reglamento de aplicación»: el Reglamento (CE) no 987/2009;

d)   «Estado miembro»: un Estado miembro de la Unión Europea;

e)   «trabajador»:

f)   «miembro de la familia»:

g)   «legislación»:

h)   «prestaciones»:

i)   «prestaciones exportables»:

2.   Otros términos utilizados en la presente Decisión se entenderán con arreglo a la definición contenida:

1.   Los trabajadores turcos que estén empleados legalmente en un Estado miembro y los miembros de su familia que residan legalmente con ellos disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de los Estados miembros en los que dichos trabajadores estén empleados.

2.   Los trabajadores que sean nacionales de un Estado miembro y estén empleados legalmente en Turquía y los miembros de su familia que residan legalmente con ellos, disfrutarán, en relación con las prestaciones definidas en el artículo 1, apartado 1, letra h), de un trato sin discriminación alguna por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de Turquía.

1.   Las prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), a las que tengan derecho las personas a que se refiere el artículo 2, letras a) y c), no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida:

2.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra b), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso i), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador nacional del Estado miembro de que se trate cuando estos miembros de la familia residan en el territorio de Turquía.

3.   Los miembros de la familia de un trabajador con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, letra d), tendrán derecho a percibir las prestaciones exportables definidas en el artículo 1, apartado 1, letra i), inciso ii), del mismo modo que los miembros de la familia de un trabajador de nacionalidad turca cuando dichos miembros de la familia residan en el territorio de un Estado miembro.

1.   Los Estados miembros y Turquía se comunicarán mutuamente toda información relacionada con aquellas modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan afectar a la aplicación de la presente Decisión.

2.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Turquía se prestarán mutuamente sus buenos oficios y actuarán como si se tratase de aplicar sus propias legislaciones. La asistencia administrativa facilitada por dichas autoridades e instituciones será, por regla general, gratuita. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros y de Turquía podrán concertar el reembolso de determinados gastos.

3.   A efectos de la presente Decisión, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Turquía podrán comunicarse directamente entre ellas y con las personas interesadas o sus representantes.

4.   Las instituciones y las personas a las que se aplica la presente Decisión estarán sujetas a una obligación mutua de información y cooperación para garantizar la buena aplicación de la presente Decisión.

5.   Las personas a las que se aplica la presente Decisión informarán cuanto antes a las instituciones del Estado miembro competente o de Turquía, cuando sea el Estado competente, y del Estado miembro de residencia o de Turquía, cuando sea el Estado de residencia, de cualquier cambio en su situación personal o familiar que tenga incidencia en sus derechos a las prestaciones en el marco de la presente Decisión.

6.   El incumplimiento de la obligación de informar prevista en el apartado 5 podrá ser objeto de medidas proporcionadas con arreglo a la normativa nacional. No obstante, dichas medidas serán equivalentes a las aplicables en situaciones similares de orden jurídico interno y no deberán, en la práctica, hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la presente Decisión concede a los solicitantes de prestaciones.

7.   Los Estados miembros y Turquía podrán establecer disposiciones nacionales que determinen unas condiciones para la verificación del derecho a prestaciones con el fin de tener en cuenta el hecho de que los beneficiarios se encuentran o residen fuera del territorio del Estado en el que está situada la institución deudora. Tales disposiciones serán proporcionadas, no presentarán ningún tipo de discriminación por razón de la nacionalidad y se ajustarán a los principios de la presente Decisión. Dichas disposiciones se notificarán al Consejo de Asociación.

1.   El presente artículo se aplicará a aquellas personas mencionadas en el artículo 2 que perciban prestaciones exportables con arreglo a la definición del artículo 1, apartado 1, letra i), así como a las instituciones encargadas de la aplicación de la presente Decisión.

2.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones o un miembro de su familia se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en Turquía, o se halle o resida en Turquía cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el reconocimiento médico será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación que esta institución aplique.

La institución deudora informará a la institución del lugar de estancia o de residencia de todo requisito especial que deba cumplirse, en su caso, y de los puntos que deberá cubrir el reconocimiento médico.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que haya solicitado el reconocimiento médico.

La institución deudora se reservará el derecho de hacer que el beneficiario sea examinado por el médico que ella elija, bien en el territorio en el que se halle o resida el perceptor o solicitante de la prestación, bien en el país en que se encuentra la institución deudora. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

3.   En el caso de que un perceptor o solicitante de prestaciones o un miembro de su familia se halle o resida en el territorio de un Estado miembro cuando la institución deudora se encuentra en Turquía, o se halle o resida en Turquía cuando la institución deudora se encuentra en un Estado miembro, el control administrativo será efectuado, a petición de la institución deudora, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario.

La institución del lugar de estancia o de residencia remitirá un informe a la institución deudora que solicitó el control administrativo.

La institución deudora se reservará el derecho de encargar a un profesional de su elección el examen de la situación del beneficiario. No obstante, únicamente se podrá pedir al beneficiario que se desplace al Estado de la institución deudora a condición de que pueda efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

4.   Uno o más Estados miembros y Turquía podrán convenir otras disposiciones administrativas, previa comunicación al Consejo de Asociación.

5.   Como excepción al principio de asistencia administrativa recíproca y gratuita que figura en el artículo 5, apartado 2, de la presente Decisión, la institución deudora que solicitó que se efectuasen los reconocimientos mencionados en los apartados 2 y 3 del presente artículo reembolsará los gastos de los mismos a la institución a la que se solicitó su realización.

1.   La presente Decisión no originará ningún derecho para un período anterior a la fecha de su entrada en vigor.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, se originará un derecho en virtud de la presente Decisión, aunque se refiera a una eventualidad anterior a la fecha de su entrada en vigor.

3.   Toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada será, a petición de esta, liquidada o restablecida a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, siempre y cuando los derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar al pago de una cantidad fija única.

4.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión, los derechos originados en virtud de la presente Decisión surtirán efectos a partir de esa fecha, sin que pueda aplicarse a los interesados la legislación de los Estados miembros ni de Turquía sobre caducidad o limitación de derechos.

5.   Cuando la petición a que se refiere el apartado 3 sea presentada después de haberse agotado el plazo al que se refiere el apartado 4, aquellos derechos que no estén afectados por la caducidad o por la prescripción surtirán efectos a partir de la fecha de su petición, salvo que resulte más beneficioso lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros o de Turquía.

6.   Los derechos de una persona a la que un Estado miembro suministre una pensión o una prestación especial en metálico no contributiva antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión a causa del efecto directo del artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 3/80 del Consejo de Asociación no se verán limitados ni afectados por la caducidad como consecuencia de la presente Decisión.