19.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 289/1

(1)

En 1994, United Parcel Service (en lo sucesivo, denominada «UPS») presentó una denuncia en la que la empresa alegaba que se habían concedido ayudas ilegales a Deutsche Bundespost POSTDIENST (en lo sucesivo, denominada «POSTDIENST»).

(2)

A raíz de la incoación del procedimiento el 23 de octubre de 1999 (en lo sucesivo «la Decisión de incoación de 1999»), Alemania transmitió sus observaciones el 16 de septiembre de 1999. Tras la publicación de la Decisión de incoación de 1999, la Comisión recibió observaciones de 14 interesados, que se transmitieron por carta de 15 de diciembre de 1999 al Gobierno Federal, dándole la posibilidad de formular sus observaciones al respecto. Alemania respondió por carta de 1 de febrero de 2000, registrada en la Comisión el 2 de febrero de 2000.

(3)

El 19 de junio de 2002, la Comisión adoptó una decisión negativa (3) (en lo sucesivo «la Decisión negativa de 2002»), que estableció que POSTDIENST y su sucesora Deutsche Post AG (en lo sucesivo, denominada «DPAG»; POSTDIENST y DPAG en lo sucesivo se las denominará conjuntamente «Deutsche Post») facturaban sus servicios de paquetería puerta a puerta a precios inferiores a los costes marginales y que esa política agresiva de precios no formaba parte del mandato de servicio público de Deutsche Post. Las pérdidas resultantes de 572 millones EUR fueron financiadas, en definitiva, infringiendo el artículo 106 y el artículo 107 del TFUE, mediante fondos estatales concedidos a Deutsche Post en diversas formas (por ejemplo, transferencias estatales de la sociedad afiliada de Deutsche Bundespost TELEKOM (en lo sucesivo «TELEKOM»), garantías públicas de préstamos y apoyo estatal para la financiación de las pensiones de los funcionarios de correos (en lo sucesivo «subvención a las pensiones»).

(4)

Como reclamó la Comisión, Alemania exigió a DPAG la devolución de la ayuda estatal de 572 millones EUR, incompatible con el mercado interior. Deutsche Post interpuso un recurso de casación contra la Decisión ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.

(5)

El Tribunal de la Unión Europea (en lo sucesivo «el Tribunal») en su sentencia de 2008 (4), anuló la Decisión negativa de 2002 porque la Comisión no procedió a un análisis exhaustivo de todos los ingresos y costes del servicio universal para determinar si Deutsche Post había recibido una compensación insuficiente o excesiva.

(6)

En consecuencia, Alemania devolvió a Deutsche Post la ayuda estatal de 572 millones EUR recuperada y los intereses devengados.

(7)

El 2 de septiembre de 2010, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por la Comisión contra la sentencia del Tribunal (5).

(8)

El 13 de mayo de 2004, UPS presentó otra denuncia alegando que se había concedido ayuda ilegal a Deutsche Post después de la Decisión negativa de 2002. UPS sostenía que en la Decisión negativa de 2002 no se habían examinado todas las medidas enumeradas en la denuncia inicial de 1994 y que las ventajas financieras concedidas a Deutsche Post que no eran compatibles con las normas sobre ayudas estatales superaban claramente los 572 millones EUR. Deutsche Post utilizó fondos estatales para ampliar su negocio de paquetería (por ejemplo, mediante la adquisición de otras empresas) y para vender servicios a precios de transferencia — que se consideran desproporcionadamente bajos — a sus filiales Postbank AG y Deutsche Post Euro Express GmbH & Co OHG (en lo sucesivo «DPEED»), que operan, respectivamente, en el sector de los servicios bancarios y en el de la distribución de paquetes empresariales con la marca DHL.

(9)

La Comisión solicitó información a Alemania el 9 de noviembre de 2004 y el 1 de abril de 2005. Las autoridades alemanas respondieron el 2 de diciembre de 2004 y el 3 de junio de 2005.

(10)

El 16 de julio de 2004, TNT Post AG & Co KG (en lo sucesivo «TNT») presentó una denuncia en la que también ella alegaba que Deutsche Post había vendido sus servicios a Postbank AG a precios de transferencia desproporcionadamente bajos. TNT sostenía que Postbank AG solo había pagado por los servicios prestados los costes variables, mientras que Deutsche Post había financiado en su totalidad los costes fijos comunes de la red de distribución con los ingresos de su monopolio en los envíos de correspondencia.

(11)

La Comisión solicitó información a Alemania el 11 de noviembre de 2004 y el 25 de abril de 2005. Las autoridades alemanas respondieron el 17 de diciembre de 2004 y el 23 de junio de 2005.

(12)

Tras recibir otras denuncias, la Comisión informó a Alemania por carta de 12 de septiembre de 2007 (6) (en lo sucesivo, «la Decisión de ampliación de 2007») sobre la ampliación del procedimiento incoado en 1999. Con la Decisión de ampliación de 2007 se perseguía el objetivo de incorporar al procedimiento todos los nuevos datos presentados y examinar detalladamente todos los posibles falseamientos de la competencia ocasionados por las medidas estatales a favor de Deutsche Post (para más información sobre las transferencias públicas, las garantías públicas, la subvención a las pensiones y el derecho exclusivo para la prestación de servicios de correspondencia, véase la sección I.1.14).

(13)

En opinión de la Comisión, debía reconstruirse exactamente la contabilidad de Deutsche Post desde 1990 hasta 2007 para aclarar los efectos de las medidas estatales en los ingresos y costes de los distintos servicios prestados por Deutsche Post.

(14)

Alemania presentó sus observaciones el 14 de diciembre de 2007 y Deutsche Post interpuso un recurso de casación contra la Decisión de ampliación de 2007 (véase también la sección I.3.1).

(15)

El 16 de noviembre de 2007, UPS y TNT presentaron sus observaciones.

(16)

Tras solicitar una prórroga del plazo el 20 de diciembre de 2007, el Gobierno Federal presentó sus observaciones sobre las observaciones de TNT y UPS el 12 de marzo de 2008.

(17)

El 23 de enero de 2008, la Comisión publicó una convocatoria para un informe que facilitara a la Comisión determinar si Deutsche Post podría haber recibido una compensación excesiva por su obligación de servicio universal (7) desde 1990 hasta 2007.

(18)

El 18 de junio de 2008, la Comisión concluyó un contrato con WIK Consult GmbH, empresa especializada en la contabilidad del sector postal.

(19)

Por cartas de 10 y 18 de junio de 2008, Alemania se pronunció en contra de la duración del período investigado (1990-2007) prevista por la Comisión y manifestó su opinión de que era suficiente limitar la investigación a los años 1990 a 1994, cuando se concedieron las transferencias; en ese período las pérdidas fueron mayores que las transferencias públicas, por lo que Deutsche Post no recibió una compensación excesiva. Según el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (8) (en lo sucesivo «el Marco comunitario de 2005»), presentar datos contables para el período posterior a 1994 sería desproporcionado ya que el período para el cálculo de las compensaciones excesivas se limita a cuatro años.

(20)

El 27 de junio de 2008, Alemania presentó un dictamen pericial sobre la obligación de la Comisión de examinar por separado las transferencias públicas, las garantías públicas y la subvención a las pensiones (9). Además, Alemania alegó que no era necesario examinar los datos contables para evaluar las garantías públicas y la subvención a las pensiones.

(21)

Alemania mantuvo la misma posición en las reuniones con los servicios de la Comisión de 29 de mayo y de 15 de julio de 2008.

(22)

El 17 de julio de 2008, la Comisión envió a Alemania una solicitud de información referente a todas las medidas estatales sometidas a examen y un cuestionario sobre los ingresos y costes de Deutsche Post desde 1990 hasta 2007. La solicitud de información se elaboró en colaboración con WIK Consult. El 5 de agosto de 2008, Alemania solicitó una prórroga indefinida del plazo puesto que primero debía establecerse la disponibilidad de ciertos datos.

(23)

El 12 de agosto de 2008, la Comisión explicó por qué debía efectuarse el examen de los ingresos y costes de Deutsche Post desde 1990 a 2007 e insistió en que se presentara la información solicitada.

(24)

En su comunicación de 14 de agosto de 2008, Alemania alegó una vez más que no había motivos para examinar los ingresos y costes de Deutsche Post posteriores a 1994. El 22 de agosto de 2008, la Comisión se reservó el derecho de enviar un requerimiento de información, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (10), en el caso de que Alemania no presentara la información solicitada.

(25)

En su comunicación de 29 de septiembre de 2008, Alemania presentó los resultados de otro dictamen pericial (que transmitió el 2 de octubre de 2008) para respaldar su posición de que no era necesario un análisis de la contabilidad posterior a 1994 y de que el período de investigación pertinente era desde 1990 a 1994 (11).

(26)

El 28 de octubre de 2008, Alemania transmitió información sobre las garantías estatales y la subvención a las pensiones.

(27)

La Comisión no aceptó los argumentos de Alemania e insistió en que era necesario un análisis hasta 2007 para apreciar en su totalidad los efectos sobre la competencia de las medidas estatales concedidas. Tras dos recordatorios de 12 y de 22 de agosto de 2008, el 30 de octubre de 2008 la Comisión envió un requerimiento de información instando formalmente a Alemania a que presentara todos los datos contables necesarios de la totalidad del período 1990-2007.

(28)

Alemania y Deutsche Post impugnaron la validez del requerimiento de información (véase la sección I.3.2).

(29)

El 27 de noviembre de 2008, Alemania comunicó los datos contables solicitados del período desde 1990 hasta 1994 y posteriormente una versión actualizada de dichos datos los días 5 y 16 de diciembre de 2008.

(30)

Tras una reunión celebrada el 6 de febrero de 2009 entre el Secretario de Estado alemán, Sr. Pfaffenbach, el Presidente del Consejo de Administración de DPAG, Sr. Appel, y el miembro de la Comisión responsable de la política de competencia, Alemania y Deutsche Post aceptaron presentar datos contables del período posterior a 1994.

(31)

El 3 de marzo de 2009, Alemania presentó un primer paquete de datos contables para el período de investigación total desde 1990 a 2007.

(32)

El 3 de marzo de 2009 en Bruselas y el 12 de marzo, 2 de abril, 28 de mayo, 23 de junio y 18 de septiembre de 2009 en Bonn, se celebraron reuniones entre Deutsche Post y los servicios de la Comisión. Alemania transmitió las correspondientes aclaraciones de Deutsche Post el 26 de marzo, 7 de mayo y 22 de junio de 2009.

(33)

Tras estas reuniones y una serie de preguntas que los servicios de la Comisión enviaron a Deutsche Post el 4 de junio y el 30 de julio de 2009, Alemania presentó datos contables actualizados y algunas aclaraciones más el 9 y 31 de julio, 17 de agosto, 8 y 10 de septiembre y 15 de octubre de 2009.

(34)

El 16 y el 24 de septiembre de 2009, los servicios de la Comisión formularon otras preguntas, a las que Alemania respondió el 14 de octubre de 2009.

(35)

Debido a retrasos en la presentación de los datos contables, el contrato con WIK Consult hubo de prorrogarse varias veces. El 9 de noviembre de 2009, WIK Consult presentó finalmente su informe (en lo sucesivo, «el informe WIK»).

(36)

El 14 y el 21 de enero de 2010, Alemania transmitió sus observaciones sobre el informe WIK. El 11 de febrero de 2010, Alemania presentó un informe elaborado por KPMG (en lo sucesivo, «el informe KPMG») sobre la naturaleza jurídica de las retrocesiones (12) que, hasta 1995, estaba obligada a pagar al Estado alemán Deutsche Post y un informe elaborado por Deloitte (13) (en lo sucesivo, «el informe Deloitte I») sobre el beneficio «razonable» de referencia utilizado en el informe WIK.

(37)

El 23 de abril de 2010, Alemania presentó otro informe Deloitte (en lo sucesivo, «el informe Deloitte II») sobre el nivel del beneficio razonable que debe utilizarse para los servicios universales de Deutsche Post.

(38)

El 9 de agosto de 2010, Alemania transmitió diversas observaciones sobre el cálculo de la compensación excesiva y la aplicación del principio del inversor en una economía de mercado a la evaluación de las transferencias públicas.

(39)

El 5 de noviembre de 2010, Alemania envió otro dictamen pericial que analizaba la importancia de la sentencia en el asunto C-399/08 Comisión/Deutsche Post (véase la sección I.3.5) para el procedimiento en curso (14).

(40)

Por carta de 10 de mayo de 2011, la Comisión comunicó a Alemania su Decisión de ampliar el procedimiento incoado en 1999 y ampliado en 2007, de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE, para efectuar una investigación pormenorizada de la subvención a las pensiones que recibió Deutsche Post desde 1995 (en lo sucesivo, «Decisión de ampliación de 2011»).

(41)

Tras una solicitud inicial de prórroga del plazo de 23 de mayo de 2011, el 29 de julio de 2011 Alemania presentó sus observaciones, así como nuevos documentos sobre la necesidad de un cálculo de la compensación excesiva para demostrar las presuntas subvenciones cruzadas (15), otro sobre una comparación de los costes sociales efectivamente soportados por Deutsche Post con los costes sociales habituales en el mercado (16) y un tercero sobre el importe de los costes sociales excesivos soportados por Deutsche Post en relación con el nivel habitual en el mercado (17).

(42)

UPS presentó sus observaciones el 4 de octubre de 2011. Free and Fair Postal Postal Initiative (en lo sucesivo, «FFPI») presentó sus observaciones el 5 de octubre de 2011 y Bundesverband Internationaler Express und Kurierdienste (en lo sucesivo, «BIEK») lo hizo el 7 de octubre de 2011. El 13 de octubre de 2011, la Comisión transmitió a Alemania las observaciones de los interesados.

(43)

El 14 de noviembre de 2011, Alemania formuló sus observaciones sobre las observaciones de los interesados.

(44)

El 18 de noviembre de 2011, la Comisión envió otra solicitud de información acerca de los detalles de la financiación de los derechos a pensión con posterioridad a 2007. Alemania respondió por cartas de 2 y 19 de enero de 2012. El 16 de diciembre de 2011, la Comisión transmitió a Alemania un informe de Charles River Associates sobre el beneficio de referencia (18) (en lo sucesivo, el «informe CRA»), y sobre el que Alemania formuló sus observaciones el 16 de enero de 2012.

(45)

Basándose en la denuncia de UPS de 1994, la Comisión consideró que Deutsche Post había infringido el artículo 102 del TFUE con su política de imposición de precios en el segmento de paquetería business-to-consumer en el período 1990-1995. A Deutsche Post se le impuso una multa de 24 millones EUR (19).

(46)

El 22 de abril de 2004, UPS interpuso otra denuncia contra Deutsche Post por abuso de posición dominante sobre la base del artículo 102 del TFUE. Según UPS, Deutsche Post había facturado sus servicios regulados de correspondencia a precios excesivos.

(47)

En el curso de su investigación, el 5 de noviembre de 2004 la Comisión recibió documentos relativos a la decisión de la autoridad reguladora alemana (en lo sucesivo, «el regulador postal») sobre el límite superior de precios para los servicios regulados de correspondencia de Deutsche Post a partir del 1 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «Decisión de limitación de precios de 2002»). Por carta de 13 de junio de 2007, Alemania manifestó su acuerdo con la utilización de estos documentos en el procedimiento de ayuda estatal.

(48)

El 25 de marzo de 2008, la Comisión decidió archivar el procedimiento de infracción a las normas de competencia al considerar improbable que se pudiera probar una infracción de ese tipo contra el artículo 102 del TFUE (20).

(49)

Deutsche Post impugnó la Decisión de ampliación de 2007 alegando que la Decisión negativa de 2002 creó expectativas legítimas de que la Comisión no iba a retomar sus investigaciones.

(50)

El 8 de diciembre de 2011, el Tribunal declaró la inadmisibilidad del recurso (21).

(51)

Alemania y Deutsche Post impugnaron la validez del requerimiento de información de la Comisión de 30 de octubre de 2008 al considerar que dicho requerimiento solicitaba información irrelevante y representaba un esfuerzo desproporcionado para Deutsche Post.

(52)

El 16 de julio de 2010, el Tribunal declaró la inadmisibilidad de ambos recursos puesto que el requerimiento de información no había vulnerado los derechos procesales de Deutsche Post ni de Alemania.

(53)

El 27 de septiembre de 2010, Deutsche Post y Alemania interpusieron un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal y manifestaron que el requerimiento de información había lesionado sus derechos. El 13 de octubre de 2011, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General de 16 de julio de 2010 (22). Por consiguiente, el asunto se devolvió al Tribunal General y el procedimiento sigue pendiente.

(54)

El 20 de agosto de 2010, UPS interpuso un recurso ante el Tribunal General alegando que la Comisión había incurrido en una omisión culposa por lo que se refiere a la investigación de la ayuda estatal de 2007. Puesto que habían transcurrido casi tres años desde la Decisión de ampliación de 2007, UPS consideró que la Comisión había tenido ocasión suficiente de investigar las medidas en cuestión y de evaluar las circunstancias de hecho y de derecho para adoptar una decisión definitiva y archivar el procedimiento de investigación. El procedimiento todavía está pendiente.

(55)

El 22 de julio de 2011, Deutsche Post impugnó la Decisión de ampliación de 2011 alegando que la Comisión había cometido un error manifiesto al considerar la subvención a las pensiones en su evaluación preliminar como ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE y como nueva ayuda a tenor del artículo 108, apartado 1, del TFUE. El procedimiento todavía está pendiente.

(56)

Desde 1989, Deutsche Post ha recibido apoyo estatal mediante diversas medidas:

(57)

Desde 1995, la subvención a las pensiones cubre una gran parte del pago de las pensiones de los funcionarios jubilados de Deutsche Post. Para entender plenamente los efectos de la subvención a las pensiones en la evaluación, en los siguientes considerandos se describirán con más detalle las prestaciones sociales y las cotizaciones sociales de los funcionarios, comparándolas con los regímenes obligatorios de seguridad social de los empleados de Derecho privado (en lo sucesivo, «personal laboral»).

(58)

Los funcionarios tienen derecho a la pensión de vejez y a prestaciones en caso de enfermedad y necesidad de cuidados. Las prestaciones de los funcionarios de Deutsche Post son las mismas que las de todos los demás funcionarios:

(59)

Tras la primera reforma postal de 1989, de conformidad con el artículo 54, apartado 2, de la PostVerfG 1989, POSTDIENST, TELEKOM y POSTBANK tenían que financiar íntegramente los pagos de las pensiones y los costes de la atención sanitaria de los funcionarios jubilados, que fueron asignados a sus respectivas empresas en función de las actividades anteriores de cada funcionario. En virtud de dicha disposición, aunque ante quien reclaman sus derechos los funcionarios sigue siendo el Estado, este puede exigir la totalidad del importe de esos derechos a POSTDIENST, TELEKOM o a POSTBANK respectivamente.

(60)

En el marco de la segunda reforma postal de 1994, los funcionarios que habían trabajado para POSTDIENST fueron transferidos a DPAG, según el artículo 2, apartado 1, de la PostPersRG 1994. Según el artículo 2, apartado 3, de la PostPersRG 1994, los funcionarios mantuvieron su régimen jurídico. Según el artículo 1, apartado 1, de la PostPersRG 1994, DPAG asumió todos los derechos y obligaciones de los trabajadores del Estado Federal y según el artículo 2, apartado 3, de la PostPersRG 1994, todos los derechos pecuniarios de los funcionarios.

(61)

Según el artículo 15 de la PostPersRG 1994, el pago de las pensiones y de las prestaciones sanitarias a los funcionarios jubilados fue asumido por un fondo de pensiones que acababa de crearse para los funcionarios de Deutsche Post. El 1 de julio de 2001, los fondos de pensiones de Deutsche Post, Deutsche Telekom AG y Postbank AG se fusionaron en el Postbeamtenversorgungskasse (en lo sucesivo, para la totalidad del período a partir del 1 de enero de 1995, denominados conjuntamente «Fondo de Pensiones»).

(62)

Según el artículo 16, apartado 1, de la PostPersRG 1994, desde 1995 hasta 1999 Deutsche Post debía pagar una contribución anual al Fondo de Pensiones de 2 045 millones EUR, es decir, un total de 10 225 millones EUR. Desde 2000, en virtud del artículo 16, apartado 2, de la PostPersRG 1994, Deutsche Post debe pagar una contribución anual del 33 % de los sueldos pagados a los funcionarios (es decir, unas contribuciones que van de 735 millones EUR en 2000 hasta 540 millones EUR en 2010) al Fondo de Pensiones.

(63)

Según el artículo 16, apartado 2, de la PostPersRG 1994, la subvención a las pensiones cubre el déficit restante (es decir, la diferencia entre los pagos de las pensiones de los funcionarios jubilados y la contribución de Deutsche Post al Fondo de Pensiones). La subvención a las pensiones pasó de 151 millones EUR en 1995 a 3 203 millones EUR en 2010 y totalizó 37 121 millones EUR en el período 1995-2010.

Gráfico 1

Financiación del Fondo de Pensiones (en millones EUR)

(64)

El personal laboral está sujeto al régimen obligatorio general de seguridad social y debe suscribir los cuatro seguros siguientes: pensión, desempleo, enfermedad y cuidados especiales (28). Los regímenes de seguridad social obligatorios para el personal laboral ofrecen distinto nivel de cobertura en materia de pensión y de enfermedad que el régimen vigente para los funcionarios:

(65)

También en la financiación de las prestaciones sociales hay diferencias esenciales con el régimen aplicable a los funcionarios: los regímenes de seguridad social obligatorios del personal laboral se financian mediante las cotizaciones conjuntas del trabajador y del empresario a lo largo de la vida laboral del trabajador (en lo sucesivo, «cotizaciones obligatorias a la seguridad social»). El tipo de cotización total se reparte formalmente entre una cuota empresarial y una cuota del trabajador, cada una de las cuales constituye aproximadamente la mitad del importe total. No obstante, la empresa tiene la obligación formal de trasferir la contribución total a la seguridad social.

Gráfico 2

Tipos de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social en porcentaje del salario bruto del personal laboral (véase también el anexo)

(66)

El gráfico 2 muestra que los tipos de las contribuciones obligatorias a la seguridad social desde 1995 oscilan entre el 38 % y el 42 % del salario bruto (= salario neto + cuota del trabajador). La cuota empresarial y la cuota del trabajador a las cotizaciones a la seguridad social estaban comprendidas entre el 19 % y el 21 % del salario bruto (véase la serie cronológica detallada en el anexo).

(67)

El personal laboral de Deutsche Post se ha beneficiado no solo de los regímenes obligatorios de seguridad social, sino también de un seguro complementario de pensión. Al personal laboral contratado antes de 1997 se le ofreció un seguro complementario de pensión, gracias al cual recibiría una pensión comparable a la de los funcionarios. El seguro complementario de pensión cubría la diferencia entre el seguro obligatorio de pensión del personal laboral, que equivale a un porcentaje determinado del salario promedio de la vida laboral, y la pensión de los funcionarios, que corresponde a un porcentaje determinado del último sueldo. Las disposiciones detalladas se establecen en la Carta del Instituto de Pensiones de Correos alemanes (en lo sucesivo, «VAP») (29).

(68)

Hasta 1997, Deutsche Post financió el complemento de pensión para el personal laboral jubilado mediante una contribución de aproximadamente [5 % a 10 %] (30) del salario bruto del personal laboral en activo. A partir de 1997, Deutsche Post constituyó reservas para las obligaciones pendientes del VAP (véase también la descripción de la carga no 4 en la sección II.3.1.3).

(69)

A partir de 1997, al personal laboral de nueva contratación se le ofrecía un seguro complementario de pensión considerablemente reducido, al que Deutsche Post transfería una contribución desde 1997 a 2007 de [0 % y 5 %] del salario bruto.

(70)

Antes de 1998, la constitución y explotación de empresas dedicadas a la expedición remunerada de correspondencia estaban reservadas exclusivamente a Deutsche Post, con arreglo al artículo 2 de la PostG 1989. Otros servicios postales, como la expedición de paquetes, periódicos o revistas, no estaban reservados a Deutsche Post sino abiertos a la competencia. Según el artículo 37 de la PostVerfG 1989, los beneficios obtenidos de estos servicios de correspondencia reservados deben utilizarse para financiar las pérdidas de los servicios universales ofrecidos en mercados abiertos a la competencia. Según el artículo 4 de la PTRegG 1994 (31), la autorización de las tarifas de los servicios de correspondencia reservados era competencia del Ministro Federal de Correos y Telecomunicaciones.

(71)

Con la entrada en vigor de la PostG 1997 en 1998, el volumen de los servicios reservados de Deutsche Post se fue reduciendo paulatinamente. Según el artículo 51 de la PostG 1997, el derecho exclusivo de Deutsche Post en 1997 abarcaba la distribución de cartas y catálogos con una dirección postal y de un peso máximo de 200 gramos, pero posteriormente el límite de peso se fue reduciendo paulatinamente y en 2006 se fijó en 50 g. El derecho exclusivo terminó por suprimirse el 31 de diciembre de 2007.

(72)

La obligación de servicio universal se encomendó formalmente a Deutsche Post mediante dos actos jurídicos:

(73)

El artículo 11 de la PostG 1997 define los servicios universales como una oferta mínima de servicios postales prestados en todo el territorio a precios asequibles. Estos servicios comprenden la distribución de cartas, paquetes con una dirección postal cuyo peso unitario máximo no supere los 20 kg, así como libros, catálogos, periódicos y revistas (en lo sucesivo, «servicios universales»).

(74)

El Reglamento de servicio universal de 1999 fija los requisitos mínimos de calidad del servicio universal:

(75)

Mediante el artículo 52 de la PostG 1997 se prorrogó el mandato de la prestación de servicios universales a DPAG hasta el 31 de diciembre de 2007, es decir, hasta la expiración de su derecho exclusivo para los servicios de correspondencia. Desde la expiración del derecho exclusivo, en Alemania no hay ningún operador postal al que se haya encomendado la obligación de servicio universal, lo que significa que todos los operadores de servicios postales deben prestar servicios postales universales («fuerzas del mercado»). Si se demuestra o se supone que un servicio universal no se presta de manera suficiente o adecuada, la PostG 1997 ofrece los instrumentos jurídicos para garantizar la prestación de dicho servicio.

(76)

Como se desprende del informe WIK (véase el gráfico 3), aproximadamente el 88 % de los ingresos totales desde 1990 hasta 2007 correspondía a los servicios universales. La mayor parte de los servicios universales de correspondencia estaba sujeta a una regulación de precios debido a la posición dominante en el mercado de Deutsche Post (véase la sección II.2.1). Además de estos servicios regulados, que supusieron alrededor del 62 % de los ingresos totales, Deutsche Post prestó servicios universales de paquetería (aproximadamente el 15 % de los ingresos totales) y otros servicios universales de correspondencia no regulados (aproximadamente el 11 % de los ingresos totales), compitiendo con otros operadores.

(77)

Por otra parte, Deutsche Post también ofrecía servicios comerciales (por ejemplo, servicios de banca minorista para Postbank, servicios de distribución para Telekom o reparto de publicidad denominativa). En total, los servicios comerciales representaron aproximadamente el 12 % de los ingresos totales de Deutsche Post en el período 1990-2007.

(78)

Desde su fundación en 1950, Deutsche Bundespost era una empresa de patrimonio especial del Estado. Según el Derecho administrativo alemán, una empresa de patrimonio especial no tiene personalidad jurídica independiente del Estado pero cuenta con presupuesto propio y no es responsable de las deudas generales del Estado.

(79)

La primera reforma postal de 1989 preveía que la empresa de patrimonio especial tuviera tres divisiones: POSTDIENST, POSTBANK y TELEKOM, clasificadas como «empresas públicas» pero que no tenían personalidad jurídica independiente del Estado.

(80)

Según el artículo 37, apartados 2 y 3, de la PostVerfG 1989, como norma las tres empresas debían autofinanciar en su totalidad los costes de sus servicios pero estaba permitida la financiación cruzada entre las tres de las pérdidas resultantes de la obligación de servicio universal. Sobre esta base, entre 1990 y 1993 POSTDIENST recibió de TELEKOM un total de 2 844 millones EUR para cubrir sus pérdidas.

(81)

En el marco de la segunda reforma postal, el 1 de enero de 1995 las tres divisiones de la empresa de patrimonio especial se transformaron en sociedades anónimas: POSTDIENST se convirtió en DPAG, POSTBANK en Postbank AG y TELEKOM en Telekom AG. Según el artículo 2, apartado 2, de la PostUmwG 1994, Telekom AG asumió todas las obligaciones crediticias imputables a la empresa de patrimonio especial en su conjunto pero conservando el derecho de reclamación frente a DPAG y Postbank AG en la medida en que las obligaciones crediticias pudieran atribuirse a sus predecesoras legales.

(82)

Según el artículo 7 de la PostUmwG 1994, sin embargo, los derechos de reclamación (basados en el artículo 2, apartado 2, de la PostUmwG 1994) de Telekom AG frente a DPAG por valor de las pérdidas incurridas por POSTDIENST expiraron el 31 de diciembre de 1994, lo que dio lugar a una transferencia de activos por valor de 2 822 millones EUR de Telekom AG a DPAG. En opinión de Alemania, esta transferencia de Telekom AG, como las transferencias anteriores en virtud del artículo 37, apartado 3, de la PostVerfG 1989, era indispensable para que DPAG cumpliera su obligación de servicio universal.

(83)

De 1990 a 1995, POSTDIENST recibió en total 5 666 millones EUR como compensación por su obligación de servicio universal.

(84)

Desde 1953, según el artículo 22, apartado 4, de la PostVwG 1953 (34), los instrumentos de deuda de Deutsche Bundespost tenían el mismo valor legal que los instrumentos de deuda del Estado. La PostVerfG de 1989, que derogó la PostVwG de 1953, incorporó esta disposición en su artículo 40.

(85)

Tras la creación de las tres divisiones en 1989, POSTDIENST no emitió las obligaciones de deuda ella misma sino que POSTBANK administró las correspondientes transacciones para todas las empresas de Deutsche Bundespost. Los instrumentos de deuda se asignaron posteriormente a POSTDIENST, TELEKOM y POSTBANK en función de sus necesidades financieras.

(86)

Después de 1995, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, de la PostUmwG 1994, el Estado alemán siguió siendo responsable de todas las obligaciones de deuda contraídas antes de 1995 por Deutsche Bundespost y posteriormente asignadas a POSTDIENST, TELEKOM y POSTBANK. Sin embargo, Alemania no asumió la responsabilidad por los instrumentos de deuda que había emitido DPAG con posterioridad a esa fecha.

(87)

La PostG 1997 encargó también a la Bundesnetzagentur (en lo sucesivo, «el regulador postal») la supervisión de los mercados de correspondencia reservados y liberalizados. Según el artículo 19 de la PostG 1997, el regulador postal tiene competencias para regular las tarifas de Deutsche Post en los mercados de correspondencia en los que ocupa una posición dominante. Deutsche Post no solo ocupaba una posición dominante en el sector de los servicios reservados (según el artículo 51 PostG 1997), sino también prácticamente en todos los demás servicios de correspondencia que ya habían sido abiertos a la competencia. La regulación de precios puede consistir en la determinación de una limitación de precios ex ante o un control de precios ex post.

(88)

Según las investigaciones de mercado del regulador postal, Deutsche Post tenía una cuota de mercado media de entre el 90 % y el 97 % en los mercados de servicios regulados de correspondencia. En su último informe, el regulador postal lamenta que la apertura gradual del mercado introducida en 1997 no haya logrado la competencia efectiva en el mercado alemán de correspondencia (35).

(89)

Los servicios regulados de correspondencia representaban la mayor parte de los ingresos totales de Deutsche Post (aproximadamente el 62 % de sus ingresos totales desde 1990 hasta 2007 (véase el gráfico 3) y el 56 % de los ingresos totales desde 2008 hasta 2010).

(90)

En adelante, nos referiremos a todos los demás servicios universales y comerciales que no estén sujetos a la regulación de precios con arreglo a los artículos 19 a 27 PostG 1997 (36) como «servicios no regulados».

(91)

Para los servicios de correspondencia de precio regulado, el artículo 20, apartados 1 y 2, de la PostG 1997 dispone que las tarifas reflejen los costes de una prestación de servicios eficiente. No obstante, cuando esté objetivamente justificado, el regulador postal debe tener debidamente en cuenta, entre otras cosas:

(92)

El artículo 57 de la PostG 1997 y el Decreto del Ministerio Federal de Economía y Tecnología de 27 de marzo de 2000 mantuvieron los precios regulados en el nivel de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2002.

(93)

El regulador postal no tomó su primera Decisión sobre el límite superior de las tarifas reguladas de correspondencia para el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007 (en lo sucesivo, «Decisión de limitación de precios de 2002») hasta 2002. La denominada «regulación de limitación de precios» es un sistema de regulación de los precios de una serie de servicios agrupados según el cual no se controlan los precios de cada servicio sino que se fija un límite superior de la media ponderada de todos los precios de los servicios agrupados. De conformidad con el artículo 19 de la PostG 1997, la fijación de un límite de precios ex ante abarcaba todos los servicios postales en los que Deutsche Post tenía una posición dominante en el mercado.

(94)

A los fines de la Decisión de limitación de precios de 2002, Deutsche Post presentó al regulador postal por primera vez una contabilidad de ingresos y gastos regulatoria (en lo sucesivo, «CR 2002») que abarcaba el período 1998-2006. La CR se basaba en los resultados obtenidos hasta 2001 y en las previsiones para los ejercicios siguientes.

(95)

En 2002, Deutsche Post alegó las denominadas «cargas» por la obligación de servicio universal y por el empleo de los funcionarios y personal laboral transferidos de POSTDIENST. Se trata de los costes en los que, según Deutsche Post, no habría incurrido de no ser porque se hizo cargo de los trabajadores y las infraestructuras de POSTDIENST (véase la lista detallada en el cuadro 1).

Cuadro 1

Cargas aprobadas en la Decisión de limitación de precios de 2002 (en millones EUR, valores nominales)

(96)

El regulador postal aceptó finalmente los argumentos de Deutsche Post según los cuales la empresa no habría incurrido en estas cargas sin la obligación de servicio universal (carga no 3 y no 5, costes del servicio universal) y si no hubiera estado obligada a hacerse cargo de los funcionarios y del personal laboral de POSTDIENST (cargas no 1, 2, 4, 6, 7 y 8). Así pues, el regulador postal autorizó tarifas más elevadas para la correspondencia regulada para financiar las cargas anuales medias aducidas para el período 2002-2006 de […] mil millones EUR con los ingresos procedentes de los servicios regulados de correspondencia. Según la Decisión de limitación de precios de 2002, el 100 % de las cargas se asignaron a los precios que están sujetos a una limitación de precios ex ante.

(97)

La carga no 1 corresponde a la parte del salario de los trabajadores postales que supera la media del sector. Deutsche Post utilizó como valor de referencia para los salarios «competitivos» los salarios del personal contratado después de 2002 que se habían estipulado con los sindicatos por convenio colectivo (ETV). Para calcular la carga no 1, sin embargo, se aplicó este valor de referencia a todos los trabajadores. También se aplicó retroactivamente hasta 1998 en la contabilidad de costes y prestaciones presentada.

(98)

El regulador postal también aceptó el argumento de Deutsche Post según el cual esta empresa había tenido que soportar cotizaciones a la seguridad social por el personal laboral y por los funcionarios más elevadas que las que normalmente debían pagar los competidores privados por su personal laboral.

(99)

Deutsche Post basa sus cálculos en un tipo de cotización a la seguridad social que considera «competitivo» tanto para los funcionarios como para el personal laboral (en lo sucesivo, «tipo de cotización de la CR»). Este tipo de cotización de la CR se define como la suma de:

(100)

Los ingresos del sector regulado financian todas las cotizaciones a la seguridad social que superan el tipo de cotización de la CR (en lo sucesivo, «cotizaciones inhabituales a la seguridad social»). Tomando como ejemplo el cálculo de las cotizaciones inhabituales a la seguridad social de los funcionarios en 2001, el cuadro 2 muestra que las cotizaciones reales a la seguridad social de los funcionarios eran casi el doble de las cotizaciones a la seguridad social consideradas «normales» basadas en el tipo de cotización de la CR.

Cuadro 2

Cálculo de los costes sociales inhabituales de los funcionarios en 2001 según la CR 2002 (en millones EUR)

(101)

Las cotizaciones incurridas a la seguridad social incluyen el pago por parte de Deutsche Post del 33 % de los salarios reales de los funcionarios en activo (respectivamente pagos a tanto alzado anuales de 2 045 millones EUR de 1995 a 1999) al Fondo de Pensiones así como las cotizaciones a los costes de atención sanitaria de los funcionarios. En 2001, las cotizaciones reales a la seguridad social ascendieron en total al [40 % hasta el 45 %] de los sueldos reales de los funcionarios.

(102)

Aunque el tipo de cotización a la seguridad social se define como un porcentaje del salario bruto del personal laboral (salario neto + cuota del trabajador a la seguridad social), Deutsche Post multiplica el tipo de cotización de la CR de [20 % hasta 25 %] por los sueldos reales de los funcionarios para calcular el valor de referencia de la CR.

(103)

La carga no 4 está pensada para compensar la constitución de reservas para las obligaciones anteriores a 1997 del seguro complementario de pensión VAP del personal laboral de Deutsche Post.

(104)

Como se explica en la sección II.1.4, al personal laboral de Deutsche Post contratado antes de 1997 se le ofreció un seguro complementario de pensión para garantizarle una pensión comparable a la de los funcionarios. POSTDIENST, sin embargo, no ha constituido unas reservas similares para futuros pagos de pensiones. Solo después de la creación de DPAG se constituyeron en el balance reservas por valor de 8 153 millones EUR.

(105)

La carga no 6 comprende la contribución de Deutsche Post al Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BanstPT) que ofrece determinadas prestaciones sociales (por ejemplo, viviendas sociales) a los funcionarios y personal laboral transferidos de POSTDIENST. La carga no 7 se refiere a las contribuciones de Deutsche Post para cubrir los déficits del seguro de enfermedad de los funcionarios. La carga no 8 (reestructuración de personal) concierne tanto a los funcionarios como al personal laboral.

(106)

Estas cargas reflejan el ahorro de costes que Deutsche Post habría podido conseguir si hubiera organizado su red de oficinas de correos y paquetes en función de consideraciones comerciales. El ahorro de costes se calcula, por ejemplo, sobre la base del número contrafáctico de oficinas de correos que Deutsche Post habría tenido sin la obligación de servicio universal.

(107)

El 7 de noviembre de 2007, el regulador postal autorizó la limitación de precios para el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 (en lo sucesivo, «Decisión de limitación de precios de 2007»). El 14 de noviembre de 2011, el regulador postal autorizó la limitación de precios para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 (en lo sucesivo, «Decisión de limitación de precios de 2011»).

(108)

Desde la Decisión de limitación de precios de 2007, los precios para el envío de más de 50 cartas ya no se controlan ex ante sino que están sujetos a un control de precios ex post en virtud del artículo 25 de la PostG 1997 (37). Los precios de todos los demás servicios postales en los que Deutsche Post tiene una posición dominante en el mercado siguen aprobándose ex ante según el artículo 19 de la PostG 1997.

(109)

En la presente Decisión, la Comisión se referirá como «servicios regulados» a aquellos servicios en los que Deutsche Post tiene una posición dominante en el mercado y que están sujetos a un control de precios ex ante según el artículo 19 de la PostG 1997 o ex post según el artículo 25 de la PostG 1997. Todos los demás servicios en los que Deutsche Post no tenga una posición dominante en el mercado y no estén sujetos al control de precios se denominarán «servicios no regulados».

(110)

Deutsche Post siguió reclamando las cargas que le habían generado los costes sociales y salariales inhabituales como consecuencia de la transferencia de los trabajadores de POSTDIENST (por ejemplo, para la carga no 2 – costes sociales inhabituales, una media de […] millones EUR desde 2008), así como las cargas derivadas de la obligación de servicio universal. Como en la Decisión de limitación de precios de 2002, el regulador postal aprobó que se financiaran estas cargas con los ingresos obtenidos de los servicios regulados y, en consecuencia, fijó un límite de precios más elevado. Por tanto, en las Decisiones de limitación de precios de 2002, 2007 y 2009, el regulador postal no modificó su posición en cuanto al reconocimiento de estas cargas por lo que se refiere a los servicios no regulados.

(111)

Los resultados financieros de DPAG para los ejercicios 1995-2006 figuran en el gráfico 2 de la Decisión de ampliación de 2007. Aunque los resultados de los ejercicios 1995-1999 no eran claros (en algunos ejercicios arrojaron pérdidas, en otros beneficios), en los ejercicios de 2000 a 2006 DPAG obtuvo beneficios constantes de entre 1 000 y 2 000 millones EUR antes de impuestos.

(112)

Entre 2007 y 2010, DPAG obtuvo los siguientes beneficios netos: 1 800 millones EUR (2007), -2 000 millones EUR (2008), 700 millones EUR (2009) y 2 600 millones EUR (2010).

(113)

Las cuentas publicadas de DPAG no permiten asignar los beneficios a los distintos servicios. Por tanto, basándose en las cuentas publicadas no se puede determinar si, en conjunto, los servicios universales regulados produjeron pérdidas o beneficios.

(114)

Como confirmó el Tribunal General en su sentencia en el asunto T-421/07 (38), todas las medidas investigadas han sido parte del procedimiento desde la Decisión de incoación de 1999, que fue seguida por la Decisión de ampliación de 2007.

(115)

En la Decisión de ampliación de 2011 se estableció que la subvención a las pensiones representaba una ayuda nueva ya que, antes de la reforma de las pensiones del año 1995, Deutsche Post tenía que financiar íntegramente los costes de las pensiones con sus recursos propios. Además, la Decisión de ampliación de 2011 desestimó la alegación de Alemania basada en la sentencia Combus (39) según la cual la subvención a las pensiones no constituía ayuda estatal.

(116)

Para la evaluación de la compatibilidad con el mercado interior de la subvención a las pensiones como compensación por las cargas de las pensiones [es decir, acorde con la Decisión de la Comisión en La Poste (40) francesa (en lo sucesivo, «la Decisión "La Poste" »)], la Decisión de ampliación de 2011 tuvo en cuenta que los costes de los costes sociales inhabituales alegados no solo se compensaron mediante la subvención a las pensiones sino también con los ingresos regulados (es decir, la carga no 2: costes sociales inhabituales).

(117)

Los cálculos de la Decisión de ampliación de 2011, que tomaron en cuenta ambas fuentes de compensación, mostraron que Deutsche Post efectivamente pudo aplicar tipos de cotización a la seguridad social que estaban de 10 a 14 puntos porcentuales por debajo de los tipos de cotización a la seguridad social totales obligatorios (cuota empresarial + cuota del trabajador) de los competidores privados.

(118)

Por consiguiente, la Decisión de ampliación de 2011 expresaba dudas en cuanto a la compatibilidad con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE de la subvención a las pensiones como compensación por las cargas de las pensiones.

(119)

Alemania se basa en el artículo 106, apartado 2, del TFUE para justificar la compatibilidad de las transferencias públicas y de la garantía pública como compensación por la obligación de servicio universal.

(120)

Basándose en la sentencia Altmark (41), la Comisión consideró en la Decisión de incoación de 2007 que las transferencias públicas y la garantía pública constituían ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(121)

En la Decisión de ampliación de 2007, la Comisión manifestaba sus dudas de que las transferencias públicas y la garantía pública fueran necesarias para cumplir las obligaciones de servicio universal y proporcionadas a este fin. En particular, la Comisión consideró necesario examinar la asignación de costes entre servicios universales y comerciales, de acuerdo con los principios establecidos en el Marco de 2005. Además, la Comisión dudaba sobre el modo de determinar el beneficio razonable, que debía tener en cuenta la rentabilidad media del sector y las posiciones de riesgo de Deutsche Post.

(122)

El informe WIK se encargó para asistir a la Comisión en el examen de la contabilidad de Deutsche Post de 1990 a 2007 con el fin de establecer si Deutsche Post había recibido una compensación excesiva por sus obligaciones de servicio universal. En concreto, se encomendaron a WIK Consult GmbH las siguientes tareas:

(123)

Tras la adopción por la Comisión del requerimiento de información el 30 de octubre de 2008, Alemania transmitió finalmente en 2009 un expediente completo de su CR para el período 1990-2007 (en lo sucesivo, «CR 2009»).

(124)

Los ingresos de Deutsche Post pueden clasificarse en tres amplias categorías:

Gráfico 3

Porcentaje medio de ingresos de 1990 a 2007 (basado en valores nominales)

(125)

El informe WIK abarca únicamente los servicios comerciales prestados junto con el servicio universal por la persona jurídica DPAG y su predecesora POSTDIENST. Los servicios comerciales (por ejemplo, la división mundial de envíos urgentes de DHL), prestados por otras personas jurídicas dentro de Deutsche Post World NET (en lo sucesivo, «DPWN») no se abordaron en el informe.

(126)

A diferencia de la CR que Deutsche Post presentó al regulador postal para las Decisiones de limitación de precios de 2002, 2007 y 2011, la CR 2009, que nunca se transmitió al regulador postal, expresa un importe significativamente superior de las cargas que Deutsche Post asigna a los servicios regulados.

(127)

Basándose en la CR 2009, Deutsche Post alega una carga media de […] mil millones EUR para el período 1990-2006, frente a […] mil millones EUR en la CR 2002.

Gráfico 4

Comparación de las cargas de los servicios universales según la CR 2009 con las cargas aprobadas en el marco de la Decisión de limitación de precios de 2002 (media anual, en valor nominal en millones EUR)

[…]

(128)

Mientras que la carga no 2 (costes sociales inhabituales) y la carga no 4 (seguro complementario de pensión) no difieren fundamentalmente en la CR 2002 y en la CR 2009, la carga no 1 (salarios básicos inhabituales) ha casi […]. A diferencia de la CR 2002, Deutsche Post ahora ya no utiliza los salarios del convenio colectivo como referencia para los salarios «normales en condiciones de competencia» sino el salario mínimo en el sector postal, basado en un Reglamento del Ministerio Federal de Trabajo de 2007 (en lo sucesivo, «salario mínimo de 2007»). Hay que señalar, no obstante, que este Reglamento fue declarado ilegal por el Tribunal Administrativo Federal y nunca llegó a ser efectivo.

(129)

Además, en la CR 2009 Deutsche Post alega como nueva carga la «infraestructura de correo», que comprende los costes marginales del reparto del sexto día (una media de […] millones EUR anuales). El cálculo se basa en el supuesto contrafáctico de que, sin la obligación de servicio universal, Deutsche Post solo habría repartido correo cinco días en lugar de seis.

(130)

La carga no 3 – red de oficinas de correos – se calcula de forma diferente que en la CR 2002. Ahora comprende el ahorro de costes que presuntamente se habría podido conseguir si todas las oficinas de correos se hubieran gestionado como agencias a partir de 1990. La carga no 3 se calcula en función de la remuneración que Deutsche Post pagó en 2007 a terceros por los servicios de ventas.

(131)

La asignación de las cargas a los servicios universales de correspondencia regulados alivia considerablemente los servicios no regulados de costes como los salariales y sociales. Esta reasignación lleva a unos márgenes de beneficios claramente positivos de alrededor de [15 % al 25 %] en los servicios comerciales y a pérdidas de casi [0 % al 10 %] en los servicios regulados de correspondencia.

(132)

Aunque Deutsche Post indica unos beneficios muy elevados en sus cuentas anuales en su división de correspondencia (véase también la sección V.3), estos beneficios los absorben sobradamente las cargas transferidas de los servicios no regulados a los servicios regulados.

Gráfico 5

Rendimiento por ventas medio sobre la base de la CR 2009

[…]

(133)

Para elaborar el valor de referencia para la determinación del beneficio «razonable» y la valoración de la asignación de costes es imprescindible un análisis de la cadena de valor y de los riesgos comerciales asociados. Solo si se conocen las características de la función y los riesgos se puede buscar un grupo de empresas «comparables» y calcular una cantidad de referencia para el beneficio razonable que Deutsche Post puede esperar ganar.

(134)

La cadena de valor de Deutsche Post puede dividirse según dos funciones principales:

(135)

La logística de una red de correspondencia y paquetes es una actividad de baja tecnología que no requiere un gran esfuerzo en investigación y desarrollo. Todos los operadores del sector trabajan por tanto de forma similar y uniforme. Estas actividades se suelen denominar funciones de «rutina». El carácter rutinario de las mismas se deduce también del hecho que, en gran medida, Deutsche Post las externaliza. Lo mismo puede decirse de los servicios de ventas que se realizan a través de la red nacional de oficinas de correos, también cada vez más externalizados.

(136)

Además de estas funciones de rutina, los principales valores inmateriales de Deutsche Post son su base de clientes, su marca y su sólida posición en el mercado, sobre todo en los mercados de correspondencia. Sin embargo, el informe WIK consideraba que estos valores intangibles no se deben esencialmente al esfuerzo o a las inversiones de Deutsche Post sino en mucha mayor medida a su anterior derecho exclusivo. Deutsche Post no tuvo que hacer grandes inversiones en marketing sino que, hasta 2007, pudo confiar en su posición en el mercado legalmente garantizada. Por consiguiente, a Deutsche Post no debe corresponderle remuneración alguna por estos valores intangibles.

(137)

Deutsche Post estuvo expuesta a un riesgo menor que sus competidores tanto en el sector de los servicios regulados como en el de los no regulados, por varias razones.

(138)

En primer lugar, hasta 2007 Deutsche Post estuvo protegida por un monopolio legal en sus servicios de correspondencia. Además, en todos los servicios regulados de correspondencia, Deutsche Post disfrutó de una cuota de mercado del 90 % y de una competencia inexistente o muy escasa. Con los servicios regulados, Deutsche Post obtenía aproximadamente dos tercios de sus ingresos.

(139)

En segundo lugar, el regulador postal aprobaba un precio máximo para los servicios regulados de correspondencia. Este límite se fijaba por encima de los costes de una empresa eficiente, entre otras cosas con el fin de compensar los costes inhabituales en el sector de los servicios no regulados. Ningún competidor de DPAG gozaba de un derecho exclusivo ni de una posición dominante en el mercado que le permitiera la financiación cruzada de los costes sociales. Por consiguiente, el derecho exclusivo y la posición dominante en el mercado producían una considerable reducción de los riesgos comerciales no solo en el sector de los servicios universales regulados sino también en el de los servicios universales no regulados y en los servicios comerciales.

(140)

En tercer lugar, otras medidas estatales reducían también significativamente el riesgo tanto en el sector de los servicios universales como en el de los servicios comerciales: así, las transferencias públicas absorbían las pérdidas a comienzos de los años noventa y la garantía pública permitió a Deutsche Post financiarse al mismo tipo de interés que el Estado hasta 1995, a pesar de su difícil situación financiera a principios de los años noventa.

(141)

En conjunto, Deutsche Post tenía que hacer frente a riesgos de mercado y de costes considerablemente inferiores que sus competidores puesto que no debía constituir su propia base de clientes y podía repercutir el aumento de los costes mediante una subida de las tarifas reguladas. Con estos argumentos, el informe WIK concluye que los competidores más comparables serían aquellas compañías postales que solo ejercen funciones de rutina (es decir, que no realizan inversiones importantes en marketing o en darse a conocer) y que no están expuestas a riesgos comerciales elevados (por ejemplo, disponen de contratos de larga duración).

(142)

Basándose en los resultados del análisis de funciones y riesgos, el informe WIK buscó empresas postales comparables en las bases de datos financieros (entre otras, la base de datos ORBIS, que comprende unos 10 millones de empresas de todo el mundo). Sobre la base de una selección cuantitativa y cualitativa por etapas controladas, se localizan empresas comparables que prestan servicios postales en mercados abiertos a la competencia.

(143)

El informe WIK eligió un grupo de 26 empresas comparables, dedicadas fundamentalmente al sector de los servicios de paquetería y que ejercen las típicas actividades de rutina de los operadores postales. Todos los competidores comparables proceden del sector económico «Actividades postales y de correos» (Código NACE (43) 641).

(144)

A este respecto, hay que señalar que el número de competidores comparables es limitado ya que las empresas privadas raramente han prestado hasta el momento servicios de correspondencia a gran escala debido al derecho exclusivo del operador tradicional, que abarcaba una parte considerable de los servicios de correspondencia. Además, el informe WIK excluye como empresas comparables a los operadores postales tradicionales de otros países ya que, al igual que Deutsche Post, han estado protegidos por derechos exclusivos y principalmente no ejercían su actividad en mercados abiertos a la competencia.

(145)

Para la determinación del beneficio «razonable», el informe WIK utiliza el rendimiento por ventas (return-on-sales, en adelante «ROS») que corresponde al beneficio contable (resultados antes de intereses e impuestos (EBIT)) dividido por el volumen de negocios. Además, el informe WIK calcula la rentabilidad sobre activos (return-on-asset; en adelante «ROA») (es decir, EBIT como porcentaje del capital total) para disponer de un beneficio razonable de referencia basado en el capital.

Cuadro 3

Valores de referencia ROS y ROA del informe WIK

(146)

De la muestra resulta que la mediana de ROS en la parte competitiva del sector postal ascendió a 3,48 % desde 1998 hasta 2007. Sin embargo, el informe WIK no presenta únicamente la mediana del rendimiento sino también un límite superior para el beneficio razonable, es decir, el tercer cuartil del beneficio de los competidores comparables, que corresponde a un ROS del 6,77 %. En otras palabras, el 75 % de los competidores comparables obtiene un beneficio que es inferior a un ROS del 6,77 % (44).

(147)

En cuanto a la rentabilidad sobre activos (ROA), el informe WIK da una mediana de ROA del 7,33 % y un límite superior del 13,41 %.

(148)

Puesto que Deutsche Post está expuesto a un riesgo considerablemente inferior que las empresas comparables, que operan en mercados altamente competitivos (por ejemplo, el mercado de paquetería urgente), el informe WIK mantenía que la mediana de ROS del 3,48 % representaba un beneficio razonable de referencia para Deutsche Post prudente y conservador y que no era aconsejable utilizar un valor más alto de hasta el tercer cuartil ROS del 6,77 %. Incluso podría justificarse un valor de referencia inferior porque la mediana de ROS de 3,48 % se traduce en una ROA del 7,33 %, que seguiría estando claramente por encima del tipo de interés sin riesgo.

(149)

El informe WIK critica la asignación de cargas en la CR 2009 porque los márgenes de ROS de aproximadamente [15 % al 25 %] de los servicios comerciales están claramente por encima de la media del sector (45). Puesto que los competidores privados son rentables a pesar de unos márgenes de beneficios considerablemente menores, el informe WIK concluye que debe asignarse a los servicios comerciales de Deutsche Post un porcentaje de costes más elevado y reduce en consecuencia las cargas de los servicios regulados.

(150)

La conclusión del informe WIK es que todos los servicios comerciales, a pesar de su porcentaje de costes, siguen teniendo un beneficio que corresponde a la mediana de ROS de 3,48 % de los competidores. Por consiguiente, por lo que se refiere a los servicios regulados, el informe se basa en una reducción de la carga media anual de […] millones EUR desde 1990 hasta 2007.

(151)

Puesto que una gran parte de los servicios de ventas comerciales se prestaron a las empresas asociadas Postbank y Telekom, el informe WIK examina también si los precios finales facturados a las dos empresas eran precios de mercado y, por tanto, podrían considerarse un valor de referencia adecuado para los costes que debían soportar los servicios de ventas comerciales. Basándose en las pruebas disponibles, el informe WIK considera que los contratos entre Deutsche Post y ambas empresas asociadas reflejan unas condiciones que también hubieran aceptado terceros independientes. Puesto que POSTBANK y TELEKOM no tenían en realidad la posibilidad a comienzos de los años noventa de utilizar redes de distribución externas, acordaron compartir los costes incurridos. Pero como en años posteriores a Postbank y Telekom les resultó más fácil encontrar otras redes de distribución y los costes de las redes de servicios universales bajaron, el contrato se modificó y se acordó una comisión en función de los ingresos que se ajusta más a un contrato habitual para la prestación de servicios de distribución (46).

(152)

El informe WIK realiza diversos ajustes a la CR 2009 según los siguientes métodos:

Cuadro 4

Método de cálculo del informe WIK del beneficio excesivo anual basado en la CR 2009

(153)

Deutsche Post vendió gran parte de sus propiedades inmobiliarias (bienes que ya no eran necesarios debido a la reestructuración de las operaciones postales). Estos ingresos deben consignarse en el servicio universal, que era el principal usuario de estos activos y los alquilaba a los servicios comerciales.

(154)

Este ajuste produce un aumento anual medio de los ingresos procedentes del servicio universal en todo el período 1990-2007 de […] millones EUR.

(155)

La CR 2009 no desglosa correctamente los precios internos de transferencia: el beneficio total obtenido en el servicio universal no se muestra porque los beneficios procedentes de determinadas funciones (por ejemplo, las oficinas de correos) no se desglosan en servicios universales y servicios comerciales (por ejemplo, costes soportados en servicios individuales) sino que se agrupan y se consignan como beneficios comerciales. Por tanto, Deutsche Post no podía presentar cuentas separadas, como dispone la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (47).

(156)

Aunque Deutsche Post presentó un desglose aproximativo de la contabilidad interna de los ejercicios hasta 1997, el informe WIK tuvo que corregir la contabilidad de los ejercicios posteriores a 1997; costes incorrectamente «consignados» en servicios universales tuvieron que trasladarse a los servicios comerciales.

(157)

Con la correspondiente corrección bajan los costes anuales de los servicios universales en el período 1998-2007 una media de […] millones EUR.

(158)

Como ya se ha expuesto, el informe WIK no corrige cada carga por separado. En lugar de eso, basa el nuevo cálculo en los precios finales de los servicios comerciales que se consideraron una referencia sólida para los costes medios del sector. En consecuencia, todos los beneficios excesivos procedentes de los servicios comerciales (48) se utilizan para financiar las cargas alegadas inicialmente. En el total del período 1990-2007, las cargas descendieron una media anual de […] millones EUR.

(159)

Con la carga no 4, seguro complementario de pensión, Deutsche Post añadió costes que no se muestran en sus cuentas anuales. Puesto que el ROS de referencia se determina sobre la base de la CR de los «competidores comparables», para la contabilidad de Deutsche Post solo pueden tomarse en cuenta costes que también estén autorizados con arreglo a las normas nacionales de contabilidad o a las normas internacionales de contabilidad (IAS). Por consiguiente, los costes adicionales, que normalmente no se incluyen en la contabilidad IAS, no pueden aceptarse como partidas de costes y deben financiarse a partir del margen de beneficios de referencia.

(160)

El correspondiente ajuste produce una disminución anual media de los costes para la carga no 4 (seguro complementario de pensión) en todo el período 1990-2007 de […] millones EUR.

(161)

Deutsche Post imputó costes de capital en la CR 2009 que en principio no estaban incluidos en la CR, por ejemplo, costes para […] y […]. El informe WIK elimina tanto los costes para […] como para […] y los sustituye por el beneficio razonable de referencia.

(162)

El beneficio razonable se determina sobre la base de los ingresos corregidos de los servicios universales y del ROS de referencia del 3,48 %, de lo que resulta un beneficio razonable anual medio de […] millones EUR. Los costes de capital medios anuales de […] millones EUR (costes de intereses de […] millones EUR y las amortizaciones regulatorias incrementadas de […] millones EUR) se eliminan de la CR 2009.

(163)

Cabe destacar que, en comparación con la CR 2009, el beneficio razonable, calculado mediante el ROS de referencia del 3,48 %, es superior en términos absolutos a los costes de capital aducidos por Deutsche Post (por ejemplo, costes de intereses calculados en función de una rentabilidad interna de los fondos invertidos de […] y costes superiores de amortización basados en el valor de mercado).

(164)

Según el artículo 63, apartado 1, de la PostVerfG, hasta 1995 Deutsche Post tuvo que pagar al Gobierno Federal las denominadas retrocesiones (49), que ascendían a aproximadamente 5 838 millones EUR, o el 8 % de las ventas. Como contrapartida, el artículo 63, apartado 4, de la PostVerfG liberó a Deutsche Post de la obligación de repartir dividendos por las retrocesiones.

(165)

Por tanto, el informe WIK rechaza expresamente tomar en cuenta hasta 1995 un «beneficio razonable» adicional puesto que las retrocesiones ya cubrían por completo los costes de capital propio de Deutsche Post. Por consiguiente, los costes de capital medios anuales de Deutsche Post de […] millones EUR (costes de intereses de […] millones EUR y las amortizaciones regulatorias incrementadas de […] millones EUR) se eliminan de la CR 2009, con la correspondiente reducción de los costes de los servicios universales.

(166)

Tanto la CR 2009 como el informe WIK muestran que hasta 1996 los ingresos por los servicios universales no eran suficientes para cubrir los costes del servicio universal. Sin embargo, aunque según la CR 2009, incluso tomando en cuenta las transferencias públicas, Deutsche Post sigue mostrando un déficit acumulado para el total del período hasta 2007, el informe WIK concluye que las transferencias públicas eran tan elevadas que en 1997 Deutsche Post podía alcanzar el umbral de beneficios.

(167)

Según la CR 2009, la rentabilidad del servicio universal apenas aumentó hasta 1999 y solo en el año 2000 se observó que, de promedio, los ingresos de los servicios universales cubrían los costes. Por el contrario, el informe WIK muestra desde 2000 en los servicios universales considerables beneficios que claramente superan la mediana de ROS del 3,48 %, a pesar de que los servicios universales de paquetería solo obtienen un rendimiento por ventas inferior a la media de […] (véase el gráfico 6).

Gráfico 6

Comparación del beneficio excesivo anual de los servicios universales en el período 1990-2007 (en millones EUR, valores nominales)

(168)

Las partes interesadas transmitieron observaciones sobre la Decisión de incoación de 1999, la Decisión de ampliación de 2007 y la Decisión de ampliación de 2011. En la presente sección se resumen las aclaraciones más importantes sobre las tres decisiones.

(169)

TNT duda de que Deutsche Post pagara una tarifa por el derecho exclusivo a utilizar sellos postales emitidos por el Ministerio Federal de Hacienda. Según el artículo 43 de la PostG 1997, la competencia de emitir sellos postales con la inscripción «Alemania» está reservada al Ministerio Federal de Hacienda. Un operador postal que solicite la utilización de dichos sellos debe pagar una tarifa y asumir los gastos. Según el artículo 54 de la PostG 1997, hasta el 31 de diciembre de 2007 Deutsche Post AG tenía el derecho exclusivo de utilizar sellos postales emitidos por el Ministerio Federal de Hacienda.

(170)

Si Deutsche Post realmente utilizó estos sellos gratuitamente, constituiría ayuda estatal ilegal, según sostiene TNT.

(171)

La Comisión señala que esta medida no se abordó en la Decisión de incoación de 1999 ni en la Decisión de ampliación de 2007 ni en la Decisión de ampliación de 2011. Por consiguiente, no entra en el ámbito de la presente Decisión.

(172)

Según UPS, a Deutsche Post se le concedió una ventaja ya que estuvo liberada parcialmente de las obligaciones de pago anteriores a 1995. Puesto que los operadores normales tienen que asumir sus propios costes de pensiones, Deutsche Post estaba en mejor situación que sus competidores. Además, UPS está de acuerdo con el argumento de la Comisión de que la ayuda en cuestión no puede considerarse ayuda existente, puesto que cambió fundamentalmente la posición de Deutsche Post e introdujo nuevas disposiciones legislativas en virtud de las cuales Deutsche Post se liberaba parcialmente de su obligación de asumir los costes de las pensiones de sus funcionarios. Según UPS, tales cambios esenciales de un sistema no pueden considerarse modificaciones de naturaleza puramente formal o administrativa.

(173)

UPS respalda la conclusión preliminar de la Comisión de que la subvención a las pensiones no puede considerarse compatible con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Habida cuenta de la rentabilidad sostenida y del derecho exclusivo de Deutsche Post, está justificado cuestionar si es realmente necesario liberarla de las cargas heredadas aducidas. Además, la subvención concedida no es proporcional al objetivo de interés común aducido por Alemania, sobre todo porque las cargas heredadas ya se compensan mediante tarifas de correspondencia más elevadas y la subvención a las pensiones. UPS destaca que la carga de la prueba de la proporcionalidad de la medida corresponde al Gobierno Federal. Hasta la fecha, Alemania no ha precisado con exactitud la proporcionalidad de los beneficios para Deutsche Post devengados de la medida.

(174)

Según UPS, gracias a la ayuda, Deutsche Post pudo posicionarse mejor no solo en Alemania sino también en otros mercados europeos en los que competía con otros operadores postales como UPS. Puesto que Deutsche Post pudo consolidar su posición en el sector comercial con ayuda de la subvención a las pensiones, se ha producido un falseamiento de la competencia en detrimento de otros operadores.

(175)

UPS exige a la Comisión que evalúe la necesidad y la proporcionalidad de todas las subvenciones para financiar los derechos a pensión enumeradas en la Decisión de 2011 de ampliación del procedimiento de investigación formal para el período 2007-2011 y que investigue si Deutsche Post sigue recibiendo ayuda ilegal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(176)

Por último, UPS pide a la Comisión que dé información detallada de cómo llegó a la conclusión de que las ayudas concedidas a Deutsche Post no son compatibles con el mercado interior. En especial, UPS solicita que se transmita una copia del informe WIK para poder hacerse una idea de hasta qué punto se utilizaron las conclusiones de dicho informe al evaluar la subvención a las pensiones en la Decisión de ampliación de 2011.

(177)

UPS respalda plenamente la investigación de la Comisión y suscribe el contenido de la Decisión de ampliación de 2007 en lo relativo a la evaluación de la compensación por la prestación de servicios universales. Además, UPS transmitió una versión actualizada (50) del informe pericial de NERA de octubre de 2006 (51), al que hace referencia la Comisión en el considerando 58 de la Decisión de ampliación de 2007.

(178)

Mientras que el informe NERA de 2006 estimó la rentabilidad media de los fondos invertidos en más del 20 % para la división de correspondencia de DPWN en el período posterior a 1999 (52), en la versión actualizada de dicho informe se dice que la rentabilidad de los fondos invertidos desde 2000 a 2005 superó incluso el 50 %. Desde 2003 hasta 2005, la rentabilidad de los fondos invertidos se estimó incluso en más del 100 %. UPS concluye que los beneficios de la división de correspondencia regulada, extremadamente rentable, hubieran bastado con creces para cubrir las pérdidas del servicio universal.

(179)

Por otra parte, UPS aduce que la contabilidad de Deutsche Post no constituye una base adecuada para un análisis y valoración de la rentabilidad y de las cargas del sector reservado. Por consiguiente, debe realizarse un análisis a fondo de la asignación de costes entre servicios regulados, universales y comerciales. A la hora de determinar el importe de la ayuda y de la compensación excesiva deben ser tenidas en cuenta todas las ventajas que se concedieron a Deutsche Post para cubrir sus cargas heredadas, por ejemplo, las aportaciones de capital de Alemania a Deutsche Post en 1995 y la transferencia de activos en forma de inmuebles e infraestructuras.

(180)

Por lo que se refiere a los acuerdos de precios de transferencia internos con las empresas asociadas, UPS alega que deben ajustarse a la sentencia Chronopost (53) además de al principio de igualdad de condiciones (arm’s length principle). Por consiguiente, la Comisión debe examinar el contrato entre Deutsche Post y DPEED, especialmente en lo referente a los acuerdos de precios allí establecidos.

(181)

FFPI respalda plenamente la Decisión de ampliación de 2011. FFPI sostiene que los cambios legales y administrativos, que tienen como consecuencia un aumento de los costes de las pensiones, forman parte del riesgo comercial normal, que también puede influir en la rentabilidad de una empresa. Puesto que las empresas que operan en condiciones normales de mercado tienen que financiar con sus propios fondos estos costes adicionales, Deutsche Post no debería haber recibido del Gobierno alemán subvenciones para las pensiones.

(182)

Además, FFPI señala que Deutsche Post destacó la importancia de la reforma de pensiones en su Informe anual de 2000, en el que aclaraba que la menor contribución al Fondo de Pensiones para los funcionarios era la razón principal del aumento del 98,6 % del EBITA (resultados de explotación antes de impuestos, intereses y amortizaciones) en el envío de correo para clientes empresariales. Por consiguiente, la reforma de pensiones no debería considerarse de menor importancia o de naturaleza fundamentalmente administrativa.

(183)

Según un estudio realizado por FFPI desde 2001 hasta 2008, el precio del franqueo de una carta ordinaria en Alemania en 2009 estaba entre los más elevados. En cambio, el precio de enviar un paquete hasta 500 g era de los más bajos, lo que indica una subvención cruzada.

(184)

FFPI tiene el convencimiento de que la ayuda a Deutsche Post no iba destinada a estimular el crecimiento del mercado postal alemán o determinados servicios postales. Durante el período investigado, Deutsche Post fue una empresa rentable que pudo consolidar su posición de líder en el mercado alemán, mejorar su rendimiento y ampliar su negocio. Por lo tanto, la subvención a las pensiones no puede considerarse compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(185)

BIEK opina que la práctica de Deutsche Post de utilizar su posición dominante en determinados mercados de correspondencia para financiar de forma cruzada los costes de los servicios de correspondencia y paquetería prestados en mercados más competitivos ha perjudicado a otros operadores postales. Puesto que Deutsche Post puede aumentar los precios en los mercados en los que disfrutaba de derecho exclusivo y en los que sigue teniendo una cuota de mercado por encima del 90 %, es capaz de financiar de forma cruzada los costes en mercados más competitivos.

(186)

BIEK alega además que, a pesar de las cargas heredadas aducidas, Deutsche Post ha conseguido beneficios considerablemente superiores a las empresas comparables en otros países europeos, como muestra el margen ROS del 10 % al 20 % en envíos nacionales. Este margen de beneficios puede incluso falsearse a la baja ya que los envíos nacionales incluyen también servicios de paquetería en los que la media del margen de beneficios es inferior que en los servicios de correspondencia.

(187)

En cuanto al aumento de los costes salariales aducido por Deutsche Post, BIEK señala que Deutsche Post utilizó salarios medios del sector del transporte como valor de referencia para calcular la diferencia entre sus costes salariales y los de sus competidores. BIEK alega que, aunque la Comisión tomó estas cifras en su Decisión de ampliación de 2011 como valor de referencia para sus cálculos, los salarios que pagan los competidores de Deutsche Post superan un 15 % como mínimo los salarios medios. Por consiguiente, los costes salariales adicionales aducidos por Deutsche Post son sensiblemente inferiores a lo que se pretende. Según BIEK, la diferencia restante en los costes salariales no se debe a las cargas heredadas, sino más bien al tamaño de Deutsche Post y a su posición dominante en el mercado.

(188)

Por último, BIEK considera que las cargas heredadas de Deutsche Post, incluidos los costes de pensiones, se han compensado con creces mediante las tarifas más elevadas de la correspondencia regulada. La medida de ayuda objeto de la evaluación de la Comisión ha sido la causa de la falta de competencia en los servicios de correspondencia y de un serio falseamiento de la competencia en los servicios de paquetería.

(189)

Basándose en la sentencia Combus (54), Alemania considera que, en el marco de la privatización de un prestador del servicio universal existente que anteriormente fuera de propiedad pública, la compensación pública por los costes de pensiones que superan el nivel normalmente asumido por los competidores privados, no constituye ayuda estatal.

(190)

Alemania está de acuerdo con la Comisión en que los costes sociales de Deutsche Post deben compararse con los costes sociales de sus competidores. Ahora bien, esta comparación debe hacerse ya sobre la base del artículo 107, apartado 1, del TFUE y no posteriormente, en la fase de la investigación de la compatibilidad a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(191)

Alemania opina que la subvención a las pensiones no eximió a Deutsche Post de los costes que normalmente habría tenido que soportar con sus propios fondos. Por consiguiente, Deutsche Post no obtuvo ventajas a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Según Alemania, Deutsche Post no estaba obligada legalmente ni económicamente en condiciones de pagar las jubilaciones de los funcionarios ni antes ni después de 1995.

(192)

En primer lugar, Alemania alega que, según el artículo 46 de la PostVerfG 1989, los funcionarios transferidos a Deutsche Post en 1989 seguían estando al servicio del Gobierno Federal. Tras la segunda reforma postal de 1995, en virtud del artículo 2, apartado 3 de la PostPersRG 1994 y del nuevo artículo 143b insertado en la ley, los funcionarios de Deutsche Post también siguieron estando al servicio del Gobierno Federal.

(193)

Puesto que el Gobierno Federal siempre ha sido el único deudor de los derechos a pensión de los funcionarios, Deutsche Post nunca ha tenido la obligación legal de utilizar sus fondos propios.

(194)

Aun cuando Deutsche Post estaba obligada, según el artículo 54, apartado 2, de la PostVerfG 1989 a financiar los derechos de pensión de los funcionarios, Alemania sostiene que esta disposición era un acuerdo interno para conseguir fondos para el presupuesto público (al igual que la obligación del pago de las retrocesiones según el artículo 63 de la PostVerfG 1989). No establecían ninguna obligación de Deutsche Post hacia los funcionarios.

(195)

Tras la segunda reforma postal de 1995, en virtud del artículo 2, apartado 3, de la PostPersRG 1994 y de los artículos 14 y 16 de la PostPersRG 1994, el Gobierno Federal seguía siendo el único deudor ante los funcionarios con derecho a pensión. Al igual que la obligación según el artículo 54, apartado 2, de la PostVerfG, la obligación, según el artículo 16, apartado 1, de la PostPersRG, de Deutsche Post de contribuir a la Caja de pensiones de los funcionarios de correos simplemente reduce la carga del presupuesto público. No cambia la responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal por lo que se refiere a las pensiones de los funcionarios.

(196)

Tampoco hubiera sido posible según el Derecho Civil que el Gobierno Federal transfiriera en 1995 a la recién creada DPAG su obligación de financiar los derechos de pensión de los funcionarios. Según los principios generales del Derecho Civil, al transferir obligaciones de pensión existentes a una filial jurídicamente independiente, la empresa matriz sigue siendo responsable del pago de los derechos pecuniarios a terceros.

(197)

Además, Alemania alega que Deutsche Post en ningún momento dispuso de fondos propios suficientes para financiar los costes de las pensiones. Por una parte, antes de 1995 POSTDIENST siempre incurrió en pérdidas que el Gobierno Federal tuvo que financiar mediante transferencias por importe de 5 600 millones EUR. Por otra, cuando POSTDIENST se convirtió en DPAG en 1995, las obligaciones acumuladas en materia de pensiones ascendían a aproximadamente […] mil millones EUR. Con esas obligaciones en el pasivo del balance no habría sido posible crear DPAG como empresa de Derecho privado puesto que el Gobierno Federal no había aportado la correspondiente dotación de capital para hacer a DPAG económicamente viable.

(198)

En opinión de Alemania, si la subvención a las pensiones se considerara ayuda estatal, según el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999 debería considerarse ayuda existente puesto que desde 1953, es decir, desde la entrada en vigor de la disposición relevante en la Ley básica alemana, el Estado es el único deudor y quien tiene la obligación de financiar los derechos a pensión de los funcionarios. Alemania sostiene que ni la primera reforma postal de 1989 ni la segunda de 1995 modificaron esta obligación del Estado de asistencia y financiación. Según Alemania, Deutsche Post no estaba obligada legalmente ni estaba económicamente en condiciones de pagar las jubilaciones de los funcionarios ni antes ni después de 1995.

(199)

Además Alemania remite a una declaración de la Comisión ante el Tribunal en el asunto T-266/02. Según Alemania, del apartado 54 de la sentencia se desprende claramente que la Comisión «había considerado, en el marco de la Decisión impugnada, que solo las transferencias de DB-Telekom le habían reportado alguna ventaja» (55).

(200)

Alemania concluye de esa afirmación que la Comisión ya había negado que hubiera una ventaja financiera por lo que se refiere a la subvención a las pensiones. Por consiguiente, según Alemania, la Comisión había adoptado una «decisión de no formular objeciones» a tenor del artículo 4, del Reglamento (CE) no 659/1999. Además, según el artículo 1, letra b), inciso ii), del Reglamento (CE) no 659/1999, una decisión positiva de ese tipo significaría que la subvención a las pensiones se consideraba ayuda existente.

(201)

Teniendo en cuenta el argumento de la Comisión en la Decisión «La Poste», Alemania considera que la subvención a las pensiones es compatible con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c) del TFUE, por las siguientes razones:

(202)

Alemania señala además que la Comisión, en su Decisión de incoación sobre Royal Mail (56), hizo hincapié en la importancia de evaluar los costes de pensiones de antiguas empresas estatales utilizando criterios coherentes, intentando acomodarse a una práctica decisoria coherente. En consecuencia, la Comisión también debe tener en cuenta la Decisión «La Poste» y su evaluación preliminar en el asunto Royal Mail. En el asunto Royal Mail, la Comisión no formuló objeciones a la compensación de los déficits de pensiones aunque el informe Hooper de 2008 mostraba que los costes de pensiones de Royal Mail se habían cubierto parcialmente gracias a tarifas más elevadas de la correspondencia regulada.

(203)

Basándose en el informe del Profesor Ehlermann de 19 de julio de 2011 (57), Alemania alega que la Comisión cometió dos errores al calcular el valor de referencia para los costes sociales de Deutsche Post.

(204)

Según Alemania, la cuota del trabajador no debería incluirse en el valor de referencia puesto que una empresa del sector privado no está legalmente obligada a asumir la cuota del trabajador. Una empresa efectuaría el pago de la totalidad de las cotizaciones sociales únicamente por razones administrativas, pero no por ello estaría obligada legalmente. Además, la inclusión de la cuota del trabajador en el valor de referencia iría en contra de la práctica decisoria anterior (véase la Decisión «La Poste»).

(205)

El cálculo del valor de referencia para los costes sociales debe basarse en los salarios habituales en el mercado (58), puesto que los salarios de los funcionarios han sido considerablemente superiores a la media del mercado.

(206)

En primer lugar, Alemania destaca que el supuesto de que los ingresos regulados cubran totalmente la carga no 2 es pura hipótesis ya que no se puede determinar si los precios regulados realmente se aumentaron para compensar los costes inhabituales. Por una parte, de la Decisión de limitación de precios de 2002 no se deduce si el regulador postal tuvo en cuenta las cargas alegadas para los costes inhabituales ni, si lo hizo, en qué medida. Por otra, hasta 2002 los precios se mantuvieron en el nivel autorizado en 1997; no se puede determinar si estos precios incluían una compensación por los costes sociales inhabituales de los servicios no regulados.

(207)

Alemania aduce que no basta con demostrar que el sector no regulado se benefició de cotizaciones sociales inferiores a las de sus competidores. También habría que examinar si los servicios regulados estaban realmente en condiciones de financiar con sus ingresos las cargas sociales inhabituales aducidas.

(208)

Deutsche Post solo obtendría una ventaja financiera gracias a la compensación de sus costes sociales inhabituales si la compensación fuera superior al total de los costes sociales soportados por Deutsche Post para sus funcionarios.

(209)

Alemania lamenta la falta de un cálculo exhaustivo para determinar si en conjunto la compensación a Deutsche Post por sus costes sociales inhabituales para los funcionarios era excesiva o insuficiente. Alemania destaca que ese cálculo sería necesario para poder determinar si existe una ventaja financiera a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(210)

Para solucionar este inconveniente, Alemania remitió el informe del Profesor Weber (59) para establecer que los costes sociales relacionados con la actividad de los funcionarios causaban una desventaja financiera a Deutsche Post. En primer lugar, el informe establece el importe en el que los costes sociales de los funcionarios soportados por Deutsche Post superan realmente los costes sociales de un competidor privado para sus empleados (en el informe, se denominan «costes sociales de DPAG que superan el nivel de mercado» o «desventaja estructural»). En segundo lugar, el informe Weber compara estos costes que superan el nivel de mercado con la compensación por la carga no 2.

(211)

Como muestra el cuadro 5, el informe incluye en los mayores costes sociales derivados del empleo de los funcionarios los pagos de Deutsche Post al Fondo de Pensiones y otros costes de seguridad social, por ejemplo, las contribuciones a los costes de atención sanitaria así como el seguro de accidentes y otros seguros.

(212)

El informe define los costes sociales derivados del empleo del personal laboral de la siguiente manera: la cuota empresarial de las cotizaciones a la seguridad social para los seguros obligatorios de pensión, desempleo, enfermedad y cuidados especiales multiplicada por los salarios «habituales» (por ejemplo, el salario mínimo de 2007 para la mayoría de los funcionarios).

(213)

Los costes sociales inhabituales son los costes de seguridad social de los funcionarios incurridos por Deutsche Post que superan el valor de referencia de los costes de seguridad social basados en la cuota empresarial a las cotizaciones a la seguridad social.

Cuadro 5

Cálculo del resultado neto según el informe pericial de Alemania

(214)

Para el período 1995-2007, los cálculos muestran que la carga no 2 era insuficiente para cubrir los costes sociales inhabituales. El informe sostiene incluso que la compensación a Deutsche Post fue insuficiente en […] mil millones EUR. El experto llega a la conclusión de que, incluso en el caso de que los ingresos de los servicios regulados incluyeran la carga no 2, Deutsche Post no habría obtenido una compensación suficiente por sus costes sociales inhabituales.

(215)

Alemania alega que mientras haya pérdidas en los servicios regulados que sean superiores a los costes sociales inhabituales, no puede determinarse que los ingresos regulados compensen efectivamente los costes sociales inhabituales. A este respecto, Alemania presentó un dictamen basado en la CR 2009 (60) para mostrar que las pérdidas de los servicios regulados fueron superiores a los costes sociales inhabituales de manera continuada.

(216)

Los cálculos se basan en la CR 2009 y toman como beneficio razonable (basado en el informe Deloitte II, que se trata con más detalles en la sección VI.3.2) para los servicios regulados un ROS de 7 %. Después de deducir el beneficio razonable, resultan unas pérdidas para los servicios regulados de […] mil millones EUR, que superan por consiguiente los costes sociales inhabituales aducidos para el período 1995-2007. Por consiguiente, los ingresos obtenidos de los servicios regulados no son suficientes para cubrir los costes sociales inhabituales en cuestión.

(217)

Alemania argumenta que las transferencias públicas no aportan a Deutsche Post ninguna ventaja financiera puesto que los pagos por importe de 5 666 millones EUR constituyen exclusivamente una compensación por las retrocesiones de 5 838 millones EUR que Deutsche Post tuvo que pagar hasta 1995.

(218)

Como se explicaba en la Decisión de ampliación de 2007, estas retrocesiones se originaron en la antigua administración postal, que debía trasferir al presupuesto federal aproximadamente el 10 % anual de sus ingresos de explotación. Entre 1989 y 1995, estas retrocesiones en virtud del artículo 63, apartado 1, de la PostVerfG se fueron eliminando paulatinamente. Hasta 1993, Deutsche Post tuvo que trasferir el 10 % de sus ingresos de explotación. A partir de 1993, las retrocesiones se fueron reduciendo poco a poco hasta, por ejemplo, al 10 % de los ingresos de explotación menos 153 millones EUR en 1993. En 1994, las retrocesiones ascendían al 70 % del volumen de 1993. En 1995, Deutsche Post pagó el 50 % del importe de 1993. En total, Deutsche Post pagó entre 1990 y 1995 retrocesiones por importe de 5 838 millones EUR.

(219)

Según el artículo 63, apartado 4, de la PostVerfG, los pagos de dividendos se deducen de las retrocesiones. Habida cuenta de esta disposición y de la exención de impuestos directos e indirectos, en su Decisión de ampliación de 2007 la Comisión señaló que las retrocesiones debían considerarse un sustituto de la exención de impuestos directos e indirectos y una remuneración para el Estado como accionista por la financiación concedida.

(220)

En respuesta a este argumento, Alemania transmitió el informe KPMG, según el cual, por varias razones, las retrocesiones no pueden considerarse un sustituto de impuestos o dividendos.

(221)

Según dicho informe, las retrocesiones no pueden calificarse de impuesto porque se calculan como porcentaje de los ingresos de explotación desde 1931. Por lo tanto, también tuvieron que pagarse en años en los que Deutsche Post registró pérdidas. En cambio, el impuesto de sociedades se calcula en función de los beneficios reales del ejercicio. Clasificar las retrocesiones como impuesto sería por tanto contrario al principio constitucional de tributación proporcional a la capacidad contributiva.

(222)

Por otra parte, según el informe no es oportuno comparar las retrocesiones con el impuesto sobre las ventas. En el impuesto sobre las ventas, la obligación fiscal va aparejada a la deducción fiscal de los servicios asociados, cosa que no sucede en las retrocesiones, por lo que el cálculo de las retrocesiones difiere sustancialmente de la determinación de la deuda efectiva en concepto de impuesto sobre las ventas de una empresa.

(223)

Además, Alemania alega que las retrocesiones no pueden clasificarse como dividendos. La distribución de dividendos se refiere a los resultados del ejercicio o de los ejercicios anteriores correspondientes. Sin embargo, entre 1990 y 1995, Deutsche Post no obtuvo beneficios, a pesar de lo cual pagó retrocesiones. Por consiguiente, las retrocesiones no pueden considerarse dividendos.

(224)

El informe KPMG concluye que las retrocesiones no pueden clasificarse como impuestos ni como dividendos sino que son más bien una tasa «sui generis» que solo Deutsche Bundespost y sus empresas sucesoras estaban obligadas a pagar.

(225)

Basándose en el informe KPMG, Alemania rechaza la hipótesis de la Comisión según la cual las retrocesiones podían considerarse un sustituto de los pagos de impuestos y dividendos. Alemania sostiene que las retrocesiones representaban para Deutsche Post una carga que no podía justificarse ni por razones objetivas ni por razones económicas. Puesto que las transferencias públicas solo liberaron a Deutsche Post de las retrocesiones, no le reportaron ninguna ventaja económica y, por consiguiente, no constituyen ayuda estatal.

(226)

Subsidiariamente, Alemania esgrime otras dos razones por las que las transferencias públicas no constituyen ayuda estatal: En primer lugar, las transferencias públicas se ajustan al principio del inversor en una economía de mercado, habida cuenta del considerable rendimiento del capital invertido en años posteriores y de los elevados ingresos obtenidos por Deutsche Post con su salida a Bolsa. En segundo lugar, las transferencias públicas no constituyen ayuda estatal porque, como se deduce tanto de la CR 2009 como del informe WIK, las pérdidas acumuladas del servicio universal desde 1990 hasta 1994 era superiores a las transferencias públicas. Por consiguiente, Deutsche Post tuvo una compensación suficiente por su obligación de servicio universal.

(227)

Alemania alega que el que se mantuviera la garantía estatal, con arreglo al artículo 2, apartado 4, de la PostUmwG 1994, para los instrumentos de deuda emitidos antes de 1995 no concedió ventajas selectivas a Deutsche Post después de 1995, por diversas razones.

(228)

Cualquier empresa privada sigue siendo responsable de las obligaciones de una filial aunque esta se escinda. Incluso después de vender esas obligaciones a un tercero, una empresa privada sigue siendo responsable de sus deudas pendientes. Además, cabe señalar que la garantía pública inicial solo era necesaria para los instrumentos de deuda, porque POSTDIENST no tenía personalidad jurídica separada. El artículo 40 de la PostVerfG 1989, que establece que los instrumentos de deuda de Deutsche Bundespost tenían el mismo valor legal que los instrumentos de deuda del Gobierno Federal, tiene un carácter meramente declaratorio.

(229)

En segundo lugar, que POSTDIENST asumiera los instrumentos de deuda no supuso una ventaja para DPAG, ya que, en 1995, DPAG se hubiera podido refinanciar a tipos de interés más bajos. A 1 de enero de 1995, los instrumentos de deuda de POSTDIENST ascendían en total a 931 millones EUR a un tipo de interés medio del 7,17 % con un vencimiento a 8,8 años. Puesto que el tipo de interés a corto plazo a 1 de enero de 1995 oscilaba entre el 5 % y el 5,5 %, DPAG sufrió una desventaja en los costes del 1,7 %, que se tradujo en un coste mayor anual en intereses de aproximadamente 15,3 millones EUR.

(230)

En tercer lugar, comparando los tipos de interés medios de mercado para los instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas y los tipos de interés para instrumentos de deuda de POSTDIENST con referencia a la fecha en la que se emitieron originalmente los instrumentos, Alemania estima que POSTDIENST tomó prestado capital a tipos de interés superiores a la media del mercado. Alemania no hizo un estudio a fondo sino que simplemente comparó los tipos de interés de determinados instrumentos de deuda de POSTDIENST con la media de mercado agregada.

(231)

Subsidiariamente, Alemania alega que las garantías públicas constituyen ayuda estatal existente a tenor del artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo. Puesto que Deutsche Bundespost, hasta finales de 1994, formaba parte de la administración pública, desde su creación en 1950, sus instrumentos de deuda equivalen a deuda del Estado. Si Deutsche Post hubiera obtenido una ventaja en cuanto a los tipos de interés gracias a la garantía pública, esta debería considerarse ayuda existente. Alemania remite también a la Decisión de la Comisión en el asunto EDF (61), en el que una garantía similar se consideró ayuda existente.

(232)

Alemania alega que según la sentencia PreussenElektra (62), los ingresos de la división de correspondencia regulada no constituyen ayuda estatal.

(233)

Puesto que los ingresos de la división de correspondencia regulada no son fondos estatales, las supuestas tarifas excesivas de correspondencia solo pueden ser objeto de un procedimiento en virtud del artículo 102 del TFUE.

(234)

Independientemente de todas las objeciones metodológicas, Alemania considera que el informe WIK confirma el punto de vista de Alemania de que las transferencias públicas en compensación de las pérdidas que registró Deutsche Post en el período 1990-1995 por la prestación de servicios universales eran necesarias.

(235)

Ningún beneficio excesivo posterior a 1995 debe tomarse en cuenta porque las transferencias públicas fueron absorbidas por los costes netos de los servicios universales soportados por Deutsche Post hasta 1995. La anulación de la Decisión negativa de 2002 por el Tribunal confirmó igualmente que lo que ha sido «absorbido» no puede volver a ser absorbido. Puesto que las transferencias públicas ya se habían agotado con las pérdidas en las que se incurrió hasta 1995, no podían utilizarse ulteriormente para financiar beneficios excesivos.

(236)

Sobre la base del informe Deloitte, la principal objeción de Alemania es que el valor de referencia del informe WIK incluye demasiadas empresas pequeñas. Como empresas comparables deben considerarse ante todo grandes empresas de servicios de paquetería y empresas de logística cuyas redes sean comparables en tamaño y complejidad a Deutsche Post (63).

(237)

El informe Deloitte II parte de la base de que las empresas del sector postal y de paquetería que disponen de una amplia y compleja red de recogida y entrega son una base de comparación adecuada con Deutsche Post. Por lo que se refiere a las economías de escala, alcance y densidad que prevalecen en las redes postales, las grandes empresas son una base de comparación más adecuada que las pequeñas. Las empresas de transporte de mercancías y de logística pueden considerarse también, hasta cierto punto, empresas comparables, ya que utilizan activos similares.

(238)

El informe Deloitte II solo acepta como empresas comparables operadores postales con un volumen de negocios anual superior a 100 millones EUR. Así queda solo un pequeño grupo de seis empresas comparables, constituido por las grandes multinacionales de servicios de paquetería urgente (UPS, FedEx y TNT Express) y otros operadores postales (principalmente de los Estados Unidos y del Reino Unido).

(239)

Este grupo de comparación tuvo una mediana de ROS de 7,4 % en el período 1998-2007 y un tercer cuartil ROS del 12 % como límite superior para el beneficio razonable. Un grupo de comparación mayor, con 18 empresas de logística y 19 empresas de transporte de mercancías, da una mediana de ROS entre el 4,6 % y el 5,7 %, aunque el informe Deloitte II expresa sus dudas en cuanto a su comparabilidad con Deutsche Post.

(240)

Basándose en los datos de ambos grupos de comparación, el informe Deloitte II recomienda una horquilla de ROS entre el 6,1 % y el 11,7 % como beneficio razonable de referencia.

(241)

Para determinar el beneficio razonable con ayuda del grupo de comparación, el informe Deloitte II señala que tomar un simple ROS plurianual como beneficio razonable de referencia subestima el beneficio razonable porque, en primer lugar, hay una dispersión considerable y sistemática de un ejercicio a otro y, en segundo lugar, también puede haber diferencias considerables entre la rentabilidad de empresas del mismo sector. Al utilizar un valor de referencia demasiado bajo para el beneficio razonable, se corre el peligro de que no se realicen proyectos de inversión.

(242)

Como ya destacaba el informe Deloitte I, el uso de las medianas de las empresas comparables como beneficio razonable de referencia en el informe WIK pasa completamente por alto los beneficios en términos de eficacia que consiguió Deutsche Post, principalmente desde 1990. No obstante, de conformidad con los puntos 14 y 18 del Marco comunitario de 2005, para determinar el beneficio razonable se deben también introducir criterios «incentivadores, en función, concretamente, de la calidad del servicio prestado y de los incrementos de la eficiencia productiva».

(243)

De la misma manera, el beneficio razonable de referencia debe basarse en una horquilla anual. Los beneficios que se sitúen en la zona superior de la banda o incluso la superen, pueden indicar que la empresa media superó el valor de referencia por sus prestaciones operativas o comerciales más eficientes. Esos beneficios deben ser autorizados por el regulador postal para incentivar la eficiencia.

(244)

Por último, Alemania señala que el nivel del beneficio razonable debe ser acorde con decisiones anteriores de la Comisión en las que se aprobó un ROS entre el 7 % y el 8 % para empresas ferroviarias y de autobuses (64).

(245)

Alemania reitera que ninguna reasignación de cargas de los servicios universales a los servicios comerciales está justificada ni objetiva ni jurídicamente. Según el artículo 7 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (65), todos los costes netos adicionales derivados de la obligación de servicio universal se financiarán con ingresos procedentes del monopolio de correspondencia y no con ingresos procedentes de los servicios comerciales.

(246)

Además, Alemania considera que el informe WIK infravalora algunos costes de Deutsche Post:

(247)

Alemania recuerda que, en 1995, Deutsche Post no estaba ni obligada legalmente ni en condiciones económicas de asumir las obligaciones en materia de pensiones. En consecuencia, a tenor de la Decisión de la Comisión en el asunto de Poste Italiane (66), los costes de pensiones no representan deuda del Estado. Con la subvención a las pensiones no se concedió a Deutsche Post ninguna ventaja financiera.

(248)

Aunque UPS sostiene que un operador normal tiene que soportar sus propios costes de pensiones, Alemania alega que los costes de pensiones para los funcionarios eran costes inhabituales que no podían compararse con las cotizaciones sociales pagadas por los competidores de Deutsche Post por sus empleados. Estos últimos solo ingresaban por la cuota empresarial en el régimen de la seguridad social sin tener que soportar cargas heredadas por derechos a pensión existentes.

(249)

Alemania hace hincapié en la necesidad de calcular la compensación excesiva puesto que las observaciones de UPS y FFPI se basaban en la hipótesis de que la Comisión efectuó dicho calculo para demostrar que Deutsche Post había recibido una compensación excesiva.

(250)

Por lo que se refiere al informe NERA de 2006, Alemania destaca que la propia Comisión, en el asunto COMP/37.821, consideró que la rentabilidad de los fondos invertidos estimados en el informe NERA de la división de correspondencia de DPWN era insuficiente para probar la existencia de tarifas excesivas de correspondencia a los efectos del artículo 102 del TFUE.

(251)

Como norma general, Alemania considera que la rentabilidad de los fondos invertidos no es una medida adecuada para determinar un beneficio excesivo. Con una intensidad de capital menor, una elevada rentabilidad de los fondos invertidos podría deberse a un bajo rendimiento por ventas. Puesto que la mayor parte de los riesgos está relacionada con los ingresos y costes, la medida adecuada para determinar un beneficio excesivo es el rendimiento por ventas, especialmente en empresas con baja intensidad de capital. Cuando, como en el informe NERA, se utiliza el rendimiento por ventas como medida del beneficio, se muestra que Deutsche Post obtuvo un rendimiento por ventas mayor que Royal Mail, pero que estaba muy por debajo del rendimiento por ventas de TNT. Los rendimientos por ventas de la división de correspondencia de DPWN estimados en el informe NERA se mantienen por tanto muy por debajo de la referencia para los beneficios excesivos.

(252)

Así pues, Alemania sostiene que ni el informe NERA de 2006 ni su versión actualizada son relevantes para la investigación de la ayuda estatal y no aportan pruebas suficientes de beneficios excesivos.

(253)

En cuanto a la alegación de UPS de que la contabilidad de Deutsche Post no constituye una base adecuada para el análisis de los ingresos y cargas del servicio universal, Alemania responde que la contabilidad ha sido comprobada y aprobada tanto por auditores como por el regulador postal. Y añade que cumple las disposiciones de la Directiva 97/67/CE.

(254)

Por lo que se refiere a los acuerdos de precios de transferencia entre Deutsche Post y DPEED, Alemania subraya que estos acuerdos cumplen los requisitos de la Decisión sobre cárteles de 2001. Deutsche Post ha informado regularmente a la Comisión sobre su cumplimiento. Hasta la fecha, la Comisión no ha formulado objeciones.

(255)

Por último, Alemania formula objeciones contra la inclusión de las transferencias de activos a efectuadas por Alemania a Deutsche Post en 1995 (por ejemplo, activos en forma de inmuebles e infraestructuras) en el cálculo de la compensación excesiva. Alemania alega que ya trasmitió la información pertinente al respecto con sus observaciones a la Decisión de incoación de 1999. Puesto que la Comisión no formuló objeciones contra estas medidas en su la Decisión negativa de 2002 ni se refirió a ellas en su Decisión de incoación 2007, las transferencias de activos no pueden ser objeto de la investigación.

(256)

Alemania está de acuerdo en que deben tomarse como valor de referencia para calcular las cotizaciones sociales pagadas por los competidores de Deutsche Post los salarios habituales en el mercado. Sin embargo, un valor de referencia así es contrario a la Decisión de ampliación de 2011, puesto que la Comisión utilizó los salarios brutos corregidos de los funcionarios y no los salarios habituales en el mercado, para calcular las cotizaciones sociales pagadas por los competidores de Deutsche Post. Según el informe del Profesor Weber, el salario habitual en el mercado corresponde aproximadamente al […] % del salario bruto de los funcionarios. Por consiguiente, no sería adecuado utilizar los salarios brutos corregidos de los funcionarios como valor de referencia para calcular las cotizaciones sociales.

(257)

Alemania opina que el supuesto de BIEK de que Deutsche Post utilizó salarios del convenio del sector del transporte como valor de referencia para calcular las diferencias de costes soportadas por Deutsche Post en relación con sus competidores es infundado. El informe del Profesor Weber muestra que Deutsche Post calculó los salarios habituales en el mercado basándose en los salarios realmente pagados por sus competidores.

(258)

A tenor de lo dispuesto en el artículo del artículo 107, apartado 1, del TFUE «salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.» Para poder determinar si una medida constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión debe examinar si cumple los siguientes criterios: la medida debe ser imputable al Estado y utilizar fondos estatales, debe conceder una ventaja a determinadas empresas o sectores que falsee la competencia y debe afectar a los intercambios entre Estados miembros.

(259)

La subvención a las pensiones está basada en el artículo 16 de la PostPersG 1994 y se financia con el presupuesto del Estado, por lo que es imputable al Estado y, a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, se concede mediante fondos estatales. Puesto que la subvención a las pensiones solo se concedió al Fondo de Pensiones para liberar a Deutsche Post de los costes de las pensiones de los funcionarios y, por lo tanto, en última instancia beneficia a Deutsche Post, la medida es selectiva.

(260)

Basándose en la sentencia Combus, Alemania considera que la subvención a las pensiones no concede una ventaja financiera puesto que esta liberó a Deutsche Post de costes sociales inhabituales.

(261)

Para averiguar si la subvención a las pensiones concedió una ventaja financiera selectiva, hay que examinar si liberó a Deutsche Post de costes que normalmente una empresa habría tenido que soportar e impidió de este modo que las fuerzas presentes en el mercado produjeran sus efectos normales (67).

(262)

La Comisión no puede aceptar la alegación de Alemania basada en la sentencia Combus y señala que la sentencia Combus no ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia. Varias sentencias del Tribunal contradicen la idea de que las medidas que compensan una desventaja estructural no deban considerarse ayuda estatal. A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, la existencia de ayuda debe evaluarse según sus efectos y no según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales (68). Según reiterada jurisprudencia del Tribunal, el concepto de ayuda también engloba las ventajas concedidas por las autoridades públicas que, bajo diversas formas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa (69). Además, según el Tribunal, los costes relativos a la retribución de los empleados, por su propia naturaleza, recaen sobre el presupuesto de las empresas, con independencia de si dichos costes se derivan o no de obligaciones legales o de acuerdos colectivos (70). A este respecto, el Tribunal dictaminó que el hecho de que las medidas estatales vayan destinadas a compensar costes adicionales no basta para descartar la existencia de una ayuda (71).

(263)

En opinión de la Comisión, los costes que una empresa ha de asumir por sus obligaciones en virtud de la legislación laboral o de los convenios colectivos celebrados con los sindicatos, por ejemplo los costes de pensiones, forman parte de los costes normales que una empresa debe financiar con cargo a sus propios recursos (72). Estos costes deben considerarse inherentes a la actividad económica (73). Carece de importancia si la empresa soporta los costes de jubilación mediante la financiación directa de las pensiones de sus antiguos trabajadores (como es el caso de los funcionarios de Deutsche Post) o mediante el pago de una cotización al seguro de pensión del personal laboral, que a su vez utiliza esas cotizaciones para financiar las pensiones de todo el personal laboral. Lo que cuenta es que, de una forma u otra, las empresas costeen íntegramente los costes de jubilación.

(264)

La Comisión señala además que, desde su creación en 1950, Deutsche Bundespost tiene forma jurídica de empresa de patrimonio especial. Una empresa de patrimonio especial, aunque no tiene personalidad jurídica independiente separada, cuenta sin embargo con presupuesto y contabilidad propios [artículo 3 de la PostVwG de 1953 y artículo 48 de la HGrG (74)]. Según la legislación aplicable a las entidades públicas, el presupuesto debe comprender los costes de personal, en los que entran también los costes de las pensiones de los funcionarios jubilados que trabajaban en la entidad pública (artículo 10 de la HGrG). Por consiguiente, Deutsche Post ha financiado estos costes con sus ingresos desde 1950. El artículo 15 de la PostVwG 1953 prohíbe expresamente la subvención a Deutsche Bundespost con cargo al presupuesto. Esta disposición se recogió en el artículo 37, apartado 1, de la PostVerfG 1989.

(265)

La PostVerfG 1989 confirma esta obligación en su sección sobre personal y seguridad social. Según el artículo 54, apartado 2, de la PostVerfG 1989, Deutsche Post estaba obligada a financiar todos sus costes, incluidas las pensiones de sus funcionarios, con sus propios fondos.

(266)

Después de la segunda reforma postal de 1995, según el artículo 2, apartado 3, de la PostPersRG 1994, siguió correspondiendo a Deutsche Post pagar y financiar los derechos pecuniarios de los funcionarios, pero Deutsche Post fue eximida parcialmente del pago de los costes de las pensiones de estos. Según el artículo 16, apartado 1, de la PostPersRG 1994, desde 1995 hasta 1999 Deutsche Post pagó al Fondo de Pensiones una cantidad a tanto alzado anual de 2 045 millones EUR. Según el artículo 16, apartado 2, de la PostPersRG 1994, a partir de 2000 las cantidades a tanto alzado anuales han sido sustituidas por una contribución que asciende al 33 % de los salarios totales de los funcionarios. El artículo 16, apartado 2, de la Post PersRG 1994 dispone además que los costes de pensiones restantes sean asumidos por el Gobierno Federal a partir de 1995. El gráfico 1 muestra los pagos anuales del presupuesto federal para cada ejercicio desde 1995, a partir de los 151 millones EUR iniciales en 1995.

(267)

Así pues, los argumentos presentados por Alemania como prueba de que DPAG tenía que soportar costes de pensión más elevados que sus competidores privados, son irrelevantes para establecer si la subvención a las pensiones constituye ayuda estatal, pero deben tenerse en cuenta al evaluar la compatibilidad.

(268)

Alemania alegaba que, para evaluar si Deutsche Post obtuvo una ventaja por la subvención a las pensiones, la cotización al Fondo de Pensiones de Deutsche Post debía compararse con la cuota de una empresa privada a las cotizaciones del seguro de pensión, excluyendo la cuota del trabajador. Este argumento se refiere a la compatibilidad de la medida con el mercado interior, pero, en aras de la exhaustividad, cabe señalar, por otra parte, que la empresa está obligada a pagar a la seguridad social la cuota del trabajador contenida en la cotización total por ese trabajador a partir de su salario bruto. Por otra parte, y esto es de capital importancia, si un Estado miembro exime a los trabajadores de una determinada empresa de una carga que habrían tenido que costear, supone una ventaja para esa empresa, puesto que mediante dicha medida se reduce la diferencia entre el salario bruto y el neto. Además, esto también permite a la empresa contratar o mantener trabajadores con salario brutos más bajos. Por tanto, las ventajas en lo referente a la cuota del trabajador a las cotizaciones sociales constituyen también una ventaja para la empresa.

(269)

Alemania sostiene además que solo habría una ventaja financiera para Deutsche Post por la compensación de sus costes sociales inhabituales si las transferencias pagadas a Deutsche Post fueran superiores al total de los costes sociales inhabituales que Deutsche Post ha tenido que soportar para sus funcionarios en el sector regulado y en el sector no regulado. La Comisión recuerda que el hecho de que una medida sea una compensación no excluye de antemano que constituya ayuda estatal y remite al considerando VII.1.

(270)

Por otra parte, Alemania sostiene que, en realidad, la responsabilidad financiera de las pensiones de los funcionarios siempre ha sido del Gobierno Federal. Puesto que la reforma de las pensiones de 1995 no cambió la responsabilidad del Gobierno para con los funcionarios, la subvención a las pensiones no otorgó a Deutsche Post ninguna ventaja financiera.

(271)

No se discute que, antes y después de 1995, el Gobierno Federal fuera el garante último de la financiación de los derechos a pensión de los funcionarios, aun cuando la Comisión desea señalar que, según el artículo 3 de la PostVwG 1953 y el artículo 2 de la PostVerfG 1989, solo la empresa de patrimonio especial y no el Gobierno Federal es responsable de las obligaciones de la empresa de patrimonio especial. Sin embargo, hasta 1995, con arreglo a la legislación postal y general aplicable, los pagos de las pensiones se incluían en el presupuesto de la empresa de patrimonio especial Deutsche Bundespost. Estos pagos debían cubrirse íntegramente con los ingresos de la empresa de patrimonio especial. Para la evaluación de la ayuda estatal, lo decisivo no es quién sea el garante último de la financiación de los derechos a pensión de los funcionarios. La cuestión clave es quién estaba obligado, según la legislación aplicable, a financiarlas normalmente. Según la PostVwG 1953, la HGrG y la PostVerfG 1989, esta obligación claramente incumbe en su totalidad a Deutsche Post.

(272)

Además, los costes de pensiones de cualquier empresa, sean publicas o privadas y tengan o no personalidad jurídica propia, son costes normales de funcionamiento. Se ha desarrollado una amplia variedad de mecanismos de financiación de las pensiones, tanto entre los distintos Estados miembros como a nivel nacional. A menudo se aplican distintos regímenes, dependiendo de cuándo se produjo la contratación. Por consiguiente, Deutsche Post debe soportar los costes de las pensiones del personal al que emplea, incluidos los funcionarios, de la misma manera que cualquier otra empresa. El hecho de que la forma de financiar las pensiones de los funcionarios sea distinta de la financiación de la jubilación del personal laboral, no afecta a la obligación de Deutsche Post de computar la financiación de sus costes de pensiones en sus costes normales de funcionamiento. Aceptar el argumento de Alemania equivaldría a decir que el Estado puede liberar a las empresas públicas de una partida de costes importante relacionada con su funcionamiento normal.

(273)

Por último, cuando Alemania alega que Deutsche Post nunca dispuso de fondos propios suficientes para financiar los derechos a pensión de sus funcionarios, se pasa por alto que la apreciación de la existencia de una ventaja financiera es independiente de la capacidad económica de una empresa.

(274)

Puesto que la reforma de las pensiones de 1995 eximió parcialmente a Deutsche Post de la obligación de financiar los derechos a pensión de sus funcionarios, la subvención a las pensiones concedió a Deutsche Post una ventaja financiera.

(275)

Una ayuda concedida por un Estado miembro afecta al comercio dentro de la Unión si refuerza la posición de una empresa frente a las empresas competidoras dentro de la Unión. Según reiterada jurisprudencia (75), para que una medida falsee la competencia basta con que el beneficiario de la ayuda compita con otras empresas en mercados abiertos a la competencia.

(276)

En Alemania, los mercados de paquetería, periódicos y revistas siempre han estado abiertos a la competencia. En estos mercados, POSTDIENST siempre ha competido con otras empresas, incluso de otros Estados miembros (por ejemplo, UPS, FedEx, TNT Express, GLS o DPD). Desde 1998 a 2007, DPAG fue perdiendo paulatinamente su derecho exclusivo para la correspondencia. Con la apertura del mercado a la competencia, entraron en el mercado nuevas empresas. Por tanto, la ayuda afecta al comercio entre Estados miembros y puede falsear la competencia.

(277)

Por otra parte, la Comisión menciona al respecto que Deutsche Post y su sociedad holding DPWN en 1997 habían empezado a adquirir servicios de paquetería en mercados europeos e internacionales. En 1999, DPWN ya era líder de mercado en los mercados europeos de paquetería y envíos urgentes con ingresos anuales de unos 4 600 millones EUR. Con la adquisición de DHL en 1998, DPWN amplió su ámbito de actividad a Asia y Norteamérica. A través de otras adquisiciones de empresas de logística (por ejemplo, Danzas, Nedlloyd, ASG, Air Express International), DPWN se convirtió en uno de los mayores operadores de transporte aéreo de carga, flete marítimo y servicios globales de logística. Además, entre tanto DPWN se hizo presente en los mercados postales fuera de Alemania (por ejemplo, adquirió Unipost en España y Williams Lee en el Reino Unido). Entre 1998 y 2007, DPWN adquirió empresas por un valor total de unos 21 000 millones EUR (76).

(278)

Por consiguiente, la Comisión considera que la subvención a las pensiones constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(279)

Según Alemania, si la subvención a las pensiones se considerara ayuda estatal, debería clasificarse como ayuda existente a tenor del artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999. Alemania alega que, desde la entrada en vigor de la disposición relevante en la Ley básica alemana en 1953, el Estado es el deudor último y quien tiene la obligación de financiar los derechos a pensión de los funcionarios. Alemania sigue considerando que la creación del Fondo de Pensiones no modificó esta obligación.

(280)

Según el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999, se entiende por ayuda existente toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda que fueran aplicables y las ayudas individuales que se hayan llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y que sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma.

(281)

Hasta 1995, con arreglo a la legislación postal y general aplicable, los pagos de las pensiones se incluían en el presupuesto de la empresa de patrimonio especial Deutsche Bundespost y debían ser cubiertos íntegramente con los ingresos obtenidos por la empresa de patrimonio especial (para una evaluación detallada de estas disposiciones, véanse los considerandos VII.1 y 259). Antes de la segunda reforma postal de 1995, Deutsche Post estaba por tanto obligada a financiar las pensiones de sus funcionarios con sus propios recursos y no recibía ninguna ayuda destinada a eximirla de los costes de las pensiones.

(282)

La creación de DPAG y del Fondo de Pensiones de Correos en 1995 dio lugar a una reestructuración total de la financiación de las pensiones de los funcionarios. Tras esta segunda reforma postal en 1995, Deutsche Post asumió la obligación principal de pagar y financiar los derechos pecuniarios de los funcionarios según el artículo 2, apartado 3, de la PostPersRG 1994, pero fue liberada parcialmente del pago de los costes de las pensiones de los funcionarios. En virtud del artículo 16, apartados 1 y 2, de la PostPersRG 1994, Deutsche Post dejó de estar obligada a financiar los costes de las pensiones con los pagos a tanto alzado (período de 1995 a 1999) o las contribuciones fijadas (desde 2000). El déficit restante se cubre desde entonces con la subvención a las pensiones.

(283)

Por consiguiente, la subvención a las pensiones es ayuda nueva, puesto que se introdujo en 1995.

(284)

Por lo que respecta a la referencia de Alemania a la declaración de la Comisión en el asunto T-266/02, la Comisión apunta en primer lugar que, en el apartado 54 de la sentencia, el Tribunal expone el punto de vista de Alemania (y no el de la Comisión, como indica Alemania). El apartado 54 de la sentencia muestra que, incluso en opinión de Alemania, la Decisión negativa de 2002 no evaluó la subvención a las pensiones. El apartado 61 de la sentencia expone el punto de vista de la Comisión:

«La Comisión responde, en primer lugar, que en la medida en que consideró, en el marco de la Decisión impugnada, que solo eran pertinentes las transferencias de DB-Telekom […]».

(285)

Por consiguiente, la sentencia no respalda la opinión expresada por Alemania de que la declaración del agente de la Comisión autorizara implícitamente la subvención a las pensiones. En cualquier caso, es evidente que una declaración así no podría tener ese efecto.

(286)

Además, en el asunto T-421/07 (77) el Tribunal dictaminó que la Decisión de incoación de 1999 se refería también a la subvención a las pensiones y que el procedimiento relativo a esa medida no se había dado por concluido con la Decisión negativa de 2002.

(287)

Puesto que la Comisión no ha adoptado en ningún momento una decisión por la que se declare que la subvención a las pensiones no constituya ayuda estatal, o que sea ayuda compatible con el mercado interior, la Comisión concluye que la subvención a las pensiones representa una nueva medida de ayuda.

(288)

Queda claro que las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 2, del TFUE y en el artículo 107, apartado 3, letras a) y b), del TFUE no son aplicables.

(289)

En la Decisión de ampliación de 2007, la Comisión contempló la posibilidad de que la subvención a las pensiones pudiera ser, al menos parcialmente, compatible con el mercado interior como compensación por la prestación de servicios públicos con arreglo al artículo 106, apartado 2, del TFUE. En su respuesta a la Decisión de ampliación de 2007, Alemania insistía en que la subvención a las pensiones, si fuera constitutiva de ayuda, debía examinarse sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y no del artículo 106, apartado 2, del TFUE. En la Decisión de ampliación de 2011, la Comisión describió otro método para evaluar la compatibilidad con el mercado interior de la subvención a las pensiones sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y Alemania comunicó sus observaciones al respecto.

(290)

Según la jurisprudencia del Tribunal (78), corresponde al Estado miembro aducir posibles razones de la compatibilidad con el mercado interior y mostrar que se cumplen las condiciones de dicha compatibilidad. De la citada sentencia se deduce a fortiori que la Comisión no está obligada a examinar la compatibilidad con el mercado interior de la subvención a las pensiones sobre la base del artículo 106, apartado 2, del TFUE en el presente asunto, cuando el Estado miembro y el beneficiario rechazan explícitamente una posible evaluación de la compatibilidad sobre esa base.

(291)

Por tanto, la Comisión examinará si la subvención a las pensiones es ayuda compatible a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Según dicha disposición, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas pueden declararse compatibles, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(292)

Según la jurisprudencia del Tribunal, la Comisión puede declarar una ayuda estatal compatible con el mercado interior si la ayuda contribuye a la consecución de un objetivo de interés común (79), si es necesaria para la consecución de dicho objetivo (80) y si no altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (proporcionalidad).

(293)

Los servicios postales contribuyen a la cohesión social, económica y territorial de la Unión. La apertura de los servicios postales a la competencia, que, a nivel de la UE, comenzó en 1998, ha producido un aumento de la calidad y la eficiencia y se ha orientado mejor hacia las necesidades del usuario (81). La apertura del mercado ha hecho posible el establecimiento de un mercado interior para los servicios postales. Por consiguiente, contribuye al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 3, del TUE del establecimiento de un mercado interior.

(294)

Desde que se convirtió en sociedad anónima en 1995, Deutsche Post no ha contratado más funcionarios. Por tanto, las obligaciones en materia de prestaciones sociales para los funcionarios se remontan al período anterior a la apertura a la competencia del mercado postal. Son comparables a los denominados «costes de transición a la competencia», que proceden de obligaciones contraídas antes de que comenzara la apertura del mercado y que ya no pueden respetarse en las mismas condiciones en un entorno competitivo puesto que el operador histórico ya no puede repercutir los costes correspondientes al usuario. Si Deutsche Post no hubiera sido eximida de estas «cargas heredadas», al menos parcialmente, habría tenido que abandonar el mercado.

(295)

La Comisión ha reconocido que la transición gradual desde una situación de competencia restringida en gran parte a otra de auténtica competencia a nivel de la Unión debe producirse en condiciones económicas aceptables (82). Por consiguiente, en varias decisiones la Comisión ha aceptado que los Estados miembros concedan ayuda estatal para liberar a los operadores históricos de una parte de sus cargas heredadas en el ámbito de las obligaciones en materia de pensiones (83).

(296)

La Comisión, en su práctica decisoria, ha considerado que la liberación de los costes de pensiones debe limitarse a lo necesario para igualar el tipo de cotización a la seguridad social que soporta el operador histórico como costes con el tipo de cotización a la seguridad social de sus competidores (84).

(297)

En el presente asunto, la Comisión reconoce que, sin una intervención estatal para aliviar a Deutsche Post de una parte de sus obligaciones en materia de pensiones de sus funcionarios, Deutsche Post no habría podido mantenerse frente a sus competidores. Las cargas sociales heredadas del pasado, que sus competidores no tienen que soportar, la habrían desbancado de las partes competitivas del mercado de servicios postales.

(298)

En la Decisión «La Poste», la Comisión evaluó por primera vez la necesidad y la proporcionalidad de una medida de ayuda que aliviaba de los costes de las pensiones de los funcionarios contratados antes de la apertura del mercado. En dicha Decisión, la Comisión examinó si la subvención a las pensiones iguala el nivel de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social del operador tradicional a los de otras empresas del sector de correo y paquetería (85).

(299)

En la presente Decisión, la Comisión aplicará el mismo planteamiento. La Comisión realizará su análisis en tres etapas:

(300)

El nivel de las cotizaciones a la seguridad social se determina mediante dos factores: el tipo de cotización y la base salarial a la que se aplica.

(301)

Los competidores privados deben financiar con sus ingresos tanto la cuota empresarial como la cuota del trabajador. Como muestra el gráfico 2, desde 1995 el tipo de cotización total oscila entre el 38 % y el 42 % del salario bruto del personal laboral (salario bruto = salario neto + cuota del trabajador).La cuota empresarial y la cuota del trabajador al tipo de cotización a la seguridad social estaban comprendidas respectivamente entre el 19 % y el 21 % del salario bruto (véase la serie cronológica detallada en el anexo).

(302)

A diferencia de la cuota del personal laboral a las cotizaciones a la seguridad social, la cuota de los funcionarios comprende únicamente del 30 % al 50 % de sus costes de atención sanitaria, pero no hay otras contribuciones por los costes de pensión, enfermedad y cuidados especiales. La contribución de Deutsche Post supera por tanto la cuota del empresario privado y comprende la totalidad de los costes de pensiones así como los costes restantes de enfermedad y de cuidados especiales.

(303)

Para determinar un tipo de referencia equivalente para Deutsche Post, debe por tanto tenerse en cuenta que la cotización de los funcionarios es inferior a la del personal laboral.

(304)

Puede suponerse que la cotización de los funcionarios de entre el 30 % y el 50 % de sus gastos de atención sanitaria y de cuidados especiales corresponde en gran medida en sus efectos económicos a la cotización del personal laboral al seguro obligatorio de enfermedad y de cuidados especiales (en 2006, por ejemplo, era del 8,50 % del salario bruto del personal laboral).

(305)

Puesto que los funcionarios no cotizan al seguro obligatorio de pensión y desempleo, Deutsche Post debe asumir el importe correspondiente para sostener realmente un nivel de cotizaciones a la seguridad social igual al de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social que una empresa privada tiene que financiar con sus ingresos.

(306)

El tipo de referencia para las cotizaciones a la seguridad social de Deutsche Post (en adelante, denominado «tipo de referencia») debe por tanto, como muestra el gráfico, incluir los tipos de cotización totales (= cuota empresarial + cuota del trabajador) al seguro de pensión y de desempleo así como la cuota empresarial al seguro de enfermedad y de cuidados especiales.

Gráfico 7

Determinación del tipo de referencia para las cotizaciones a la seguridad social de Deutsche Post

(307)

Como se desprende del gráfico 8, el tipo de cotización de la CR desde 2003 a 2010 estaba entre el 30 % y el 34,1 % del salario bruto del personal privado (86).

(308)

Alemania objeta que un valor de referencia por encima de la cuota empresarial del tipo de cotización a la seguridad social perjudicaría a Deutsche Post frente a sus competidores, que solo tienen que pagar la cuota empresarial. Sin embargo, como muestra el siguiente ejemplo simplificado (basado en los tipos de cotización de 2006), Deutsche Post obtendría una clara ventaja en comparación con sus competidores privados si el tipo de referencia fuera igual únicamente a la cuota empresarial de las cotizaciones a la seguridad social:

(309)

Aunque Deutsche Post y los competidores privados pagan el mismo salario neto, Deutsche Post tenía que soportar costes sociales que solo son aproximadamente el 62 % de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social para el personal laboral si se incluye en el valor de referencia la cuota del trabajador de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social.

(310)

Además, cabe señalar que la cuota empresarial al tipo de cotización a la seguridad social (desde 1995, entre el 19 % y el 21 %) estaba también claramente por debajo del tipo de cotización del 33 % de los salarios reales de los funcionarios, que la Ley de pensiones de 1995 definió como valor de referencia para la contribución de Deutsche Post al Fondo de Pensiones. El legislador alemán no pretendía, por tanto, que Deutsche Post financiara únicamente la cuota empresarial, sino que le imponía una contribución a los costes de pensiones de los funcionarios considerablemente superior y la asunción de todos los costes sociales restantes (por ejemplo, la contribución a los costes de atención sanitaria de los funcionarios).

(311)

La Comisión rechaza, por tanto, que se utilice la cuota empresarial del tipo de cotización a la seguridad social como tipo de referencia puesto que los funcionarios, a diferencia del personal laboral, no están obligados a cotizar al seguro de pensión y de desempleo. Por consiguiente, estas cotizaciones deben incluirse en cualquier caso en el tipo de referencia para garantizar que tanto Deutsche Post como los competidores privados soportan el mismo nivel de cotizaciones directas o indirectas.

(312)

Puesto que el nivel de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social que tiene que soportar Deutsche Post por sus funcionarios debe ajustarse al nivel de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social que tienen que soportar los competidores privados, es importante que Deutsche Post no solo esté sujeto a un tipo de cotización del mismo nivel sino que dicho tipo también se aplique a una base salarial equivalente. Como muestra el ejemplo anterior, calcular la cuota empresarial del 20,5 % basándose en los salarios reales de los funcionarios da una cotización de 17,8 EUR, mientras que un competidor privado tiene que soportar 20,5 EUR (el 20,5 % basándose en el salario bruto de 100 EUR).

(313)

Por tanto, debe establecerse un salario bruto para los funcionarios (en lo sucesivo, «salario bruto de los funcionarios»), que facilite una base salarial equivalente al salario bruto del personal laboral. Se supone que la cotización de los funcionarios a los costes de atención sanitaria corresponde a la cotización del personal laboral al seguro de enfermedad y de cuidados especiales. La diferencia restante entre el salario bruto y el salario real asciende a la cuota del trabajador a las cotizaciones al seguro de pensión y de desempleo. La siguiente fórmula convierte el salario real en un salario bruto equivalente al salario bruto del personal laboral:

Cuadro 6

Cálculo del salario bruto de los funcionarios (sobre la base de los tipos de cotización de 2006)

Salario bruto de los funcionarios =

(314)

Tomando las tipos de cotización de 2006, por ejemplo, el salario bruto de los funcionarios es un 15 % más elevado que su salario real. Ese porcentaje cuantifica, por tanto, el error que se habría cometido si se hubiera utilizado el salario real en lugar del salario bruto como base para calcular las cotizaciones a la seguridad social de Deutsche Post frente a las cotizaciones sociales obligatorias de los competidores privados. El ejemplo citado en el considerando 308 ilustra este punto, puesto que la cuota empresarial de 20,5 EUR, correctamente basada en el salario bruto, es un 15 % más elevada que la cuota empresarial de 17,8 EUR que resultaría tomando incorrectamente como base el salario real.

(315)

Por consiguiente, la Comisión considera que el tipo de referencia para las cotizaciones obligatorias a la seguridad social de Deutsche Post debe basarse en la cotización empresarial y en la cotización del trabajador al seguro de pensión y de desempleo y la cotización del trabajador al seguro de enfermedad y de cuidados especiales. El tipo de referencia debe aplicarse al salario bruto de los funcionarios (definido en el cuadro 6).

(316)

Según el artículo 16, apartado 1, de la PostPersRG 1994, en el período de 1995 a 1999 Deutsche Post debía pagar una contribución anual al Fondo de Pensiones de 2 045 millones EUR, es decir, un total de 10 225 millones EUR. Desde 2000, en virtud del artículo 16, apartado 2, de la PostPersRG 1994, Deutsche Post debe pagar un tipo del 33 %. Este tipo se aplica al salario real de los funcionarios.

(317)

No obstante, al evaluar la necesidad y la proporcionalidad de la ayuda también debe tomarse en consideración que, desde un punto de vista económico, Deutsche Post no tiene que soportar la cotización total al Fondo de Pensiones de 2 045 millones EUR, que representa el 33 % de los salarios reales. A este respecto, la Comisión considera que hay que hacer una distinción entre el período de 1995 a 2002 y desde 2003 hasta la fecha.

(318)

Alemania alega que Deutsche Post pagó cotizaciones a la seguridad social que superaban las cotizaciones obligatorias a la seguridad social que tenían que pagar los competidores, habida cuenta sobre todo de los pagos a tanto alzado anuales al Fondo de Pensiones por un importe de 2 045 millones EUR en el período 1995-1999. Así pues, hasta 1999, aunque también durante el período total investigado, Deutsche Post pagó exactamente las mismas contribuciones, si no superiores, que las empresas privadas. Por consiguiente, no puede establecerse que la subvención a las pensiones pusiera a Deutsche Post en una situación más favorable que sus competidores. La Comisión debe rechazar este argumento ya que no toma en cuenta las disposiciones regulatorias pertinentes adoptadas por las autoridades alemanas sobre la cobertura de costes de los servicios no regulados.

(319)

En la presente Decisión, la Comisión considera que Deutsche Post estaba en una situación más favorable que sus competidores en los mercados no regulados porque una parte de los costes sociales que suponían los funcionarios que trabajaban en estos servicios no los soportaban los propios servicios. En su lugar, esta parte de los costes sociales incurridos se añadió a los servicios regulados, cuyos ingresos se mantuvieron a un nivel suficientemente alto como para poder financiar otros costes además de los costes acarreados por los servicios regulados.

(320)

De hecho, la contabilidad interna de Deutsche Post muestra que desde 1995 Deutsche Post asignó a los servicios no regulados simplemente una cantidad de cotizaciones obligatorias a la seguridad social basada en el tipo de cotización de la CR. Las CR de 2002 y posteriores confirman esta práctica. Por tanto, existió una ventaja económica para los servicios no regulados tanto antes como después de 1999, ya que estos servicios estuvieron claramente exentos de tales costes.

(321)

La alegación de Alemania de que Deutsche Post padeció una desventaja comparativa en los mercados de precios regulados porque tuvo que financiar costes sociales más elevados mediante los pagos a tanto alzado desde 1995 hasta 1999, no se corresponde con los hechos. En primer lugar, Deutsche Post siguió disfrutando de derecho exclusivo en la mayoría de sus servicios regulados. En segundo lugar, lo que es aun más importante, las tarifas de los servicios en los que tenía derecho exclusivo se fijaron a un nivel suficientemente elevado como para repercutir esos costes en los usuarios cautivos.

(322)

En el período hasta 1995, la regulación de tarifas estaba basada en el Reglamento del Servicio Postal (Postdienstverordnung)  (87) de 24 de junio de 1991, según el cual las tarifas del monopolio debían estar equilibradas. En la práctica administrativa, esto incluía los costes de las pensiones. En el período 1995-1997, la regulación de tarifas estaba basada en la Gesetz über die Regulierung der Telekommunikation und des Postwesens de 14 de septiembre de 1994 (BGBl. I p. 2325, 2371). Según el artículo 4, leído en relación con el artículo 2 y el artículo 7 de dicha Ley, con los ingresos del sector regulado no solo se podían cubrir los costes derivados de los servicios regulados, incluidas las cotizaciones al Fondo de Pensiones, sino también financiar los costes de los servicios no regulados.

(323)

Como muestran las cuentas anuales de Deutsche Post, en la reforma de las pensiones de 1995 las tarifas reguladas se mantuvieron al mismo nivel que cuando Deutsche Post todavía tenía que soportar la totalidad de los costes de las pensiones. Mientras que los costes de pensiones posteriormente o bien estaban limitados al importe de la cantidad a tanto alzado (período 1995-1999) o bien (desde 2000) se fijaban en el 33 % del nivel salarial de los funcionarios, nivel que fue disminuyendo de año en año, las tarifas reguladas no descendieron de forma correspondiente para cubrir solamente los cotizaciones a la seguridad social que correspondían a las cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagadas por los competidores. Puesto que las cotizaciones al Fondo de Pensiones fijadas hasta 1999 (2 045 millones EUR anuales) se mantuvieron aproximadamente en el nivel de los costes de pensiones de 1994, la situación económica de Deutsche Post no cambió por lo que se refiere a la cobertura de los costes de pensiones de los servicios regulados. Tanto el nivel de ingresos de Deutsche Post como su cotización al Fondo de Pensiones se mantuvieron en equilibrio.

(324)

La PostG 1997 dice claramente que las tarifas reguladas deben cubrir no solo los costes de una prestación de servicios «eficiente», sino también las cargas, como por ejemplo, los costes sociales de los funcionarios. Por consiguiente, la PostG 1997 reconocía explícitamente que los ingresos procedentes del sector regulado debían fijarse de modo que garantizaran la cobertura de los pagos a tanto alzado totales. Puesto que el legislador alemán parecía considerar que el nivel de las tarifas reguladas de entonces cumplía los requisitos de la PostG 1997, decidió que los precios debían mantenerse en el nivel de 1997 hasta 1999. El antiguo Ministro de Economía y Tecnología decidió posteriormente el 27 de marzo de 2000 que las tarifas autorizadas el 1 de septiembre de 1997 debían seguir vigentes hasta el 31 de diciembre de 2002.

(325)

Las tarifas reguladas, por tanto, se mantuvieron en su nivel histórico más alto y no bajaron hasta un nivel en el que Deutsche Post sufriera una desventaja comparativa.

(326)

Desde 2000, Deutsche Post estuvo en una situación todavía mejor en comparación con sus competidores, puesto que las cotizaciones al Fondo de Pensiones disminuyeron hasta el 33 % de los salarios reales de los funcionarios. En términos absolutos, de ese nivel resulta una reducción de costes desde los 2 045 millones EUR a 735 millones EUR (y aún menor en los años siguientes puesto que el número de funcionarios fue disminuyendo y esa tendencia solo se contrarrestó en parte con el aumento de los salarios). Puesto que las tarifas reguladas se mantuvieron en su nivel histórico más alto, desde 2000 Deutsche Post pudo obtener beneficios significativos de los servicios regulados.

(327)

Al evaluar la rentabilidad de Deutsche Post en el sector de los servicios regulados en todo el período 1995-2002, el informe WIK llega a la conclusión de que Deutsche Post, por ejemplo hasta 1999 a pesar de los pagos a tanto alzado al Fondo de Pensiones, no sufrió pérdidas por los servicios regulados. El informe WIK incluso indica claros resultados positivos desde 2000.

(328)

Por tanto, la Comisión debe rechazar la alegación de Alemania de que Deutsche Post fue perjudicada con respecto a sus competidores en cuanto a la cobertura de las cotizaciones a la seguridad social en los servicios regulados y que la subvención a las pensiones antes de 2002 era necesaria y proporcionada.

(329)

Con independencia de lo anterior, la Comisión debe admitir que, en el presente asunto, no dispone de pruebas suficiente para determinar el nivel exacto de las cotizaciones a la seguridad social que Deutsche Post tuvo que pagar desde 1995 hasta 2002. La Comisión considera que esa cuantificación no puede basarse debidamente en las conclusiones ex post de que una determinada proporción de los costes sociales de los servicios no regulados se hubiera transferido para financiarlos con los ingresos del sector regulado y que, en el marco de las disposiciones relativas al Fondo de Pensiones, Deutsche Post no resultó perjudicada en conjunto ya que los ingresos procedentes del sector regulado de hecho se fijaron a un nivel suficientemente alto como para cubrir sus cotizaciones al Fondo de Pensiones, incluidas las cargas transferidas. Tampoco es posible determinar un método según el cual el Estado miembro pueda calcular el nivel de las cotizaciones durante ese período. La Comisión considera, tras evaluar la base jurídica para las tarifas reguladas vigentes desde 1995 hasta 2002, que de las disposiciones legislativas no puede inferirse con certeza cómo decidieron las autoridades competentes la composición de las tarifas reguladas sobre una base ex ante. En especial, no se puede probar con seguridad en el presente asunto que, cuando las autoridades competentes fijaron las tarifas reguladas a un nivel que de hecho cubría en definitiva los costes transferidos, destinaran inequívocamente en su decisión un determinado porcentaje de las tarifas reguladas para cubrir el importe de las cargas alegadas de los servicios no regulados.

(330)

A diferencia de las Decisiones de limitación de precios de 2002, 2007 y 2011, en las que el regulador postal reconocía y autorizaba explícitamente estas cargas, esta cobertura anterior de facto podría haberse debido a consideraciones de las autoridades responsables de la fijación de tarifas con respecto a la evolución de otros componentes de los costes o a la tendencia de otras variables del negocio. En este caso, por tanto, esta cobertura anterior de facto no es suficiente para determinar con precisión y certeza hasta qué punto las autoridades competentes aumentaron las tarifas reguladas para tener en cuenta las cargas alegadas por los servicios no regulados.

(331)

Por el contrario, durante el período desde el 1 de enero de 2003, las Decisiones de limitación de precios de 2002, 2007 y 2011 establecen claramente cómo fija el regulador postal la composición de las tarifas reguladas. Es indudable que las tarifas reguladas se fijaron a un nivel más elevado para cubrir las cargas de los servicios no regulados con los ingresos obtenidos del sector regulado.

(332)

En virtud de la PostG 1997, Deutsche Post puede solicitar al regulador postal que al determinar el nivel autorizado de ingresos obtenidos del derecho exclusivo y de los servicios regulados incluya en los costes que vayan a recuperarse de los usuarios, entre otros, las «cargas sociales inhabituales» y los costes por la prestación eficiente del servicio universal. El regulador postal utilizó este método por primera vez en la Decisión de limitación de precios de 2002. El regulador postal también autorizó las cargas de las cotizaciones sociales inhabituales en las Decisiones de limitación de precios de 2007 y 2011. El hecho de que solo una parte de los servicios regulados esté sometido a un control de precios ex ante no cambia la evaluación de la Comisión. Deutsche Post seguía estando autorizada a recuperar la totalidad de la carga haciendo uso de su posición dominante. A este respecto, es irrelevante que el regulador postal ejerciera su control ex ante o ex post.

(333)

El regulador postal siempre ha accedido a la demanda de Deutsche Post de que la carga no 2 (costes sociales incurridos que superan el tipo de cotización de la CR) debía refinanciarse con los ingresos del sector regulado. Así, para determinar los costes sociales inhabituales (carga no 2) para 2001, las cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagadas por Deutsche Post por sus funcionarios de [40 % al 45 %] de los salarios reales (88) se compararon con el valor de referencia de la CR. Este valor de referencia se compone de la cuota empresarial de las cotizaciones a la seguridad social, el seguro de accidentes y un seguro complementario de pensión, que en conjunto ascienden a [20 % al 25 %] de los salarios reales.

(334)

La diferencia entre los dos tipos de [15 % al 20 %] del salario real del funcionario se incluyó en la carga no 2 y se cubrió con los ingresos procedentes del sector regulado (véase el cuadro 2).

(335)

Desde un punto de vista económico, por tanto, Deutsche Post no soporta un tipo de cotización a la seguridad social del 33 % de los salarios reales, sino solo del [20 % al 25 %]. Desde 2003, el resto lo han soportado los consumidores cautivos, que deben pagar unas tarifas que cubren los costes sociales de Deutsche Post por los servicios en los que Deutsche Post tenía un derecho exclusivo hasta 2007 o por los servicios universales, en los que disfruta de una posición dominante.

(336)

Para comparar el tipo de cotización utilizado en los salarios reales con el nivel de las cotizaciones obligatorias a la seguridad social de un competidor, el salario real debe convertirse en el salario bruto de los funcionarios.

(337)

El salario real corresponde a entre el [85 % y 90 %] del salario bruto de los funcionarios (89). Sobre esta base, el [20 % al 25 %] de los salarios reales corresponde al [17,5 % al 22,5 %] del salario bruto.

(338)

Como resultado de la limitación de la contribución de Deutsche Post al Fondo de Pensiones a un tipo del 33 % y de la aprobación de la carga no 2 por el regulador postal, Deutsche Post paga unas cotizaciones obligatorias a la seguridad social de [17,5 % al 22,5 %] del salario bruto de los funcionarios.

(339)

En el período entre 1995 y 2002, los ingresos procedentes de las tarifas aplicadas por Deutsche Post en el sector reservado redujeron considerablemente la carga económica real de su contribución a la cobertura de sus costes de seguridad social. No obstante, sin un elemento específico en las tarifas, la Comisión lo único que puede constatar es que el nivel de la contribución de Deutsche Post estaba por debajo del tipo de referencia. La Comisión no está en condiciones de calcular la diferencia exacta entre estos dos niveles ni de elaborar un método que permita al Estado miembro hacerlo.

(340)

Para comparar el tipo de cotización de la CR con el valor de referencia, hay que señalar que el tipo de cotización de la CR se basa en los salarios reales de los funcionarios, que es una base salarial demasiado baja en comparación con el salario bruto del personal laboral. Por tanto, el tipo de cotización de la CR debe volver a calcularse en porcentaje del salario bruto de los funcionarios.

(341)

La comparación para 2006 muestra que los servicios no regulados realmente soportaron cotizaciones obligatorias a la seguridad social del [17,5 al 22,5] % del salario bruto de los funcionarios (o [20 al 25] % de los salarios reales de los funcionarios), frente al tipo de referencia del 33,5 %. En términos de tipos de cotización de la CR, en 2006 Deutsche Post disfrutó por consiguiente de una ventaja comparativa del [10 al 15] % del salario bruto de los funcionarios.

Cuadro 7

Comparación del tipo de cotización de la CR con el tipo de referencia para la cotización a la seguridad social de Deutsche Post en 2006

(342)

Según el cuadro 7, el tipo de referencia para Deutsche Post asciende a 33,5 % des salario bruto de los funcionarios y está [10 a 15] puntos porcentuales por encima del nivel realmente soportado por Deutsche Post.

(343)

La diferencia de [10 a 15] puntos porcentuales para el año 2006 es superior a la diferencia nominal del [8 al 13] % entre el tipo de referencia del 33,5 % y el tipo de cotización de la CR del [20 al 25] %. La diferencia comprende un pago complementario de [2 a 3] puntos porcentuales, que tiene en cuenta que el tipo de cotización de la CR nominal del [20 al 25] % está indebidamente basado en el salario real de los funcionarios y no en su salario bruto, que equivale al salario bruto del personal laboral.

(344)

La subvención a las pensiones, que cubre la necesidad de financiación del Fondo de Pensiones por encima de la cotización a la seguridad social del 33 % de los salarios reales de los funcionarios de Deutsche Post, no es necesaria ni proporcional por las siguientes razones:

(345)

La diferencia en los tipos desde 2003 se debe a dos factores:

(346)

Para el período 1995-2002 es imposible determinar la proporción exacta de la reducción de la carga que supere lo que puede aceptarse como necesario y proporcional. Desde 2003 este porcentaje corresponde al [10 al 15] % del salario bruto.

(347)

Al evaluar la necesidad y la proporcionalidad de la subvención a las pensiones debe tenerse en cuenta, no obstante, que se trata de un entorno especialmente competitivo y regulado.

(348)

Como se expone en la sección II.2.1, hasta el 31 de diciembre de 2007 Deutsche Post disfrutó del derecho exclusivo en la distribución de determinada correspondencia. Hasta esa fecha, Deutsche Post tuvo encomendada por el artículo 52 de la PostG 1997 la obligación de servicio universal según el capítulo 2 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (90) y el artículo 11 de la PostG 1997. Desde el 1 de enero de 2008, Deutsche Post presta servicios universales de forma voluntaria.

(349)

Mientras Deutsche Post tuvo el derecho exclusivo para determinados servicios de correspondencia, sus competidores no podían prestar sus servicios en esa parte del mercado postal. El hecho de que el regulador postal autorizara a Deutsche Post a refinanciar íntegramente la parte de los costes sociales de los funcionarios debida a la prestación de servicios reservados pagando cotizaciones sociales superiores a las de sus competidores, por medio de tarifas más elevadas para los servicios regulados, no es probable que afectara al comercio en una medida contraria al interés común.

(350)

La razón de ser del servicio universal es que, en un mercado competitivo, los operadores postales no ofrecerán determinados servicios en zonas rurales o apartadas, o solo los ofrecerán a precios excesivos. Por consiguiente, según el artículo 4 de la Directiva 97/67/CE, cada Estado miembro debe garantizar a los usuarios el derecho a un servicio universal que corresponda a una oferta de servicios postales de calidad determinada prestados sin interrupción en todos los puntos del territorio a precios asequibles a todos los usuarios.

(351)

A este respecto, la legislación alemana impone una obligación especial a todos los operadores postales que tengan una posición dominante en un mercado en el que rija una obligación de servicio universal. Según el artículo 2 de la PDLV (91), estos operadores de servicios postales deben ofrecer servicios en ese mercado a todos los usuarios en las mismas condiciones. Hasta la fecha, solo Deutsche Post ha disfrutado de una posición dominante y ha estado sujeta a la correspondiente obligación.

(352)

Desde su privatización, Deutsche Post no ha recibido ninguna ayuda estatal como compensación por la prestación de servicios universales. Sin embargo, recibe una compensación por los costes incurridos en el servicio universal garantizado con los ingresos obtenidos por la prestación de servicios regulados, en los que disfruta de una posición dominante. Al evaluar la proporcionalidad y la necesidad de la subvención a las pensiones, la Comisión considera oportuno tener en cuenta esta circunstancia.

(353)

La Comisión concluye, por tanto, que en el caso de aquellos costes sociales de los funcionarios de correos ocasionados por la prestación de servicios regulados sujetos a la obligación de servicio universal, y en los que Deutsche Post disfrutaba de una posición dominante, el hecho de que el regulador postal haya aprobado que dichos costes sociales, incluso cuando sean superiores al nivel habitualmente soportado por sus competidores, se financien íntegramente mediante tarifas más elevadas, no afecta al comercio en una medida contraria al interés común. Esta conclusión está justificada por el entorno especialmente competitivo y regulatorio en el que se prestan dichos servicios. Por lo tanto, no puede ser aplicada a otros sectores.

(354)

Por consiguiente, puede concluirse que, a partir de 2003, Deutsche Post pagó unas cotizaciones sociales por sus funcionarios que trabajan en el sector no regulado que estaban entre 11 y 14 puntos porcentuales por debajo de los tipos de cotización de sus competidores.

Gráfico 8

Ventaja comparativa por lo que se refiere al tipo de cotización a la seguridad social frente a los servicios no regulados (tipos de cotización como porcentaje de los salarios brutos de los funcionarios)

[…]

(355)

Las bajas cotizaciones sociales no son necesarias ni proporcionales para lograr el objetivo de la apertura gradual del mercado de servicios postales. En los mercados de referencia, Deutsche Post está en reñida competencia con otros operadores. La Comisión considera por tanto que el nivel inferior de cotización social afecta al comercio en una medida contraria al interés común; por tanto, no puede considerarse compatible con el mercado interior.

(356)

La parte de la subvención a las pensiones que no es compatible con el mercado interior a partir del 1 de enero de 2003 se calcula mediante la siguiente fórmula: la diferencia entre el tipo de referencia y el tipo de cotización de la CR multiplicada por el total de los salarios brutos de los funcionarios que trabajan en los servicios no regulados.

Cuadro 8

Fórmula para determinar la ayuda incompatible con el mercado interior para el período posterior al 1 de enero de 2003

(357)

Basándose en los datos disponibles, para el período de 2003 a 2010 resulta una ventaja comparativa de [500 a 1 000] millones EUR (véase el anexo). Durante este período, el importe anual de la ayuda incompatible con el mercado interior bajó de […] millones EUR en 2003 a […] millones EUR en 2010 debido a la disminución del número de funcionarios.

(358)

En la Decisión de ampliación de 2011, la Comisión manifestó dudas sobre la necesidad y la proporcionalidad de la subvención a las pensiones, puesto que las cotizaciones a la seguridad social pagadas para los servicios no regulados eran entre un 11 y un 14 % inferiores a las de los competidores privados. La Decisión de ampliación de 2011 cifró la ventaja anual resultante entre 100 millones EUR y 200 millones EUR.

(359)

En su observaciones a la Decisión de ampliación de 2011, Alemania formuló dos objeciones principales:

(360)

Alemania aduce que un valor de referencia fijado por encima de la cuota empresarial de las cotizaciones a la seguridad social perjudicaría a Deutsche Post frente a sus competidores, que solo tienen que pagar la cuota empresarial.

(361)

Por lo que se refiere a este primer argumento, la Comisión insiste en que los funcionarios, a diferencia del personal laboral, no están obligados a cotizar al seguro de pensión y de desempleo. Por consiguiente, estas cotizaciones deben necesariamente incluirse en el tipo de referencia para garantizar que tanto Deutsche Post como los competidores privados soporten el mismo nivel de cotizaciones directas o indirectas.

(362)

Además, Alemania sostiene que el tipo de referencia no se aplica ni al salario bruto de los funcionarios ni a los salarios reales de los funcionarios, sino solo a los salarios «habituales». En las CR 2002, 2007 y 2011, Deutsche Post considera que el salario «habitual» debe basarse en el salario del convenio colectivo ETV o en las convenciones tarifarias para el sector postal de 2003.

(363)

En la CR 2009, el salario mínimo de 2007 se define como salario «habitual», que es aún menor que el del convenio colectivo ETV.

(364)

Según datos de Alemania, es necesario basar el cálculo en esos salarios «habituales» para poner los costes de seguridad social de Deutsche Post al mismo nivel que los de sus competidores.

(365)

La Comisión no puede aceptar este argumento, puesto que la ayuda debe limitarse al mínimo necesario para garantizar que la transición gradual desde una situación de competencia restringida en gran parte a otra de auténtica competencia a nivel de la Unión se produzca en condiciones económicas aceptables.

(366)

Por ello, sería desproporcionado incrementar la ayuda hasta tal punto que, desde 1995, Deutsche Post solo hubiera tenido que financiar costes de seguridad social sobre la base de salarios «habituales», que no reflejan las condiciones del mercado laboral de años anteriores. En la vida económica es habitual que haya diferencias en los salarios de los empleados contratados en momentos distintos por las empresas tradicionales y por los nuevos competidores.

(367)

En el asunto France Telecom (92), la Comisión también rechazó el argumento aducido por Francia según el cual los tipos de las cotizaciones a la seguridad social debían asimismo tener en cuenta que los funcionarios cobraban salarios más altos que los empleados de los competidores. A este respecto, la Comisión subrayó que el operador tradicional, gracias a los funcionarios, en el momento de la apertura del mercado contaba con personal altamente cualificado y competente sin el cual no habría podido mantener su posición en el mercado. De todos modos, sería totalmente ficticio señalar las desventajas específicas del operador postal tradicional y pasar por alto sus considerables ventajas, por ejemplo, en cuanto a cuota de mercado, notoriedad y fondo de clientes.

(368)

Por último, los cálculos de Deutsche Post no pueden determinar de forma fehaciente que Deutsche Post, sin la obligación de contratar funcionarios, hubiera logrado el ahorro estimado en costes salariales. Aun suponiendo que en 1995 los funcionarios hubieran efectivamente pasado a la categoría de personal laboral, no queda establecido cuántos funcionarios fueron sustituidos por personal laboral en 1995 ni en qué nivel salarial. Ya solo por el gran número de funcionarios que trabajaban en Deutsche Post (93) en 1995, resulta improbable que, a partir de esa fecha, hubiera sido jurídica y económicamente posible sustituirlos a todos ellos por personal laboral igualmente productivo con salarios inferiores.

(369)

Por consiguiente, la Comisión rechaza las dos objeciones de Alemania por lo que respecta al tipo de referencia y a los salarios.

(370)

Alemania alega que la Comisión solo valoró el nivel de las cotizaciones sociales para los servicios no regulados y no verificó si los beneficios de los servicios universales bastaban para financiar las cargas alegadas.

(371)

Alemania utiliza dos líneas argumentales. En primer lugar, la Comisión no ha demostrado que el regulador postal alemán autorizara realmente las cargas aducidas por Deutsche Post. En segundo lugar, aun cuando el regulador postal las hubiera autorizado, los beneficios obtenidos de los servicios universales regulados eran insuficientes para financiar esas cargas. Alemania presentó dos informes periciales, un informe del Profesor Weber y el dictamen pericial de CTcon, para mostrar que los ingresos obtenidos de los servicios regulados eran insuficientes para cubrir las cargas aducidas por los costes sociales inhabituales y, por consiguiente, que Deutsche Post había sido insuficientemente compensada por los costes sociales inhabituales.

(372)

Está demostrado documentalmente que, desde la Decisión de limitación de precios de 2002, el regulador postal autorizó las cargas de Deutsche Post y fijó las tarifas reguladas correspondientes para cubrir dichas cargas. Las Decisiones de limitación de precios de 2007 y 2011 también confirman que el regulador postal accedió a la solicitud de Deutsche Post y autorizó que los costes sociales inhabituales aducidos se financiaran con los ingresos obtenidos de los servicios regulados.

(373)

El informe del Profesor Weber abarca desde 1995 hasta 2010 y destaca que Deutsche Post no solo se benefició de la subvención a las pensiones sino que también la carga no 2 se cubrió íntegramente con los ingresos obtenidos de los servicios regulados (véase la sección VI.1.4.2(a) para una descripción detallada del informe).

(374)

Para valorar el informe, conviene antes recordar los criterios para la autorización de las tarifas con arreglo al artículo 20, apartado 2, de la PostG 1997. Según estos criterios, la limitación de precios debe tener en cuenta los costes de una prestación de servicios eficiente, las cargas por los costes de la prestación de servicios postales en todo el territorio y los costes de la asunción de las cargas de las pensiones del personal, derivada de la transferencia.

Cuadro 9

Fijación de precios con arreglo al artículo 20, apartado 2, de la PostG 1997

(375)

El regulador postal debe fijar las tarifas reguladas de manera que los ingresos cubran los costes de la «prestación eficiente» de los servicios regulados y las cargas autorizadas. En otras palabras, las tarifas reguladas no solo deben cubrir íntegramente los costes totales de los servicios regulados, independientemente de que se consignen como «cargas» o como «costes de la prestación eficiente de los servicios», sino también la parte de las cargas de los servicios no regulados. El artículo 20, apartado 2, de la PostG 1997 garantiza por tanto que las cargas aprobadas se cubran íntegramente con los ingresos obtenidos de los servicios regulados. Contrariamente a lo que sostiene Alemania, por tanto, la ley exige que los servicios regulados no estén insuficientemente compensados debido a la transferencia de costes sociales inhabituales por los empleados de los servicios no regulados.

(376)

Primero, el informe define los costes sociales inhabituales para los funcionarios como la diferencia entre todos los costes sociales de Deutsche Post por sus funcionarios (pagos al Fondo de Pensiones y costes de atención sanitaria, seguro de accidentes y otras prestaciones de seguros) y las cotizaciones empresariales al seguro de pensión, al seguro de enfermedad y al seguro de cuidados especiales basadas en el salario mínimo de 2007. En una segunda fase, el informe contrapone esta diferencia a la carga no 2.

(377)

El informe del Profesor Weber tiene dos defectos principales: en primer lugar, exagera el nivel de los costes inhabituales. En segundo lugar, pasa por alto que, debido a esa exageración, los costes inhabituales incluyen también costes por los que Deutsche Post ha recibido pagos compensatorios que no están consignados en la carga no 2 sino en otras partidas. En concreto, la Comisión desea señalar las siguientes deficiencias:

(378)

En primer lugar, el informe determina los costes sociales inhabituales utilizando la cuota empresarial de las cotizaciones a la seguridad social, pero determina la carga no 2 basándose en el tipo de cotización de la CR. Puesto que el tipo de cotización de la CR es más elevado que la cuota empresarial de las cotizaciones a la seguridad social, los costes sociales inhabituales calculados en el informe son superiores a la carga no 2. Por consiguiente, el informe incluye los costes sociales inhabituales que el regulador postal considera costes de la «prestación eficiente».

(379)

En segundo lugar, el informe no toma en cuenta que la carga no 1 (costes salariales habituales) incluye también una parte de los costes sociales inhabituales (por ejemplo, basada en la diferencia entre los salarios reales y el valor de referencia para el nivel salarial «normal») y que, por tanto, estos costes se financian con la carga no 1. Otros costes sociales que toma en cuenta el informe están cubiertos por otras cargas (por ejemplo, los pagos a BAnstPT están cubiertos por la carga no 6) y, por consiguiente, están compensados. Aunque se muestra el total de los costes sociales incurridos para los funcionarios, no se hace referencia al hecho de que los costes inhabituales también están cubiertos por otras cargas distintas a la no 2.

(380)

En tercer lugar, no hay que olvidar que la carga no 2 incluye tanto los costes sociales inhabituales de los funcionarios como del personal laboral. Las cotizaciones a la seguridad social para el personal laboral eran superiores al tipo de referencia de la CR antes de 2003 puesto que en estos costes también se incluían intereses por importe de unos […] millones EUR para el seguro complementario de pensión del personal laboral. Desde 2003, estos costes de intereses se han asignado a los costes financieros y los costes sociales incurridos para el personal laboral están desde entonces por debajo del tipo de referencia de la CR.

(381)

Puesto que el informe incluye la totalidad de la carga no 2 como compensación por los costes sociales inhabituales, para el período anterior a 2003 ocasiona una liberación de la carga excesiva y desde 2003 una exención insuficiente de los costes sociales de los funcionarios. Para poder determinar la compensación adecuada que ha proporcionado la carga no 2 para los costes sociales inhabituales para los funcionarios, la carga no 2 debe dividirse entre funcionarios y personal laboral.

(382)

Por consiguiente, la compensación insuficiente calculada en el informe es engañosa, puesto que pasa por alto que los costes sociales inhabituales aducidos no solo se cubren con la carga no 2 y el regulador postal ha considerado un porcentaje de los costes sociales más elevado como costes de la «prestación eficiente». Una corrección adecuada de los errores del informe relativos a la compensación iguala las cargas y los costes sociales inhabituales, como establece el artículo 20, apartado 2, de la PostG 1997.

(383)

La objeción de Alemania de que la Comisión, en su Decisión de ampliación de 2011, cometió el error de calcular solo la ventaja comparativa para el sector no regulado, debe por tanto desestimarse puesto que, según el artículo 20, apartado 2, de la PostG 1997, el regulador postal debe fijar la limitación de precios de manera que los ingresos obtenidos de los servicios regulados cubran los costes de la prestación eficiente de los servicios regulados y las cargas autorizadas.

(384)

Basándose en la CR 2009, Alemania sostiene que, desde 1990, Deutsche Post tuvo pérdidas significativas en sus servicios regulados puesto que los costes de los servicios regulados y los costes netos del desempeño de la obligación de servicio universal (94) absorbían los ingresos del sector regulado. Por tanto, Alemania rechaza también por esta razón el argumento de la Comisión de que los beneficios de los servicios regulados eran suficientes para financiar los costes sociales inhabituales de los servicios no regulados.

(385)

En primer lugar, la Comisión señala que en las decisiones del regulador postal resulta evidente que desde 2003 se consignó una parte de los ingresos obtenidos de los servicios regulados como compensación por la carga no 2. La existencia de esa contribución a partir de los ingresos obtenidos de los servicios regulados está por lo tanto inequívocamente establecida en las decisiones del regulador postal.

(386)

En segundo lugar, el informe WIK muestra, a diferencia de la CR 2009, que desde 2000 los servicios regulados obtuvieron márgenes de beneficios positivos de más de [6,5 al 8,5] % del volumen de negocios.

Gráfico 9

Cálculo del ROS para los servicios regulados basado en el informe WIK

[…]

(387)

El aumento de los beneficios a partir de 2000 está directamente relacionado con la reducción de las contribuciones al seguro de pensión en virtud de la Ley de pensiones de 1995: mientras que Deutsche Post en 1999 soportaba un pago a tanto alzado anual de 2 045 millones EUR, la contribución correspondiente de 2000 era de solo unos 735 millones EUR (33 % de los salarios reales de los funcionarios). Puesto que el regulador postal no corrigió a la baja las tarifas reguladas en 2000 en consonancia con la menor contribución a las pensiones, los beneficios de Deutsche Post aumentaron considerablemente. Incluso tras la Decisión de limitación de precios de 2002, el beneficio obtenido se mantuvo en un nivel elevado, puesto que las tarifas reguladas no disminuyeron lo suficiente para equipararse a los costes de los servicios regulados.

(388)

Por lo que se refiere a la crítica de Alemania al informe WIK, la Comisión considera que el informe da una visión más acertada de la situación económica de Deutsche Post en general y de los beneficios de los servicios regulados en particular que la CR 2009. Las razones son las siguientes:

(389)

Según la sentencia Chronopost, los servicios comerciales deben soportar sus propios costes directos y hacer una contribución adecuada a los costes generales. La asignación adecuada de los costes a los distintos servicios puede demostrarse bien mediante un valor de referencia externo (por ejemplo, precios de mercado) bien con datos de costes internos (95).

(390)

La CR 2009 se basa en el principio establecido en el artículo 20, apartado 2, de la PostG 1997, según el cual a los servicios no regulados solo deben asignarse los costes de una prestación de servicios eficiente, mientras que todas las cargas (por ejemplo, los costes adicionales de la transferencia de las cargas de las pensiones de los empleados de POSTDIENST y los costes netos de la obligación de servicio universal) deben financiarse con los ingresos obtenidos de los servicios regulados. Sin embargo, el informe WIK, en su revisión de la CR 2009 en comparación con la rentabilidad de los competidores privados, considera que Deutsche Post asigna una parte excesiva de las cargas a los servicios regulados y costes insuficientes a los servicios comerciales.

(391)

Los resultados del informe WIK se confirman mediante el examen del valor de referencia pretendidamente «competitivo» que Deutsche Post ha utilizado para calcular las cargas individuales: como ya se ha mostrado, el tipo de cotización de la CR para el cálculo de la carga no 2 (costes sociales inhabituales) es un valor de referencia demasiado bajo en comparación con las cotizaciones obligatorias a la seguridad social que tienen que pagar los competidores privados. Además, por ejemplo en el caso de la red de oficinas de correos, se trata de un valor de referencia puramente hipotético, puesto que no se puede demostrar que Deutsche Post, a partir de 1990, ya no hubiera tenido oficinas de correo propias de no ser por la obligación de servicio universal. Tampoco se puede demostrar que, a partir de 1990, Deutsche Post hubiera podido funcionar exclusivamente con trabajadores a los que solo tuviera que pagar salarios del nivel salarial del salario mínimo de 2007.

(392)

Por tanto, la Comisión concluye que el informe WIK constituye una base más adecuada para determinar los costes que deben asignarse a los servicios comerciales.

(393)

Además, la valoración de los costes debe ajustarse a las normas contables generales según la Directiva 97/67/CE y la Directiva 2006/111/CE. Ni el aumento de los costes de amortización ni los costes adicionales de pensiones más elevados figuran en las cuentas anuales de Deutsche Post. Estos costes, y esto se aplica tanto a Deutsche Post como a sus competidores, se financian generalmente con el beneficio neto de la empresa. Una revisión de los costes al alza hubiera favorecido por tanto a Deutsche Post frente a sus competidores.

(394)

Los beneficios obtenidos por Deutsche Post desde 2000 superan claramente la mediana de ROS de 3,48 % del informe WIK y el límite inferior de ROS de 6,1 % del informe Deloitte II. Por tanto, no puede aceptarse la alegación de Alemania de que Deutsche Post hubiera sufrido pérdidas tan elevadas que no habría podido costear las cargas con los ingresos obtenidos de los servicios regulados.

(395)

Además, el informe Deloitte II, que se basa en un pequeño grupo de comparación de servicios de paquetería urgente multinacionales principalmente (UPS, FedEx, TNT Express), debe mirarse con ojo crítico. La recomendación del informe Deloitte II de un margen de beneficio razonable que empiece en un ROS de 6,1 % y de una mediana de ROS de 7,4 % pasa por alto el hecho de que el negocio de Deutsche Post no solo es esencialmente menos intensivo en capital sino que también comporta menos riesgo:

(396)

Así pues, el informe WIK utiliza correctamente un valor de referencia para los beneficios por debajo del margen de Deloitte II para tener en cuenta adecuadamente la menor intensidad de capital y los menores riesgos comerciales de Deutsche Post en comparación con los servicios de mensajería urgente multinacionales. Sin embargo, no es necesario determinar el nivel exacto del beneficio razonable de referencia puesto que los márgenes medios de ROS de 8,3 % son ya superiores al límite inferior de ROS de 6,1 % estimado en el informe Deloitte II. Ni siquiera utilizando el informe pericial presentado por Alemania se podría establecer que Deutsche Post hubiera recibido una compensación insuficiente desde 2000.

(397)

En cualquier caso, la crítica de Alemania al informe WIK es difícil de entender porque la mediana de ROS de 3,48 % no supera el nivel de beneficios que el regulador postal y la propia Deutsche Post consideraron razonable. Por una parte, en términos absolutos el ROS de referencia de 3,48 % produce un beneficio superior al alegado por Deutsche Post en su CR y a los costes de capital autorizados por el regulador postal (por ejemplo, costes para […] y […]) (véase la sección IV.4.3). Por otra, la mediana de ROA de 7,66 % mencionada en el informe WIK es similar a la rentabilidad de los fondos invertidos que Deutsche Post […].

(398)

La referencia de Alemania al nivel de beneficio razonable en el transporte ferroviario y de autobuses (rendimiento por ventas de 7 %-8 %) no influye en las conclusiones el sobre valor de referencia para la determinación del beneficio razonable. Estos sectores requieren más capital y exigen por tanto mayor rendimiento por ventas para cubrir los costes de capital. Por el contrario, estas cifras confirman que el beneficio razonable de referencia del informe Deloitte II corresponde más bien a la media de ROS de un sector que requiere más capital que mano de obra.

(399)

La Comisión no puede aceptar el argumento de Alemania, según el cual los ingresos procedentes del sector regulado no eran suficientes para cubrir las cargas por costes sociales inhabituales. No lo corroboran ni el informe presentado por Alemania ni la CR 2009.

(400)

Por el contrario, las Decisiones de limitación de precios de 2002, 2007 y 2011 documentan claramente que el regulador postal autorizó de manera continuada la compensación de las cargas aducidas con los ingresos obtenidos de los servicios regulados.

(401)

Cuando la Comisión comprueba la incompatibilidad de una ayuda con el mercado interior, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, es competente para decidir que el Estado interesado debe suprimirla o modificarla (100). Según dicha jurisprudencia, esta obligación pretende restablecer la situación anterior (101). En este contexto, el Tribunal sostuvo que el objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado la ayuda ilegal, perdiendo la ventaja de la que ha gozado sobre sus competidores en el mercado, y que se restablece la situación previa al abono de la ayuda (102).

(402)

En la línea de esta sentencia, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 establece que «cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […]. La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho comunitario».

(403)

La Comisión señala además que la Decisión de ampliación de 2007 y la Decisión de ampliación de 2011 se refieren al período 1990 a 2007. Sin embargo, la subvención a las pensiones es un régimen de ayuda continuado que no terminó en 2007. En consecuencia, la compensación de las cargas con los ingresos obtenidos de los servicios regulados no cesó en 2007. De hecho, en su comunicación de 2 de enero de 2012, Alemania facilitó datos sobre la subvención a las pensiones y los ingresos regulados, que incluían 2010. Por consiguiente, la Comisión concluye que la recuperación de la parte de la subvención a las pensiones incompatible con el mercado interior no termina en 2007 sino que debe abarcar hasta la fecha de notificación de la presente Decisión.

(404)

Por lo que se refiere al cálculo del elemento de ayuda que ya se ha puesto a disposición de Deutsche Post, cabe señalar, en primer lugar, que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ninguna disposición del Derecho de la Unión exige a la Comisión que, a la hora de ordenar la recuperación de ayuda declarada incompatible con el mercado interior, determine el importe exacto de la ayuda que se ha de recuperar. Basta con que la decisión de la Comisión incluya información que permita al beneficiario calcular por sí mismo y sin excesiva dificultad dicho importe (103).

(405)

Las ayudas incompatibles con el mercado interior deben calcularse utilizando la fórmula del cuadro 8 sobre la base del tipo de cotización de la CR y del tipo de referencia de la CR que figuran en el cuadro 7 y en el anexo (véase la definición en el anexo y en el cuadro 7) y del salario bruto de los funcionarios (véase la definición en el cuadro 6). Las ayudas otorgadas ilegalmente en cada ejercicio devengarán intereses hasta su recuperación. El interés deberá calcularse de conformidad con las disposiciones establecidas en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (104).

(406)

Los cálculos del anexo, con los que se han determinado las ayudas ilegales desde 2003 hasta 2010 (sin intereses), se basan en el supuesto de que los funcionarios trabajan en la misma proporción en los servicios regulados y no regulados. Los datos disponibles no dan información sobre el número exacto de funcionarios que trabajaban en los servicios regulados y no regulados. Por tanto, se supone que los porcentajes de ingresos de los servicios regulados y no regulados ofrecen una primera aproximación fiable del reparto de los costes salariales.

(407)

Unos datos más exactos podrían por tanto dar un cálculo más preciso y cambiar los resultados. Recientemente, Alemania presentó nuevos datos sobre el total de los salarios de los funcionarios en los servicios no regulados entre 1995 y 2007. Estos datos sugieren que el total de los salarios de los funcionarios debe estimarse mediante un reparto basado en los costes de personal de Deutsche Post en la CR. Este enfoque podría dar como resultado un total de los salarios de los funcionarios inferior al estimado mediante el reparto en función de las cuotas de ingresos. El 2 y el 19 de enero de 2012, Alemania presentó observaciones que indicaban que, al menos por lo que se refiere a la Decisión de limitación de precios de 2011, había cambiado el reparto relativo de cargas dentro de los servicios regulados y también entre los servicios regulados y no regulados. Según esos datos, parece que a partir de 2008 una parte de las cargas se asignó a los servicios no regulados. En la ejecución de la presente Decisión, el importe exacto de la ayuda ilegal se calculará conjuntamente con Alemania, teniendo en cuenta estas consideraciones.

(408)

A pesar de todos sus esfuerzos, la Comisión no ha podido determinar cifras fiables para el importe de las ayudas ilegales concedidas entre 1995 y 2002. Tampoco parece posible indicar en la presente Decisión parámetros de cálculo lo suficientemente precisos que permitan al Estado miembro (por sí solo o en colaboración con la Comisión) realizar los cálculos definitivos durante la fase de ejecución de la Decisión. En estas circunstancias especiales, según el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, los derechos de defensa del Estado miembro así como el principio de seguridad jurídica se oponen a una recuperación puesto que, según dicha disposición, «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho comunitario».

(409)

Por consiguiente, la recuperación debe comenzar el 1 de enero de 2003 y terminar en el momento en que deje de haber una ventaja comparativa para los servicios no regulados.

(410)

Para el período a partir de la fecha de la notificación de la presente Decisión, debe garantizarse que el nivel de las cotizaciones a la seguridad social en función de los salarios que Deutsche Post paga por sus funcionarios no esté por debajo del nivel de cotización vigente para el personal laboral de sus competidores. Esa comparación debe tener en cuenta toda compensación que reciba Deutsche Post sobre la base de la regulación de precios en virtud del artículo 20 de la PostG.

(411)

A tenor de lo dispuesto en el artículo del artículo 107, apartado 1, del TFUE «salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». Para poder determinar si una medida constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión debe examinar si cumple los siguientes criterios: la medida debe ser imputable al Estado y utilizar fondos estatales, debe conceder una ventaja a determinadas empresas o sectores que falsee la competencia y debe afectar a los intercambios entre Estados miembros.

(412)

Las transferencias públicas son fondos estatales puesto que se concedieron en virtud del artículo 37 o del artículo 40 de la PostVerfG 1989 y del artículo 2 de la PostUmwG 1994 y se financiaron con fondos de la empresa pública TELEKOM.

(413)

Alemania sostiene que las transferencias públicas solo representaban una compensación por las retrocesiones, que eran costes que los competidores privados normalmente no habían tenido que soportar. En su opinión, las retrocesiones son una tasa «sui generis» que no puede clasificarse como impuestos ni como dividendos.

(414)

Deutsche Post tuvo que pagar retrocesiones por un valor de entre el 6,6 % y el 10 % de su volumen de negocios desde 1924 hasta 1995. Según el informe KPMG, en su sentencia de 22 de marzo de 1984 el Tribunal Constitucional Federal no definió exactamente la naturaleza jurídica de las retrocesiones pero las calificó como un «ingresos para el presupuesto público». Por otra parte, las retrocesiones se calificaron de costes que Deutsche Post tenía que pagar por la prestación de sus servicios.

(415)

Aunque el Tribunal Constitucional Federal no definió exactamente hasta qué punto las retrocesiones deben considerarse como un sustituto de impuestos o dividendos, es evidente que las retrocesiones generaron ingresos para el presupuesto público.

(416)

En primer lugar, numerosos Estados miembros han utilizado en el pasado los ingresos del monopolio de correos y telecomunicaciones como una fuente de ingresos para el presupuesto público. Puesto que BUNDESPOST y las entidades que la precedieron estuvieron exentas de impuestos hasta 1995 en su calidad de empresas públicas, la imposición de una tasa «sui generis» se utilizó para generar ingresos de esos sectores. Además, desde el punto de vista económico también era lógico imponer tasas a estos monopolios. Los consumidores estaban dispuestos a aceptar aumentos de precios sin disminuir fuertemente su consumo, por lo que podían generarse elevados ingresos para el presupuesto público.

(417)

En segundo lugar, a diferencia de las empresas privadas, Deutsche Post no estaba sujeta al pago de impuestos directos ni indirectos, ni tenía que pagar dividendos sobre el capital invertido. Por tanto, las retrocesiones eran el único medio con que contaba el Gobierno Federal, tanto en su calidad de autoridad fiscal como de accionista, para obtener ingresos de Deutsche Post. A este respecto, carece de importancia si las retrocesiones se ajustan exactamente a la definición de determinado régimen fiscal o de dividendos. En cualquier caso, las retrocesiones eran pagos que Deutsche Post tenía que hacer desde 1924 y que generaban ingresos para el presupuesto público.

(418)

Por último, se puede constatar que la obligación del pago de las retrocesiones era acorde con el objetivo público de generar ingresos del monopolio estatal para el Gobierno Federal ya sea en forma de impuestos o dividendos. Por tanto, las retrocesiones representan costes normales que Deutsche Post tenía que financiar con sus propios fondos.

(419)

Alemania sostiene que actuó parcialmente como un inversor privado al conceder las transferencias públicas puesto que con los pagos se financiaban inversiones rentables en la red de Deutsche Post.

(420)

Sin embargo, puesto que las transferencias públicas se concedieron sobre la base de pérdidas acumuladas y no de planes de inversión, es evidente que ningún inversor privado hubiera adoptado esa estrategia de inversión.

(421)

Por consiguiente, Deutsche Post obtuvo una ventaja financiera de las transferencias públicas.

(422)

Alemania sostiene que las transferencias públicas no constituyen ayuda estatal puesto que compensaban los costes netos de la obligación de servicio universal.

(423)

El Tribunal de Justicia dictaminó en la sentencia Altmark (105) que las compensaciones en contrapartida por las obligaciones de servicio público no constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107 del TFUE cuando se cumplen los cuatro requisitos siguientes: En primer lugar, la empresa beneficiaria debe haber sido efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben haber sido claramente definidas. En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben haberse establecido previamente de forma objetiva y transparente, En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones. En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte habría soportado.

(424)

Puesto que Deutsche Post no fue elegida en el marco de un procedimiento de contratación pública y Alemania no ha demostrado que Deutsche Post fuera una empresa bien gestionada, no se cumple el cuarto requisito de la sentencia Altmark.

(425)

Las transferencias públicas se concedieron mediante fondos estatales y liberaron a Deutsche Post de costes que las empresas públicas normalmente tienen que financiar. Alemania no ha podido demostrar que las transferencias públicas cumplan los criterios de la sentencia Altmark, lo que evitaría que se las calificara de ayuda estatal.

(426)

Por las razones expuestas en la sección 268, procede considerar que las transferencias públicas falsean la competencia y afectan al comercio.

(427)

Por consiguiente, la Comisión considera que las transferencias públicas constituyen ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(428)

Las transferencias públicas fueron introducidas por el artículo 37, apartados 2 y 3, de la PostVerfG 1989 y constituyen por tanto una nueva medida de ayuda.

(429)

El artículo 106, apartado 2, del TFUE dispone que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia. Sin embargo, contempla una excepción a las normas del Tratado en los casos en que se cumplan una serie de condiciones. En primer lugar, debe darse un acto de atribución por el que el Estado confiera a una empresa la responsabilidad de la ejecución de una determinada tarea. En segundo lugar, la atribución debe corresponder a un servicio de interés económico general. En tercer lugar, el recurso a la excepción debe ser necesario para ejecutar las tareas atribuidas y proporcional a las mismas. Por último, el desarrollo de los intercambios comerciales no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión.

(430)

En las Comunicaciones de 1996 (106) y 2001 (107), así como en el Marco comunitario de 2005, la Comisión explicó cómo deben aplicarse los criterios de necesidad y proporcionalidad por lo que se refiere a la excepción a tenor del artículo 106, apartado 2, del TFUE. La sección 2.4 del Marco comunitario de 2005 es la última codificación del significado y el alcance de estos criterios que han sido aplicados de forma reiterada en el pasado por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y la Comisión.

(431)

Según la sección 2.4 del Marco comunitario de 2005, la necesidad y la proporcionalidad de la compensación concedida deben cumplir los siguientes principios:

(432)

En su práctica decisoria, la Comisión ha considerado las transferencias públicas por los costes del servicio universal compatibles con el mercado interior (y no como ayudas) siempre y cuando las transferencias públicas fueran inferiores a los costes netos reales del servicio universal (108).

(433)

Tanto las sucesivas Directivas postales como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (109) siempre han reconocido la prestación universal de los servicios postales como un servicio de interés económico general.

(434)

Hasta el 31 de diciembre de 2007, Deutsche Post tuvo encomendada la prestación de servicios postales universales mediante sucesivas leyes postales.

(435)

Alemania sostiene que las transferencias públicas son una compensación adecuada puesto que, según la CR 2009, fueron considerablemente inferiores a los costes netos derivados de las obligaciones de servicio universal desde 1990 hasta 1995. La CR 2009 muestra en 1995, a pesar de las transferencias públicas, una insuficiente compensación a Deutsche Post de […] mil millones EUR (valor actualizado de 1995) de los costes netos acumulados por las obligaciones de servicio universal para el período 1990-1995.

(436)

Tras los ajustes de la asignación y evaluación de costes en la CR 2009, el informe WIK llega a la conclusión de que las transferencias públicas compensaron los costes netos acumulados de las obligaciones de servicio universal para el período 1990 – 1995.

(437)

Los cálculos del informe WIK muestran que, en 1995, la compensación superó los costes netos acumulados en [0 a 20] millones EUR. No obstante, la Comisión reconoce que la calidad de contables de esos ejercicios son defectuosos. Además, el informe WIK solo reconoce las retrocesiones como costes de capital sin tomar en cuenta ningún beneficio razonable.

(438)

Por estas dos razones, la Comisión considera que el informe WIK no puede servir de base para rechazar la alegación de Alemania de que las transferencias públicas constituyeran una compensación adecuada de los costes del servicio universal de Deutsche Post.

Cuadro 10

Cálculo de los costes netos acumulados de la obligación de servicio universal y de las transferencias públicas (valor actualizado de 1995)

(439)

De conformidad con el artículo 106, apartado 2, del TFUE, las transferencias públicas son compatibles con el mercado interior puesto que no superan los costes netos en los que incurrió Deutsche Post por sus obligaciones de servicio universal.

(440)

La Comisión señala que las disposiciones relativas a la garantía pública para instrumentos de deuda fueron introducidas en 1953 por el artículo 22, apartado 4, de la PostVwG. Cuando la PostVwG de 1953 fue anulada mediante la PostVerfG de 1989, esta disposición se incorporó en el artículo 40 de la PostVerfG 1989 sin modificaciones.

(441)

Puesto que la garantía pública para instrumentos de deuda se introdujo en 1953, es decir, antes de la entrada en vigor del Tratado CEE en 1958, constituye ayuda existente a tenor del artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 659/1999.

(442)

El artículo 2, apartado 4, de la PostUmwG 1995 puso fin a esta ayuda existente. El hecho de que posteriormente el Estado garantizara los instrumentos de deuda emitidos antes de la privatización de Deutsche Post no constituye una nueva ayuda porque la ventaja para Deutsche Post se concedió en el momento en que se emitieron los instrumentos de deuda.

(443)

La Comisión señala que la subvención a las pensiones y las transferencias públicas constituyen medidas de ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE puesto que liberaron a Deutsche Post de costes que normalmente las empresas tienen que soportar.

(444)

La Comisión señala además que Alemania ejecutó ilegalmente la subvención a las pensiones y las transferencias públicas infringiendo el artículo 108, apartado 2, del TFUE. La garantía pública para instrumentos de deuda emitidos por Deutsche Post antes de su privatización constituye ayuda estatal existente que fue suprimida en 1995.

(445)

La subvención a las pensiones es incompatible con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE porque otorgó una ventaja comparativa a los servicios no regulados, dado que el regulador postal autorizó la financiación de las cargas con los ingresos obtenidos de los servicios regulados. Alemania liberó a Deutsche Post AG de manera desproporcionada de sus cotizaciones sociales puesto que con las medidas por las que se alivia la carga de las pensiones no solo concedió la subvención a las pensiones sino que autorizó a Deutsche Post AG a repercutir en el usuario una parte de los costes sociales de los servicios no regulados, que Deutsche Post AG tendría que haber soportado, igual que sus competidores privados.

(446)

A consecuencia de ello, estas medidas pusieron a Deutsche Post AG en una situación de ventaja frente a sus competidores privados puesto que las cargas de las cotizaciones sociales que Deutsche Post AG tenía que soportar por sus servicios no regulados eran inferiores a los costes obligatorios que soportan forzosamente los competidores privados.

(447)

En consecuencia, la ayuda incompatible con el mercado interior debe calcularse como la diferencia entre el tipo de referencia, que adapta las cotizaciones sociales de Deutsche Post AG para los servicios no regulados con las de sus competidores, y el tipo de cotización de la CR que Deutsche Post AG tuvo que soportar realmente por sus servicios no regulados, multiplicado por el salario bruto de los funcionarios del sector no regulado. En particular, la ayuda incompatible con el mercado interior debe calcularse utilizando la fórmula del cuadro 8 sobre la base de las definiciones del tipo de cotización de la CR y del tipo de referencia de la CR que figuran en el cuadro 7 y en el anexo y del salario bruto de los funcionarios que figura en el cuadro 6.

(448)

La ayuda incompatible puesta a disposición de Deutsche Post desde el 1 de enero de 2003 debe ser recuperada desde esa fecha hasta el momento en que deje de haber una ventaja comparativa. Además, Alemania debe adoptar todas las medidas necesarias para modificar el alivio de las cargas de las pensiones basado en la subvención a las pensiones y la regulación de precios con el fin de suprimir la ventaja comparativa.

(449)

La Comisión señala que las transferencias públicas constituyen ayuda compatible con el mercado interior a tenor del artículo 106, apartado 2, del TFUE, puesto que compensaron a Deutsche Post por los costes netos acumulados incurridos por la obligación de servicio universal.

a)

importe total (principal e intereses) que deba recuperarse de Deutsche Post AG;

b)

una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

c)

pruebas documentales de que se ha enviado a Deutsche Post AG una orden de recuperación de la ayuda incompatible con el mercado interior.

19.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 289/56

(1)

En mayo de 2009, sobre la base de información públicamente disponible, la Comisión tuvo conocimiento de que una empresa de propiedad estatal en liquidación denominada Osinek a.s. («Osinek») había aceptado conceder un préstamo de 2 500 millones de coronas checas (CZK) (aproximadamente 100 millones EUR) a ČSA – Czech airlines, a.s. («ČSA»). La Comisión solicitó información a la República Checa mediante cartas de 14 de mayo de 2009 y 24 de septiembre de 2009. La República Checa facilitó a la Comisión información adicional mediante cartas de 10 de septiembre de 2009 y 25 de noviembre de 2009.

(2)

Mediante carta de 24 de febrero de 2010, la Comisión notificó a la República Checa su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con la medida («la decisión de incoación»). La República Checa presentó observaciones sobre esta decisión mediante carta de 26 de abril de 2010. La Comisión formuló nuevas preguntas mediante carta de 6 de julio de 2010, a las que la República Checa contestó el 15 de septiembre de 2010.

(3)

La decisión de incoación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida.

(4)

La Comisión recibió observaciones de cuatro partes interesadas: Travel Service e Icelandair Group el 10 de marzo de 2011, Czech Connect Airlines a.s. el 11 de marzo de 2011, JOB AIR Technic a.s. el 10 de marzo de 2011 y ČSA el 14 de marzo de 2011. La Comisión remitió estas observaciones a la República Checa, a la que se dio la posibilidad de responder. La Comisión recibió la respuesta mediante carta de 12 de mayo de 2011.

(5)

La medida objeto de la investigación es un préstamo concedido el 30 de abril de 2009 por Osinek a la línea aérea nacional, ČSA. El préstamo se desembolsó en tres tramos de la siguiente manera: