—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010 (1),

—

Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 [COM(2011) 473 — C7-0257/2011] (2),

—

Visto el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio financiero 2010 (3),

—

Visto el Informe anual del auditor interno para el ejercicio 2010,

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones (4),

—

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas (5) y la regularidad y la legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 314, apartado 10, y 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6) («el Reglamento financiero»), y, en particular, sus artículos 145, 146 y 147,

—

Visto el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (7),

—

Visto el artículo 147, apartado 1, del Reglamento financiero, conforme al cual todas y cada una de las instituciones han de hacer todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria,

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2010 — Secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX (8),

—

Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2009, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2010 (9),

—

Vistos el artículo 77, el artículo 80, apartado 3, y el anexo VI de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0120/2012),

A.

Considerando que el Tribunal de Cuentas afirma que, en lo que respecta al gasto administrativo en 2010, todas las instituciones aplicaron de forma satisfactoria los sistemas de control y supervisión que exige el Reglamento financiero y que el 93 % de los 58 pagos auditados estaba exento de errores significativos;

B.

Considerando que el Secretario General declaró el 16 de junio de 2011 que consideraba razonablemente garantizado que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado conforme a los principios de buena gestión financiera y que el marco de control creado proporciona las garantías requeridas en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes;

C.

Considerando que algunas de las cuestiones planteadas en el curso de los debates sobre la aprobación de la gestión 2010 en la Comisión de Control Presupuestario fueron más allá de las cuestiones específicas de 2010, y se incluyeron en una amplia variedad de cuestiones de dicha comisión, la presente resolución sigue centrada principalmente en la ejecución presupuestaria y la aprobación de la gestión para el ejercicio 2010, reconociendo al mismo tiempo que los enfoques a cuestiones presupuestarias están sujetos a un debate más amplio, en particular en el seno del grupo de trabajo que se está creando para estudiar los costes y los posibles ahorros del Parlamento Europeo, y de conformidad con las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2013 aprobadas el 8 de febrero de 2012, intentando conseguir importantes ahorros a largo plazo, mediante una evaluación independiente del presupuesto del Parlamento Europeo que permita presentar propuestas a finales de 2012 que se apliquen posteriormente sin demora;

1.

Señala que la ejecución del presupuesto en 2010 fue difícil puesto que fue el primer año completo de actividad después de las elecciones europeas de 2009, y tuvo lugar en un contexto de problemas financieros persistentes en la Unión;

2.

Observa que el presupuesto del Parlamento (créditos definitivos por un total de 1 616 760 399 EUR, en comparación con 1 529 970 930 EUR en 2009) se encontraba por debajo de un quinto (19,99 %; 19,67 % en 2009, por consiguiente por debajo del habitual 20 %) de la rúbrica 5 (Gastos administrativos) en el presupuesto general de la Unión Europea para 2010;

3.

Toma nota de la respuesta dada por el Presidente del Parlamento, según la cual el coste anual de la sede del Parlamento en Estrasburgo se eleva exactamente a 51 500 000 EUR en 2010, repartidos entre 33 500 000 EUR en costes de infraestructura y 18 000 000 EUR en costes de funcionamiento para los doce períodos parciales de sesiones; observa que esas cifras oficiales están muy por debajo de las estimaciones presentadas con anterioridad, que variaban de 169 000 000 a 203 000 000 EUR; observa, no obstante, que en el estado de previsiones para 2006 la administración estimó el ahorro anual que se derivaría de la existencia de un único lugar de trabajo en 204 000 000 EUR, y en 180 000 000 EUR en 2010, una cifra más baja tras la compra de los edificios de Estrasburgo y las mejoras en las tecnologías de la información, y recuerda que en su estado de previsiones para 2013 el Parlamento votó por 429 votos a favor de una única sede para reducir los costes y 184 en contra;

4.

Señala que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa supuso un aumento de las competencias, de las actividades y de la carga legislativa del Parlamento, que exigía cambios importantes en su organización y sus métodos de trabajo para añadir excelencia legislativa y continuar los preparativos para la ampliación de la Unión a Croacia; señala, asimismo que, para responder a los nuevos retos, se adoptaron medidas encaminadas a mejorar la rentabilidad a través de un incremento de la productividad, la redistribución del personal y una mejora de los métodos de trabajo;

5.

Toma nota de que fue necesaria la aprobación de un presupuesto rectificativo (no 1/2010 aprobado el 19 de mayo de 2010) por un total de 9 397 164 EUR para financiar gastos adicionales como consecuencia directa de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; observa, asimismo, que este presupuesto rectificativo reforzó, en particular, dos partidas presupuestarias (1200«Retribución e indemnizaciones» y 4220/01 «Asistencia parlamentaria: asistentes locales») con el fin de reforzar la asistencia a los diputados para hacer frente al aumento de sus tareas legislativas; lamenta, no obstante, que este aumento no se haya reducido considerablemente mediante unos ahorros más importantes;

6.

Toma nota de que, durante el ejercicio, se registró una consolidación y una modernización de la administración, con especial atención a las actividades clave, la reestructuración de los servicios, la mejora del uso de las tecnologías modernas y una cooperación reforzada a nivel interinstitucional;

7.

Destaca que 2010 fue el primer año de aplicación plena de los nuevos Estatutos de los diputados y de los asistentes parlamentarios (ambos en vigor desde el 14 de julio de 2009) con la entrada en vigor de un conjunto de modificaciones de las medidas de aplicación de ambos estatutos, propuestas por el Grupo Temporal de Evaluación, que supusieron un incremento importante de tareas suplementarias para la administración del Parlamento;

8.

Toma nota de la aprobación por la Mesa, el 24 de marzo de 2010, de una estrategia a medio plazo en materia de TIC (y, en particular, del sistema de gestión de los conocimientos que forma parte de la misma) y de una política de edificios a medio plazo, ambas con una dimensión financiera considerable;

9.

Toma nota de que, en 2010, el Parlamento recibió ingresos por un importe de 243 094 204 EUR (141 250 059 EUR en 2009), en los que se incluían ingresos afectados por un valor de 110 298 523 EUR;

10.

Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2010:

11.

Observa que en 2010 se comprometió el 96 % (93 % en 2009) de los créditos definitivos, lo que representa una tasa de anulación del 4 % (6,7 % en 2009), y que, al igual que en ejercicios anteriores, se alcanzó un nivel de ejecución muy alto;

12.

Observa, no obstante, las importantes prórrogas a 2010 [190 365 823 EUR (10)] resultantes en gran medida de la naturaleza particular del año electoral 2009 y pide una planificación mejor del gasto que tenga esto en cuenta en la perspectiva de futuras elecciones europeas;

13.

Observa que este elevado nivel generalizado de ejecución se debe en parte a dos transferencias específicas realizadas antes de finalizar el ejercicio 2010 (9 240 000 EUR para la adquisición de una Casa Europea en Sofía y 10 923 000 EUR para cuatro importantes proyectos informáticos); celebra el hecho de que, por segunda vez, entre 2010 y 2011, no se realizara ninguna transferencia de remanentes; insta, no obstante, a la administración a que persiga el objetivo de una planificación y una disciplina presupuestarias mejores y más claras en el futuro, y observa que la inclusión en el presupuesto de los edificios, las tecnologías de la información y de otros gastos importantes proporcionaría una plena claridad financiera; opina que todo gasto considerable debe estar totalmente previsto en el presupuesto anual y no presentarse como resultado de una necesidad de absorber créditos infrautilizados;

14.

Saluda la declaración, de 16 de junio de 2011, del Secretario General, en su calidad de ordenador principal delegado, relativa a los informes anuales de actividades de los ordenadores para el ejercicio 2010, en la que consideraba razonablemente garantizado que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado conforme a los principios de buena gestión financiera y que el marco de control creado proporciona las garantías requeridas en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes;

15.

Toma nota de que los servicios centrales elaboraron para la Autoridad Presupuestaria, sobre la base de la información facilitada por los servicios de ordenación, el informe anual sobre los contratos adjudicados en 2010 (11) y toma nota además del siguiente desglose de todos los contratos adjudicados en 2009 y 2010:

(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2010, p. 5)

16.

Toma nota del siguiente desglose de los contratos adjudicados en 2010 y 2009 por tipo de procedimiento utilizado:

(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2010, pp. 6-7)

17.

Celebra el hecho de que, desde 2010, todas las Direcciones Generales adjuntan en anexo a sus informes anuales de actividad detalles sobre los contratos adjudicados utilizando los procedimientos negociados con carácter excepcional, explicando los motivos por los que se recurrió a este procedimiento, además de otras informaciones que contempla el apartado 50 de la Resolución de 5 de mayo de 2010 (12) sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, sección I — Parlamento Europeo;

18.

Reconoce como positiva la tendencia inversa en 2010 (en comparación con 2009 y ejercicios anteriores) en cuanto al número de procedimientos negociados con carácter excepcional, con respecto a todos los contratos por un valor superior a los 25 000 EUR (13), como muestra el siguiente desglose:

(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2010, p. 11)

19.

Pide a las Direcciones Generales que todavía registran cifras elevadas, en particular la DG INLO, que sigan reduciendo el número/porcentaje de esos procedimientos; insta a su administración a que siga supervisando atentamente estos procedimientos, en particular en lo que se refiere a posibles conflictos de interés, y a que aplique sanciones más estrictas y disuasorias en caso de constatarse irregularidades; pide al Secretario General que, con carácter semestral, informe a la Comisión de Control Presupuestario sobre los progresos realizados;

20.

Celebra la creación por parte de la DG PRES de un departamento de contratación en la Unidad de Programación, Gestión Presupuestaria y Contratos, puesto que considera que esto aumentará la transparencia de los contratos públicos;

21.

Celebra que la auditoría del Tribunal de Cuentas concluyera que los pagos en su conjunto estaban exentos de errores significativos y que el Tribunal de Cuentas no encontrara deficiencias significativas cuando evaluó la conformidad de los sistemas de control y supervisión con el Reglamento financiero;

22.

Toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, según las cuales los procedimientos en marcha en 2010, que no requerían pruebas de los costes de viaje reales y que incluían pagos al contado a los jefes de grupo, presentaban un riesgo de sobrepago y limitaban la posibilidad de aplicar controles internos de dichos pagos, y toma nota de los cambios introducidos recientemente en este sistema; señala, no obstante, que los diputados siguen teniendo la opción de solicitar el pago en efectivo a los grupos de visitantes; pide al Secretario General que solicite el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la modificación de la reglamentación;

23.

Toma nota con decepción de que el Tribunal de Cuentas constata que, en cuatro de los cinco casos auditados, es decir, en al menos el 80 % de los casos, los documentos justificativos del examen de las candidaturas, la realización de entrevistas y la decisión adoptada para la selección de estas personas estaban incompletos, sin que ello tuviera consecuencias adversas para el personal implicado y, por consiguiente, sin incentivos para mejorar la situación; comparte la recomendación del Tribunal de Cuentas de que en lo sucesivo se asegure que todos los documentos figuren en el expediente a efectos de control interno;

24.

Lamenta que el Tribunal de Cuentas detectara errores, incoherencias y otras deficiencias en los procedimientos de contratación pública del Parlamento que auditó; destaca, no obstante, las medidas adoptadas recientemente para mejorar esos procedimientos y alienta a su administración a que siga realizando mejoras en este ámbito de trabajo; celebra el desarrollo de la herramienta informática Webcontracts, creada en 2010, que permite realizar contratos en línea;

25.

Pide a la Mesa que reconsidere todos los mecanismos de control de la contratación pública, con el fin de garantizar los precios más competitivos para los bienes y servicios ofrecidos;

26.

Toma nota de la constatación del Tribunal de Cuentas en relación con la prórroga de créditos no utilizados por parte de los grupos políticos y la división en dos mitades de los años de elecciones europeas con objeto de calcular las prórrogas permitidas; considera que, con el fin de evitar cualquier reaparición futura de las dificultades que surgieron a comienzos de 2010, conviene utilizar en lo sucesivo la totalidad de los años electorales para calcular las prórrogas de los grupos políticos cuya función no cese después de unas elecciones;

27.

Observa que, si bien se ha alegado que el plazo para responder a las preguntas escritas presentadas por el público es por lo general de dos semanas, en la actualidad no existe ningún sistema que garantice que las preguntas presentadas por los diputados al Presidente o al Secretario General obtengan respuesta en el mismo plazo de tiempo;

28.

Toma nota con satisfacción de la rapidez y la amplitud de las respuestas escritas con respecto a la resolución relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2009 facilitadas a la Comisión de Control Presupuestario el 6 de octubre de 2011 y de la calidad de los intercambios de puntos de vista entre el Secretario General y la Comisión de Control Presupuestario durante el seguimiento del procedimiento de aprobación de la gestión 2009 el 11 de octubre de 2011;

29.

Celebra las diversas respuestas a un número de solicitudes incluidas en la resolución arriba mencionada y espera la conclusión del seguimiento de las siguientes solicitudes formuladas en dicha resolución:

30.

Pide al Secretario General que informe a las comisiones competentes del Parlamento, a más tardar el 31 de octubre de 2012, de las medidas adoptadas o que se pretende adoptar;

31.

Celebra el hecho de que una empresa de asesores externos haya certificado que los servicios de auditoría interna cumplen con el más elevado nivel de conformidad con las Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna;

32.

Toma nota de que, en la reunión de la comisión competente celebrada el 24 de enero de 2012, el auditor interno presentó su informe anual firmado el 15 de julio de 2011 y explicó que, en 2010, había realizado el siguiente trabajo de auditoría sobre la administración del Parlamento:

33.

Señala, y apoya, las opiniones expresadas por el auditor interno en cuanto a:

34.

Hace referencia a sus comentarios, contenidos en anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, sobre los informes de auditoría interna; reconoce que los informes de auditoría interna sirven de herramienta para realizar mejoras en los sistemas y los rendimientos, y solo podrán interpretarse de forma adecuada cuando se realicen los cambios que recomiendan y se logren los resultados; señala, no obstante, que la revisión en curso del Reglamento financiero aborda la cuestión de la puesta a disposición de estos informes cuando se soliciten, teniendo en cuenta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia;

35.

Observa con satisfacción que todos los Directores Generales han podido emitir una declaración de fiabilidad sin reservas con respecto a la ejecución del presupuesto por sus respectivos servicios en 2010; es consciente de que los informes de actividad son un instrumento de gestión interna cuyo objetivo principal es ofrecer al Secretario General un panorama claro del funcionamiento de la administración y, en particular, de las insuficiencias que pueda presentar;

36.

Constata con satisfacción que el gestor de riesgos asumió su nombramiento el 1 de junio de 2010 y que informa directamente al Secretario General; celebra la publicación el 16 de diciembre de 2011 del Manual de gestión del riesgo y reitera su solicitud de que su comisión competente reciba el informe anual de actividad del gestor del riesgo para 2010 y que se le mantenga informado de la evolución de la aplicación de la nueva política de gestión del riesgo del Parlamento;

37.

Pide que se informe a su comisión competente antes de finales de septiembre de 2012, del enfoque y de las medidas adoptadas para identificar y gestionar los puntos sensibles;

38.

Toma nota de la ligera disminución del presupuesto destinado a la seguridad, de 45 980 000 EUR en 2009 a 45 590 000 EUR en 2010; celebra la tendencia continuada a la disminución del gasto presupuestario en 2011 (créditos definitivos: 42 830 000 EUR) en comparación con 2010 y la aprobación por la Mesa en julio de 2011 del concepto de seguridad global, que prevé una seguridad más moderna y eficiente para el Parlamento;

39.

Reitera su petición al Secretario General de que imponga a los diputados la obligación de mostrar sus tarjetas de acceso a la entrada y a la salida de los locales del Parlamento; sugiere que las tarjetas de los diputados también se sometan a control electrónico;

40.

Insiste en que es necesario dar la máxima prioridad al refuerzo de la seguridad de los edificios del Parlamento y sus inmediaciones; pide que, como parte de este trabajo, se mejore la seguridad en los aparcamientos y se controle el acceso a las zonas de los edificios donde están situados los despachos de los diputados en el Parlamento;

41.

Subraya el hecho de que se cometen robos en las oficinas de los diputados mientras estas están cerradas con llave, lo que demuestra el bajo nivel de seguridad que existe en las oficinas; pide al Secretario General que adopte medidas urgentes para mejorar esta situación actual;

42.

Manifiesta su preocupación por el bajo nivel de seguridad que existe en los aparcamientos del Parlamento; toma nota de que varios vehículos han sufrido daños intencionados en el aparcamiento de Bruselas; pide a la Mesa que adopte las medidas oportunas para mejorar esta situación;

43.

Reitera su petición al Secretario General de que presente, antes del 30 de junio de 2012, propuestas para un sistema de firma más eficaz, seguro y a prueba de fraude (incluido un examen de las horas de apertura a la firma), y en particular, para un posible futuro sistema de firma electrónica para los diputados tanto para la firma de documentos (como las enmiendas) como para el registro de su presencia mediante firma digital, incluso sabiendo que será mínimo el impacto que cabe esperar en términos de costes o ahorros;

44.

Toma nota con satisfacción de que, a raíz de la decisión adoptada por la Mesa el 5 de julio de 2010, ha concluido ya la internalización de los servicios de acreditación; espera que el nuevo sistema de acreditación proporcione un servicio mejorado y más eficiente; considera necesario proseguir la mejora y la modernización de la seguridad del Parlamento mediante la adecuada profesionalización de la misma, esencialmente a través de procedimientos específicos de selección y contratación, así como por la previsión de la necesaria formación profesional, formación complementaria y de actualización de conocimientos; espera con interés el desarrollo del nuevo concepto de seguridad integral, en particular la diferenciación entre zonas («zoning»), que supondrá una mejora sustancial para los problemas relacionados con la seguridad de los despachos de los diputados, entre otros;

45.

Toma nota de la importante reestructuración llevada a cabo en la DG PRES en 2010; acoge con satisfacción la centralización de las funciones financieras, de la planificación y la gestión de la contratación y de la seguridad en el seno de la Dirección de Recursos creada en marzo de 2010;

46.

Recuerda la importancia política del trabajo de las delegaciones del Parlamento tanto dentro como fuera de la Unión; toma nota, no obstante, de la aparentemente enorme diferencia de costes por miembro y día (que oscila entre los 1 400 EUR y los 5 300 EUR) que presentan las diferentes delegaciones, en particular, las que tienen lugar fuera de la Unión; pide a la Mesa que, en colaboración con todas las Direcciones Generales pertinentes, desarrollen principios para una estructura de costes más económica y uniforme para las visitas de las delegaciones, en particular, teniendo en cuenta su importancia política y duración, y la proporción óptima entre diputados y personal; pide el desarrollo de un sistema informático para la consolidación del presupuesto que proporcione información detallada del presupuesto para cada delegación y mejore así la gestión del gasto; pide para futuras misiones de las delegaciones una declaración detallada de los costes de todos los participantes;

47.

Manifiesta su preocupación porque, exceptuando los costes del Observatorio Legislativo, la línea presupuestaria 3242 (Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos) no es lo suficientemente transparente; considera que debe consignarse, en particular, el gasto en la subpartida 3242/01 para mejorar la transparencia en futuros ejercicios;

48.

Toma nota de que los créditos de compromiso consignados en la línea presupuestaria 3243«Centro de visitantes» ha aumentado significativamente (+ 227 %) en contraste con el bajo nivel de gasto en 2009, y que asciende a 12 725 985 EUR; señala el grave problema con la seguridad de falsos límites máximos que retrasaron el proyecto en 2010 y obligaron a la administración a cancelar 1 000 000 EUR que habían sido prorrogados automáticamente de 2009 a 2010; observa que los costes totales estimados ascienden a 20 530 000 EUR, lo que significa un aumento del 15,3 % con respecto a 2007; pide garantías de que otros planes de envergaduras millonarias no experimenten aumentos similares;

49.

Celebra la apertura del Centro de visitantes el 14 de octubre de 2011 (originalmente prevista para las elecciones europeas de 2009); lamenta, no obstante, el considerable retraso y aumento del coste de este proyecto; pide una revisión del Centro de visitantes, después de haber estado en funcionamiento durante un período de doce meses, con el fin de evaluar la respuesta que ha obtenido por parte del público, sus capacidades y sus deficiencias, así como su rentabilidad, con vistas a garantizar que los recursos se están utilizando de manera eficaz;

50.

Toma nota de que, el 5 de julio de 2010, la Mesa aprobó la estrategia de comunicación actualizada del Parlamento que integraba el proyecto de la Casa de la Historia Europea, y que, en septiembre de 2010, un jurado internacional examinó dicho proyecto; constata, además, que no se utilizó el capítulo presupuestario 106«Reserva para proyectos prioritarios en desarrollo» para este proyecto, puesto que todos los créditos consignados en este capítulo (5 000 000 EUR) fueron transferidos al artículo 210«Informática y telecomunicaciones»; insiste en que se hagan públicas las implicaciones financieras totales del proyecto, especialmente a la luz de las complicaciones que entraña el río subterráneo Maalbeek que fluye por debajo de los cimientos del edificio; reitera su esperanza de que el plan de costes contenido en el plan de actividades se cumpla estrictamente;

51.

Lamenta que las decisiones adoptadas por la Mesa y otros órganos relativas a la Casa de la Historia Europea no se basaran en el total de los costes estimados relativos al establecimiento de un proyecto plenamente operativo; recomienda a la Mesa y a los Cuestores que no aprueben en el futuro ningún proyecto o iniciativa para los que no se haya presentado una estimación financiera completa de los costes directos o indirectos;

52.

Reconoce la importancia del régimen de visitas para dar a conocer a la opinión pública el Parlamento y su trabajo legislativo; toma nota de los recientes cambios introducidos en el sistema de pago de los grupos de visitantes desde 2010 y pide una evaluación del nuevo sistema de pagos y del régimen de reembolsos que muestre la evolución de los costes y el grado en el que los pagos reflejan los costes reales en los que han incurrido los grupos; sugiere al Tribunal de Cuentas que haga un seguimiento de esto y espera las observaciones del auditor interno sobre la aplicación de este nuevo sistema;

53.

Insta a la administración del Parlamento a que le informe de la experiencia adquirida en general con la reglamentación modificada sobre las dimensiones de los grupos de visitantes y, en particular, de las repercusiones de dicha reglamentación sobre la organización y la utilización de la capacidad;

54.

Manifiesta su preocupación —por razones evidentes de seguridad y para preservar la imagen del Parlamento— por que el Parlamento pueda dar grandes sumas de dinero en metálico a los responsables de los grupos de visitantes;

55.

Lamenta el hecho de que no pueda considerarse que EuroparlTV haya sido un éxito teniendo en cuenta el bajísimo número de usuarios individuales directos (14) (excluidos los espectadores que la ven gracias a los acuerdos de cooperación con televisiones regionales), a pesar de la considerable financiación que recibió en 2010, que asciende a unos 9 000 000 EUR (partida 3246); se felicita por los esfuerzos realizados por reducir este presupuesto en un 14 % (a 8 000 000 EUR) en 2011 y en los próximos ejercicios; reconoce con pesar, no obstante, que no se puede justificar una nueva subvención, y pide al Secretario General que presente propuestas a la comisión competente para el cierre de la operación;

56.

Toma nota de que los costes relacionados con el Premio LUX en 2010 ascendieron a 380 666,18 EUR; se muestra preocupado por el hecho de que los costes de este evento aumentaran en 2011 a 573 722,08 EUR (más de un 50 %) y espera una inversión radical de esta tendencia a partir de 2012 y en adelante; pide en concreto que se reduzcan las siguientes actividades, para poder contener los costes:

57.

Toma nota del gasto destinado a los premios en el período 2009-2011:

58.

Considera que el incremento de un 89 % del gasto destinado a los premios entre 2009 y 2011 se ha hecho a costa de fondos que se podrían haber utilizado mejor en otro lugar; pide que el gasto futuro para premios se reduzca a los niveles de 2009;

59.

Toma nota de que los costes relativos al Premio de Periodismo en 2010 ascendieron a 118 059 EUR, lo que supone un aumento del 18 % en comparación con 2009; se manifiesta preocupado por el aumento de los costes para este evento en 2011 en más de un 25 %, y pide que se lleve a cabo un análisis coste-beneficio antes de que se desarrollen iniciativas en este ámbito de las relaciones con la prensa o en otro ámbito, ahora que se ha suprimido este premio;

60.

Considera que los premios no son una actividad fundamental del Parlamento, y pide que dicho análisis coste-beneficio se lleve a cabo antes de que se desarrollen nuevas iniciativas de premios, para que se pueda tener en cuenta la situación financiera y económica, en continuo deterioro, de todos los Estados miembros;

61.

Toma nota de la creación en la Dirección General de una Dirección de Recursos en 2010 encargada, entre otras cosas, de la coordinación centralizada de las contrataciones públicas, lo que permite que las oficinas de información descentralizadas se vean menos afectadas por la práctica de trasladar a personal clave de puestos sensibles;

62.

Toma nota de que las 978 misiones a Bruselas y Estrasburgo de las 32 oficinas de información del Parlamento costaron en total 944 330 EUR, lo que supone una media de 701 EUR por misión a Bruselas y 1 064 EUR por misión a Estrasburgo; observa que una misión de Luxemburgo a Bruselas cuesta una media de 250 EUR, mientras que una de Luxemburgo a Estrasburgo cuesta de media 630 EUR; pide que, en el futuro, se proporcione también el coste medio por misión (página 68 de las respuestas al cuestionario);

63.

Toma nota de la apertura, en abril de 2010, de la oficina de enlace del PE en Washington y del sistema de misiones de un año para cuatro funcionarios puesto en marcha en octubre de 2010; observa que, pese a que la creación de la oficina de Washington no ha supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo, sí se ha incurrido en otros gastos inevitables; desearía recibir información relativa a dichos costes en relación con 2011 y 2012; pide que se presente a la Mesa, con copia a las comisiones competentes interesadas, una revisión de su estructura, sus actividades y sus costes;

64.

Celebra el hecho de que la Dirección General haya podido mejorar sus resultados gracias a la contratación externa para el desempeño de determinadas funciones (como la gestión de guarderías) y el aumento del uso de TI en la gestión de los expedientes del personal; acoge con satisfacción la puesta en marcha de la aplicación de TI Streamline;

65.

Toma nota del impacto de la decisión tomada por el Consejo en diciembre de 2009 de conceder un ajuste salarial anual de solo el 1,85 %, en lugar del 3,7 % indicado y propuesto por la Comisión, que ha tenido como consecuencia compromisos pendientes (justo por debajo de 6 000 000 EUR o del 1,4 %) en la línea presupuestaria 1200«Retribución e indemnizaciones»;

66.

Toma nota de que el organigrama completo para el Parlamento se fijó en 6 285 puestos: 5 348 (el 85,1 %) para la Secretaría del Parlamento y 937 (el 14,9 %) para los grupos políticos, lo que representa un incremento del 3,35 % entre 2009 y 2010 (+ 204 puestos), en su mayoría como consecuencia del aumento de responsabilidades del Parlamento, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009;

67.

Toma nota de los cambios en la estructura de la Secretaría, aprobados por la Mesa en 2009 y que entraron en vigor a comienzos de 2010, en preparación de la nueva legislatura, en particular con vistas a reforzar los servicios para los diputados; observa que esos cambios han conducido, en particular, a la reestructuración de la DG PRES, la DG PERS y la DG INLO, y han supuesto también la creación de una Dirección de Recursos en la DG PRES, la DG IPOL, la DG EXPO y la DG COMM, es decir, en las cuatro Direcciones Generales que tienen un cometido esencialmente político;

68.

Toma nota de que, a 31 de diciembre de 2010, una mayoría del personal de la Secretaría (58,4 %) y perteneciente al grupo de funciones de administradores (51,7 %) eran mujeres; acoge con satisfacción el hecho de que, a nivel de los funcionarios directivos altos y medios, el porcentaje de mujeres directoras generales aumentara en 2010 a un 36,4 %, es decir, 4 de 11, y el de jefas de unidad a un 26,2 %;

69.

Destaca las dificultades para contratar a funcionarios o agentes de determinados Estados miembros como Alemania, el Reino Unido, Austria o los Países Bajos, para los que el porcentaje de personal en la Secretaría del Parlamento es considerablemente inferior al «peso democrático» de los países en cuestión dentro de la Unión (15) y observa el número relativamente elevado de personal de nacionalidad belga (13,6 %) o luxemburguesa (2,3 %), como consecuencia de los lugares de trabajo del Parlamento; pide a la Mesa que examine los procedimientos y los requisitos de contratación, a fin de determinar su papel en la creación de dificultades para contratar personal;

70.

Toma nota de que en 2010 se realizaron 33 200 misiones (viajes oficiales), lo que representa un total de 98 629 días de misión, la mayoría de los cuales fueron desplazamientos entre los tres lugares de trabajo del Parlamento; recuerda la necesidad de evitar misiones superfluas entre los tres lugares de trabajo y los costes que estas suponen exigiendo justificaciones más sistemáticas y documentadas y realizando un mejor control; pide al Secretario General que informe, como parte del procedimiento de aprobación de la gestión, de todos los ahorros realizados gracias a una mayor racionalización y de todas las iniciativas adoptadas o en preparación destinadas a reducir el número de misiones; opina asimismo que, como norma general, no debería celebrarse ninguna reunión de comisión en Estrasburgo, a excepción de las comisiones cuyo orden del día esté directamente relacionado con informes o debates incluidos en el orden del día del período parcial de sesiones de dicha semana; anima al Tribunal de Cuentas a que siga examinando los procedimientos de misión actuales y presente recomendaciones para mejorar su eficacia; pide al Secretario General, en particular, que examine los puestos destinados fuera de Bruselas, principalmente los de miembros del personal que se desplazan repetidamente en misiones a Bruselas, con el fin de determinar si se deberían relocalizar dichos puestos; sugiere que puede ser necesario revisar el acuerdo con las autoridades luxemburguesas, que establece el número de funcionarios del Parlamento destinados en Luxemburgo sin considerar la evolución de las necesidades de este;

71.

Constata con satisfacción que el paso a este nuevo sistema de contratación ha sido prácticamente neutral desde el punto de vista presupuestario, con aproximadamente 15 miembros del personal encargados de administrar el empleo de alrededor de 1 400 asistentes, y espera recibir una copia del informe sobre la aplicación de este nuevo sistema de contratación y de sus costes directos e indirectos totales, incluidas las prestaciones de desempleo abonadas por la Comisión;

72.

Señala que las deficiencias en la documentación y la rastreabilidad de los costes de las misiones de los asistentes realizadas en vehículos privados, señaladas en las conclusiones del Tribunal de Cuentas, aún no se han resuelto; insta a la administración del Parlamento a que encuentre un solución transparente y rastreable para esta cuestión lo antes posible;

73.

Toma nota de la política inmobiliaria a medio y largo plazo (estrategia para los edificios) adoptada por la Mesa el 24 de marzo de 2010 y sus principales parámetros:

74.

Observa que el Consejo Europeo, pese a que pedía, con razón, austeridad al Parlamento, continúa denegándole la oportunidad de lograr los considerables ahorros que se derivarían del cese de la celebración de reuniones en Estrasburgo;

75.

Observa que el coste de mantenimiento de los edificios, su funcionamiento y su limpieza aumentó en los tres lugares de trabajo de un total de 33 700 000 EUR en 2009, a 38 700 000 EUR en 2010 y las previsiones muestran que seguirá aumentando en los años 2011-2013 a excepción de un ligero descenso de los costes en Luxemburgo en 2013; observa, además, que el consumo de energía y de otros servicios esenciales ha aumentado menos espectacularmente aunque de forma constante en el mismo período;

76.

Toma nota de la disminución considerable de los pagos de alquiler en 2010 (5 700 000 EUR en comparación con 58 600 000 EUR en 2008 —la suma más elevada de los últimos años), las fluctuaciones menos extremas en los costes de alquiler (25 300 000 EUR en 2010, en comparación con un máximo de 31 200 000 EUR en 2006 y un mínimo de 19 900 000 EUR en 2007) y observa asimismo la diversidad de los importes pagados por los edificios que oscilan entre un máximo de 165 900 000 EUR en 2006, a cero en 2009 y 20 200 000 EUR en 2010;

77.

Observa con satisfacción que, de acuerdo con las respuestas recibidas al cuestionario sobre la aprobación de la gestión, las estimaciones indican que si la institución hubiese alquilado todos sus edificios, habría tenido que prever, en su presupuesto para 2010, un coste suplementario de 163 000 000 EUR, lo que equivale al 10 % de su presupuesto; apoya, por consiguiente, esta política de adquisición en vez de alquiler, que ha sido vivamente recomendada por el Tribunal de Cuentas durante varios años, más recientemente en su Informe Especial no 2/2007 relativo a los gastos inmobiliarios;

78.

Toma nota de que los trabajos de eliminación de amianto de los tres edificios de Estrasburgo en 2010, que costaron 2 464 701 EUR han sido reembolsados en gran medida por la ciudad de Estrasburgo, que contribuyó con 2 015 000 EUR;

79.

Toma nota de que, el 27 de enero de 2010, el Estado belga procedió al reembolso al Parlamento de 85 987 000 EUR en el contexto de su cobertura del coste del terreno que ocupan los edificios Willy Brandt y József Antall y de los gastos de acondicionamiento de la explanada que cubre la estación de Luxemburgo en Bruselas; señala que esta cantidad ha sido consignada en las cuentas como «ingresos afectados» de conformidad con el Reglamento financiero y se ha utilizado para financiar proyectos inmobiliarios;

80.

Toma nota de la compra en 2010 del edificio Remard en Bruselas (11 000 000 EUR) y de la decisión de comprar la Casa de Europa en Sofía (9 240 000 EUR); lamenta que, debido a las restricciones del mercado, los costes de mantenimiento, renovación y compra sean innecesariamente elevados, y que sea difícil mantener la confidencialidad de las negociaciones; considera que el requisito propuesto en el Reglamento financiero revisado de que las instituciones publiquen sus planes inmobiliarios con un número determinado de años de antelación supondría un coste considerable para las instituciones y los contribuyentes;

81.

Observa que el hecho de autorizar la financiación directa de los edificios previsto en el Reglamento financiero revisado tendría una incidencia positiva puesto que permitiría al Parlamento utilizar préstamos sin recurrir a terceras partes, reduciendo así los costes y aumentando la transparencia al mismo tiempo; señala que este ya es el caso para la financiación del edificio KAD en Luxemburgo, para la que se ha acordado una asociación con el Banco Europeo de Inversiones que proporciona el 50 % de los fondos;

82.

Pide a este respecto una declaración financiera detallada de los costes en que ya se ha incurrido y de los proyectos previstos para los próximos veinte años en relación con el edificio KAD de Luxemburgo, e insiste en que se publiquen detalladamente los costes totales de construcción previstos, los costes de funcionamiento estimados y otros costes relativos a la construcción y el funcionamiento de este edificio;

83.

Celebra que el Secretario General haya garantizado que ya no haya oficinas asignadas a los grupos de interés o las fundaciones, pero observa que, hasta el 31 de diciembre de 2011, la Fundación Pegasus y el Grupo Kangaroo tenían a su disposición oficinas en los edificios del Parlamento;

84.

Lamenta que grupos de interés acreditados utilizaran espacio de oficinas en 2010, dando así un trato preferente a estas organizaciones con cargo a los recursos de los contribuyentes de la Unión;

85.

Reitera su petición de que haya mayor diversidad de opciones de servicios de restauración en los edificios del Parlamento y se deje de ofrecer el monopolio a un único proveedor de servicios de restauración al término de los actuales contratos;

86.

Toma nota de que, en 2010, se tradujeron 1 721 191 páginas (1 033 176 de ellas —es decir, el 60 %— internamente) y celebra el hecho de que la DG TRAD produjera a tiempo todos los documentos necesarios para las votaciones y de que el 90 % de las traducciones salieran en general dentro de los plazos establecidos, pese a que el 65 % de las solicitudes de traducción se presentaran tarde (es decir, fuera de los diez días laborables que establece el Código de conducta sobre multilingüismo);

87.

Toma nota con satisfacción de que la DG TRAD está logrando una productividad cada vez mayor y un uso más eficaz de su presupuesto, asegurando al mismo tiempo el multilingüismo; subraya, en este contexto, que la productividad interna ha aumentado de 1 500 páginas a 1 800 páginas anuales; expresa su deseo de que se publiquen las cifras de productividad por unidad lingüística;

88.

Observa, no obstante, que tras un aumento de más del 10 % de la tasa de cumplimiento del Código de conducta del multilingüismo entre 2008 y 2009 (su primer año de aplicación), la tasa de cumplimiento descendió entre 2009 y 2010 (16); pide a las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos que respeten estrictamente los plazos previstos en el Código de conducta;

89.

Se felicita por el nuevo servicio de interpretación ad personam (IAP) que ofrece la DG INTE a los diputados y que se creó a raíz del proyecto piloto iniciado en 2010;

90.

Observa con satisfacción que, en 2010, se redujo el tiempo de pago de las facturas a una media de 21 días;

91.

Observa que, en 2010, el coste de los desplazamientos de los diputados y del personal ascendió a unos 107 000 000 EUR (17) (lo que corresponde al 6,6 % del total de los créditos definitivos) y que en la actualidad se está procediendo a una reducción del 5 %; considera que convendría estudiar la posibilidad de lograr otros ahorros aunando las millas acumuladas; pide que se presente un análisis del artículo 300, mediante una nota adjunta a las cuentas, sobre el gasto medio de desplazamiento por funcionario para los seis trayectos siguientes: Bruselas-Luxemburgo; Luxemburgo-Bruselas; Luxemburgo-Estrasburgo; Estrasburgo-Luxemburgo; Bruselas-Estrasburgo; Estrasburgo-Bruselas;

92.

Toma nota de que los créditos definitivos para la agencia de viajes ascendieron a 1 438 000 EUR en 2010 con un elevado índice de compromisos (94 %); toma nota, además, de que obtiene precios negociados con las compañías aéreas, lo que significa que existe un precio medio para el mejor servicio; subraya, no obstante, que esto no significa que sea imposible encontrar un precio más ventajoso para un día o un trayecto en particular si se reserva directamente a través de los operadores de viajes; pide una investigación independiente que conduzca a una evaluación del funcionamiento de la agencia de viajes, su estructura y su funcionamiento; pide al actual contratista de la agencia de viajes que haga mayores esfuerzos por garantizar que se propongan siempre las opciones más económicas a los diputados y al personal; pide además a la dirección pertinente que controle los niveles de servicios suministrados por la agencia de viajes;

93.

Lamenta que en algunos casos la agencia de viajes no ofrezca el mejor precio en comparación con otras agencias en línea y fuera de línea; pide a la DG de Finanzas que desarrolle un mecanismo adecuado de control que garantice la mejor relación calidad-precio;

94.

Considera que es necesario obtener datos comparables relativos a los precios de vuelos, a fin de determinar el mejor precio para todos los vuelos;

95.

Considera que el Parlamento debe dejar de adjudicar contratos monopolísticos siempre que sea posible, y que si se dispusiera de más de una agencia de viajes se reducirían los costes y habría un mejor servicio para los diputados y el personal;

96.

Celebra el hecho de que, a finales del ejercicio 2010, no se utilizara el procedimiento de remanentes, como ha pedido la Comisión de Control Presupuestario durante los últimos años, evitando así la existencia de una diferencia significativa entre el presupuesto previsto para el año y su ejecución, como ocurrió en ejercicios anteriores, y opina que todas las instituciones de la Unión podrían facilitar el control y la aprobación de la gestión previendo los gastos inmobiliarios de forma transparente a través del procedimiento presupuestario;

97.

Observa que, si bien en 2010 el valor de los activos del Fondo de pensiones voluntario aumentó un 13,3 % a la vez que los mercados de inversiones seguían recuperándose de la crisis financiera global de 2008, el Fondo de pensiones voluntario presentaba, a 31 de diciembre de 2010, un déficit de 178 960 000 EUR, lo que suscita inquietudes por la posible quiebra del Fondo; recuerda que el Parlamento garantiza el pago de los derechos de pensión a todos los antiguos miembros y a algunos de los miembros actuales del Fondo de pensiones voluntario, en el caso de que este Fondo no pueda cumplir sus obligaciones; expresa su deseo de ser informado sobre el modo en que el Parlamento va a cumplir sus obligaciones al respecto y con cargo a qué línea presupuestaria lo hará;

98.

Reconoce que dos terceras partes de los pagos al Fondo fueron hechas directamente por el Parlamento y no por los propios diputados; recuerda a los miembros del Fondo que sus contribuciones eran voluntarias, e insiste en que el Parlamento no debe aportar nuevas contribuciones financieras para hacer frente a los pagos o para reducir el déficit de un fondo que no se ha estructurado satisfactoriamente desde el principio;

99.

Observa, además, que las obligaciones que se derivan de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados (Reglamentación GDD) relativas a las pensiones de supervivencia y de invalidez (anexo II) ascienden a 28 950 000 EUR; señala que existe una cantidad de 195 640 000 EUR para cubrir casos —principalmente de diputados italianos o franceses— en los que las disposiciones en materia de pensiones de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo difieren (anexo III), y una cantidad del nuevo régimen establecido en el Estatuto de 152 210 000 EUR (esta última cifra aumentará año tras año); recuerda que no hay fondos para cubrir estos gastos;

100.

Toma nota de las decisiones de la Mesa, de 17 de junio de 2009 y 18 de octubre de 2010, de ampliar las zonas de acceso a la red inalámbrica (wifi) en el Parlamento Europeo para cubrir el hemiciclo, las salas de comisiones, los despachos de los diputados y los espacios públicos tanto en Bruselas como en Estrasburgo (primera fase del proyecto: 7 878 000 EUR); pide a la DG ITEC que haga lo posible para que los diputados puedan solicitar dejar de recibir documentos en papel para las reuniones de comisión en que se recurra al sistema «e-committee»; considera que esto podría acelerar el éxito del proyecto;

101.

Celebra el nuevo diseño gráfico que se está realizando en la actualidad en la página web del Parlamento a raíz de la decisión de la Mesa, de 22 de noviembre de 2010, sobre la «Estrategia para la futura presencia en línea del Parlamento Europeo — Readaptación del sitio web del PE»; pide que se mejore la asistencia al sitio web, en particular realizando pruebas periódicas;

102.

Acoge con satisfacción el sistema AT4AM, introducido en 2010, que facilita a los diputados la modificación de propuestas de textos legislativos y no legislativos;

103.

Toma nota con satisfacción de las mejoras introducidas en el sector TI desde 2010, que han dado como resultado una mayor capacidad para gestionar aspectos internos clave, el proceso de internalización de actividades, la creación de los órganos clave de gobernanza corporativa [el «Comité para la estrategia de innovación de las tecnologías de información y comunicación (TIC)» y el Comité directivo para la Innovación en TIC], la creación de la función de planificación de las TI y del sistema de información sobre la situación de los proyectos de desarrollo de TI y desarrollo de una metodología transparente de planificación a corto plazo; acoge con satisfacción el uso extensivo de indicadores de resultados por parte de esta DG; manifiesta su preocupación por el creciente riesgo de acceso ilícito y de manipulación de los sistemas TIC del Parlamento, y considera de la máxima urgencia proceder al desarrollo de una estrategia eficaz y duradera de protección de dichos sistemas; pide al Secretario General que le mantenga informado de las medidas adoptadas en este sentido;

104.

Espera un informe completo sobre el modo en que se han desarrollado los proyectos del Parlamento de software libre por lo que respecta al uso y los usuarios en el Parlamento, la interacción ciudadana y las actividades de contratación; sugiere que se examinen las obligaciones del Parlamento en virtud del artículo 103 de su Reglamento por lo que respecta al software libre y las normas abiertas;

105.

Alienta a la DG ITEC a que aspire a una elaboración mejor de los procedimientos de contratación, en particular en el caso de contratos marco, que a menudo son complejos, estipulando obligaciones contractuales en las prestaciones y los resultados más que en el simple producto y definiendo mejor las necesidades y los objetivos del Parlamento; sugiere que, en lugar de recurrir a cláusulas en materia de sanciones, el Parlamento debe exigir compensaciones a un proveedor o prestador de servicios que no cumpla sus obligaciones o utilizar la amenaza de no adjudicarle trabajos en el futuro, en el caso de contratos marco;

106.

Toma nota de que los nuevos equipos de votación en el hemiciclo han costado 2 135 623 EUR y fueron financiados en su totalidad con cargo a los créditos de 2010; toma nota además de que el coste de mantenimiento y de asistencia técnica para esos equipos ascendió a 147 149 EUR en 2010;

107.

Observa que en 2010 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4000 se utilizaron como sigue:

108.

Se felicita por el compromiso de la administración del Parlamento citado en el informe del Tribunal de Cuentas de utilizar el año civil entero, en lugar de dos semestres separados, para calcular las prórrogas de los grupos políticos al final de los años electorales; acoge con satisfacción la aparente mejora de las previsiones financieras, que indica el hecho de que los grupos políticos no han reintegrado ningún crédito no utilizado en 2010;

109.

Observa que en 2010 los créditos consignados en las líneas presupuestarias 4020 y 4030 se utilizaron como sigue (20):

110.

Constata los cambios desde 2010, incluidas las visitas de gestión en las que se realizan comprobaciones por muestreo sobre el presupuesto, la contratación, las licitaciones y otros sistemas;

111.

Toma nota del plan de acción en materia de CO2 aprobado por la Mesa en 2010; acoge con satisfacción la disminución significativa del consumo de energía en la sede del Parlamento en Estrasburgo, que ha disminuido un 74 % entre 2006 y 2010; lamenta, no obstante, que la huella de carbono de la sede del Parlamento en Estrasburgo, que representa la energía consumida en 2010, ascienda a 1 533 toneladas de CO2;

112.

Considera que debe analizarse la posibilidad de conseguir tanto mejoras medioambientales como ahorros en el presupuesto del Parlamento, a través de diferentes métodos de trabajo que sean más ecológicos y más baratos pero que no perjudiquen la actividad del Parlamento, en particular el recurso a las teleconferencias;

113.

Celebra la introducción en diciembre de 2010 de un «sistema de pago de terceros» para los abonos para las líneas NMBS/SNCB (23) de Bruselas, en el que el Parlamento contribuye al 50 % del coste de los abonos anuales individuales que compren los miembros de su personal; alienta a su administración a que adopte las medidas necesarias para reembolsar también al personal que tenga que combinar el ferrocarril con el transporte urbano; considera que esto promovería el uso del transporte público y reduciría la huella de carbono del Parlamento;

114.

Acoge con satisfacción los proyectos piloto en el ámbito de la logística realizados (por ejemplo la compra de vehículos de bajas emisiones-norma euro 5, formación en una conducción responsable desde el punto de vista ecológico para conductores y personal de mudanzas, cantinas compartidas para el transporte de documentos de trabajo, reduciendo de este modo las emisiones de CO2 en aproximadamente un 33 % en este ámbito) como parte del plan de acción de EMAS;

115.

Acoge con satisfacción la aprobación por la Mesa, el 10 de noviembre de 2010, de la propuesta del Grupo de Trabajo sobre Edificios, Transporte y Parlamento Verde de revisar el Reglamento relativo al uso de vehículos oficiales por los diputados al Parlamento, que ha permitido modernizar su flota con vehículos menos contaminantes y organizar transportes agrupados con minibuses VIP hacia los aeropuertos de Bruselas y Estrasburgo;

116.

Pide a la Conferencia de Presidentes que prevea un debate sobre la aprobación de la gestión del Parlamento en un momento que no coincida con el debate sobre otros informes de aprobación de la gestión, con el fin de permitir a los diputados prestar la atención exclusiva que se merece la aprobación de la gestión de su propia institución;

117.

Sugiere a la Mesa que incluya en su orden del día un debate sobre la resolución relativa a la aprobación de la gestión después de su aprobación en el Pleno.

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010 (1),

—

Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2010 [COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

—

Visto el Informe anual del Consejo para la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2010,

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones (3),

—

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas (4) y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, sus artículos 50, 86, 145, 146 y 147,

—

Vista la Decisión no 31/2008 del Secretario General del Consejo/Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, relativa al reembolso de los gastos de viaje de los delegados de los miembros del Consejo (6),

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (7),

—

Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0095/2012),

1.

Aplaza su decisión relativa a la concesión al Secretario General del Consejo de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Consejo para el ejercicio 2010, de conformidad con la facultad del Parlamento de aprovechar los dos plazos del calendario de concesión de la aprobación de la gestión para, en el presente caso, alcanzar un posible acuerdo con la Presidencia en ejercicio;

2.

Toma nota de que, en su Informe Anual 2010, el Tribunal de Cuentas ha estimado que, de acuerdo con sus trabajos de auditoría, los pagos relativos al ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2010 para los gastos administrativos y de otro tipo de las instituciones y otros organismos no presentan, en su conjunto, errores de importancia; subraya que la tasa de error más probable se estima, en el sector de «gastos administrativos» en general, en un 0,4 % (puntos 7.9 y 7.10);

3.

Acusa recibo de una serie de documentos destinados al procedimiento de aprobación de la gestión para 2010 (fichas financieras definitivas de 2010, incluidas las cuentas, informe de actividad financiera y resumen de auditorías internas de 2010); permanece a la espera de recibir todos los documentos necesarios para la aprobación de la gestión (incluida la auditoría interna completa de 2010);

4.

Confía en que el Parlamento reciba el informe anual de actividades completo; insiste en que el informe anual de actividades también incluya un cuadro que recapitule de forma exhaustiva los recursos humanos de que dispone el Consejo, desglosados por categoría, grado, sexo, participación en la formación profesional y nacionalidad;

5.

Subraya que, en su Informe Anual 2010, el Tribunal de Cuentas critica la financiación del proyecto inmobiliario Résidence Palace debido a los anticipos (punto 7.19); observa que el Tribunal de Cuentas ha constatado que a lo largo del período 2008-2010, el importe total de los anticipos pagados por el Consejo se eleva a 235 000 000 EUR; constata que los importes abonados provenían de líneas presupuestarias infrautilizadas; señala que «infrautilizadas» es el término políticamente correcto equivalente a la expresión «presupuestadas en exceso»; subraya que en 2010 el Consejo aumentó en 40 000 000 EUR la línea presupuestaria «Adquisición de bienes inmuebles»;

6.

Toma nota de las explicaciones del Consejo en el sentido de que se ha podido disponer de los créditos gracias a transferencias presupuestarias autorizadas por la autoridad presupuestaria conforme a los procedimientos previstos en los artículos 22 y 24 del Reglamento financiero;

7.

Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas en el sentido de que este procedimiento es contrario al principio de veracidad presupuestaria, a pesar de los ahorros conseguidos en el pago de alquileres;

8.

Toma nota de la respuesta del Consejo en el sentido de que los importes de las líneas presupuestarias para gastos de interpretación y de viaje de las delegaciones deberían ajustarse más a la utilización real, y pide una mejor planificación presupuestaria para evitar que en el futuro se reproduzcan las prácticas actuales;

9.

Recuerda al Tribunal de Cuentas la petición del Parlamento de llevar a cabo una evaluación en profundidad de los sistemas de supervisión y control existentes en el Consejo, a semejanza de las evaluaciones que realizó en relación con el Tribunal de Justicia, el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos durante la preparación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010;

10.

Lamenta las dificultades surgidas en el marco de los procedimientos de aprobación de la gestión para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, que se debieron a la reticencia del Consejo a participar en un diálogo abierto y formal con la Comisión de Control Presupuestario, y a responder a las preguntas de dicha comisión; recuerda que el Parlamento ha denegado al Secretario General del Consejo la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Consejo para el ejercicio 2009 por las razones expuestas en sus Resoluciones de 10 de mayo de 2011 (8) y 25 de octubre de 2011 (9);

11.

Insiste en que a los contribuyentes europeos les asiste todo el derecho de esperar que la totalidad del presupuesto de la Unión, incluidos todos los fondos que gestionan autónomamente sus diferentes instituciones y agencias, es objeto de un control público pleno;

12.

Lamenta que el Consejo considere que, a diferencia de las demás instituciones de la Unión, es una institución en la que no recae responsabilidad alguna por el uso de los fondos que se ponen a su disposición;

13.

Subraya que la incongruencia del argumento del Consejo de que la concesión de la aprobación de la gestión de la Comisión debe interpretarse como la concesión de la aprobación de la gestión para todo el presupuesto de la Unión, incluidas las partes del mismo utilizadas por el Consejo, queda demostrada por el apoyo incoherente de dicha institución a la posición según la cual la Comisión no debería estar facultada para supervisar y gestionar su presupuesto; considera que la única forma lógica de resolver este conflicto consiste en que el Consejo pida a la Comisión que controle sus finanzas o participe plenamente en un procedimiento de aprobación de la gestión normalizado que necesariamente tiene que ajustarse, mutatis mutandis, a los procedimientos íntegros seguidos por todas las demás instituciones de la Unión Europea;

14.

Reitera que sigue esperando que el Consejo responda a las iniciativas y solicitudes para la transmisión de documentos que se recogen en las dos resoluciones mencionadas más arriba; pide al Secretario General del Consejo que facilite a la comisión competente del Parlamento para el procedimiento de aprobación de la gestión respuestas detalladas por escrito a las siguientes preguntas:

15.

Toma nota de la respuesta de la Comisión de 25 de noviembre de 2011 a la carta del Presidente de la Comisión de Control Presupuestario, en la que la Comisión considera conveniente que el Parlamento siga concediendo, aplazando o denegando la aprobación de la gestión de las demás instituciones, como ha venido haciendo hasta ahora;

16.

Recuerda que el 31 de enero de 2012 el Presidente de la Comisión de Control Presupuestario envió una carta a la Presidencia en ejercicio del Consejo, en la que subrayaba su deseo de establecer un diálogo político y comunicaba preguntas complementarias de la Comisión de Control Presupuestario en relación con la aprobación de la gestión del Consejo; confía, por consiguiente, en que el Consejo facilite a la comisión competente para el procedimiento de aprobación de la gestión las respuestas al cuestionario adjunto a la carta dirigida a la Presidencia, antes del debate en el Pleno;

17.

Lamenta, no obstante, que el Consejo se haya negado a asistir a las reuniones oficiales de la Comisión de Control Presupuestario relacionadas con la aprobación de su gestión;

18.

Recalca el derecho del Parlamento a conceder, a recomendación del Consejo, la aprobación de la gestión de acuerdo con el procedimiento previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que debe interpretarse a la luz de su contexto y propósito, que no es otro que someter la ejecución de la totalidad del presupuesto de la Unión, sin excepciones, a la vigilancia y el control parlamentarios, y conceder la aprobación de manera autónoma, no solo para la sección del presupuesto ejecutada por la Comisión sino también para las secciones del presupuesto ejecutadas por las demás instituciones, entendiéndose como tales las especificadas en el artículo 1 del Reglamento financiero;

19.

Señala que el Consejo debería adoptar, de cara a los ciudadanos europeos, una actitud transparente y plenamente responsable respecto de los fondos que se le confían en calidad de institución de la Unión; insiste en que ello implica que el Consejo debe participar plenamente y de buena fe en el procedimiento anual de aprobación de la gestión:

20.

Estima que la cooperación interinstitucional entre el Parlamento y el Consejo es de máxima importancia para la supervisión de la ejecución del presupuesto de la Unión; pide, a este respecto, al Consejo que responda al cuestionario pendiente remitido por el Parlamento;

21.

Solicita al Consejo que examine la cuestión de la aprobación de la gestión anual del presupuesto general de la Unión durante la parte de la reunión del Consejo que se celebre en público.

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010 (1),

—

Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 [COM(2011) 473 — C7-0256/2011] (2),

—

Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 [COM(2011) 736] y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe [SEC(2011) 1350 y SEC(2011) 1351],

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2011, titulada «Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010» [COM(2011) 323],

—

Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 [COM(2011) 643] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe [SEC(2011) 1189],

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas (Informe anual) (3), así como los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

—

Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (4),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06081/1/2012 — C7-0053/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 — C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

—

Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

—

Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (6), y, en particular, su artículo 14, apartados 2 y 3,

—

Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.

Considerando que Europa se enfrenta a una grave crisis presupuestaria y financiera que puede abocar a una crisis de confianza en la Unión y considerando que reviste una importancia vital que la Unión sea un paradigma de buena gestión pública, a través de la Comisión, que ejecuta el presupuesto de la Unión; considerando que la buena gestión pública es necesaria para que la Unión conserve su calificación AAA, que es importante, en especial si la Unión quiere cumplir su compromiso de dotar de 60 000 millones EUR en garantías al Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera;

B.

Considerando que 2010 fue el primer ejercicio completo bajo el Tratado de Lisboa, con nuevos procedimientos presupuestarios y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de la Presidencia del Consejo Europeo en paralelo a la Presidencia rotatoria del Consejo; considerando que también fue el primer año de la nueva Estrategia Europa 2020;

C.

Considerando que la buena gobernanza requiere que los objetivos políticos se establezcan antes de la aprobación de los instrumentos jurídicos para alcanzar esos objetivos y que deben modificarse los instrumentos jurídicos vigentes que no estén en plena consonancia con los objetivos políticos;

D.

Considerando que cuando se trata de fondos públicos deben existir sistemas adecuados de transparencia, rendición pública de cuentas y auditoría pública; que por décimo séptimo año consecutivo, el Tribunal de Cuentas no ha podido emitir una declaración de fiabilidad positiva respecto del presupuesto de la Unión;

E.

Considerando que el artículo 287, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige al Tribunal de Cuentas que presente al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, y establece asimismo que dicha declaración puede completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión;

F.

Considerando que más del 90 % de todos los errores se detectan fuera de la Comisión, en concreto en el plano de las autoridades de los Estados miembros y en el de los beneficiarios finales (Informe anual, apartado 1.22);

G.

Considerando que, en la mayoría de los casos en que se detectaron errores en el ámbito de la cohesión, las autoridades de los Estados miembros disponían de suficiente información para detectar y corregir los errores antes de certificar el gasto a la Comisión (Informe anual, apartado 4.25);

H.

Considerando que, para no tener que imponer nuevas cargas a todos los Estados miembros, es preciso distinguir entre las autoridades nacionales que han establecido sistemas de supervisión y control eficientes y las que son responsables de sistemas que solo funcionan parcialmente;

I.

Considerando que la falta de genuino interés por parte de los Estados miembros en el procedimiento de aprobación de la gestión puede deberse al insuficiente esfuerzo de la Comisión por indicar de forma pública, clara, inequívoca y motivada los Estados miembros, las regiones y los programas cuya gestión de los fondos de la Unión es insatisfactoria;

J.

Considerando que las declaraciones nacionales de gestión obligatorias, emitidas y firmadas a nivel ministerial y debidamente auditadas por un auditor independiente, son un instrumento necesario para contrarrestar la falta de responsabilidad de algunas autoridades nacionales en materia de uso y gestión del dinero de la Unión;

K.

Considerando que el incremento en el uso de la prefinanciación por parte de la Comisión tiene consecuencias para el enfoque de las auditorías del Tribunal de Cuentas y considerando que este Tribunal podría adaptar su metodología a las nuevas circunstancias para garantizar la utilidad de su información para la autoridad encargada de la aprobación de la gestión;

L.

Considerando que la Unión necesita más que nunca un órgano de auditoría realmente externo que sea fuerte, independiente y eficaz, lo que implica, obviamente, que, por respeto a los contribuyentes, los miembros del Tribunal de Cuentas no deberían ser nunca elegidos por motivos políticos, sino únicamente por motivos profesionales;

M.

Considerando que el uso de instrumentos financieros innovadores y complejos debe llevar como contrapeso una transparencia completa, incluida la publicación de datos exhaustivos sobre todos los beneficiarios finales, y normas claras sobre la aportación de información con el fin de excluir todo riesgo para el presupuesto y el buen nombre de la Unión;

N.

Considerando que los Estados miembros deben cooperar con la Comisión para garantizar que la utilización de los créditos se atenga a los principios de buena gestión financiera;

O.

Considerando que los Estados miembros, aun cuando su estructura sea federal, son responsables frente al mundo exterior y a la Unión;

P.

Considerando que deben abordarse mejor las cuestiones de la conformidad y los resultados para reforzar la legitimidad de la Unión;

Q.

Considerando que el desarrollo continuo durante años de la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas ha servido para identificar ámbitos en los que la gestión de los Estados miembros y de la Comisión tiene que mejorar;

R.

Considerando que el Tribunal de Cuentas no ha podido, una vez más, emitir una declaración de fiabilidad positiva sobre la legalidad y regularidad de los pagos ejecución del presupuesto, lo cual es lamentable;

1.

Solicita a la Comisión que presente al Parlamento un plan de acción para la realización de las siguientes acciones prioritarias:

2.

Toma nota de que las cuentas anuales de la Unión correspondientes al ejercicio 2010 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación de la Unión a 31 de diciembre de 2010, y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería al término del ejercicio;

3.

Toma nota del énfasis hecho sobre un cambio de la política contable de la Comisión en lo que atañe a los instrumentos de ingeniería financiera, que muestra que siguen existiendo riesgos de que se produzcan inexactitudes significativas, a pesar de que las cuentas hayan recibido una opinión no modificada desde 2007; pide a la Comisión que revise anualmente si el nuevo tratamiento que se ha adoptado refleja fielmente la realidad subyacente;

4.

Observa con satisfacción que los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

5.

Observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

6.

Lamenta profundamente que los pagos sigan adoleciendo de errores significativos;

7.

Infiere que la opinión desfavorable del Tribunal de Cuentas se basa en la observación de que los sistemas de supervisión y control solo son parcialmente eficaces y de que, a consecuencia de ello, los pagos adolecen de un porcentaje de error más probable que se estima en un 3,7 %;

8.

Recuerda que el porcentaje de error más probable en los pagos del ejercicio 2009 se estimó en un 3,3 %;

9.

Muestra su preocupación por este incremento porque invierte la tendencia positiva observada en los años anteriores; pide a la Comisión que consiga una tendencia de reducción coherente del porcentaje de error, como se pedía en anteriores informes de aprobación de la gestión;

10.

Atribuye esta evolución principalmente al aumento del porcentaje de error más probable en el ámbito de la cohesión, la energía y el transporte, que presentó un incremento significativo hasta el 7,7 %;

11.

Recuerda que la Comisión promueve un mayor uso de los instrumentos de ingeniería financiera para el próximo marco financiero plurianual (7), a pesar de que ella misma considera que estos instrumentos entrañan un riesgo elevado (8); comprende que los instrumentos de ingeniería financiera no sustituyen sino que complementan la financiación existente de las subvenciones y que ofrecen potencialmente la ventaja de poderse utilizar más de una vez;

12.

Expresa su profunda preocupación por la falta de información sobre la aplicación de los actuales instrumentos de ingeniería financiera, que parece afectar a todos los ámbitos (Informe anual, apartados 1.31 y 1.33);

13.

Lamenta la falta de requisitos formales de presentación de informes y reconoce los esfuerzos de la Comisión por recibir información sobre el uso actual de instrumentos de ingeniería financiera de los Estados miembros en el contexto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); acoge con satisfacción el informe de síntesis elaborado por la Comisión sobre «Instrumentos de ingeniería financiera aplicados por los Estados miembros con contribuciones FECER — Situación a 31 de diciembre de 2010» (informe de síntesis sobre los instrumentos de ingeniería financiera) presentado a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; observa que al concluir 2010 se habían creado instrumentos de ingeniería financiera que comprometían en total unos 8 100 000 000 EUR y que habían recibido pagos de aproximadamente 5 200 000 000 EUR de los programas operativos de 2007-2013 (Informe anual, apartado 4.32);

14.

Lamenta que la Comisión solo haya recibido información sobre aproximadamente el 75 % de las contribuciones totales comprometidas a los instrumentos de ingeniería financiera para las empresas (9); muestra su preocupación por el hecho de que la información recibida de los Estados miembros difiriera en su exhaustividad y exactitud y de que un número reducido de Estados miembros o regiones no aportaran información o no cumplimentaran los modelos de presentación de información para fines de seguimiento; comprende que esta circunstancia impida a la Comisión cubrir todos los instrumentos de ingeniería financiera a 31 de diciembre de 2010;

15.

Destaca que:

son elementos importantes e indispensables para evaluar el uso de los instrumentos de ingeniería financiera y lamenta profundamente que esta información no esté disponible en su integridad;

16.

Observa y lamenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, principalmente en el ámbito de la cohesión, como las dotaciones excesivas a los instrumentos de ingeniería financiera que eluden la regla n + 2 [Informe anual, ejemplo 4.4, letra a)], los retrasos o la lenta aplicación de estos instrumentos [Informe anual, ejemplo 4.4, letra b)], las disposiciones irregulares sobre liquidación [Informe anual, ejemplo 4.4, letra c)], las contribuciones financieras pagadas como anticipos tan pronto como se establece la estructura jurídica del instrumento de ingeniería financiera (Informe anual, apartado 4.34) y los problemas para realizar auditorías adecuadas sobre estos instrumentos (Informe anual, apartados 4.35 y 4.36);

17.

Considera que esas observaciones se basan en un fundamento jurídico deficiente de los instrumentos de ingeniería financiera; expresa su preocupación por el hecho de que las normas aplicables a estos instrumentos no establezcan incentivos apropiados para que se utilicen de manera eficaz; muestra su preocupación asimismo por el hecho de que dejen demasiada flexibilidad a los Estados miembros; celebra, no obstante, las recientes mejoras en el desarrollo de un fundamento jurídico para los instrumentos de ingeniería financiera; destaca las siguientes deficiencias principales del fundamento jurídico, que a la sazón era un Reglamento del Consejo (13):

18.

Coincide con el Tribunal de Cuentas cuando considera que los recursos revertibles a los instrumentos financieros y los ingresos generados por ellos no tendrían que reorientarse a ninguna finalidad antes del cierre del programa operativo, sino revertirse a los instrumentos financieros correspondientes [Tribunal de Cuentas, Dictamen 7/2011, página 11 (14)]; espera que se tenga en cuenta seriamente la presente Recomendación en el procedimiento legislativo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los instrumentos estructurales [COM(2011) 615 — 2011/0276(COD)];

19.

Manifiesta su satisfacción por el hecho de que los artículos 130 y 131 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión [COM(2010) 815-2010/0395(COD)] permitirán establecer la duración de los instrumentos financieros; pide a la Comisión un resumen de las medidas que puedan prevenir riesgos para el presupuesto de la Unión derivados de los instrumentos de ingeniería financiera;

20.

Observa que los instrumentos de ingeniería financiera también están presentes en otros ámbitos; observa el riesgo de solapamientos e incoherencias en la aplicación de estos instrumentos si no existe una coordinación adecuada; invita, por tanto, al Tribunal de Cuentas a auditar horizontalmente los instrumentos de ingeniería financiera en todos los ámbitos;

21.

Solicita a la Comisión que dé al seguimiento del uso de los instrumentos de ingeniería financiera la consideración de acción prioritaria, entre otras actuaciones:

22.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 317 del TFUE, la Comisión Europea ejecuta el presupuesto de la Unión bajo su propia responsabilidad; recalca que, cuando la Comisión ejecuta el presupuesto mediante gestión compartida, se deben delegar en los Estados miembros las competencias de ejecución, de conformidad con el artículo 53 ter del Reglamento financiero;

23.

Vuelve a destacar (15) que, por consiguiente, la Comisión tiene la responsabilidad primordial en la gestión de los fondos de la Unión de que se trate y, en consecuencia, la Comisión está obligada a tomar medidas que estén destinadas a garantizar la legalidad y la regularidad, así como la correcta gestión financiera;

24.

Pone de relieve que la Comisión no puede trasladar su responsabilidad financiera a los Estados miembros, ni siquiera cuando se haya detectado una deficiencia o irregularidad de gestión en un Estado miembro;

25.

Considera que, para que la expresión «gestión compartida» tenga sentido, esta debe basarse en el principio fundamental de que la Unión delega algunas de sus competencias en los Estados miembros y que los Estados miembros tienen la obligación de desempeñar su parte del trabajo de conformidad con los actos jurídicos de la Unión; pide la plena aplicación del apartado 44 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (16); considera que los resúmenes anuales de las auditorías y las declaraciones disponibles deben hacerse públicos, contribuyendo de este modo a mejorar la gestión del presupuesto de la Unión;

26.

Pone de relieve la estrecha relación entre la responsabilidad final de la Comisión en la ejecución del presupuesto y la importancia del procedimiento de aprobación de la gestión; destaca que la responsabilidad final de la Comisión por la ejecución del presupuesto también abarca las deficiencias en la gestión y los sistemas de control de los Estados miembros;

27.

Destaca que la responsabilidad financiera es y será indivisible y recuerda el artículo 53 ter, apartado 4, del Reglamento financiero, en el que se dispone que «para asegurarse de que los fondos se utilizan de conformidad con la normativa aplicable, la Comisión aplicará los procedimientos de liquidación de cuentas o los mecanismos de corrección financiera que le permitan asumir la responsabilidad final en la ejecución del presupuesto» (el subrayado es nuestro);

28.

Recalca, a este respecto, la importancia de las tomas de posición de la Comisión; toma nota, no obstante, de las observaciones generales del Tribunal de Cuentas sobre los informes anuales de actividad en el sentido de que no contienen orientaciones para la estimación del riesgo residual o porcentaje de error residual; toma nota además de que estos elementos han cobrado mayor importancia a la hora de determinar si una reserva es necesaria (Informe anual, apartados 1.19 y 1.20); muestra su preocupación por que esto da lugar a incoherencias de aplicación entre las Direcciones Generales;

29.

Toma nota, además, de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre los siguientes informes anuales de actividad:

30.

Recuerda a la Comisión que todas las reservas se incluyen en un anexo del informe de síntesis de la Comisión y subraya que, al adoptar el informe de síntesis, la Comisión «asume una responsabilidad política general respecto de la gestión realizada por sus Directores Generales y Jefes de Servicio, sobre la base de las garantías y las reservas formuladas por estos en sus informes anuales de actividad (IAA)» (17);

31.

Destaca que, de este modo, el Colegio de Comisarios asume la responsabilidad final de la fiabilidad e integridad de las reservas realizadas por los Directores Generales y los Jefes de Unidad en su calidad de «ordenadores delegados» y pone de relieve que el acto de delegación no excluye en absoluto la responsabilidad final del Colegio y de los Comisarios;

32.

Toma nota de las observaciones del Tribunal referidas a la opinión global del Auditor interno; considera que, sin una revisión sustancial para dar respuesta a las preocupaciones del Tribunal de Cuentas, la utilidad de la opinión global seguirá siendo reducida;

33.

Manifiesta su preocupación por las observaciones del Tribunal de Cuentas relativas a los informes anuales de actividad y el informe de síntesis (Informe anual, apartados 1.17 a 1.25); considera que hay que responder a estas observaciones sin demora para salvaguardar el valor de estos documentos como instrumentos de rendición de cuentas; reconoce, sin embargo, que el cálculo del porcentaje de error residual no es más que uno de los métodos que emplea la Comisión para estimar los importes en riesgo; pide a la Comisión que elabore orientaciones coherentes para su aplicación en todas las direcciones generales;

34.

Toma nota del Libro Verde de la Comisión sobre la normativa de gobierno corporativo de la UE (18) para el sector privado; toma nota asimismo de que la Comisión ha logrado grandes avances en el gobierno corporativo en la institución tras los acontecimientos que llevaron a la dimisión de la Comisión Santer en 1999;

35.

Toma nota del informe de gobierno corporativo de la Comisión de 30 de mayo de 2007, que se refiere al funcionamiento interno de la Comisión y expone los mecanismos de dirección y control y su relación con las partes interesadas; alienta a la Comisión a mejorar aún más su gobierno corporativo y a informar a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de las actuaciones y medidas que se tomen;

36.

Solicita a la Comisión que dé a la mejora y fortalecimiento de la cadena de responsabilidad la consideración de acción prioritaria, entre otras actuaciones:

37.

Lamenta que a pesar de los considerables recursos presupuestarios previstos para las escuelas europeas, estas sigan sin cumplir su principal misión —proporcionar plazas suficientes en las lenguas requeridas y cerca de los lugares de trabajo y residencia de los funcionarios—, mientras que amplían sus actividades para incluir otros ámbitos de la educación;

38.

Reconoce que un problema esencial reside en las estructuras decisorias y de financiación del Convenio sobre las Escuelas Europeas; pide, por tanto, a la Comisión que explore con los Estados miembros una revisión de este Convenio, y que informe antes del 31 de diciembre de 2012 sobre los progresos realizados; pide a la Comisión que, hasta entonces, presione para aumentar los esfuerzos realizados para conseguir los mencionados objetivos mediante un mejor uso de los recursos presupuestarios disponibles;

39.

Pide a la Comisión que precise sus planes de relocalización, los costes correspondientes, el espacio de oficinas que se liberará y que se añadirá, y la cantidad de personal de cada Dirección General que se verá afectada;

40.

Pide a la Comisión que concluya sin dilación la reclasificación de todos los agentes temporales de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude con contrato indefinido, tal y como anunció el Comisario Šefčovič en el cuestionario dirigido a preparar la presente aprobación de la gestión (19);

41.

Señala que en 2010, durante el procedimiento para aprobar el horario flexible y el permiso compensatorio como prestación voluntaria, la Comisión autorizó aproximadamente 90 000 días adicionales de permiso para su personal, lo que equivale a unos 445 puestos, a pesar de que el artículo 56 del Estatuto de los funcionarios dispone que no se compensarán las horas extraordinarias de los funcionarios AD 5/AST 5; pide aclaraciones sobre el coste total que el permiso compensatorio supone para el contribuyente;

42.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 317 del TFUE, la Comisión Europea ejecuta el presupuesto de la Unión bajo su propia responsabilidad, pero también en cooperación con los Estados miembros;

43.

Destaca que dos de los ámbitos proclives a los mayores porcentajes de error («Cohesión, energía y transporte» y «Agricultura y recursos naturales») se administran mediante la gestión compartida, y lamenta que los porcentajes de error más probables estimados sean del 7,7 % y el 2,3 % respectivamente;

44.

Acoge con satisfacción, a este respecto, el análisis que la Comisión ha realizado de los errores referidos por el Tribunal de Cuentas en los ejercicios 2006 a 2009, en el que se pone de manifiesto, por primera vez, que, en el caso del FEDER y el Fondo de Cohesión, tres Estados miembros (España, Italia y el Reino Unido) han supuesto el 59 % de los errores cuantificables acumulados detectados en este período y que, en el caso del FSE, cuatro Estados miembros (España, Portugal, el Reino Unido y Alemania) están en el origen del 68 % de los errores cuantificables acumulados que se habían detectado en ese período en el ámbito de la política de cohesión (20); toma nota de que, en el caso del FEDER y el Fondo de Cohesión, la mayoría de los errores detectados en Italia procedían de las regiones de Calabria, Campania y Apulia y de que, de los errores detectados en España, el 75 % correspondían a un pequeño número de programas operativos en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (21); deduce asimismo que España e Italia han contribuido significativamente al porcentaje de error del ejercicio 2010;

45.

Observa que los problemas en Italia en relación con el FEDER «se refieren a deficiencias sistémicas detectadas en el plano de las autoridades de auditoría y gestión» y a «la aplicación de normas de contratación pública y selección de proyectos, incluida la subvencionabilidad de proyectos retrospectivos» (22); observa asimismo que en España la fuente de los problemas reside en un complejo sistema de gestión y control que «puede conducir en la práctica a una división poco clara de responsabilidades y a una falta de eficacia en la supervisión por parte de la autoridad de gestión» (23);

46.

Recuerda que se invitó a los Ministros de Hacienda de Grecia, Italia y España a un intercambio de puntos de vista en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; lamenta que ninguno de los Ministros de Hacienda invitados compareciera para debatir con los miembros de esa comisión las conclusiones del Tribunal de Cuentas con vistas a mejorar la gestión de los Fondos Estructurales y, en su caso, el fundamento jurídico; pide a su Presidente que durante la próxima reunión de Jefes de Estado mencione la negativa de dichos Ministros de Hacienda a debatir estos importantes asuntos en público con la comisión parlamentaria competente;

47.

Recuerda sus reiteradas invitaciones a la Comisión para que presentara una propuesta de creación de declaraciones nacionales de gestión obligatorias, emitidas, publicadas y debidamente auditadas por la autoridad auditora competente, como parte de la responsabilidad global y final de la Comisión en la ejecución del presupuesto de la Unión; señala que esas declaraciones deben contener información exhaustiva sobre el uso de los fondos de la Unión;

48.

Propone que el contenido de las declaraciones nacionales firmadas a nivel de dirección general deba cumplir las normas internacionales de auditoría, y que esas declaraciones deban ser usadas por el Tribunal de Cuentas en su labor de auditoría y basarse, en particular, en las declaraciones de las autoridades en las que se han delegado las competencias de gestión;

49.

Pone de relieve la existencia de diferencias considerables en la actuación administrativa de los Estados miembros en el ámbito de los ingresos y los gastos en la gestión compartida, especialmente por lo que se refiere a la detección de irregularidades, fraudes y errores y al seguimiento financiero tanto en el ámbito aduanero como en el gasto de los fondos de la Unión; considera que, si todos los Estados miembros actuaran correctamente, se podrían estimar en 100 millones EUR tan solo en el ámbito aduanero los ingresos adicionales para el presupuesto de la Unión; observa que hasta el momento la Comisión supervisa la actuación administrativa de modo reactivo y caso por caso y, por tanto, no realiza un análisis de tendencias suficiente para detectar los ámbitos de riesgo; pide a la Comisión que aplique el método de análisis de tendencias para detectar los riesgos financieros y que tome medidas para mejorar la actuación administrativa de los Estados miembros;

50.

Toma nota con profunda preocupación del informe intermedio de la Comisión sobre los progresos de Bulgaria en el marco del mecanismo de cooperación y verificación; muestra su preocupación por la persistencia de la deplorable situación del sistema judicial búlgaro; observa que se siguen 27 procesos penales contra 28 jueces; pide precisiones sobre una serie de casos de supuesto fraude en Bulgaria en relación con los fondos de la Unión, que provocaron en 2008 una suspensión de pagos y en los que la fiscalía suspendió las investigaciones a pesar de que en otro Estado miembro se mantuvieron las investigaciones en casos similares por los mismos hechos; muestra su asombro por el hecho de que, en todos los casos de fraude relativos a fondos de la Unión que se han juzgado, el procesamiento penal fuera sustituido por multas administrativas, y que un importante asunto de fraude relativo a fondos de la Unión lleve un retraso de 18 meses en el procedimiento de apelación; lamenta asimismo que se hiciera caso omiso de la recomendación de la Comisión al no autorizarse a la Comisión Nacional de Identificación y Confiscación de Productos del Delito (CEPACA) que realizara una verificación proactiva del patrimonio de altos cargos y políticos importantes; muestra su preocupación por el hecho de que en Bulgaria no sea habitual la rápida publicación, de modo unificado y sistemático, de sentencias motivadas; pide a la Comisión que presione a las autoridades judiciales búlgaras para que redoblen sus esfuerzos de reforma y aplique las recomendaciones de la Comisión lo antes posible; pide a la Comisión, en este contexto, que haga pública la financiación que ha dedicado a apoyar los esfuerzos de reforma de Bulgaria y que evalúe la medida en que estos pagos han logrado los resultados prometidos; espera ver importantes mejoras en el próximo año, con nuevas consideraciones y el establecimiento de un grupo de acción y la adopción de una serie de medidas elaboradas por la Comisión en colaboración con el Gobierno búlgaro para restablecer la integridad del sistema judicial búlgaro;

51.

Toma nota con preocupación del informe intermedio de la Comisión sobre los progresos de Rumanía en el marco del mecanismo de cooperación y verificación; observa con satisfacción, sin embargo, la positiva tendencia al alza de los resultados de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) a la hora de perseguir casos de enriquecimiento injusto y de detectar conflictos de intereses; toma nota de que la financiación de la ANI se incrementó gracias a fondos de la Unión; muestra su preocupación, no obstante, por el hecho de que no exista un seguimiento uniforme de los casos de la ANI y de que este seguimiento suela demorarse; acoge con satisfacción el hecho de que la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) siga actuando como un servicio de persecución eficaz de los casos de corrupción de alto nivel; toma nota del incremento en 2011 del número de acusaciones, sentencias judiciales y condenas, y de la aceleración de casos en el Tribunal Supremo de Casación y Justicia, que se refleja en el aumento del 85 % del número de sentencias finales dictadas en casos de la DNA en comparación con 2011 (24); muestra su preocupación por los resultados de los análisis de las sentencias en casos de corrupción de alto nivel, que muestran que el 60 % de las condenas son de carácter condicional y que las penas suelen situarse en los niveles mínimos previstos por la ley; expresa su sorpresa por la práctica insatisfactoria en relación con la rápida publicación de sentencias motivadas, lo que fomenta el riesgo de prescripción en algunos asuntos de corrupción de alto nivel, a consecuencia de la prolongada tramitación por la posibilidad de interponer recurso durante mucho tiempo; pide a la Comisión que haga pública la financiación que se ha dedicado a apoyar los esfuerzos realizados por Rumanía para llevar a cabo la reforma judicial; confía en ver nuevas mejoras en el año próximo; pide a la Comisión que intensifique la presión sobre el Gobierno rumano para que aplique las recomendaciones de la Comisión; confía en que la Comisión pida sin falta al Gobierno rumano que vele por que se redoblen los esfuerzos de este Gobierno para desarrollar una jurisprudencia coherente en materia de contratación pública; pide a la Comisión que insista con firmeza y determinación ante el Gobierno rumano para que se sigan las recomendaciones de la Comisión y se elabore un plan de aplicación más claro y exhaustivo para la aplicación de las disposiciones del Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal; confía en que se redoblen los esfuerzos de confiscación de los productos del delito en Rumanía; confía asimismo en que la Comisión adopte, en colaboración con el Gobierno rumano, una serie de medidas para mejorar la integridad del sistema judicial rumano;

52.

Observa que las prefinanciaciones se consideran necesarias para que los beneficiarios pongan en marcha la actuación acordada;

53.

Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas según las cuales la Comisión ha incrementado sustancialmente el uso de las prefinanciaciones entre 2005 y 2010 (Informe anual, apartado 1.28); muestra su preocupación por la falta de liquidación de las prefinanciaciones (Informe anual, apartado 1.29, y apartado 86 del Dictamen no 6/2010 del Tribunal de Cuentas);

54.

Expresa su preocupación por la influencia que las prefinanciaciones han tenido, principalmente, en los ámbitos «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación» e «Investigación y otras políticas internas»; observa un incremento del uso de la prefinanciación y un porcentaje de error global en estos dos ámbitos por debajo del 2 %; observa, asimismo, que el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión de que las prefinanciaciones no adolecían de errores materiales aunque los pagos intermedios y finales estaban afectados por errores materiales (Informe anual, apartados 5.35 y 6.48);

55.

Considera que al pagar importes elevados en concepto de prefinanciaciones, la Comisión asume un riesgo financiero mayor, por ejemplo en caso de insolvencia de los beneficiarios, así como un riesgo mayor para la legalidad y la regularidad, ya que la aceptación del coste declarado por los beneficiarios se deja para una fecha posterior;

56.

Estima que es más eficiente prevenir irregularidades que corregir a posteriori pagos indebidos mediante recuperaciones; pide, por tanto, a la Comisión que haga de la reconsideración del incremento en el uso de la prefinanciación y de los mecanismos de control y auditoría una acción prioritaria:

57.

Recuerda que los compromisos presupuestarios pendientes son créditos de compromiso consignados pero no utilizados (es decir, desembolsados) y que se derivan fundamentalmente de los programas plurianuales (por ejemplo, de cohesión) cuando se comprometen fondos en los primeros años del período de programación pero los pagos correspondientes se realizan gradualmente durante todo el período de programación;

58.

Observa que un número elevado de compromisos pendientes puede ser un indicio de las dificultades de los Estados miembros para absorber los importes asignados;

59.

Observa que en 2010 el Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión de que esos compromisos pendientes aumentaron en casi un 10 %, hasta unos 194 000 000 000 EUR (Informe anual, apartado 1.43 y gráfico 1.2), lo que representa casi tres años de gasto al ritmo actual;

60.

Considera que, por lo que se refiere al período de programación 2007-2013, se corre el riesgo de que: