(1)

El Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra (2) ("el Acuerdo") fue firmado el 21 de junio de 1999 y entró en vigor el 1 de junio de 2002.

(2)

El artículo 18 establece que, el Comité Mixto podrá adoptar, mediante decisión, modificaciones del Acuerdo, incluido de su anexo II, relativo a la coordinacioón de los regímenes de seguridad social.

(3)

A fin de preservar la aplicación correcta y coherente de los actos jurídicos de la Unión y evitar las dificultades administrativas y los escollos jurídicos que puedan existir, conviene modificar el anexo II del Acuerdo para incluir en él los nuevos actos jurídicos de la Unión a los que todavía no se hace referencia en el Acuerdo.

(4)

En aras de la claridad y la racionalidad se deben codificar el anexo II del Acuerdo y el Protocolo de dicho anexo.

(5)

La posición de la Unión en el Comité Mixto debe, por lo tanto, basarse en el proyecto de Decisión que figura en el anexo I de la presente Decisión

(1)

A fin de garantizar suministros suficientes e ininterrumpidos de determinados productos fabricados en cantidades insuficientes en la Unión y evitar perturbaciones en el mercado, se han abierto, en relación con determinados productos agrícolas e industriales, de conformidad con el Reglamento (UE) no 7/2010 del Consejo (1), contingentes arancelarios autónomos, al amparo de los cuales dichos productos pueden importarse sujetos a un tipo de derecho reducido o nulo. Por las mismas razones es necesario abrir, con efecto a partir del 1 de enero de 2012, nuevos contingentes arancelarios sujetos a un tipo nulo y en un volumen adecuado para los productos con los números de orden 09.2928 y 09.2929 y para insertar dichos productos en la lista del anexo del Reglamento (UE) no 7/2010.

(2)

Los volúmenes de los contingentes arancelarios autónomos para los números de orden 09.2624 y 09.2640 no bastan para atender a las necesidades de la industria de la Unión durante el período contingentario actual, que finaliza el 31 de diciembre de 2011. Por consiguiente, resulta oportuno incrementar dichos volúmenes con efecto a partir del 1 de julio de 2011.

(3)

Los volúmenes de los contingentes arancelarios autónomos para los números de orden 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 y 09.2977 deben sustituirse por los indicados en el anexo del presente Reglamento.

(4)

Ya no redunda en interés de la Unión seguir concediendo en 2012 contingentes arancelarios para los productos con los números de orden 09.2815, 09.2841 y 09.2992, para los que dichos contingentes fueron establecidos en 2011. Así pues, esos contingentes deben cerrarse con efecto a partir del 1 de enero de 2012, y deben suprimirse los productos correspondientes de la lista que figura en el anexo del Reglamento (UE) no 7/2010.

(5)

Habida cuenta de los numerosos cambios que es preciso realizar, conviene sustituir íntegramente, en aras de la claridad, el anexo del Reglamento (UE) no 7/2010.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) no 7/2010 en consecuencia.

(7)

Dado que los contingentes arancelarios han de surtir efecto a partir del 1 de enero de 2012, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa fecha y entrar en vigor inmediatamente.

—

el volumen del contingente arancelario autónomo para el número de orden 09.2624 queda fijado en 950 toneladas,

—

el volumen del contingente arancelario autónomo para el número de orden 09.2640 queda fijado en 11 000 toneladas.

(1)

El 2 de marzo de 2011, y a tenor de la Decisión 2011/137/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia (2), el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (3). El Reglamento (UE) no 204/2011 establece, en particular, la inmovilización de los capitales y recursos económicos del Central Bank of Libya (Banco Central de Libia), así como los del Libyan Arab Foreign Bank (Banco Exterior Libio-Árabe).

(2)

Habida cuenta de la Resolución 2009 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a tenor de la Decisión 2011/625/PESC, de 22 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2011/137/PESC (4), el Reglamento (UE) no 965/2011 establece, entre otras disposiciones, ajustes del bloqueo impuesto a los bienes de determinadas entidades libias para favorecer la recuperación económica de Libia.

(3)

El 16 de diciembre de 2011, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creado en virtud de la RCSNU 1970 (2011) decidió que debía ponerse fin a las medidas relativas al Central Bank of Libya (Banco Central de Libia) y al Libyan Arab Foreign Bank (Banco Exterior Libio-Árabe). En consonancia con la Decisión 2011/867/PESC, debe modificarse el Reglamento (UE) no 204/2011.

(4)

Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación, en particular con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros.

(5)

Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor inmediatamente.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Terre Aurunche» presentada por Italia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Ptujski lük» presentada por Eslovenia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Ciliegia dell'Etna» presentada por Italia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

(1)

De conformidad con el artículo 9, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha examinado la solicitud de Italia con vistas a la aprobación de modificaciones del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Speck Alto Adige» / «Südtiroler Markenspeck» / «Südtiroler Speck», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 1107/96 de la Comisión (2).

(2)

Al tratarse de modificaciones que no se consideran de menor importancia, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha publicado la solicitud de modificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (3), en aplicación del artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del citado Reglamento. Dado que no se ha presentado a la Comisión objeción alguna con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede aprobar las modificaciones.

(1)

De conformidad con el artículo 9, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha examinado la solicitud de España con vistas a la aprobación de modificaciones del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 2400/96 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (CE) no 1483/2004 de la Comisión (3).

(2)

Al tratarse de modificaciones que no se consideran de menor importancia, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha publicado la solicitud de modificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (4), en aplicación del artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del citado Reglamento. Dado que no se ha presentado a la Comisión objeción alguna con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede aprobar las modificaciones.

(1)

De conformidad con el artículo 9, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha examinado la solicitud de España con vistas a la aprobación de modificaciones del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Pataca de Galicia / Patata de Galicia», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 148/2007 de la Comisión (2).

(2)

Al tratarse de modificaciones que no se consideran de menor importancia, en el sentido del artículo 9 del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha publicado la solicitud de modificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (3), en aplicación del artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del citado Reglamento. Dado que no se ha presentado a la Comisión objeción alguna con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede aprobar las modificaciones.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Figue de Solliès» presentada por Francia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

(1)

A partir de la experiencia adquirida y, en particular, de las mejoras introducidas en los regímenes de ayuda utilizados por las administraciones nacionales en la ejecución del Reglamento (CE) no 1121/2009 de la Comisión (2) y el Reglamento (CE) no 1122/2009 de la Comisión (3), procede mejorar y simplificar estos dos Reglamentos en lo que respecta a la gestión de los pagos directos y los controles conexos.

(2)

De conformidad con el artículo 16, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1122/2009, los Estados miembros pueden hacer uso de la información contenida en la base de datos informatizada del sistema de identificación y registro de bovinos a efectos de las solicitudes de ayuda por bovino. Conviene introducir una aclaración sobre el inicio del período de retención aplicable en virtud del artículo 61 del Reglamento (CE) no 1121/2009, cuando los Estados miembros hayan hecho uso de esta posibilidad. Además, en aras de la simplificación, estos Estados miembros deben poder presentar una declaración de participación en lugar de la solicitud prevista en el artículo 62 de dicho Reglamento. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1121/2009 en consecuencia.

(3)

Algunas definiciones enunciadas en el Reglamento (CE) no 1122/2009 deben actualizarse. Además, el pago aparte por frutos de baya previsto en el artículo 129 del Reglamento (CE) no 73/2009 se introducirá a partir de 2012. Por lo tanto, debe modificarse consecuentemente la definición de regímenes de ayuda por superficie y establecerse un procedimiento adecuado de presentación de solicitudes.

(4)

Según el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1122/2009, los Estados miembros deben fijar una fecha límite para la presentación de la solicitud única. Tras la presentación de la solicitud única, los agricultores tienen la posibilidad de modificar su solicitud en los plazos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1122/2009. Los controles administrativos y los controles sobre el terreno dependen de la recepción de las solicitudes finales por los Estados miembros. Los Estados miembros que decidan fijar como fecha límite para la presentación de solicitudes una fecha anterior a las fechas limite establecidas en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1122/2009 también deben poder comenzar y concluir los controles más pronto. Estos Estados miembros deben, pues, estar autorizados a fijar una fecha límite anterior a la fecha límite fijada en el artículo 14, apartado 2, para presentar modificaciones de la solicitud única. Sin embargo, con el fin de conceder a los agricultores tiempo suficiente para notificar posibles cambios, procede que dicha fecha sea al menos 15 días posterior a la fecha límite fijada por los Estados miembros para la presentación de la solicitud única.

(5)

Debido a la introducción de la ayuda por superficie disociada de la producción, los controles sobre el terreno se limitan en muchos casos a la verificación de la dimensión y la admisibilidad de la superficie en cuestión. Estos controles se realizan en gran medida por teledetección. Paralelamente, los Estados miembros actualizan periódicamente su sistema de identificación de parcelas agrícolas. La metodología utilizada para tales actualizaciones puede ser similar a la realización de los controles sobre el terreno mediante teledetección. Por lo tanto, en aras de la simplificación y a fin de reducir los costes administrativos, procede permitir a los Estados miembros que actualicen de manera sistemática los sistemas de identificación de parcelas agrícolas y utilicen los resultados de las actualizaciones como sustitución de una parte de los controles sobre el terreno tradicionales. Para evitar crear cualquier riesgo adicional de pagos irregulares, deben definirse los criterios que han de cumplir los sistemas de gestión y control utilizados en los Estados miembros que opten por esta posibilidad. Dichos criterios deben abordar, en particular, los intervalos y la cobertura de la actualización, las peculiaridades de las ortoimágenes utilizadas, la calidad exigida del sistema de identificación de parcelas agrícolas y el porcentaje máximo de error anual.

(6)

A través de los controles sobre el terreno realizados en virtud de la condicionalidad se verifica que los animales de la especie bovina de una explotación cumplan lo establecido en el Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo (4). En la actualidad, en el contexto de los controles de admisibilidad de los pagos directos, también es obligatorio controlar los animales que no son objeto de ninguna solicitud de ayuda. Este control adicional únicamente se aplica en aquellos Estados miembros que han decidido mantener cualquier pago directo no disociado para bovinos. Sin embargo, a fin de tener una misma carga de control en todos los Estados miembros y simplificar los controles sobre el terreno para los ganaderos y las autoridades nacionales, procede abolir el control de animales que no son objeto de ninguna solicitud de ayuda en el contexto de los controles de admisibilidad, salvo en caso de que los Estados miembros hagan uso de la posibilidad prevista en el artículo 16, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1122/2009.

(7)

Según el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1122/2009, cuando durante el período de retención se traslade a los animales a otro lugar, el ganadero debe informar a la autoridad competente. Para evitar el riesgo de reducciones de los pagos desproporcionadas, deben establecerse normas relativas a los animales considerados admisibles para el pago en los casos en que se haya omitido la notificación de los desplazamientos de los animales, pero los animales correspondientes puedan ser inmediatamente identificados en la explotación del ganadero en cuestión durante el control sobre el terreno.

(8)

Las normas del sistema de identificación y registro de los animales deben garantizar, en particular, la trazabilidad de los mismos. Si un animal de la especie bovina pierde ambas marcas auriculares, o si un animal de las especies ovina o caprina pierde cualquier marca auricular, dicho animal deja de tener derecho a los pagos y, asimismo, se aplican las reducciones previstas en los artículos 65 y 66 del Reglamento (CE) no 1122/2009. Sin embargo, en algunas situaciones estos animales pueden ser identificados por otros medios y, por lo tanto, se puede garantizar su trazabilidad.

(9)

Según el artículo 63, apartado 4, letra a), del Reglamento (CE) no 1122/2009, cuando un animal bovino declarado para el pago haya perdido una de las dos marcas auriculares y pueda estar clara e individualmente identificado mediante los demás elementos del sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina, dicho animal está todavía incluido en el número de animales determinado y, por tanto, es admisible para el pago. Además, el sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina funciona, en general, correctamente. Por consiguiente, cuando un animal de la especie bovina haya perdido ambas marcas auriculares y pueda determinarse su identidad sin ninguna duda, también debe incluirse en el número de animales determinado y, por tanto, admisible para el pago. No obstante, esto debe aplicarse únicamente si el ganadero ha tomado medidas para remediar la situación antes del anuncio de los controles sobre el terreno y, con el fin de evitar cualquier riesgo de pagos irregulares, la aplicación de esta regla debe limitarse a un único animal.

(10)

En virtud del Reglamento (CE) no 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE) no 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (5) se aplica un nuevo sistema mejorado para la identificación de animales de las especies ovina y caprina y, por lo tanto, procede introducir una disposición similar para los animales de las especies ovina y caprina declarados para el pago.

(11)

Debe permitirse a los Estados miembros que hagan uso de la posibilidad prevista en el artículo 16, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1122/2009, establecer que las notificaciones a la base de datos informatizada del sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina sustituya a la notificación del ganadero en caso de sustitución de un animal durante el período de retención. Todos los Estados miembros deben poder beneficiarse de esta posibilidad.

(12)

Además, algunas disposiciones del Reglamento (CE) no 1122/2009 han quedado obsoletas y deben suprimirse.

(13)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1122/2009 en consecuencia.

(14)

El Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas y el Comité de Gestión de Pagos Directos no han emitido dictamen alguno en el plazo establecido por sus presidentes.

1)

En el artículo 61, se añade el párrafo siguiente:

«No obstante, cuando un Estado miembro haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 16, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1122/2009, fijará la fecha de comienzo del período mencionado en el párrafo primero del presente artículo.».

2)

En el artículo 62, se añade el apartado 3 siguiente:

1)

El artículo 2 se modifica como sigue:

2)

El artículo 13 se modifica como sigue:

3)

En el artículo 14, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán fijar una fecha límite anterior para la notificación de las modificaciones. Esa fecha, sin embargo, deberá ser al menos 15 días civiles posterior a la fecha límite de presentación de la solicitud única fijada de acuerdo con el artículo 11, apartado 2.».

4)

En la parte II, título II, el título del capítulo IV se sustituye por el texto siguiente:

«Ayuda a los productores de remolacha azucarera y caña de azúcar, pago aparte por azúcar, pago aparte por frutas y hortalizas y pago aparte por frutos de baya».

5)

El artículo 17 se modifica como sigue:

6)

En el artículo 28, apartado 1, se suprime la letra f).

7)

Se añade un nuevo artículo 31 bis:

8)

En el artículo 33, párrafo primero, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Se harán controles sobre el terreno de todas las parcelas agrícolas por las que se haya solicitado una ayuda en virtud de los regímenes enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) no 73/2009.».

9)

Se suprime el artículo 37.

10)

El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente:

11)

El artículo 42 se modifica como sigue:

12)

Se suprimen los artículos 43 y 44.

13)

En el artículo 45, se suprimen los apartados 2 y 3.

14)

El artículo 57 se modifica como sigue:

15)

En el artículo 58, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Si, para un grupo de cultivos, la superficie declarada a efectos de cualesquiera regímenes de ayuda por superficie sobrepasa la superficie determinada de conformidad con el artículo 57, la ayuda se calculará sobre la base de la superficie determinada, reducida en el doble de la diferencia comprobada, si esta es superior al 3 % o a dos hectáreas pero inferior o igual al 20 % de la superficie determinada.».

16)

Se suprimen los artículos 59 y 61.

17)

El artículo 63 se modifica como sigue:

18)

En el artículo 64, apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«No obstante, un Estado miembro podrá disponer que las notificaciones hechas a la base de datos informatizada de bovinos en relación con la salida de un animal de la explotación y con la entrada de otro en la explotación dentro de los plazos establecidos en el párrafo primero pueden sustituir a la información que debería enviarse a la autoridad competente de conformidad con el párrafo primero. En ese caso, cuando el Estado miembro no haga uso de las posibilidades contempladas en el artículo 16, apartado 3, deberá garantizar por cualquier medio que no existan dudas sobre cuáles son los animales cubiertos por las solicitudes de los ganaderos.».

19)

En el artículo 65, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«En caso de aplicación del artículo 16, apartado 3, párrafo segundo, los animales potencialmente admisibles con respecto a los cuales se haya comprobado que no están correctamente identificados o registrados en el sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina contarán como animales respecto de los cuales se han detectado irregularidades.».

20)

En el artículo 66, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

21)

Se suprime el artículo 68.

22)

En el artículo 78, apartado 2, párrafo primero, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

(1)

Tras el establecimiento del sistema informatizado de transmisión de datos sobre los precios del azúcar dentro del sistema de registro de precios enmarcado en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 952/2006 de la Comisión (2), conviene aumentar la frecuencia con la que la Comisión transmite dicha información al Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

(2)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 952/2006 en consecuencia.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Горнооряховски суджук» (Gornooryahovski sudzhuk), presentada por Bulgaria, se hizo pública en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Chipre notificó una declaración de oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) no 510/2006.

(3)

Por carta de 31 de enero de 2011, la Comisión solicitó a las dos partes implicadas que llegasen a un acuerdo entre ellas. Se llegó a un acuerdo en un plazo de seis meses y Chipre retiró su oposición el 22 de julio de 2011.

(4)

Consecuentemente, esta denominación debe incluirse en el registro.

(1)

En el artículo 53 del Reglamento (CE) no 178/2002 se establece la posibilidad de que la Unión adopte medidas de emergencia apropiadas en relación con alimentos y piensos importados de un tercer país para proteger la salud pública o animal o el medio ambiente, cuando el riesgo no pueda controlarse satisfactoriamente mediante medidas adoptadas individualmente por los Estados miembros.

(2)

Después del accidente producido en la central nuclear de Fukushima el 11 de marzo de 2011, la Comisión fue informada de que los niveles de radionúclidos en algunos productos alimenticios originarios de Japón, como la leche y las espinacas, superaban los umbrales de intervención aplicables en Japón. Dado que esta contaminación puede suponer una amenaza para la salud pública y la salud animal en la Unión, se adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) no 961/2011 de la Comisión (2).

(3)

Las autoridades japonesas están supervisando la presencia de radiactividad en los piensos y alimentos, y los resultados analíticos presentados muestran que determinados piensos y alimentos en prefecturas cercanas a la central nuclear de Fukushima todavía contienen niveles de radiactividad que superan los máximos permitidos. Conviene, por tanto, prorrogar por tres meses la fecha de aplicabilidad de las medidas.

(4)

Un número considerable de muestras tomadas por las autoridades japonesas de piensos y alimentos procedentes de la prefectura de Nagano pone de manifiesto que la producción de piensos y alimentos en dicha prefectura solo se ve afectada por el accidente de la central nuclear de Fukushima en una medida muy limitada, ya que solamente una muestra de setas de las más de 1 800 muestras de piensos y alimentos procedentes de Nagano presentó niveles inaceptables de radiactividad. En concreto, casi todas las muestras tenían niveles de radiactividad no detectables y solo en unas pocas muestras se detectaron niveles significativos de radiactividad. Por consiguiente, procede retirar esta prefectura de la zona en la que se exige que se analicen todos los piensos y alimentos originarios de dichas prefecturas antes de su exportación a la UE.

(5)

Los resultados de los análisis de los controles de importación realizados por las autoridades competentes de los Estados miembros han sido muy favorables hasta el momento e indican que las autoridades japonesas han aplicado de manera correcta y eficiente las medidas de control impuestas a los piensos y alimentos destinados a la exportación a la UE. Por lo tanto, en la próxima revisión de las medidas conviene estudiar la posibilidad de reducir la frecuencia de los controles de importación.

(6)

Dado que el yodo-131 tiene una vida media corta (unos ocho días) y que recientemente no se han notificado nuevas emisiones de yodo-131 al medio ambiente, ya no se observa su presencia en los piensos y los alimentos ni en el medio ambiente. La posibilidad de que se produzcan nuevas emisiones de yodo-131 es verdaderamente mínima, por lo que conviene dejar de exigir análisis para detectar su presencia.

(7)

Para facilitar la expedición de declaraciones, es conveniente autorizar a la autoridad competente para que designe a una institución que esté autorizada a firmar, en algunos casos, los certificados bajo la autoridad y supervisión de la autoridad competente de Japón.

(8)

Es conveniente, por lo tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) no 961/2011 en consecuencia.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

En el artículo 2, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

2)

En el artículo 2, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

3)

En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

4)

En el artículo 10, párrafo segundo, la fecha de 31 de diciembre de 2011 se sustituye por la de 31 de marzo de 2012.

5)

El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

(1)

De conformidad con el artículo 80, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1107/2009, la Directiva 91/414/CEE del Consejo (2) es de aplicación, con respecto al procedimiento y las condiciones de aprobación, para las sustancias activas cuya integridad haya sido establecida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 33/2008 de la Comisión, de 17 de enero de 2008, por el que se establecen disposiciones detalladas de aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo que se refiere a un procedimiento ordinario y acelerado de evaluación de las sustancias activas que forman parte del programa de trabajo mencionado en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva pero que no figuran en su anexo I (3). El acetocloro es una sustancia activa cuya integridad ha sido establecida con arreglo a lo dispuesto en el mencionado Reglamento.

(2)

En los Reglamentos (CE) no 451/2000 (4) y (CE) no 1490/2002 (5) de la Comisión se establecen las disposiciones de aplicación de la segunda y la tercera fases del programa de trabajo al que se refiere el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, así como listas de las sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la mencionada Directiva. Una de dichas listas incluía el acetocloro.

(3)

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1095/2007 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 1490/2002 y el Reglamento (CE) no 2229/2004 por los que se establecen disposiciones adicionales de aplicación de la tercera y la cuarta fase del programa de trabajo contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE del Consejo (6), el notificante retiró su apoyo a la inclusión de la sustancia activa en cuestión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE antes de transcurridos dos meses desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1095/2007. En consecuencia, se adoptó la Decisión 2008/934/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esas sustancias (7), en relación con la no inclusión del acetocloro.

(4)

Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 91/414/CEE, el notificante original (en lo sucesivo, «el solicitante») presentó una nueva solicitud pidiendo que se recurriera al procedimiento acelerado contemplado en los artículos 14 a 19 del Reglamento (CE) no 33/2008.

(5)

La solicitud se remitió a España, Estado miembro designado ponente en el Reglamento (CE) no 1490/2002. Se respetó el plazo para el procedimiento acelerado. La especificación de la sustancia activa y los usos argumentados son los mismos que fueron objeto de la Decisión 2008/934/CE. La solicitud cumple también los demás requisitos sustantivos y de procedimiento del artículo 15 del Reglamento (CE) no 33/2008.

(6)

España evaluó los nuevos datos presentados por el solicitante y preparó un informe adicional. El 22 de abril de 2010, envió dicho informe a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») y a la Comisión. La Autoridad comunicó el informe suplementario a los demás Estados miembros y al solicitante para que formularan sus observaciones y transmitió las observaciones recibidas a la Comisión. De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) no 33/2008 y a petición de la Comisión, el 18 de abril de 2011 la Autoridad presentó a la Comisión sus conclusiones sobre la evaluación del riesgo del acetocloro (8). El proyecto de informe de evaluación, el informe adicional y la conclusión de la Autoridad fueron revisados por los Estados miembros y la Comisión en el marco del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y finalizados el 11 de octubre de 2011 como informe de revisión de la Comisión relativo al acetocloro.

(7)

Durante la evaluación de esta sustancia activa se detectaron problemas. En particular, los que figuran a continuación. Se ha determinado una posible exposición humana por encima de la dosis diaria admisible. Además, existe una posible exposición humana al metabolito t-norcloracetocloro en las aguas de superficie, cuya genotoxicidad no se puede descartar. Existe un riesgo elevado de contaminación de las aguas subterráneas por diversos metabolitos, un riesgo elevado para los organismos acuáticos y un riesgo elevado a largo plazo para las aves herbívoras. Por último, la información disponible no fue suficiente para llegar a una conclusión sobre la evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por metabolitos t-norcloracetocloro y t-hidroxiacetocloro.

(8)

La Comisión invitó al solicitante a presentar observaciones sobre las conclusiones de la Autoridad. Además, de conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) no 33/2008, le ofreció la posibilidad de presentar observaciones sobre el proyecto de informe de revisión. El solicitante envió sus observaciones, que se examinaron con detenimiento.

(9)

Sin embargo, pese a los argumentos presentados por el solicitante, no pudieron descartarse los problemas a que se refiere el considerando 7. Por consiguiente, no ha quedado demostrado que pueda esperarse que, en las condiciones de uso propuestas, los productos fitosanitarios que contienen acetocloro satisfagan en general los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/414/CEE.

(10)

Por tanto, no debe aprobarse el acetocloro con arreglo al artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1107/2009.

(11)

Conviene establecer excepciones a las disposiciones del Reglamento (CE) no 1490/2002, a fin de que los Estados miembros dispongan de tiempo para retirar las autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan acetocloro.

(12)

En el caso de los productos fitosanitarios que contengan acetocloro, cuando los Estados miembros hayan concedido un período de gracia de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (CE) no 1107/2009, dicho período debe expirar a más tardar un año después de la retirada de la autorización correspondiente.

(13)

El presente Reglamento no excluye la presentación de una nueva solicitud relativa al acetocloro con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1107/2009.

(14)

En aras de la claridad, debe suprimirse la entrada correspondiente al acetocloro que figura en el anexo de la Decisión 2008/934/CE.

(15)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/934/CE en consecuencia.

(16)

El Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal no emitió dictamen. Se consideró que el acto de ejecución era necesario y el presidente entregó el proyecto de acto de ejecución al comité de apelación para una nueva deliberación. Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Apelación.

(1)

El Reglamento (CE) no 1098/2007 contiene disposiciones relativas al establecimiento de limitaciones del esfuerzo pesquero de las poblaciones de bacalao del Mar Báltico.

(2)

Sobre la base del Reglamento (CE) no 1098/2007, en el anexo II del Reglamento (CE) no 1256/2011 del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establecen, para 2012, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1124/2010 (2), se establecen limitaciones del esfuerzo pesquero para 2012 en el Mar Báltico.

(3)

De conformidad con el artículo 29, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1098/2007, la Comisión puede excluir las subdivisiones 27 y 28.2 del ámbito de aplicación de algunas limitaciones del esfuerzo pesquero cuando las capturas de bacalao hayan sido inferiores a un determinado umbral en el último período objeto del informe.

(4)

Teniendo en cuenta los informes presentados por los Estados miembros y el dictamen del Comité científico, técnico y económico de la pesca, las subdivisiones 27 y 28.2 deben excluirse en 2012 del ámbito de aplicación de dichas limitaciones del esfuerzo pesquero.

(5)

El Reglamento (CE) no 1256/2011 será aplicable a partir del 1 de enero de 2012. A fin de garantizar la coherencia con dicho Reglamento, es necesario que el presente Reglamento se aplique a partir del 1 de enero de 2012.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de pesca y acuicultura.

(1)

De conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 98/79/CE, el Reino Unido ha pedido que la Comisión tome las medidas necesarias para añadir a la lista A del anexo II de la Directiva las pruebas de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (v-ECJ).

(2)

Con el fin de garantizar el máximo nivel de protección de la salud, y para que los organismos notificados verifiquen la conformidad de las pruebas de la v-ECJ con los requisitos esenciales establecidos en el anexo I de la Directiva 98/79/CE, procede añadir las pruebas de hemocribado, diagnóstico y confirmación de la v-ECJ a la lista A del anexo II de la Directiva 98/79/CE.

(3)

Las medidas contempladas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité creado por el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 90/385/CEE del Consejo (2) y mencionado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 98/79/CE.

(1)

En virtud de la Decisión 2011/781/PESC, el Comité Político y de Seguridad (CPS) está autorizado, con arreglo al artículo 38, párrafo tercero, del Tratado, para adoptar las decisiones oportunas a los fines de ejercer el control político y la dirección estratégica de la MPUE BiH, incluida, en particular, la decisión de nombrar a un Jefe de Misión.

(2)

El 24 de octubre de 2008, el CPS, mediante la Decisión 2088/835/PESC (2), nombró a D. Stefan FELLER Jefe de Misión de la MPUE BiH. Su mandato fue prorrogado, hasta el 31 de diciembre de 2010, por la Decisión 2009/958/PESC (3), y posteriormente fue prorrogado de nuevo, hasta el 31 de diciembre de 2011, por la Decisión 2010/754/PESC (4).

(3)

Mediante la Decisión 2011/781/PESC, el Consejo, inter alia, prorrogó el mandato de la MPUE BiH hasta el 30 de junio de 2012.

(4)

El 7 de diciembre de 2011, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad propuso al CPS que prorrogase durante seis meses más, hasta el 30 de junio de 2012, el mandato de D. Stefan FELLER como Jefe de Misión de la MPUE BiH.

(1)

Mediante su Decisión de 22 de enero de 2008 (1), el Consejo nombró a los miembros del Comité Científico y Técnico para el período comprendido entre el 22 de enero de 2008 y el 22 de enero de 2013.

(2)

A raíz del fallecimiento de D. Juan Antonio RUBIO RODRÍGUEZ, ha quedado vacante un puesto de miembro en el citado Comité. Por consiguiente, procede nombrar a un nuevo miembro.

(1)

Habida cuenta del grave y repentino deterioro de la situación económica y social de la Unión, el 17 de diciembre de 2010, el Consejo solicitó a la Comisión que aplicase el artículo 10 del anexo XI del Estatuto de los funcionarios mediante la presentación de una propuesta apropiada para la adaptación anual de las retribuciones de 2011. El 13 de julio de 2011, la Comisión presentó al Consejo el «informe de la Comisión al Consejo sobre la cláusula de excepción (artículo 10 del anexo XI del Estatuto de los funcionarios)» («el informe») que cubre el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y mediados de mayo de 2011. Sobre la base de dicho informe, la Comisión concluyó que no se cumplían las condiciones para aplicar la citada cláusula de excepción.

(2)

El Consejo no compartió las conclusiones de la Comisión, por considerar que no reflejaban, a juicio del Consejo, la situación económica y social existente en la Unión.

(3)

En consecuencia, y habida cuenta de la crisis financiera y económica por la que atraviesa actualmente la Unión, que ha supuesto sustanciales ajustes presupuestarios en un elevado número de los Estados miembros, el 4 de noviembre de 2011 el Consejo reiteró a la Comisión su solicitud de que aplicase el artículo 10 del anexo XI del Estatuto de los funcionarios atendiendo a los datos que reflejan la situación económica y social en el otoño de 2011 y presentase una propuesta apropiada de adaptación de las retribuciones con la antelación suficiente para permitir que el Parlamento Europeo y el Consejo la estudiasen y adoptasen antes de que terminara 2011.

(4)

El 25 de noviembre de 2011, la Comisión presentó al Consejo la información complementaria relativa al informe de la Comisión sobre la cláusula de excepción de 13 de julio de 2011 («la información complementaria»). La Comisión mantuvo en las conclusiones que no se cumplían las condiciones para aplicar la cláusula de excepción.

(5)

En efecto, la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2011, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones sigue el método establecido en el anexo XI del Estatuto de los funcionarios. La cifra propuesta por la Comisión para la adaptación anual correspondiente a 2011 es de un 1,7 %.

(6)

El Consejo considera que en ninguno de los documentos presentados por la Comisión, a saber, el «informe» y la «información complementaria» subsiguiente, se refleja de manera ajustada y global la situación económica y social existente en la Unión.

(7)

Además, a juicio del Consejo, la Comisión cometió un error al definir un período de tiempo demasiado corto para su análisis. Dicho error impidió a la Comisión efectuar una adecuada valoración de la situación y, por consiguiente, ha distorsionado de manera importante las conclusiones que se derivan de ambos documentos, a saber, que no se ha producido un deterioro grave y repentino de la situación económica y social de la Unión.

(8)

El Consejo no comparte estas conclusiones. El Consejo tiene la convicción de que la crisis financiera y económica por la que atraviesa actualmente la Unión, y que ha dado lugar a considerables ajustes presupuestarios, entre otros la reducción de los salarios de los funcionarios nacionales, en un elevado número de los Estados miembros, constituye un deterioro grave y repentino de la situación económica y social de la Unión.

(9)

Por otra parte, a juicio del Consejo, no sería posible reflejar con suficiente rapidez en las retribuciones de los funcionarios dicho deterioro grave y repentino de la situación económica y social a través de la aplicación del «método».

(10)

Desde el punto de vista de la situación económica, la previsión de crecimiento de la Unión se ha reducido de manera sustancial para el año 2012, pasando de + 1,9 % a + 0,6 %. El crecimiento semestral de la UE ha descendido de + 0,7 % en el primer semestre de 2011 a + 0,2 % en los semestres segundo y tercero de dicho año. Por lo que respecta al cuarto semestre de 2011 y el primero de 2012, no se prevé crecimiento alguno del PIB.

(11)

A la hora de valorar la actual situación económica y social debería haberse hecho más hincapié en la situación de los mercados financieros y, en particular, en las distorsiones de la oferta de crédito y el descenso de los precios de los activos, que son determinantes fundamentales del desarrollo económico.

(12)

Desde el punto de vista de la situación social, la creación de empleo no ha bastado para contrarrestar un aumento importante de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de la UE solo experimentó fluctuaciones hasta llegar a alcanzar el 9,8 % en octubre de 2011 y se prevé que se mantenga constantemente elevada.

(13)

A la luz de lo expuesto, el Consejo estima que la posición de la Comisión en lo relativo a la existencia de un deterioro grave y repentino de la situación económica y social y su negativa a presentar una propuesta con arreglo al artículo 10 del anexo XI del Estatuto de los funcionarios se basa en motivos manifiestamente insuficientes y erróneos.

(14)

Dado que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó en el asunto C-40/10 que, para el período de aplicación del anexo XI del Estatuto, el procedimiento establecido en su artículo 10 constituye el único medio para tener en cuenta la crisis económica en el ajuste de las retribuciones, el Consejo dependía de una propuesta de la Comisión para aplicar dicho artículo en una situación de crisis.

(15)

El Consejo tiene la convicción de que, a la vista de la formulación del artículo 10 del anexo XI del Estatuto de los funcionarios, y conforme a la obligación de cooperación leal entre las instituciones consagrada en el artículo 13, apartado 2, segunda frase, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión estaba obligada a presentar al Consejo una propuesta adecuada. Las conclusiones de las antedichas conclusiones de la Comisión y su omisión de presentar tal propuesta, vulneran, pues, dicha obligación.

(16)

Dado que el Consejo solo puede actuar a propuesta de la Comisión, al sacar conclusiones erróneas de los datos y abstenerse de presentar una propuesta conforme al artículo 10 del anexo XI del Estatuto, la Comisión ha impedido al Consejo reaccionar de manera adecuada al grave y repentino deterioro de la situación económica y social mediante la adopción de un acto en virtud del artículo 10 del anexo XI del Estatuto.

(1)

El 28 de febrero de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/137/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia (1), a fin de, inter alia, aplicar la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 1970 (2011).

(2)

El 23 de marzo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/178 PESC (2) que modifica la Decisión 2011/137/PESC, con objeto de aplicar la RCSNU 1973 (2011).

(3)

El 22 de septiembre de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/625/PESC (3) por la que se modifica la Decisión 2011/137/PESC, para aplicar la RCSNU 2009 (2011).

(4)

El 10 de noviembre de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/729/PESC (4) por la que se modifica la Decisión 2011/137/PESC, a fin de aplicar la RCSNU 2016 (2011).

(5)

El 16 de diciembre de 2011, el Comité del Consejo de Seguridad creado en virtud de la RCSNU 1970 (2011) decidió, pronunciándose de conformidad con el párrafo 19 de la RCSNU 2009 (2011), retirar la designación de dos entidades.

(6)

Procede modificar en consecuencia la Decisión 2011/137/PESC.

(1)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Directiva 2000/29/CE, la Unión puede conceder a los Estados miembros una participación financiera para cubrir los gastos de lucha fitosanitaria directamente relacionados con las medidas necesarias que se hayan adoptado o se hayan previsto adoptar con el fin de luchar contra los organismos nocivos procedentes de terceros países o de otras zonas de la Unión y erradicarlos o, si eso no fuera posible, evitar su avance.

(2)

Alemania ha presentado dos solicitudes de participación financiera. La primera, el 20 de diciembre de 2010, se refiere a las medidas adoptadas en 2009 y 2010 para controlar la Anoplophora glabripennis en Renania del Norte-Westfalia. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2009.

(3)

La segunda solicitud de Alemania fue presentada el 15 de abril de 2011 y se refiere a las medidas adoptadas en 2010 para erradicar o evitar el avance de la Diabrotica virgifera en Baden-Wurtemberg. Los brotes de ese organismo nocivo se detectaron en 2008, 2009 y 2010 en varios distritos de ese Estado federal: Breisgau-Alta Selva Negra, Emmendingen, ciudad de Friburgo, Constanza, Lörrach, Ortenau y Ravensburgo. Las medidas adoptadas en 2008 y 2009 también fueron objeto de cofinanciación en 2009 y 2010.

(4)

El 29 de abril de 2011 Italia presentó tres solicitudes de participación financiera. La primera se refiere a las medidas adoptadas en 2011 en Lombardía, provincia de Brescia, municipio de Gussago, para controlar la Anoplophora chinensis. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2008. Las medidas adoptadas en 2008, 2009 y 2010 también fueron objeto de cofinanciación en 2009 y 2010.

(5)

La segunda solicitud de Italia se refiere a las medidas adoptadas en 2011 en el Véneto, provincia de Treviso, municipio de Cornuda, para controlar la Anoplophora glabripennis. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2009. Las medidas adoptadas en 2009 y 2010 también fueron objeto de cofinanciación en 2010.

(6)

La tercera solicitud de Italia se refiere a las medidas adoptadas en 2010 en Emilia Romaña, provincias de Bolonia, Ferrara, Rávena y Forlì-Cesena, para controlar la Pseudomonas syringae pv. actinidiae. El brote de este organismo nocivo se confirmó en 2010.

(7)

Además, el 20 de abril de 2011 Italia presentó una cuarta solicitud de participación financiera. Dicha solicitud se refiere a las medidas adoptadas en 2011 en el Lacio, concretamente en el municipio de Roma, para controlar la Anoplophora chinensis. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2008. Las medidas adoptadas en 2008, 2009 y 2010 también fueron objeto de cofinanciación en 2009 y 2010.

(8)

El 29 de abril de 2011 Chipre presentó una solicitud de participación financiera que se refiere a las medidas adoptadas o previstas en 2011 para controlar el Rhynchophorus ferrugineus. Los brotes de dicho organismo nocivo se detectaron en 2009, 2010 y 2011. Las medidas adoptadas en 2010 también fueron objeto de cofinanciación en 2010.

(9)

El 29 de abril de 2011 Malta presentó una solicitud de participación financiera que se refiere a las medidas adoptadas en 2010 y 2011 para controlar el Rhynchophorus ferrugineus. Los brotes de dicho organismo nocivo se detectaron en 2008, 2009 y 2010. Las medidas adoptadas en 2008 y 2009 también fueron objeto de cofinanciación en 2009.

(10)

El 13 de diciembre de 2010 los Países Bajos presentaron tres solicitudes de participación financiera. La primera se refiere a las medidas adoptadas en 2009 y 2010 en el municipio de Boskoop para controlar la Anoplophora chinensis. El brote de este organismo nocivo se detectó en diciembre de 2009.

(11)

La segunda solicitud de los Países Bajos se refiere a las medidas adoptadas en 2009 para controlar el viroide de la deformación fusiforme del tubérculo de la patata (PSTVd). El supuesto brote de este organismo nocivo se detectó en 2009.

(12)

La tercera solicitud de los Países Bajos se refiere a las medidas adoptadas en 2009 para controlar la Tuta absoluta. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2009.

(13)

Además, el 13 de diciembre de 2010 los Países Bajos presentaron una cuarta y una quinta solicitud de participación financiera. La cuarta se refiere a las medidas adoptadas en 2009 y 2010 en el municipio de Westland para controlar la Anoplophora chinensis. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2007. Las medidas adoptadas en 2008 también fueron objeto de cofinanciación en 2009.

(14)

La quinta solicitud de los Países Bajos se refiere a las medidas adoptadas en 2009 para controlar la Clavibacter michiganensis spp. michiganensis. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2007. Las medidas adoptadas en 2007 también fueron objeto de cofinanciación en 2009. En 2008 no se solicitó cofinanciación para esas medidas.

(15)

El 30 de abril de 2011 Portugal presentó tres solicitudes de participación financiera que se refieren a las medidas adoptadas para controlar el Bursaphelenchus xylophilus. La primera se refiere a las medidas adoptadas en 2011 en el territorio continental de Portugal, a excepción de la zona originalmente infestada de Setúbal en 1999, destinadas a controlar los brotes detectados en 2008. Las medidas adoptadas en 2008, 2009 y 2010 también fueron objeto de cofinanciación en 2009 y 2010.

(16)

Las otras dos solicitudes de Portugal se refieren exclusivamente a medidas de tratamiento térmico de la madera o de los embalajes de madera en la zona de Setúbal en 2010 y 2011.

(17)

España presentó tres solicitudes de participación financiera. La primera, el 15 de abril de 2011, se refiere a las medidas adoptadas en 2011 en Extremadura para controlar el Bursaphelenchus xylophilus. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2008. Las medidas adoptadas en 2008, 2009 y 2010 también fueron objeto de cofinanciación en 2009 y 2010.

(18)

La segunda solicitud de España se presentó el 28 de abril de 2011. Se refiere a las medidas adoptadas en 2011 para controlar el Bursaphelenchus xylophilus en Galicia en 2011. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2010.

(19)

La tercera solicitud de España se presentó el 27 abril 2011. Se refiere a las medidas adoptadas en 2010 y 2011 para controlar el Pomacea insularum en Cataluña en 2011. El brote de este organismo nocivo se detectó en 2010.

(20)

Alemania, Chipre, España, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal han elaborado sus respectivos programas de medidas para erradicar o evitar el avance de los mencionados organismos nocivos para los vegetales introducidos en sus territorios. En dichos programas se especifican los objetivos perseguidos y las medidas adoptadas, su duración y coste.

(21)

Las medidas fitosanitarias mencionadas revisten una gran variedad: destrucción de árboles o cultivos contaminados, aplicación de productos fitosanitarios, técnicas de saneamiento, inspecciones o pruebas oficiales o efectuadas en cumplimiento de una petición oficial para comprobar la presencia de organismos nocivos o la importancia de la misma y sustitución de las plantas destruidas a efectos de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, letras a), b) y c), de la Directiva 2000/29/CE.

(22)

Alemania, Chipre, España, Italia, Malta, los Países Bajos y Portugal han solicitado la concesión de una participación financiera de la Unión para esos programas de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 23, apartados 1 y 4, de la Directiva 2000/29/CE, y con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1040/2002 de la Comisión, de 14 de junio de 2002, por el que se establecen normas particulares de ejecución de las disposiciones relativas a la asignación de una participación financiera de la Unión para la lucha fitosanitaria y se deroga el Reglamento (CE) no 2051/97 (2).

(23)

La información técnica facilitada por Alemania, Chipre, España, Italia, Malta, los Países Bajos y Portugal ha permitido a la Comisión analizar la situación de forma completa y exacta. La Comisión ha concluido que se cumplen las condiciones para la concesión de una participación financiera de la Unión según lo establecido en el artículo 23 de la Directiva 2000/29/CE. Procede, por consiguiente, conceder una participación financiera de la Unión para cubrir los gastos de esos programas.

(24)

De conformidad con el artículo 23, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2000/29/CE, la participación financiera de la Unión puede cubrir hasta el 50 % de los gastos correspondientes a medidas subvencionables adoptadas en un período no superior a los dos años siguientes a la fecha de la detección del brote o previstas para ese mismo período. No obstante, de conformidad con el párrafo tercero de dicho artículo, ese período podrá prolongarse en caso de que se decida ampliar de modo razonable el plazo de ejecución de las medidas, en cuyo caso el porcentaje de la participación financiera de la Unión irá decreciendo en función del número de años. Por lo que se refiere a las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la evaluación de las solicitudes de solidaridad, procede ampliar el plazo de dos años para ejecutar los programas reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de la participación financiera de la Unión al 45 % de los gastos subvencionables el tercer año y al 40 % el cuarto.

(25)

Procede, por lo tanto, conceder una participación financiera de la Unión no superior al 50 % de los gastos subvencionables a Alemania: Renania del Norte-Westfalia, Anoplophora glabripennis (2009, 2010), Baden-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, distritos rurales de Breisgau-Alta Selva Negra y ciudad de Friburgo (2010), distritos rurales de Emmendingen, Lörrach y Constanza (2009); a Italia, Emilia-Romaña, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, provincias de Bolonia, Ferrara, Rávena y Forlì-Cesena (2010); a Chipre, Rhynchophorus ferrugineus (2011); a los Países Bajos, Anoplophora chinensis, municipio de Boskoop (2009, 2010), PSTVd (2009), Tuta absoluta (2009), Anoplophora chinensis, municipio de Westland (2009); a Portugal, Bursaphelenchus xylophilus, zona de Setúbal (2010, 2011); y a España, Galicia, Bursaphelenchus xylophilus (2010, 2011), y Cataluña, Pomacea insularum (2010, 2011).

(26)

A los siguientes programas procede concederles una participación financiera de la Unión no superior al 45 % de los gastos subvencionables: Italia, Véneto, Anoplophora glabripennis (2011); Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2010); Países Bajos, Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (2009), dado que las medidas en cuestión ya recibieron los dos primeros años de su aplicación una participación financiera de la Unión en virtud de la Decisión 2009/996/UE de la Comisión (3) (Malta, Países Bajos) o de la Decisión 2010/772/UE (4) (Italia). Ello también rige para el programa de los Países Bajos, Anoplophora chinensis, municipio de Westland (2010), cuyas medidas para 2009 (segundo año del programa) son cofinanciadas por la presente Decisión.

(27)

Procede, asimismo, conceder una participación financiera del mismo nivel al tercer año (2010) del programa presentado por Alemania para Baden-Wurtemberg, distrito rural de Ravensburgo, en relación con la Diabrotica virgifera, cuyas medidas ya han sido objeto de una participación financiera de la Unión con arreglo a la Decisión 2009/996/CE y a la Decisión 2010/772/UE.

(28)

Procede, asimismo, conceder al cuarto año de los siguientes programas una participación financiera de la Unión no superior al 40 %: España, Extremadura, Bursaphelenchus xylophilus (2011), Italia, Lombardía, Anoplophora chinensis (2011); Italia, Lacio, Anoplophora chinensis (2011); Malta, Rhynchophorus ferrugineus (2011); Portugal, Bursaphelenchus xylophilus (2011), territorio continental de Portugal, a excepción de la zona originalmente infestada de Setúbal en 1999, dado que las medidas ya han sido objeto de una participación financiera de la Unión con arreglo a la Decisión 2009/996/UE (España, Italia, Portugal) y a la Decisión 2010/772/UE (España, Italia, Portugal) por los primeros tres años de su ejecución.

(29)

Procede conceder una participación financiera del mismo nivel al cuarto año (2010) del programa presentado por Alemania para Baden-Wurtemberg, distrito rural de Ortenau, en relación con la Diabrotica virgifera, cuyas medidas ya han sido objeto de una participación financiera de la Unión con arreglo a las Decisiones 2009/147/CE (5), 2009/996/UE y 2010/772/UE de la Comisión.

(30)

De conformidad con las conclusiones de la auditoría realizada del 29 de marzo al 11 de abril de 2011 en la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión en Portugal, a 1 de abril de 2011 únicamente se había talado o destruido el 25 % de las coníferas infestadas por el nematodo de la madera del pino o que presentaban síntomas de mala salud. Esta negligencia de las autoridades portuguesas incumple lo dispuesto en el punto 2, letra a), inciso iii), del anexo de la Decisión 2006/133/CE de la Comisión (6). Procede, por lo tanto, limitar al 25 % de los gastos subvencionables la participación financiera relacionada con la tala de coníferas en el territorio continental de Portugal a excepción de la zona originalmente infestada de Setúbal.

(31)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (7), las medidas fitosanitarias deben financiarse con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. A efectos del control financiero de dichas medidas, deben aplicarse los artículos 9, 36 y 37 del mencionado Reglamento.

(32)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (8), y con el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (9), el compromiso de gasto con cargo al presupuesto de la Unión debe ir precedido de la correspondiente decisión de financiación de la institución en la cual se haya delegado y por la que se especifiquen los principales aspectos de la medida generadora del gasto.

(33)

La presente Decisión constituye una decisión de financiación del gasto contemplado en las solicitudes de cofinanciación presentadas por los Estados miembros.

(34)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

a)

que los Estados miembros hayan facilitado pruebas de las medidas adoptadas con arreglo a las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 1040/2002;

b)

que el Estado miembro interesado haya presentado a la Comisión una solicitud de pago conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1040/2002.